Si son derechos, ¿a quién exigirlos?
El Consejo General del Poder Judicial publica todos los años una interesante Memoria en la que trata diversos asuntos de trascendencia en la justicia y, en general en la sociedad –entre otros, el aumento progresivo de litigios o la creciente presencia de mujeres en el ámbito judicial-. Entre los análisis que realiza llama especialmente la atención el relativo a las Reclamaciones y Denuncias sobre el Funcionamiento de Juzgados y Tribunales.|
El origen de estas Reclamaciones se encuentra en la “Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia”, proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad de todos los grupos, el 16 de abril de 2002. En ésta se mencionan cuarenta y un derechos que tiene el ciudadano ante la justicia. La Carta se estructura en cuatro partes, cuyas finalidades son distintas pero vinculadas. En la primera se enuncian una serie de derechos para obtener una justicia “moderna, abierta y responsable ante los ciudadanos”. La segunda, se centra en la atención que ésta debe tener –y por tanto, le es exigible- con los ciudadanos más desprotegidos. La tercera se ocupa de aquellos derechos característicos de la relación del ciudadano con su defensa y representación letrada. Por último, la Carta termina con el reconocimiento de la exigibilidad de los derechos y la vinculación a todo el personal de la administración de justicia y que con ella coopera.
El Pleno del CGPJ aprobó la última Memoria el 19 de mayo de 2010 y se publicó el 21 de septiembre del mismo año. En el apartado décimo, que lleva por título “Materias de especial seguimiento” se analizan las Reclamaciones y Quejas planteadas en el año 2009.
Aunque estamos en abril de 2011 me ha parecido oportuno que fuera el objeto del post para así hacer constar que el retraso que caracteriza a la justicia no es exclusivo de la función estrictamente jurisdiccional sino que, por desgracia, se extiende a aspectos accesorios, pero no por ello de escasa relevancia.
El número de quejas es elevado. En 2009 se presentaron ante la Unidad de Atención Ciudadana 10.839. Ante Órganos de Gobierno del Poder Judicial 2.371 y ante el Servicio de Inspección 1.788. A ellas debemos sumar, entre otras, las reclamaciones telefónicas.
Entre las numerosas tablas que se incluyen merecen especial atención las siguientes, que transcribo parcialmente para mostrar las reclamaciones que, a mi juicio, son más interesantes:
| Una justicia atenta | Número | Porcentaje |
| Derecho a recibir atención respetuosa | 1.130 | 20% |
| Derecho a la puntualidad en el inicio de las actuaciones judiciales | 163 | 3% |
| Derecho a unas dependencias adaptadas a la espera y atención correcta | 688 | 12% |
| Derecho a la atención personal del juez o secretario respecto de incidencias en el funcionamiento del órgano judicial | 50 | 1% |
| Horario insuficiente | 1.066 | 19% |
| Derecho a reducir los tiempos de espera | 1.895 | 33,7% |
| Una justicia ágil | Número | Porcentaje |
| Derecho a tramitación ágil de los asuntos que le afecten y a conocer las causas de los retrasos | 3.576 | 64% |
| Derecho a una organización interna racional de la oficina o servicio judicial. | 412 | 7% |
Este elevado número de quejas presentadas llama la atención a cualquiera, sin necesidad de ser profesional del Derecho. A todos los lectores de “¿Hay derecho?” os pregunto –y valga la redundancia-: ¿hay derecho a reclamar todos estos derechos? Y con mayor rotundidad cuestiono: ¿hay derecho a reclamar una tramitación ágil de los asuntos?
En mi opinión, esto podrá ser un objetivo a conseguir para así obtener una justicia con los mejores calificativos, pero hoy en día me parece dudoso que como ciudadanos podamos exigirlo, si tenemos en cuenta la gran carga de trabajo que padecen nuestros tribunales (en el año 2009 ingresaron más de nueve millones de asuntos y la evolución parece ser creciente) y la escasez de medios con que cuenta. Por otro lado, me parece que estas carencias de la justicia no son imputables a los que la administran y las reclamaciones deberían dirigirse a sus principales culpables: a mi juicio, los parlamentarios. Llamo su atención para recordarles que la mejora de la justicia es una necesidad imperiosa que no debe retrasarse y cuyos efectos se notarán pronto. Con la misma facilidad con que aprobaron la Carta de Derechos me atrevo a asegurar que podrán adoptar las medidas oportunas para superar el problema que seguro comparten: las carencias de la justicia.
EDUCACIÓN
Trabajo de Fin de Máster en Facultad Derecho Universidad Complutense de Madrid.
Licenciada en Derecho. Universidad Complutense de Madrid.
Becas de excelencia de la Comunidad de Madrid por los cursos académicos de Derecho 2006-2007 y 2007-2008.
EXPERIENCIA PROFESIONAL, SEMINARIOS Y OTROS
Abogada en ESTUDIO JURÍDICO SÁNCHEZ CALERO.
“Relevant fields in chinese law for european foreign investment in china”. Curso en China-EU School of Law (Pekín).
VIII Seminario Harvard-Complutense en Harvard Law School: “Mergers and acquisitions in the context of the financial crisis”.
Congreso Internacional de Derecho de Sociedades en la Universidad Complutense de Madrid. (27 a 29 de abril de 2010)
Participante en concurso del año 2010 sobre arbitraje internacional Moot Madrid.
Árbitro en Moot Madrid 2011.
PUBLICACIONES
Principios de gobierno corporativo en los bancos. Revista de Derecho bancario y bursátil, nº 121, (enero-marzo 2011), pp. 254-255.
El derecho de información sometido a debate. Revista de Derecho bancario y bursátil, nº 120, (octubre-diciembre 2010), pp. 289-291.
Derecho de salida de la sociedad limitada. Revista de Derecho bancario y bursátil, nº 120, (octubre-diciembre 2010), pp. 300-301.
La posibilidad de comprar los derechos de voto de las acciones en el régimen de la Ley de Sociedades Anónimas. Revista de Derecho bancario y bursátil nº 118, (abril-junio 2010), p. 271.
El acta notarial de la Junta en la Sociedad Anónima. Publicado junto con Juan Sánchez-Calero Guilarte. Documentos de Trabajo del Departamento de Derecho Mercantil, nº 2010/27. (abril 2010).
Dictamen del Banco Central Europeo sobre las propuestas de reglamentos que afectan a las nuevas autoridades europeas en materia financiera. Revista de Derecho bancario y bursátil. nº 117, (enero-marzo 2010), p. 280.
Sobre la delegación de la facultad de convocar la Junta. Revista de Derecho bancario y bursátil, nº 116, (octubre-diciembre 2009), p. 305.
“Las Cláusulas MAC (Material Adverse Change): Algunas reflexiones iniciales”. Publicado junto con Juan Sánchez-Calero Guilarte. Revista de arbitraje comercial y de inversiones. Vol. III. (2010), pp. 677-696.
Gracias por su entrada, Dña. Blanca. Creo que trae a colación un tema de enorme importancia, como es la responsabilidad política y la dimensión de ésta en la gestión y modernización de la Administración de Justicia. Asimismo, plantea varias cuestiones de gran interés sobre las cuales voy a dar mi humilde opinión:
1. Pregunta si hay derecho a reclamar esos derechos. Entiendo que, desde el plano del Derecho positivo vigente, lo hay, porque la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia así lo reconoce. Pero, naturalmente, como bien observa Vd., esos derechos quedan vacíos de contenido si no se dota de los medios precisos para su realización eficaz a quien debe darles cumplimiento, que es la Administración de Justicia.
2. Asimismo, entiendo que plantea el problema de la responsabilidad de los poderes públicos y, en particular, del legislador, a la hora de hacer efectivos los compromisos asumidos con sus electores. Considero especialmente grave que, en algo de tanta importancia como es la impartición de justicia, el legislador opte por una mera cortina de humo, como es centrarse en dar a los ciudadanos un cauce para ventilar su enfado sin resolver los enormes problemas de fondo que la Administración de Justicia arrastra desde hace años en este país. Por supuesto, todos sabemos que hacer declaraciones de principios y reconocer derechos es gratis; lo que cuesta es poner los medios para que sean efectivos.
3. En este asunto, además, debo ser muy crítico con la falta de altura de miras y sentido de Estado de nuestra clase política, sin excepciones. El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia es de 28 de mayo de 2001 y, aunque es cierto que, hoy, casi diez años después, algunas de las reformas entonces propuestas se han llevado a efecto (v. gr., la modificación del art. 112 de la L.O.P.J.; o las novedades, muchas más cosméticas que de calado, introducidas por las Leyes 19/2003 y 13/2009), lo han sido, casi sin excepción, a costa de preferir aquéllas que permitieran grandes titulares al menor coste y racaneando siempre en su ejecución. De hecho, las tres asociaciones profesionales, han puesto de manifiesto reiteradamente y en diferentes momentos la necesidad de afrontar la modernización de la Administración de Justicia con un mínimo de cuidado, sin dejarse llevar por el cálculo político ni las pasiones momentáneas y asumiendo las medidas necesarias, costosas, sin duda, pero hoy inaplazables. Sin ir más lejos, la Asociación Francisco de Vitoria publicaba hace cosa de un mes un Informe al Proyecto de Ley de Agilización Procesal, al que daba inicio con reflexiones semejantes a éstas.
4. Por si fuera poco, parece claro que estas medidas y actitudes políticas generan una situación viciosa que deteriora la posición de la Administración de Justicia en la sociedad, porque se incide constantemente en los problemas que afronta, sin darles solución o dándosela sólo superficialmente, y se vende una imagen de compromiso político, vacuo en realidad, e inexistente, colocando a los profesionales a los pies de los caballos, pues se vende la imagen de una Administración de Justicia que no funciona porque quienes en ella trabaja, no lo hacen, o lo hacen mal.
El refranero dice: «Si haces lo que estuviere de tu parte, pie al cielo favor: ¡ha de ayudarte!». Espero, por el bien de todos, que no haga falta rogar al cielo favor, sino que quienes tienen la responsabilidad política cumplan, de una vez por todas y sin añagazas, con su deber.
Pido disculpas por alargarme tanto, pero es un tema ante el que es difícil quedarse indiferente. Y gracias, de nuevo, a los editores, por proporcionarnos un espacio para el debate, y a la firmante de esta entrada, por lo oportuno del tema elegido.
Qué país de políticos retóricos e incapaces. En vez de limitarse a cumplir la ley y a producir pocas leyes,pero bien hechas y que se apliquen, dedican su tiempo a lo contario… A hacer leyes chapuceras, a no dotar de medios a quienes las ha de aplicar y a tapar todo eso con Cartas y más Cartas: de Derechos de esto y de lo otro, de Calidad de los Servicios… y declaraciones altisonantes que no nos engañemos: son un reconocimiento de incapacidad… Y no sólo respecto a la justicia, sino en casi todo… Cuando el PSOE llegó al poder en 1982, sacaron el siguiente lema: vamos a poner en marcha “Una Medicina Progresista-Moderna-Multidiscipliaria e Integrada” Toma castaña!!! ¿y eso en qué se tradujo? En que los grandes médicos de este país se pusieron a temblar porque esa palabrería hueca no aportaría nada verdaderamente útil a la sanidad, salvo tiempo perdido!!!! Más recientemente, en el Ayto de Madrid han sacado varias Cartas de Calidad de los Servicios donde se asegura un trato atento al ciudadano, su Dº a ser informado, a que se resuelva su expte… Cosas, en fin, que están en la ley 30/92… Entonces, ¿para que se repiten en tantos sitios? Pues para encubrir la realidad… La realidad es que no se hacen casi nunca!!! Pero como se dicen tan solemnemente, pues vas y te lo crees!!! Luego, por si fuera poco, contratan -y pagan- una empresa de esas que certifican la calidad… Llegan allí, hacen unos pequeños estudios y muestras, preparan un Informe muy bonito, con miles de apartados y colorines, y, ohh sorpresa, resulta que los ciudadanos debemos gritar jubilosos porque el Area de Hacienda o de Urbanismo ha recibido el Certificado ASO-9000 (un suponer) que demuestra que sus servicios son óptimos… Y eso pasa mientras, simultáneamente, hay cientos o miles de expedientes metidos en cajones que llevan años sin resolverse, y cuando el resto de los exptes se resuelven tarde y mal… ¿Entonces, qué demuestra ese certificado ASO o como se llame? ¿Y para qué sirve aprobar esas Cartas de Dchos que no se cumplen? Menudo chachullo todo… Que se limiten a cumplir las leyes -natural y espontáneamente- y acaben con tanta propaganda vacía y retórica huera…. Pero no se preocupen ustedes, que el Ministro Caamaño (que sabe hablar alemán y eso es siempre una garantía de eficacia ¿??) ha puesto en marcha un Plan Operativo Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia. Pronto aplaudiremos alborozados la solución de todos nuestros males.
Totalmente de acuerdo con JJ, esto de las cartas de derechos que proliferan por ahí y de las certificaciones de calidad de las Administraciones y sus entes públicos son una tomadura de pelo interesante. Si ya dice la ley que los ciudadanos tienen unos derechos y que la Administración es la primera obligada a cumplirlosa que vienen tantas cartas y tanta evaluación de la calidad de los servicios? En el caso de la Administración de Justicia que vamos a decir…es un escándalo lo mal que funciona y por cierto la mayoría de los profesionales no suele molestarse en poner una reclamación al CGPJ porque no sirve para nada. Quiero decir que las quejas son muchas más de las registradas. Por ejemplo ¿alguien entra puntualmente en una vista alguna vez? Porque es para mencionarlo, dado que la impuntualidad es absolutamente la regla general.
Srta. Villanueva, me he sentido confortado al leer su artículo y compartir con usted las inquietudes que manifiesta en relacion a las reclamaciones y denuncias por el funcionamiento de juzgados y tribunales. En correspondencia quiero compartir lo que entiendo que es un mal funcionamiento de las instituciones judiciales en grado superlativo. Me estoy refiriendo a cuando una sentencia tiene como contenido la comisión de un fraude fiscal. En concreto una sentencia del orden civil ordenó que un empleado entregase un porcentaje de todas las nominas de su vida laboral al empresario demandante, para que se las quedara para si, porque este había practicado una retención a cuenta del IRPF inferior a la legalmente establecida. Todos sabemos, o debieramos saber, que las retenciones son un pago a cuenta, que el empleado las regulariza anualmente en su declaración de la renta, que el empresario es un mero recaudador de hacienda y que cualquier error en el calculo de la retención es de responsabilidad del retenedor.
Si rechazable es el mal funcionamiento formal del sistema judicial, aún más cuando muestra una negligencia tal en el concimiento de las normas, que ni siquiera se admite en el simple ciudadano, al que se amenaza de comer fraude fiscal si es que por la cuantía no llega a delito.
Cuando la degradación llega a estos extremos, sencillamente hay que admitir que se ha negado al ciudadano su derecho al servicio publico de la justicia y se ha vuelto a lo que los filósofos llaman el “estado natural”: “cada uno tiene derecho a lo que puede”
En todo caso le preguntaría si existe cauce gubernativo para quejarse por un asunto así.
Un saludo a todos los de este blog
Spinoza.
Sr Spinoza, comparto con usted que algunas veces se produce un incorrecto funcionamiento de las instituciones judiciales. Por supuesto, los errores de los que hablas (y otros que se producen) no son justificables ni mucho menos, pero en buena medida encuentran su causa en la excesiva carga a la que se somete a todos los Juzgados españoles. En todo caso, en la Carta de Derechos a la que me he referido en mi entrada hay una gran diversidad de reclamaciones que se pueden presentar.
Un saludo.
Gracias por su entrada, Dña. Blanca. Creo que trae a colación un tema de enorme importancia, como es la responsabilidad política y la dimensión de ésta en la gestión y modernización de la Administración de Justicia. Asimismo, plantea varias cuestiones de gran interés sobre las cuales voy a dar mi humilde opinión:
1. Pregunta si hay derecho a reclamar esos derechos. Entiendo que, desde el plano del Derecho positivo vigente, lo hay, porque la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia así lo reconoce. Pero, naturalmente, como bien observa Vd., esos derechos quedan vacíos de contenido si no se dota de los medios precisos para su realización eficaz a quien debe darles cumplimiento, que es la Administración de Justicia.
2. Asimismo, entiendo que plantea el problema de la responsabilidad de los poderes públicos y, en particular, del legislador, a la hora de hacer efectivos los compromisos asumidos con sus electores. Considero especialmente grave que, en algo de tanta importancia como es la impartición de justicia, el legislador opte por una mera cortina de humo, como es centrarse en dar a los ciudadanos un cauce para ventilar su enfado sin resolver los enormes problemas de fondo que la Administración de Justicia arrastra desde hace años en este país. Por supuesto, todos sabemos que hacer declaraciones de principios y reconocer derechos es gratis; lo que cuesta es poner los medios para que sean efectivos.
3. En este asunto, además, debo ser muy crítico con la falta de altura de miras y sentido de Estado de nuestra clase política, sin excepciones. El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia es de 28 de mayo de 2001 y, aunque es cierto que, hoy, casi diez años después, algunas de las reformas entonces propuestas se han llevado a efecto (v. gr., la modificación del art. 112 de la L.O.P.J.; o las novedades, muchas más cosméticas que de calado, introducidas por las Leyes 19/2003 y 13/2009), lo han sido, casi sin excepción, a costa de preferir aquéllas que permitieran grandes titulares al menor coste y racaneando siempre en su ejecución. De hecho, las tres asociaciones profesionales, han puesto de manifiesto reiteradamente y en diferentes momentos la necesidad de afrontar la modernización de la Administración de Justicia con un mínimo de cuidado, sin dejarse llevar por el cálculo político ni las pasiones momentáneas y asumiendo las medidas necesarias, costosas, sin duda, pero hoy inaplazables. Sin ir más lejos, la Asociación Francisco de Vitoria publicaba hace cosa de un mes un Informe al Proyecto de Ley de Agilización Procesal, al que daba inicio con reflexiones semejantes a éstas.
4. Por si fuera poco, parece claro que estas medidas y actitudes políticas generan una situación viciosa que deteriora la posición de la Administración de Justicia en la sociedad, porque se incide constantemente en los problemas que afronta, sin darles solución o dándosela sólo superficialmente, y se vende una imagen de compromiso político, vacuo en realidad, e inexistente, colocando a los profesionales a los pies de los caballos, pues se vende la imagen de una Administración de Justicia que no funciona porque quienes en ella trabaja, no lo hacen, o lo hacen mal.
El refranero dice: «Si haces lo que estuviere de tu parte, pie al cielo favor: ¡ha de ayudarte!». Espero, por el bien de todos, que no haga falta rogar al cielo favor, sino que quienes tienen la responsabilidad política cumplan, de una vez por todas y sin añagazas, con su deber.
Pido disculpas por alargarme tanto, pero es un tema ante el que es difícil quedarse indiferente. Y gracias, de nuevo, a los editores, por proporcionarnos un espacio para el debate, y a la firmante de esta entrada, por lo oportuno del tema elegido.
Qué país de políticos retóricos e incapaces. En vez de limitarse a cumplir la ley y a producir pocas leyes,pero bien hechas y que se apliquen, dedican su tiempo a lo contario… A hacer leyes chapuceras, a no dotar de medios a quienes las ha de aplicar y a tapar todo eso con Cartas y más Cartas: de Derechos de esto y de lo otro, de Calidad de los Servicios… y declaraciones altisonantes que no nos engañemos: son un reconocimiento de incapacidad… Y no sólo respecto a la justicia, sino en casi todo… Cuando el PSOE llegó al poder en 1982, sacaron el siguiente lema: vamos a poner en marcha “Una Medicina Progresista-Moderna-Multidiscipliaria e Integrada” Toma castaña!!! ¿y eso en qué se tradujo? En que los grandes médicos de este país se pusieron a temblar porque esa palabrería hueca no aportaría nada verdaderamente útil a la sanidad, salvo tiempo perdido!!!! Más recientemente, en el Ayto de Madrid han sacado varias Cartas de Calidad de los Servicios donde se asegura un trato atento al ciudadano, su Dº a ser informado, a que se resuelva su expte… Cosas, en fin, que están en la ley 30/92… Entonces, ¿para que se repiten en tantos sitios? Pues para encubrir la realidad… La realidad es que no se hacen casi nunca!!! Pero como se dicen tan solemnemente, pues vas y te lo crees!!! Luego, por si fuera poco, contratan -y pagan- una empresa de esas que certifican la calidad… Llegan allí, hacen unos pequeños estudios y muestras, preparan un Informe muy bonito, con miles de apartados y colorines, y, ohh sorpresa, resulta que los ciudadanos debemos gritar jubilosos porque el Area de Hacienda o de Urbanismo ha recibido el Certificado ASO-9000 (un suponer) que demuestra que sus servicios son óptimos… Y eso pasa mientras, simultáneamente, hay cientos o miles de expedientes metidos en cajones que llevan años sin resolverse, y cuando el resto de los exptes se resuelven tarde y mal… ¿Entonces, qué demuestra ese certificado ASO o como se llame? ¿Y para qué sirve aprobar esas Cartas de Dchos que no se cumplen? Menudo chachullo todo… Que se limiten a cumplir las leyes -natural y espontáneamente- y acaben con tanta propaganda vacía y retórica huera…. Pero no se preocupen ustedes, que el Ministro Caamaño (que sabe hablar alemán y eso es siempre una garantía de eficacia ¿??) ha puesto en marcha un Plan Operativo Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia. Pronto aplaudiremos alborozados la solución de todos nuestros males.
Totalmente de acuerdo con JJ, esto de las cartas de derechos que proliferan por ahí y de las certificaciones de calidad de las Administraciones y sus entes públicos son una tomadura de pelo interesante. Si ya dice la ley que los ciudadanos tienen unos derechos y que la Administración es la primera obligada a cumplirlosa que vienen tantas cartas y tanta evaluación de la calidad de los servicios? En el caso de la Administración de Justicia que vamos a decir…es un escándalo lo mal que funciona y por cierto la mayoría de los profesionales no suele molestarse en poner una reclamación al CGPJ porque no sirve para nada. Quiero decir que las quejas son muchas más de las registradas. Por ejemplo ¿alguien entra puntualmente en una vista alguna vez? Porque es para mencionarlo, dado que la impuntualidad es absolutamente la regla general.
Srta. Villanueva, me he sentido confortado al leer su artículo y compartir con usted las inquietudes que manifiesta en relacion a las reclamaciones y denuncias por el funcionamiento de juzgados y tribunales. En correspondencia quiero compartir lo que entiendo que es un mal funcionamiento de las instituciones judiciales en grado superlativo. Me estoy refiriendo a cuando una sentencia tiene como contenido la comisión de un fraude fiscal. En concreto una sentencia del orden civil ordenó que un empleado entregase un porcentaje de todas las nominas de su vida laboral al empresario demandante, para que se las quedara para si, porque este había practicado una retención a cuenta del IRPF inferior a la legalmente establecida. Todos sabemos, o debieramos saber, que las retenciones son un pago a cuenta, que el empleado las regulariza anualmente en su declaración de la renta, que el empresario es un mero recaudador de hacienda y que cualquier error en el calculo de la retención es de responsabilidad del retenedor.
Si rechazable es el mal funcionamiento formal del sistema judicial, aún más cuando muestra una negligencia tal en el concimiento de las normas, que ni siquiera se admite en el simple ciudadano, al que se amenaza de comer fraude fiscal si es que por la cuantía no llega a delito.
Cuando la degradación llega a estos extremos, sencillamente hay que admitir que se ha negado al ciudadano su derecho al servicio publico de la justicia y se ha vuelto a lo que los filósofos llaman el “estado natural”: “cada uno tiene derecho a lo que puede”
En todo caso le preguntaría si existe cauce gubernativo para quejarse por un asunto así.
Un saludo a todos los de este blog
Spinoza.
Sr Spinoza, comparto con usted que algunas veces se produce un incorrecto funcionamiento de las instituciones judiciales. Por supuesto, los errores de los que hablas (y otros que se producen) no son justificables ni mucho menos, pero en buena medida encuentran su causa en la excesiva carga a la que se somete a todos los Juzgados españoles. En todo caso, en la Carta de Derechos a la que me he referido en mi entrada hay una gran diversidad de reclamaciones que se pueden presentar.
Un saludo.
Srta. Villanueva, agracias por su contestación, pero permitame insistir en que la idea que quería transmitir es que cuando el el juez es el que en su sentencia lesiona el bien Juridico protegido penalmente, o cuando el medico es el que lesiona al paciente, el sistema ha fracasado, sobretodo si ante tal hecho NO SE PRODUCE REACCION ALGUNA, siendo asi que la previsión es que incluso tuviera que actuaras de oficio.
Pero como dice Aurelio Arteta en su reciente libro, Mal Consentido, a veces el espectador pasivo es mas responsable que el propio autor porque con solo gracias a su silencio ha podido actuar o incluso le ha inducido. Asumamosla.
El mismo razonamiento vale para el supuesto de la corrupción administrativa que denuncia Elisa de la Nuez en este blog.
Blanca, le agradezco su artículo, tanto por lo que se refiere a la excesiva carga de trabajo de buena parte de la Administración de Justicia, que siempre viene bien recordar, como por hacer patente la forma torticera en que los políticos afrontan a veces sus obligaciones frente a los ciudadanos, escudándose en cartas, declaraciones y similares. En esto último, estoy completamente de acuerdo con JJ.
Por otro lado, Spinoza, comprendo su postura, pero no la comparto por completo. Estoy de acuerdo en que hay que corregir los casos de corrupción administrativa (más, si cabe, en el caso de la justicia, dada su importancia) y lamento como el que más que los cauces de recurso existentes sean poco o nada eficaces. No obstante, creo que debemos ir más lejos en la crítica, como hace Blanca, y, sin disculpar a aquéllos que se conducen mal en el desempeño de sus funciones sino exigiéndoles siempre la responsabilidad completa por sus actos, hemos de hacer hincapié en que la solución tanto a la falta de medios personales y materiales como a la ausencia de cauces adecuados para hacer efectiva aquella responsabilidad, pasa por exigir de quienes tienen la potestad legislativa que cumplan debidamente con ella. Estoy convencido de que así desaparecerían la mayor parte de los errores (quizá más ineficiencias del sistema que otra cosa) al tiempo que no habría excusa para quienes incumplieran sus obligaciones y contaríamos con vías adecuadas para exigirles responsabilidad.
De este modo, y en esto creo que estarán de acuerdo tanto usted como Blanca, es el silencio de la sociedad civil, nuestra pasividad, la que, al cabo, hace perdurables situaciones que debieron haberse corregido hace años.
Srta. Villanueva, agracias por su contestación, pero permitame insistir en que la idea que quería transmitir es que cuando el el juez es el que en su sentencia lesiona el bien Juridico protegido penalmente, o cuando el medico es el que lesiona al paciente, el sistema ha fracasado, sobretodo si ante tal hecho NO SE PRODUCE REACCION ALGUNA, siendo asi que la previsión es que incluso tuviera que actuaras de oficio.
Pero como dice Aurelio Arteta en su reciente libro, Mal Consentido, a veces el espectador pasivo es mas responsable que el propio autor porque con solo gracias a su silencio ha podido actuar o incluso le ha inducido. Asumamosla.
El mismo razonamiento vale para el supuesto de la corrupción administrativa que denuncia Elisa de la Nuez en este blog.
Blanca, le agradezco su artículo, tanto por lo que se refiere a la excesiva carga de trabajo de buena parte de la Administración de Justicia, que siempre viene bien recordar, como por hacer patente la forma torticera en que los políticos afrontan a veces sus obligaciones frente a los ciudadanos, escudándose en cartas, declaraciones y similares. En esto último, estoy completamente de acuerdo con JJ.
Por otro lado, Spinoza, comprendo su postura, pero no la comparto por completo. Estoy de acuerdo en que hay que corregir los casos de corrupción administrativa (más, si cabe, en el caso de la justicia, dada su importancia) y lamento como el que más que los cauces de recurso existentes sean poco o nada eficaces. No obstante, creo que debemos ir más lejos en la crítica, como hace Blanca, y, sin disculpar a aquéllos que se conducen mal en el desempeño de sus funciones sino exigiéndoles siempre la responsabilidad completa por sus actos, hemos de hacer hincapié en que la solución tanto a la falta de medios personales y materiales como a la ausencia de cauces adecuados para hacer efectiva aquella responsabilidad, pasa por exigir de quienes tienen la potestad legislativa que cumplan debidamente con ella. Estoy convencido de que así desaparecerían la mayor parte de los errores (quizá más ineficiencias del sistema que otra cosa) al tiempo que no habría excusa para quienes incumplieran sus obligaciones y contaríamos con vías adecuadas para exigirles responsabilidad.
De este modo, y en esto creo que estarán de acuerdo tanto usted como Blanca, es el silencio de la sociedad civil, nuestra pasividad, la que, al cabo, hace perdurables situaciones que debieron haberse corregido hace años.