Comparativa de los programas electorales (VI): La Administración Pública
(Con Alberto Gil).
Hace algunas semanas que, al hilo de otro post publicado en el blog, los autores de éste consideramos que sería conveniente tomarse el trabajo de analizar los programas electorales de las formaciones más relevantes que concurren a los comicios del próximo 20 de noviembre y recoger las propuestas que dichos partidos y coaliciones formulan a los ciudadanos para mejorar el funcionamiento de la Administración Pública a fin de que ésta dé mejor satisfacción a las demandas y necesidades de los ciudadanos.
Para la elaboración del cuadro que recoge las distintas propuestas de los programas electorales hemos seleccionado a las formaciones políticas de acuerdo con los siguientes criterios:
• Implantación estatal en porcentaje de voto
• Grupo parlamentario propio
• Representación parlamentaria en la IX legislatura.
Nos hemos centrado en las propuestas que se refieren a la Administración General del Estado, dejando de lado los aspectos relativos a Sanidad, Justicia, Educación o Comunidades Autónomas, por ejemplo, ya que los propios partidos o agrupaciones así lo han hecho. Asimismo, nos hemos concentrado en recoger las propuestas concretas que figuran como tales sin reflejar lo que serían valoraciones o partes del diagnóstico de la situación. Las propuestas se han extraído de los programas electorales, prácticamente en su totalidad de los epígrafes o capítulos dedicados a la Administración. En este sentido es relevante señalar el lugar que estas propuestas ocupan en el conjunto de cada programa, así, ordenados por número de escaños obtenidos:
• El PSOE incluye sus propuestas en el capítulo 2 de su programa, titulado “Democracia”. Las propuestas dedicadas a la AGE se agrupan en un epígrafe denominado Una Administración Pública más eficaz
• El PP ha agrupado sus propuestas en el capítulo V de su programa, denominándolo La Administración, motor del cambio
• CiU, dentro del capítulo 5 de su programa, titulado “Calidad democrática”, formula sus propuestas en el epígrafe Administración Pública
• El PNV ha incluido todas sus propuestas en el capítulo 9 de su programa Una Administración más eficaz
• La coalición IU presenta sus propuestas dentro de un capítulo 4 titulado Propuestas para acabar con la corrupción y asegurar el comportamiento ético de los cargos políticos
• Por último, UPyD ha incluido la mayoría de sus propuestas en el capítulo 8 de su programa titulado “Transparencia y lucha contra la corrupción” dentro de sendos epígrafes titulados “Transparencia y lucha contra la corrupción. Derecho a la información” y “Administraciones públicas”
Hemos procurado, al recoger las distintas propuestas, respetar la terminología utilizada por los propios partidos y coaliciones. Aun así, en algunos casos, por la amplitud de las formulaciones, ha resultado inevitable comprimir algunos textos lo que se ha hecho siempre procurando utilizar terminología semejante, en el bien entendido de que quien desee conocer de primera mano las propuestas en su formulación genuina puede acudir a los programas mediante los enlaces que proporcionamos más arriba. Y aunque se dé por sobreentendido, queremos señalar expresamente que cualquier omisión que se pueda detectar ha sido absolutamente involuntaria por nuestra parte.
Ver Cuadro
Como hemos señalado, este resumen no pretende sustituir a la lectura completa de los diversos programas electorales, acción de obligado cumplimiento para cualquier votante responsable. Otra cosa es que más de una vez hayamos asistido a la clara divergencia entre lo que se promete y lo que se hace, que al final es lo importante. En todo caso, como funcionarios en activo, los autores de este post hemos preferido no entrar a valorar cuáles propuestas nos parecen mejor que otras, limitándonos a facilitar esa tarea, mediante la exposición de las principales propuestas, a los lectores cualificados de este blog. Eso sí, entendemos que un partido político, esté llamado o no a gobernar, que no se tome en serio la Administración pública y la exigente labor de dirigirla, estará dando claras muestras de que tampoco se toma en serio el resto de sus propias propuestas, pues sin un aparato público eficaz, profesional, moderno, honesto y eficiente no hay estrategia política ni políticas públicas que nos saquen de la crisis.
Administrador Civil del Estado. Ha sido Director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública y Subsecretario de Asuntos Sociales.
Pues viendo el cuadro que adjuntan con la comparativa que adjuntan la verdad es que la cosa no es para tirar cohetes. Lugares comunes a punta pala, más todo tipo de “patadas para adelante” ( por ejemplo, eso del programa del PSOE de que los ciudadanos se comunicarán por medios electrónicos para el 2020 con los ciudadanos sueña de coña, con perdón) y bastante inconcreción en general, aunque por ser optimistas ya salen algunos “leitmotivs” de la sociedad civil: reducción de duplicidades, transparencia, responsabilidad por la mala gestión, etc. Pero esto merecería un análisis mucho más detallado que la remisión al cuadro, en mi opinión, y también se echa de menos la opinión de los autores, que alguna tendrán, digo yo.
Enhorabuena por este post!!! Sin ánimo alguno de valorar las propuestas, no obstante si quisiera incidir en señalar que la determinación de las estructuras organizativas de la AGE siempre me ha parecido un asunto, sin duda menor, pero de gran importancia. Como se puede ver en el Cuadro (por cierto, muy útil!!) UPy D sería la única formación política que ha establecido en su programa electoral el establecer el principio de reserva de ley para determinar los departamentos ministeriales.
Como sabemos, ejerce el presidente del Gobierno la competencia de determinar el número y ámbito competencial de los departamentos ministeriales, de las vicepresidencias, de las secretarías de Estado, o la existencia de ministros sin cartera: en otras palabras y en terminología de LOFAGE, la determinación de los órganos superiores de la AGE. En un segundo escalón, básicamente, corresponde al Consejo de Ministros crear, suprimir o modificar los órganos directivos de los departamentos ministeriales y la alta organización de las Delegaciones del Gobierno. También ejercer la competencia de llevar a cabo las modificaciones no sustantivas de organismos públicos. Por tanto, únicamente se aplica la reserva de ley a la creación de organismos públicos y entidades públicas empresariales (aunque puede existir y de hecho existe y ha existido siempre, mandato o autorización al Gobierno para su creación o supresión).
Desde una perspectiva participativa sin duda esta reserva de ley ofrecería mayores posibilidades de pulsar la opinión pública antes de su establecimiento, y, conllevaría, posiblemente, un cierto decremento de costes directos a medio y largo plazo…pero, ¿supondría una importante minoración de las competencias del presidente del Gobierno y acaso, un posible incremento de otras estructuras organizativas superiores o directivas, como las de las secretarías de estado o las secretarías generales…. podría suponer una menor flexibilidad.. estaría en línea con la perspectiva europea? Me parece un debate interesante.
Muchas generalidades y pocas concreciones que comprometan de verdad. En general, salvo alguna alusión puntual, sólo se habla de la AGE no de las demás administraciones públicas.Es especialmente relevante la falta de concreción en temas de organización ¿qué es reorganizar y simplificar las empresas públicas, suprimir reagrupar, recortar presupuesto?
La simplificación d eprocedimientos ya está en marcha, decir lo contrario sería ir marcha atrás.
En cambio sólo uno de los partidos habla de la función directiva y del “Estatuto de la AGE”, medida clara y concreta.
Sobre las oposiciones parece que gustan a todos pero en todos los casos parece dejarse caer algún matiz porco claro: “promover igualdad de oportunidades”, “como norma general”… ¿oposiciones sí o no o modificadas y con qué enfoque?
¿Al PP no le interesa la Administración Electrónica?
En fin, qué desilusión, si en los pappeles previos ya estamos así qué no será la aplicación con los problemas del día a día.
Gracias por un post tan ilustrativo. A golpe de vista, te puedes hacer una clara composición de lugar. Destacaría que sólo aparecen dos cifras concretas en todos los programas examinados, y ambas hacen referencia a unos objetivos de difícil comprobación: 2020 como fecha tope para la comunicación electrónica directa ciudadanos-administración (PSOE) y un 20% de reducción en los cargos de confianza (CiU). El primero de estos objetivos resulta de difícil comprobación pues no sabemos lo que habrá sido de nosotros en el 2020 a este paso (el sábado pasado cayó Berlusconi por el imperativo de los mercados. Y no es que sea santo de mi devoción el mencionado señor, ni mucho menos, pero vaya, es el signo de los tiempos y cuando menos, preocupa). Y la segunda, la del 20% de reducción de cargos eventuales y de confianza,…, luego te dicen que los que han nombrado ellos, tampoco son de tanta confianza y que de eventuales nada, que vienen para quedarse, por tanto no se pueden computar en ese epígrafe, que van a otro.
En fin, muchas generalidades, mucha inconcreción, y habría que ver por parte del elector en un ejercició de política-ficción, y dado que todas responden a una retórica de buenas intenciones, si todas estas médidas puestas en marcha a la vez serían todas compatibles. Como por ejemplo, la petición de reducción de altos cargos que propugnan unos, con la modificación de libertad sindical en el ámbito de la Administración que propugnan otros. Caso curioso de toma y daca siendo la Administración el campo de batalla.
Saludos cordiales
Nunca los programas electorales de los partidos se han preocupado seriamente de la AAPP, más allá de propuestas, con poco compromiso concreto, como profesionalidad, racionalización, eficacia, etc; 2011 es más de lo mismo con el añadido de la moda del momento que es “Transparencia y dº a información”. Los únicos compromisos “duros” son reducción, reducción y reducción.
El PP va a gobernar (dato); a partir de ahí, me interesa destacar que si hay un agente imprescindible para contribuir a superar la crisis económica actual es la AP; si un Gobierno quiere tener autonomía política, capacidad para hacer realidad sus políticas públicas y peso frente al sector privado y los mercados, necesita una AP potente y profesional.
No discuto la necesidad de racionalizar, suprimir, etc, pero esas operaciones tiene que tener como objetivo estratégico una AP/sector público mejor preparada para lo que se nos avecina, no una AP más débil.
En conclusión, como ciudadanos debemos vigilar que las medidas que tome el Gobierno no solo no resulten incompatibles con una AP fuerte (que no elefantiásica), sino que aprovechen la oportunidad para que la AP acabe reforzada.
Muy interesante post. Nos permite comparar las propuestas y también los temas ausentes. Entre las ausencias destaca que ninguno de los partidos se refiera a la “evaluación del desempeño profesional” de los empleados públicos. Más de tres años han pasado desde la aprobación del Estatuto Básico y ningún partido se acuerda de la obligación que se impone en el artículo 20 del Estatuto a todas las Administraciones Públicas de tener sistemas que valoren la conducta profesional y el rendimiento o el logro de objetivos. Es una lástima porque la aprobación de este precepto fue laboriosa y constituyó un notable avance en las políticas de rr.hh. En concreto el artículo del EBEP vincula los resultados de la evaluación profesional a la posibilidad de continuar ocupando un puesto obtenido por concurso y a la percepción de retribuciones complementarias como la productividad.
¡Que gran ocasión perdida!
Estando de acuerdo con muchos de los comentarios sobre la falta de concreción de los programas. Hay algunas cosas que llaman la atención:
1)El espíritu nacionalista de las propuestas de CIU en un programa que se entiende que va dirigido a la AGE.
2)Que el PSOE haya puesto en su programa una relajación en los sistemas de acceso bajo el eufemismo de vamos a reducir las pruebas memorísticas. Es decir, vamos a ver si se aprueba con más facilidad. Lo cual siempre es un desastre. La Administración tiene unas exigencias de conocimiento jurídico, de políticas públicas, de gestión… que no permiten entrar con menos conocimientos. Exigir más conocimientos informáticos está bien, pero la informática es una herramienta, no da sabiduría y hace falta saber para ser un buen funcionario. La Función Pública exige profesionales competentes, si valiera cualquiera, no necesitaríamos funcionarios, valdría con los múltiples asesores que aguantamos, casi todos un auténtico desastre.
3)El PP plantea una reducción de la Administración que puede ser necesaria, pero deberá estar bien estudiada porque de lo contrario las reducciones a las bravas sólo crean problemas.
4)UPyD señala la necesidad de establecer por Ley el número de ministerios. Algo de eso sería necesario porque no se puede estar todo el día alterando las estructuras administrativas y que cada dos años, porque ni siquiera se alcanza la legislatura, se creen o supriman ministerios, Secretarías de Estado u organismos de variado tipo. Eso es un descontrol. Pero tampoco cabe cerrarlo rígidamente. Aunque la propuesta no me parece mal.
5)Sin embargo, también UPyD señala que los Altos Cargos pasen un examen en el Parlamento. Sinceramente me parece poco serio. Les iba a aprobar el partido mayoritario, que es el que les ha propuesto y el que tiene el gobierno, con los pactos que sean necesarios. Además, ¿quién examina a los parlamentarios? Hemos tenido ministros sin la formación adecuada y altos cargos de todo pelaje que no responden ni se corresponden con la formación de los funcionarios, sino con la formación de los Parlamentos. Los funcionarios en general tenemos mejor preparación que muchos de nuestros altos cargos. Lo ideal no es que los altos cargos sean examinados por los parlamentarios sino que se cumpla con escrupulosidad la LOFAGE y sean elegidos entre funcionarios aquellos que la ley determina, y el resto que tenga una formación mínima. Pero esa formación mínima también deberíamos pedirla a los parlamentarios. Recuerdo un excelente artículo de Alberto Gil en ese sentido.
6)En resumen, propuestas o bien poco definidas o bien, las que se explicitan, llenas de defectos.
Pues viendo el cuadro que adjuntan con la comparativa que adjuntan la verdad es que la cosa no es para tirar cohetes. Lugares comunes a punta pala, más todo tipo de “patadas para adelante” ( por ejemplo, eso del programa del PSOE de que los ciudadanos se comunicarán por medios electrónicos para el 2020 con los ciudadanos sueña de coña, con perdón) y bastante inconcreción en general, aunque por ser optimistas ya salen algunos “leitmotivs” de la sociedad civil: reducción de duplicidades, transparencia, responsabilidad por la mala gestión, etc. Pero esto merecería un análisis mucho más detallado que la remisión al cuadro, en mi opinión, y también se echa de menos la opinión de los autores, que alguna tendrán, digo yo.
Enhorabuena por este post!!! Sin ánimo alguno de valorar las propuestas, no obstante si quisiera incidir en señalar que la determinación de las estructuras organizativas de la AGE siempre me ha parecido un asunto, sin duda menor, pero de gran importancia. Como se puede ver en el Cuadro (por cierto, muy útil!!) UPy D sería la única formación política que ha establecido en su programa electoral el establecer el principio de reserva de ley para determinar los departamentos ministeriales.
Como sabemos, ejerce el presidente del Gobierno la competencia de determinar el número y ámbito competencial de los departamentos ministeriales, de las vicepresidencias, de las secretarías de Estado, o la existencia de ministros sin cartera: en otras palabras y en terminología de LOFAGE, la determinación de los órganos superiores de la AGE. En un segundo escalón, básicamente, corresponde al Consejo de Ministros crear, suprimir o modificar los órganos directivos de los departamentos ministeriales y la alta organización de las Delegaciones del Gobierno. También ejercer la competencia de llevar a cabo las modificaciones no sustantivas de organismos públicos. Por tanto, únicamente se aplica la reserva de ley a la creación de organismos públicos y entidades públicas empresariales (aunque puede existir y de hecho existe y ha existido siempre, mandato o autorización al Gobierno para su creación o supresión).
Desde una perspectiva participativa sin duda esta reserva de ley ofrecería mayores posibilidades de pulsar la opinión pública antes de su establecimiento, y, conllevaría, posiblemente, un cierto decremento de costes directos a medio y largo plazo…pero, ¿supondría una importante minoración de las competencias del presidente del Gobierno y acaso, un posible incremento de otras estructuras organizativas superiores o directivas, como las de las secretarías de estado o las secretarías generales…. podría suponer una menor flexibilidad.. estaría en línea con la perspectiva europea? Me parece un debate interesante.
Muchas generalidades y pocas concreciones que comprometan de verdad. En general, salvo alguna alusión puntual, sólo se habla de la AGE no de las demás administraciones públicas.Es especialmente relevante la falta de concreción en temas de organización ¿qué es reorganizar y simplificar las empresas públicas, suprimir reagrupar, recortar presupuesto?
La simplificación d eprocedimientos ya está en marcha, decir lo contrario sería ir marcha atrás.
En cambio sólo uno de los partidos habla de la función directiva y del “Estatuto de la AGE”, medida clara y concreta.
Sobre las oposiciones parece que gustan a todos pero en todos los casos parece dejarse caer algún matiz porco claro: “promover igualdad de oportunidades”, “como norma general”… ¿oposiciones sí o no o modificadas y con qué enfoque?
¿Al PP no le interesa la Administración Electrónica?
En fin, qué desilusión, si en los pappeles previos ya estamos así qué no será la aplicación con los problemas del día a día.
Gracias por un post tan ilustrativo. A golpe de vista, te puedes hacer una clara composición de lugar. Destacaría que sólo aparecen dos cifras concretas en todos los programas examinados, y ambas hacen referencia a unos objetivos de difícil comprobación: 2020 como fecha tope para la comunicación electrónica directa ciudadanos-administración (PSOE) y un 20% de reducción en los cargos de confianza (CiU). El primero de estos objetivos resulta de difícil comprobación pues no sabemos lo que habrá sido de nosotros en el 2020 a este paso (el sábado pasado cayó Berlusconi por el imperativo de los mercados. Y no es que sea santo de mi devoción el mencionado señor, ni mucho menos, pero vaya, es el signo de los tiempos y cuando menos, preocupa). Y la segunda, la del 20% de reducción de cargos eventuales y de confianza,…, luego te dicen que los que han nombrado ellos, tampoco son de tanta confianza y que de eventuales nada, que vienen para quedarse, por tanto no se pueden computar en ese epígrafe, que van a otro.
En fin, muchas generalidades, mucha inconcreción, y habría que ver por parte del elector en un ejercició de política-ficción, y dado que todas responden a una retórica de buenas intenciones, si todas estas médidas puestas en marcha a la vez serían todas compatibles. Como por ejemplo, la petición de reducción de altos cargos que propugnan unos, con la modificación de libertad sindical en el ámbito de la Administración que propugnan otros. Caso curioso de toma y daca siendo la Administración el campo de batalla.
Saludos cordiales
Nunca los programas electorales de los partidos se han preocupado seriamente de la AAPP, más allá de propuestas, con poco compromiso concreto, como profesionalidad, racionalización, eficacia, etc; 2011 es más de lo mismo con el añadido de la moda del momento que es “Transparencia y dº a información”. Los únicos compromisos “duros” son reducción, reducción y reducción.
El PP va a gobernar (dato); a partir de ahí, me interesa destacar que si hay un agente imprescindible para contribuir a superar la crisis económica actual es la AP; si un Gobierno quiere tener autonomía política, capacidad para hacer realidad sus políticas públicas y peso frente al sector privado y los mercados, necesita una AP potente y profesional.
No discuto la necesidad de racionalizar, suprimir, etc, pero esas operaciones tiene que tener como objetivo estratégico una AP/sector público mejor preparada para lo que se nos avecina, no una AP más débil.
En conclusión, como ciudadanos debemos vigilar que las medidas que tome el Gobierno no solo no resulten incompatibles con una AP fuerte (que no elefantiásica), sino que aprovechen la oportunidad para que la AP acabe reforzada.
Muy interesante post. Nos permite comparar las propuestas y también los temas ausentes. Entre las ausencias destaca que ninguno de los partidos se refiera a la “evaluación del desempeño profesional” de los empleados públicos. Más de tres años han pasado desde la aprobación del Estatuto Básico y ningún partido se acuerda de la obligación que se impone en el artículo 20 del Estatuto a todas las Administraciones Públicas de tener sistemas que valoren la conducta profesional y el rendimiento o el logro de objetivos. Es una lástima porque la aprobación de este precepto fue laboriosa y constituyó un notable avance en las políticas de rr.hh. En concreto el artículo del EBEP vincula los resultados de la evaluación profesional a la posibilidad de continuar ocupando un puesto obtenido por concurso y a la percepción de retribuciones complementarias como la productividad.
¡Que gran ocasión perdida!
Estando de acuerdo con muchos de los comentarios sobre la falta de concreción de los programas. Hay algunas cosas que llaman la atención:
1)El espíritu nacionalista de las propuestas de CIU en un programa que se entiende que va dirigido a la AGE.
2)Que el PSOE haya puesto en su programa una relajación en los sistemas de acceso bajo el eufemismo de vamos a reducir las pruebas memorísticas. Es decir, vamos a ver si se aprueba con más facilidad. Lo cual siempre es un desastre. La Administración tiene unas exigencias de conocimiento jurídico, de políticas públicas, de gestión… que no permiten entrar con menos conocimientos. Exigir más conocimientos informáticos está bien, pero la informática es una herramienta, no da sabiduría y hace falta saber para ser un buen funcionario. La Función Pública exige profesionales competentes, si valiera cualquiera, no necesitaríamos funcionarios, valdría con los múltiples asesores que aguantamos, casi todos un auténtico desastre.
3)El PP plantea una reducción de la Administración que puede ser necesaria, pero deberá estar bien estudiada porque de lo contrario las reducciones a las bravas sólo crean problemas.
4)UPyD señala la necesidad de establecer por Ley el número de ministerios. Algo de eso sería necesario porque no se puede estar todo el día alterando las estructuras administrativas y que cada dos años, porque ni siquiera se alcanza la legislatura, se creen o supriman ministerios, Secretarías de Estado u organismos de variado tipo. Eso es un descontrol. Pero tampoco cabe cerrarlo rígidamente. Aunque la propuesta no me parece mal.
5)Sin embargo, también UPyD señala que los Altos Cargos pasen un examen en el Parlamento. Sinceramente me parece poco serio. Les iba a aprobar el partido mayoritario, que es el que les ha propuesto y el que tiene el gobierno, con los pactos que sean necesarios. Además, ¿quién examina a los parlamentarios? Hemos tenido ministros sin la formación adecuada y altos cargos de todo pelaje que no responden ni se corresponden con la formación de los funcionarios, sino con la formación de los Parlamentos. Los funcionarios en general tenemos mejor preparación que muchos de nuestros altos cargos. Lo ideal no es que los altos cargos sean examinados por los parlamentarios sino que se cumpla con escrupulosidad la LOFAGE y sean elegidos entre funcionarios aquellos que la ley determina, y el resto que tenga una formación mínima. Pero esa formación mínima también deberíamos pedirla a los parlamentarios. Recuerdo un excelente artículo de Alberto Gil en ese sentido.
6)En resumen, propuestas o bien poco definidas o bien, las que se explicitan, llenas de defectos.
Sinceramente este departamento debe abrir brecha a través de la estancada burocracia de Whitehall. Necesitamos una escoba nueva. Vamos a abrir las ventanas de par en par y dejar que entre el aire fresco.Vamos a pasar a través del formulismo y rediseñar esta rechinante y arcaica máquina burocrática. Vamos a barrer. Hay demasiadas personas inútiles sentadas detrás de los escritorios.
Tuve consciencia que yo estaba sentado detrás de un escritorio; pero estoy seguro de que ellos comprendieron que no me refería a mí mismo”.
Open Government. Capítulo 1 de Sí Ministro. Jonathan Lynn y Antnoy Jay
Sinceramente este departamento debe abrir brecha a través de la estancada burocracia de Whitehall. Necesitamos una escoba nueva. Vamos a abrir las ventanas de par en par y dejar que entre el aire fresco.Vamos a pasar a través del formulismo y rediseñar esta rechinante y arcaica máquina burocrática. Vamos a barrer. Hay demasiadas personas inútiles sentadas detrás de los escritorios.
Tuve consciencia que yo estaba sentado detrás de un escritorio; pero estoy seguro de que ellos comprendieron que no me refería a mí mismo”.
Open Government. Capítulo 1 de Sí Ministro. Jonathan Lynn y Antnoy Jay
Me temo que los funcionarios no importamos mucho y pocos políticos sienten de verdad que la profesionalización de los funcionarios/empleados públicos sea una premisa de la buena Administración. Todos la quieren buena (¿por qué no ha de ser así?; presumamos la buena fe), pero el paso de dar a los ´funcionarios/empleados públicos un ámbito de autonomía responsable en la gestión ordinaria y en la ejecución de las políticas públicas, limitando la política a la dirección, no está en ningún programa. La concepción de la Administración como “inmenso Gabinete” no se cuestiona y la LOFAGE tendrá que seguir esperando, con ella también las tan aparentemente queridas despolitización y profesionalización.
Me temo que los funcionarios no importamos mucho y pocos políticos sienten de verdad que la profesionalización de los funcionarios/empleados públicos sea una premisa de la buena Administración. Todos la quieren buena (¿por qué no ha de ser así?; presumamos la buena fe), pero el paso de dar a los ´funcionarios/empleados públicos un ámbito de autonomía responsable en la gestión ordinaria y en la ejecución de las políticas públicas, limitando la política a la dirección, no está en ningún programa. La concepción de la Administración como “inmenso Gabinete” no se cuestiona y la LOFAGE tendrá que seguir esperando, con ella también las tan aparentemente queridas despolitización y profesionalización.
Coincido en que las las propuestas son muy vagas y hasta contradictorias. Bastante decepcionantes si se tiene en cuenta que algun partido proclama a la Administracion como motor del cambio. En cuanto a los recortes vale pero convendria empezar por el sector publico de las administraciones autonomicas y locales que por cierto son es el mas numeroso caro ybmenos profesional ondirectamente clientelar.
Coincido en que las las propuestas son muy vagas y hasta contradictorias. Bastante decepcionantes si se tiene en cuenta que algun partido proclama a la Administracion como motor del cambio. En cuanto a los recortes vale pero convendria empezar por el sector publico de las administraciones autonomicas y locales que por cierto son es el mas numeroso caro ybmenos profesional ondirectamente clientelar.
Por más que miro no veo la palabra “productividad”. Tampoco veo la frase “Fijar los objetivos de Gestión”. Ni tampoco el concepto “Federalismo Cooperativo”, nuestra última tabla de salvación para encajar los 17 “Estadillos”.
Muchas leyes de nuevo. A lo mejor habría que cumplir con las que hay. En el famoso tema del recorte de la burocracia, porqué no aplicar el programa de la UE de “Reducción de cargas administrativas” COM(2007)23.
Eso sí, hay alguno que apalanca el famoso sistema de oposición-loro (Es de bien nacidos el ser agradecidos).
Nada que hacer. ¡La reducción vendrá indiscriminada por la vía del gasto!.
“Temo Danaos et dona ferentes”.
Por más que miro no veo la palabra “productividad”. Tampoco veo la frase “Fijar los objetivos de Gestión”. Ni tampoco el concepto “Federalismo Cooperativo”, nuestra última tabla de salvación para encajar los 17 “Estadillos”.
Muchas leyes de nuevo. A lo mejor habría que cumplir con las que hay. En el famoso tema del recorte de la burocracia, porqué no aplicar el programa de la UE de “Reducción de cargas administrativas” COM(2007)23.
Eso sí, hay alguno que apalanca el famoso sistema de oposición-loro (Es de bien nacidos el ser agradecidos).
Nada que hacer. ¡La reducción vendrá indiscriminada por la vía del gasto!.
“Temo Danaos et dona ferentes”.