Las buenas intenciones: sobre las medidas del Consejo de Ministros de la víspera de Reyes

Tal y como era de temer, las medidas de ayer del Consejo de Ministros   se quedaron en una simple declaración de buenas intenciones. Como ya dijimos en el post de hace una semana, “Empezar por lo fácil”, aumentar los tipos del IRPF no resulta muy complicado técnicamente, proporciona “caja” de manera inmediata y aunque tiene un coste político muy importante, un Gobierno recién elegido sin duda se lo puede permitir. O por lo menos eso cree. En cualquier caso, quedaban pendientes, y así se nos dijo, las “nuevas medidas” que se iban a adoptar inmediatamente, tendentes básicamente a recortar el gasto desmesurado e insostenible del sector público, y poner orden en el déficit autonómico requisito “sine qua non” para lo anterior, dado que son las CCAA las responsables fundamentalmente de la desviación del déficit del 6% comprometido al 8% del PIB que –pese a que estaba cantada- es la causa de que el Gobierno del PP haya tenido que recurrir de forma “transitoria” a la subida de los impuestos a los asalariados y clases medias de este país, desdiciéndose de manera flagrante de lo dicho tanto en el Discurso de investidura, como en el programa electoral como de proclamado un montón de veces por el Sr. Rajoy como líder de la oposición. Por lo menos eso es lo que nos han dicho.

Pero recortar los gastos del sector público y poner orden en las CCAA, como ya decíamos en el post anterior, es harina de otro costal. En primer lugar es muy complicado políticamente, cuando hay autonomías en franca rebelión fiscal y otras directamente en suspensión de pagos, cuando no, de manera más o menos vergonzante, en ambas situaciones a la vez. Por cierto, que la rebeldía fiscal (por ejemplo, no pagar el IRPF o las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores públicos) ya sea en su modalidad más cruda o en la más sofisticada que lleva consigo la invocación de excusas tales como “pactos fiscales”, “agravios fiscales”, retrasos del Estado, o lo que sea, resulta de indudable utilidad política para ocultar la propia responsabilidad en el derroche y la mala gestión después de más de 30 años de autogobierno con gobiernos de un signo y de otro, y de paso permite no sacar el dinero de la caja cuando tanta falta hace. ¿Se imaginan que pasaría si los sufridos ciudadanos y las empresas de este país nos declaramos en rebeldía fiscal o solicitamos un nuevo pacto de rentas? Pues las  CCAA lo hacen y no pasa nada.

Pero, para no pecar de cenizos, vamos a asumir con la  mejor voluntad que, pese a los compromisos y las hipotecas que pesan sobre el Gobierno y su partido, éste va a tomar decisiones de este tipo, aunque sea porque no tiene más remedio.

Lo que pasa es que no es la primera vez que desde el Gobierno central se pretenden suprimir organismos públicos, estatales o autonómicos o locales. Ya lo intentó la Sra Salgado hace más de un año. Sin ningún éxito por cierto.

Y como ya hice en su momento en un artículo publicado en el Mundo, les daré alguna información que, en mi opinión, lo explica. Hay que tener en cuenta que, por lo menos hasta ahora, se suele encomendar la ejecución de esos acuerdos o instrucciones a los propios Ministerios o a las Consejerías o Concejalías de las que dependen los organismos públicos a suprimir. En este sentido, el Ministerio (antes Economía y Hacienda, ahora suponemos que Hacienda y Administraciones Públicas) da unas cuantas directrices al resto de los Ministerios y, si puede, a las CCAA y Ayuntamientos. Y éstas, a su vez piden datos…normalmente a los propios organismos a suprimir. Si, no se extrañen, no hay muchas otras formas de hacerlo ni muchos informes “objetivos” a los que acudir. Me imagino que se podrían usar los informes del Tribunal de Cuentas y de la IGAE u organismos autonómicos similares, y, a lo mejor, hasta se intenta, pero el problema es el retraso con el que van, aun presuponiendo que hacen informes solventes y rigurosos. Y, además, habría que estudiárselos y no suele haber tiempo.

Así las cosas, lo más sencillo viene siendo pedir los datos a los directivos de los organismos candidatos a la supresión –muchos de los cuales a día de hoy son todavía los nombrados por el anterior Gobierno porque no habrá dado tiempo a celebrar las reuniones de los Consejos de Administración, Patronatos, órganos de Gobierno, etc que según las normas de los entes públicos hay que convocar para cesarles- que, faltaría más, defienden la esencialidad de “su” organismo con uñas y dientes,  Como, por otro lado, no hay ningún criterio objetivo y homogéneo preestablecido para valorar la necesariedad o la sostenibilidad de un organismo público, aunque puedan existir muchos de acuerdo con el puro sentido común (se me ocurren, por ejemplo, criterios tales como la sostenibilidad económica con ingresos propios sin necesidad de transferencias presupuestarias, la duplicidad o triplicidad con otros organismos, trayectoria y ejecutoria previa verificada en auditorias, Tribunal de Cuentas, recursos judiciales, etc, posibilidades de privatización, instrumentalización realizada por parte de las Administraciones que los han creado, tipos de encomiendas de gestión realizadas, crecimiento del déficit en los últimos años, perfil más o menos técnico o “de confianza” de sus directivos o empleados posible competencia con el propio sector privado, etc, etc)  no es muy fácil hacer una valoración ecuánime y racional ni tomar una decisión sensata en asunto tan complejo y con tantas implicaciones.. Con lo que, a la hora de decidir, si es que llega esa hora, se priman los criterios políticos, vulgo, la mayor o menor presión que los amigos y conocidos hayan podido ejercer a favor del mantenimiento o supresión de unos u otros entes públicos.

En conclusión, el problema real es que no hay criterio en el Gobierno central ni probablemente en el autonómico, para saber qué organismos públicos hay que suprimir, fusionar o vender desde un punto de vista objetivo y racional. Y me temo que por muy buenas intenciones que tenga el Gobierno y por muchos informes que encargue, de aquí a una semana, dos o tres tampoco lo va a haber.

Pero no es solo eso; vamos a dar un paso más y ser todavía más optimistas, en la estela del Sr. Zapatero. Vamos a suponer, que, mejor o peor, se llega a una decisión sobre qué organismos públicos hay que suprimir, fusionar o vender, pues incluso aunque se elijan aleatoriamente, siempre supondría una mejora sobre la situación actual dado que las posibilidades de acertar son muy altas. Bueno, pues ocurre que esa decisión hay que ejecutarla. No está de más recordar este pequeño detalle, porque no es la primera vez que este tipo de decisiones que se anuncian a bombo y platillo se quedan en papel mojado, porque no se ejecutan o se incumplen sin que pase nada de nada. O simplemente se toma el pelo al Ministro de turno, como ocurrió cuando la SEPI contabilizó como entidades públicas suprimidas las que ya estaban “muertas” pero no formalmente, por lo que encima costó dinero cerrarlas.  Desde entonces, como se pueden imaginar, no ha dado tiempo a cambiar nada.

Lamentablemente, en un Estado como el nuestro que se ha ido desprendiendo voluntariamente de todos sus instrumentos legales y políticos de coacción con respecto a otras Administraciones (por falta de ejercicio o porque a estas alturas ya está convencido de que carece de legitimación y recursos para hacerlo, véase el artículo de Rodrigo Tena sobre la partitocracia de taifas  esto de hacer cumplir este tipo de acuerdos no ya  a las CCAA y Ayuntamientos sino incluso a los propios Ministerios, reviste una cierta complejidad. Ciertamente en los últimos años, si por algo se han caracterizado nuestras normas y nuestros acuerdos y pactos de todo tipo, condición y ámbito de aplicación ha sido por su sistemático e impune incumplimiento como tantas veces hemos denunciado en este blog.

Y finalmente, aunque sea de Perogrullo, no está de más recordar que no se trata de suprimir solo el número de organismos públicos sino que se trata de que esta supresión sea un medio para conseguir un fin: la supresión de un gasto público innecesario y directamente insostenible, que amenaza con impedir cualquier posibilidad de recuperación y por llevar a la ruina a la economía española si es que no estamos ya en ella. Hablando en plata, si hay un organismo duplicado o triplicado y se suprime no se trata de recolocar a todo el mundo, ni de quedarse con los inmuebles. Para ese viaje, sobran alforjas.

Y ahora la última nota positiva, para que no se diga que no echamos una mano. A mi juicio, para forzar el cumplimiento de las decisiones que adopte en este ámbito, el Gobierno tiene ahora mismo instrumentos políticos y legales más que de sobra, merced a su mayoría absoluta y sobre todo, lo que me parece bastante más importante, porque tiene el apoyo de la opinión pública. Los ciudadanos y la sociedad civil van a entender muy bien y van a apoyar estas medidas. ¿Qué tal si se cuenta con ellos? Y una forma muy sencilla de hacerlo es proporcionándoles información sobre los organismos a evaluar. Que no los tengan que buscar en Google, en este blog o en otros, o en las webs de los propios organismos o buscando entre los presupuestos respectivos y la normativa estatal, regional o local. Gobierno abierto ¿se acuerdan? Está en su programa electoral.

Y en cuanto a los instrumentos técnicos para garantizar el cumplimiento, si una Comunidad Autónoma, por ejemplo, no suprime organismos públicos y reduce gastos, puede hacerse que el incumplimiento tenga consecuencias. Por ejemplo, que deje de recibir avales y dinero del Estado para pagar sus nóminas. Y si faltan herramientas legales, que no creo, como la situación es de extraordinaria y urgente necesidad, según nos explica la Sra. Saenz de Santamaría en sus ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros para justifica la subida de impuestos se me ocurre que se da el presupuesto de hecho “de calle” para la aprobación de los Decretos-leyes en este sentido que hagan falta.

Lo estamos esperando.

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988

En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia

En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.

En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.

En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.

Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,

de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.

En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.

Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?