Las rentas de Sus Señorías

No hace muchos días, la crónica parlamentaria se vio animada por la publicación en las páginas web del Congreso (y del Senado  de los bienes y las rentas declarados por diputados y senadores. El tratamiento de dicha publicación por parte de periodistas y ciudadanos en general se situó a mitad de camino entre el reconocimiento de una iniciativa de transparencia informativa por parte de los poderes públicos y el mero cotilleo. Superado el revuelo inicial, conviene hacer unas reflexiones sobre la puesta a disposición de los ciudadanos de este tipo de datos. Y procede reflexionar tanto sobre el fondo como sobre la forma.

En cuanto al fondo, la lectura de las hojas digitalizadas que reflejan la declaración de rentas y patrimonio de sus señorías deja un tanto frío, al menos en lo relativo a la información esencial que uno debería ser capaz de obtener, que no es otra que la que permita determinar si durante el ejercicio de sus funciones parlamentarias algún diputado ha experimentado incrementos patrimoniales de difícil justificación o ha recibido prebendas o favores que requieran explicación. Para ello, la información que se presente al público debería poner en relación la situación patrimonial inicial, la final, las rentas percibidas durante su labor parlamentaria y otros datos relevantes como, por ejemplo, las condiciones de acceso a financiación bancaria. No es tan importante conocer si un señor o señora tiene un piso por herencia, o un patrimonio importante fruto de sus años previos de actividad profesional, como asegurarse de que los incrementos de patrimonio y las rentas percibidas durante el ejercicio del poder pueden ser explicados y justificados. Y, sobre todo, es necesario que los ciudadanos conozcan cómo se emplea el dinero de sus impuestos, como se paga a los miembros de la Administración y cuál es el tamaño de ésta. En definitiva, la transparencia es parte de la rendición de cuentas que los servidores públicos, empezando por los políticos, deben a los ciudadanos. Esa es la línea seguida por el Gobierno Británico por ejemplo, en la apertura de los datos de la Administración.

Pero las formas son también manifiestamente mejorables. La apertura de la información de la Administración a los ciudadanos requiere un trabajo previo de normalización de los datos y de la presentación de los mismos, que en este caso brilla por su ausencia.

En cuanto a los datos, en algunos casos se declara la posesión de viviendas, “piso en Madrid”, sin detallar cuál es su valor catastral, o su precio de compraventa. Está claro que no es lo mismo un espacioso ático en el centro de la ciudad que una solución habitacional de pocos metros cuadrados en la periferia, así que a los efectos de conocer el patrimonio de sus señorías, los datos así presentados resultan incompletos. Lo mismo puede decirse de los préstamos hipotecarios declarados en otros casos. Para caracterizar un préstamo, además del importe del principal es conveniente conocer algún dato más, como el tipo de interés, sin el cual es difícil comparar esa financiación con las condiciones a las que pueden financiarse el resto de los ciudadanos.

El formato de presentación también resta mérito a la iniciativa. La publicación de páginas digitalizadas dificulta cualquier tratamiento posterior de esos datos, y por tanto su uso efectivo por parte de ciudadanos, periodistas o entidades de cualquier naturaleza que deseen hacer algún análisis agregado de los mismos. Nuevamente cabe citar como ejemplo a seguir la página www.data.gov.uk, en la que la información se presenta en formatos estándar que permiten su procesamiento, como por ejemplo al publicar la relación de puestos de trabajo y salarios en el Gobierno: http://data.gov.uk/dataset/staff-organograms-and-pay-cabinet-office

Estas reflexiones son igualmente aplicables a otras medidas de transparencia relacionadas con los miembros del Gobierno, como la recientemente publicada (BOE de 29 de septiembre de 2011) situación patrimonial de Altos Cargos de la Administración

En cualquier caso, hay que saludar la iniciativa como un buen intento de poner a disposición de los ciudadanos información sobre la retribución de los servidores públicos que trabajan para ellos, pero para que el esfuerzo no se quede solo en un buen intento, es necesario ir más allá, uniformizando y completando la información que se presenta, de modo que sea útil y puedan establecerse comparaciones y derivarse conclusiones; y es igualmente esencial que el formato en el que se ofrezca la información a los ciudadanos facilite su ulterior tratamiento, agregación y análisis

Francisco Javier García Vieira

Francisco Javier García Vieira es Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad Politécnica de Madrid, y PDD por el IESE Business School,
Universidad de Navarra. En su trayectoria profesional dentro del sector
privado se incluyen su paso por Telefónica Investigación y Desarrollo, por
Telefónica Móviles y por la start up tecnológica Banda Ancha S.A. Desde 2003
se encuentra vinculado al sector público, dentro de la entidad pública
empresarial Red.es, en la que ha venido desempeñando diversos cargos de
responsabilidad relacionados con las políticas públicas de fomento de la
Sociedad de la Información y el Conocimiento.