El despido improcedente del etarra
Encontramos ayer una noticia sorprendente en el periódico. El despido de un etarra, condenado a trece años, y que le había sido en su día comunicado, ha sido declarado improcedente, y se ha obligado a Telefónica, donde trabajaba, a readmitirlo. El argumento es bastante sofista: el abandono de su puesto de trabajo no se debió a una voluntad deliberada, “sino más bien lo contrario, aparece como indubitado que ello fue consecuencia del cumplimiento de una condena penal, lo que difícilmente casa con el concepto de ‘voluntariedad’, sino más exactamente con el de ‘obligatoriedad’.
Pero ¿Acaso no era voluntaria su pertenencia a una banda dedicada a planear crímenes y otros delitos? Y desde luego, no creo que pueda desconocerse el riesgo de ser capturado y encarcelado por ello.
Si esta solución fuera generalizable, podría añadirse un argumento más a favor de la necesidad de una reforma de la legislación laboral, para que no sea tan protectora con quien no lo merece. Porque la consecuencia es que mucha gente que sí merecería estar trabajando no va a encontrar trabajo. Además del evidente efecto desincentivador de conductas cívicas y responsables en el propio trabajo y en la sociedad.
Pero tiene uno la tentación de pensar que, tal vez, si el juzgado sentenciador no estuviera donde está y no hubiera detrás una campaña de LAB y del mundo abertzale en general, la sentencia podría haber sido otra. Lo que también sería muy significativo del alcance de la pacificación de la zona, en la que aún está lejos de regir el principio de igualdad ante la ley, y desde luego los mecanismos de un correcto funcionamiento del Estado de derecho.
Fernando Rodríguez Prieto nació en Madrid el 10 de febrero de 1962. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario (Oposiciones Madrid 1988). Ha ejercido en Andoain, Bergara y Beasain, las tres localidades situadas en Guipúzcoa, y desde 2006 ejerce en Coslada, Madrid. Es también mediador y árbitro.
Fernando, ¿pero ahora te enteras?
Mi primera esposa (qepd) ejerció hace ya años en una Magistratura de Trabajo de San Sebastián. Estaban todos absolutamente muertos de miedo ante lo que suponía la presencia de ETA y de sus cómplicas (algunos bastante más nauseabundos que la propia ETA). Había amenazas de todas clases. Y no era para tomarlas a broma.
Un Juez bajo el terror no puede juzgar. Con la pistola en la nuca no se puede impartir Justicia. Toda controversia que afecte a etarras debe ser resuelta por un Tribunal tipo Audiencia Nacional.
Mejor sería, claro es, que los etarras no existieran. Tengo ya formuladas mis propuestas JURIDICAS al respecto.
Curro: No puedo ser inocente después de haber vivido 18 años en Guipúzcoa. Es verdad que la reclamación de juez natural, tantas veces pedida por muchos nacionalistas y adheridos (tipo IU en sus diversos colores) no tiene, tampoco, nada de inocente.