Entre el optimismo y el pesimismo

Los jóvenes y no tan jóvenes de edad, aunque sí de sentimientos, que estos días salen a la calle reivindicando una “democracia real ya” en nuestro país, son –y no es poca cosa- el exponente más actual de una disidencia cada vez más profunda respecto a las pautas que marcan el funcionamiento cotidiano de nuestra sociedad. Sería un error creer que esa disidencia o protesta va dirigida exclusivamente contra la llamada “clase política”  y sus formas de actuación. El hecho de que los políticos (y los banqueros) se conformen prioritariamente como blanco del reproche social que se manifiesta estos días, no es más que la consecuencia de la necesidad que tiene todo movimiento de opinión de buscar un referente al que imputar de manera simplista y sin mayores consideraciones de razón los males que según ese estado de opinión afectan genéricamente a la sociedad en su conjunto. Desde este punto de vista, las miles de personas que hoy se sienten indignadas en España se conforman como un claro ejemplo en favor del optimismo revolucionario. Por fin, se dirá, el pueblo ha despertado después de tantos años de letargo y empieza a exigir algo tan elemental y vital para la propia saludad del sistema democrático como es la exigencia de una conexión más directa, abierta y transparente con sus representantes políticos.

 El lema “democracia real ya”, al menos de momento, no pone en cuestión el sistema de democracia representativa, sino más bien, el anquilosamiento e incluso desvalorización de muchos de los instrumentos de participación política propios del sistema democrático. No es suficiente con ejercer el derecho de voto cada cuatro años; es preciso además que elijamos a nuestros representantes mediante listas abiertas,  o que exijamos que el funcionamiento interno de los Partidos políticos  se rija por reglas democráticas. El lema guerrista de que “el que se mueva no sale en la foto”, no es más que una manifestación paradigmática de los aires totalitarios que rigen la vida partidaria y que, sin duda, trascienden luego a la vida política ordinaria  en todos los órdenes (disciplina férrea de nuestros representantes a las consignas del Partido y no a las demandas fundadas de los representados o a los fines de las instituciones). Y no es que se propugne la conveniencia de un mandato imperativo para nuestros representantes políticos, pero sí al menos que estos no actúen como auténticos mandatarios de determinados grupos de poder que en su actuación defienden muchas veces prerrogativas contrarias al interés general.

En definitiva, en el movimiento de los indignados/as hay motivos para el optimismo en cuanto dicho movimiento puede suponer una reconsideración de muchas de las prácticas malsanas que hoy afligen a nuestro sistema democrático.

Sin embargo, también hay motivos para el más negro pesimismo. Y no tanto porque las reivindicaciones que hoy se plantean se queden en humo por la pesada carga que siempre supone renunciar a los privilegios alcanzados, como por el hecho de que en nuestra sociedad está muy enraizada desde el punto de vista cultural la falta de respeto al espíritu de la ley. Por citar un ejemplo significativo, cuando se afirma que nuestro Tribunal Constitucional no es independiente porque sus miembros son elegidos por los Partidos políticos, se ignora o se prefiere ocultar la verdad, que no es otra,  en mi opinión,  que la de aceptar que la independencia la exige la ley pero la da la naturaleza, la educación y el ejemplo reiterado de actuación de las personas sobre la base de la libertad. El problema, por consiguiente, no está tanto en quien elija a los magistrados, sino en si estos son auténticamente independientes en su actuación frente al cualquier poder, quedando exclusivamente sometidos a la ley y al Derecho.

 Empezando por los funcionarios docentes universitarios en sus prácticas de cooptación de nuevos funcionarios, y terminando por los que cobran la prestación por desempleo mientras realizan un trabajo en la llamada economía sumergida,  el panorama  que se nos presenta es demoledor. Son pocas las expectativas para el optimismo. Y mucho me temo que el futuro inmediato no va a ir por la vía de la regeneración de algunos valores hoy claramente pervertidos, sino más bien, por la afirmación de que una cosa es lo que dice la ley y otra bien distinta cómo se aplique. Y así nos va…

¿Cómo reformar el sistema político cuando los únicos que tienen capacidad para hacerlo carecen del menor interés en ello?

Nuestro editor Rodrigo Tena reflexiona sobre esta compleja cuestión  en «Una pregunta incómoda», artículo publicado hoy en el diario El Mundo. Si desea leerlo, entre en este post. Leer más

Confianza y transparencia: las cosas de la edad y los números

El relevo en el gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha tras las elecciones del pasado 15 de Mayo han dado lugar a un espectáculo de enfrentamiento político por el estado de las cuentas autonómicas entre los dos partidos mayoritarios que no ha dejado en buen lugar a ninguno de ellos, y que nos lleva a plantear algunas reflexiones.

No queremos en este post volver a abordar el aspecto económico del impacto del déficit autonómico, que con tanta profusión se ha tratado en todos los periódicos económicos en las últimas semanas. Todo ellos han puesto especial énfasis en destacar que a pesar de su magnitud, la deuda autonómica representa menos de una cuarta parte de la deuda pública española, e incluso en el peor escenario de sorpresas “bajo las alfombras” tras los relevos de gobierno, su influencia en el peso total de la deuda no sería decisivo. Lo que queremos destacar es la tremenda perplejidad con la que se viven las sucesivas declaraciones de los responsables de economía, donde al ciudadano, ante la proliferación de cifras e interpretaciones, solo le queda preguntarse si realmente hay alguien en esos gobiernos que pueda proporcionar datos fiables sobre las cuentas autonómicas.

La importancia del rigor estadístico y contable

Esta reflexión inicial solo pretende poner sobre la mesa el debate sobre la importancia que para una sociedad democrática tiene el rigor estadístico y contable, y la credibilidad de los datos que gobiernos e instituciones públicas proporcionan a los ciudadanos.

Cuando en Enero del 2010 un demoledor informe de la Comisión Europea concluía que el gobierno griego falseaba sus estadísticas económicas, y que en los procedimientos de trabajo del Instituto Nacional de Estadística griego no existía “garantía de independencia, responsabilidad e integridad por parte de las autoridades responsables de las estadísticas” muchas cosas cambiaron en la percepción de los ciudadanos europeos. Año y medio después la situación de Grecia es bien conocida, y recobrar la confianza en un estado capaz de falsear los datos económicos básicos no va a resultar una tarea sencilla.

“Esto de los números es lo que tiene”, que es tan sencillo modificar una “simple cifra”, que cuando la realidad se resiste a cambiar, la tentación de en lugar de seguir esforzándose por cambiar la realidad, cambiar la cifra que la mide, es a veces “irresistible” para el poder político.

La desbordante imaginación para adaptar los datos

No es habitual que un estado democrático avanzado falsee de una forma burda estadísticas económicas básicas, pero entre falsear estadísticas, y matizar los resultados existe una amplia gama de grises en la que la capacidad de la imaginación no parece tener límites. Cambiar los criterios de la base estadística es uno de los mecanismos más populares. En el caso español, merecen destacarse, por la controversia que causaron, el cambio en el método del cálculo del IPC en el año 2002, coincidiendo con la llegada del euro, que produjo como resultado unos datos de inflación negativa en ese mes de Enero difíciles de “interpretar” para los ciudadanos. Quizás el caso reciente más controvertido sea el cambio de criterio al contabilizar el número de desempleados, para dejar fuera a aquellas personas que aún sin trabajo, estén asistiendo a un curso de formación. Es posible que todos estos ajustes sean perfectamente justificables y defendibles, pero sin duda crean un clima de pérdida de confianza que, a pesar de los réditos a corto plazo, no parece que en el actual escenario de desconfianza en los mercados internacionales resulte beneficioso para el país.

En este punto conviene también recordar que aunque muchas instituciones “tienen los mismos nombres”, sea instituto nacional de estadística, o tribunal de cuentas, o…, el ejemplo griego nos indica que el nombre no da el rigor y la profesionalidad, y que el instituto griego no era igual al, digamos el alemán o el español. En ese nivel de rigor y profesionalidad cuenta no solo la valía de las personas que trabajan en esas instituciones, sino también su capacidad e independencia para resistir las presiones políticas.

Lo que sucede en áreas tan sensibles como la económica puede extenderse a otros muchos sectores donde la publicación de los datos, produce a veces sorpresa, y muchas veces confusión. En un país como España, que ha vivido la mayor burbuja inmobiliaria de todas las economías europeas, sorprende la dificultad para conseguir estadísticas fiables de las casas construidas, del stock de casas vacías, o de la evolución de los precios de la vivienda. A pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Estado de Vivienda, las discrepancias entre las cifras publicadas por diferentes fuentes no dejan de sorprender, y de restar credibilidad a las publicadas por el Ministerio de Fomento. La controversia sobre el stock de casas vacías es especialmente reveladora. Siempre hay causas para entender cifras tan dispares como la que estima el Banco de España (aquí) (entre 700.000 y 1,1 millones en el tercer trimestre de 2010) y las cifras del Ministerio de Fomento (inferior a 700.000 en las mismas fechas). Las causas pueden encontrarse en la metodología utilizada, en la forma de contabilizar ciertos tipos de transacciones como las autopromociones, o en causas similares. Pero en un país donde cualquier transacción ligada a una vivienda pasa por un notario y por la constitución de una escritura pública, que el notario debe incorporar en las estadísticas que envía periódicamente a las administraciones, no deja de ser sorprendente la dificultad para contar con un único dato avalado y fiable.

La proliferación de organismos y fuentes

En otros sectores, no tan sujetos a estadísticas oficiales, han proliferado los observatorios como fuentes de datos e información. En todos ellos, la única forma de conseguir la imprescindible credibilidad debe asentarse sobre el rigor metodológico y la independencia del poder político.

En otro post ya aludimos a la preocupación con la que hemos asistido a la proliferación de organismos autonómicos, sean institutos de estadística u observatorios, que han fragmentado el análisis estadístico. Sin entrar a valorar el rigor de estos organismos, y la fiabilidad de los datos que publican, siempre cabe preguntarse si la urgencia que han mostrado las Comunidades Autónomas por crear estos organismos responde a una verdadera necesidad, y si este comportamiento transmite la necesaria credibilidad que actualmente necesita la economía y la sociedad española.

 Credibilidad y transparencia

Si partidos y administraciones quieren contribuir a mejorar la situación de confianza en la economía española, el respeto por el rigor estadístico y contable debería ser una premisa básica. La preocupación de estos días nos lleva a aplicar este criterio a la necesidad de esclarecer de forma técnicamente rigurosa y transparente el estado de las cuentas públicas autonómicas. Pero más allá de esta actualidad, el principio debería mantenerse y consolidarse como un pilar básico de una sociedad democrática. Credibilidad y transparencia son elementos imprescindibles para, a partir de un diagnóstico acertado, aplicar las políticas públicas más adecuadas.

La legitimación sindical a debate: representación institucional vs. representación unitaria.

Una más de las verdades hasta ahora socialmente aceptadas de nuestro vigente sistema político que, en este clima de “indignación”, se está poniendo en tela de juicio es el de la legitimación real de las grandes centrales sindicales como representantes de los trabajadores de cara a su legitimación a la hora de negociar con la Administración y los representantes de las empresas la regulación del mercado de trabajo y otras cuestiones sociales. Este debate público, como la mayoría, no deja de estar plagado de lugares comunes y tópicos descalificadores pero, en realidad, la cuestión no está exenta de matices relevantes que vamos a intentar desbrozar en este post.

 En España, la representación de los trabajadores se articula, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical de dos maneras distintas que, sin embargo, se manifiestan simultáneamente.

 Por una parte, existe una representación unitaria en cada centro de trabajo desempeñada por los delegados de personal y los miembros de los comités de empresa que son elegidos por los propios trabajadores a través de los correspondientes procesos electorales. En paralelo, existe una representación institucional que se articula, en el ámbito interno a través de las denominadas secciones sindicales que puede crear cada sindicato en las empresas o centros de trabajos, y en el ámbito supraempresarial, a través de la representación institucional atribuida legalmente a las centrales sindicales que tengan la condición de más representativa en sus respectivos ámbitos. Nos encontramos pues, con una presunción iure et de iure de que esos sindicatos son representativos y de esa presunción nace la legitimación que la ley les atribuye a la hora de negociar convenios colectivos.

La Ley Orgánica de Libertad sindical es la que define la condición de sindicato más representativo, tanto a nivel estatal como de Comunidad Autónoma, al establecer que tendrán la consideración de sindicatos que, por si mismos o unidos a una federación o confederación a la que pertenezcan, acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, de un 10% o más cuando se predica del Estado y del 15 % o más  cuando se predica de la Comunidad Autónoma, del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas.

Existe una categoría intermedia constituida por aquellas organizaciones sindicales que aún no teniendo la consideración de más representativas hayan obtenido, en un ámbito territorial y funcional específico, el 10 % o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas. Estas entidades tendrán que ser tomadas en cuenta a los efectos de las correspondientes negociaciones de las condiciones de trabajo, pero no ostentarán la representación institucional ante las Administraciones Públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tengan prevista, ni podrán obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan legalmente. Tampoco se beneficiaran de las subvenciones que se reparten los dos grandes sindicatos que, sin tomar en cuenta las partidas relacionadas con la formación ni otras subvenciones puntuales, sumaron para 2010 la cuantía de 21 millones de euros. La ley y la práctica administrativa, parece premeditadamente diseñada para que esos privilegios queden reservados, en el ámbito estatal, para UGT y CCOO.

Cuentan los viejos sindicalistas que la razón de ser de tal dualidad viene derivada de la necesidad de equilibrar el diferente peso real de CCOO y UGT durante la transición. Efectivamente, la mayor actividad de CCOO durante las postrimerías del franquismo permitió que esta central sindical estuviera mucho más implantada que la UGT en los inicios de la democracia de manera que residenciar la representación de los trabajadores en un sistema unitario hubiera perjudicado la posición relativa de la UGT respecto de otros sindicatos emergentes no vinculados a ningún partido político. Durante la negociación, el PSOE consiguió que a través de la figura de la representación institucional UGT mantuviera una posición de paridad desde el primer momento que ayudo a que, más tarde, se fuera implantando en los centros de trabajo hasta  alcanzar una equiparación de ambas formaciones en las sucesivas elecciones sindicales.

 En cualquier caso, lo cierto es que la representatividad de los sindicatos no viene dada por el número de afiliados que tengan, sino por los resultados obtenidos en las elecciones internas de las empresas, que son computado de manera continuada por la autoridad laboral. Y esa condición prima a los declarados como “más significativos” en todos los ámbitos, no solo en el ámbito insititucional” sino incluso en la propia acción sindical dentro de la empresa aunque no se tenga implantación real en ella, dando lugar a un curioso contrate, pues como señala GARCIA MURCIA: “hay ocasiones en las que no cabe ninguna duda sobre la conveniencia de  seleccionar o primar a los sindicatos más representativos, como ocurre en el ámbito de la participación institucional; pero no sucede lo mismo cuando se trata de la acción sindical en la empresa”.

 El reciente Real Decreto Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de negociación colectiva refuerza esa artificial legitimación al reformar el art. 87 del Estatuto de los Trabajadores, haciendo primar la legitimación de las secciones sindicales en la negociación frente a la representación unitaria siempre que las secciones así lo acuerden y tengan la mayoría de los miembros del comité de empresa. Lo que en la práctica deja fuera de la negociación colectiva a las representaciones de los sindicatos minoritarios en los comités de empresa. Además la nueva ley restringe la legitimación para negociar los convenios colectivos para un grupo de empresas y cuando afecten a una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas en su ámbito de aplicación, solo a los sindicatos que tengan la condición de más representativos a nivel estatal, de comunidad autónoma o cuando se supere el porcentaje del 10% en el número total de representantes de los trabajadores.

 Según cita el profesor PALOMEQUE LOPEZ  en 1991, última vez en la que se publicaron oficialmente en el BOE los datos de las elecciones sindicales, concurrieron a las mismas más de 270 sindicatos. Según este mismo autor “con datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración referidos a 1 de enero de 2009, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), con 126.893 representantes elegidos en sus listas (trabajadores y funcionarios), dispone en el presente del 39,0 por 100 de la representación general. En tanto que la Unión General de Trabajadores (UGT), por su parte, con 120.721 representantes elegidos, del 37,1 por 100 de la representación total. Ambas confederaciones alcanzan conjuntamente en la fecha considerada, así pues, nada menos que el 76,1 por 100 del total de los representantes elegidos en el territorio nacional, esto es 247.614 representantes elegidos en las listas de estos sindicatos sobre un total general de 325.057 representantes electos”. Este autor ha intentado actualizar esta información referida al 1 de enero de 2011 pero, tal vez por torpeza propia, no ha podido ser posible. Se admite cualquier información complementaria al respecto.

 Lo cierto es que el número de representantes de los sindicatos tradicionalmente mayoritarios está tendiendo a disminuir por su menor peso en las Administraciones Públicas, en donde CSIF y USO han ganado las últimas elecciones sindicales y porque cada vez se está produciendo una creciente dispersión del voto al surgir numerosos sindicatos independientes de ámbito reducido (muchas veces de ámbito empresarial) consecuencia de las disensiones y escisiones producidas en los grandes sindicatos.

 Tal vez sea esa la causa de que en la reciente reforma se haya reforzado el rol de la representación institucional de los sindicatos más representativos (CCOO y UGT) en detrimento de la representación unitaria. Al final, vuelven a usarse las disposiciones legales para mantener inalterado el statu quo heredado de la transición tendente a mantener un reducido número de interlocutores sociales. Es indudable que si las reglas del juego fueran un poco más abiertas, se produciría una renovación en los interlocutores sociales de los trabajadores.

No hay Derecho…

No hay derecho a que las Administraciones públicas (de todos los niveles y colores) actúen movidas por intereses partidistas y dejen de lado los verdaderos intereses de los ciudadanos. Porque estamos asistiendo, en los últimos años, al agotamiento de nuestra capacidad de asombro como juristas al ver actuaciones claramente contrarias a Derecho que los ciudadanos y las empresas tienen que cumplir porque, en aplicación del principio de presunción de legalidad, han de asumir la carga de recurrirlas ante los Tribunales para obtener la razón, después de un largo peregrinaje.

Resulta sencillamente increíble -pero lamentablemente es cierto- que los fondos inicialmente destinados al cumplimiento de una serie de compromisos contractuales sean desviados a otras atenciones, con preterición absoluta de los derechos que la Ley reconoce a los contratistas, poniendo en grave riesgo la subsistencia de buena parte de nuestras empresas. Y resulta inadmisible que se esté confundiendo, constantemente, la discrecionalidad administrativa con la mera arbitrariedad (proscrita por el artículo 9.3 de nuestra Constitución) al socaire, también, de esa presunción de legalidad que cubre la actuación de las Administraciones públicas.

No hay derecho a que buena parte de nuestra clase política ocupe cargos públicos con el único afán de medrar y alcanzar niveles de calidad de vida que, como simples particulares (o profesionales) no podrían alcanzar nunca. Porque es lamentable el espectáculo que están dando estos días quienes tienen que abandonar la poltrona que han estado ocupando desde hace años, y se resisten a  ello, por el pánico que les causa volver a  ser meros ciudadanos de a pie (esto es, sin coche oficial). Tampoco es de recibo la situación de nuestros parlamentarios cuya retribución y horas de trabajo no se corresponden, en absoluto, con su dedicación real a las tareas que tienen encomendadas. Y me refiero no sólo a los Diputados y Senadores de nuestras Cortes Generales (que parece que algo van a rectificar) sino a los cientos de parlamentarios de las Asambleas autonómicas cuya función real y su relación rendimiento/retribución cabe poner en tela de juicio. Porque mientras no se reformen estas instituciones y los propios partidos políticos, carece de sentido tener que hacer frente al gasto que suponen todos los parlamentarios, cuando a la  hora de la verdad todos ellos pulsan el botón de voto que les es ordenado por su partido. Bastaría con tener un representante de cada uno de los partidos con derecho a formar parte de los parlamentos asignándole el número de votos que le corresponde, lo que supondría un buen ahorro a las arcas públicas (mientras no exista libertad de voto de los parlamentarios).

No hay derecho a que no pueda conocerse el destino exacto de los fondos públicos (en el Gobierno, las Comunidades autónomas y los Ayuntamientos) porque, entonces, la función de los Tribunales de Cuentas y de la Intervención, o bien resulta absurda o bien es ineficaz. Y es que no alcanzo a entender que cuando se hace cargo del gobierno de una Comunidad (o de un Ayuntamiento) un partido político diferente al que ocupaba el poder, aparezcan incrementos muy notables del endeudamiento real o gastos no justificados. Tenemos derecho a una trasparencia total del gasto público, de la misma forma que Hacienda investiga y controla nuestros ingresos y pagos de impuestos, porque es con cargo a estos impuestos que se sufraga la mayor parte del gasto público.

Y no hay derecho a que para aprobar determinadas Leyes en el Congreso (y también en algunos parlamentos autonómicos) se «cambien» votos por otras concesiones políticas como si se tratase de simples cromos. Así salen las leyes que salen, entre otras, las de Presupuestos Generales del Estado, las denominadas leyes «omnibus» y otras tantas que, en sus disposiciones Adicionales, regulan cuestiones que nada tienen que ver ni con el nombre ni con el articulado de la Ley. Este es el caso reciente de la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, en una de cuyas Adicionales se establecen medidas para las concesiones de autopistas. O sea, un auténtico despropósito que luego trae a los juristas de cabeza tratando de indagar el auténtico sentido de unas normas que carecen de la más mínima técnica legislativa.

Me uno, por todo lo expuesto (y por otros desatinos que quedan en el tintero), a buena parte de los mensajes lanzados por la plataforma 15-M -rechazo otros- sin perjuicio de que me siga preguntando quién es, realmente, el mensajero. En todo caso, creo que podemos cuestionarnos si, en nuestra sociedad actual, existe realmente el Derecho (al menos como nos lo enseñaron auténticos juristas) porque quienes se ocupan de dictar las normas parece que se saltaron algunas clases y andan ocupados en otros menesteres alejados del auténtico interés público.

Eppur si muove… Artículo de nuestro colaborador José Luis Villar en Diariocrítico.com

Ahora que parece que, según algunos de nuestros más insignes líderes de opinión, el 15-M “no ha sido más que violencia”, o con su característica erudición (de corta pega) nos informan que “por ahí comenzó el nazismo”, debemos prepararnos convenientemente para ver desfilar mañana por nuestras calles a las disciplinadas formaciones Sturmabteilung o «SA» del 15-M. Debemos prepararnos para escuchar sus cánticos y gritos sin fundamento (político, científico, económico) pidiendo la demolición del Estado de Derecho, su sustitución por la dictadura fascista y proclamando la supremacía racial del españolito de a pié y en paro. Y lo peor de todo, encima escucharlo en castellano, en vez de en catalán (como molesta especialmente a Carod Rovira) lo que demuestra aún más, especialmente si se hace en Barcelona, su innegable filiación fascista.

Verdaderamente, entre los que se ponen a analizar técnicamente cada una de sus propuestas como si fueran Proyectos de Ley enviados al Parlamento (ya me gustaría a mí que los Proyectos de Ley se estudiaran así) y las descalificaciones de nuestros líderes de opinión, se nos está pasando por alto algo muy importante. Nuestro colaborador José Luis Villar nos habla de ello en este interesante artículo.

¿Hay tramitación telemática de sociedades?

Aunque los editores y colaboradores de este blog nos instan a los redactores a huir de polémicas meramente corporativas, creo que el estado de la tramitación telemática de las sociedades mercantiles es una cuestión de interés general, especialmente para los internautas que, se supone, son nuestros lectores naturales.|

El Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de 2011 fue anunciado a bombo y platillo como el gran hito en esta materia en cuanto que resolvía de una vez por todas los numeroso problemas que intentos anteriores habían planteado y permitía tramitar sociedades telemáticamente en muy poco tiempo y con un coste ridículo.

Aunque la norma era bastante deficiente y planteaba muchos problemas, como destacó Ignacio Gomá en otro comentario en este blog, lo cierto es que los notarios nos pusimos disciplinadamente  a la tarea y empezamos a informar a nuestros clientes de las bondades del sistema y a autorizar las escrituras de constitución.

Lo que ocurrió es que la inmensa mayoría de esas escrituras fueron rechazadas por los registradores mercantiles competentes en base a una interpretación más que rigurosa de la norma que entendía, por ejemplo, que el cliente perdía todos los beneficios si él mismo solicitaba la certificación negativa del nombre, que los plazos no sólo se imponían a notarios y registradores sino también a los interesados en su propio perjuicio, que la exención fiscal no excusaba de la presentación previa (en papel al no estar prevista la presentación telemática) en la oficina liquidadora o que había que hacer un depósito para pagar unas tasas por publicación en el BORME que la propia norma suprimía.

Las calificaciones fueron objeto de diversos recursos que fueron resueltos por la Dirección General de los Registros y del Notariado rechazando todos los impedimentos alegados en las respectivas calificaciones. Pero como parece que las resoluciones, vinculantes para todos los registradores, no eran suficientes la Dirección General consideró oportuno publicar una Instrucción, de 18 de mayo de 2011, que, supuestamente, resolvía todos los problemas.

Hasta ese momento la posición en que nos encontrábamos los notarios era bastante comprometida ya que teníamos que informar a nuestros clientes de las virtudes y ventajas del sistema pero también advertirles de la posibilidad de toparse con una calificación desfavorable que alargase el plazo de tramitación mucho más de lo que promete la ley y de lo que proporciona el sistema tradicional de tramitación. Además nuestra situación se agravaba por insidiosas declaraciones públicas que nos acusaban a los notarios de estar paralizando la aplicación del nuevo sistema para eludir la reducción arancelaria. De hecho, la solución que yo y mis dos compañeros de despacho adoptamos consistió en informar a los clientes de la situación existente, de las ventaja e inconvenientes, sobre el papel y en la práctica, de los diversos sistemas de tramitación y, en todo caso, cualquiera que fuese el sistema de tramitación elegido, aplicar la reducción arancelaria prevista por la nueva legislación.

Así las cosas, con la publicación de la Instrucción los notarios consideramos que, por fin, se iba a poder aplicar la ley sin problemas pero se trató sólo de un espejismo ya que muchos registradores mercantiles siguen rechazando las inscripciones de estas sociedades. Así, por ejemplo, en el mes de junio uno de los mayores registros mercantiles de España rechaza la inscripción en base a:

1. Aunque la Instrucción destaca la reducción de costes que supone la exención de tasas de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el registrador alega que no se ha realizado la provisión de fondos para la publicación de datos en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» que exige el artículo 426.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

2.- Aunque la Instrucción declara que siguiendo la doctrina ya consolidada en otros ámbitos y en consonancia con los fines de agilización y reducción de cargas administrativas de éste último, para la calificación e inscripción de sociedades de capital en el Registro Mercantil, no será necesaria la presentación del documento de autoliquidación con alegación de la exención, el registrador considera que no puede practicar la inscripción porque no consta la exención o el cumplimiento de la liquidación del Impuesto (artículo 86 R.R.M.).

Ciertamente, ante tales situaciones a los notarios se nos hace difícil explicar al cliente, al que habíamos prometido un plazo de constitución de muy pocos días, que las alternativas que tiene son recurrir ante la Dirección General para que dicte una resolución, que puede tardar tres meses, que obligue al registrador a inscribir, acudir a los tribunales o agachar la cabeza, recoger la copia en papel y comenzar, con el consiguiente retraso, la tramitación tradicional.

La postergada ley de transparencia

La exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, ha tenido que entregar a los medios de comunicación que lo han solicitado sus correos electrónicos escritos durante su mandato. La solicitud tiene su base legal en la Ley de libertad de información. ¿Se imagina alguien una situación similar en España?. Aquí no disponemos de esa ley.|

“Libertad de Información. Tres palabras inofensivas. Contemplo esas palabras mientras las escribo y me entran ganas de sacudir la cabeza hasta que se me caiga. Serás idiota. Serás ingenuo, insensato, irresponsable, memo. Realmente no existe una descripción de la estupidez, por viva que sea, que valga. Me estremezco ante la estupidez de la idea. Una vez que me di cuenta de toda la enormidad de la metedura de pata…”. Esta es la  sincera reflexión que hace Tony Blair –ex premier británico-, en sus recién publicadas memorias, sobre la oportunidad de la Ley de libertad de información del Reino Unido. Debe recordarse, a título de ejemplo, que en base a esta ley se descubrieron los importantes fraudes en los cobros de los parlamentarios británicos y, como señaló Soledad Gallego-Díaz, “no es casualidad que los países en los que la ley obliga a las administraciones a trabajar con mayores niveles de transparencia sean precisamente los países con menores índices de corrupción y mayor satisfacción ciudadana”. 

Es de esperar que la valoración de Blair en sus memorias sobre los efectos de las leyes de transparencia no haya influido en el encallamiento del anteproyecto de ley de transparencia y acceso de los ciudadanos a la información pública, filtrado a la prensa el pasado verano y que parece dormir el sueño de los justos en algún cajón del Ministerio de la Presidencia. Parece que no hay voluntad política de sacarlo adelante ni de someterlo a información pública. 

El filtrado anteproyecto adolece de un defecto de primer orden: el prelegislador no tiene claro que el derecho de acceso a los documentos forma parte del contenido esencial del derecho fundamental reconocido en el artículo 20 de la Constitución española, que reconoce y protege el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Así lo ha reconocido la jurisprudencia internacional (Sentencia de 19 de septiembre de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).  Por ello se proyecta una ley ordinaria, cuando el rango debe ser de orgánica. El “error” conceptual  tiene especial repercusión en cuanto a la regulación y protección jurisdiccional del derecho fundamental, pues, por ejemplo, su vulneración sería objeto de protección por el recurso de amparo ordinario y, en su caso, constitucional, si se entiende bien la naturaleza del derecho. 

El reconocimiento efectivo del derecho de acceso a los documentos públicos está en crisis. A pesar de la palabrería sobre la transparencia y la buena gobernanza, varios años lleva tramitándose en la Unión Europea una reforma del Reglamento 1049/2001, que regula esta cuestión y que, como ha criticado el Parlamento Europeo, es una reforma a peor, un paso atrás más que un paso decidido enmarcado en un impulso para una mayor transparencia. Asimismo, existe abundante jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea y actuaciones del Defensor del Pueblo de la UE que ponen de manifiesto las constantes vulneraciones del derecho de acceso, especialmente por la Comisión Europea. De hecho, buena parte de las actuaciones del Defensor del Pueblo se refieren a esta materia. A pesar de que las excepciones al derecho de acceso deben interpretarse y aplicarse restrictivamente, como ha señalado con reiteración el Tribunal de la UE, son muy frecuentes las denegaciones de acceso basadas en razones peregrinas, lo que obliga al peticionario a solicitar la revisión de las solicitudes, lo que hace perder el efecto útil al derecho, al retardar el acceso. Incluso, algún Estado miembro llega a considerar que sus relaciones con la Unión Europea entran dentro de la excepción “relaciones internacionales” para negarse a que las instituciones comunitarias entreguen documentos obrantes en expedientes comunitarios. 

Respecto a los destinatarios del derecho, Blair –en sus memorias- dice que “la verdad es que la Ley de Libertad de Información no la utiliza, en su mayoría “el pueblo”. La utilizan los periodistas…” Esto no es cierto, al menos en el ámbito europeo. En primer lugar, los titulares del derecho no son los periodistas, sino “todos”. Y en segundo lugar, en el ámbito de la Unión Europea, donde el derecho es ejercido habitualmente, las solicitudes de acceso son realizadas en gran medida por académicos, abogados, organizaciones no gubernamentales, y –también- periodistas. En cualquier caso, el derecho de acceso es general y no condicional: la autoridad pública no debe preguntar para qué le piden información. 

La norma que se proyecte finalmente en España debe tener carácter de orgánica y debería tener muy en cuenta la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la UE y la doctrina elaborada por el Defensor del Pueblo Europeo.

Open data: el gobierno abierto como garantía de transparencia y buen gobierno.

Creemos los editores de este blog que la transparencia y el Gobierno abierto  son cuestiones fundamentales en España aquí y ahora. Efectivamente, en el momento presente a la situación de crisis económica que vivimos en España y otros países de nuestro entorno se añade una importante crisis institucional y política puesta de manifiesto por la creciente desconfianza y alejamiento de los ciudadanos hacia sus gobernantes y gestores públicos, reflejada una y otra vez en las encuestas del CIS, por ejemplo, o en Movimientos como los de 15M. Uno de los medios para recuperar la confianza y acercar de nuevo las políticas públicas y sus gestores a los ciudadanos es promover el llamado “gobierno abierto” (“open government” en inglés) aprovechando las ventajas que ofrece INTERNET y las nuevas tecnologías para facilitar, de un lado la transparencia de las políticas públicas, y de otra la participación de los ciudadanos en dichas políticas no solo mediante su valoración crítica y control sino también mediante sus aportaciones y participación activa.|

En definitiva, podemos decir que una administración es transparente cuando hace pública, o entrega a cualquier persona interesada, información sobre su funcionamiento y procedimientos internos, sobre la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros, sobre los criterios con que toma decisiones para gastar o ahorrar, sobre la calidad de los bienes o servicios que ofrece, sobre las actividades y el desempeño de sus directivos y empleados públicos, etc. 

Con la finalidad de impulsar esta transparencia y este gobierno abierto queremos dar cabida en nuestro blog a la publicación de artículos o posts sobre este tema, tanto de colaboradores habituales como de firmas invitadas, aunque no sean estrictamente jurídicos. En este caso, además, el post tiene mayor interés porque su autor post, Jacobo Elosua, es también vicepresidente de “Probono público,” una asociación sin ánimo de lucro que promueve el open data y que gestiona el cada año más importante concurso “Desafío Abredatos”

Post de Jacobo Elosua publicado en el blog de El País.

http://blogs.elpais.com/3500-millones/2011/06/open-data-y-las-aplicaciones-por-la-transparencia.html

Cómo incentivar que los políticos trabajen para la sociedad.

Los resultados, repetidos machaconamente, por los barómetros del CIS y los diversos grupos de indignados (estén o no encuadrados en el movimiento 15 M pues no es Sol todo lo que reluce) parecen indicar algo obvio: la sociedad española no está contenta con sus políticos. Cabría sostener que esto ocurre en todos los países democráticos (donde por cierto la abstención es en ocasiones mucho mayor que la española) pero ello no puede servir de coartada ni justificación, primero porque el grado de desafectación en España parece creciente, segundo porque carecemos un diagnóstico serio de las causas, y tercero porque mal de muchos, consuelo de…|

En este post, sin embargo, vamos a concentrarnos tan solo (por razones de espacio) en plantear un posible cambio de paradigma en el que se introduzcan algunos inventivos que “fuercen” a los políticos a trabajar para la sociedad y no para sus partidos o intereses particulares/electorales. Con esto no queremos decir que todos los políticos los necesiten pues algunos tienen real vocación de servicio público, pero se trata de contrarrestar los casos (crecientes) de políticos incompetentes, corruptos o simplemente caraduras, lo que contamina la imagen de toda la clase política.

El problema de plantear incentivos para políticos y cargos públicos, ligados por ejemplo a la eficacia y transparencia de su gestión, es la dificultad de su medición y de encontrar índices objetivos para todos. Por tanto, como alternativa proponemos unir salarios (su aumento, congelación o reducción) de cargos políticos a beneficios y productividad. Pero ¿cómo medir esto en un diputado o concejal, e incluso consejero o ministro? ¿Bastarían los resultados de unas elecciones que se celebran cada cuatro años para validar o no la productividad de un cargo político? ¿Podría unirse su salario al incremento o reducción del IPC como el resto de asalariados? Tal vez, pero quizás cabe considerar que los políticos influyen de manera más directa que otros en la marcha de la economía con sus propuestas, decisiones, omisiones y medidas. Habrá quien diga que esto no es así, que la economía depende de las empresas y trabajadores y no tanto de los políticos, pero entonces ¿por qué cambiamos de gobierno?, ¿por qué sube o baja la bolsa en relación a medidas políticas?, ¿o por qué un país y su economía cambian de signo cuando cambia de gobierno? Entonces si el marco regulatorio, unas instituciones serias y de prestigio y un buen gobierno son fundamentales para que la economía de un país funciones ¿por qué no unir el salario de los cargos políticos con el crecimiento de la economía que consiguen con su labor o con el déficit público que producen (inversamente)? Esto es, si no consiguen con su labor que la economía crezca, su salario tampoco lo haría, y si el déficit se incrementa su salario podría decrecer.

Por ejemplo, si el sueldo de los cargos políticos (representantes y gobernantes) de los tres niveles quedara «congelado» (lo que implica de hecho una reducción anual y acumulativa debido a la inflación) hasta que sus respectivos territorios crezcan más del 2% (cifra a partir de la cual se crea empleo en España) conseguiríamos varias cosas:

-reforzar la motivación de todos los partidos políticos para conseguir mejorar el crecimiento de la economía.

-verdadera solidaridad entre políticos y sociedad

-no caeríamos en el populismo de otras medidas generalizadoras

-sería verdaderamente novedoso y supondría equiparar sector público con sector privado ya que, en términos políticos, los beneficios se cuantificaría con el nivel de empleo y riqueza que se consigue para la sociedad.

En definitiva, se trata de extrapolar criterios que se aplican (o al menos deberían aplicarse también en España, cosa que en algunos casos está por ver, pero esto es otra historia) en el ámbito de las grandes empresas y corporaciones. Ciertamente, todo es discutible y esta propuesta también, pero mejor un mal criterio que ninguno y en todo caso es algo que se debe estudiar dados sus efectos potencialmente revolucionarios y de cambio de paradigma. Tal vez nuestros amigos de Nada es gratis podrían aportar su opinión sin duda más rigurosa que la mía al respecto. Ahí queda el guante.

 Por cierto, ¿qué hubiera pasado si el pepino hubiera sido francés? Pues que, incluso con las mismas reglas, la doble vara de medir mostraría su vigencia.