¿Por qué los recortes tienen que ser lineales?

Ahora que toca recortar día sí y día también,  no sé si se habrán dado cuenta del extraño carácter “lineal” de los recortes. Que si los sueldos de los funcionarios, un 5% (por ahora) que si el adicional de la Generalitat del 2% también para funcionarios (ya se sabe que eso de hacer patria No es Gratis)  que si el número de empresas públicas tiene que rebajarse en el mágico número de 450  que si hay que pegar un tijeretazo a los presupuestos en todas las partidas presupuestarias del 10% , del 15% o incluso del 20% (varían según las fuentes y las negociaciones con Bruselas) Es sencillo, sí,  pero si lo piensan un poco preocupante. Porque ¿esto no se puede hacer de otra forma, digamos, un poco más fina?

Seguro que algunos o muchos de ustedes,  dado que la crisis ya va alcanzado prácticamente a todas las unidades familiares de este país  (probablemente con la excepción de las que viven de un cargo político o de varios, dado que ya hay muchas sagas familiares en la política española y cada vez más se casan entre ellos) ya habrán tenido que proceder a recortar alguno o algunos de sus gastos. Pero no creo que lo hayan  hecho de manera” lineal”, tipo  15% menos en alimentación, 15% menos en ocio, 15% menos en ropa y calzado o en telecomunicaciones o en transporte o en servicio doméstico. Lo normal es que, suponiendo que  su economía familiar no es un completo desbarajuste, hayan ustedes ido mirando cuidadosamente partida por partida donde se puede recortar sin que la unidad familiar se resienta demasiado. Y seguramente habrán “priorizado” recortes, o dicho de otra forma, habrán decidido recortar más en los gastos más superfluos o innecesarios (por ejemplo, restaurantes o ropa, o viajes) y menos en los gastos más esenciales o importantes (por ejemplo alimentación,  transporte y  hasta servicio doméstico si uno trabaja fuera de casa y tiene niños). Y luego hay gastos que no se pueden o no se deben tocar como los impuestos incluidos las fabulosas tasas de basura o el IBI que nos pasan nuestros beneméritos Ayuntamientos, o cualquier otro tributo que se les pueda ocurrir.

Además, todo esto dando partiendo de que gastos igualmente necesarios tales como “sanidad” o “educación” son pagados por una mayoría de las unidades familiares vía impuestos (lo que conviene no confundir con una supuesta gratuidad) dado que muchas unidades familiares pueden tener sus complementos “privados” tanto en forma de actividades extraescolares, clases de inglés, clases particulares como en forma de seguro sanitario. En cualquier caso, la unidad familiar en crisis no suele recortar linealmente sino que intenta mantener los gastos más esenciales y suprimir o recortar los más prescindibles. Cada unidad familiar tendrá sus prioridades, pero todo dentro de unos márgenes bastante previsibles, pues me apuesto lo que quieran a que nadie se queda sin comer por irse al cine.  O va andando a trabajar para poder comer en un restaurante.

Pues si para una unidad familiar incluso modesta es tan sencillo adoptar un criterio racional a la hora de recortar ¿por qué no lo es para las Administraciones Públicas? ¿Por qué los recortes tienen que ser lineales? ¿Por qué enseguida claman que hay que subir los impuestos sin haber retocado ni un ápice el mastodóntico sector público que padecemos? ¿Por qué enseguida quitan camas y profes de los colegios pero no tocan otras cosas cuya utilidad los ciudadanos no perciben, aunque ciertamente los políticos sí? Aquí caben tres respuestas: o porque no saben hacerlo, o porque no pueden hacerlo o porque no quieren hacerlo. La verdad es que cualquiera de las tres opciones resulta muy poco tranquilizadora para los contribuyentes de a pie.

La primera contestación supone que se carece de información necesaria, la segunda que es carece del criterio necesario y la tercera que se carece de voluntad, política o de la ordinaria, necesaria. Personalmente creo que nos encontramos en una situación en que probablemente las tres respuestas son ciertas en mayor o menor medida, así que ya se imaginan lo poco que espero del esfuerzo de reducción del gasto público vía esas “reformas del sector público” de la que tanto nos hablan y que son las que, en mi opinión, podrían evitar un recorte lineal a lo bestia, y perdonen por la expresión. Recortes a lo bestia no quieren decir recortes muy grandes, sino recortes indiscriminados, donde tanto valen las embajadas autonómicas como las camas de hospital, las teles autonómicas como los profesores, las subvenciones en I+D como las subvenciones “ideológicas”, los técnicos cualificados como los enchufados y parientes,  las inversiones en infraestructuras como los gastos corrientes, en definitiva los gastos esenciales como los superfluos.    Y ya puestos ¿no nos sobran unos miles de Ayuntamientos y todas las diputaciones con sus respectivas estructuras? ¿O unos cuantos parlamentarios autonómicos?

Volviendo a las tres horribles posibilidades que antes mencionaba. Si se carece de información, busquése porque seguro que es posible encontrarla, dado que modestos partidos políticos como UPYD han sido capaces de buscarla y procesarla, y hasta modestos blogueros como nosotros ha conseguido encontrar datos muy interesantes en nuestra una serie de “posts de investigación”  como y otros muchos que hemos publicado . Y no somos los únicos que hacemos posts de investigación, hay muchísima información en la blogosfera, bastante más por cierto que en nuestros grandes medios de comunicación, pero esa es otra historia.

Así que seguro que el Gobierno central y los autonómicos, si se ponen a ello, encuentran la información también. Es verdad que se tiende a ocultar o a maquillar los datos que no favorecen a quienes los muestran, pero sinceramente, a estas alturas como sigamos así nos van a venir a verificar las cuentas como a los griegos a ver como de fiables o de creativos somos. Reconocerán que lo del déficit del 2011 no ha estado mal para abrir boca y para dar una imagen de seriedad.

En cuanto a la segunda contestación, y aunque el criterio es más difícil de buscar, pero quiero ser optimista; este Gobierno tiene indudablemente mejor nivel técnico que el anterior, ya se que no es mucho decir, pero algo es algo, y además hay mucho experto fuera de la Administración dispuesto a colaborar y a echar una mano para que la cosa salga lo mejor posible y en vez de cortarnos las uñas o el pelo no nos cortemos un brazo o una pierda, o la cabeza, ya puestos. Eso sí, hay que echarle un poquito de tiempo, de estudio y de metodología. Y conviene ver lo que han hecho en otros países que han tenido problemas similares y los han solucionado, con o sin intervención.

Y ya puestos, para tener criterio con carácter digamos general y con independencia de la mayor o menor valía profesional de los técnicos y gestores públicos, que también ayuda, lo cierto es que es conveniente que estos dispongan de herramientas o instrumentos de evaluación de políticas públicas, que permiten precisamente eso, evaluar lo que se está haciendo con el dinero de los contribuyentes. Si no medimos lo que hacemos, difícil será que podamos valorar, priorizar y, llegado el caso, recortar. Si, ya se que existe una Agencia de Evaluación  y Calidad   y seguro que ha evaluado algunas cosas, por ejemplo, políticas públicas, pero no parece que haya tenido mucho éxito.

Así, con instrumentos de evaluación podríamos evaluar, por ejemplo, el sector público y hasta establecer unas categorías que nos permitiesen, por ejemplo, agrupar a los entes en la categoría de “chiringuitos”, creados por los Poderes públicos y para los Poderes públicos (aunque con la excusa de que su existencia mejora de alguna forma la vida de los ciudadanos, aunque estos no noten nada)  y “otros” en que se englobarían los creados por los Poderes Públicos para prestar servicios a los ciudadanos.  Los primeros se reconocen porque básicamente sirven los intereses de los partidos políticos y su clientela (por ejemplo, vía creación de empleo para amigos y simpatizantes y vía subcontratación o/y subvención a empresas amigas, que suelen denominarse “empresas de aquí”,  o “empresas locales” para entendernos) y porque su desaparición no supondría ninguna merma en la calidad de vida de la ciudadanía, todo lo contrario, dado que contribuiría a la reducción del déficit público. En la segunda categoría, muy variopintas, se englobarían los entes que prestan algún tipo de servicio directo a los ciudadanos, con mayor o menor eficiencia, por lo que requieren personal técnico o especializado y suelen tener vías de financiación adicionales o complementarias a las de los presupuestos de sus entes matrices. Es verdad que aquí habría que matizar mucho, pero bueno, ustedes ya entienden de lo que estoy hablando.

Y esto entronca con la última y crucial pregunta: suponiendo que los Gobiernos y Administraciones Públicas pueden saber y pueden tener criterio para hacer esta reducción del sector público con datos y con criterio ¿se van a atrever?

Porque claro, esta es la gran pregunta. Suponiendo que se pueden identificar los chiringuitos, lo suyo es que estos desaparezcan enteramente, de forma ontológica, por así decirlo, con su inmueble, su plantilla, sus Consejos de administración o cúpulas directivas, sus gastos de representación, etc, etc dado que no prestan ningún tipo de servicio a los ciudadanos, y por tanto suponen gastos no esenciales, innecesarios, superfluos. A los ciudadanos no les pasaría nada, pero a los partidos políticos y a su clientela sí.  Con la que está cayendo. ¿Mi apuesta? Seguirán con los recortes lineales y nos dirán que “todos” tenemos que sacrificarnos, con la tranquilidad de que “todos”  somos “nosotros”, los de siempre.

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988

En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia

En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.

En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.

En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.

Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,

de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.

En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.

Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?