Comparativa programas electorales (IV). Las propuestas fiscales del PP (primera parte)

Continuamos con nuestro análisis de los programas de los principales partidos políticos de cara a las próximas elecciones generales. Recuerdo, sólo en lo que respecta a medidas tributarias. Hoy toca el turno del Partido Popular, principal “aspirante al título” si seguimos empleando los términos pugilísticos que utilizábamos ayer.

En este caso, lo primero que llama la atención es que la campaña, el programa electoral o la intervención del presidente del partido en el debate del pasado día 7 han venido marcados por la continua referencia al empleo… o al desempleo. En una situación como la que atravesamos, el principal partido de la oposición centra toda su atención en la lucha contra el paro y en la creación de puestos de trabajo; entiendo que tanto con un claro objetivo de reactivación de una actividad económica en pleno proceso depresivo como con una clara intención política de castigar a su rival en su costado más débil.

Pues bien, entrando en materia, el programa electoral del PP (que puede ser consultado en este link) establece una estrategia de recuperación económica y creación de empleo que, en lo que a nosotros atañe, se concreta en determinadas medidas de carácter fiscal (páginas 42 a 44). Vamos a analizarlas en función de los tributos a los que afectan. Así, encontramos:

1. Medidas en IRPF.
2. Medidas en Impuesto sobre sociedades y actividad empresarial.
3. Medidas que afectan al IVA.
4. Una medida concreta respecto a tasas y AJD.
5. Medidas referentes a procedimientos tributarios y actuaciones frente a la administración.

Comencemos por el último punto. Aquí se contienen algunas medidas de humo electoralista que encontramos en todos los programas y que nos hablan de “investigación en profundidad del fraude fiscal”, “colaboración con los contribuyentes”, “persecución de paraísos fiscales”… Pues bien, eso se lo suponemos. Qué menos que luchar contra el fraude fiscal o contra “delitos complejos contra la Hacienda Pública”. Además, hablan de agilizar la vía económica-administrativa, de modernizar los procedimientos tributarios. Esto último no lo entiendo pues la última regulación del procedimiento data de 2007, que no es muy antiguo. Quizás esto tenga que ver con la postura de los populares, más proclives a figuras como los rulings o foros con contribuyentes, pero aquí hay que tener cuidado con no transaccionar pues la Administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho y el crédito tributario es indisponible.

Sí nos detenemos en la promesa de permitir la impugnación directa de las consultas vinculantes. La LGT de 2003 dotó a la doctrina de la DGT de un rango cuasi legal, al establecer su obligatoriedad erga omnes para los órganos de la Administración Tributaria (lo mismo que la doctrina del TEAC). El caso es que chocaba que un órgano administrativo pudiera apartarse motivadamente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y sin embargo no pudiera contrariar motivadamente una consulta de la DGT. ¿Qué pasa si la DGT se equivoca en un criterio?

En este sentido, prever un cauce para que los criterios de la DGT puedan discutirse, tanto por los ciudadanos como por el resto de la Administración Tributaria, es un avance. Sin embargo el recurso directo es una fórmula complicada pues abre muchos interrogantes como por ejemplo el órgano encargado de su revisión. Si lo fuera la vía económico-administrativa, quedaría en mal lugar el recurso extraordinario para la unificación de doctrina del artículo 243 LGT, pues pasaría a ser ordinario y empantanaría a sus Tribunales, a los que como antes vimos, los populares quieren agilizar.

Además, lo del recurso directo acabaría con el papel de la DGT que contribuye con sus criterios a dar seguridad jurídica a los contribuyentes.

Prosigamos con las propuestas sobre tributos concretos. En primer lugar, las medidas en IRPF. El Partido Popular propone favorecer el ahorro, la inversión y (cómo no) el empleo, todo ello a través de tres planteamientos:

1. Fomentar el ahorro a largo plazo mediante la creación de una nueva deducción por el incremento anual del ahorro, incluyendo la adquisición de vivienda habitual.
2. Mejorar la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones.
3. Elevar los mínimos familiares.

El fomento del ahorro, de partida, es una diferencia con la postura de su principal rival que, recordamos, tiene como principal objetivo la equidad fiscal (en base a “una mayor progresividad y un tratamiento más equilibrado en la relación entre las rentas del trabajo y del capital”). No obstante, no estamos aquí para valoraciones de tipo ideológico sino meramente técnicas y como tal una nueva deducción por el incremento anual del ahorro parece, cuanto menos, “compleja”. Porque, ¿cómo cuantificamos ese incremento anual?

Obviamente, la existente deducción por inversión en vivienda habitual es fácilmente comprobable en base a las cuotas pagadas de préstamos hipotecarios que, a efectos de control, suponen unos dígitos de cuenta bancaria concretos y no hay más que consultar un cuadro de amortización para comprobar el “ahorro”, por así llamarlo, consolidado. Si se quiere ampliar el ámbito de esta deducción, no hay más que volver a la situación anterior a 2010 en lo que respecta a límites de aplicación, para fomentar el ahorro a largo plazo (o más bien para beneficiarse de deducciones fiscales).

Pero, si se pretende generalizar la deducción a todo tipo de ahorro, ¿cómo se hace eso?; ¿qué mecanismos de control pueden existir para saber lo que es ahorro y no un cambio en la inversión o un mero crecimiento de una cartera de inversión?. Partimos de que la principal herramienta de control de la administración para tener información sobre los instrumentos de ahorro de los contribuyentes era un Impuesto sobre el Patrimonio (con claros objetivos censales, como se establece en su exposición de motivos). Pero este impuesto se bonificó estatalmente al 100% desde 1 de enero de 2008 y en consonancia, no se ha tenido que declarar. Luego a día de hoy, no existen datos patrimoniales declarados a la Administración. La reintroducción del Impuesto permitirá contar con datos patrimoniales, pero ¿y si los populares lo vuelven a suprimir? Por cierto, que el programa nada dice sobre este impuesto.

Pero, en todo caso, algo más habría que aclarar y concretar respecto a una medida de este tipo.

Jorge Salto Guglieri

Soy licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por ICADE (E-3), e Inspector de Hacienda del Estado, actualmente en situación de excedencia voluntaria. He trabajado en la Agencia Tributaria durante ocho años, ocupando puestos de máxima responsabilidad en el área de Inspección, siendo mi último cargo, antes de pasar a la excedencia, el de Subdirector Adjunto de la Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica, perteneciente al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT. Actualmente soy abogado en ejercicio del ICAM y socio fundador del despacho RAMIREZ&SALTO ASESORES TRIBUTARIOS.