Análisis de programas electorales (XI). La energía en el programa del PP

Dentro del Programa electoral que el PP presenta a la sociedad española con motivo de las próximas elecciones generales figura un punto denominado: “Energía de calidad para impulsar la economía” en el que, previo un diagnóstico de la situación actual, se marca unos objetivos a conseguir y finalmente propone un conjunto de medidas que se deberían aplicar para solucionar los graves problemas que aquejan al sector.

En el apartado destinado al diagnóstico se destacan los siguientes puntos como principales obstáculos para la buena gestión energética:

* Excesiva carga burocrática que encarece y entorpece las inversiones.

* Déficit tarifario eléctrico acumulado de  20.000 millones de euros.

* Inseguridad jurídica en el sector.

* Insuficiente calidad regulatoria.

* Excesiva dependencia del exterior.

Personalmente considero que es un diagnóstico certero pues, probablemente, sean los principales problemas, que no los únicos, que hay en el sector, pero es positivo que los posibles nuevos gobernantes sean conscientes de la situación real.

Los objetivos a alcanzar marcados en el programa son:

* Definición de una estrategia nacional en materia energética.

* Aprovechamiento de todas las fuentes de energía.

* Avanzar en el proceso de liberalización del sector.

* Incremento de las conexiones internacionales.

* Explotación de nuestra posición geográfica, puente entre África y Europa.

 Como fácilmente puede deducirse de su lectura se trata de una declaración de buenas intenciones en la que, en principio, todos los sectores afectados estarían de acuerdo ya que pueden considerarse objetivos estratégicos lógicos que de alcanzarse supondrían un avance sustancial en la modernización del país y un ahorro económico importante que se traduciría en una mejora de la competitividad de nuestros productos.

Finalmente, en el programa se exponen las nueve medidas que deben aplicarse para alcanzar estos objetivos y que de forma resumida son las siguientes:

1ª.- Disposición de un mix energético equilibrado que tome en consideración todas las fuentes de energía.

Necesaria pero de ejecución complicada por los numerosos factores a tener en cuenta sobre todo las inversiones a realizar que requieren un plazo mínimo de 10 años antes de comenzar a ser operativas y rentables.

2ª.- Fomento del desarrollo de redes eléctricas inteligentes.

Deseable y factible. También necesitan un plazo de 3-5 años para su plena efectividad.

 3ª.- Reducción de la intensidad del uso del petróleo como fuente de energía primaria en el transporte.

Imprescindible pero de difícil y dilatada ejecución por la necesidad de disponer de nuevas infraestructuras petroleras. Igualmente sería necesario implementar un paquete de incentivos fiscales para los nuevos coches eléctricos.

 4ª.- Armonización a nivel nacional de los requisitos exigidos para las actuaciones en el sector.

Necesaria y factible. Su entrada en vigor podría ser casi inmediata.

 5ª.- Coordinación entre Administraciones y establecimiento de un marco regulatorio que facilite las actividades del sector renovable.

Necesaria y factible. Debería complementarse con una Ley de Energías Renovables que garantizase un marco regulatorio estable.

 6ª.- Gestión de los permisos de los emplazamientos nucleares conforme a los criterios del Consejo de Energía Nuclear y de la Comisión Europea.

Necesaria pero de ejecución políticamente complicada. Su redacción es confusa y no permite deducir el fin que realmente persigue.

 7ª.- Liberalización de los mercados.

Necesaria pero de difícil implantación, pues su entrada en vigor plantea dudas en cuanto a la protección del consumidor y a la reducción del déficit tarifario.

 8ª.- Defensa del mercado único europeo, incrementando las interconexiones eléctricas y gasistas transfronterizas, en especial a través de Francia.

Necesaria pero de ejecución laboriosa con un plazo no inferior a 3 años. Hay que hacer notar que en actualidad existen interconexiones gasistas transfronterizas muy limitadas.

 9ª.- Prioridad de los temas energéticos en los planes nacionales de I+D+i.

Deseable y factible.

Me he permitido calificar las medidas propuestas como: deseables, necesarias e imprescindibles en base a la urgencia de su aplicación. Al mismo tiempo, se plantea la facilidad o no de su aplicación, distinguiendo entre las que considero factibles, al no existir obstáculos importantes para su implantación, y aquellas otras en las que por circunstancias diversas presentan serios problemas para su puesta en práctica. En algunos casos se indica también un plazo mínimo para su entrada en vigor.

Analizadas estas medidas, no hay nada que objetar pues todas ellas van orientadas en la buena dirección, en especial, las tendentes al establecimiento de un marco regulatorio único y no como sucede la actualidad en la que coexisten 17 con requisitos diferentes. Esta medida que considero factible mejorará sin duda la gestión energética por parte de las compañías.

Probablemente, al tratarse de un programa electoral, por prudencia política o por falta de espacio, no pueda concretarse con más detalle este conjunto de medidas pero, en mi opinión, existen tres lagunas importantes que rebajan el nivel de credibilidad del programa. En primer lugar, no se hace mención alguna a un punto tan importante como es la aprobación de un Plan Energético Nacional que como ya expuse en el post publicado el pasado día 23 de octubre considero imprescindible para conseguir una estabilidad en el sector. Sin esta herramienta de trabajo se estará siempre al criterio del gobierno de turno que, como es habitual en nuestro país, al llegar al poder modifica radicalmente los planteamientos del anterior gobierno y crea una inseguridad jurídica que retrae las inversiones.

En segundo término, tampoco se menciona a la Comisión Nacional de Energía, órgano regulador del sector que debería desempeñar un papel transcendental en el nuevo gobierno de la nación. Su independencia es imprescindible para el correcto funcionamiento del sector. Sospecho que el partido popular, como antes el partido socialista, pretende manejar esta Comisión para sus intereses partidistas. Si fuera así, no se habrá resuelto el problema existente y seguiríamos padeciendo los movimientos especulativos del precio del petróleo.

Se echa también en falta una mención explícita al Programa 20-20-20 propuesto por la Comisión Europea con el horizonte del año 2020.

En resumen, el programa puede considerarse aceptable pero deberá ir acompañado, si alcanzan el gobierno, de un desarrollo más concreto y detallado de las medidas propuestas.

Mariano Martín Peña

Ávila (1936). Doctor Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Ingeniero Geógrafo. Ingresó en el Instituto Geográfico en el año 1966 donde llevó a cabo numerosos trabajos geodésicos y astronómicos. Vocal de la Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica. En 1981 fue nombrado Subdirector General de Cartografía y Publicaciones de este Organismo. En 1985 se incorporó al recién creado Centro Español de Metrología como Subdirector Científico y de Relaciones Institucionales, puesto en el que ha permanecido hasta su retirada del servicio activo. Ha representado a España ante diferentes organismos y organizaciones internacionales (EUROMET, WELMEC, OIML, CGPM, BCR). Ha sido presidente del Comité nº 82 de Normalización (AENOR) y del Comité de calibración (ENAC). Ha participado en los trabajos legislativos de la Comisión Europea en el seno del Grupo de Trabajo de Cuestiones Económicas. Autor de diferentes artículos y ponencias. Está en posesión de las Encomiendas de la Orden del Mérito Civil y de la Orden de Isabel la Católica.