Los Defensores se defienden
Leyendo el otro día en El Confidencial el artículo sobre la reunión que habían celebrado los Defensores del Pueblo autonómicos para defender la importancia de sus funciones, y, por tanto, de sus puestos de trabajo (que pudieran correr peligro a la vista de que ya se había suprimido el de Castilla-la Mancha por razones presupuestarias sin que el personal se hubiesen echado a la calle para protestar por la pérdida de garantías de sus derechos) se me ocurrió el título de este post. Reconocerán que no deja de ser paradójico que unos señores que están para defender al pueblo (así se llaman, Defensores del Pueblo) acaben por reunirse para defenderse del pueblo, o para ser más exactos, para intentar demostrar que sus servicios son esenciales, o por lo menos más esenciales que otros servicios públicos que empiezan a sufriendo recortes, como la educación y la sanidad. En fin, se reúnen consigo mismos y concluyen que no se les puede suprimir. A los contribuyentes que pagan las instituciones ni se les llama ni se les espera. Total, que volvemos a los tiempos del despotismo ilustrado, ellos saben lo que el pueblo necesita, asi que prefieren no preguntárselo. Todo para los defensores pero sin los defendidos.
Y es que los ciudadanos en esta época de crisis tendemos a pensar que, dado que no podemos pagarlo todo, preferimos que nuestros impuestos se destinen a financiar servicios que consideramos indispensables, prescindiendo de otros que –quizá de forma errónea- nos parecen un tanto superfluos, como puede ser el disponer de un Defensor del Pueblo a la vuelta de la esquina. Lamentablemente, aquí tropezamos con los intereses creados de nuestros representantes y gestores públicos, en este caso nuestros Defensores, que opinan de forma distinta. Básicamente, opinan que las funciones y los servicios que ellos desempeñan son los únicos realmente esenciales, resultando bastante más prescindibles los que otros desempeñan, llaménse médicos, profesores o policías. Al personal directamente no es que no se le consulte, es que no se le informa. Por ejemplo, de lo que cuesta el expediente tramitado en un Defensor del Pueblo regional (en este caso el de Castilla-la Mancha) comparado con lo que cuesta en el Defensor del Pueblo estatal, 2.500 euros frente a 237 euros, es lo que tienen las economías de escalas. Y esto sin contar con el dato de que todavía hay gente que no ha captado que todo ese dinero sale de un solo sitio: de su bolsillo vía impuestos.
Porque aclaremos una cosa: estamos hablando de los Defensores del Pueblo regionales o autonómicos, porque nadie duda –por ahora- de la necesidad de la existencia del Defensor del Pueblo “estatal” por usar la terminología tan cara a los nacionalistas. Que, por cierto, está previsto en la Constitución, en su art.54 que establece que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos fundamentales de los españoles. Para realizar esta labor, podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las propias Cortes Generales. El desarrollo se produce por ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, que muy cortita. Qué tiempos aquellos donde las leyes tenían 8 artículos.
En fin, y sin entrar ahora en polémicas sobre si la institución sirve o no sirve para los fines para los que fue creada, para lo que siempre pueden echar un vistazo a sus actividades y a su informe anual si tienen tiempo y ganas, lo cierto es que parece que con un “Ombudsman” (u Ombudswoman) para todos los españoles es suficiente. De hecho, lo fue durante muchos años, sin graves consecuencias desde el punto de vista de la demanda ciudadana de Defensores. ¿Por qué entonces se crearon tantos? Pues como ustedes ya son lectores avezados de este blog, se lo pueden imaginar. Alguien decidió que los ciudadanos de su miniestado se merecían un Defensor propio, lo colocó en algún Estatuto de autonomía –reconozco que no me he molestado en mirar quien lo hizo primero- y todos los demás le siguieron, desarrollaron sus instituciones mediante las oportunas leyes autonómicas, y aquí estamos. Tengan por ejemplo el ejemplo del Defensor de La Rioja (defensoría, lo llaman) el apartado normativo constituído por Estatuto, Ley y Reglamento de funcionamiento está recogido bajo el epígrafe “legislación” en su por otra parte muy bonita página web Lo que yo no he encontrado es el número de expedientes que se tramitan y, claro está, el coste de los mismos, aunque ciertamente el organigrama no es muy amplio, siempre según la web, un asesor jurídico y dos auxiliares administrativos. Ah, y que conste que en la Rioja compatibiliza sus funciones con las de Defensor del Menor, lo que no ocurre en todas las autonomías.
Por supuesto, no hace falta que les diga que no hay nada parecido a un reparto competencial entre Estado y autonomía para la defensa de los derechos fundamentales, los pobres Padres de la Constitución no tenían tanta imaginación.
En fin, esta historia de los Defensores que se defienden frente a sus contribuyentes y teóricos “defendidos” es sólo un ejemplo. Hay innumerables instituciones u organismos públicos de funciones ignotas, hinchadas o directamente poco relevantes (vulgo “chiringuitos”) que están en la misma situación, luchando con uñas y dientes por defenderse frente a las temidas tijeras, y de paso, de los ciudadanos que empiezan a estar hartos de tanto despilfarro y de que les digan una y otra vez que todo es imprescindible y que lo único que se pueden recortar son sus sueldos o sus empleos (los de los ciudadanos, se entiende). Uno de los colaboradores de nuestro blog, Ramón Marcos, nuevo diputado de UPyD por la Comunidad de Madrid me remitió el otro día este link donde se defiende de las acusaciones realizados por el resto de los partidos políticos de la Asamblea regional después de defender una moción sobre racionalización de entes públicos en la Comunidad de Madrid. No se lo pierdan (aquí)
Particularmente mi favorita es la representante del PSOE (dato que es imposible deducir de su intervención, intercambiable con la del resto, lo sé porque aparece en los subtítulos), cuando le dice al estupefacto parlamentario novel que con su moción “le quiere quitar a los madrileños lo que es suyo”. Si, ya nos gustaría a los madrileños que estos “chiringuitos” fueran nuestros, o por lo menos que de verdad que nos dejasen decidir si los queremos suprimir o recortar. El problema es que los madrileños, en el peor de los casos, ni nos enteramos de que existen, y en el mejor, no sabemos que nos cuesta la broma y esta señora y sus colegas del PP e IU pueden decir cosas como las que dicen en el video sin sonrojarse. Claro que tampoco los madrileños vemos normalmente estos “debates”. Por lo menos hasta ahora.
Se me ocurre que este tipo de discursos, donde los argumentos –siendo generosos, porque más que argumentos lo que hay son descalificaciones- se pervierten de forma tan burda, de manera que las palabras se emplean para confundir y para enturbiar la percepción de la realidad, pueden ser uno de los motivos por el que las encuestas del CIS reflejan de forma reiterada la desconfianza creciente de los españoles hacia su clase política, hasta el punto de considerarla como un problema grave, tan grave que lo sitúan como tercera causa de preocupación solo por detrás del paro y los problemas económicos y un puesto por delante de la corrupción.
Reconocerán que no está nada mal para una democracia tan reciente.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
Como siempre, has dado en el clavo.
La reunión de defensores, es una muestra, a pequeña escala, de lo que pasará si la crisis va devorando órganos o instituciones autonómicas del mismo estilo (léase tribunales de cuentas, tribunales de defensa de la competencia, órganos económico-administrativos, radios y televisiones, jurados de expropiación, embajadas, institutos de comercio exterior, etc.). Menos mal que, visto el desastre en el que estamos, no creo que la jugada les salga bien, sobre todo si a la gente le da por mirar las cifras del coste de estas instituciones “fundamentales”.
Al hilo de todo esto, me viene a la cabeza una pregunta: ¿por qué nuestros políticos suelen buscar para estas instituciones nombres evocadores de un pasado medieval con el que pretenden emparentar? Ejemplos hay para aburrir: Justicia de Aragón (¡¡¡¡¡!!!!!), Síndico de Agravios, Diputado del Común, Procurador del Común, Personero del Común… Supongo que la idea es dar un aura mítica a la Institución de turno, pero a mí, la verdad, a lo que me recuerdan estos nombres es a esa gente que dice recordar sus vidas anteriores y que, casualidad, nunca han sido jornaleros o mineros, sino, como mínimo, cónsules romanos o faraones egipcios.
En fin, ya veremos en qué queda todo esto.
Lo dicho: enhorabuena por el post.
Como siempre, has dado en el clavo.
La reunión de defensores, es una muestra, a pequeña escala, de lo que pasará si la crisis va devorando órganos o instituciones autonómicas del mismo estilo (léase tribunales de cuentas, tribunales de defensa de la competencia, órganos económico-administrativos, radios y televisiones, jurados de expropiación, embajadas, institutos de comercio exterior, etc.). Menos mal que, visto el desastre en el que estamos, no creo que la jugada les salga bien, sobre todo si a la gente le da por mirar las cifras del coste de estas instituciones “fundamentales”.
Al hilo de todo esto, me viene a la cabeza una pregunta: ¿por qué nuestros políticos suelen buscar para estas instituciones nombres evocadores de un pasado medieval con el que pretenden emparentar? Ejemplos hay para aburrir: Justicia de Aragón (¡¡¡¡¡!!!!!), Síndico de Agravios, Diputado del Común, Procurador del Común, Personero del Común… Supongo que la idea es dar un aura mítica a la Institución de turno, pero a mí, la verdad, a lo que me recuerdan estos nombres es a esa gente que dice recordar sus vidas anteriores y que, casualidad, nunca han sido jornaleros o mineros, sino, como mínimo, cónsules romanos o faraones egipcios.
En fin, ya veremos en qué queda todo esto.
Lo dicho: enhorabuena por el post.
Estoy de acuerdo con Elisa y Juan José. Hay que apretarse el cinturón y quizá 18 defensores del pueblo son demasiados para nuestro bolsillo. Pero ¿Quién nos defiende de los defensores?
Estoy de acuerdo con Elisa y Juan José. Hay que apretarse el cinturón y quizá 18 defensores del pueblo son demasiados para nuestro bolsillo. Pero ¿Quién nos defiende de los defensores?
Por favor, por favor…¡cuánta exageración!
La Democracia Autonomizada cuesta, estamos de acuerdo. Pero aquí siempre se dice que “Nada es Gratis”. Nunca fuímos tan libres los españoles, pues no seamos ratas y paguemos la fiesta.
En serio ahora: ¿Y por qué no se trasladan estos razonamientos críticos contra los “defensores autonómicos” al propio sistema autonómico, en su totalidad?
Lo que verdaderamente sobra -y nos arruina- es la misma existencia de las CCAA. Totalmente supérfluas.
Por favor, por favor…¡cuánta exageración!
La Democracia Autonomizada cuesta, estamos de acuerdo. Pero aquí siempre se dice que “Nada es Gratis”. Nunca fuímos tan libres los españoles, pues no seamos ratas y paguemos la fiesta.
En serio ahora: ¿Y por qué no se trasladan estos razonamientos críticos contra los “defensores autonómicos” al propio sistema autonómico, en su totalidad?
Lo que verdaderamente sobra -y nos arruina- es la misma existencia de las CCAA. Totalmente supérfluas.
Gran razón tienes, Elisa. Esa es de verdad la gran reforma necesaria, la verdadera “revolución pendiente” que nuestro país necesita: el desmantelamiento de tanto organismo público para ásito, y de tanto gasto público inútil, al servicio esencialmente de la casta política, que aplasta nuestra sociedad civil e impide que podamos avanzar por la senda de la competitividad y de la recuperación.
Bien lo dice Víctor Alvargonzález aquí: http://www.cotizalia.com/opinion/telon%2Dde%2Dfondo/2012/02/18/espana%2Dcentro%2Dde%2Dnegocios%2D6661/
Mientras no se generalice la conciencia del problema y la exigencia de una respuesta a nuestros gobernantes, no s aldremos del marasmo.
Gran razón tienes, Elisa. Esa es de verdad la gran reforma necesaria, la verdadera “revolución pendiente” que nuestro país necesita: el desmantelamiento de tanto organismo público para ásito, y de tanto gasto público inútil, al servicio esencialmente de la casta política, que aplasta nuestra sociedad civil e impide que podamos avanzar por la senda de la competitividad y de la recuperación.
Bien lo dice Víctor Alvargonzález aquí: http://www.cotizalia.com/opinion/telon%2Dde%2Dfondo/2012/02/18/espana%2Dcentro%2Dde%2Dnegocios%2D6661/
Mientras no se generalice la conciencia del problema y la exigencia de una respuesta a nuestros gobernantes, no s aldremos del marasmo.
Menos mal que los Notarios están para librarnos de esos despilfarros que son las instituciones independientes de control democrático y rendición de cuentas. Así se podrá ejercer más eficientemente las labores de gobierno (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/18/actualidad/1329599920_319329.html)
Qué tienen que ver los notarios, Aldelgadog? Ni siquiera aparecen mencionados. Da la impresión de que sólo tratas de deslegitimar este blog, a falta de argumentos respecto a las críticas que en él aparecen. Yo puedo estar o no de acuerdo con las críticas, pero no se me ocurriría aludir a la condición profesinal del autor como denfensa. Además de que no sea notario la autora.
Interesante, por lo demás, el link que indicas. Precisamente una muestra más de que se prefiere el deterioro de servicios públicos esenciales al desmantelamiento de organismos inútiles donde una clase política cada vez más parasitaria pueda encontrar colocaciones.
Menos mal que los Notarios están para librarnos de esos despilfarros que son las instituciones independientes de control democrático y rendición de cuentas. Así se podrá ejercer más eficientemente las labores de gobierno (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/18/actualidad/1329599920_319329.html)
Gracias por el link, spartacus, totalmente de acuerdo con el autor. Por cierto aprovecho para corregir una errata que hay en el post, la noticia sobre la reunion defensiva de los Defensores la lei en el Mundo, no en El Confidencial.
Gracias por el link, spartacus, totalmente de acuerdo con el autor. Por cierto aprovecho para corregir una errata que hay en el post, la noticia sobre la reunion defensiva de los Defensores la lei en el Mundo, no en El Confidencial.
A ver si ademas de democraticos todos estos organismos pagados con nuestros impuestos pueden ser pelin mas transparentes y eficientes, que una cosa no esta reñida con la otra, mas bien todo lo contrario diria yo.
A ver si ademas de democraticos todos estos organismos pagados con nuestros impuestos pueden ser pelin mas transparentes y eficientes, que una cosa no esta reñida con la otra, mas bien todo lo contrario diria yo.
Totalmente de acuerdo, extensible además a otras instituciones autonómicas. El problema no es sólo la falta de justificacion o la dificultad del reparto competencial, si no sobre todo en que desde que se han creado muchos de ellos no han justicado su existencia (no han servido para nada). Creo que lo más serio y riguroso es mirar caso a caso y por CCAA….en general, aunque a algunos les cueste reconocerlo, las distintas autoridades catalanas y vascas han sabido encontrar su hueco. Racionalizar el sector público sí, como reclama con razón R. Marcos, pero para evitar que te tachen de centralista hay q mirar caso a caso y CCAA a CCAA. En La C. Madrid, en cualquier caso, tienen razón…y habría que cerrar muchas….
Aunque, efectivamente, se deban evitar las generalizaciones fáciles, no deja de ser cierto que, en general, hasta las comunidades más soberanistas han copiado los esquemas de la administración central, introduciendo en los mismos, sobre todo, sus correspondientes peoras.
Hay alguna comunidad que haya optado por un modelo diferente de administración, austera y autocontenida, conscientemente desprovista de boato y autobombo, que haya querido limitarse al máximo en beneficio de la sociedad civil, y que haya podido salir muy barata y reducir al extremo lons impuestos? Pues me temo que no. Ninguna ha salido “independentista” del modelo a copiar.
Totalmente de acuerdo, extensible además a otras instituciones autonómicas. El problema no es sólo la falta de justificacion o la dificultad del reparto competencial, si no sobre todo en que desde que se han creado muchos de ellos no han justicado su existencia (no han servido para nada). Creo que lo más serio y riguroso es mirar caso a caso y por CCAA….en general, aunque a algunos les cueste reconocerlo, las distintas autoridades catalanas y vascas han sabido encontrar su hueco. Racionalizar el sector público sí, como reclama con razón R. Marcos, pero para evitar que te tachen de centralista hay q mirar caso a caso y CCAA a CCAA. En La C. Madrid, en cualquier caso, tienen razón…y habría que cerrar muchas….
Uno y que sirva para algo. Ejemplo, hay muchas resoluciones del Defensor del Pueblo estatal, contra el servicio de Reclamaciones del Banco de España y no sirven para nada.
http://hayjusticia.blogspot.com/
Uno y que sirva para algo. Ejemplo, hay muchas resoluciones del Defensor del Pueblo estatal, contra el servicio de Reclamaciones del Banco de España y no sirven para nada.
http://hayjusticia.blogspot.com/
Muy ilustrativo el artículo Elisa, una vez más. Otro ejemplo de despilfarro en nuestro país. La verdad es que en este país debería ser imposible que se cometieran tropelías, violaciones de derechos y deberes, incumplimiento de obligaciones… Para paliar la falibilidad de los tribunales tenemos una revisión en sucesivas instancias, así como un TC “independiente” que protege las garantías constitucionales, constitucionalidad de las leyes y conflictos constitucionales, un TEDH que asegura los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, un Defensor del Pueblo que tiene como fin el velar por los derechos y libertades, así como los Defensores Autonómicos, Defensores del Menor y Defensores municipales del Ciudadano, y por último el indulto, con entre otros fines corregir la aplicación de la ley, reparar errores judiciales, adecuar criterios de Justicia… Con todas estas garantías estoy seguro que no hay ninguna vulneración de derechos y libertades, los errores judiciales quedan arreglados, etc. Y pregunto, ¿y si en vez de poner tantas garantías subsidiarias a la tutela judicial lo invirtiéramos todo en reforzarla?En darle medios tecnológicos, materiales y personales, agilizarla, modernizarla, una buena calidad y estabilidad legislatica, reforzar su independencia, una verdadera instancia superior en conflictos constitucionales, etc. ¿Sería necesario todo lo anterior?
Un saludo
Muy ilustrativo el artículo Elisa, una vez más. Otro ejemplo de despilfarro en nuestro país. La verdad es que en este país debería ser imposible que se cometieran tropelías, violaciones de derechos y deberes, incumplimiento de obligaciones… Para paliar la falibilidad de los tribunales tenemos una revisión en sucesivas instancias, así como un TC “independiente” que protege las garantías constitucionales, constitucionalidad de las leyes y conflictos constitucionales, un TEDH que asegura los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, un Defensor del Pueblo que tiene como fin el velar por los derechos y libertades, así como los Defensores Autonómicos, Defensores del Menor y Defensores municipales del Ciudadano, y por último el indulto, con entre otros fines corregir la aplicación de la ley, reparar errores judiciales, adecuar criterios de Justicia… Con todas estas garantías estoy seguro que no hay ninguna vulneración de derechos y libertades, los errores judiciales quedan arreglados, etc. Y pregunto, ¿y si en vez de poner tantas garantías subsidiarias a la tutela judicial lo invirtiéramos todo en reforzarla?En darle medios tecnológicos, materiales y personales, agilizarla, modernizarla, una buena calidad y estabilidad legislatica, reforzar su independencia, una verdadera instancia superior en conflictos constitucionales, etc. ¿Sería necesario todo lo anterior?
Un saludo
No puedo estar mas de acuerdo sitorg. Como en la sanidad, mas prevenir y mas curar. Y por supuesto tenemos no ya el derecho, sino la obligacion a la vista del estado de nuestro sistema publico de evaluar todas las instituciones publicas que pagamos con nuestro dinero, una a una, dejandonos de comodos cliches y consignas y usando indicadores de eficiencia y eficacia. Da bastante mas trabajo y hay que molestarse,y hasta sufrir un poco, claro, pero tambien da mas resultados. Lo mismo que las dietasny aqui sobra mucha grasa. El problema es que nuestros gestores publicos piensa que estan muy delgaditos, pero claro, mucho mas delgada esta la sociedad española.
No puedo estar mas de acuerdo sitorg. Como en la sanidad, mas prevenir y mas curar. Y por supuesto tenemos no ya el derecho, sino la obligacion a la vista del estado de nuestro sistema publico de evaluar todas las instituciones publicas que pagamos con nuestro dinero, una a una, dejandonos de comodos cliches y consignas y usando indicadores de eficiencia y eficacia. Da bastante mas trabajo y hay que molestarse,y hasta sufrir un poco, claro, pero tambien da mas resultados. Lo mismo que las dietasny aqui sobra mucha grasa. El problema es que nuestros gestores publicos piensa que estan muy delgaditos, pero claro, mucho mas delgada esta la sociedad española.
Estimada Elisa. Acabo de llegar de viaje y veo tu muy interesante artículo. Cuando tenga tiempo comentaré, si me lo permitís, lo que hizo un “defensor del pueblo” autonómico, muy sectario e indigente intelectual para más señas, sobre unos anuncios pornográficos financiados con dinero público, nuestro dinero (y en perjuicio de nuestros hijos). Pero su actuación fue avalada por el “Defensor del Pueblo” estatal.
Tengo la impresión, y he escrito mucho sobre esta institución, que cada vez, como pasa en muchas de nuestras instituciones, ocupan el cargo gente muy dócil e insignificante (cuando lo que debería regir es la auctoritas), con poco prestigio. Recuerda que nuestro primer Defensor del Pueblo fue Ruíz-Giménez, figura de prestigio; luego mira los sucesores (hay algunos con buen historial, no obstante). Se dice de alguno que cuando le dijeron a Felipe González que a fulanito le habían designado exclamó: pobre pueblo.
La institución ha quedado para asuntos de bagatela. Es muy difícil que presente un recurso de inconstitucionalidad, se pueden cabrear con el titular y no renovarle.
Deberían aprender del funcionamiento de la institución del Defensor del Pueblo Europeo, de enorme prestigio; pero en este caso el modelo no es el nuestro.
Estimada Elisa. Acabo de llegar de viaje y veo tu muy interesante artículo. Cuando tenga tiempo comentaré, si me lo permitís, lo que hizo un “defensor del pueblo” autonómico, muy sectario e indigente intelectual para más señas, sobre unos anuncios pornográficos financiados con dinero público, nuestro dinero (y en perjuicio de nuestros hijos). Pero su actuación fue avalada por el “Defensor del Pueblo” estatal.
Tengo la impresión, y he escrito mucho sobre esta institución, que cada vez, como pasa en muchas de nuestras instituciones, ocupan el cargo gente muy dócil e insignificante (cuando lo que debería regir es la auctoritas), con poco prestigio. Recuerda que nuestro primer Defensor del Pueblo fue Ruíz-Giménez, figura de prestigio; luego mira los sucesores (hay algunos con buen historial, no obstante). Se dice de alguno que cuando le dijeron a Felipe González que a fulanito le habían designado exclamó: pobre pueblo.
La institución ha quedado para asuntos de bagatela. Es muy difícil que presente un recurso de inconstitucionalidad, se pueden cabrear con el titular y no renovarle.
Deberían aprender del funcionamiento de la institución del Defensor del Pueblo Europeo, de enorme prestigio; pero en este caso el modelo no es el nuestro.
Un dato que tiene relación con lo que comenta Isaac Ibañez es el perfil de los defensores del pueblo autonómicos, o hablando más claramente, sus cvs. Sin tener nada personal contra ninguno, dado que no les conozco en absoluto intuyo que en estas designaciones tendrán más peso las conexiones que las trayectorias profesionales previas, aunque solo sea porque siempre será más díficil encontrar 17 defensores de mucho nivel en sitios relativamente pequeños. Cosas de la masa crítica. Y me temo que lo que se aplica a los defensores puede predicarse de muchos otros cargos autonómicos, sean cámaras de cuentas, consejos económicos y sociales, “embajadas”, etc, etc.
Un dato que tiene relación con lo que comenta Isaac Ibañez es el perfil de los defensores del pueblo autonómicos, o hablando más claramente, sus cvs. Sin tener nada personal contra ninguno, dado que no les conozco en absoluto intuyo que en estas designaciones tendrán más peso las conexiones que las trayectorias profesionales previas, aunque solo sea porque siempre será más díficil encontrar 17 defensores de mucho nivel en sitios relativamente pequeños. Cosas de la masa crítica. Y me temo que lo que se aplica a los defensores puede predicarse de muchos otros cargos autonómicos, sean cámaras de cuentas, consejos económicos y sociales, “embajadas”, etc, etc.
Lo de los consejos económico (y sociales -en España tenemos muchas cosas “SOCIALES”; sinónimo de meternos la mano en el bolsillo) es para desternillarse de risa (perdón, si no tenemos en cuenta lo que nos cuesta cuando nos meten la mano en el bosillo).
Lo de los consejos económico (y sociales -en España tenemos muchas cosas “SOCIALES”; sinónimo de meternos la mano en el bolsillo) es para desternillarse de risa (perdón, si no tenemos en cuenta lo que nos cuesta cuando nos meten la mano en el bosillo).
Y los Tribunales de Cuentas, y los Consejos Consultivos… la autonomía en España ha servido para crear 17 miniEspañas idénticamente ineficientes… Toma hecho diferencial!
Y los Tribunales de Cuentas, y los Consejos Consultivos… la autonomía en España ha servido para crear 17 miniEspañas idénticamente ineficientes… Toma hecho diferencial!
Añado por otra parte que los Defensores autonómicos alimentan muy mucho el medievalismo que inspira el storytelling de muchas de nuestras autonomías, que recuperan con estos cargos títulos muy pomposos que evocan aquella edad dorada donde no existía España como entidad opresora: “…cualquier tiempo pasado fue mejor“.
A modo de curiosidad he echado una ojeada a la página web del Sindic de Greuges y veo que tiene sus orígenes nada más y nada menos que en el año… 1000!!! En la del Procurador del Común (la de mi tierra, para que no me acusen de anticatalanista) mencionan a Alfonso X el Sabio.
No obstante, la mayor sandez la encontramos en la página del Justicia de Aragón, donde con bastante mala redacción nos sueltan esta perla:
“El Justicia de Aragón es el nombre histórico con el que se designa al Defensor del Pueblo de esta Comunidad Autónoma. En opinión de algunos autores, se trata del precedente lejano de todos los Defensores del Pueblo Europeos (sic).”
http://www.eljusticiadearagon.com/index.php?zona=que_es
En fin, pura poesía e historia. ¿Cómo vamos a permitirnos el lujo de renunciar a todo ello?
Añado por otra parte que los Defensores autonómicos alimentan muy mucho el medievalismo que inspira el storytelling de muchas de nuestras autonomías, que recuperan con estos cargos títulos muy pomposos que evocan aquella edad dorada donde no existía España como entidad opresora: “…cualquier tiempo pasado fue mejor“.
A modo de curiosidad he echado una ojeada a la página web del Sindic de Greuges y veo que tiene sus orígenes nada más y nada menos que en el año… 1000!!! En la del Procurador del Común (la de mi tierra, para que no me acusen de anticatalanista) mencionan a Alfonso X el Sabio.
No obstante, la mayor sandez la encontramos en la página del Justicia de Aragón, donde con bastante mala redacción nos sueltan esta perla:
“El Justicia de Aragón es el nombre histórico con el que se designa al Defensor del Pueblo de esta Comunidad Autónoma. En opinión de algunos autores, se trata del precedente lejano de todos los Defensores del Pueblo Europeos (sic).”
http://www.eljusticiadearagon.com/index.php?zona=que_es
En fin, pura poesía e historia. ¿Cómo vamos a permitirnos el lujo de renunciar a todo ello?
Daniel, el fundamento típico de las CCAA es precisamente eso: una mezcla de leyendas de la época romántica y tergiversaciones de la Historia.
En el fondo es coherente: las Autonomías sirven para mejor esquilmar al pueblo. De ahí la oportunidad de engatusarle con el rollete pseudohistórico en cuestión.
La emoción “patriótica” adormece a la gente, mientras los ladrones les roban.
En Aragón tenemos al JUSTICIA DE ARAGÓN, que es un monumento al despilfarro y el cachondeo. El actual Justicia -fiscal en excedencia- lleva ya tres mandatos ocupando el cargo, nada menos que casi 15 años. Se ha rodeado de una “cohorte” de doce asesores, un lagarteniente, un gabinete propio, otro de prensa, 17 empleados administrativos, en resumen, unas treinta personas viviendo del cuento. Por supuesto tiene Palacio -que menos-, coche oficial, con chófer, escoltas, la Biblia en verso. El coste es horrorosa para Aragón, y escasamente tramitan dos mil quejas al año… Y, por supuesto, no solucionan ningún problema. Los asesores, la mayoría de ellos jueces y fiscales excedentes, “huídos” del País Vasco u otros destinos fuera de Aragón, cobran lo mismo que en su carrera, por lo que nos cuestan un dineral. ¿No sería preferible suprimir la institución, o teniendo en cuenta que está también para defender el ordenamiento jurídico propio de Aragón, dejar un Justicia con un par de asesores, dos secretarias y un ordenanza, que puedan estar en un piso normal y corriente…? Menudo gasto que nos quitaríamos de encima.
En Aragón tenemos al JUSTICIA DE ARAGÓN, que es un monumento al despilfarro y el cachondeo. El actual Justicia -fiscal en excedencia- lleva ya tres mandatos ocupando el cargo, nada menos que casi 15 años. Se ha rodeado de una “cohorte” de doce asesores, un lagarteniente, un gabinete propio, otro de prensa, 17 empleados administrativos, en resumen, unas treinta personas viviendo del cuento. Por supuesto tiene Palacio -que menos-, coche oficial, con chófer, escoltas, la Biblia en verso. El coste es horrorosa para Aragón, y escasamente tramitan dos mil quejas al año… Y, por supuesto, no solucionan ningún problema. Los asesores, la mayoría de ellos jueces y fiscales excedentes, “huídos” del País Vasco u otros destinos fuera de Aragón, cobran lo mismo que en su carrera, por lo que nos cuestan un dineral. ¿No sería preferible suprimir la institución, o teniendo en cuenta que está también para defender el ordenamiento jurídico propio de Aragón, dejar un Justicia con un par de asesores, dos secretarias y un ordenanza, que puedan estar en un piso normal y corriente…? Menudo gasto que nos quitaríamos de encima.
Parece que este blog es seguido de cerca por el Gobierno. Algo muy bueno para todos. Parece que el discurso de Elisa ha calado. Enhorabuena a los que formaís este blog, es agradable ver que hay gente formada y profesional que lucha por mejorar las cosas y propone ideas y se les tiene en cuenta. No todo está perdido.
http://www.abc.es/20120305/comunidad-galicia/abcp-propondra-suprimir-defensores-pueblo-20120305.html
Un saludo
Parece que este blog es seguido de cerca por el Gobierno. Algo muy bueno para todos. Parece que el discurso de Elisa ha calado. Enhorabuena a los que formaís este blog, es agradable ver que hay gente formada y profesional que lucha por mejorar las cosas y propone ideas y se les tiene en cuenta. No todo está perdido.
http://www.abc.es/20120305/comunidad-galicia/abcp-propondra-suprimir-defensores-pueblo-20120305.html
Un saludo