El Gobierno, ¿en funciones?
A la vista de las muchas denuncias que están llegando a este blog sobre todo tipo de nombramientos, colocaciones, adjudicaciones y modificaciones de contratos, concesión de subvenciones y hasta aprobación de nuevas normas vía Real Decreto en estos últimos y agónicos meses del Gobierno del Sr. Zapatero, y una vez producida la anunciada debacle del partido del Gobierno el pasado día 20, me parece que es conveniente reflexionar no ya sobre lo que puede y no puede hacer un Gobierno en funciones, sino lo que debe o no debe hacer un Gobierno que cree que va a perder unas elecciones generales.
Porque, efectivamente, en este momento el Gobierno ya está formalmente en funciones, pero durante muchos meses ha habido un Gobierno en vísperas electorales (recuerden que las elecciones se anunciaron en julio, aunque no se convocaron hasta septiembre) que ha producido infinidad de actos y disposiciones que, siendo conformes a la ley desde el punto de vista de su producción y elaboración –por haber convocado unas elecciones y hasta por saber casi con seguridad que va a perderlas un Gobierno no tiene por ello menos competencias- suscitan serias dudas desde el punto de vista de su objeto, su contenido o, si se quiere, de su “legitimidad”. Aunque siempre hay que manejar con cautela el concepto de legalidad vs legitimidad, o incluso el concepto de “lealtad institucional” creo que con los ejemplos que daremos más adelante el atento lector lo entenderá enseguida. Puede alegarse que esto siempre ha pasado cuando un Gobierno ha estado en una situación similar, pero creo que nunca en la historia de la democracia española un Gobierno “saliente” ha estado en una situación similar, es decir, a punto de perder no una parte del poder sino prácticamente todo el poder político y con una crisis económica que hace que la recolocación de políticos y cargos de confianza sea inviable prácticamente en ningún otro sector.
En cuanto a que es un Gobierno en funciones y lo que puede hacer o no está previsto en el Título IV, artículo 21 de la Ley 50/1997 de 27 de julio, del Gobierno
En particular nos interesa destacar el párrafo 3º del artículo 21 según el cual “El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.”
Está claro, por tanto, lo que el Gobierno en funciones puede hacer y lo que no puede hacer, más allá de la referencia a “limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos” que es un concepto jurídico indeterminado que requiere una interpretación. Y esta interpretación la ha hecho la jurisprudencia considerando que exceden del despacho ordinario los actos del Gobierno en funciones que impliquen dirección de la política interior o exterior o que condicionen, comprometan o impidan la que deba establecer el nuevo Gobierno. Aunque, evidentemente, sólo caso por caso pueden apreciar los Tribunales de Justicia qué actos del Gobierno en funciones tienen esa virtualidad, es decir, qué actos exceden de las facultades de un Gobierno en funciones o, dicho de otra forma, qué actos comprometen o impiden la política que debe establecer el nuevo Gobierno.
Pero lo que no se regula, es lógicamente, lo que puede hacer unos días o hasta meses antes un Gobierno que cree que va a perder casi todo su poder político. Aquí, como decía antes, entramos en el resbaladizo tema de la legitimidad, de lo que es razonable o no hacer, de lo que puede considerarse como una deslealtad institucional para con el nuevo Gobierno, cuyas actuaciones o políticas nuevas puede comprometer, dificultar o impedir. Yo simplemente quiero apuntar una reflexión, más política o incluso ética que jurídica: un Gobierno que cree que va a perder las elecciones no debe de hacer nada que prefiere que la opinión pública no conozca. Sencillo ¿no?
Les dejo algunos ejemplos tomados del último Consejo de Ministros previo a las elecciones, el del día 18, para que ustedes juzguen por si mismos. A mí, particularmente, si me llaman la atención estos acuerdos y estos decretos, que como dice el lector que me los ha enviado, probablemente pasen desapercibidos dada la fecha. Lo que, añade él, es seguramente lo que se pretendía.
Ahí van, juzguen ustedes por sí mismos. Ahí va la referencia del Consejo de Ministros, que, de entrada sorprende por su longitud. Más de 50 Reales Decretos, innumerables acuerdos, asombrosa la productividad de este último Consejo de Ministros.
Destacaremos algunas para mayor comodidad:
Por ejemplo, el Ministerio de Fomento no se corta ni un pelo cuando se trata de beneficios para la tierra natal del sr. Ministro (al parecer tierra también de promisión para cuando acabe su periplo político-judicial).
Se trata de la aprobación mediante Real Decreto de la modificación de la concesión de la Autopista del Atlántico AP-9 para la ampliación de capacidad de diversos tramos de esta infraestructura. Actualmente, Autopistas del Atlántico Concesionaria Española S.A. (AUDASA) ostenta la concesión para la construcción, conservación y explotación de la Autopista AP-9. El coste total de la ampliación asciende a 350 millones de euros, incluyendo obras, expropiaciones, reposición de servicios y servidumbres.
También se les echa una mano a los colegas en apuros. Traspaso de funciones y servicios en materia de turismo al País Vasco
No hay problemas tampoco de fechas. Así el Consejo de Ministros también ha acordado una modificación de la identificación de medios patrimoniales y personales adscritos a las funciones y servicios traspasados por la Administración del Estado al País Vasco, en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Lo más curioso es que la modificación va a ser efectiva a partir del día 1 de enero de 2012 (como el acuerdo de traspaso de la función pública inspectora de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social).
Y ¿por qué no? se actualizan y prorrogan los acuerdos con la ONCE para garantizar la estabilidad de su acción social nada menos que hasta 2021
Lo cierto es que este Gobierno en plena crisis ha venido aprobando una media de diez reglamentos semanales, sin contar los actos administrativos, muchos de los cuales entrañaban directa o indirectamente nuevos gastos y no precisamente relacionados con políticas sociales, y esta dinámica ha aumentado en los últimos meses e incluso semanas.
Y hay mucho más…ya saben los nombramientos, las promociones a dedo, las subidas de sueldo y las colocaciones a los afines con cargo a los contribuyentes españoles. Muchas en empresas y organismos públicos que no salen en el BOE. Y la pregunta del millón ¿Quién controla que el Gobierno en funciones no se salte la ley? Si, ya sabemos, los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativo, que con un poco de suerte tardarán meses, o más bien años, en resolver. ¿No cabría alguna otra opción, por ejemplo algún informe preceptivo de un órgano consultivo como el Consejo de Estado? ¿U obligar a que el partido que va a gobernar tenga que “visar” o estar de acuerdo con la actuación del Gobierno en funciones? Por dar ideas.
Pero se hace el post demasiado largo. Les seguiremos contando…
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
La soluciòn es que tengan un poquitín de vergüenza y de honradez. Pero como eso a los políticos la sociedad española no se lo exige, y como hay numerosísimos ejemplos (algunos realmente bien altos) de que el choriceo queda impune, tendremos más de lo mismo.
Probablemente nos lo merezcamos.
La soluciòn es que tengan un poquitín de vergüenza y de honradez. Pero como eso a los políticos la sociedad española no se lo exige, y como hay numerosísimos ejemplos (algunos realmente bien altos) de que el choriceo queda impune, tendremos más de lo mismo.
Probablemente nos lo merezcamos.
Al hilo de este post leo ocn estupor un artículo del Economista sobre la aprobación este viernes de urgencia de la ley Sinde http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3556348/11/11/El-Gobierno-aprobara-el-cierre-de-webs-de-descargas-antes-de-disolverse-.html De verdad que es una medida urgente y de interés común? ya que viene envuelta en tanta polémica no sería mejor a este punto dejar al nuevo ejecutivo que estudie y decida lo que ha de proponer?
Al hilo de este post leo ocn estupor un artículo del Economista sobre la aprobación este viernes de urgencia de la ley Sinde http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3556348/11/11/El-Gobierno-aprobara-el-cierre-de-webs-de-descargas-antes-de-disolverse-.html De verdad que es una medida urgente y de interés común? ya que viene envuelta en tanta polémica no sería mejor a este punto dejar al nuevo ejecutivo que estudie y decida lo que ha de proponer?
Cuando en el año 2004 llegarón al Gobierno, estos mismos señores se hicieron los ofendidos porque el anterior Gobierno en un entorno electoral que aventuraba una cierta continuidad (truncada luego por los acontecimientos que todos conocemos) había procedido a ciertas convocatorias y nombramientos en los meses inmediatamente anteriores a las elecciones de marzo y que se refereían a algunos puestos nivel de complemento de destino 28 y 29, es decir de perfil más técnico que político. Recuerdo el caso concreto de un consejero laboral nombrado en febrero en un país centroamericano que fue cesado en el mes de mayo de manera fulminante. Si se aplicara un criterio de reciprocidad, los numerosísimos adjudicatarios de los puestos de trabajo que se acaban de nombrar no deberían tener tiempo para deshacer sus maletas.
Cuando en el año 2004 llegarón al Gobierno, estos mismos señores se hicieron los ofendidos porque el anterior Gobierno en un entorno electoral que aventuraba una cierta continuidad (truncada luego por los acontecimientos que todos conocemos) había procedido a ciertas convocatorias y nombramientos en los meses inmediatamente anteriores a las elecciones de marzo y que se refereían a algunos puestos nivel de complemento de destino 28 y 29, es decir de perfil más técnico que político. Recuerdo el caso concreto de un consejero laboral nombrado en febrero en un país centroamericano que fue cesado en el mes de mayo de manera fulminante. Si se aplicara un criterio de reciprocidad, los numerosísimos adjudicatarios de los puestos de trabajo que se acaban de nombrar no deberían tener tiempo para deshacer sus maletas.
Pero de verdad os sorprendeis por subvenciones, contratos, o RD?? Indignarse sí, pero yo después de ver la última reforma de la LOPJ para que Alonso, Camacho y Bermejo no pierdan su status y pasar de excedencia a servicios especiales, ya no me sorprende nada. No creo que pueda haber cosa más que descarada que reformar la ley que regula el Poder Judicial unos meses de las elecciones, tan necesitada la Justicia de reformas y hacerlo para eso.
Un saludo.
Pero de verdad os sorprendeis por subvenciones, contratos, o RD?? Indignarse sí, pero yo después de ver la última reforma de la LOPJ para que Alonso, Camacho y Bermejo no pierdan su status y pasar de excedencia a servicios especiales, ya no me sorprende nada. No creo que pueda haber cosa más que descarada que reformar la ley que regula el Poder Judicial unos meses de las elecciones, tan necesitada la Justicia de reformas y hacerlo para eso.
Un saludo.
Sitogr sobre el tema que comenta ha publicado nuestro coeditor fernando goma un post titulado “revolving door” en este mismo blog y en El Confidencial. Se puede consultar aquí: http://hayderecho.com/2011/10/10/“revolving-door”-entre-politica-y-justicia/
Muchas gracias, perdonad la omisión. No lo recordaba.
Bueno, por si queréis añadir a esa lista de “dedapios” de este Gobierno en funciones.
Rn el BOE de hoy el Sr. Blanco adjudica un nuevo tramo para el Ave Galicia y Madrid.
Y aunque mo me he molestado en sumar, se adjudican varios milloncejos de euros a actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
Un saludo
Sitogr sobre el tema que comenta ha publicado nuestro coeditor fernando goma un post titulado “revolving door” en este mismo blog y en El Confidencial. Se puede consultar aquí: http://hayderecho.com/2011/10/10/“revolving-door”-entre-politica-y-justicia/
¿Y qué decir de la muy oportuna colocación de amigos y afectos al régimen saliente en puestos supuestamente técnicos de empresas y organismos públicos? ¿Para que queden a cubierto de ceses y destituciones, disimulados entre el personal técnico de esas entidades?
¿Y las adjudicaciones de concursos de cientos de miles de euros en conceptos vagos, asistencias técnicas y consultorías? ¿Se están comprando puestos en el sector privado, en las empresas “agraciadas” con estas adjudicaciones de última hora?
¿Y qué decir de la muy oportuna colocación de amigos y afectos al régimen saliente en puestos supuestamente técnicos de empresas y organismos públicos? ¿Para que queden a cubierto de ceses y destituciones, disimulados entre el personal técnico de esas entidades?
¿Y las adjudicaciones de concursos de cientos de miles de euros en conceptos vagos, asistencias técnicas y consultorías? ¿Se están comprando puestos en el sector privado, en las empresas “agraciadas” con estas adjudicaciones de última hora?
Enhorabuena por este post. Plantea un tema complejo, los límites (y me voy a centrar en los temporales de un gobierno en funciones) del ejercicio del poder político en el ámbito del sector público, en sentido lato. No solo en materia de aprobación de normas reglamentarias sino tambien en lo que hace referencia a la adopción y aprobación de actos administrativos, singularmente en materia de personal, y no estrictamente referidos al desempeño de puestos de libre designación.
A la hora de delimitar este ámbito de actuación tal vez sería conveniente, por una parte, y lo sugiero desde una perspectiva técnica, desarrollar, con un cierto nivel de consenso, la Ley del Gobierno con el fin de adoptar un protocolo de actuación que delimitara el alcance de las actuaciones y toma de decisiones. Porque, y aún valorando el paso adelante que suponen las previsiones de la Ley del Gobierno, sus referencias son demasiado genéricas y permiten un abanico de interpretaciones, legalmente válidas.
Enhorabuena por este post. Plantea un tema complejo, los límites (y me voy a centrar en los temporales de un gobierno en funciones) del ejercicio del poder político en el ámbito del sector público, en sentido lato. No solo en materia de aprobación de normas reglamentarias sino tambien en lo que hace referencia a la adopción y aprobación de actos administrativos, singularmente en materia de personal, y no estrictamente referidos al desempeño de puestos de libre designación.
A la hora de delimitar este ámbito de actuación tal vez sería conveniente, por una parte, y lo sugiero desde una perspectiva técnica, desarrollar, con un cierto nivel de consenso, la Ley del Gobierno con el fin de adoptar un protocolo de actuación que delimitara el alcance de las actuaciones y toma de decisiones. Porque, y aún valorando el paso adelante que suponen las previsiones de la Ley del Gobierno, sus referencias son demasiado genéricas y permiten un abanico de interpretaciones, legalmente válidas.
“El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.”
Un ejemplo clarísimo de que se tniende por gobierno en funciones: El indulto a Alfredo Saenz, para que pueda seguir reuniendo los requisitos de honorabilidad necesarios para ser consejero de entidades de crédito.
Los gritos de protesta del PP se oirán desde Santander, sin duda …
“El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.”
Un ejemplo clarísimo de que se tniende por gobierno en funciones: El indulto a Alfredo Saenz, para que pueda seguir reuniendo los requisitos de honorabilidad necesarios para ser consejero de entidades de crédito.
Los gritos de protesta del PP se oirán desde Santander, sin duda …
Desgraciadamente nada nuevo bajo el sol, es indignante ver como se ríen de nosotros, EL PUEBLO, como nos toman el pelo, como cada acto de demostración de su impunidad es una humillación a quienes se esfuerzan día a día por mejorar su entorno y el de quienes les rodean, es… mejor dejarlo porque dan ganas de como poco cruzarles la cara y tamposo es eso.
Desgraciadamente nada nuevo bajo el sol, es indignante ver como se ríen de nosotros, EL PUEBLO, como nos toman el pelo, como cada acto de demostración de su impunidad es una humillación a quienes se esfuerzan día a día por mejorar su entorno y el de quienes les rodean, es… mejor dejarlo porque dan ganas de como poco cruzarles la cara y tamposo es eso.
Creo que la última novedad son los nombramientos para cargos directivos del sector público con derecho a indemnización aunque sea para ser ocupados por dos o tres semanas. Pero blinda, que algo queda, el dinerillo. Todo con cargo a los contribuyentes claro.
Creo que la última novedad son los nombramientos para cargos directivos del sector público con derecho a indemnización aunque sea para ser ocupados por dos o tres semanas. Pero blinda, que algo queda, el dinerillo. Todo con cargo a los contribuyentes claro.
Sr Botín, esto sí que es poderío. Y España su cortijo. Enhorabuena por dejarnóslo tan clarito.
Sr Botín, esto sí que es poderío. Y España su cortijo. Enhorabuena por dejarnóslo tan clarito.
Pues por mí que nombren a Botín Dictador vitalicio. O Rey directamente.
1.- Lo haría mejor que muchos otros.
2.- No nos costaría más que un sueldo, no la muchedumbre que pagamos ahora.
3.- Como ya es muchirrico, no tendría que robar para enriquecerse.
Y nos dejàbamos de una vez de tanta “Democracia” teórica
Pues por mí que nombren a Botín Dictador vitalicio. O Rey directamente.
1.- Lo haría mejor que muchos otros.
2.- No nos costaría más que un sueldo, no la muchedumbre que pagamos ahora.
3.- Como ya es muchirrico, no tendría que robar para enriquecerse.
Y nos dejàbamos de una vez de tanta “Democracia” teórica
Bueno, para conectar a Elisa con el artículo de Gomá recomendado por su hermano, cuando Marco Licinio Craso fue suficientemente rico por sus “botines” (dicho sea en términos estrictamente literarios, por si acaso…) de guerra para financiar a los otros dos cónsules, César y Pompeyo, no necesitó ser nombrado dictador, per llegó nada menos que a la Censura y e Triunvirato. Tampoco consuela que lahistoria (o la leyenda) nos digan que el rey partole obligó a morir bebiendo oro fundido, para que prbara su prpia codicia. Al margen del problema que plantea Elisa sobre los excesos del Gobierno “en funciones”, este indulto de última hora CONTRA LA OPINIÓN DEL SUPREMO hace más daño a la percepción de la justicia y la corrupción en España (ver Eurostat publicado hoy). ¿Qué vamos a decirle los que ejercemos el Derecho a quienes han sido deshauciados hoy por deudas ínfimas?¿Cómo mantenemos la recta aplicación de las leyes? Este indulto proviene de una querella de Banesto, un Banco que ya pagamos los contribuyentes al Santander, como parece que ahora la CAM, y hoy tenemos las indemnizaciones (o pensiones, ya no lo sé) de Caixa Penedés… Luego nos quejaremos de que el 15M no es lo que debía. Por lo demás, que el Supremo, que preside un ilustre Magistrado que ha aceptado su cargo tras recibir “placet in voce” del Presidente del Gobierno (hoy “en funciones”), el Constitucional, el CGPJ, la Fiscalía y los Secretarios Judiciales, como ha quedado probado con el BOE, no pueden hablar muy alto. Este “blog” es una herramienta de libertad, pero, sinceramente, nos veo con las togas en la calle como nuestros colegas tunecinos, o las próximas generaciones de juristas nos lo podrán reprochar eternamente. En España no hay independencia del Poder Judicial, por mucho que se enfaden el Presidente del TC, el Presidente del TS o el Ministro “en funciones” del Ramo. Y sin independencia y autoridad judicial no hay Constitución, que resulta tan pavoroso como la situación de Europa. Habría que saltar del fin de la República a la crisis del Imperio de Occidente del sg. III y IV de nuestra Era para saber cómo de mal puede irnos todavía si no hacemos lo que debemos de un vez.
Bueno, para conectar a Elisa con el artículo de Gomá recomendado por su hermano, cuando Marco Licinio Craso fue suficientemente rico por sus “botines” (dicho sea en términos estrictamente literarios, por si acaso…) de guerra para financiar a los otros dos cónsules, César y Pompeyo, no necesitó ser nombrado dictador, per llegó nada menos que a la Censura y e Triunvirato. Tampoco consuela que lahistoria (o la leyenda) nos digan que el rey partole obligó a morir bebiendo oro fundido, para que prbara su prpia codicia. Al margen del problema que plantea Elisa sobre los excesos del Gobierno “en funciones”, este indulto de última hora CONTRA LA OPINIÓN DEL SUPREMO hace más daño a la percepción de la justicia y la corrupción en España (ver Eurostat publicado hoy). ¿Qué vamos a decirle los que ejercemos el Derecho a quienes han sido deshauciados hoy por deudas ínfimas?¿Cómo mantenemos la recta aplicación de las leyes? Este indulto proviene de una querella de Banesto, un Banco que ya pagamos los contribuyentes al Santander, como parece que ahora la CAM, y hoy tenemos las indemnizaciones (o pensiones, ya no lo sé) de Caixa Penedés… Luego nos quejaremos de que el 15M no es lo que debía. Por lo demás, que el Supremo, que preside un ilustre Magistrado que ha aceptado su cargo tras recibir “placet in voce” del Presidente del Gobierno (hoy “en funciones”), el Constitucional, el CGPJ, la Fiscalía y los Secretarios Judiciales, como ha quedado probado con el BOE, no pueden hablar muy alto. Este “blog” es una herramienta de libertad, pero, sinceramente, nos veo con las togas en la calle como nuestros colegas tunecinos, o las próximas generaciones de juristas nos lo podrán reprochar eternamente. En España no hay independencia del Poder Judicial, por mucho que se enfaden el Presidente del TC, el Presidente del TS o el Ministro “en funciones” del Ramo. Y sin independencia y autoridad judicial no hay Constitución, que resulta tan pavoroso como la situación de Europa. Habría que saltar del fin de la República a la crisis del Imperio de Occidente del sg. III y IV de nuestra Era para saber cómo de mal puede irnos todavía si no hacemos lo que debemos de un vez.
El “Gobierno” en funciones se despide regalando más de cinco millones de leuritos a sus amiguetes de la “Memoria Histórica”.
Democracia…
El “Gobierno” en funciones se despide regalando más de cinco millones de leuritos a sus amiguetes de la “Memoria Histórica”.
Democracia…