El recorte del gasto público y la hora de la verdad

Parece que las cosas se están poniendo feas ante la necesidad de que todas las Administraciones públicas realicen recortes en sus presupuestos porque ya no existe más margen de maniobra en Bruselas. Y esto va a resultar especialmente ilustrador en las CC. AA.  a quienes se les pide y exige el cumplimiento de un techo de déficit (cifrado, por ahora, en el 1,5 %) para lo cual tendrán que elegir entre recortar los servicios sociales (educación y sanidad) o recortar sus gastos en aparato político, burocrático y propagandístico. Este es el dilema real  que tienen ahora todas las Comunidades Autónomas prescindiendo de mensajes demagógicos, porque así vamos a entenderlo los ciudadanos. No caben ya posicionamientos ambiguos ni recurrir al “y tú más” al que pretenden tenernos acostumbrados, porque la cosa va en serio y habrá que poner todas las cartas sobre  el tapete.  Mira tú por donde esta catastrófica situación en la que vivimos va a tener un lado positivo si todas las CC.AA. nos desvelan en qué demonios se están gastando realmente los dineros públicos (que son de todos y no de ellos y sus amigos).

Aunque ignoro cuál es el nivel real de fiscalización de los caudales públicos (los diferentes Tribunales de Cuentas cuentan más bien poco) resulta claro que es muy deficiente ya que, de otro modo, no se entendería que nos enteremos de muchas cosas por los medios de comunicación. Y no me refiero solo a los asuntos turbios en el manejo de los  fondos públicos -eso ya es cuestión de los Juzgados y Tribunales penales- sino a la desfachatez y a la ligereza con la que se han venido utilizando estos fondos en varios escenarios (se me ocurren al menos cuatro). El primero de estos escenarios es el de la inversión, porque parece existir una notable confusión entre lo que realmente son gastos de inversión (que producen rentabilidad) y los gastos de consumo inútiles, como puedan ser las estaciones o aeropuertos sin pasajeros y otras muchas cosas similares. El segundo escenario, no menos importante que el anterior, es el del endeudamiento real (sin trampas contables) de todo lo que se debe a las empresas; esto es la denominada “deuda comercial” que ha de ser pagada cuanto antes so capa de colapsar todo el sistema económico. El tercer escenario, se correspondería con los gastos corrientes en donde quedaría encuadrada la estructura de las propias Administraciones públicas y las miles de empresas públicas absurdas que pululan por toda nuestra geografía y que carecen de cualquier clase de utilidad económica o social. Finalmente, quedan los gastos en servicios esenciales (educación, sanidad o seguridad ciudadana) que reportan utilidad social y contribuyen, en muy buena parte, a eso que llamamos Estado del Bienestar.

Todos estos posibles escenarios del gasto público se corresponden -más o menos- con los diferentes Capítulos de los Presupuestos públicos aunque se encuentran descritos de forma bastante más asequible para el común de los mortales que en la legislación presupuestaria (tanto la del Estado como la de las diferentes Comunidades Autónomas). En esencia, vienen a representar las dos grandes partidas del destino de los dineros públicos: la que se atribuye a inversiones (con rentabilidad económica o social) y la que se destina al mero gasto de mantenimiento. A ello se le ha agregado -por la importancia que representa en  la actualidad- un escenario específico para el pago de la “deuda comercial” pendiente, bajo la hipótesis de que se trata de un pago absolutamente indispensable para evitar más paro. Por tanto, y teniendo en cuenta esto último, así como que el primer escenario (el de la inversión) quedará reducido al máximo, al menos hasta finales de 2013, parece que los recortes habrán de orientarse hacia los escenarios tres y cuatro porque no restan otras alternativas.

Quede claro, no obstante, que nada es gratis y que tiene que ser pagado bien a través de los usuarios (es el caso de los peajes en autopistas o los servicios prestados contra remuneración, como el suministro de agua o los trasportes), bien a través de los impuestos como sucede con la sanidad la educación o la seguridad ciudadana. Este dato -aunque se encuentra relacionado con los ingresos-  resulta sumamente importante porque existe una excesiva carga de demagogia en torno a la supuesta “gratuidad” de los servicios sociales -que no es tal- así como a los estándares de calidad que deben tener. Ahora no quiero entrar en ese debate (aunque sí lo haré en otra ocasión) pero me gustaría adelantar que no guarda, necesariamente, relación directa con el incremento o disminución del gasto público sino con la gestión eficiente del mismo. El hecho de que estos servicios sociales sean prestados directamente por las Administraciones públicas no debe ser vinculado -como relación de causa a efecto- ni con su coste ni con su calidad; pero, como ya he dicho, eso es otra historia …

Ahora sucede que las CC.AA. tienen que asumir recortes en sus presupuestos (tanto mayores cuanto mayor sea su déficit) y se les va a ver el plumero, porque antes de meter la tijera en el coste de los servicios sociales o incrementar sus tributos van a tener que justificar la imposibilidad de “adelgazar” sus propias estructuras. Será la pugna entre los escenarios descritos como tres y cuatro (o sea, gastos corrientes versus servicios sociales) la que obligará a justificar hasta el último céntimo que se utilice en gasto corriente. O sea, que embajadas, subvenciones para la cuida de hipopótamos, cargos públicos de confianza, amigos y demás, o colegios y  hospitales. De otro modo, será muy difícil explicar a los ciudadanos por qué que el bienestar de unos pocos se hace a costa del bienestar de todos, salvo que el posible ahorro en la  prestación de  servicios sociales se deba a una mejor gestión de los mismos. Claro que, en cualquier caso, hará falta que las cuentas de las Administraciones públicas dejen de ser opacas para evitar que no se produzcan chanchullos en lugar de pretender taparlos cuando salen a la luz.

Jose Luis Villar Ezcurra

Doctor el Derecho por la UCM. Ex Letrado del Banco Hipotecario de España y ex Letrado de la Seguridad Social. Miembro Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Profesor Titular de Dº Administrativo en la UCM. Profesor del Master en Gestión de Infraestructuras. Equipamientos y Servicios impartido por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Puertos y Canales. Abogado en ejercicio desde 1972 y actualmente, Director del Despacho Ariño y Asociados, Abogados. Autor de 12 libros y más de una treintena de artículos en revistas especializadas en Derecho Administrativo. Ha intervenido como conferenciante en diversos foros entre los que puedan destacarse el Banco Internacional del Comercio, la Escuela Judicial, el INAP, el Consejo General del Poder judicial, el Instituto de Estudios Europeos, y el Ilustre Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.