Causas y efectos del gasto oculto de nuestras Administraciones públicas

Leo con preocupación en la prensa la reciente sorpresa de nuestra Ministra de Fomento acerca de la deuda real en más de 50.000 millones de euros (se dice fácil pero la cifra es impresionante) sobre lo previsto, aunque en la comparecencia de la Ministra ante las Cortes, el pasado 9 de febrero, la cifra del endeudamiento total del Ministerio de Fomento quedaba cifrada en los 40.000 euros. Ante esta disparidad de datos sólo cabe pensar en dos alternativas; o bien, el ex Ministro Blanco se hizo alguna clase de lío con los pen-drives y el que contenía la deuda diferida se le quedó en los bolsillos; o bien en el Ministerio de Fomento no se aclaran con las cuentas. Sin embargo y, aunque no se han dado explicaciones públicas sobre este incremento de última hora, me barrunto a qué se debe. Y es que, al menos desde el año 2010, las diferentes Administraciones públicas (no sólo el Ministerio de Fomento) han estado acudiendo, para muy buena parte de los contratos ya adjudicados a lo que eufemísticamente han denominado como “diferimiento de anualidades“. Diferimiento que significa que lo que estaba previsto pagar para 2010 y 2011 se traslada a los ejercicios de 2012 y siguientes, para lo cual se recabó, en su momento, la aquiescencia de los propios contratistas bajo la amenaza velada de no pagarles nada. Cosa que, según parece, sigue sucediendo en el momento actual,  porque ya sabemos que se pega todo menos lo bonito.

Ya se sabe que con los privilegios de la Administración, sus acreedores, por mucho que tengan justificadas las deudas, pueden ver dilatado su cobro durante muchos años, aún cuando obtengan una sentencia firme ejecutable. Y es que la ejecución de sentencias frente a la Administración pública tiene dificultades muy serias debido a esos privilegios, muchas veces mal utilizados (en beneficio de quienes las gobiernan) por no cumplir con la finalidad de “interés público” para el que fueron  concebidos. Por tanto, no es de extrañar -especialmente para quien conoce la contratación pública- que las empresas constructoras hayan prestado su consentimiento para que lo que se encontraba presupuestado para 2010 o 2011 se traslade a los ejercicios de 2012 y siguientes porque más vale cobrar tarde (a dos años vista) que no llegar a cobrar. Y ahora, las diferentes Administraciones (con el Ministerio de Fomento a la cabeza) no tienen más remedio que seguir haciendo lo mismo porque, como es conocido, el que se queda quieto paga…

Sin embargo,  cuando llegue el momento en el que haya que comenzar a pagar lo que dejó de pagarse años atrás, surgirán los problemas para todos, comenzando por las propias Administraciones públicas y terminando por los subcontratistas de los contratistas de las Administraciones (pasando, lógicamente, por éstos). Al tirar de la manta y levantar las alfombras, el nuevo Gobierno -y lo mismo ha pasado en las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos- se ha encontrado con una auténtica “bomba de relojería” que amenaza con estallar en un momento en el que resulta indispensable contener el gasto público. Porque lo que ha hecho el anterior Gobierno ha sido algo así como el “yo invito pero tú pagas” -dicho en términos castizos- al sacar a licitación proyectos y obras absolutamente inútiles sin hacer frente a los compromisos de pago que eso comportaba. Ahora se aflora el problema y toca a “otros” pagar las deudas contraídas para evitar que se siga rompiendo esa especie de cadena maldita que comienza por la deuda de las Administraciones públicas, sigue por la de las constructoras y concluye con la de los subcontratistas y suministradores a todos los niveles. Si el primero no paga (las Administraciones) o demora excesivamente sus pagos, pueden caer los que les siguen con lo que ello supone de destrucción del tejido empresarial y del empleo. Y claro está, el remedio más sencillo consiste en continuar con la “patada a seguir” continuando con el diferimiento de pago hasta el infinito sin tener en cuenta que con ese sistema la deuda a pagar se incrementa.

Esperemos a ver que pasa con todas estas deudas atrasadas (respecto de lo cual nada se ha dicho aún) aunque la Ministra de Fomento ya ha anunciado un nuevo Plan de Infraestructuras que corrija las desviaciones de los existentes -especialmente en materia de carreteras y ferrocarriles- aunque ha reconocido la existencia de una deuda total por importe de 40.000 euros, de los cuales 34.200 son a largo plazo y 5.800 a corto (algo más de tres puntos sobre el PIB). Como puede apreciarse, los datos facilitados en la comparecencia ante las Cortes no casan con la aparición de una mayor deuda sobre lo previsto -los dichosos 50.000 millones de euros- lo cual tiene descolocado al personal.

Con todo, el mayor problema que pueden plantear todos estos diferimientos de  pago acordados por  las distintas Administraciones públicas hace un par de años, es el desconocimiento real de la deuda del Sector Público, que es un dato indispensable para adoptar medidas correctas. Porque hemos de tener muy en cuenta que ante la insuficiencia de recursos, el Estado ya no puede acudir a darle a la máquina de hacer dinero (suponiendo que eso fuese una solución efectiva) sino que tiene que captarlo en el mercado de deuda pública y devolverlo al cabo de unos años a unos intereses cada vez más altos. Operación que, además, no puede repetirse de forma indefinida, como me temo que se está haciendo, porque incide en nuestro nivel de endeudamiento al que, por imperativo de la UE (y también de nuestra Constitución), hay que poner coto.

Así las cosas, resulta que la ocurrencia de los diferimientos de pago en la contratación pública nos va a salir por un ojo de la cara (otro más, si eso es posible), porque apuntan hacia un grave problema de muy difícil solución que se asemeja a la cuadratura del círculo. Evidentemente, habrá que pagar toda la deuda diferida a las empresas de construcción pública para que éstas, a su vez, puedan hacer frente a los pagos comprometidos con los subcontratistas y proveedores. Pero como el dinero para hacer frente a estos pagos difícilmente podrá obtenerse con un mayor nivel de endeudamiento de nuestras Administraciones (porque ya hemos sobrepasado el límite), me temo que no quedará más remedio que reducir todo el Sector Público (y muchas de las subvenciones a su cargo)  más de lo que se ha hecho hasta ahora. O sea que la “genial idea” del diferimiento de pagos va a generar, probablemente, un efecto boomerang, causando una retracción en la contratación de infraestructuras públicas (a menos que se adopten modelos basados en las PPP si la UE nos deja) y provocando que el dinero que no se pagó antaño haya de salir del adelgazamiento forzoso del Sector Público. Sinceramente, no se me ocurre (al menos por ahora) otra salida para la situación creada por unas medidas (los diferimientos de pago a los contratistas) que, en su momento, pretendieron tapar un roto con un simple zurcido para que a sus autores no se les vieran las vergüenzas.

6 comentarios
  1. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Respetado José Luis, es una lástima la conclusión a que llegas. Porque aparte de la salida que propones… ¿no hay otra? ¿no es cierto que todo lo que explicas ha ido aderezado por una incalificable golfería de los gestores de la cosa pública? ¿No es notorio que tanto contrato y tanto gasto para fines absurdos ha estado motivado por el ánimo de lucro, vía comisiones? “Hago un aeropuerto inútil, una estación de AVE en medio de la nada, un macroestadio para que paseen por ahí los yonquis, gasto X millones y me llevo a casa el diezmo…” ¿no es verdad que muchos se han enriquecido, incluso notoriamente y de manera cuya explicación provoca sonrojo?
    Quizá exista también la salida de que reparen el inmenso mal que han causado, al menos en parte. El consuelo de que no se vayan impunes a disfrutar de su botín.
    Atrévanse, señores fiscales, señores jueces: actualicen la jurisprudencia en torno a los delitos de malversación, prevaricación y cohecho. Que los ha habido a barulllo. ¿Y aún está deteniendo la policía a quien roba en el Corte Inglés una lata de foagrás y se la come sobre la marcha ? (Doy fe).
    Procesen a los delincuentes, por muy altos que hayan estado o sigan estando; apliquen los criterios de prescripción con rigor, sean -por una vez- decididos en defensa de las víctimas.
    ¡Estamos hablando de delitos de sangre!. ¿Exagero? Ayer mismo me contaba una pobre señora (me consultaba para ver cómo podía salvar su piso, donde vive la familia, dos hijos pequeños, de una ejecución por avales del negocio de su marido), me contaba, llorando, cómo su marido luchaba en la UVI por sobrevivir tras un infarto agudo. Un hombre joven, deportista, abstemio, de vida sana… el médico preguntó la profesión; al oir que era autónomo comentó: “no me diga más, tenemos montones de casos como este”. Si muere le habrá matado la crisis, la crisis imputable a los delincuentes que nos han “gobernado”. ¿No es un delito de sangre?
    ¿Y ahora resulta que lo justo es que los criminales se vayan de rositas?
    ¿Para cuándo la voz que -como la del Alcalde de Móstoles hace 200 años-, grite: ” Fiscales, Jueces: España perece víctima de la codicia de ladrones sin escrúpulos. ¡ACUDID A SALVARLA!”

  2. Curro Arriola
    Curro Arriola Dice:

    Respetado José Luis, es una lástima la conclusión a que llegas. Porque aparte de la salida que propones… ¿no hay otra? ¿no es cierto que todo lo que explicas ha ido aderezado por una incalificable golfería de los gestores de la cosa pública? ¿No es notorio que tanto contrato y tanto gasto para fines absurdos ha estado motivado por el ánimo de lucro, vía comisiones? “Hago un aeropuerto inútil, una estación de AVE en medio de la nada, un macroestadio para que paseen por ahí los yonquis, gasto X millones y me llevo a casa el diezmo…” ¿no es verdad que muchos se han enriquecido, incluso notoriamente y de manera cuya explicación provoca sonrojo?
    Quizá exista también la salida de que reparen el inmenso mal que han causado, al menos en parte. El consuelo de que no se vayan impunes a disfrutar de su botín.
    Atrévanse, señores fiscales, señores jueces: actualicen la jurisprudencia en torno a los delitos de malversación, prevaricación y cohecho. Que los ha habido a barulllo. ¿Y aún está deteniendo la policía a quien roba en el Corte Inglés una lata de foagrás y se la come sobre la marcha ? (Doy fe).
    Procesen a los delincuentes, por muy altos que hayan estado o sigan estando; apliquen los criterios de prescripción con rigor, sean -por una vez- decididos en defensa de las víctimas.
    ¡Estamos hablando de delitos de sangre!. ¿Exagero? Ayer mismo me contaba una pobre señora (me consultaba para ver cómo podía salvar su piso, donde vive la familia, dos hijos pequeños, de una ejecución por avales del negocio de su marido), me contaba, llorando, cómo su marido luchaba en la UVI por sobrevivir tras un infarto agudo. Un hombre joven, deportista, abstemio, de vida sana… el médico preguntó la profesión; al oir que era autónomo comentó: “no me diga más, tenemos montones de casos como este”. Si muere le habrá matado la crisis, la crisis imputable a los delincuentes que nos han “gobernado”. ¿No es un delito de sangre?
    ¿Y ahora resulta que lo justo es que los criminales se vayan de rositas?
    ¿Para cuándo la voz que -como la del Alcalde de Móstoles hace 200 años-, grite: ” Fiscales, Jueces: España perece víctima de la codicia de ladrones sin escrúpulos. ¡ACUDID A SALVARLA!”

  3. Pollosincabeza
    Pollosincabeza Dice:

    Criticamos a nuestros gobernantes pero también hay que decir que mientras gastaban sin ton ni son  pero la economía iba bien no nos acordabamos del derroche. Ahora afloran por todas partes comentarios tipo “según están las cosas y se lo gastan en…” o como cuando José Blanco se hizo cargo del Ministerio y dijo que a partir de ese momento se seguirían criterios de racionalidad y prioridad a la hora de licitar obras. ¿es que antes no se seguían? No es ahora cuando hay que ahorrar o cuando hay que racionalizar, hay que hacerlo siempre para no llegar a estar como ahora.
    Es un grave problema este de la morosidad de nuestras administraciones que está acabando con buena parte de las PYMES y autónomos, principalmente, cerrando. Y eso, al final, lo pagamos todos.
     
    http://pollo-sincabeza.blogspot.com/2012/02/alcorcon-uno-de-tantos.html

  4. Pollosincabeza
    Pollosincabeza Dice:

    Criticamos a nuestros gobernantes pero también hay que decir que mientras gastaban sin ton ni son  pero la economía iba bien no nos acordabamos del derroche. Ahora afloran por todas partes comentarios tipo “según están las cosas y se lo gastan en…” o como cuando José Blanco se hizo cargo del Ministerio y dijo que a partir de ese momento se seguirían criterios de racionalidad y prioridad a la hora de licitar obras. ¿es que antes no se seguían? No es ahora cuando hay que ahorrar o cuando hay que racionalizar, hay que hacerlo siempre para no llegar a estar como ahora.
    Es un grave problema este de la morosidad de nuestras administraciones que está acabando con buena parte de las PYMES y autónomos, principalmente, cerrando. Y eso, al final, lo pagamos todos.
     
    http://pollo-sincabeza.blogspot.com/2012/02/alcorcon-uno-de-tantos.html

  5. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    El autor del post apunta un problema muy interesante, que es el mal uso de los privilegios que tiene la Administración Pública, también como contratista, y que por lo menos cuando yo estudiaba la oposición se justificaban en base a que la Administración defendía los intereses generales frente a las empresas o los particulares (contratistas o no) defendían los suyos particularmente. El problema empieza cuando la Administración ya no defiende exactamente los intereses generales y sigue utilizando esos privilegios que la configuran como una “potentior persona” porque entonces como bien dice el autor, se rompe la baraja con consecuencias muy negativas para todos. Por otro lado, el que en un Ministerio como Fomento se “despisten” esas cantidades de dinero después de un traspaso de poderes “modélico” y de las medallas otorgadas al Gobierno saliente por su buen hacer dice mucho del nivel de nuestra clase política.

  6. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    El autor del post apunta un problema muy interesante, que es el mal uso de los privilegios que tiene la Administración Pública, también como contratista, y que por lo menos cuando yo estudiaba la oposición se justificaban en base a que la Administración defendía los intereses generales frente a las empresas o los particulares (contratistas o no) defendían los suyos particularmente. El problema empieza cuando la Administración ya no defiende exactamente los intereses generales y sigue utilizando esos privilegios que la configuran como una “potentior persona” porque entonces como bien dice el autor, se rompe la baraja con consecuencias muy negativas para todos. Por otro lado, el que en un Ministerio como Fomento se “despisten” esas cantidades de dinero después de un traspaso de poderes “modélico” y de las medallas otorgadas al Gobierno saliente por su buen hacer dice mucho del nivel de nuestra clase política.

  7. Bucan
    Bucan Dice:

    Todo viene de que cuando se entró en el Euro no se tomaron medidas de actuación según la nueva situación y se siguió con la mentalidad de la peseta. Como apunta el artículo, en el Euro ya no se podía imprimir ni devaluar la moneda para hacer frente a un exceso de endeudamiento. 

    La entrada en el Euro exigía un rigor de actuación frente al endeudamiento y el gasto que se obvió. De hecho, la entrada en el Euro era la pérdida de soberanía, porque un país es su moneda. Ahora,  a ver como se paga en Euros, sin poder imprimir ni devaluar, el 390% del PIB de deuda total pública y privada de los españoles. Más esos “flecos” como son los pufos que van apareciendo de facturas atrasadas.

     

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