De alacranes y faisanes
Con este post quiero abandonar por un momento la espesa floresta autonómica y adentrarme en un terreno ignoto con la finalidad de explorar la todavía más peligrosa fauna estatal. De las muchas especies venenosas que pululan por este habitat, lleno de secretos y misterios, vamos a escoger hoy como objeto de estudio el caso Alakrana y el caso Faisán. Quizá a alguien le pueda parecer que apenas hay nada en común entre el traicionero alacrán y el vistoso y suculento faisán. Se equivocaría completamente: les une como común denominador una concepción de la política que hace prevalecer los fines (a corto plazo) sobre los medios (cualesquiera que sean) y, en consecuencia, un completo desprecio por las reglas del Estado de Derecho.|
El caso Alakrana hace referencia al secuestro de un buque atunero del mismo nombre por piratas somalíes en octubre de 2009. Tras cuarenta y siete días en poder de los piratas el buque fue liberado tras pagar un rescate de unos cuatro millones de dólares. Como durante el secuestro los militares españoles detuvieron a dos de los secuestradores, el asunto terminó en la Audiencia Nacional. En su sentencia condenatoria, la Audiencia considera que en el juicio quedó “demostrado sin ninguna duda que no ha sido la empresa armadora sino organismos públicos vinculados al Gobierno español quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes”. Tanto el Presidente del Gobierno, como la entonces Vicepresidenta, como las ministras de Exteriores y Defensa, negaron categóricamente dicha circunstancia, lo que resulta lógico, pues la Administración no puede legalmente pagar rescates. Por si hubiera alguna duda el propio ministro de Justicia lo dejó meridianamente claro en este video que se puede consultar aquí.
Recordemos ahora el caso Faisán. En el mes de mayo de 2006, unos meses después del inicio de la última tregua de ETA, uno de los miembros de la trama de extorsión de la banda, propietario del bar Faisán, recibe una llamada telefónica por la que se le alerta de una inminente redada ordenada en el marco de una investigación dirigida por el juez Garzón. Según se deduce de documentos posteriormente incautados a la banda referentes a las conversaciones que entonces existían con el Gobierno, se había acordado que este último haría lo posible para paralizar las detenciones mientras la negociación estuviese en marcha. El Gobierno lo ha negado, así como cualquier implicación en el caso, como vuelve a ser normal, pero las investigaciones realizadas por el juez Ruz no dejan lugar a muchas dudas. Alguien muy próximo a Rubalcaba ordenó hacer esa llamada.
Vemos entonces que en ambos casos nos encontramos con una negociación con delincuentes en donde el Gobierno decide actuar al margen de las normas (al menos en opinión de los jueces) en consideración a razones políticas que, precisamente por ese secretismo, nadie discute ni debate, ni, en consecuencia, pueden articularse a través de instrumentos jurídicos.
¿Es bueno pagar rescates a los secuestradores para salvar la vida de unos marineros? ¿Conviene hacer alguna concesión a un grupo terrorista en el marco de una negociación dirigida a su disolución? Son sin duda cuestiones políticas muy relevantes que merecerían ser discutidas, pongamos, en el Parlamento. Pagar rescates tiene el inconveniente de que tus ciudadanos se vuelven más vulnerables que los del país que no los paga (al menos así lo entiende Francia). Entorpecer detenciones para favorecer la negociación no parece tener mucho sentido cuando la estricta aplicación de la Ley estaba dando muchos frutos. Pero, en cualquier caso, todo es discutible. No quiero entrar en el tema político de fondo, aunque supongo que cada uno tendrá su opinión al respecto, porque ese fondo no es la cuestión. Lo que merece destacarse es que en España nos parezca casi normal que los arcana imperii y la razón de estado llegue a estos extremos. Si se quiere seguir esas opciones, que no por discutibles son menos legítimas, lo procedente es ir al Parlamento y pedir la preceptiva autorización. De esta manera se respetan las instituciones y el Ordenamiento, y de paso se consigue que el Estado funcione como un todo de manera armónica. Pero, si por razones más partidistas que estrictamente políticas, nos saltamos las reglas y los procedimientos, entonces pasan cosas tan surrealistas como las que ejemplifican esos casos, y vemos como los jueces se ven obligados a investigar irregularidades, por no decir delitos, cometidos por otros órganos del Estado.
Además, como la investigación judicial de estos temas tan delicados le resulta muy desagradable al poder ejecutivo, hace lo posible por desactivarla, presionando a los jueces y mangoneando todo lo posible, lo que incluye utilizar al Ministerio Fiscal a tal fin si resulta necesario. Por otra parte, la judicializacion de estos asuntos suele terminar con la imputación y procesamiento de los funcionarios que pasaban por ahí (como acaba de ocurrir en el caso Faisán), dejando al margen a los que tomaron las decisiones y, sobre todo, soslayando la responsabilidad política de estos últimos, de la que nadie se ocupa.
El ejemplo transmitido por todo ello a la ciudadanía es deprimente: se dice una cosa y se hace otra, se prescinde de las reglas cuando se considera conveniente, se hurta el debate si compromete demasiado y, sobre todo, se exonera uno de cualquier responsabilidad si las cosas terminan saliendo mal. La conclusión es que este concreto hábitat de nuestra rica y diversa fauna estatal no es precisamente un modelo de funcionamiento democrático.
Rodrigo Tena Arregui es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario de Madrid por oposición (OEN 1995). Ha sido profesor en las Universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y Juan Carlos I de Madrid. Es miembro del consejo de redacción de la revista El Notario del siglo XXI.
Muy oportuno comentario, Rodrigo.
Estoy de acuerdo en casi todo menos en la apreciación de que este tipo de asuntos no tiene efectos en la ciudadanía porque demos por sentado que la fontanería estatal tiene derechos y atribuciones que se nos escapan. Claro que se ven y claro que duelen pero también es cierto que la inercia y el extraordinario poder del estado, auténtico y avispado sustituto de Dios, parecen poder con todo. A no tardar la propia fontanería podrá gobernarnos sin disfraces.
Tema hondo este de los chantajes, las connivencias y las alianzas soterradas. Hondo y extenso, que merece mucha atención porque su capacidad destructora es ilimitada.
De repente la muerte de Miguel Ángel Blanco es un sinsentido ante una fuerza de la naturaleza que otros gobiernos ennoblecen o disculpan sin subterfugios.
Como en tantas otras cosas es asunto de fibra moral de la propia sociedad. Y si tenerla es costoso más duro es mantenerla. Otra cosa que nadie hará por nosotros y mucho menos gratis. Vivimos la herencia de la revolución que sacralizó el poder absoluto del estado por nuestro bien interpretado según sus exégetas. Un saludo
Lo que comenta Rodrigo es muy preocupante, especialmente por la falta de reacción en la sociedad y en los medios de comunicación, pese a lo que dice Manu Oquendo. Parece que la sociedad y los medios prestan mucha atención al rescate del atunero, pero prefiere no enterarse de como se ha pagado ese rescate. Y la sentencia es muy clarita. Han pagado el rescate organismos públicos vinculados al Gobierno español después de que éste, por activa y por pasiva lo haya negado. Para los que tengan mala memoria después de las firmes declaraciones de puntulales del Gobierno como Maria Teresa Fernandez de la Vega lo reafirma recientemente Trinidad Jimenez, a la vista de la sentencia. Parece que la cosa es que organismos públicos vinculados al Gobierno, si somos puristas, no es lo mismo que organos públicos dependientes del Gobierno. Menudo hallazgo y menuda tomadura de pelo porque el dinerito sale del mismo sitio, de nuestro bolsillo. Y si va a salir de nuestro bolsillo, los rescats con luz y taquígrafos, por favor.
Bien mirado, la distorsión dle lenguaje de estos señores es digna de mejor causa. Por citar casos célebres, así pueden decir que el Ministro de Fomento ha “cursado estudios de Derecho”, para evitar el coste de no ser ni siquiera licenciado en Derecho (y perdón por los juristas asiduos del blog) o la Vicepresidenta del Parlamento catalán dice sin rubor que es psicologa cuando le faltaban unas asignaturas para aprobar la carrera.
En fín, se deben de creer que somos muy, pero muy crédulos. Y puede que no les falte algo de razón..
La verdad es que la sociedad española tiene un problema si deja que engañar de forma tan burda. Y verdaderamente, debería haber un clamor. Me pregunto ¿Dónde están las preguntas de la oposición al Gobierno? Y si la oposición no pregunta ¿Dónde está la prensa libre? Claro, que con unos medios de comunicación que cometen la indignidad de aceptar a ir a “ruedas de prensa sin preguntas”, qué se puede esperar.
Como han dicho los blogueros, esto no es gratis. No sólo por que el dinero sale de nuestros bolsillos, sino porque, además, con un gobierno tan fácilmente chantajeable se multiplica la posibilidad de que los españolitos sean raptados por doquier en todo el mundo.
¿Cuál es el cuajo moral de esta gente que nos gobierna?
Muy oportuno comentario, Rodrigo.
Estoy de acuerdo en casi todo menos en la apreciación de que este tipo de asuntos no tiene efectos en la ciudadanía porque demos por sentado que la fontanería estatal tiene derechos y atribuciones que se nos escapan. Claro que se ven y claro que duelen pero también es cierto que la inercia y el extraordinario poder del estado, auténtico y avispado sustituto de Dios, parecen poder con todo. A no tardar la propia fontanería podrá gobernarnos sin disfraces.
Tema hondo este de los chantajes, las connivencias y las alianzas soterradas. Hondo y extenso, que merece mucha atención porque su capacidad destructora es ilimitada.
De repente la muerte de Miguel Ángel Blanco es un sinsentido ante una fuerza de la naturaleza que otros gobiernos ennoblecen o disculpan sin subterfugios.
Como en tantas otras cosas es asunto de fibra moral de la propia sociedad. Y si tenerla es costoso más duro es mantenerla. Otra cosa que nadie hará por nosotros y mucho menos gratis. Vivimos la herencia de la revolución que sacralizó el poder absoluto del estado por nuestro bien interpretado según sus exégetas. Un saludo
Lo que comenta Rodrigo es muy preocupante, especialmente por la falta de reacción en la sociedad y en los medios de comunicación, pese a lo que dice Manu Oquendo. Parece que la sociedad y los medios prestan mucha atención al rescate del atunero, pero prefiere no enterarse de como se ha pagado ese rescate. Y la sentencia es muy clarita. Han pagado el rescate organismos públicos vinculados al Gobierno español después de que éste, por activa y por pasiva lo haya negado. Para los que tengan mala memoria después de las firmes declaraciones de puntulales del Gobierno como Maria Teresa Fernandez de la Vega lo reafirma recientemente Trinidad Jimenez, a la vista de la sentencia. Parece que la cosa es que organismos públicos vinculados al Gobierno, si somos puristas, no es lo mismo que organos públicos dependientes del Gobierno. Menudo hallazgo y menuda tomadura de pelo porque el dinerito sale del mismo sitio, de nuestro bolsillo. Y si va a salir de nuestro bolsillo, los rescats con luz y taquígrafos, por favor.
Bien mirado, la distorsión dle lenguaje de estos señores es digna de mejor causa. Por citar casos célebres, así pueden decir que el Ministro de Fomento ha “cursado estudios de Derecho”, para evitar el coste de no ser ni siquiera licenciado en Derecho (y perdón por los juristas asiduos del blog) o la Vicepresidenta del Parlamento catalán dice sin rubor que es psicologa cuando le faltaban unas asignaturas para aprobar la carrera.
En fín, se deben de creer que somos muy, pero muy crédulos. Y puede que no les falte algo de razón..
La verdad es que la sociedad española tiene un problema si deja que engañar de forma tan burda. Y verdaderamente, debería haber un clamor. Me pregunto ¿Dónde están las preguntas de la oposición al Gobierno? Y si la oposición no pregunta ¿Dónde está la prensa libre? Claro, que con unos medios de comunicación que cometen la indignidad de aceptar a ir a “ruedas de prensa sin preguntas”, qué se puede esperar.
Como han dicho los blogueros, esto no es gratis. No sólo por que el dinero sale de nuestros bolsillos, sino porque, además, con un gobierno tan fácilmente chantajeable se multiplica la posibilidad de que los españolitos sean raptados por doquier en todo el mundo.
¿Cuál es el cuajo moral de esta gente que nos gobierna?
Respondo a las preguntas de Jeremías Cohen “¿Donde están las preguntas de la oposición al Gobierno?”
Sobre el “Caso Faisán”, más de 45 preguntas en las sesiones de control de los miércoles, por un parlamentario con nombre y apellido (Martín Lázaro) a un ministro con nombre y apellido (bueno, ahora sólo nombre, Alfredo). Una pregunta, sobre el mismo tema Faisán, de hace 1 mes tuvo respuesta “jocosa” del ministro (algo así como “qué haría el Sr. L. sin mí, me recuerda la canción de “sin tí no soy nada”). El presidente del Congreso, Sr. Bono, califícó de ingeniosa y divertida la respuesta, quizá la más ingeniosa de esta legislatura.
Así estamos…, no es que se haya hurtado el debate, se ha hurtado la verdad de los hechos, y la pregunta lanzada por la oposición es ocasión para un juego dialéctico, divertido (así se califica por el Sr. Bono). ¿Estamos para diversión en nuestro país?. Si preguntas por los hechos, se divierten; si debates sobre principios, te llaman fundamentalista. Todo esto me recuerda otra canción, un poco antigua, de Mari Trini, decía “al final sólo quedan palabras”. ¿Es demasiado pedir a nuestros gobernantes algo más?
La verdad es que importa bastante poco que haya o no preguntas de la oposición en este tema y en cualquiera, dado el lamentable nivel de las sesiones en el Congreso que oscilan entre el infantilismo y la autocomplacencia más idiota. Y conste que aquí poca diferencia hay entre unos y otros, básicamente las reglas de juego son las mismas, mucha risita, muchos grititos y mucha claque. Por lo menos por ahora no usan el pinganillo para estas cosas, porque realmente es lo que les faltaba para que el espectáculo fuese total y no apto para mayores de 3 años.
Respondo a las preguntas de Jeremías Cohen “¿Donde están las preguntas de la oposición al Gobierno?”
Sobre el “Caso Faisán”, más de 45 preguntas en las sesiones de control de los miércoles, por un parlamentario con nombre y apellido (Martín Lázaro) a un ministro con nombre y apellido (bueno, ahora sólo nombre, Alfredo). Una pregunta, sobre el mismo tema Faisán, de hace 1 mes tuvo respuesta “jocosa” del ministro (algo así como “qué haría el Sr. L. sin mí, me recuerda la canción de “sin tí no soy nada”). El presidente del Congreso, Sr. Bono, califícó de ingeniosa y divertida la respuesta, quizá la más ingeniosa de esta legislatura.
Así estamos…, no es que se haya hurtado el debate, se ha hurtado la verdad de los hechos, y la pregunta lanzada por la oposición es ocasión para un juego dialéctico, divertido (así se califica por el Sr. Bono). ¿Estamos para diversión en nuestro país?. Si preguntas por los hechos, se divierten; si debates sobre principios, te llaman fundamentalista. Todo esto me recuerda otra canción, un poco antigua, de Mari Trini, decía “al final sólo quedan palabras”. ¿Es demasiado pedir a nuestros gobernantes algo más?
La verdad es que importa bastante poco que haya o no preguntas de la oposición en este tema y en cualquiera, dado el lamentable nivel de las sesiones en el Congreso que oscilan entre el infantilismo y la autocomplacencia más idiota. Y conste que aquí poca diferencia hay entre unos y otros, básicamente las reglas de juego son las mismas, mucha risita, muchos grititos y mucha claque. Por lo menos por ahora no usan el pinganillo para estas cosas, porque realmente es lo que les faltaba para que el espectáculo fuese total y no apto para mayores de 3 años.
Tras el auto de procesamiento dictado por el juez Ruz esta semana contra tres policías por el caso Faisán, los comentarios y artículos exculpatorios inundan nuestros periódicos… bueno, perdón, los periódicos de un lado del espectro. Los del otro lado echan humo pidiendo la dimisión de Rubalcaba.
Esos comentarios pivotan en torno a una idea muy simple: ¿cómo se puede hablar de colaboración con banda armada cuando no existía ninguna intención de colaborar con los fines de la banda, o, más aún, cuando la intención era combatir más eficazmente esos fines? No quiero tratar ahora el tema estrictamente penal –si para la tipificación del delito es o no necesario ese elemento ideológico- porque en mi opinión no es lo más relevante (en cualquier caso prometo un post futuro sobre este tema). El tema más interesante es, precisamente el político, porque ¿cómo puede saber el juez Ruz –y de paso nosotros- que los fines del chivatazo estaban vinculados a la negociación para terminar con ETA? Al margen de rumores, claro. ¿Es que alguien –por ejemplo el Sr. Rubalcaba- lo ha reconocido? ¿Es que alguien ha asumido alguna responsabilidad política por esa llamada de teléfono? Estoy seguro de que si alguien lo hiciese la situación procesal de los funcionarios implicados mejoraría sustancialmente.
Pero mientras eso no ocurra y el Sr. Rubalcaba se empeñe en negar la evidencia (con la misma firmeza, por cierto, con la que el Sr. Camps niega que le hayan regalado algún traje) quitándose así de encima cualquier riesgo político de cara a sus posibilidades de dirigir el PSOE en el futuro, esos abnegados policías, a los que los mencionados comentaristas tanto elogian, lo van a pasar mal. Estas son las cosas que pasan cuando se prescinden de los mecanismos del Estado de Derecho (en este caso del Parlamento) y se tira por la calle de en medio: todo empieza a chirriar mucho, pero de eso, desde luego, no tiene la culpa el juez.
Tras el auto de procesamiento dictado por el juez Ruz esta semana contra tres policías por el caso Faisán, los comentarios y artículos exculpatorios inundan nuestros periódicos… bueno, perdón, los periódicos de un lado del espectro. Los del otro lado echan humo pidiendo la dimisión de Rubalcaba.
Esos comentarios pivotan en torno a una idea muy simple: ¿cómo se puede hablar de colaboración con banda armada cuando no existía ninguna intención de colaborar con los fines de la banda, o, más aún, cuando la intención era combatir más eficazmente esos fines? No quiero tratar ahora el tema estrictamente penal –si para la tipificación del delito es o no necesario ese elemento ideológico- porque en mi opinión no es lo más relevante (en cualquier caso prometo un post futuro sobre este tema). El tema más interesante es, precisamente el político, porque ¿cómo puede saber el juez Ruz –y de paso nosotros- que los fines del chivatazo estaban vinculados a la negociación para terminar con ETA? Al margen de rumores, claro. ¿Es que alguien –por ejemplo el Sr. Rubalcaba- lo ha reconocido? ¿Es que alguien ha asumido alguna responsabilidad política por esa llamada de teléfono? Estoy seguro de que si alguien lo hiciese la situación procesal de los funcionarios implicados mejoraría sustancialmente.
Pero mientras eso no ocurra y el Sr. Rubalcaba se empeñe en negar la evidencia (con la misma firmeza, por cierto, con la que el Sr. Camps niega que le hayan regalado algún traje) quitándose así de encima cualquier riesgo político de cara a sus posibilidades de dirigir el PSOE en el futuro, esos abnegados policías, a los que los mencionados comentaristas tanto elogian, lo van a pasar mal. Estas son las cosas que pasan cuando se prescinden de los mecanismos del Estado de Derecho (en este caso del Parlamento) y se tira por la calle de en medio: todo empieza a chirriar mucho, pero de eso, desde luego, no tiene la culpa el juez.