De la chocolatada del loro: reflexiones sobre oficinas de expresidentes regionales y otras historias de despilfarro.

El título del post se refiere a unas simpáticas excursiones que hacíamos en mi infancia las amigas del verano para organizar gigantescas chocolatadas al aire libre, pero también a la conocida frase “esto es el chocolate del loro” con que nuestra casta política intenta convencernos de que no hay que reparar en gastos tan nimios como oficinas suntuosa, coches, trajes, comidas, aviones y AVES en preferente, y en general todo tipo de gastos de representación o protocolo, por extravagantes que sean, con cargo al contribuyente|. Resulta prioritario recortar otros gastos que realmente si son de cuantía importante… pero el problema es que esas otras gastos ya se refieran a inversiones, subvenciones o sueldos suelen ser bastante más complejas de recortar, cuando no resulta que, al final, acaban también por ser el chocolate del loro. Conclusión, que estos gastos no se recortan ni aún en época de crisis, y si no vean sus cifras de crecimiento, especialmente en los ámbitos autonómico y local, porque los loros autóctonos se ve que le tienen mucha afición al chocolate y son muy remisos a la dieta.  Y cuando luego hay que recortar algo por imposición de “los mercados” o los socios del euro se acaba recortando linealmente los sueldos de los funcionarios, las inversiones…o los servicios públicos como en Cataluña. Pero resulta que el loro, o para ser más exactos, nuestros políticos se siguen tomando su chocolate como si nada.  Eso sí, en las tomas de posesión ya no dan canapés, pero los altos cargos vienen todos en coche oficial.

Después de esta introducción un poco contundente porque es domingo y estoy escribiendo para el blog, quiero hacer una serie de reflexiones sobre este tipo de gastos de representación que se han multiplicado estos últimos años.

La primera, que todos esos gastos en despachos, arreglos de despachos, coches, despachos, comidas, viajes, etc realmente suponen cantidades relevantes de dinero para el erario público. No son el chocolate del loro, son cantidades importantes sobre todo en términos de presupuestos municipales y de consejerías. Aunque reconozco que yo, lo mismo que ustedes, me entero de su existencia y, con suerte, de su importe por la prensa. Pero no dudo de que lo que aparece en la prensa es la punta del iceberg, dada la opacidad que reina en esta materia, no vaya a ser que al final resulte que a la gente de a pie le parezca inverosímil lo que puede costar el chocolate del loro. Por ejemplo, la remodelación del Palacio de Correos de Madrid a mayor gloria del Alcalde cuando el municipio de Madrid tiene una deuda astronómica y tarda meses en pagar a sus proveedores, eso cuando no les impone rebajas a capón para poder cobrar. La remodelación ha costado seis años de obras y 124,6 millones de euros según esta noticia.

Claro que también nos acabamos de enterar que en Madrid cada concejal del Ayuntamiento coche y medio por cabeza, el propio y el de incidencias.

La segunda, a mi juicio estos gastos de representación son muy fáciles de recortar porque, salvo demostración en contrario -que debería por cierto corresponder al gestor público, no son gastos necesarios ni esenciales para el buen funcionamiento de los servicios públicos, aunque al cargo en cuestión le pueda parecer otra cosa. Precisamente por eso, porque son gastos de representación o institucionales. Por ejemplo, los coches oficiales son una muestra de “status”, lo mismo que un despacho muy representativo. Los coches, por ejemplo, sirven básicamente para trasladar a los cargos públicos a reuniones, eventos, inauguraciones, cortes de cintas y saraos variados. Eso, en el mejor de los casos, porque ya sabemos que también sirven para recoger niños, hacer compras, hacer excursiones o para cualquier otra actividad digamos “privada”.  Los despachos representativos son más bien para recibir que para trabajar, aunque hay que tener en cuenta que cualquier cargo público que se precie no trabaja en el sentido ordinario que esta palabra tiene, ya que lo que hace es dirigir o representar.  Y no digamos ya los excargos, alguien debería explicarnos que es lo que hacen estos señores que justifique sus gastos de representación, como en el caso del ex Presidente de la Junta de Extremadura.

En cuanto a los viajes, especialmente los viajes en preferente, tampoco parece difícil recortarlos, si partimos del dato de que un gasto de este importe solo se justifica excepcionalmente cuando el viaje es a un sitio muy lejano y se va porque realmente es imprescindible ir. Pero quizá lo más interesante es saber por qué nuestros cargos electos viajan continuamente, especialmente los autonómicos y locales, a cargo del contribuyente cuando al menos teóricamente hay un montón de cargos y funcionarios estatales dedicados específicamente a las relaciones internacionales.

Podemos hablar también de los despachos que se arreglan incesantemente o de las mudanzas caprichosas que son el pan nuestro de cada día y que son muy costosas, en tiempo y en dinero. También de las que obedecen a remodelaciones caprichosas de gobiernos autonómicos o locales, fusiones, escisiones, cambios de organigrama que llevan consigo un trasiego continuo de personas y de despachos. Cuestan buenos dineros a los contribuyentes y poco consuela pensar que es para que nuestros representantes ejerzan sus responsabilidades en el marco más agradable posible. Podemos seguir con comidas, regalos institucionales, gadgets tecnológicos de última generación para directivos siempre pagados por los contribuyentes…y así hasta el infinito.

La tercera reflexión, que ya aparece implícita en la anterior, es que cualquier gasto que no es necesario para el ejercicio de una función pública, aunque pueda serlo para el bienestar personal de quien la ejerce, es superfluo y  suntuario y puede y debe de ser recortado si no eliminado directamente. Sobre todo en época de crisis. Ya se que suena arcaico y hasta produce cierto pudor hablar a estas alturas de ética y decencia, pero es que estamos hablando de eso.  Los ciudadanos estamos haciendo muchos sacrificios, así que parece razonable que nuestros políticos hagan también alguno, sobre todo cuando esos sacrificios no comprometen en absoluto el desarrollo de sus funciones, aunque puedan resultarles incómodos o simplemente –en su imaginario al menos- hacerles perder cierto “nivel” o “prestigio”. Pero creo que se compensaría con creces con la recuperación de la idea básica de que son servidores de los ciudadanos, cuyos intereses y cuyo dinero gestionan, y que precisamente por eso deben de ser especialmente cuidadosos. Y fíjense que no estamos hablando de sueldos sino de símbolos de status, tarjetas, coches, despachos,  viajes, regalos, etc que funcionan en la práctica como “retribuciones en especie” de los políticos y los directivos públicos, valga la expresión, y eso en el mejor de los casos.

La cuarta reflexión, un poco más jurídica, es que no es de recibo refugiarse, como han hecho los portavoces del PSOE en el caso paradigmático de los disparatados gastos de la oficina del Ex presidente Ibarra, en la legalidad de estos gastos, dado que hay una norma que los permite,, en este caso nada menos que una Ley autonómica aprobada a propuesta del Ex presidente saliente que se iba a beneficiar de ella. A mí, como jurista de cierta edad, me enseñaron que una Ley debiera de ser algo más que una norma que aprueba una Asamblea regional para  beneficiar a un señor concreto a propuesta de ese mismo señor concreto. Esto es la Ley digna de tal nombre tiene que tener carácter general y no por particular. Ya hemos denunciado innumerables veces en este blog la degradación de nuestras Leyes, particularmente de las leyes autonómicas, pero también de las estatales. Es sin duda es una de las características más preocupantes  de la decadencia de nuestro Estado de Derecho. Pero es que además la Ley 3/2007 de 19 de abril, por la que se regula el Estatuto de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta de Extremadura (por cierto, no he encontrado el texto, la búsqueda de la legislación autonómica en el buscador de la Asamblea no es fácil) tampoco ha establecido la “barra libre” para los gastos de esta oficina. Esta decisión ha sido sobrevenida, habiendo sido la Mesa del Parlamento regional, controlada por el PSOE, la que ha permitido esa barra libre, al menos si hacemos caso de las noticias que se están publicando en la prensa.

Tampoco me parece de recibo que se nos diga que al Tribunal de Cuentas (no sé si es el autonómico o el de verdad, por cierto) no ha encontrado problemas en las facturas, ya que supongo que como mucho habrá comprobado la existencia de las mismas a nombre de la Junta y los conceptos (tengan en cuenta que no siempre hay facturas ni los conceptos se corresponden con los gastos de representación, ni siquiera entendidos en el sentido más amplio posible)  o que el escándalo que se monta es “interesado”, o que otras autonomías hacen lo mismo, o que es una conjura mediática de la ultraderecha contra un Ex presidente ejemplar. Si estas cosas pueden estar pasando a estas alturas de 2011 sin que nadie diga nada hasta que las noticias saltan en la prensa, con origen en una Ley de 2007 de cuya existencia nos enteramos ahora, realmente tenemos un problema de opacidad y de falta de transparencia en relación con estos gastos muy grave. Y de nuevo la pregunta del millón ¿para qué necesita un  ex Presidente de un Gobierno regional una oficina,  personal, coches y gastos adicionales pagados por todos? Se me ocurre que la contestación no es tanto para hacer lobby a favor de la Junta sino para hacer lobby a la Junta. Y sobre todo, para mantener un status sin el cual al parecer ya no le resulta posible vivir.

Eso sí, de algo ha servido todo el ruido mediático porque parece que el ex Presidente se va a tomar  unas vacaciones y va a dejar su reluciente oficina vacía. Con la inversión ya hecha, claro.

Por qué fallan los controles autonómicos. Artículo de nuestra editora Elisa de la Nuez en el diario El Mundo

Sospechábamos que estos días de cambio en gran número de Administraciones autonómicas y locales iban a ser interesantes, pero era difícil imaginar hasta qué punto. Hoy mismo leemos en los periódicos que los nuevos gestores de Castilla-La Mancha afirman que la comunidad está «en quiebra total» y que probablemente no puedan pagar ni las nóminas. El dato es interesante y la solución se antoja complicada, por eso no está de más reflexionar sobre cómo hemos llegado a esta sorprendente situación, al menos si queremos evitar que tal cosa se repita. Nuestra coeditora Elisa de la Nuez lo hizo ayer en un artículo publicado en el diario El Mundo.|

Pueden leerlo aquí.

De alacranes y faisanes

Con este post quiero abandonar por un momento la espesa floresta autonómica y adentrarme en un terreno ignoto con la finalidad de explorar la todavía más peligrosa fauna estatal. De las muchas especies venenosas que pululan por este habitat, lleno de secretos y misterios, vamos a escoger hoy como objeto de estudio el caso Alakrana y el caso Faisán. Quizá a alguien le pueda parecer que apenas hay nada en común entre el traicionero alacrán y el vistoso y suculento faisán. Se equivocaría completamente: les une como común denominador una concepción de la política que hace prevalecer los fines (a corto plazo) sobre los medios (cualesquiera que sean) y, en consecuencia, un completo desprecio por las reglas del Estado de Derecho.|

El caso Alakrana hace referencia al secuestro de un buque atunero del mismo nombre por piratas somalíes en octubre de 2009. Tras cuarenta y siete días en poder de los piratas el buque fue liberado tras pagar un rescate de unos cuatro millones de dólares. Como durante el secuestro los militares españoles detuvieron a dos de los secuestradores, el asunto terminó en la Audiencia Nacional. En su sentencia condenatoria, la Audiencia considera que en el juicio quedó “demostrado sin ninguna duda que no ha sido la empresa armadora sino organismos públicos vinculados al Gobierno español quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes”. Tanto el Presidente del Gobierno, como la entonces Vicepresidenta, como las ministras de Exteriores y Defensa, negaron categóricamente dicha circunstancia, lo que resulta lógico, pues la Administración no puede legalmente pagar rescates. Por si hubiera alguna duda el propio ministro de Justicia lo dejó meridianamente claro en este video que se puede consultar aquí.

Recordemos ahora el caso Faisán. En el mes de mayo de 2006, unos meses después del inicio de la última tregua de ETA, uno de los miembros de la trama de extorsión de la banda, propietario del bar Faisán, recibe una llamada telefónica por la que se le alerta de una inminente redada ordenada en el marco de una investigación dirigida por el juez Garzón. Según se deduce de documentos posteriormente incautados a la banda referentes a las conversaciones que entonces existían con el Gobierno, se había acordado que este último haría  lo posible para paralizar las detenciones mientras la negociación estuviese en marcha. El Gobierno lo ha negado, así como cualquier implicación en el caso, como vuelve a ser normal, pero las investigaciones realizadas por el juez Ruz no dejan lugar a muchas dudas. Alguien muy próximo a Rubalcaba ordenó hacer esa llamada.

Vemos entonces que en ambos casos nos encontramos con una negociación con delincuentes en donde el Gobierno decide actuar al margen de las normas (al menos en opinión de los jueces) en consideración a razones políticas que, precisamente por ese secretismo, nadie discute ni debate, ni, en consecuencia, pueden articularse a través de instrumentos jurídicos.

¿Es bueno pagar rescates a los secuestradores para salvar la vida de unos marineros? ¿Conviene hacer alguna concesión a un grupo terrorista en el marco de una negociación dirigida a su disolución? Son sin duda cuestiones políticas muy relevantes que merecerían ser discutidas, pongamos, en el Parlamento. Pagar rescates tiene el inconveniente de que tus ciudadanos se vuelven más vulnerables que los del país que no los paga (al menos así lo entiende Francia). Entorpecer detenciones para favorecer la negociación no parece tener mucho sentido cuando la estricta aplicación de la Ley estaba dando muchos frutos. Pero, en cualquier caso, todo es discutible. No quiero entrar en el tema político de fondo, aunque supongo que cada uno tendrá su opinión al respecto, porque ese fondo no es la cuestión. Lo que merece destacarse es que en España nos parezca casi normal que los arcana imperii y la razón de estado llegue a estos extremos. Si se quiere seguir esas opciones, que no por discutibles son menos legítimas, lo procedente es ir al Parlamento y pedir la preceptiva autorización. De esta manera se respetan las instituciones y el Ordenamiento, y de paso se consigue que el Estado funcione como un todo de manera armónica. Pero, si por razones más partidistas que estrictamente políticas, nos saltamos las reglas y los procedimientos, entonces pasan cosas tan surrealistas como las que ejemplifican esos casos, y vemos como los jueces se ven obligados a investigar irregularidades, por no decir delitos, cometidos por otros órganos del Estado.

Además, como la investigación judicial de estos temas tan delicados le resulta muy  desagradable al poder ejecutivo, hace lo posible por desactivarla, presionando a los jueces y mangoneando todo lo posible, lo que incluye utilizar al Ministerio Fiscal a tal fin si resulta necesario. Por otra parte, la judicializacion de estos asuntos suele terminar con la imputación y procesamiento de los funcionarios que pasaban por ahí (como acaba de ocurrir en el caso Faisán), dejando al margen a los que tomaron las decisiones y, sobre todo, soslayando la responsabilidad política de estos últimos, de la que nadie se ocupa.

El ejemplo transmitido por todo ello a la ciudadanía es deprimente: se dice una cosa y se hace otra, se prescinde de las reglas cuando se considera conveniente, se hurta el debate si compromete demasiado y, sobre todo, se exonera uno de cualquier responsabilidad si las cosas terminan saliendo mal. La conclusión es que este concreto hábitat de nuestra rica y diversa fauna estatal no es precisamente un modelo de funcionamiento democrático.

Lo justo, lo injusto y lo que dice la Ley

Más allá de la mal llamada Ley Sinde, de la cultura del gratis total y de lo que consumidores y usuarios consideremos como justo o injusto al abrir el periódico de la mañana, la disciplina de la propiedad intelectual se cimienta sobre un texto legal que, aunque obsoleto en lo relativo a la evolución tecnológica, justifica y sostiene algunas de las actuaciones que entidades de gestión y tribunales han llevado a cabo mientras, muchas veces desde el desconocimiento, todos nos llevábamos las manos a la cabeza.|

La creación de obras literarias artísticas o científicas en que concurran los requisitos de originalidad y exteriorización genera derechos de propiedad intelectual. El autor de la obra es titular de derechos morales y de explotación. Del artículo 17 del Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, “TRLPI”) se deduce la necesidad del consentimiento del autor, con carácter general, para realizar actos de explotación sobre su obra.

La cesión de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, en su vertiente meramente patrimonial, para la explotación de la obra por tercero habrá de formalizarse por escrito y estar delimitada en tiempo y espacio. Pensemos, por ejemplo, en una obra literaria cuyos derechos se ceden a un editor, y cesión no es sino autorización para la explotación. En virtud de estos derechos el editor literario reproducirá un número determinado de copias de la obra original y los distribuirá en el ámbito territorial contemplado en el contrato. La comercialización de textos en formato e-books precisará del derecho de comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición, que es la que permite que el usuario pueda acceder a la obra desde el lugar y en el momento que elija, a la manera de consumo de Internet.

Sin embargo el art. 17 TRLPI, tras reconocer y definir la extensión del derecho de explotación del autor, excluye la necesidad de su consentimiento en los casos expresamente previstos en su articulado.

En virtud de estas excepciones el titular ve limitado su derecho exclusivo a explotar la obra en favor del interés social. En determinados supuestos se ha considerado conveniente privar al autor de su monopolio para permitir a terceras personas, bajo ciertas condiciones establecidas legalmente, el libre uso de contenidos protegidos.

En el artículo 30 y siguientes del TRLPI se enumeran una serie de límites que constituirán precisamente las excepciones que venimos anticipando. Así, encontramos límites tales como el de la copia privada, el de cita, el de las informaciones sobre temas de actualidad aparecidas en medios de comunicación o el de parodia. Todas ellas situaciones de la vida cotidiana en las que se entiende que la propiedad intelectual ha de hacer una salvedad por su habitualidad y necesidad en el normal desarrollo de la vida económica y social, que no deberá verse coartada en estos supuestos por un derecho de exclusiva que lo impida.

Es capital señalar, llegados a este punto, que los recién enumerados límites no tienen un carácter meramente ejemplificador, sino que son los únicos que nuestro ordenamiento alberga y, por tanto, son restrictivos. Así lo prevé el legislador comunitario en el artículo 5.5 de la Directiva 29/2001 y nuestro texto refundido en su artículo 40 bis.

Este carácter cerrado en nuestro sistema de excepciones conlleva que tan solo serán límites aquéllos que se enumeran expresamente en el derecho positivo, no pudiéndose abrir el abanico de limitaciones disponibles por mucho que los casos concretos debieran a primera vista merecerlo. Sin embargo el modelo de fair dealing o fair use que se utiliza en el mundo anglosajón, permite un disfrute de las obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual siempre y cuando éste se realice bajo la bandera de la buena fe.

En este sentido es importante referirse a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 17 de septiembre de 2008 (Referencia Aranzadi AC20081773), que en virtud de la llamada regla de los tres pasos, y de manera dudosa a mi entender, amplía el número de excepciones legales en materia de propiedad intelectual para subsumir en un límite de nuevo cuño la actividad del buscador Google de realizar sin licencia copias de las páginas que indexa con el fin de facilitar a los usuarios el acceso a las mismas.

A la espera de lo que dictamine el Tribunal Supremo en cuanto a ese criticable pronunciamiento de instancia, lo cierto es que los límites y excepciones de nuestra legislación, como comúnmente se dice, son todos los que están y están todos los que son. Por mucho que un caso concreto pueda resultar a nuestros ojos flagrante, no hallamos en la regulación relativa a la propiedad intelectual un límite abierto donde acomodarlo para eximirlo del cumplimiento de lo preceptuado en la Ley.

Es por todo ello por lo que muchos de los casos que han despertado la indignación entre la opinión pública han de ser por un momento analizados desde la frialdad del análisis meramente jurídico. Así, cabe recordar el concierto de David Bisbal celebrado en abril de 2009 en Roquetas de Mar para recaudar fondos a favor de un niño aquejado del Síndrome de Alexander. En el mismo, el cantante almeriense renunció a su caché en beneficio de la recaudación y sin embargo la SGAE cobró su habitual 10% de lo recaudado en la taquilla. Desgraciadamente, el Derecho y lo moralmente intachable no siempre van de la mano y lo que SGAE hizo en ese momento fue cumplir con sus estatutos, con el mandato que recibe de sus socios y, así, recaudar conforme a lo estipulado en sus tarifas para repartir el dinero entre los autores cuyas composiciones se interpretaran en aquella velada. No tiene la entidad de gestión, a mayor abundamiento, la potestad de renunciar a esa recaudación, pues entonces sería ella la que podría tener un problema con sus socios, que por su condición tienen un derecho a que se les abone una remuneración por la explotación que se realice de sus obras musicales.

Con la representación de la pieza de Calderón “El Alcalde de Zalamea” en esa localidad de Badajoz ocurrió otro caso parecido y que derivó en gran revuelo y crítica a la misma entidad de gestión. Se quejaba el pueblo indignado pues se le reclamaba un dinero por representar una obra que ellos consideraban “suya”. Pues bien, la obra que se estaba representando no era sino una adaptación de un autor local del Siglo XX y, por tanto, una obra derivada de las del artículo 11 del TRLPI. Así, esta adaptación ya no puede ser considerada del dominio público y su explotación generará derechos de autor. La SGAE, por tanto, se limitó a aplicar la tarifa correspondiente (en este caso la de “representación de teatro de aficionados”) y a recaudar en pos del autor de la archimencionada adaptación. El concepto de representar “la obra de nuestro pueblo”, pese o no, aún no está en nuestra legislación y, pensándolo fríamente, no queremos ni imaginar los problemas que acarrearía en nuestra ya debilitada identidad nacional si algún día apareciese en la Ley.

De igual modo, la polvareda levantada por el cobro de las entidades de gestión a las peluquerías encuentra una sencilla explicación apoyada en la legislación vigente. Las peluquerías reclamadas, a través de sus altavoces, realizan una comunicación pública de fonogramas ex artículo 20 del TRLPI. Dicha comunicación pública implica una explotación de los derechos de propiedad intelectual y lleva aparejada un derecho de remuneración para los titulares de las obras que se comuniquen. La remuneración derivará de las tarifas que se apliquen al efecto.

Al igual que una discoteca, aunque evidentemente aportando una cantidad incomparablemente menor puesto que la música de una peluquería podríamos calificarla de accesoria, la peluquería realiza una comunicación al público que ha de ser contraprestada. Sin perdernos en lo moral y lo amoral, así lo estipula la Ley y como tal las entidades lo reclaman para sus socios.

No podemos dejar de referirnos a los límites en nuestra legislación sin detenernos en aquél que sin duda más ha sensibilizado a la opinión pública, hasta el punto de constituir hoy en día presunta arma electoral para nuestras principales fuerzas políticas. Hablamos, cómo no, del límite de la copa privada del artículo 31.2 del TRLPI.

El límite de copia privada queda configurado en su ratio essendi como una compensación para los titulares de derechos por las copias privadas que los usuarios hagan de sus obras, disminuyendo así en puridad el número potencial de ventas de éstas. Es evidente que si queremos escuchar a los Rolling Stones en casa, en el coche y en el gimnasio, no compraremos tres copias de cada una de sus obras sino que, idealmente, compraremos una de la que haremos copias en discos vírgenes o en nuestro reproductor de mp3, por ejemplo. De ahí que estos equipos y soportes queden sujetos a un canon dirigido a compensar a los derechohabientes por esas copias que no se venden.

A lo que de ninguna manera habilita el pago de dicho canon es a piratear o descargar de forma ilegal contenidos protegidos por derechos de autor. Es manida la frase “encima que pago el canon, ¿no me puedo bajar lo que quiera?”, y lo cierto es que la relación entre el canon y las descargas ilegales es, sencillamente, inexistente.

Exige la copia privada como requisito para ser considerada como tal que se tenga un acceso legal a la copia original, esto es, de aquélla de la que se obtiene la copia. Pese a algún pronunciamiento algo delirante de nuestros tribunales (vid. la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona de 9 de marzo de 2010, Referencia Aranzadi JUR 201090760, que considera satisfecho el requisito del acceso legal al tener el usuario cumplimentado con el prestador de servicios un contrato de acceso a la red), parece pacífica la doctrina en cuanto a que en el intercambio de redes P2P no se puede considerar que quien accede a la copia maestra, pues aquí no deberíamos siquiera hablar de original con certeza, lo hace de forma legal. Es urgente en este punto recalcar, no obstante, la necesidad de actualizar la Circular 1/2006 sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003 y en la que este requisito de acceso legal a la copia, que no llegó a nuestro Derecho sino con la Ley 23/2006, aún no consta, amparándose así con desacierto las descargas efectuadas a través de los sistemas P2P bajo el paraguas de la copia privada y provocando con ello cierta inseguridad jurídica en este punto.

Quizá se nos olvida en ocasiones que la disciplina de la propiedad intelectual tiene, como todas, un Derecho positivo que rige su funcionamiento. Y es de ese Derecho positivo de donde proceden algunos comportamientos o decisiones que vienen enfureciendo a la opinión pública. Se ha de entender, sin perjuicio de que sea un texto por partes muy mejorable, que la legislación en materia de derechos de autor no es una ley de consumidores y usuarios ni tampoco una ley salomónica, sino un conjunto de preceptos engendrados, precisamente y nada menos, que para proteger al autor y a la creación.

Se echa de menos el sentir general de una sociedad que crea en la propiedad intelectual con la misma intensidad que en la propiedad sobre sus bienes materiales. Debe advertirse, además, que sólo la propiedad intelectual será la que, pase lo que pase, acabará revirtiendo siempre en dominio público y, por tanto, perteneciéndonos a todos.