Embajadas autonómicas: sentido y responsabilidad

Permítanme rebautizar la película de Ang Lee Sentido y Sensibilidad (1995, Emma Thompson, Kate Winslet) y llamarla Sentido y Responsabilidad para dar título a este post sobre embajadas autonómicas, donde pretendo analizar el sentido que tienen estas “embajadas” y apelar a la responsabilidad de los gobiernos autonómicos para que reflexionen sobre su necesidad. No existe ninguna duda de que las Comunidades Autónomas pueden establecer (y de hecho lo hacen) oficinas en el exterior, de la misma manera que una entidad privada. Otra cosa es la discusión sobre sus competencias y sobre su estatuto jurídico y el de su personal. Y otro asunto es la conveniencia, necesidad y función de las mismas sobre todo en el actual panorama actual de crisis económica que estamos atravesando.

Las oficinas en el exterior de las CCAA se dividen en dos tipos: delegaciones autonómicas, con funciones de representación institucional y oficinas sectoriales, con competencias de ejecución de políticas sectoriales de los gobiernos autonómicos. Estas oficinas sectoriales son principalmente oficinas comerciales que apoyan la internalización de empresas de la región y también oficinas de promoción del turismo regional.

Vemos por tanto que bajo el término “embajada” se están agrupando los diferentes tipos de oficinas en el exterior que mantienen las CCAA (delegaciones y oficinas sectoriales/comerciales) que tienen objetivos muy distintos.

Las delegaciones tienen un claro componente institucional y los límites de la proyección exterior de los gobiernos autonómicos a través de estas delegaciones se deben situar en la competencia del Estado en materia de relaciones exteriores, entendiendo que ésta no sólo se desprende del artículo 149.1.3 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las «relaciones internacionales», sino también de otros títulos competenciales.

Las oficinas sectoriales o comerciales tienen como objetivo final aumentar los ingresos de las empresas de la región y por ende de la Comunidad Autónoma gracias a la actividad exterior. Desde luego, en la situación económica actual, donde lo prioritario es atajar el déficit, si además de recortar gastos se aumentan ingresos mejor que mejor.

Analizados los diferentes tipos de “embajadas”, la siguiente pregunta inmediata es ¿cuántas de estas “embajadas” autonómicas hay por el mundo? Pues cerca de 200, pero la respuesta no es obvia por la falta de transparencia que rodea al asunto en cuestión.

Si hacemos el ejercicio de buscar por las páginas web de los gobiernos autonómicos información sobre estas “embajadas” podemos acabar exhaustos y sin llegar a ninguna conclusión (eso sí, navegando por estas páginas nos vamos a sorprender de la cantidad de empresas, sociedades, fundaciones, consejos consultivos que existen en las autonomías, pero eso sería asunto de otro post).

La mejor aproximación sobre el número de “embajadas” la podemos encontrar en noticias de prensa del pasado 2010 que filtraron el contenido de la documentación recibida por el diputado del PP Eugenio Nasarre ante un requerimiento de información al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (ver noticia).

 

 

  

El primer dato reseñable es que todas las CCAA tienen una delegación en Bruselas. Curioso porque se ha demostrado que las CCAA pueden tener una relación directa con los representantes europeos al mayor nivel  (véase la reciente reunión del presidente Barroso con nueve presidentes autonómicos, en la que por cierto les pedía trabajar conjuntamente con el Estado para atajar el déficit, ver noticia).

Otra cuestión de interés es relacionar el número de “embajadas” (en su mayoría oficinas comerciales de promoción económica, descontando la delegación que tienen todas las CCAA en la UE) con el número de empresas existente en cada Comunidad (para lo cual tomamos como referencia las cifras del Instituto Nacional de Estadística). Las oficinas exteriores comerciales están al servicio de las empresas de cada región, así que podemos ver lo privilegiadas que son las empresas asturianas, que “tocan” a 5.823 por “embajada”. Por el contrario, las peores paradas serían las castellano-manchegas, que “tocan” por oficina comercial a 130.079 empresas (una masificación en comparación con sus colegas asturianos).

Sin embargo, cuando hablamos de “embajadas” autonómicas la primera Comunidad que se nos viene a la mente es Cataluña y no Asturias. ¿Cataluña es la única CCAA con “embajadas”? Obviamente no, pero es la que más tiene,  eso sí. ¿Es la que más ha promovido en los últimos años la apertura de delegaciones autonómicas (que no oficinas sectoriales de carácter comercial)? Probablemente sí. ¿Estas nuevas delegaciones han supuesto un importante desembolso para los contribuyentes catalanes? Pues también, porque independientemente de sus funciones, estas embajadas se han situado en edificios emblemáticos de altísimo coste (la “embajada” de Nueva York cuesta a los catalanes más de 90.000 euros anuales solo en concepto de alquiler y mantenimiento del edificio, ver noticia). Para más inri, estas “embajadas” se han establecido muchas veces en lugares donde Cataluña ya tenía representación de alguna oficina comercial o sectorial. De hecho, el fenómeno “multisede” de la acción exterior catalana se produce en diversos países: en Alemania hay cinco “embajadas” (la canciller Merkel se sentirá halagada por semejante despliegue), en Estados Unidos cuatro y tres tanto en México como en Reino Unido.

El nuevo Gobierno de CIU planea una “nueva orientación de las funciones y la gestión de las oficinas de acción exterior de la Generalitat, priorizando el máximo nivel de apoyo a las necesidades de internacionalización de la economía y la empresa catalanas” (ver noticia). Desde luego, trabajo tienen en este ámbito.

En el actual contexto, abrir o mantener una “embajada” autonómica (en el sentido estricto de delegación oficial que no oficina comercial) no se justifica por el mero hecho de potenciar la imagen institucional de un gobierno autonómico o por el hecho de llevar a cabo acciones de la denominada diplomacia cultural (promoción lingüística, etc).

Es necesario un ejercicio de responsabilidad por parte de los gobiernos autonómicos y sus responsables políticos. Si se están introduciendo drásticos recortes en el Estado del Bienestar en sus autonomías (sanidad, educación…), limitemos la acción exterior a la promoción económica y comercial aprovechando al máximo las infraestructuras existentes para evitar incurrir en costes innecesarios (alquiler de edificios, gastos corrientes, etc). No olvidemos que la acción exterior de las autonomías debe coordinarse con la del Estado y que los medios que tiene el Estado para la promoción económica y comercial en el exterior están a disposición de las autonomías. Recordemos que tenemos organismos estatales como el ICEX, con su red de oficinas comerciales por todo el mundo y TURESPAÑA, con presencia en más de 100 países. España es un país plural y moderno pero país al fin y al cabo, aprovechémoslo.

Los temas que no están en el debate electoral y deberían (I): la energía.

 

En los momentos actuales que nos encontramos en plena campaña electoral y los líderes políticos no se cansan de prometernos medidas de todo tipo para mejorar nuestras condiciones de vida, conscientes de que si llegan al gobierno no van a poder aplicarlas debido a la grave situación económica en que nos ha dejado el actual Presidente del Gobierno, se echan en falta debates sobre problemas más serios que viene arrastrando España desde hace años. Uno de ellos es la situación energética, clave para el posible relanzamiento económico si es que se produce.

Evidentemente se trata de un tema delicado y comprometido que puede restar votos al candidato que lo plantee, pues rápidamente el opositor le da un sesgo demagógico y saca a relucir la protección del medio ambiente, el peligro radioactivo, el cambio climático, etc.

En mi opinión personal hay dos puntos importantes que deberían tratarse en esta campaña para que los ciudadanos conociésemos la posición de cada partido político al respecto.

En primer lugar, estaría la existencia de un Plan Energético Nacional, posibilista, apolítico y con un horizonte temporal de 25 años, revisando sus objetivos a partir del décimo año si el contexto internacional lo aconsejara. Este Plan debería ser el resultado final de un estudio serio y detallado de nuestra situación en el que hubieran participado todos los sectores implicados.

En segundo término, la refundación de la Comisión Nacional de Energía, partiendo de cero y dotándola de una base legal estable, sólida e independiente de los vaivenes políticos.

Para entender la gravedad del problema incluyo, a continuación, los datos del año 2009 facilitados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en lo concerniente al consumo y a la producción nacional de energía, expresados en Kilotoneladas equivalentes de petróleo (Ktep).

 

Tipo de energía            Consumo           %                    Producción nacional               %

Carbón                          10.353             7,9                              3.778                        12,6

Petróleo                        63.673           48,9                                 107                         0,4

Gas natural                   31.104           23,8                                 12                         0,0

Nuclear                            13.750           10,5                            13.750                    45,9

Renovables                   12.325            9,4                            12.325                       41,1

Total                  130.508        100,0                            29.972                    100,0

 

A la vista de estas cifras reales considero se pueden extraer las primeras conclusiones que no admiten posible discusión política.

1ª.- España es un país muy deficitario en energía ya que solamente produce el 22% de sus necesidades.

2ª.- Nuestra dependencia del petróleo es excesiva pues se acerca al 50% del total de la energía consumida.

3ª.- Las posibilidades de mejora en el campo de las energías fósiles (carbón, petróleo y gas natural) son muy limitadas al carecer nuestro país de la materia prima necesaria.

4ª.- Esta situación es insostenible y retrasará la posible y deseada recuperación económica, al ser extremadamente vulnerables a las oscilaciones del precio del crudo.

 

A partir de aquí, ya entraríamos en el terreno del debate y cada ciudadano puede proponer las actuaciones más adecuadas desde su punto de vista ideológico.

A este respecto, me permito proponer los siguientes puntos como base de partida para su discusión:

 

a) La capacidad de actuación para aumentar nuestra producción energética se centra fundamentalmente en las energías: nuclear y renovables, con los problemas que ambas representan, la nuclear con su gran carga política y las renovables por su mayor coste económico, si exceptuamos la hidráulica. No obstante deberíamos seguir la Comunicación de la Comisión Europea que propone un incremento de la energía renovable hasta que su aportación represente un 20% de la energía total consumida.

b) Se debería equilibrar la contribución del gas natural con la del petróleo, sobre todo teniendo en cuenta que los países productores de petróleo son políticamente inestables lo que motiva que sus precios varíen de forma imprevisible y probablemente al alza en los próximos años.

c) Potenciar el consumo de carbón, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías de esta materia prima (biocarbón, captura y secuestro del CO2, etc.) mediante importaciones de los países europeos cuyos precios permanecen más estables.

d) Favorecer la liberalización del sector eléctrico en el seno de la Unión Europea previsto para el año 2014 eliminando las políticas intervencionistas, como las que aplica el actual gobierno que han dado lugar a la apertura de un expediente sancionador contra España por parte de la Comisión Europea.

e) No aumentar el déficit tarifario mediante la aprobación de tarifas ficticias, de tinte electoralista, que van en detrimento de la renovación del sector. Sirva de ejemplo que en el periodo 2009-2011, la capitalización bursátil de las empresas eléctricas en España ha caído un 21% mientras que en EE.UU en ese mismo periodo se han revalorizado un 13%.

f) Teniendo en cuenta que el Transporte, la Industria y los Servicios son los sectores destinatarios, a partes iguales, de la energía consumida, incidir sobre ellos para conseguir un uso más racional de la energía ahorrando un 20% de la energía consumida en los próximos diez años, que es otro de los puntos de la Comunicación de la Comisión Europea, potenciando el transporte público, incentivando la industria para mejorar sus procesos productivos y concienciando a los ciudadanos sobre este problema.

 

El otro asunto a debatir es el referente a la Comisión Nacional de Energía cuya situación actual es bastante cuestionable por su excesiva dependencia del Gobierno.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) es el ente regulador de los sistemas energéticos, creada por la Ley 34/1998, de 7 de octubre y desarrollada por el R.D. 1339/1999, de 31 de julio. Adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sus funciones vienen determinadas en las citadas disposiciones legales.

El problema actual radica en que con la llegada al poder del partido socialista los nombramientos del Presidente y de los Consejeros han recaído en personas afines al Gobierno pero de dudosa valía técnica, con lo que se han convertido en cadenas de transmisión del Ejecutivo provocando la consiguiente pérdida de independencia en sus decisiones.

Por ello considero necesaria la refundación de este Organismo, dotándole de mayor poder decisorio y protegiendo a los puestos directivos de los gobiernos de turno.

En la elección de los Consejeros, incluido el Presidente, deberían participar todos los sectores afectados e implicados en la producción y consumo de la energía que mediante el procedimiento que se determinase podrían proponer una terna al Parlamento que tendría la última palabra. La duración de su mandato tendría que ser superior a la duración de una legislatura para potenciar su estabilidad.

Igualmente sus decisiones, tomadas por consenso o por mayoría cualificada deberían ser vinculantes para el Gobierno.

Comprendo que no es nada fácil plasmar en unas líneas el nuevo planteamiento de la CNE y el proceso a seguir para realizar estos nombramientos, pero lo que si está claro es que cuestiones tan importantes como, por ejemplo, el cierre o no de una central nuclear no debe quedar en manos de los políticos que únicamente pensarán en la rentabilidad electoral de su decisión, dejando al margen el daño que se pueda producir a la economía del país.

Estos serían a grandes rasgos los temas principales a debatir entre los partidos políticos que, vuelvo a repetir, pueden tener una influencia decisiva en el futuro económico de nuestro país y que en mi modesta opinión han arrinconado para no perder votos en las próximas elecciones. Tremendo error, uno más, de la clase política que nos gobierna.

 

Perú y España: dos trayectorias.

Rodrigo Tena y yo acabamos de volver de un interesante viaje al Perú de una semana. El Perú, así escrito, con el artículo como hacen sus naturales, está dotado de unos preciosos paisajes, tan variados como asombrosos y de una riquísima mezcla de culturas, y cualquier viajero curioso encuentra abundantes satisfacciones. El motivo principal del viaje, un proyecto de cooperación para facilitar la titulación y formalización de la propiedad informal de los habitantes de barriadas humildes en el Departamento de Ica, que fueron afectados por el terrible terremoto de 2007, merecería por sí un post. Pero ése no es el que toca ahora, pues prefiero unas consideraciones más generales. Que se hacen más fáciles cuando, como es nuestro caso, hemos contado con excelentes anfitriones que entre otras muchas virtudes tienen la de compartir con los viajeros su penetrante análisis de la realidad peruana.

En realidad, casi cualquier viaje pone la perspectiva para una visión más certera de nuestra propia realidad cotidiana. Es alejarse de los árboles para ver el bosque. Por ello, conocer otro país, su evolución y sus problemas, y compararlo con el nuestro (como Elisa, casi tengo que pedir perdón por estar refiriéndome a España) nos permite hacernos con imágenes reveladoras. Nos contemplamos así en un espejo ajeno que nos da buenas pistas sobre nosotros mismos.

Es claro que hay que partir de una obviedad. El Perú es mucho, pero mucho más pobre que España. Pero no es esta comparación de términos absolutos la que me interesa aquí para este blog. Sino la de las trayectorias.

Efectivamente, viene ese entrañable país de un pasado demasiadas veces calamitoso, en el que ha padecido tiranías, populismos irresponsables y fases de una violencia atroz. Pero si vemos su evolución en los últimos doce años tales calamidades parecen haber quedado definitivamente atrás. Fujimori, en medio de sus excesos y con métodos más que discutibles, consiguió su estabilización económica, y aseguró a empresas e inversores un imprescindible marco de seguridad. El restablecimiento de las Instituciones en un nuevo marco democrático, pervertido por su antecesor, fue obra del siguiente Presidente, Alejandro Toledo. Desde entonces, ese nuevo marco jurídico y económico ha permitido al país el crecimiento económico asombroso de un nuevo dragón americano. Y ha sido sustancialmente respetado por los gobernantes sucesivos, Alán García y el actual Presidente Humala, a pesar de tener éstos sus orígenes en las izquierdas más populistas.

La economía peruana es cada día más abierta, y se ha incorporado con entusiasmo a la globalización, dispuesta a aprovechar sus oportunidades mejor que a criticarla desde retóricas victimistas como algunos de sus vecinos. Esta apertura se va traduciendo también en la propia sociedad. Hoy es indudable que la riqueza se está extendiendo por todas las capas sociales, y que frente a la vieja sociedad dual que tan bien describieron esas novelas inolvidables que no hace falta citar, va surgiendo una pujante clase media, en la que a veces se encuentran personas de humildísimos orígenes con antiguos miembros de la oligarquía tradicional.

Por supuesto que no todo es brillante. La Administración pública y la educación siguen lastradas por un bajo nivel general, faltan infraestructuras básicas y los servicios públicos siguen siendo deficientes. En la barriada de Pachacute en Callao, en las afueras de Lima, donde Rodrigo y yo pasamos un día emocionante descubriendo las diversas obras sociales de Coprodeli, vimos unos niveles de pobreza terrible, a pesar de lo mucho que, según nos dijeron, había mejorado, y de las pequeñas empresas que en ese entorno se van creando.

Sin embargo, y a pesar de los problemas, existe un clima general de optimismo en todo el país. Cada vez surgen más empresas, y su actividad va superando fronteras. Y es una idea generalmente aceptada que el rigor económico y el progresivo fortalecimiento institucional están en la raíz de este progreso, y por ello son tesoros que hay que incrementar. Dejo para otra ocasión el pormenizar otros datos, pero puedo contaros cómo nos sorprendieron, por ejemplo, pintadas electorales que permanecían de la última campaña de elecciones presidenciales, en la que junto al nombre de una candidata, aparecía como promesa suya: “títulos de propiedad”.

No me cabe duda de la íntima relación que existe entre la existencia de un sistema jurídico sólido que ofrezca seguridad, y la capacidad de crecimiento económico. Sobre todo si la Administración pública consigue ser dinamizadora y no obstaculizadora del desarrollo comercial y empresarial.
En contraste ¿Qué tenemos en España? Una Administración atomizada e hipertrofiada, demasiadas veces más al servicio de nuestra casta política que de intereses generales, y que consume inútilmente ingentes recursos. Un progresivo deterioro institucional, que va minando nuestro Estado de derecho, como hemos venido denunciando en este Blog. Y, no por casualidad, un estancamiento o incluso retroceso económico en un ambiente general de pesimismo donde vemos cada vez más empresas hundirse.

Efectivamente, a pesar de sus mayores niveles de pobreza, el viajero llega a contemplar la realidad peruana con una cierta celosa melancolía. Ellos están en la buena trayectoria. Nosotros hace tiempo que la perdimos, y urge cambiar el rumbo de forma radical. Pero ¿seremos capaces?

Ser o no ser honorable

Nuestro colaborador Fernando Irurzun publicó ayer en El País una tribuna sobre el requisito de la honorabilidad para ejercer determinadas profesiones, singularmente las financieras. Se trata de un resumen del post que publicó en nuestro blog el ocho de septiembre pasado. La tribuna de ayer se puede consultar aquí.

Por pura casualidad, ayer también publicó El Confidencial que la asamblea de inspectores del Banco de España (integrada por unos 250 profesionales) han emitido un comunicado en el que critica al gobernador, Sr. Fernández Ordóñez , por su inactividad en relación a la permanencia en el cargo del Sr. Alfredo Sáenz tras ser condenado en firme por el Tribunal Supremo.

Por lo que se ve no sólo hay indignados en la Puerta del Sol.

¿Eximente de responsabilidad para los cargos negligentes?

Tenía pensado enviar este post, que ha surgido como consecuencia de reflexiones acerca de otro, publicado por Elisa de la Nuez hace tiempo (sobre «el mandatario infiel o la falta de rendición de cuentas») cuando leo el nuevo artículo de Elisa en el Mundo (12/10/2011) titulado «El ministro en la gasolinera». Magnífico artículo, al que me adhiero por completo, pero que me «pisa» una vez más el que ya tenía escrito, lo cual quiere decir, no sólo que estemos en sintonía de ideas, sino que el problema del que tratamos (la ausencia de responsabilidades de nuestros cargos públicos) es algo que requiere tomar decisiones urgentes. No obstante lo envío al blog tal y como estaba escrito a pesar de que pueda existir redundancia de planteamientos e ideas.

Porque a ver si los políticos se enteran de una vez que, por mucho que manden cuando ocupan cargos públicos, no dejan por ello de ser responsables ante todos nosotros de su gestión. Si están en  el convencimiento de que los dineros públicos no son de nadie (frase pronunciada no hace mucho por una conocida política) vamos realmente mal, porque ese dinero es de todos los ciudadanos y es a ellos a quienes hay que rendir cuentas de su utilización. Rendir cuentas significa, ante todo, trasparencia en la gestión y asunción de las responsabilidades de todo orden por una mala gestión y, evidentemente, por utilizar los caudales públicos para favorecer a los amigos o a los políticamente afines. Así las cosas, resulta simplemente esperpéntico leer y escuchar, un día tras otro, noticias relacionadas con lo que han estado haciendo los políticos con nuestro dinero (ese que es de todos) no como si fuera suyo -que más cuidado habrían tenido- sino como si no fuese de nadie. Que cada uno con su dinero es muy dueño de hacer lo que quiera – invertirlo, gastarlo o regalarlo-  pero con el dinero que otro deposita confiado en tus manos el asunto es muy diferente. Ese dinero ha de emplearse de la mejor forma posible, en beneficio de quien lo depositó, rindiendo escrupulosas cuentas y asumiendo la responsabilidad que corresponda por su uso indebido.

Aquí comienza la odiosa comparación entre la esfera pública y la privada, porque si una buena parte de nuestro dinero se utiliza para beneficiar a los amigos del gestor (vía subvenciones absurdas o contratando directamente para puestos sin contenido real no acorde con la remuneración que se paga) o para hacer frente a proyectos faraónicos sin ninguna clase de rentabilidad social o económica, el gestor debería dejar su cargo inmediatamente como primera medida. Y, a continuación, tendría que hacer frente a las responsabilidades de su insensata gestión asumiendo todas las consecuencias, entre las que debería encontrarse la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. Sin embargo, la realidad nos muestra cómo las cosas distan mucho de ser así, ya que a los malos gestores de la cosa pública no sólo no se les exigen responsabilidades sino que se les premia con un nombramiento «a dedo» o con un puesto en las listas electorales. ¿Que han dejado en la ruina a un Ayuntamiento o a una Comunidad Autónoma? Pues no pasa nada, o mejor dicho, pasa que encima reciben la recompensa de turno y a los ciudadanos se nos queda cara de pasmados ante tanta desfachatez en nuestras mismas narices. Total, como el dinero no es de nadie…

Con este tipo de planteamientos se utiliza, además, el conocido «y tú más ..» que parece servir para todo menos para poner un poco de orden y sentido común en las cosas. Porque el hecho de que «los otros» hayan caído en los mismos o semejantes errores (aún suponiendo que sea cierto) no veo en qué puede afectar a la responsabilidad de quien ha gestionado mal lo que tenía a su cargo. Eso mismo en una empresa privada puede suponer el despido inmediato sin que valgan para nada las excusas de que «fulanito» también ha actuado igual y, de momento, quien ha actuado irresponsablemente se va a la calle (luego veremos si fulanito le sigue también). Y es puede que hayamos perdido ya la capacidad para asombrarnos ante el derroche de dinero en aeropuertos sin aviones, estaciones del AVE sin pasajeros, carreteras a medio construir que conducen a la nada, y otros gastos similares. Probablemente la hemos perdido porque estamos conociendo ahora, también, la cantidad de subvenciones al cine (¿acaso es una profesión privilegiada?), a los Sindicatos (que sean financiados por sus afiliados) y a los propios partidos políticos (idem) sin que se haga nada al respecto. Claro que el hecho de que las subvenciones ala lenteja Renkahormonada (magnífico el artículo de Ansón sobre el asunto), al folklore o al fomento de una lengua se coloquen con preferencia a la sanidad o a la educación colman ya el vaso de los despropósitos.

A este paso, el tan proclamado Estado del bienestar (que se demanda, a veces, como expresión hueca) se va a trasformar en el bienestar de unos pocos y el malestar de muchos (entre los cuales ya hay casi cinco millones de parados). Y no me refiero ahora al bienestar de los «ricos» (esa es otra historia) sino al de unos políticos que pretenden gozar de una especie de eximente de responsabilidad en el ejercicio de sus cargos, lo cual resulta cada vez más inadmisible.

 

Una «conferencia de paz»

La “conferencia internacional” celebrada esta semana en San Sebastián con la participación de destacados “mediadores internacionales”, terminó con una declaración posiblemente ya conocida por todos los lectores (se puede consultar aquí). 

En Derecho se habla de mediar cuando un tercero ajeno a un conflicto (y de esa manera no afectado por los prejuicios y las limitaciones tácticas y estratégicas de las partes) interviene a los efectos de acercar posturas y facilitar un acuerdo que esas partes desean, pero que reconocen que por si solas se ven imposibilitadas de conseguir. Esa solicitud de mediación por ambas partes implica, asimismo, un cierto reconocimiento de la legitimidad de la postura de la otra parte, porque si no fuera así nadie tendría que mediar, distribuir, asignar equitativamente. Por eso, que a estas alturas alguien pretenda “mediar” en el “conflicto vasco”, es decir, ayudarnos a superar nuestras “limitaciones” de cara a acercar posturas entre las partes enfrentadas (el Estado y ETA) resulta, no tanto un sarcasmo o un insulto, como algo simplemente ridículo. Este intento del mundo de ETA recuerda vagamente al de Himmler, buscando una paz negociada con los aliados en mayo de 1945. Si en 1940 un Churchill completamente aislado y asediado no quiso negociar con Hitler, precisamente para no cometer el error de reconocerle ninguna legitimidad,  menos aún al final de la guerra. Lo que no implicaba, ni implica, que el enemigo esté derrotado y no pueda seguir haciendo daño. Los nazis siguieron emboscando soldados aliados muchos meses después de la guerra. Pero es obvio que si la decisión de resistir la barbarie y de no llegar a acuerdos fue monolítica en tiempos duros, cuando todo parecía perdido, no podía serlo menos cuando el final estaba a la vista.

Volviendo a nuestra época, otra cosa muy distinta es que las circunstancias políticas aconsejen “ablandar” al sector abertzale más díscolo con el fin de que acepte mejor la medicina de la disolución. Desde esta perspectiva, la “conferencia” no sería tanto una conferencia “de verdad” como una pantomima con la finalidad de vender mejor una burra ya vendida. De ahí toda la retórica empleada por los “mediadores”, incluida esa mención final sugiriendo “que los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas, así como otras relacionadas al respecto con consulta a la ciudadanía”. En definitiva, todo el montaje no sería mas que una envoltura retórica con la finalidad de facilitar a los terroristas cierto “sentido” (propio, particular e intransferible) a su decisión definitiva de abandonar las armas.

En el año 2005, cuando el final de ETA también parecía próximo, escribí una tribuna en El País sobre este tema (“El terrorista y sus víctimas: personas en busca de sentido”). En ella defendía que puede ser interesante facilitar que los terroristas encuentren ese sentido, pero circunscrito exclusivamente al tema de los presos (al final vino el error de las famosas dos mesas y el proceso se frustró). Sin embargo, proporcionarles sentido a través de la retórica resulta extraordinariamente peligroso.

Quien mejor comprendió siempre este riesgo fue, sin duda, Víctor Kemplerer. Al fin y al cabo se trataba de un lingüista, a mayor abundamiento judío y que pasó toda la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Además de sus inmortales diarios, dejó una obrita muy reveladora, denominada LTI (Lingua Tertii Imperii) donde explicaba el uso político del lenguaje por los nazis y hasta que punto tal uso era capaz de pervertir la comprensión de la realidad. Y es que, efectivamente, como tantas veces se ha dicho, el lenguaje no es neutral, sino que transmite ideas, actitudes, emociones, de forma quizá solapada, pero, precisamente por solapada, tremendamente eficaz. Hablamos de “conflicto”, de “mediadores”, de “política”, de “consulta ciudadana”, y creamos de forma casi inconsciente en nuestra mente un marco de comprensión de los hechos reales donde están ausentes el asesinato, la extorsión, los terroristas y la falta de libertad política.

Por eso el sentido no se puede conceder a ese precio, porque luego, alguien, inevitablemente, querrá cobrar la factura y me atrevo a decir que si no la cobra se sentirá estafado. Ya que hemos citado el ejemplo nazi -y alguien muy legitimado ha hablado de que, en realidad, lo que ETA necesita es un Nuremberg histórico- sigamos con la analogía. Los aliados esperaron a valorar las consecuencias políticas en juego y a dar “sentido” a los alemanes (mayoritariamente cómplices en la barbarie) a que la guerra hubiese acabado, y básicamente lo limitaron al tema de los presos nazis. Es verdad de que en el juicio principal de Nuremberg condenaron a los más importantes y los ahorcaron, pero el destino de los miles que fueron juzgados en los juicios posteriores fue mucho más liviano. La mayoría salió de la cárcel a los pocos años. Los aliados consideraban que una Alemania unida y reconciliada, fundamental en la Guerra Fría, así lo exigía. Este argumento del peligro rojo fue insistentemente utilizado por los nazis al final de la guerra con la finalidad de llegar a un acuerdo, especialmente por Himmler, pero nadie lo tuvo en cuenta hasta que ésta hubo acabado. Entonces es cuando pasó a convertirse en una cuestión importante, con todos los dilemas morales que tal cosa implicaba.

La historia está contada de manera insuperable en la película “Un juicio en Nuremberg”, traducida aquí como “Vencedores o vencidos” y dirigida por Stanley Kramer en 1961. En esa película hay dos escenas memorables. La primera protagonizada por el juez de la causa (interpretado por Spencer Tracy) y el abogado defensor (Maximilian Schell). En ella el abogado pronostica al juez, después de conocer la condena a perpetuidad de los acusados, que todos saldrán a los pocos años (como así fue). El juez le responde que tal cosa puede ser útil y conveniente, que él no lo niega, pero ni toda la utilidad y conveniencia del mundo la podrán hacer justa. Pero la segunda escena es todavía más pertinente a nuestros efectos. En la escena final de la película se enfrentan el mismo juez y el acusado principal (un juez nazi interpretado por Burt Lancaster). Cuando el nazi le pide que comprenda que el no participó en el terrible horror de las cámaras de exterminio, Spencer Tracy le rectifica: participó en el momento en que decidió condenar a muerte al primer inocente.

Quizá haya que sacarles de la cárcel -no será justo, lo se- pero quizá sea útil si se hace bien, individualmente y previo cumplimiento de los correspondientes requisitos. Pero lo que a estas alturas no vamos a hacer es condenar, ni siquiera retóricamente, a un inocente. Como señalaba en ese artículo de 2005, mezclar el tema de los presos con cualquier cuestión política, aun limitándola al uso del lenguaje, “sería insoportable para todos, pero especialmente para las víctimas. Sería un atentado existencial injusto y criminal. Criminal, porque justificaría el crimen: sería incluso peor que volver a matar a la víctima, porque le arrebataría hasta el propio sentido de su vida y de su muerte.”

El arquitecto de Boadilla o la delicada elección del planificador.

Es intrínseco a la planificación urbana su carácter discrecional. Las decisiones en urbanismo son tomadas por los poderes públicos, con mayor o menor consenso y participación ciudadana, produciendo efectos que son percibidos por muchos afectados directos como injusticias. No se tratará de decisiones arbitrarias sino justificadas, pero es cierto que no serán decisiones regladas: dónde crece la ciudad y dónde no, qué altura de edificación debo mantener, o por qué mi edificio está protegido. Así, la planificación no solo está obligada a ser honesta sino a esforzarse al máximo por parecerlo. Consideremos además que la sola sombra de la corrupción urbanística provoca consecuencias indeseadas y graves, como el descrédito de lo público y de la política, o la huida de inversiones.

Todo ello viene en relación con la reciente reaparición en medios digitales de noticias referidas a Leopoldo Arnaiz ( ver aquí   y aquí) uno de los urbanistas con mayor volumen de trabajo en España y especialmente en la Comunidad de Madrid, donde ha firmado más de 30 Planes Generales municipales. Alejar las sospechas de conflicto de intereses no parece haber sido una preocupación en el quehacer de este urbanista, cuando ante casos anteriores declaró (aquí ) “No me pueden pedir incompatibilidad por la miseria que cobro a los Ayuntamientos. Me presento a esos concursos porque me permiten conocer a propietarios de suelo que luego contratan a mi empresa”.

La razón del ejercicio del urbanismo no puede radicar en que éste sea la puerta de acceso a información, contactos y encargos posteriores. La limpieza, tanto real como aparente, del urbanismo debe comenzar desde la elección de los técnicos responsables de la planificación, especialmente de los Planes Generales. Los Pliegos Administrativos de los concursos deberían solicitar a todos los técnicos que forman parte del equipo concursante una declaración de intereses privados en el municipio, así como un compromiso de no intervenir como profesionales en él durante un cierto tiempo tras la aprobación del planeamiento.

No es este el único cambio que se debería realizar en los concursos para la redacción de los grandes documentos de planeamiento. No me refiero ya a evitar la sola sospecha de conflicto de intereses, sino a que el mecanismo de elección favorezca un urbanismo más transparente y participativo.

En bastantes de estos concursos se está dando el caso, extraño en la actual situación de escasez de trabajo, de que son pocos los concursantes que superan la fase de admisión; incluso en alguna ocasión solo uno. Ello se debe a las exageradas condiciones de experiencia como redactor (veinticinco años por ejemplo; o varios documentos similares redactados en la misma comunidad autónoma), al elevado volumen de negocio que deben justificar los concursantes y a las altas garantías provisionales económicas. Relajar estas condiciones de acceso permitiría la entrada a competir de nuevos equipos, quizá con menos experiencia en situaciones similares pero con otras cualidades, por ejemplo académicas.

No se deben aceptar las bajas económicas por debajo de un límite realista. Las ofertas inferiores impiden el buen hacer profesional y solo traen inconvenientes al organismo público que efectúa el encargo. Hay numerosos profesionales muy cualificados en los distintos campos que intervienen en el urbanismo: ingenieros, arquitectos, sociólogos, biólogos, geógrafos… y se pueden formar equipos con capacitaciones muy altas, pero se debe exigir la dedicación efectiva al trabajo que se ha ofertado; por ello se debería pedir un certificado de trabajos similares y en curso, para comprobar si esa dedicación prometida es posible, o imposible por razón de simultaneidad. No olvidemos que el urbanismo, como la arquitectura, es una práctica profesional que exige en buena parte la presencia física, especialmente si se quieren potenciar los procesos de participación ciudadana.

Contando con los buenos equipos que se pueden formar, y si se moderan los requisitos de acceso económico o de experiencia, claramente exagerados, la decisión de los concursos radicará, como ya ocurre actualmente, en las cuestiones subjetivas: las propuestas metodológicas de actuación. Por ello se debería ir más allá de lo que prevé la Ley de Contratos del Sector Público y pedir siempre la intervención en la baremación de un grupo de expertos, que incluyera a personas ajenas al municipio, por ejemplo representantes de la comunidad autónoma, universidad o de los colegios profesionales.

En cuanto a la baremación de los concursantes, si se pretende que la transparencia y la participación ciudadana formen parte esencial de la planificación, entre otras razones porque dificultan la corrupción, la dedicación a ellas por parte de los concursantes, en medios materiales y humanos, debe ser un elemento básico a tener en cuenta en la puntuación.

Un enfoque distinto en la elección de los redactores del urbanismo, facilitando la entrada de nuevos equipos, que dediquen medios a la transparencia y a la participación en el proceso de planificación, que manifiesten si poseen intereses privados en el municipio, que expresen su renuncia a cualquier incompatibilidad, y que sean elegidos con participación de expertos ajenos a los municipios, es un buen comienzo para un urbanismo que responda a las necesidades sociales y que se aleje de sospechas de corrupción.

Normas del blog sobre posts y comentarios

Día a día este blog va adquiriendo mayor difusión. En apenas un mes ha avanzado diez mil puestos en el ranking español de páginas web (Alexa). Si es así es gracias, evidentemente, a nuestros colaboradores y a nuestros lectores. Los primeros han sabido escoger los temas jurídicos que más interés tienen en la actualidad y desarrollarlos con seriedad y rigor. Los últimos son los que dan vida al blog con su participación, cuyo nivel y calidad media es de lo mejor que puede encontrarse hoy en la red.

Como nos gustaría que tal cosa no sólo se mantuviese sino que incluso mejorase, hemos subido a la pestaña de arriba (Disclamer) nuestra política de posts y comentarios, que reproducimos ahora aquí:

Política relativa a los posts:

El blog ¿Hay Derecho? está abierto a publicar los posts remitidos por nuestros lectores, siempre y cuando cumplan con unos requisitos mínimos:

  1. Los posts deben tener entre 700 y 900 palabras máximo;
  2. Los temas deben de guardar conexión con el ámbito jurídico, evitando consideraciones excesivamente generalistas, y procurando centrar el tema en un aspecto concreto jurídico-político, preferiblemente de actualidad.
  3. Se valora el lenguaje sencillo y la claridad expositiva.
  4. El lenguaje será formalmente correcto, evitando descalificaciones personales, insultos o expresiones malsonantes.

El ideario de nuestro blog es la defensa del Estado de Derecho en un momento de crisis política e institucional, y el análisis profesional de las cuestiones jurídico-políticas de actualidad, por lo que el Consejo de Redacción del blog compuesto por los editores y la responsable técnica del blog mismo se reservan el derecho a no publicar los posts que no concuerden con este ideario, aunque la aprobación de un post por este Consejo de Redacción para su publicación no supone la identificación de sus componentes con su contenido.

Política relativa a los comentarios:

El blog ¿Hay Derecho? anima a todos sus lectores a hacer comentarios a los posts publicados. Nuestro objetivo es fomentar el debate independiente y riguroso, y con este objetivo realizamos una moderación de los comentarios, guiada por los siguientes criterios:

  1. No se aceptarán comentarios que contengan descalificaciones personales, el racismo, el sexismo, insultos, acusaciones y semejantes.
  2. La longitud máxima de los comentarios es de 350 palabras, salvo en determinados y justificados casos en los que las circunstancias aconsejen publicar comentarios más extensos.
  3. No se aceptarán comentarios que se desvíen demasiado del tema tratado en el post.

La moderación de los posts supone la intervención de personas físicas responsables de esta moderación, lo que algunas ocasiones, supone un cierto retraso en su publicación. En todo caso, la aceptación de un comentario no implica necesariamente la aceptación por parte del Consejo de redacción del contenido del comentario ni tampoco de sus formas, pues de ambos es responsable su autor. Por ello, se valora favorablemente la identificación del comentarista.

 

Revisión de valores catastrales y crisis inmobiliaria

Estos días los madrileños estamos recibiendo la notificación del nuevo valor catastral de nuestras viviendas y la apreciación general es que se ha producido un incremento más que considerable. La verdad es que resulta difícil encontrar datos fiables, necesarios para un estudio económico de la incidencia de la actual revisión catastral sobre la presión fiscal (a lo mejor nuestros amigos de nada es gratis nos pueden ayudar), pero ello no impide algunas consideraciones generales.

 

Según el diario El País  la revisión supone un incremento general de los valores del 74 % y, como el nuevo valor se va aplicando gradualmente a lo largo de diez años, lo que se va a producir es un incremento todos los años en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 5,7 %, lo que, ya de entrada, no está nada mal.

 

Pero es que además el incremento de los valores catastrales tienen otras importantes repercusiones.

 

Por una parte, no deja de llamar la atención la celeridad con la que se procede a realizar la revisión decenal, celeridad que algún mal pensado puede atribuir, más que a un estricto cumplimiento del mandato legal, a la oportunidad de recoger unos valores que todavía siguen inflados por una burbuja inmobiliaria que aún no ha explotado del todo y que quedan así blindados por diez años frente a posibles y previsibles mayores bajadas.

 

Por otra, creo que es importante advertir de las consecuencias que el incremento de los valores catastrales puede tener en otros impuestos como el recién resucitado Impuesto sobre el Patrimonio y, sobre todos, en el Impuesto municipal sobre el Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana (vulgarmente conocida como plusvalía municipal).

 

Mi experiencia personal, y la de todas las personas con las que he comentado el tema, es que el incremento del valor de los inmuebles ha recaído muy principalmente en el valor del suelo, que ha aumentado entre un cien y un doscientos por ciento en muchos casos, mientras que la variación del valor de construcción es mucho menor. Ese dato es irrelevante en lo que al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se refiere ya que la base imponible de este impuesto es el valor total de la finca, con independencia de su distribución, pero tiene enorme importancia en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana que se calcula, precisamente, en función del valor catastral del suelo.

 

Es cierto que la Ley Reguladora de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) prevé en su artículo 107.3 que durante los cinco años siguientes a la revisión catastral se aplicará una reducción entre el 40 % y el 60 % para la determinación de la base imponible del impuesto (la determinación del porcentaje corresponde al cada ayuntamiento e ignoro cuál será el que se fije en esta ocasión pero me temo lo peor). En cualquier caso, tal reducción es claramente insuficiente frente al espectacular incremento de los valores del suelo, que muchas veces triplican los actuales, lo que va a hacer que en muchos casos la plus valía municipal, a partir del próximo uno de enero, se incremente fácilmente en más de un 25 %.

 

De esta forma, se produce un incremento de fiscalidad que puede pasar desapercibido para la mayoría de la población pero no para los que tengan que pagar el impuesto a partir del próximo año. Todo ello en un proceso histórico reiterado que hace que impuestos que nacieron con un carácter muy secundario adquieran cada vez más protagonismo debido, entre otras cosas, a unos tipos impositivos que inicialmente se fijaron muy altos con la justificación de que se aplicaban a unos valores muy inferiores a los reales pero que se mantienes cuando los valores se suben hasta aproximarse, o en ocasiones superar, a los de mercado.

 

Además, el protagonismo de este impuesto, en la situación en que vivimos, se acrecienta por el hecho de ser el sujeto pasivo el vendedor. Y es que en tiempos de bonanza para el vendedor ese impuesto no dejaba de ser una minoración de las plusvalías que siempre se obtenían con las ventas de forma que lo único que tenía que hacer era destinar, de mejor o pero grado, parte del dinero percibido a pagar el impuesto. Pero hoy en día, en muchísimos casos, tales ganancias no existen puesto que se vende la finca por debajo del precio de compra. En muchos caso, y esta es la aspiración actual de muchos españoles, las ventas se hacen por el importe pendiente de la hipoteca sin que el vendedor perciba un solo euro. En tales supuestos, la plusvalía municipal no hace sino incrementar el desastre económico del vendedor e, incluso, puede hacer inviable la operación al devengarse una deuda fiscal que el vendedor no está en condiciones de afrontar.

 

Y lo mismo ocurre con las daciones en pago ya que no es infrecuente que una vez que el banco, ¡por fin!, accede a quedarse con la finca, liberando al deudor de toda responsabilidad, la operación se vea truncada por una elevadísima plusvalía municipal que el sujeto pasivo, el deudor, no puede de ninguna manera asumir; de tal forma que la ansiada dación liberatoria, tan alabada por políticos de todos los signos, puede resultar inviable por la voracidad fiscal de la propia Administración.

 

En definitiva, la inevitable subida de la plusvalía municipal que la revisión catastral va a producir supone un incremento de la fiscalidad que se realiza de tapadillo y que va a proporcionar una exigua contribución a las exhaustas arcas municipales pero, a cambio, lo que se va a conseguir es deteriorar aún más el mercado inmobiliario y, sobre todo, dificultar, e incluso imposibilitar, la solución de las situaciones más angustiosas.

Garzón y “La justicia del señor juez”

En los últimos días han aparecido algunas noticias relativas al juez Garzón – véase El confidencial – y ello me ha impulsado a escribir este post, que tenía en cartera desde hace algún tiempo. Este magistrado presentó inicialmente, desde un punto de vista mediático, una imagen muy positiva de luchador contra las mafias y el terrorismo, de justiciero, o llanero solitario entre una masa de jueces abúlicos o demasiado garantistas (o eso parecía); en una segunda fase, se nos presenta como un político despechado que vuelve al juzgado y empitona a sus compañeros de partido, destapando eso sí, unas tramas de corrupción política; en una tercera fase, aparece como abanderado de grandes causas universales que le dan gran fama, aunque ello va acompañado de rumores sobre su deficiente modo de instruir. En el último capítulo, aun pendiente de concluir, el alguacil resulta alguacilado a consecuencia de presuntas irregularidades en distintos asuntos.

Es un personaje, pues, que genera odios y amores porque pesan en su haber esa actuación decidida en la lucha contra el crimen y en plantear ciertas causas (quizá esto también debe estar en el debe), que hay que reconocer han conectado con ciertas corrientes ideológicas, y en su contra –aparte del resultado que puedan tener los procedimientos abiertos contra él- ese regusto de la regla “el fin justifica los medios” y la poca consideración al procedimiento que exudan sus actuaciones, así como su excesiva exposición mediática, impropia de un juez y la falta de resultado prácticos en sus procesos. Seguro que a ustedes se les ocurren más motivos de uno y otro.

A mí, la verdad, sin conocer el asunto, me pesaban más los argumentos en contra, pues, prima facie, me parecía un caso, de los que tanto proliferan hoy en día, de patrimonialización de la función, es decir, de lo que hace la persona que no interioriza y hace suyos, como debería, los postulados de la función que desempeña para servirla, sino que adquiere y hace suya la función misma, a la que hace servidora de sus fines, totalmente distintos de los de aquélla. Pero claro, esto es sólo una impresión personal, un doxa, producto quizá de prejuicios y postulados políticos y sociales, que no se puede elevar a la categoría de verdadero conocimiento, el episteme, sin analizar de cerca al fenómeno de los jueces estrella.

Por ello me ha resultado enormemente reveladora, y escalofriante, la lectura del libro “Riofrio. La justicia del Señor Juez”, de Santiago Muñoz Machado” (Edhasa, 2010). El libro narra, a modo de novela, un caso real acaecido al autor -conocido y prestigioso catedrático de Derecho administrativo- y sus clientes con motivo de la instrucción de un proceso dirigido por un juez innominado a consecuencia de un presunto fraude fiscal y unas supuestas infracciones a la ley de televisión privada por parte de Tele 5. Cuenta la terrorífica peripecia real de unas personas que se ven envueltas en el procedimiento, sin prueba objetiva alguna que lo avale, por la única razón real de que a un juez estrella le interesaba encausar a Silvio Berlusconi. Para capturar este apetitoso pez, el juez no duda, a decir del libro, en incurrir en lo que el autor llama “incongruencia omisiva”, es decir, que ante un alegato de cien páginas bien fundamentadas, el juez contesta en dos líneas rechazándolo todo (p.23); en declarar prisión con fianza altísima por recónditas razones (p. 49); en cambiar las imputaciones a medio camino cuando el abogado le demuestra que están equivocadas (p.117); en omitir u ocultar las pruebas presentadas por la defensa, sin explicar la razón por la que no se les presta atención (p. 126); en amañar pruebas, pues los llamados “informes periciales obrantes en la causa” eran en realidad el trabajo de un funcionario adscrito a la fiscalía (lo que en realidad le convertía en denunciante), al que se le entrega toda la documentación con la frase: “a ver qué encuentras” (p. 127 y ss).

Y todo ello durante diez años y aunque las imputaciones no tenían sentido: en cuanto al delito fiscal, la Agencia Tributaria no había emprendido acciones y en cuanto a la supuesta titularidad de más de un 25 % de una televisión (delito inexistente en nuestro Derecho), el Tribunal Supremo había dictaminado a favor de los imputados.

Es de señalar la sorpresa del abogado-autor –sin duda “juez” y parte, pero altamente creíble- ante esta situación que no puede creer se pudiera dar en nuestro país, presuntamente un estado de Derecho, lo que le lleva a decir que “no existe ninguna garantía de los derechos durante la instrucción penal en España” (p. 48). Y es una sorpresa porque aunque –eso es claro- este no es el caso general, no han funcionado los mecanismos que hubieran debido impedir que tal excepción se prolongara, ya sea porque los Tribunales superiores preferían esperar al juicio por la complejidad de la causa o porque una querella por prevaricación hubiera sido contraproducente (p.87). Y sentencia: “un juez no aplique la ley, sino que modifique a su antojo las decisiones del Parlamento, y además, ponga al poder ejecutivo a sus servicio, estará concentrando en su mano todos los poderes del Estado y arrasando, al hacerlo, todos los valores en que se basa la Constitución” (p. 188).

En alguna ocasión, yo mismo he hablado de la vinculación de los jueces a la ley en este blog, pero esto es distinto: se trata de un caso excepcional gravísimo –y seguro que denostado por la mayoría de la nobilísima e importantísima profesión judicial- pero lamentablemente posible en España.

El autor no menciona en ningún momento el nombre del juez, seguro que en un alarde de elegancia o en un deseo de criticar situaciones y no personas (aunque no es de excluir que como Harry Potter no quiera mentar a Voldemort); pero decidan ustedes, mirando aquí.