Jornada sobre la situación de la Justicia (III). Intervención de Pablo Salvador Coderch

La primera mesa redonda de la jornada versó sobre el impacto económico y social de la Administración de Justicia en España. En su introducción al tema, Rodrigo Tena explicó como la seguridad jurídica es un presupuesto básico para la existencia del mercado y uno de los factores determinantes en esa seguridad es la existencia de un buen sistema judicial. Y un buen sistema judicial, para merecer ese nombre, tiene que ser rápido (porque como se ha dicho tantas veces una justicia lenta no es justicia), tiene que ser previsible (porque la incertidumbre que ocasiona la imprevisibilidad de las decisiones es la negación de la seguridad jurídica), tiene que ser de calidad, en el sentido de ser la recta interpretación de la ley (para no vulnerar los principios democráticos que consagran la separación de poderes y atribuyen las decisiones fundamentales de carácter general al legislador), y tiene que ser mínimamente garantista (so pena de atentar contra la justicia material del caso). Puede que hoy en día convenga preocuparse especialmente por las dos primeras necesidades, claramente maltratadas respecto de la última.

Pablo Salvador Coderch, Catedrático de Derecho Civil en la Universidad Pompeu Frabra, economista, y coautor del libro “Reformas necesaria para potenciar el crecimiento de la economía española. Impacto en la economía de las deficiencias de la Administración de Justicia”, destacó en su intervención que, efectivamente, no hay razón para que el sistema judicial vaya de mal en peor en rapidez y certidumbre (a 31 de diciembre de 2010 había 3.225.063 asuntos pendientes en los juzgados y tribunales españoles, una cifra todavía superior a la del año anterior (3.133.006). Para ello hay que adoptar políticas de demanda, no sólo de oferta, porque aunque fuesemos capaz de doblarla, si no restringimos de alguna manera la demanda el sistema estará de nuevo abocado al colapso. Sin duda hay que mejorar también la oferta, no cabe negarlo, pero una manera relativamente barata y eficaz de hacerlo sería lograr una conexión telemática total entre juzgados y tribunales, de tal manera que cualquier juez de España pueda saber on line lo que está haciendo un compañero suyo en cualquier otro punto de la geografía nacional. La transparencia es clave para lograr un funcionamiento eficiente del sistema. Luz y taquígrafos es la mejor medicina para incentivar el trabajo responsable.

Pero ello debe ser complementado con políticas de demanda. Hay que acabar con la constante tentación de nuestro legislador por delegar en los jueces las decisiones incómodas. Hay que desjudicializar materias enteras, como las faltas o la jurisdicción voluntaria. Es necesario despenalizar conductas y castigarlas con sanciones administrativas. Es imprecindible una reforma del Código Penal a la baja. Hay que crear una justicia de base apoyada en un cuerpo de funcionarios independiente de la carrera judicial. En materia de jurisdicción voluntaria hay infinidad de cuestiones que no deberían ser decididas por los tribunales. Es increible que hoy para divorciarse no se pueda acudir a un notario.

Hay que aumentar cuantías para permitir recurrir. Es necesario crear una agencia para ejecutar las sentencias. Es imprescindible acercarla Justicia a los ciudadanos. La gente no entiende que con los retrasos existentesla Administraciónde Justicia sea el único servicio público que cierra todas las tardes y un mes completo. Es necesario mejorar el sistema de acceso a la escuela judicial. Resulta sorprendente que la oposición no incluya un caso práctico, ni contabilidad, ni ciencias sociales, ni idiomas.

Resultaría muy conveniente además superar hoy las controversias entre fiscales y jueces. Se echa de menos la figura de un attorney general al modo americano que defienda los intereses generales, disociándolo de la pura función acusadora. Es necesario imponer por ley el carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, tampoco se puede incurrir en el exceso del eliminar al justiciable, como hace el actual TS a la hora de rechazar la casación.

Pero en cualquier caso, si tuviera que priorizr una medida, ésta sería clarísima: interconexión telemática, luz y taquígrafos, transparencia dentro de la Justicia.

Al finalizar la mesa, tras la intervención de los otros dos ponentes (Rosalina Díaz y Jesús Casas, cuyas intervenciones comentaremos en otro post), hubo un breve y animado debate entre los asistentes. En él tomó la palabra Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza, que, al margen de comentar que la pausa veraniega se debe más a los intereses de los abogados que de los jueces, que no tendrían problema para organizarse para atender el mes de agosto, inistió en la importancia de la conexión telemática. Los jueces españoles son los primeros interesados en que exista, y estarían dispuestos a implantarla mañana mismo, pero el problema es otro: el absoluto caos de sistemas informáticos, a cuyo análisis, por cierto, se dedicó la última mesa y sobre la cual también informaremos en próximos posts.

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