Artículo de nuestro editor Rodrigo Tena en El Mundo «Imparable agonía europea»

 

Se ha discutido mucho cuáles fueron las ventajas comparativas que permitieron a Europa alcanzar un predominio mundial casi absoluto a partir del siglo XVI y mantenerlo hasta mediados del XX. Durante un tiempo, China pareció contar con más opciones, pero éstas se malograron casi enseguida.

Hoy casi todos los especialistas apuntan a que la clave fue la dispersión del poder territorial. La existencia de pequeños territorios enfrentados entre sí contribuyó a garantizar, paradójicamente, altas dosis de seguridad y libertad a los ciudadanos europeos, fomentando así la innovación. Ningún poder público ostentó nunca un control completo sobre el continente, lo que evitó errores irreparables, como el cometido por la autoridad imperial china durante la dinastía Ming al frenar las exploraciones marítimas. Colón visitó muchas cortes europeas antes de encontrar una que le patrocinase, pero al final tuvo éxito. Del mismo modo, por muy absoluto que fuese un monarca europeo estaba obligado a autocontrolarse, si no quería que las mejores cabezas y los capitales le abandonasen para correr a ocultarse bajo la protección del vecino. La concurrencia de jurisdicciones -civil y eclesiástica- contribuyó asimismo a frenar los abusos, al limitarse mutuamente. Conclusión: la dispersión del poder garantizó en Europa, por comparación, un alto nivel de seguridad jurídica, clave para cualquier desarrollo digno de este nombre.

Hoy las cosas han cambiado mucho, pero los europeos nos resistimos a enterarnos, invocando nuestras tradiciones nacionales. Esas que en su día nos aseguraron la preeminencia mundial, pero que ahora están a punto de garantizar nuestra insignificancia. Y es lógico, pues no resulta fácil asimilar que las virtudes que se vinculan casi inconscientemente con el éxito nacional a la hora de ingresar en el club de los ricos, puedan convertirse en defectos tan pronto como el cambio de las circunstancias obliga a considerarlos bajo una nueva luz.

Esto es, sin duda, lo que ha ocurrido en el último medio siglo. La libertad y la seguridad ya no se garantizan dentro del continente votando con los pies. No sólo toda Europa, sino también una parte sustancial del mundo moderno es un mundo democrático, o en vías de serlo, que respeta la libertad de creación y de apropiación del producto del propio trabajo. Así ocurre incluso en países no democráticos, como China, donde si bien no se respeta la opinión de la gente, sí al menos su capital, tras abandonar apenas hace unos años la tradicional política confiscatoria característica de los despotismos orientales, de un signo u otro.

La ventaja relativa europea ha desaparecido, y su lugar lo ha ocupado un inconveniente relativo: la inseguridad jurídica derivada de compromisos políticos poco claros entre poderes soberanos, de la dificultad de delimitar competencias y de la general incapacidad de ejecución de unos y otras. El riesgo de despotismo político en Europa sigue siendo bajo, pero la inseguridad añadida que ofrece esa garantía impide un funcionamiento eficiente del sistema, al menos a la altura de lo que los tiempos demandan en un mundo globalizado.

La grave crisis de deuda soberana que padecemos no obedece sólo a cuestiones económicas, sino que también es un problema de inseguridad jurídica. En EEUU, con una deuda todavía mayor, una reglas federales claras determinan los compromisos del poder federal con los distintos estados y de estos con aquél. En Europa, por el contrario, no se conocen con exactitud las reglas del juego aplicables, ni si los intereses particulares de los distintos polos de soberanía se impondrán o no sobre las consideraciones generales que presiden el sistema común. Un sistema que se ofreció al mundo de una manera un tanto hueca, sin haber soldado bien antes los cimientos, también jurídicos, sobre los que descansaba.

Por todo ello la desventaja española es todavía mayor. Hemos replicado a escala interna, y en apenas unos años, un proceso histórico de construcción nacional acaecido en Europa en el medievo y que a estas alturas hace agua por todos lados. Las cuestiones históricas y sentimentales son importantes, sin duda, pero ya es hora de asumir que los privilegios que ha gozado este continente se acaban a marchas forzadas, y que sólo una decidida voluntad por nuestra parte será capaz de revertir inercias que, dejadas a su albur, nos conducirán a un lugar en el nuevo mundo todavía más irrelevante del que ya merecemos.


La CNC, las tasadoras, el árbol y el bosque

El pasado 30 de Septiembre, la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) nos sorprendía con la apertura de un expediente sancionador  contra la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (ATASA) por posibles conductas anticompetitivas llevadas a cabo en el sector de la prestación de servicios profesionales de tasación, consistentes en la fijación –de forma directa o indirecta- de precios o de otras condiciones comerciales.

Que el árbol no impida ver el bosque.

Que la Asociación (engloba a las grandes empresas de tasación, menos Tinsa, por ejemplo) pacte con sus 36 asociados los precios de los honorarios (al margen de ser Ilegal) es un mal menor. Eso sí, entretenidos nos tienen.

Mucho más preocupante y con una gravísima repercusión en todos los ciudadanos es el hecho de que en la tasación se haya sobrevalorado el inmueble para conseguir el tan deseado (actualmente odiado) préstamo hipotecario.

Con respecto al Valor de Tasación me gustaría destacar lo siguiente:

-El valor de tasación es especulativo. Artículo 8 del Real Decreto 716/2009, de 24 de Abril, “Dicha tasación tiene por objeto estimar de forma adecuada el precio que pueden alcanzar aquellos bienes de manera que su valor se constituya en garantía última de las entidades financieras…”. (Una estimación adecuada para determinar un precio futuro y en manos de los bancos, hay que ser ilusos –con perdón-)

-La valoración de los bienes inmuebles se realiza de acuerdo con la Orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo y sus dos posteriores modificaciones, EHA/3011/2007 de 4 de octubre y EHA/564/2008 de 28 de febrero. Desde el año 2008 no se han modificado las normas de valoración, ¿Curioso o preocupante?…

-Finalidad legal de la tasación, es la garantía de préstamos que forman parte de la cartera de  títulos hipotecarios emitidos por las entidades a que se refiere el artículo 2 del RD 716/2009 de 24 de abril. 

-Ostros aspectos destacables, en el certificado de tasación tiene que venir el estado del inmueble, la situación de ocupación, los datos registrales y catastrales, nombre del solicitante, entidad financiera. Y tiene una vigencia de 6 meses desde la visita del técnico al inmueble.

Dicho todo esto, parece bastante obvio, que en esta fiesta de “Todo lo Tasamos y todo nos lo Adjudicamos que somos el Banco” hay dos hechos innegables, el primero; las empresas de tasación se han equivocado en sus “estimaciones”. ¿Quiénes son los responsables de los errores y quiénes pagan las consecuencias? Y el segundo; es necesario separar a las entidades financieras de las empresas de tasación.

Que ATASA pacte con sus asociados los precios es como diría Ricardo Arjona “lo mejor de lo peor que nos ha pasado”. Mucho más preocupante son esas tasaciones sobrevaloradas que están provocando, debido al Artículo 671 de la LEC, que en la ejecución hipotecaria y si la subasta queda desierta, el banco se pueda adjudicar el inmueble por el 50% del valor de tasación y se ordenen cancelar todas las inscripciones y anotaciones posteriores a la hipoteca ejecutada. Es decir, ¡la entidad bancaria se queda con el inmueble libre de cargas! Y mientras tanto los clientes entregan la vivienda y tienen una deuda viva frente al banco.

Lo dicho, que los árboles no nos impidan ver el bosque.

Crónicas del nacionalismo subvencionado: camas por embajadas

Habrá quien piense que la tengo tomada con el nacionalismo, pero quien piense así también creerá que solo existe una forma de expresar la singularidad, la que llevan practicando los últimos años en España PNV, CiU, Esquerra y Batasuna… y no es verdad. Pueden mirar fuera a cualquier Estado federal pero también, si lo prefieren, pueden recordar que existía la visión de Tarradellas (expulsado injustamente por los pujolistas) o la de los tradicionalistas de Marcelino Oreja Elósegui (ver la excelente autobiografía de su hijo Memoria y Esperanza) asesinado probablemente por ser moderado y razonable. Y es que en España, especialmente en aquellos territorios que presumen de no ser españoles, se castiga la mesura y se premian los excesos. Pero volvamos al tema que nos ocupa estos días: ¿realmente el nacionalismo sirve para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos? Porque lo demás, son discursos grandilocuentes que tratan de disfrazar lo que de verdad importa.

El president Mas ha dicho que la culpa de los recortes es (¿cómo no?) de Madrid, y que “nos quieren cada vez más folklóricos y menos nacionalistas”. Históricamente (cuando no gobernaban “estos” nacionalista) Cataluña había ejercido su singularidad dentro de España tratando de demostrar que tenían la mejor economía, la mejor clase empresarial, la sociedad más culta y abierta a Europa. Hoy, tras treinta años ininterrumpidos de gobiernos nacionalistas (porque el tripartito fue más nacionalista que el que más) tiene una economía en declive, una clase política más corrupta de lo deseable (en lo del 3% es vox populi que tenía razón Maragall) y al mismo tiempo de las mejores pagadas de España, un sistema educativo a la cola de Europa en resultados, unas empresas en huida (miren incluso a Planeta), la segunda deuda pública de España, una cultura que se mira al ombligo, una prensa complaciente y sumisa… Incluso pueden presumir de tener a los estudiantes españoles que peor hablan el español, idioma por cierto que cuenta en el mundo globalizado para encontrar trabajo…

Y es que los nacionalistas han conseguido que autonomía sea sinónimo de muchas cosas (ver mi anterior post): independencia, gasto ilimitado, ausencia total de controles…, sí, de muchas, salvo de una: responsabilidad y rendición de cuentas. Para evitar eso ya está el recurso victimista de echar la culpa a Madrid a la que también se acude curiosamente para evitar tomar decisiones (“lo del co-pago lo debe decidir Madrid”). Porque seamos serios ¿por qué se recorta en sanidad o en gastos sociales? Pues porque los gobiernos catalanes, en ejercicio de su autonomía de gasto, han hecho opciones de políticas públicas y en lugar de apostar por privilegiar el crear y mantener un sistema de salud y de protección social de calidad y eficiente, que les diera prestigio (real) en España y en Europa, han preferido optar por el folklore: comprando lanzas tribales, subvencionado la enseñanza del catalán en países latinoamericanos o abriendo costosas embajadas (folklóricas) embajadas cuya utilidad práctica es cercana al cero cuando no al ridículo ya que la protección consular sólo puede ser ejercida legalmente por el Estado español, ¿alguien cree que se fomenta la inversión extranjera clamando que Cataluña no es España? Bonita seguridad jurídica la que ofrecen. Con esta política no es de extrañare que la inversión extranjera en Cataluña en el último año sea cero (vean las estadísticas). A ello se unen organismos inútiles, caros o redundantes, junto a un fenomenal aparato de propaganda: la televisión catalana con tres canales autonómicos (y tres más locales), un presupuesto de 383 millones, otros 49 millones de Catalunya Ràdio (incluidos canales de música clásica, ¿en catalán?) y con una plantilla de 1.874 trabajadores en la televisión (más que las plantillas de Antena 3 y Tele 5 juntas) y 421 en la radio; todo ello sin contar las numerosas subvenciones a la prensa ¿privada? local. ¿Más folklore que esto? No, lo que les queremos es cada vez más responsables de sus actos y menos manipuladores.

Por supuesto que es legítimo tomar unas opciones u otras, pero no lo es no responder por ello ante los ciudadanos disfrazando (una vez más) malas políticas con el recurso (del eterno adolescente) de echar la culpa a los demás, decir que no había alternativa, o disfrazando errores envolviéndose en banderas de exaltación nacionalista. Si quieren ser nacionalistas que lo sean, pero si para ello necesitan (tras más de treinta años ininterrumpido de poder) emplear cuantiosas, crecientes y permanentes subvenciones, si para ello tienen que echar a enfermos de sus camas (los recortes han llevado a cerrar el 30% de las camas y el 40% de los quirófanos), o ancianos de sus residencias, entonces ese nacionalismo es artificial y tiene un coste que hay que explicar a los ciudadanos, pues pudiera ser que estos ante tal inacostumbrado ejercicio de transparencia decidieran que para ese camino no hacían falta alforjas. Si han decidido que importa más la bandera que la salud de los ciudadanos que lo digan claramente y que lo pongan en su programa, pero que no nos tomen el pelo.

Hace años, hablado con un dirigente de la Administración catalana, le pregunté que por qué era nacionalista. Primero me dijo que por la lengua, pero entonces le respondí que había naciones que compartían lenguas extranjeras sin problemas (toda América) y que otras, como la India, tenían más de cien lenguas sin que ello supusiera conflicto. Entonces me dijo que por la historia, pero entonces le recordé que todavía no nos habíamos puesto de acuerdo en redactar una historia oficial de España y lo cierto y verdad es que, con todos los matices que quisiera, llevábamos más de 500 años juntos y España era considerada en Europa una de sus naciones más antiguas. Finalmente exclamó: ¡porque es un sentimiento profundo y como todos los sentimientos no se pueden ni se necesitan explicar!  En eso tuve que darle la razón, pero le apostillé: “pues tened cuidado, que los sentimientos son manipulables, y como vienen se van. Yo que vosotros, si queréis sobrevivir y por si acaso, apostaría por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos catalanes, eso no falla nunca”. Se ve que no me escuchó. Y luego se quejan.

 

Y si te grabo una cinta…(De nuevo sobre el canon digital y la copia privada)

La Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, Tecnologías de la Información y de la Comunicación, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC) nació el pasado año de la fusión de las ya extintas Asociación de Empresas de Electrónica y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) y de la Asociación Multisectorial de Empresas y Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónicas (ASIMELEC). La batalla legal de estas asociaciones contra la figura del canon de copia privada es algo que viene ya de lejos. Aunque es ya sabido por todos, permítanme recordarles que el canon por copia privada nace como una compensación equitativa a los titulares de derechos de propiedad intelectual por el eventual menoscabo que, sobre su esfera económica, provoque el que un consumidor reproduzca o copie una obra original, obteniendo así varios ejemplares de la misma obra. Los ejemplos en nuestra vida cotidiana son, en este sentido, abundantes. El disco que grabamos para no llevar el original en el coche, la copia que nos pasamos al Mp3 para nuestra imperdible clase de pilates o la película de moda que le grabamos al amigo. Todos los anteriores son, faltaría más, comportamientos permitidos bajo la legislación en materia de propiedad intelectual, con la particularidad de que llevan aparejados una pequeña compensación para el titular de derechos.
Por tanto, conviene llamar la atención sobre que el mal conocido como “derecho” de copia privada es en realidad una limitación al derecho exclusivo que la ley concede a los titulares de derechos para, a cambio, permitir que una persona realice una copia del original de una obra, al que haya tenido acceso legítimamente, para su uso privado y sin ánimo de lucro.
Sujetos pasivos de esa compensación no somos, con el texto legal en la mano, los ciudadanos de a pie, y sí los fabricantes, distribuidores, importadores y exportadores de esos equipos y soportes idóneos para almacenar contenidos protegidos por derechos de autor. Dicha carga, bajo el auspicio de la legislación europea, es trasladada finalmente al usuario, nosotros, que pagamos los céntimos o euros de turno al comprar una tartera de discos vírgenes, un teléfono móvil capaz de almacenar música o un disco duro externo, por citar algunos ejemplos. No perdamos de vista, por ello, que en realidad nos están repercutiendo algo que deberían pagar otros.
No contentos con todo ello, esta semana hemos tenido conocimiento de un nuevo grito puesto en el cielo, con mucho arte, por parte de los representantes de AMETIC. En esta ocasión ha sido su presidente, Jesús Banegas, quien en declaraciones a Europa Press ha dejado algunas reflexiones dignas sin duda de análisis y comentario. Unas declaraciones que no encuentran justificación posible, pero que son difíciles de no traer a colación, recordando así a aquella fabulosa crítica que apareció en el Nueva York de los años 70 cuando Lola Flores tiró la puerta abajo con su arte. “Ha debutado en las tablas neoyorquinas la española Lola Flores”, publicaron los tabloides. “No canta. No baila. No es guapa… No se la pierdan”. Pues eso.
Dice Banegas, entre otras perlas, que la organización a la que representa no quiere que España se convierta en un país “estrafalario”, ya que, según sus datos, se encuentra entre los únicos 10 ó 12 estados del mundo que aún mantiene el canon. La regulación de un canon digital es un principio mayoritariamente aceptado en los países de la Unión Europea con la única excepción de Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Chipre y Malta. Es decir, han regulado un canon digital 22 de los 27 países miembros. No suena la cosa muy estrafalaria que digamos.
También es la opinión de Banegas, que no puedo evitar pensar que es la de AMETIC, que la mejor opción para acabar con la problemática social derivada del canon de copia privada es, simple y llanamente, acabar con dicho canon. Alude el presidente como ejemplo a seguir al modelo del Reino Unido, donde el canon, conviene aclarar, no se ha suprimido porque jamás ha existido.
La tendencia a solicitar la supresión del canon por copia privada, hasta donde he podido conocer sin ofrecer alternativa alguna al modelo existente, me sigue pareciendo algo tan sorprendente como inquietante. Cierto es que la Directiva europea 2001/29/CE, que en su artículo 5.2 regula la compensación a los titulares de derechos en concepto de copia privada, no deja opción a que, si se contempla esa copia privada, ha de existir la compensación. Sin embargo, la supresión sin más del límite de copia privada, ¿en qué situación real nos deja?
En Reino Unido, modelo a seguir para Banegas, y para muchos, la realización de copias para uso privado puede derivar incluso en la vía penal cuando se traspasan las fronteras del ambiguo y anglosajón concepto salomónico del fair use. No se puede, sencillamente, hacer copias de las obras originales.
El canon, tal y como está configurado ahora mismo, ha de remozarse y permitir que sujetos pasivos como las entidades públicas o las personas jurídicas queden exentas de su pago, en consonancia con lo expresado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Ha de reciclarse también el análisis y la enumeración de los equipos y soportes que han de quedar grabados, dado el constante y vertiginoso avance tecnológico. Pero ha de conservarse como institución jurídica, pues está en la esencia del sistema continental de propiedad intelectual y de protección al trabajo de los autores y demás titulares de derechos.
En el Congreso de los Diputados ya se votó antes del verano, a iniciativa del Partido Popular y con el apoyo del resto de grupos parlamentarios, la potencial supresión de este límite regulado en nuestra Ley de Propiedad Intelectual. Y las elecciones y el cambio de Gobierno no se acercan, se echan encima.
Reflexionemos de veras sobre en qué situación nos dejaría este remedio que se propone desde varias y destacadas instancias, y que huele a matanza de moscas a cañonazos. Tratemos de no perder la referencia sobre lo que estamos hablando. No todo ha de ser político o politizado. Y mucho menos lo relacionado con la cultura y su gestión. No todos los anteriores modelos han de ser necesaria o radicalmente suprimidos. No seamos, en fin, como las aves de aquel maravilloso verso de Dionisio Cañas en el que “los pájaros no pasan, se alejan”. Acertar no necesariamente ha de empezar por alejarse. Y nosotros cada vez nos alejamos más del punto de partida.

Las propuestas electorales de ¿Hay Derecho? (III): la regulación de la sustitución temporal de los representantes políticos

Hace un tiempo presenté una ponencia en un Foro del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales donde para planteaba la conveniencia de introducir la sustitución temporal de los cargos públicos representativos en los casos de enfermedad prolongada, permisos de maternidad y paternidad, nombramiento de un parlamentario como ministro, sanción parlamentaria de suspensión temporal de cierta duración y condena a la privación del ejercicio del cargo. El texto está incluido en el libro La sustitución temporal de los representantes políticos (Miguel A. Presno Linera/Carlos Ortega Santiago, CEPC, 2009).

La premisa que justifica mi planteamiento es que en los trabajos de los órganos representativos y en las decisiones que están llamados a adoptar en aras a dar continuidad a la participación política de los ciudadanos tiene que reflejarse el juego democrático de la diferencia entre mayoría y minoría, producto a su vez de una elección llevada a cabo por los ciudadanos y que pretende que cada opción política tenga una presencia en las instancias de decisión ajustada a su implantación social. Si la mayoría deja de serlo, por circunstancias sobrevenidas y que no le son imputables, se estará desvirtuando la expresión del pluralismo presente en la sociedad y, por utilizar las palabras de Hans Kelsen, la fuerza de integración social que es la que ante todo caracteriza al principio de mayoría.

El significado jurídico de la adscripción política de los representantes y el sentido funcional del ejercicio del cargo representativo también han de hacerse presentes cuando concurren circunstancias que impiden o dificultan aquel ejercicio, pues en tales supuestos, además de la perturbación que pueda experimentar el propio representante en el desempeño de sus funciones, estará en peligro el propio derecho de los ciudadanos a intervenir políticamente en el gobierno de la comunidad. En España ya se prevé la necesidad de articular respuestas a situaciones como la hospitalización, la convalecencia, el permiso parental, una larga enfermedad, el embarazo o el parto de alguno de sus componentes y las soluciones van desde la expresa delegación de voto (Cataluña, País Vasco) a las medidas que adopten las Cámaras (Canarias, Andalucía, Extremadura), entre las que puede estar las ya mencionadas de manera expresa en la Comunidad Valenciana: “sistemas de videoconferencia u otros sistemas técnicos adecuados”. No obstante, estas medidas únicamente ofrecen respuesta a las situaciones puntuales de emisión de voto, pero no abordan el conjunto del trabajo parlamentario ni, por  tanto, contemplan fórmulas que ofrezcan estabilidad temporal a las ausencias prolongadas de los parlamentarios.

A mi juicio, la sustitución temporal del cargo público representativo debiera aplicarse en los supuestos de enfermedad o lesión prolongada, permisos de maternidad y paternidad, incluidos los casos de adopción y acogimiento, suspensión temporal del cargo de diputado, senador o parlamentario autonómico, y cuando se imponga la pena de suspensión temporal de cargo público por tiempo inferior al que resta para la finalización del mandato. Tampoco debiera obviarse la posibilidad de que el nombramiento de un parlamentario como ministro le permitiera renunciar temporalmente al ejercicio de la función representativa, volviendo a ella si fuera cesado antes del fin de la Legislatura, de manera similar a lo que sucede en Bélgica, Dinamarca, Francia o Portugal, si bien en alguno de estos países la suspensión temporal se extiende a los secretarios de estado y es obligada al tratarse de cargos incompatibles.

La introducción de esta figura no plantea problemas de constitucionalidad y tendría que llevarse a cabo reformando la LOREG y los reglamentos de las Cámaras. En el ámbito autonómico, por medio de modificaciones en las leyes electorales respectivas y en los reglamentos de las Asambleas Legislativas.

En el derecho comparado es habitual utilizar el criterio de que la persona que temporalmente actuará como representante será la primera de la misma candidatura que no ha resultado elegida en el proceso electoral correspondiente; en el supuesto de que no acepte la sustitución se continuará con los siguientes candidatos en el orden en el que estén colocados; es lo que ocurre en Bélgica, Holanda, Portugal y Suecia.

En principio, se podrían utilizar esos mismos criterios en España, de manera que la sustitución temporal de los diputados al Congreso, autonómicos, miembros de los consejos insulares y cabildos, concejales y diputados provinciales, correspondiese a la primera persona de la candidatura que no hubiera resultado elegida, mientras que en el Senado la sustitución la desempeñaría el suplente. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la reforma introducida en la LOREG por la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, avalada en su constitucionalidad por la STC 12/2008, de 29 de enero, parece más ajustado a la normativa vigente mantener el equilibro que se pretende trasladar desde la sociedad a los órganos políticos de representación ciudadana. Si se ha pretendido que la igualdad efectivamente existente en cuanto a la división de la sociedad con arreglo al sexo no se desvirtúe en los órganos de representación política con la presencia abrumadoramente mayoritaria de uno de ellos cuando se deba acudir a la sustitución temporal de un diputado al Congreso o autonómico, de un miembro de los consejos insulares o cabildos canarios o de un concejal, tendría que llamarse al primero de la lista no electo que sea del mismo sexo que la persona a sustituir y únicamente en el caso de que no fuera posible cubrir así la vacante temporal se acudiría al primero no electo del otro sexo. La sustitución temporal de los senadores correspondería en principio al suplente, sea o no del mismo sexo, pero si se trata de una candidatura agrupada en una lista entonces se podría utilizar el mismo criterio que para las restantes elecciones, de manera que ocuparía la plaza el siguiente no electo del mismo sexo. En cuanto a la sustitución de los senadores autonómicos se regiría por el criterio establecido por la Comunidad Autónoma correspondiente, si bien parece que debiera promoverse que el cargo se atribuyera a una persona del mismo sexo que el sustituido. En las circunscripciones de Ceuta y Melilla realizaría la sustitución el suplente previsto en el artículo 170 LOREG. En las diputaciones provinciales se atribuirá temporalmente el cargo al suplente del mismo sexo.

El sustituto o sustituta adquiriría la condición plena de parlamentario estatal, autonómico o europeo, o miembro de la entidad local de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora. A partir de ese momento desempeñaría sus funciones con igualdad de derechos y obligaciones que los demás cargos públicos representativos del órgano de que se trate. La sustitución temporal finalizaría cuando la persona sustituida se reincorporase a sus funciones representativas, bien por la terminación de la causa que la motivó (baja, permiso maternidad o paternidad, sanción o pena) o, cuando se trate de una sustitución solicitada voluntariamente, al reclamarlo el sustituido mediante escrito dirigido al órgano que aprobó la sustitución. El sustituto o sustituta cesaría automáticamente en su condición de cargo representativo, pero podría volver a ser llamado para realizar nuevas sustituciones si así se le requiriese en los casos que proceda.

Historias de la CAM o como meter la mano en la Caja (con todas las bendiciones)

Vaya por delante que no soy experta en gestión ni en regulación de Cajas de Ahorros, y que  para cualquier estudio serio de carácter económico sobre lo ocurrido en la Caja de Ahorros del Mediterráneo y en otras Cajas de Ahorro me remito a los numerosos posts publicados por nuestros colegas de Nada es Gratis sobre el tema,  Por cierto, en NeG llevaban pidiendo meses, incluso años, que el Banco de España tomase medidas drásticas para poner orden en las Cajas, impidiendo que al final su salvación costase un montón de dinero de los contribuyentes, como al final parece que va a ocurrir.

Y para un análisis más corto pero muy certero de lo ocurrido con las Cajas durante todo este periodo, me remito a la columna de John Muller en “el Mundo” del sábado 1 de octubre “el error del Gobernador”.  De este artículo quiero resaltar esta frase: “Hay muchos ejemplos de mala gestión y amiguismo en las cajas que han sido enterrados para siempre”.  Demoledor ¿no?  Esta es la frase que me ha llevado a escribir este post.

Tomaremos el caso de la  CAM como ejemplo,  ya que nos dice el Gobernador del Banco de España que es “lo peor de lo peor”     Y efectivamente, vemos que la CAM ejemplifica de forma espectacular todos los males posibles en la gestión de una Caja de Ahorros: burbuja o/y pelotazo inmobiliario, mala gestión, falta de profesionalidad, amiguismo, conchaveo con los políticos de turno (muchos de de ellos con problemas judiciales), tolerancia y descontrol  por parte de la Comunidad Autonóma supuestamente encargada de supervisar a la Caja (según su propia normativa) a cambio de financiación de proyectos faraónicos y de comprar pagarés autonómicos dos minutos antes de ser intervenida, desfachatez de los gestores salientes que se han embolsado cantidades estratósfericas en forma de prejubilaciones -5 directivos se embolsaron entre todos más de 13 millones de euros al acogerse a un ERE que puso en marcha la Caja este mismo año, poco antes de su intervención por el Banco de España en julio pasado o “pensiones vitalicias” de 370.000 euros a la Directora General, créditos concedidos a los amigos o a los propios Consejeros de la Caja al 0% de interés inexistencia de control alguno por parte de los órganos internos de control de la Caja (sí, aunque sea increíble, los tenía) y por último, actitud cuanto menos complaciente del Banco de España con los desmanes cometidos, que tenían que ser conocidos desde hacía tiempo al haber dado la voz de alarma sus propios inspectores.

Y esta Caja cabe preguntarse ¿se rige por algún tipo de norma aparte de por la libérrima voluntad de sus gestores? ¿No la controlaba ni supervisaba nadie? Merece la pena destacar lo que dice el Decreto Legislativo 1/1997 de 23 de julio del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorro de la Comunidad.

Porque resulta que esta normativa es bastante estricta, lo que pasa sencillamente es que no se ha cumplido

Veamos por ejemplo el art.35.1 sobre la obtención de créditos por los Vocales del Consejo de Administración y su parentela:

«1. Los vocales de los Consejos de Administración, así como sus cónyuges, ascendientes o descendientes y las sociedades en que dichas personas participen mayoritariamente en el capital, bien de forma aislada o conjunta o en las que desempeñen los cargos de presidente, consejero, administrador, gerente, director general o asimilado, no podrán obtener créditos, avales ni garantías de la Caja de Ahorros respectiva o enajenar a la misma bienes o valores de su propiedad o emitidos por tales entidades, sin que exista acuerdo del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y autorización del Instituto Valenciano de Finanzas. Esta prohibición no será aplicable a los créditos, avales o garantías para la adquisición de viviendas concedidas por la Caja de Ahorros con aportación por el titular de garantía real suficiente y se extenderá, en todo caso, no sólo a las operaciones realizadas directamente por las personas o entidades referidas, sino a aquellas otras en que pudieran aparecer una o varias personas físicas o jurídicas interpuestas. Tampoco será de aplicación respecto a los representantes del personal, para los cuales la concesión de créditos se regirá por los Convenios Laborales, previo informe de la Comisión de Control.

2. La transmisión de cualquier bien o valor, propiedad de una Caja de Ahorros, a los vocales del Consejo de Administración, así como a las personas vinculadas que se citan en el apartado anterior, deberá contar con la autorización administrativa del Instituto Valenciano de Finanzas.”

¿Y que es el Instituto Valenciano de finanzas que al parecer tenía que autorizar estas operaciones? Pues nada menos que una entidad pública dependiente de la Generalitat a través de su Consejería o Consellería de Hacienda. En fín, otro organismo público independiente y profesional más. Les recomiendo una visita a su web porque  no tiene desperdicio. En sus notas de prensa, por ejemplo, nos informan de que la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía en la que menos ha crecido el endeudamiento en los últimos meses o que la calificación A- se sitúa entre las consideradas buenas y es la séptima nota más alta de las que otorga esta agencia. No es broma. De la CAM, nada, claro.

Además, el art.38 de la misma Ley regula la Comisión de Control cuyo objeto es “ cuidar de que la gestión del Consejo de Administración se cumpla con la máxima eficacia y precisión, dentro de las líneas generales de actuación señaladas por la Asamblea General y de las directrices emanadas de la normativa financiera. Dedica además su composición y sus funciones, que evidentemente no desempeñó.

Pero volviendo a las funciones del Instituto Valenciano de Finanzas nos dice el art.55.1 “ Sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda y al Banco de España y en el marco de la legislación básica del Estado, el Instituto Valenciano de Finanzas ejercerá las funciones de disciplina, inspección y sanción respecto a las actividades realizadas en su territorio por las Cajas de Ahorros. En particular, el Instituto Valenciano de Finanzas velará por el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia de las operaciones financieras y protección de la clientela de las Cajas de Ahorros.

2. En materia de disciplina e inspección, el Instituto Valenciano de Finanzas podrá celebrar convenios con el Banco de España.”

Interesante ¿no? Más que nada porque se nos dice que el Instituto Valenciano de Finanzas solo hacía “autorizaciones administrativas”, vamos, que ponía sellos pero sin mirarse los papeles. Pues para hacer solo eso, resulta bastante lujoso, consulten su organigrama.

Y en materia de responsabilidades de los gestores, no es cierto que no existieran o que no se pudieran exigir. Lo que ha pasado sencillamente es que la propia Caja primero, la Generalitat Valenciana después, y el Banco de España por último, no han hecho nada. Vean si no el tenor literal del art. 56:

“1. Incurrirán en responsabilidad administrativa las Cajas de Ahorros cuando por acción u omisión infrinjan las normas imperativas de ordenación y disciplina emanadas del Estado o de la Generalitat Valenciana. En todo caso, la entidad de crédito en cuestión podrá ejercitar las correspondientes acciones de naturaleza civil o penal contra las personas individuales que realicen funciones de dirección o administración.

2. Incurrirán, también, en responsabilidad administrativa sancionable quienes ostenten cargos de administración o dirección, cuando en su conducta se aprecie ánimo doloso o negligencia directamente determinante de la infracción grave o muy grave cometida por la entidad.”

Ah, y también hay responsabilidad para los miembros de la Comisión de Control por no controlar. (art.67 de la Ley)

Sigue un catálogo de las infracciones muy graves, graves y leves que se pueden cometer por los órganos de gestión. Por no alargar este post hasta el infinito no las enumero, pero les puedo asegurar que así, a ojo, los gestores parecen haber incurrido prácticamente en todas las infracciones posibles.

Por último, y como broche de la regulación, el art.68 recuerda que se pueden adoptar medidas cautelares mucho antes de que llegue el Banco de España:

“Sin perjuicio de las facultades correspondientes al Banco de España, cuando una Caja de Ahorros se encuentre en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia, podrá acordarse de oficio o a petición de la propia entidad, la intervención de la misma o la sustitución provisional de sus órganos de administración o dirección hasta que sea superada tal situación.

En cuanto a la competencia, no cabe duda. Dice el art.69 que “La intervención o sustitución prevista en el artículo anterior será acordada, en su caso, por el Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, previa audiencia de la Caja de Ahorros afectada. Dicha audiencia no será necesaria, sin embargo, cuando haya precedido petición de la entidad o el retraso que tal trámite previsiblemente originaría comprometa gravemente la efectividad de la medida o los intereses económicos afectados.”

Además esta responsabilidad administrativa es independiente de la que pudiera corresponder por la concurrencia de delitos o faltas penales, que también se puede –y a mi juicio- se debe exigir.

En conclusión, el incumplimiento de todas estas normas resulta muy revelador no ya del funcionamiento de la CAM, sino sobre todo del funcionamiento de la Generalitat Valenciana (gobernada por el PP durante todo este tiempo) y de lo en serio que se tomó sus labores de supervisión y control de esta Caja, que tantas iniciativas políticas de relumbrón podía financiar y tan complaciente se mostraba siempre con los deseos de los políticos de turno, incluidos los particulares.

El resultado ya lo conocemos: un dineral invertido a costa de los contribuyentes y una salida finalmente incierta, puesto que resulta que los 2.800 millones de euros invertidos en julio pasado por el FROB en el capital de la Caja con la idea de poder recuperarlos algún momento parecen ahora “peanuts” y su recuperación, ciencia ficción. Por ahora hay que inyectar otros 3.000 millones de euros  para ver si alguien la compra. Y al que la compre, hay que garantizarle que no le pase nada con los activos “tóxicos” de la Caja, total otro dineral….Como dice el Gobernador del Banco de España esto va a costar “un dinero” a los contribuyentes.  De paso, se añade otro agujero en las ya maltrechas cuentas públicas que según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda puede rondar el 0,3% del PIB.

Pero la reflexión más importante es la que tiene que ver con la demoledora frase de John Muller  Como ciudadanos y como juristas  ¿Nos podemos conformar con enterrar para siempre años de mala gestión y de amiguismo sin más? ¿Cómo es posible que no se exija ninguna responsabilidad jurídica por la mala gestión de los directivos de las Cajas y que no tengan que devolver ni un euro cuando vamos a “salvar” esta y otras Cajas con dinero de todos? ¿Y qué significa que el gobernador del Banco de España diga que no hay que “pensar con las tripas” y que hay que ser muy escrupuloso con la aplicación de las normas? ¿Tan escrupulosos, por ejemplo, como ha sido la Generalitat Valenciana con la aplicación de la Ley que ella misma aprobó y cuyo incumplimiento alentó o cuanto menos toleró? ¿No hay responsabilidades políticas que exigir a la Generalitat?

No será este blog el que piense con las tripas y no exija la aplicación escrupulosa del Derecho y de las normas. Pero en mi opinión, el respeto escrupuloso de las normas exige consecuencias jurídicas muy serias para este tipo de conductas. Y por supuesto, alguien tiene debería responder políticamente  también. Y perdonen la extensión del post. pero creo que el tema lo merece.

El despido improcedente del etarra

Encontramos ayer una noticia sorprendente en el periódico. El despido de un etarra, condenado a trece años, y que le había sido en su día comunicado, ha sido declarado improcedente, y se ha obligado a Telefónica, donde trabajaba, a readmitirlo. El argumento es bastante sofista: el abandono de su puesto de trabajo no se debió a una voluntad deliberada, “sino más bien lo contrario, aparece como indubitado que ello fue consecuencia del cumplimiento de una condena penal, lo que difícilmente casa con el concepto de ‘voluntariedad’, sino más exactamente con el de ‘obligatoriedad’.

Pero ¿Acaso no era voluntaria su pertenencia a una banda dedicada a planear crímenes y otros delitos? Y desde luego, no creo que pueda desconocerse el riesgo de ser capturado y encarcelado por ello.

Si esta solución fuera generalizable, podría añadirse un argumento más a favor de la necesidad de una reforma de la legislación laboral, para que no sea tan protectora con quien no lo merece. Porque la consecuencia es que mucha gente que sí merecería estar trabajando no va a encontrar trabajo. Además del evidente efecto desincentivador de conductas cívicas y responsables en el propio trabajo y en la sociedad.

Pero tiene uno la tentación de pensar que, tal vez, si el juzgado sentenciador no estuviera donde está y no hubiera detrás una campaña de LAB y del mundo abertzale en general, la sentencia podría haber sido otra. Lo que también sería muy significativo del alcance de la pacificación de la zona, en la que aún está lejos de regir el principio de igualdad ante la ley, y desde luego los mecanismos de un correcto funcionamiento del Estado de derecho.

 

Lenguaje jurídico y lenguaje correcto


 

La penúltima ocurrencia de nuestro Gobierno, por boca del Ministro de Justicia, consiste en la pretensión de cambiar  el lenguaje jurídico,  para  que  los  ciudadanos puedan comprender mejor las sentencias de nuestros jueces y Tribunales.  Según el CGPJ, el 82 % de los ciudadanos cree que el lenguaje jurídico es complicado y difícil de entender, de modo que los jueces van a tener que seguir una serie de pautas para que sus sentencias resulten más sencillas de leer. Según la información que publica el Diario Expansión, el Secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado que el informe apuesta por emplear «frases cortas» en lugar de «párrafos largos, subordinadas, pasivas y gerundios» que dificultan la comprensión del contenido del acto judicial. «Las recomendaciones se dirigen hacia un lenguaje sencillo, que siga las pautas de la propia Academia», ha añadido. Igualmente, el ‘número dos’ de Justicia ha enfatizado la importancia de que el ciudadano «comprenda aquello que se dice sobre él» y que «determina sus relaciones en la vida social». A su entender, los usuarios deben ver la Justicia como «la primera instancia a la que consultar» en lugar de la «última a la que acudir» para resolver sus problemas. Hasta aquí todo parece más o menos correcto porque es cierto que la redacción de algunas sentencias dista mucho de seguir los cánones de la Real Academiade la Lengua, no por las expresiones que se utilizan sino  por su lamentable sintaxis. No hace falta ser muy veterano para recordar la época en la que las Sentencias contenían Considerandos (no Fundamentos de Derecho, como ahora) que resultaban imposibles de leer en alto, a menos de perder el aliento. Y todo, porque la Ley exigía que cada Considerando fuese una sola frase, con lo cual los puntos brillaban por su ausencia y se hacía uso profuso del punto y coma y de las comas, con un tipo de frases en contra de las más elementales reglas de la sintaxis.

Ahora, el Ministro Caamaño quiere obligar a los jueces a que redacten sus escritos con mayor claridad, utilizando frases cortas y prescindiendo de los párrafos subordinados o de las frases largas. Como decía un antiguo profesor mío, cada idea en una frase y una frase para cada idea, lo cual resulta muy de agradecer para el lector de cualquier clase de escrito, tenga, o no, índole jurídica. Todo esto (si se queda ahí) me parece muy bien, pero la cosa no puede ni debe llegar al punto de exigir la supresión de expresiones calificadas como «crípticas y arcaicas» por varias razones muy elementales.

En primer lugar, porque cada profesión tiene su propio lenguaje técnico cuya utilización tiene por finalidad aquilatar bien el sentido de las expresiones que se utilizan. y que, muy frecuentemente, no tienen equivalente preciso en el lenguaje vulgar. Si yo digo que carezco de legitimación o que resulta procedente una reconvención, ninguno de estos dos términos (como sucede con otros muchos de frecuente utilización en Derecho) puede ser correctamente sustituido por otro sino por una definición -más o menos extensa- de los mismos. Y esto mismo sucede con casi todas las profesiones, desde las tituladas a las no tituladas, ya que una hernia de hiato no puede ser expresada con otros términos, porque resultaría absurdo decir que se trata de una situación patológica que se produce cuando parte del estómago se introduce hacia el tórax. En mi caso me quedaría muy inquieto si en lugar de la expresión técnica, hernia de hiato, me dijese el médico la descripción expuesta porque pensaría que estoy en las últimas y que mi tórax corre el riesgo de  hundirse. De igual modo, los economistas utilizan términos crípticos para los profanos cuando hablan de operaciones de SWAP o de la TIR o el VAN de una determinada operación. Este tipo de expresiones resultan muy claras para los profesionales y, aunque no sean comprendidas por el ciudadano  no experto, no por eso han de dejar de ser utilizadas. Y qué decir de los términos náuticos, porque estribor no es ni la izquierda ni la derecha, que son relativas dependiendo del punto de vista de quien observa, sino el costado derecho de la embarcación mirando hacia proa (de otra forma se estaría constantemente preguntando ¿tú izquierda o mi izquierda?). O sea, que la utilización de términos que tienen un sentido eminentemente técnico -en cualquier clase de profesión- resulta absolutamente necesario, tanto para la precisión del lenguaje como para la del mensaje que se quiere transmitir.

Y continúo con lo que el Ministro de Justicia denomina como términos «arcaicos», que no sé muy bien a qué pretende referirse, pero podrían ser varios tipos de expresiones. En primer lugar, las que proceden del castellano antiguo, como es nuestro conocido OTROSÍ que, además de su utilización forense, da nombre a la revista que publica el Colegio de Abogados. También podría hacer alusión a instituciones poco actuales como la «anticresis», los «censos enfitéuticos» y otras muchas similares, que son denominaciones estrictamente jurídicas que carecen de otro nombre en lenguaje vulgar. Finalmente (last but non least), quedarían las expresiones latinas, de las que tanto uso hacemos los juristas porque, en su mayoría, proceden de aforismos romanos que recogen principios generales del Derecho, lo cual es, en sí mismo, la invocación a una fuente del Derecho. Es decir, que en todos estos supuestos, existen razones de peso para no dejar de utilizar determinadas expresiones, por muy viejas o arcaicas que sean, ya que transmiten, o bien un mensaje más preciso que las expresiones nuevas, o bien un «quantum» de información suplementaria (como es el caso de los aforismos latinos).

En fin, que podría seguir escribiendo sobre el lenguaje jurídico hasta hartarme, pero entiendo que hay que poner un punto final prudencial al asunto, de modo que, si bien puedo estar de acuerdo en que se mejore la sintaxis de las resoluciones judiciales, encuentro que es una majadería y un verdadero peligro prescindir de expresiones propias del Derecho, aunque puedan resultar arcaicas o difícilmente comprensibles para quien no es profesional del Derecho. En todo caso, el Sr. Caamaño haría muy bien en llamar la atención sobre la deficiente forma en que se redactan muchas normas (sobre lo cual se ha escrito abundantemente en este blog) y, especialmente, sobre el inadecuado uso de la más elemental gramática por parte de altos cargos públicos. Lo primero trae como consecuencia que ni los propios profesionales del Derecho lleguemos a entender el sentido claro de muchas normas (ahí está, sin ir más lejos, el reciente RDL sobre la restauración del Impuesto sobre el Patrimonio) produciendo una incertidumbre que atenta contra el  principio de seguridad jurídica. Lo segundo produce, simplemente sonrojo y vergüenza ajena cuando una Ministra habla sin pudor alguno de las «miembras»…

 

Recortes en educación o el mal padre de familia

Desde una perspectiva de economía doméstica, si un buen padre de familia tiene que pagar una interna, un jardinero, un chofer, viajes de ski, vacaciones en la playa, comida, agua y luz y no tiene suficiente, lo normal es que priorice sus necesidades y decida reducir interna, jardinero, chofer, viajes de ski y posiblemente vacaciones en la playa, pero nunca dejará de pagar la luz, el agua o la comida si puede evitarlo.

Los políticos, sin embargo, tienen unas prioridades curiosas, se mantienen gastos sorprendentes (por no decir inútiles, pues útiles deben de ser para el que los mantiene), pero como no hay para todo y hay que cortar por algún sitio, empecemos por la luz – equivalente, para mí y para el ciudadano corriente, a servicios fundamentales como son la sanidad y la educación – eso sí, manteniendo los viajes de ski que en mi paralelismo equivaldrían, por lo superfluo, a las distintas embajadas que las comunidades autónomas tienen para su representación en Madrid (para citar dos, sin ánimo de nada: el Instituto de Fomento de Murcia en Madrid o la Plataforma de Relación con la Ciudadanía Andaluza de la Junta de Andalucía, pero hay muchas más).

En Derecho Romano, el “pater familias” tenía dominio sobre su cosas y las de su familia; en contrapartida su obligación era ser buen administrador, justo y correcto, y precautelar sobre las cosas y situaciones del patrimonio familiar; es decir, tenía que ser un buen padre de familia. De igual manera, el Estado, que tiene dominio sobre muchas esferas públicas de repercusión directa en las vidas de sus ciudadanos, debe velar por el bienestar, el patrimonio y los derechos y obligaciones de éstos. El gobierno del país, el de una comunidad y el de cualquier administración pública, debería tener como única misión dar servicio a sus administrados, y posiblemente, una vez resuelta la seguridad interior y exterior, la sanidad y la educación deberían de ser las siguientes prioridades, es decir, la luz y la comida en un ejemplo familiar.

Hemos ampliado los presupuestos del Estado y la deuda del país; se ha manejado más dinero desde la esfera pública, pero no para mantener, ya no digo mejorar, los servicios básicos de nuestra familia – la comida, el agua, la luz – sino para desarrollar otras líneas de gasto quizás muy importantes para sostener el ritmo de vida del mal padre de familia pero no para atender las necesidades de sus hijos/contribuyentes.

¿Dónde está el principio de “gestionar con la diligencia de un buen padre de familia” que figura en nuestro código civil art.1094, 1104 o 1.903 in fine? ¿Por qué no se aplica en la esfera política? Dejando aparte polémicas sobre lo machista o no – “buen padre” y no “buena madre” -, en nuestro derecho aparece como un modelo de conducta, normal y ordinario, exigible a un buen padre de familia y por extensión a un buen gestor. Y se utiliza como principio de equidad en los códigos de buen gobierno corporativo desde la época del Informe Olivencia (conferencia de Manuel Olivencia para presentar su informe. Y si apuramos más, se trataría de un principio de derecho civil por lo que en el ámbito mercantil, al empresario, se le deba exigir incluso más rigor y conocimientos que a un simple buen padre de familia (“El estándar mercantil de diligencia: El ordenado empresario” de Isabel Ramos Herranz, ver reseña. ¿Qué son los políticos sino gestores de los intereses de sus votantes y por ende del dinero del Estado? ¿Ni siquiera les vamos a exigir la diligencia de un buen padre de familia? ¿Dónde está el necesario equilibrio entre lo que se gasta y lo que se necesita, el gasto público y las necesidades de los particulares? Es un equilibrio necesario para que el ciudadano pueda seguir confiando y respetando al Estado, queriendo pertenecer a la familia del diligente padre.

Las situaciones desequilibradas son fuente de problemas siempre. Los hijos se rebelan, las familias se desmiembran; aparecen movimientos como el 15 M, huelgas, protestas, economías paralelas; cuando no situaciones de crisis más importantes que producen iluminados o extremistas que vienen a resolverlas.

El padre Gobierno de nuestra familia ha perdido su diligencia, solo piensa en divertirse con sus amigos en cenas y fiestas de postín, se gasta en dinero en reuniones internacionales y en fastuosas fiestas con banqueros. Sigue comprando champagne para brindar con sus amigos. Mientras, nosotros – sus hijos – tendremos que dejar de estudiar y no podremos ir al médico. Y lo peor de todo es que el dinero que gasta el padre Gobierno lo hemos ganado y tenemos que seguir ganado nosotros – sus hijos -, se lo hemos dado con toda generosidad y todavía nos pide más. Eso sí, ahora tendremos que apañarnos y ganar más siendo más incultos y menos saludables.

Entiendo las limitaciones presupuestarias, la situación económica mundial y la nacional, las distintas burbujas, los cambios políticos, y mucho más, solo pido que se imponga un criterio de rigor y racionalidad a medio y largo plazo, el que se le pediría a un buen padre de familia.