Jornada sobre la situación de la Justicia (II). Diagnóstico, datos y propósito.

Me parece que para realizar un primer diagnóstico de la situación de la Administración de Justicia hoy en España, al menos tal y como es percibida por los ciudadanos, es obligado partir de los resultados del barómetro del CIS de febrero de 2011, así como del más reciente IV barómetro (septiembre 2011) del Consejo General de la Abogacía,  cuya publicación, por cierto, ha causado no poco revuelo.

Pues bien, es importante resaltar la percepción abrumadoramente negativa que tienen los ciudadanos sobre el Estado de Derecho, las leyes y las principales instituciones de la Administración de Justicia, percepción además que está empeorando.  Algunos datos  del barómetro del CIS son especialmente  preocupantes: nada menos que el 82% de los ciudadanos considera que las leyes en España favorecen a unos más que a otros. Preguntando a este grupo a quienes favorecen más las leyes, destacan “los ricos”  (48,6 %) seguidos por…los políticos (25,9%).

Además un 44% piensa que los ciudadanos no son iguales ante la ley (un 24% piensa que sí). Es interesante destacar también que son similares los porcentajes de los que piensan que los españoles cumplen las leyes “bastante” (45%) y de los que piensan que las cumplen “poco” (42%). Asimismo, son idénticos los porcentajes de los que piensan que los españoles son “bastante” conscientes de sus derechos y obligaciones y de los que piensan que los españoles  son “poco” conscientes de sus derechos y obligaciones (43%).  Estos datos dibujan un curioso panorama de sociedad “dual” , parece que porcentajes casi idénticos de la población viven en Estados de derecho muy distintos.

En cuanto a lo que piensan los ciudadanos sobre la posibilidad de que las leyes les protejan en caso de tener un conflicto con un banco o una gran empresa, el 50% de los ciudadanos piensan que serán poco protegidos, y el 22% que no serán nada protegidos (los porcentajes son bastante similares a los de los que piensan que las leyes les protegerán poco si el conflicto es con las Administraciones Públicas, un 46% o que no les protegerán nada un 21,2 %).

Con respecto a las principales instituciones de la Administración de Justicia, ninguna de ellas aprueba (todas están por debajo del 5)  siendo de notar que el Consejo General del Poder Judicial no merece “ninguna confianza” (la escala va del 0, ninguna confianza, al 10, máxima confianza) al 11, 2% de los ciudadanos, el Tribunal Constitucional al  10,9% y los Tribunales de Justicia al 11,1%. Claro que todavía nos podemos consolar si vemos que el Gobierno de la Nación (y estamos hablando de febrero del 2011) no producía “ninguna confianza”  al 26,7% de los ciudadanos.

Si  completamos estos datos con los del más reciente barómetro del CGAE podemos confirmar este diagnóstico. Todavía más grave, estamos empeorando. En los tres últimos años ha caído  la confianza de los españoles en su Estado de Derecho o para ser más exactos, el porcentaje de los que consideran que tienen un Estado de Derecho peor que el de otros países de nuestro entorno ha pasado de ser del 54% frente al 31% de hace tres años.

La valoración del CGPJ es también muy negativa,  dado que 7 de cada 10 ciudadanos considera que decide sobre los nombramientos de Jueces y Magistrados por criterios políticos y no técnicos o profesionales, y 7 de cada 10 españoles considera que no es independiente del Gobierno y de los partidos políticos, considerando urgente su reforma 8 de cada 10 entrevistados.

El veredicto sobre la Administración de Justicia es  inapelable: se la considerada ineficiente, lenta, incapaz de ejecutar sus propias sentencias que quedan en “papel mojado”, etc, etc. Por otro lado, 8 de cada 10 españoles considera que la Administración de Justicia debe de ser evaluada como cualquier otro servicio público.

Reconozco que no sé si estas encuestas tienen resultados similares en los países de la OCDE,  pero me temo que estos resultados deben de aproximarse más a los que se podrían esperar en un país del Tercer Mundo.

Pues bien, el objetivo de nuestra Jornada ha sido, partiendo de este diagnóstico tan demoledor, reflexionar acerca de las causas de esta situación y de sus posibles soluciones.

Como hemos dicho en otros foros, la Justicia es un Poder del Estado cuya independencia, sin duda, debe de estar garantizada; pero también tiene una vertiente o componente de  servicio público,  por lo que sin duda su calidad,  eficiencia, productividad y resultados  también debe de garantizarse. Para conseguir este objetivo necesitamos la máxima transparencia en el tratamiento de los datos con los que contamos.

Convertir la Administración de Justicia en un servicio público de calidad es un derecho de los ciudadanos que lo costean con sus impuestos –aunque podamos plantearnos si pueden o deben existir otros modelos para financiarla, ya sea vía tasas, condenas en costas, etc, etc- y una obligación de los profesionales que lo prestan. Eso sí, corresponde a las Administraciones competentes (que desgraciadamente son varias, otra anomalía de nuestro disfuncional Estado de las autonomías)  dotarla de los medios materiales y humanos y aplicar los incentivos correctos para que efectivamente sea así.

En esta Jornada hemos tenido en cuenta ambos aspectos de la Administración de Justicia, sin olvidarnos de ninguno de los dos, porque, a nuestro juicio, la concepción de la Justicia como un Poder del Estado independiente del Ejecutivo y el Legislativo a los que puede y debe controlar es perfectamente compatible con su concepción como un servicio público eficiente y de calidad. En este sentido, nadie atenta contra la independencia de un Juez, como nadie atenta contra la de un médico, por exigirle el cumplimiento de sus obligaciones como profesional de un servicio público, ya se trate de horarios, vacaciones, permisos, licencias, formación, atención a los ciudadanos, gestión razonable de medios disponibles, número de vistas y sentencias, etc, etc. Eso sí, el Juez  debe de tener plena independencia para elaborar el contenido de sus sentencias dentro de los límites del Derecho positivo y de la jurisprudencia. En este sentido, su autonomía e independencia es similar a la de un médico cuando entra en el quirófano para operar  a un paciente; ha de hacerlo de la mejor forma que su ciencia y el estado del paciente le permita. Pero ambos tienen unas obligaciones derivadas de las necesidades del servicio público que prestan, y no pueden decidir no operar, o no dictar sentencias, o hacerlo solo cuando les apetezca o les venga bien.

En cuanto a la estructura de estas jornadas, hemos partido de una primera ponencia a cargo de D. Julio Banacloche,  con una visión de conjunto sobre el estado de la Administración de Justicia y sus posibles soluciones, pasando a continuación, en la primera mesa redonda al análisis de las implicaciones económicas tiene  de una Administración de Justicia ineficiente, lenta, imprevisible, de escasa calidad en definitiva. El análisis se ha realizado partiendo de los datos disponibles y tendrá en consideración el punto de vista de los inversores y litigantes extranjeros, tomando así en consideración el impacto que este deficiente funcionamiento de nuestra Administración de Justicia tiene en la productividad y en la competitividad de nuestro país, por no hablar de su imagen.

Pero también, como juristas que somos, hemos analizado el impacto que esta situación tiene sobre el progresivo deterioro de nuestro Estado de Derecho y, en definitiva, de la Justicia, con mayúsculas.  Pero no nos queremos quedar solo en el análisis de los problemas, queremos también proponer soluciones, y así lo haremos en la segunda mesa redonda contando, como no puede de ser menos, con todos los colectivos implicados, Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, Procuradores y Abogados en ejercicio.

Y en esa mesa se ha examinado también, con una ponencia a cargo de un miembro de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid, una posible solución, a través de vías alternativas para solucionar los conflictos. Siendo notoria la elevadísima conflictividad que padece nuestro sistema judicial, es imperativo proponer vías alternativas a la judicialización de nuestros conflictos,  tan arraigada en España, centrándonos, en particular, en la mediación y en el arbitraje que permitirían “desjudicializar” una gran cantidad de conflictos en beneficio de todos.

Por último, no nos podemos olvidar que el papel de las nuevas tecnologías es esencial si queremos conseguir una Administración de Justicia mínimamente eficiente. En ese sentido, bienvenido sea el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia, que ha sido puesto en marcha estos últimos años. Como se ha explicado en la última mesa redonda, dedicada a analizar las nuevas tecnologías como palanca del cambio en este ámbito, el Plan de Modernización ha supuesto un punto de inflexión porque por primera vez ha habido un presupuesto importante y una acción política decidida conforme a un Plan y a unos proyectos. Con luces y sombras, que todos conocemos, pero ahí está. Una apuesta que hay que mantener aunque desde ahora les adelanto que, en nuestra opinión, la tecnología es solo un instrumento o palanca utilísima para la modernización de la Justicia, pero solo es eso, una herramienta.

Poco sin la tecnología es posible ya en este siglo XXI que va avanzando, es sin duda condición necesaria de cualquier modernización de un servicio público, como ya ocurrido en España con dos casos de éxito notorios, como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Por esa razón es de tanta utilidad la experiencia previa de estos dos organismos públicos. Es más, las encuestas demuestran que la percepción de los ciudadanos de un servicio público que utiliza eficientemente las nuevas tecnologías mejora. Pero la tecnología sola no basta.

Nunca debemos de olvidar esto o nos arriesgaremos a echar a perder grandes cantidades de, dinero, trabajo, tiempo, ilusión de las que, como coincidirán con nosotros, España no anda muy sobrada en este momento.

Por último, esta Jornada ha demostrado que los que la hemos organizado consideramos que, también aquí, ha llegado el momento del protagonismo de la sociedad civil. En este caso si se quiere, de la especializada, de la comunidad jurídica, pero sociedad civil al fin y al cabo. Y aquí estamos. Ofreciendo nuestro análisis y nuestras propuestas a los que próximamente tendrán la responsabilidad de realizar los cambios imprescindibles en España, entre ellos éste sobre el que vamos a hablar hoy.

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988

En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia

En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.

En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.

En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.

Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,

de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.

En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.

Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?