¿Bonus con dinero público?

Han tenido que venir mal dadas y en medio de una crisis económica y financiera tan imprevisible como incierta en su devenir inmediato para que algunos tomen conciencia, curiosamente, de los excesos que sin duda, los administradores de no pocas sociedades, y máxime de algunas entidades financieras han venido o bien cobrando, o bien aprobando y provisionando de cara al futuro, a modo de pensiones y otros ingresos. Por sí mismos no son perversos, al contrario, estimulan, incentivan, inducen a los administradores a una gestión a priori más eficaz y eficiente y sin duda rentable para las entidades. Cuestión distinta es a quién favorece mejor esa eficiencia, si a los propios administradores que reciben los pluses, bonus y demás planes que completan y blindan su retribución o a las propias entidades que son gestionadas con más o menos acierto, que no diligencia que se presupone, por estos administradores.

Ahora bien, el tema de la retribución de los administradores siempre ha dado que hablar, como lo hace asociarlo al goiberno corporativo y a toda norma ética. ¿Qué es un bonus y a qué está asociado y condicionado? Es quizás el primer interrogante que deberían respondarnos. No se buscaban objetivos concretos, sino crecimiento genérico, longevidad en el cargo. ¿Es ese un reto aconsejable para pactar variablemente parte de los emolumentos?

El debate jurídico está planteado a propósito de CajaMadrid y la posible anulación que no aplazamiento de estos planes de futuro inmediato para una decena de directivos que hace apenas un año salieron de la entidad. Aún sin ajustarse en puridad a la esencia de lo que viene siendo la pauta general de las retribuciones variables, la entidad aprobó este bonus en consideración a circunstancias individuales de los ejecutivos –salarios, años, duración- así como generales de la entidad –ganancias y beneficio en suma-. Lo curioso es que no se objetivaron retos, finalidades, recte, crecimiento y expansión de la actividad de la caja. No se exigieron resultados.

Las sociedades mercantiles, máxime las de capital, amen de exigir una serie de deberes de los administradores y perfilar la responsabilidad de los mismos establecen una serie de artículos relativos a la remuneración de los administradores, pese a que en su artículo 217 parte de la premisa de la gratuidad del cargo de administradores a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de retribución. Y éste, precisamente es la tónica, la pauta, el principio al que difícilmente se renuncia, máxime si se quiere tener a verdaderos profesionales en una administración, amén de una pléyade de otros tipos de consejeros. La ley asimismo prevé la posibilidad de retribución mediante participación en los beneficios y mediante entrega de acciones o derechos de opción que habrán de ser aprobados en junta general. Esquema en suma, y aún gozando las cajas de una naturaleza jurídica por el momento distinta y distante de las sociedades de capital, que todo se andará, al que se aferran éstas además de todo, o casi todo sujeto mercantil.

Nada de esto hubiere sucedido, nos referimos a cierto escándalo y noticia, además de actuación decidida del consejo de administración y la comisión de retribución ex ante en CajaMadrid si no nos encontrásemos en tamaña coyuntura de crisis y deriva y sobre todo, en un momento, donde los nubarrones se ciernen con acritud para las cajas de ahorro. Algunas acudirán a la ingeniería jurídica y a la fina elaboración de complejas estructuras mercantiles, con filializaciones y cesiones de activo y carteras o parte de las mismas, para recomponer la situación económica, posicionarse en el mercado y segregar parte del negocio expansivo y apresurado que se habían dotado. Otras en cambio mudarán la forma y el ropaje jurídico y podrán ser nacionalizadas. Muchas han acudido al FROB, quién súbitamente y ante el silencio de todos, pasa ahora a ser supervisado y controlado por el Ministerio de Economía y no el Banco de España. Aviso a navegantes. Si las cosas hubieren ido como hace dos o tres años sin ir más lejos, nadie hubiera levantado la polvareda mediática y jurídica que se acaba de producir.

Con las normas en la mano, es difícil que jurídicamente, y legislación española vigente, máxime en el momento de aprobarse el plan de incentivos a futuro, no tengan derecho al mismo. Otra cuestión es la moral y el cierto escándalo que genera cuando la entidad atraviesa dificultades, se ha endeudado con un préstamo elevadísimo ante el FROB, tiene un agujero inmobiliario patrimonial vertiginoso, acaba de modificarse estructuralmente y crear un banco financiero a través de la fusión de varias cajas y espera salir a bolsa en unos meses, dejando atrás la naturaleza jurídica que durante más de un siglo ha tenido. El reproche moral y social está ahí, y persigue a Rodrigo Rato, quién en su etapa de ministro de Economía lidió con las stocks options de Telefónica y se permitieron al final aprobándose incluso con las normas de acompañamiento a los presupuestos del Estado una cláusula normativa de salvaguardia que permitía este sistema de retribución multimillonario siempre que lo aprobase la junta general. No importó que se hiciese con cierto valor retroactivo. Así se legisla en este país. Pero en Estados Unidos también las grandes financieras han hecho exactamente lo mismo. Rescate federal y cobro multimillonario de sus administradores. Maximización del beneficio por unos pocos y socialización por todos. Mas, ¿qué pasa con la responsabilidad de malas gestiones, erráticas y a veces culposas? Ahí ya nos somos tan diligentes.

Abel B. Veiga Copo

Profesor de Derecho en ICADE.
Decano de la faculta de Derecho de ICADE