Consultas populares en el proceso de elaboración de los planes generales municipales
Para los que ejercemos nuestra actividad profesional en relación, directa o indirecta, con el urbanismo, es un hecho el desconocimiento que tienen la mayoría de los ciudadanos del planeamiento urbanístico de sus municipios. No me refiero a los detalles técnicos, lo cual es lógico, sino a la ignorancia de las intenciones primeras del planeamiento, las que se recogen en los Planes Generales de Ordenación Urbana, donde se definen los grandes objetivos del planeamiento urbanístico municipal y los medios para lograrlo.
Ser miembro de una comunidad local cuyos propósitos, en cuanto a cómo ésta se materializa físicamente en el territorio, son conocidos, debatidos y compartidos, nos hace sentirnos más identificados con esa comunidad, y más responsables ante ella. Es decir, opinar y decidir sobre cuánto debe crecer el suelo urbanizado, dónde se prohíbe la construcción, cuántas alturas deben tener los edificios, si la ciudad debe ser más o menos densa, dónde se sitúan los parques y las zonas industriales, hasta qué punto queremos mantener inalterada la imagen histórica de la ciudad.
Un buen medio para fomentar el conocimiento del planeamiento consiste en que desde la administración se facilite la participación ciudadana durante la fase de elaboración de la normativa urbanística. La legislación española abunda en referencias a la necesaria participación ciudadana en los asuntos públicos. Así lo hacen la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y las diferentes Leyes del Suelo. En lo que al urbanismo se refiere, en general la legislación se queda en indicar ese deseo sin definir los medios de participación. En la práctica la participación ciudadana en la fase de debate del planeamiento municipal está muy lejos de cumplir las buenas intenciones expresadas por la legislación. Son escasos los ejemplos de los municipios que han ido más allá de lo que estrictamente suele marcar la ley: el cumplimiento de los periodos de información pública. En concreto las consultas populares en la fase de elaboración de los Planes Generales prácticamente no se han utilizado. La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2008 declarando ajustada a derecho la consulta popular acerca del Plan General de Ordenación Urbana de Almuñécar, abre la posibilidad de celebrar estas consultas.
La introducción, como práctica habitual por parte de los Ayuntamientos, del sometimiento de la aprobación de los Planes Generales al voto de la ciudadanía, supondría necesariamente que el proceso de desarrollo de estos planes sería más transparente y más participativo: si se va a consultar parece lógico que antes se haya informado a los ciudadanos y recabado la opinión de éstos.
Es cierto que existe la posibilidad de que los responsables municipales planteen las consultas como un plebiscito para avalar intenciones de planeamiento opuestas a lo que la lógica supramunicipal o las propias leyes de ordenación del territorio indican. De este modo las consultas se convertirían en un instrumento de presión hacia los responsables autonómicos encargados de compatibilizar el planeamiento local con el supramunicipal.
Este riesgo existe pero vale la pena correrlo pensando en las consecuencias positivas de las consultas, y además se puede reducir. Para ello los criterios de organización territorial supramunicipal deben ser públicos y estar claramente expresados en normativa: es más difícil plantear unas determinaciones de ámbito municipal incompatibles con otro ordenamiento de mayor rango si desde el primer momento está clara esta incompatibilidad. Además las consultas populares locales no deben celebrarse sin que vayan acompañadas de un amplio programa de participación ciudadana durante todo el proceso de elaboración del planeamiento, de tal manera que con medios y tiempo suficiente, los ciudadanos puedan debatir los objetivos del planeamiento, y entre otras cuestiones advertir las incongruencias entre los planteamientos locales y los supramunicipales.
Un proceso de elaboración de los Planes Generales que contara con una administración autonómica que definiera con claridad los criterios de organización territorial de su ámbito, una administración local transparente en el planteamiento de los objetivos urbanísticos y que pusiera ante la ciudadanía los medios para que ésta participara en este proceso, podría perfectamente culminar en una consulta popular. Este pronunciamiento directo de los ciudadanos, precisamente en cuestiones de relación inmediata con su modo de vida, y de las que tienen claro conocimiento, supondría un refuerzo tanto de la democracia como de la identificación entre los ciudadanos y el espacio físico compartido por ellos.
Nacido en Madrid en 1963. Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid, especialidad de Urbanismo. Ha sido consultor para el Consejo Superior de Cámaras de comercio de España, a través de la Fundación Incyde. Ejercicio libre de la profesión desde el año 2.000. Arquitecto municipal de Villamanrique de Tajo (Madrid). Desde 2011 miembro de la Junta de Representantes del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Muchas gracias Fernando como bien dices el tema que cuentas no es muy conocido pero las consecuencias del desastre bien que las padecemos todos. Lo que propones mas que un plebiscito yo lo veo como la necesaria transparencia y rendición de cuentasna los ciudadanos que ahora las nuevas tecnologías hacen perfectamente posible. Así que ¿por que no? Nos jugamos mucho.
El tema que plantea Fernando en este post es extraordinariamente importante, pero ya no solo desde un punto de vista urbanístico, sino político. Como afirmaba Tocqueville y la experiencia política estadounidense y británica han demostrado sobradamente, la democracia se construye desde las libertades locales, que constituyen la mejor escuela de ciudadanía. Pero, claro, las libertades locales no son libertades caciquiles, no son libertades que se toman unos cuantos en nombre de todos para hacer lo que a ellos les conviene, sino campos de actuación reconocidos a los ciudadanos para vincular su responsabilidad política. Es por eso por lo que lo que propone el post es tan relevante, y más en la sociedad interesadamente anestesiada en la que vivimos.
Muy de acuerdo con el planteamiento del autor. La participación ciudadana activa, inteligente, necesita también de los cauces adecuados. Los actuales -o mejor dicho, el uso que los políticos hacen de los actuales medios de participación- los convierte muchas veces en inservibles. Por ejemplo, se discute un plan urbanístico y el político sabe ya lo que va a hacer invariablemente. Cumple formalmente con el trámite de inforación pública, y aunque en él se reciban propuestas y sugerencias acertadísimas no es ya que no las tenga en cuenta, es que pone a contestarlas al último mono de los funcionarios. De una manera burocrática, rutinaria, ha degradado lo que podría ser un trámite utilísimo. Y a veces esas propuestas -yo lo he visto- se han desechado de plano pese a venir suscritas por catedráticos de la Escuela de Ingenieros de Caminos o de Arquitectos, que algo sabrán de estos temas. Sin embargo, si el trámite de información pública ha terminado, por haber transcurrido el plazo que TODOS los ciudadanos tenían para alegar, y fuera de plazo va Tita Cervera y monta un numerito encadenándose en un árbol, el político remueve Roma con Santiago, servil y cobarde a la reacción mediática, y acepta de plano las sugerencias o más bien la coacción. Es decir, que lo propuesto en plazo ni se tiene en cuenta porque quien lo propone no se considera de nivel, aunque sea un catedrático, un experto. Y lo propuesto fuera de plazo, en vez de inadmitirse, se acepta globalmente no por su contenido en sí, sino por la identidad del proponente. Eso sí, esos políticos serviles y cobardones, son los que luego dan una conferencia de dos horas en el INAP o en la universidad sobre la importancia de que los ciudadanos participen… Puro teatro todo.