El anquilosamiento del derecho sucesorio, y los que de ello se aprovechan.
La despreocupación de nuestra clase política nacional respecto al anquilosamiento de un Derecho sucesorio cada vez más apartado de las aspiraciones y necesidades de nuestra sociedad ha supuesto regalar, gratis, a tanto legislador foral autonómico entusiasta de la diferencia el estandarte de la modernidad y de la libertad en la materia. Si observamos a los países de nuestro entorno, comprobamos que, también en esto, España es diferente.
Nuestra compañera blogera Elisa de la Nuez, en un reciente artículo publicado en El Mundo, nos explicaba la insólita situación que se vive en España, donde las cuestiones sometidas al debate de la clase política habitual están cada vez más divorciadas de las verdaderas preocupaciones del ciudadano común. Una de esas cuestiones que no aparece en el debate o en los programas electorales, tal vez porque se haya decidido que no es lo suficientemente vistosa como para merecer fotos y titulares, o tal vez porque no encuentra fácil acomodo en la habitual retórica política maniquea, de buenos contra malos, que se da por estos pagos es el problema del progresivo anquilosamiento de nuestro Derecho sucesorio.
En mi ejercicio profesional encuentro cada vez con más frecuencia que, cuando explicas a los interesados en hacer testamento las limitaciones a su libertad dispositiva, básicamente las denominadas legítimas, que siguen rigiendo en el Derecho común, les invade una auténtica rebeldía. Así, frente a la tradicional actitud sumisa ante un arcano incomprensible, se tiende hoy más a expresar una fuerte disconformidad.
Muchas veces no entienden que se deba preferir a los hijos sobre el cónyuge, que ha podido contribuir decisivamente de forma directa o indirecta a la formación del patrimonio. O que en una importante porción, todos y cada uno de los hijos deba recibir lo mismo, con independencia de su situación personal o de sus méritos. En definitiva, no aceptan que pudiendo disponer con amplitud en vida de un patrimonio en la mayor parte de los casos forjado a costa de su esfuerzo y trabajo, surjan sin embargo tales barreras a la hora de señalar su final destino post mortem.
Yo, lejos de tratar apaciguar su indignación, tiendo a solidarizarme con su protesta, en un esfuerzo tal vez iluso de querer contribuir a la formación de una opinión pública contraria a semejante estado de cosas.
Tan férreas limitaciones a la libertad de testar podrían haber tenido algún fundamento en una situación socioeconómica distinta y hace mucho tiempo superada, donde lo frecuente era que los patrimonios se recibieran y transmitieran, casi sin nuevas aportaciones, por vía familiar. Pero hoy, al menos en nuestro mundo occidental, los patrimonios de la mayoría de las personas se forman básicamente con el esfuerzo y trabajo de sus titulares. Por ello en los países de nuestro entorno se han producido en las últimas décadas profundas reformas en el Derecho sucesorio, dirigidas a modernizarlo, siempre en la línea de atenuar las legítimas y ampliar el ámbito de la libertad de testar. Sin embargo, también en eso España es diferente.
Esta parálisis ha servido, además, de acicate a la exuberancia legislativa que, sobre todo en la búsqueda de la diferencia, ha venido afectando a nuestros parlamentos autonómicos. Sin duda habrá otros motivos, alguno tal vez de raíz psicológica y con raíces incluso en la vanidad de tanto legislador que habrá soñado con ser recordado como padre de esas nuevas leyes regionales o forales. Como pequeños napoleoncitos codificadores de su región, con derecho a ser nominados en esos libros autonómicos de texto que van perdiendo la mayúscula de la Historia para convertirse progresivamente en crónicas (o fábulas) locales. Quizá hasta sueñen merecer alguna calle dedicada en ese nuevo barrio de su pueblo que la crisis inmobiliaria ha dejado a medio hacer.
Lo que es cierto es que una adaptación de la regulación sucesoria común a tiempo, que la hubiera hecho más flexible y moderna, habría dejado con muchos menos argumentos el entusiasmo legislativo a nuestros aspirantes a próceres legislativos locales. Nos habríamos así haber evitado al menos parte de este espectáculo, que no deja de tener su ángulo pintoresco, de contemplar una sociedad sustancialmente idéntica en su tradición, formación, necesidades y aspiraciones, pero regida por una multiplicación de regulaciones sucesorias diferentes en movimiento centrípeto permanente, no se sabe hasta dónde.
Mientras tanto, la reforma general del Derecho común en el ámbito sucesorio, como tantas otras, sigue fuera del debate político, durmiendo el sueño de los justos.
Fernando Rodríguez Prieto nació en Madrid el 10 de febrero de 1962. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario (Oposiciones Madrid 1988). Ha ejercido en Andoain, Bergara y Beasain, las tres localidades situadas en Guipúzcoa, y desde 2006 ejerce en Coslada, Madrid. Es también mediador y árbitro.
Pues ¿qué quiere que le diga? Que tiene toda la razón. Mientras tanto nuestra clase política ( ” nuestra” porque les votamos o les votan) sigue haciendo de las suyas.
Pues ¿qué quiere que le diga? Que tiene toda la razón. Mientras tanto nuestra clase política ( ” nuestra” porque les votamos o les votan) sigue haciendo de las suyas.
Probablemente en esto como en tantas otras cosas hay cierto desistimiento por parte de la sociedad civil, en el sentido de reclamar estas reformas del Derecho sucesorio que afectan a tantas personas en un tema tan importante desde un punto de vista humano y también económico. No basta con quejarse cuando llegas a la notaría y visto que los políticos no están por la labor tendremos que ser los ciudadanos los que nos arremanguemos para reclamar este y otros debates parecidos. En el que por cierto no debería ser muy díficil ponerse de acuerdo aunque perdonamos variedad local y algunos próceres locales se queden sin calle. Por otro lado parece que ahora va a haber menos ¿no? (calles y próceres).
Estoy de acuerdo. La reforma del sistema de legítimas es imprescindible. También alude el articulista a un tema muy serio, y no menos importante: la voracidad legislativa de las Comunidades Autónomas en materia de derecho civil. ¿Nadie va a poner freno a este disparate inconstitucional? Recordemos que uno de los aspectos culturales más importantes de unión entre los pueblos es su sistema civil.
Reflexionando mientras escribo estas líneas, pienso que, quizá, es mejor que no se introduzca en el debate político la reforma del derecho sucesorio ya que, si se produce tal circunstancia, nos vamos a encontrar con una reforma cada seis meses, iniciativas procedentes de Asturias, Madrid, Andalucía, Canarias, etc, e incluso puede suceder que acaben introduciendo un formulario de testamento tipo, de fácil acceso a través de hospitales, tanatorios o departamentos municipales. Y es que “Virgencita, virgencita,…”
La reforma del derecho sucesorio común es imprescindible para adecuarlo a la realidad social con una potenciación de la libertad de testar que pasa por la reducción y racionalización de las legítimas. Para conseguir ese objetivo, la sociedad civil tiene que hacerse oir con cuantos altavoces estén a su alcance, uno de ellos es este blog. Tan imprescindible o más es reducir la verborrea legislativa que padecemos. Lamentablemente, si me parece difícil el primer objetivo, el segundo lo juzgo prácticamente imposible.
Otra perspectiva desde la que resulta evidente la necesidad de una reforma de signo reductor de nuestro sistema legitimario es la biológica: Los españoles vivimos una generación más que cuando se promulgó el Código Civil, y ello precariza más la supervivencia digna de los mayores, condenados a soportar durante una ancianidad cada vez mas duradera el lastre de un sistema legitimario favorecedor de los descendientes en perjuicio de los viudos,auténticos pordioseros del sistema.
Probablemente en esto como en tantas otras cosas hay cierto desistimiento por parte de la sociedad civil, en el sentido de reclamar estas reformas del Derecho sucesorio que afectan a tantas personas en un tema tan importante desde un punto de vista humano y también económico. No basta con quejarse cuando llegas a la notaría y visto que los políticos no están por la labor tendremos que ser los ciudadanos los que nos arremanguemos para reclamar este y otros debates parecidos. En el que por cierto no debería ser muy díficil ponerse de acuerdo aunque perdonamos variedad local y algunos próceres locales se queden sin calle. Por otro lado parece que ahora va a haber menos ¿no? (calles y próceres).
Estoy de acuerdo. La reforma del sistema de legítimas es imprescindible. También alude el articulista a un tema muy serio, y no menos importante: la voracidad legislativa de las Comunidades Autónomas en materia de derecho civil. ¿Nadie va a poner freno a este disparate inconstitucional? Recordemos que uno de los aspectos culturales más importantes de unión entre los pueblos es su sistema civil.
Reflexionando mientras escribo estas líneas, pienso que, quizá, es mejor que no se introduzca en el debate político la reforma del derecho sucesorio ya que, si se produce tal circunstancia, nos vamos a encontrar con una reforma cada seis meses, iniciativas procedentes de Asturias, Madrid, Andalucía, Canarias, etc, e incluso puede suceder que acaben introduciendo un formulario de testamento tipo, de fácil acceso a través de hospitales, tanatorios o departamentos municipales. Y es que “Virgencita, virgencita,…”
La reforma del derecho sucesorio común es imprescindible para adecuarlo a la realidad social con una potenciación de la libertad de testar que pasa por la reducción y racionalización de las legítimas. Para conseguir ese objetivo, la sociedad civil tiene que hacerse oir con cuantos altavoces estén a su alcance, uno de ellos es este blog. Tan imprescindible o más es reducir la verborrea legislativa que padecemos. Lamentablemente, si me parece difícil el primer objetivo, el segundo lo juzgo prácticamente imposible.
Otra perspectiva desde la que resulta evidente la necesidad de una reforma de signo reductor de nuestro sistema legitimario es la biológica: Los españoles vivimos una generación más que cuando se promulgó el Código Civil, y ello precariza más la supervivencia digna de los mayores, condenados a soportar durante una ancianidad cada vez mas duradera el lastre de un sistema legitimario favorecedor de los descendientes en perjuicio de los viudos,auténticos pordioseros del sistema.
En primer lugar, muchas gracias a los impulsores de esta inciativa de intercambio de información.
Por lo que se refiere al tema planteado por el ponente, como se ha apuntado en otros cometarios, hoy en día la ley es un producto de marketing, donde lo más importante es el título, con independencia de su contenido, pues de esta manera se impacta más en la opinión pública. Dejo la pregunta en el aire: ¿No estarían mejor protegidos en muchos aspectos el colectivo de homesexuales o de parejas no casadas, con una ley que limite los derechos legitimarios a la mínimoa expresión que con todo el elenco de leyes que a ellos se han referido en los últimos tiempos?
En primer lugar, muchas gracias a los impulsores de esta inciativa de intercambio de información.
Por lo que se refiere al tema planteado por el ponente, como se ha apuntado en otros cometarios, hoy en día la ley es un producto de marketing, donde lo más importante es el título, con independencia de su contenido, pues de esta manera se impacta más en la opinión pública. Dejo la pregunta en el aire: ¿No estarían mejor protegidos en muchos aspectos el colectivo de homesexuales o de parejas no casadas, con una ley que limite los derechos legitimarios a la mínimoa expresión que con todo el elenco de leyes que a ellos se han referido en los últimos tiempos?
Debemos de ser una mayoría “aplastante” los que estamos de acuerdo en la necesidad de la reforma del Derecho sucesorio común, pero a la vista de la formación y el nivel de una gran parte de los responsables de la misión, … como dice F. Sánchez-Arjona: “Vigencita, Virgencita, que me quede como estoy”.
Si tenemos presente muchas de las últimas leyes que como aplicadores hemos tenido que descifrar o desencriptar (como muestra un botón: prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que ha requerido de un controvertido “manual de instrucciones”) se nos quitan las ganas de pedir reformas.
Al final “a la fuerza, ahorcan”, y creo con Javier Morillo que las razones biológicas que él apunta terminarán imponiéndose (por muy evidentes) y nos conducirán a esa reforma.
Propongo un movimiento de juristas contra el positivismo jurídico. La defensa del “liberalismo jurídico” basado en la restauración -como en Navarra y en menor medida, en Aragón- de la costumbre como fuente primigenia del derecho civil, incluso contra ley imperativa, siempre que se respeten los derechos y valores constitucionales. De la generalización del “standum est chartae” o “paramiento fuero vienze” que en el terminología moderna se llama de “principio de libertad civil” por el cual la voluntad individual o libremente acordada esté por encima de las leyes, salvo en casos expresamente exceptuados por razones de verdadero interés general.
Hablar de las legítimas en unos tiempos en que la gente cambia de pareja como de chaqueta, sin importar que el sexo del nuevo compañero sea distinto que el del anterior, me parece un sarcasmo.
Debemos de ser una mayoría “aplastante” los que estamos de acuerdo en la necesidad de la reforma del Derecho sucesorio común, pero a la vista de la formación y el nivel de una gran parte de los responsables de la misión, … como dice F. Sánchez-Arjona: “Vigencita, Virgencita, que me quede como estoy”.
Si tenemos presente muchas de las últimas leyes que como aplicadores hemos tenido que descifrar o desencriptar (como muestra un botón: prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que ha requerido de un controvertido “manual de instrucciones”) se nos quitan las ganas de pedir reformas.
Al final “a la fuerza, ahorcan”, y creo con Javier Morillo que las razones biológicas que él apunta terminarán imponiéndose (por muy evidentes) y nos conducirán a esa reforma.
Propongo un movimiento de juristas contra el positivismo jurídico. La defensa del “liberalismo jurídico” basado en la restauración -como en Navarra y en menor medida, en Aragón- de la costumbre como fuente primigenia del derecho civil, incluso contra ley imperativa, siempre que se respeten los derechos y valores constitucionales. De la generalización del “standum est chartae” o “paramiento fuero vienze” que en el terminología moderna se llama de “principio de libertad civil” por el cual la voluntad individual o libremente acordada esté por encima de las leyes, salvo en casos expresamente exceptuados por razones de verdadero interés general.
Hablar de las legítimas en unos tiempos en que la gente cambia de pareja como de chaqueta, sin importar que el sexo del nuevo compañero sea distinto que el del anterior, me parece un sarcasmo.
Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, en mi condición de miembro -no afiliado ni militante, sino como experto independiente y representante del CGN- de la Comisión de Justicia del PP, os puedo decir que es una gran preocupación y se está trabajando en una propuesta de reforma del sistema de legítimas del C.c., ante el “clamor popular” (así se expresó literalmente por mi compañero en la comisión, Pablo Durán, en una de sus sesiones) en contra de una regulación decimonónica y a todas luces desfasada. Coincido especialmente con Elisa en el diagnóstico y añadiría que ya el adjetivo “común” añadido al “derecho o vecindad civil” de una buena parte de españolitos es buena muestra del menosprecio frente a las autonomías con derecho civil propio y del escaso celo del legislador “nacional” por mantenerlo y actualizarlo.
Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, en mi condición de miembro -no afiliado ni militante, sino como experto independiente y representante del CGN- de la Comisión de Justicia del PP, os puedo decir que es una gran preocupación y se está trabajando en una propuesta de reforma del sistema de legítimas del C.c., ante el “clamor popular” (así se expresó literalmente por mi compañero en la comisión, Pablo Durán, en una de sus sesiones) en contra de una regulación decimonónica y a todas luces desfasada. Coincido especialmente con Elisa en el diagnóstico y añadiría que ya el adjetivo “común” añadido al “derecho o vecindad civil” de una buena parte de españolitos es buena muestra del menosprecio frente a las autonomías con derecho civil propio y del escaso celo del legislador “nacional” por mantenerlo y actualizarlo.
Totalmente de acuerdo con el amigo Rodríguez Prieto. Un placer que alguien ponga tan certeramente el dedo en dos llagas: el anacronismo de las reglas de sucesión forzosa en derecho común y la apatía a la hora de emprender su reforma, y lo ridículo que resulta que algunos parlamentos autonómicos hayan entrado en la materia, al amparo de una jurisprudencia del TC sobre el ámbito de los derechos forales que es sencillamente escandalosa, por forzada y claudicante (última muestra en la sentencia sobre el Estatuto catalán). Me alegro de que en el PP haya alguien, según parece, con estas inquietudes (lo digo por el comentario de Javier Trillo).
Gracias por la iniciativa que representa este blog, Elisa, Rodrigo y compañía. He sabido de él por nadaesgratis.es. ¡Mucha suerte!
Totalmente de acuerdo con el amigo Rodríguez Prieto. Un placer que alguien ponga tan certeramente el dedo en dos llagas: el anacronismo de las reglas de sucesión forzosa en derecho común y la apatía a la hora de emprender su reforma, y lo ridículo que resulta que algunos parlamentos autonómicos hayan entrado en la materia, al amparo de una jurisprudencia del TC sobre el ámbito de los derechos forales que es sencillamente escandalosa, por forzada y claudicante (última muestra en la sentencia sobre el Estatuto catalán). Me alegro de que en el PP haya alguien, según parece, con estas inquietudes (lo digo por el comentario de Javier Trillo).
Gracias por la iniciativa que representa este blog, Elisa, Rodrigo y compañía. He sabido de él por nadaesgratis.es. ¡Mucha suerte!
Para Javier Trillo:
Me gustaría encontrar motivos para la esperanza en los proyectos del PP en este punto. Desgraciadamente las experiencias pasadas no me invitan al optimismo. Son demasiadas las veces que los políticos escuchan a los expertos, les contestan “qué interesantes esas ideas” y se olvidan de ellas a continuación, a la busca de lo que consideran que les puede dar votos. Una solución, que Elisa apunta certeramente, es la movilización de la sociedad civil, a quien no tendrían otra que escuchar. Pero parece que ésta en España aún ha de crearse, o para ser más certeros, “criarse”. A eso queremos contribuir, en la limitada medida de nuestras posibilidades, desde este blog.
Para Javier Trillo:
Me gustaría encontrar motivos para la esperanza en los proyectos del PP en este punto. Desgraciadamente las experiencias pasadas no me invitan al optimismo. Son demasiadas las veces que los políticos escuchan a los expertos, les contestan “qué interesantes esas ideas” y se olvidan de ellas a continuación, a la busca de lo que consideran que les puede dar votos. Una solución, que Elisa apunta certeramente, es la movilización de la sociedad civil, a quien no tendrían otra que escuchar. Pero parece que ésta en España aún ha de crearse, o para ser más certeros, “criarse”. A eso queremos contribuir, en la limitada medida de nuestras posibilidades, desde este blog.
Para Fernando: Tienes razón. Yo tampoco soy un ingenuo y desconfío de los políticos de uno u otro signo. Sin embargo, creo que la sociedad civil, hoy por hoy, no es capaz de vertebrarse y organizarse por sí misma en un entorno en el que ha perdido mucho poder frente a los agentes políticos y grandes operadores económicos (que a veces se confunden, como en las Cajas), por lo que, amén de denunciar públicamente (y este blog es un buen vehículo) la situación, hará falta algo más para movilizarla. ¿Qué tal si empezáramos los profesionales que a diario observamos la realidad en nuestros despachos a crear -además de estados de opinión- verdaderos instrumentos y cauces de expresión y acción para esa sociedad “dormida”? Nuestro CGN podría hacer algo al respecto (y no me refiero a un mero Observatorio).
Para Fernando: Tienes razón. Yo tampoco soy un ingenuo y desconfío de los políticos de uno u otro signo. Sin embargo, creo que la sociedad civil, hoy por hoy, no es capaz de vertebrarse y organizarse por sí misma en un entorno en el que ha perdido mucho poder frente a los agentes políticos y grandes operadores económicos (que a veces se confunden, como en las Cajas), por lo que, amén de denunciar públicamente (y este blog es un buen vehículo) la situación, hará falta algo más para movilizarla. ¿Qué tal si empezáramos los profesionales que a diario observamos la realidad en nuestros despachos a crear -además de estados de opinión- verdaderos instrumentos y cauces de expresión y acción para esa sociedad “dormida”? Nuestro CGN podría hacer algo al respecto (y no me refiero a un mero Observatorio).
Pues permitánme discrepar. La libertad de testar a favor de quien uno quiera parece un derecho fundamental y lógico, pero en la vida hay miles de historias que el Derecho no puede medir individualmente. Si es verdad, que hay cónyuges malos, hijos indeseables que no se merecen nada, pero también hay mucha gente, jovencita,/o, hijo/a o cuidadora de último momento, que sabe engatusar al abuelo/a para que le favorezca en testamento. Y como al fin y al cabo el testamento es lo que otro recibe…quien tiene entonces más derecho a recibir: ¿el cónyuge? que lleva media vida con el testador, ¿los hijos?, que llevan toda su vida con él y encima no pidieron venir al mundo, ¿o el que pasa los últimos años con el testador pero al final supo camelárselo?. Claro que hay derecho a dejar el patrimonio a quien uno quiera, pero hablándolo en vida, digo yo, o dejando claro los motivos en el testamento del por qué se hace. Si dejamos al margen el valor económico que representa la legítima y lo traducimos a sentimientos, ¿no se hace un daño moral al hijo, normal no indeseable, cuando al morir su progenitor/a, éste hace diferencias notables y sólo le deja la legítima estricta y todo lo demás al hermano/a. O es mas, ¿no se hace aún más daño cuando despues de su fallecimiento sale a luz un poder general con disposición a favor del hermano, que toma para sí el patrimonio y al final no es merecedor ni de la legítima pues no hay nada que heredar?. Es sólo dinero sí, pero ustedes no se preuntarian ¿por qué?, ¿Qué mal te causé yo?. ¿Tiene derecho un testador a causar este daño moral, insisto, no económico, al hijo que ni siquiera tiene la posibilidad de preguntarle si es que en vida fue un mal hijo, merecedor de esa diferencia?…Creo que sólo por evitar estos daños morales deberían seguir existiendo las legítimas y que además no existieran ni poderes, ni donaciones en vida que pudieran comprometerlas, que para favorecer ya está el resto de la herencia.
Pues permitánme discrepar. La libertad de testar a favor de quien uno quiera parece un derecho fundamental y lógico, pero en la vida hay miles de historias que el Derecho no puede medir individualmente. Si es verdad, que hay cónyuges malos, hijos indeseables que no se merecen nada, pero también hay mucha gente, jovencita,/o, hijo/a o cuidadora de último momento, que sabe engatusar al abuelo/a para que le favorezca en testamento. Y como al fin y al cabo el testamento es lo que otro recibe…quien tiene entonces más derecho a recibir: ¿el cónyuge? que lleva media vida con el testador, ¿los hijos?, que llevan toda su vida con él y encima no pidieron venir al mundo, ¿o el que pasa los últimos años con el testador pero al final supo camelárselo?. Claro que hay derecho a dejar el patrimonio a quien uno quiera, pero hablándolo en vida, digo yo, o dejando claro los motivos en el testamento del por qué se hace. Si dejamos al margen el valor económico que representa la legítima y lo traducimos a sentimientos, ¿no se hace un daño moral al hijo, normal no indeseable, cuando al morir su progenitor/a, éste hace diferencias notables y sólo le deja la legítima estricta y todo lo demás al hermano/a. O es mas, ¿no se hace aún más daño cuando despues de su fallecimiento sale a luz un poder general con disposición a favor del hermano, que toma para sí el patrimonio y al final no es merecedor ni de la legítima pues no hay nada que heredar?. Es sólo dinero sí, pero ustedes no se preuntarian ¿por qué?, ¿Qué mal te causé yo?. ¿Tiene derecho un testador a causar este daño moral, insisto, no económico, al hijo que ni siquiera tiene la posibilidad de preguntarle si es que en vida fue un mal hijo, merecedor de esa diferencia?…Creo que sólo por evitar estos daños morales deberían seguir existiendo las legítimas y que además no existieran ni poderes, ni donaciones en vida que pudieran comprometerlas, que para favorecer ya está el resto de la herencia.