Reflexiones sobre el copago

Durante los últimos meses, al socaire de las dificultades financieras de las Administraciones Públicas y el objetivo de la reducción del déficit, surge con insistencia la idea del “copago”, es decir, la idea de imponer a los usuarios de los servicios públicos la obligación de abonar una cantidad de dinero, en ocasiones puramente simbólica. El debate en torno a esta posibilidad tiene aspectos jurídicos y aspectos de Administración Pública (es decir, aspectos relativos a la ciencia de la Administración Pública) que es necesario distinguir para que las conclusiones alcanzadas en cada caso sean correctas.

 

Empezando por los aspectos jurídicos, recodaremos que el Tribunal Constitucional, en sus sentencias 185/1995 y 182/1997 diferenció con claridad entre las prestaciones patrimoniales públicas y los tributos: es una prestación patrimonial pública toda exacción exigida coactivamente; es un tributo la prestación patrimonial pública que tiene por objeto sufragar los gastos públicos.

 

Además el Tribunal Constitucional ha elaborado un concepto constitucional del impuesto y de la tasa en su sentencia 296/1994, de tal forma que mientras que en el impuesto “el sujeto pasivo se determina por la actividad de los contribuyentes y el gravamen se obtiene sobre una base imponible que es expresiva de una capacidad económica”, en la tasa “la determinación del sujeto pasivo se realice por referencia a la actividad administrativa y el importe de la cuota se fije, esencialmente, atendiendo al coste de la actividad o servicio prestado por la Administración, con los que tiene una relación, más o menos intensa, de contraprestación”. La consecuencia de lo anterior es que difícilmente una tasa podrá ser utilizada para financiar un servicio público distinto del que motiva su exacción, dado que el importe de lo recaudado no podrá exceder del coste de ese servicio (este es el llamado principio de equivalencia).

 

Naturalmente, el Tribunal Constitucional ha puesto de relieve como los impuestos son los tributos a los que corresponde en mayor medida hacer que el sistema tributario responda a los principios recogidos en el artículo 31.1 de la Constitución.

 

Puestas así las cosas, el legislador, para financiar un determinado servicio público puede optar por financiarlo con cargo a los impuestos, en cuyo caso todos los ciudadanos contribuirán a sufragar su coste en proporción a su capacidad económica; o financiarlo mediante tasas específicas, en cuyo caso solo los ciudadanos que usen ese servicio público contribuirán a sufragarlo. Cualquiera de las dos decisiones es, en principio, jurídicamente correcta y la opción entre una u otra dependerá de consideraciones políticas o de oportunidad; o si se prefiere, a consideraciones propias de la ciencia de la Administración Pública.

 

Pues bien, a raíz de la crisis del Estado del Bienestar producida en la segunda mitad del siglo pasado, consecuencia de las sucesivas crisis económicas, se observó que el hecho de que no existiera pago alguno a realizar por los ciudadanos directamente ligado a la prestación de servicios públicos, provocaba que por aquellos no se percibiera el coste real que implica la prestación de éstos y, en última instancia, daba lugar a un mal uso o a un abuso de los servicios públicos.  La  solución propuesta a esta situación es adoptar una postura intermedia a las arriba expuestas, es decir, financiar los servicios públicos o algunos de ellos, en parte con cargo a los impuestos pagados por la totalidad de los ciudadanos de acuerdo con su capacidad económica y en parte con  cargo a una tasa a pagar por los ciudadanos que requieran el servicio público de que se trate. De aquí el nombre de copago, pues el coste del servicio que recibe cada concreto ciudadano es pagado, en una parte por él mismo y en otra, por el conjunto de la sociedad.

 

Este sistema tiene ventajas evidentes: responde a razones de justicia material, pues es más justo que contribuyan más a financiar los servicios públicos, los ciudadanos que más los utilizan; tiene un efecto pedagógico, pues hace visible a los ciudadanos que la prestación del servicio público implica importantes costes; y tiene un efecto disuasorio, no en el sentido de que impida que se requiera el servicio público cuando este sea necesario, sino que se desincentiva que se solicite este servicio cuando no es necesario.

 

Frente a estas ventajas se puede argumentar, con razón, que el copago es regresivo, puesto que las tasas no responden a la capacidad económica del contribuyente y que los servicios públicos son requeridos en la mayor parte de las ocasiones por las capas más desfavorecidas de la población. No obstante, debe recordarse que el copago no significa que el coste de los servicios públicos siga siendo financiado, en su mayor parte, con cargo a impuestos, por lo que el sistema tributario, en su conjunto, seguirá siendo progresivo. Y que los servicios públicos no son nunca financiados por “los ricos”, sino por las clases medias, que también utilizan de forma importante los servicios públicos.

 

En definitiva, la decisión sobre el establecimiento de un sistema de copago para la prestación de un determinado servicio público, debería ir precedido de un detenido estudio de las características de ese servicio, de las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos que mayoritariamente lo solicitan y del uso que actualmente se está haciendo del mismo. Solo de esta forma, la decisión podrá ser acertada.

 

 

6 comentarios
  1. kuzushi
    kuzushi Dice:

    Lamentablemente, es muy humano que no valoremos aquello por lo que no tenemos una conciencia inmediata de pagao (porque es evidente que los servicios públicos se pagan). Por ello, tiene su lógica que haya un cierto pago que permita tener la percepción de lo que cuestan las cosas y que disuada del abuso. No estoy, sin embargo de acuerdo con que se pague más o menos en función de la renta de cada uno. La función redistributiva debe hacerse a través del impuesto de la renta. Pero no puede redistribuirse en cada cosa que hacemos. La progresividad es una excepción a la regla de que todos somos iguales ante la ley y me parece excesivo que se aplique a cualquier servicio público (¿también en las autopistas, en las tasas del ayuntamiento, en la universidad?)

  2. kuzushi
    kuzushi Dice:

    Lamentablemente, es muy humano que no valoremos aquello por lo que no tenemos una conciencia inmediata de pagao (porque es evidente que los servicios públicos se pagan). Por ello, tiene su lógica que haya un cierto pago que permita tener la percepción de lo que cuestan las cosas y que disuada del abuso. No estoy, sin embargo de acuerdo con que se pague más o menos en función de la renta de cada uno. La función redistributiva debe hacerse a través del impuesto de la renta. Pero no puede redistribuirse en cada cosa que hacemos. La progresividad es una excepción a la regla de que todos somos iguales ante la ley y me parece excesivo que se aplique a cualquier servicio público (¿también en las autopistas, en las tasas del ayuntamiento, en la universidad?)

  3. Jaime de Nicolás
    Jaime de Nicolás Dice:

    El copago es un tema siempre polémico porque la demagogia es un terreno que se puede pisar con mucha facilidad. Que pague más el que más tiene no es que sea correcto o incorrecto, es que es imposible. Al final paga más el que más declara, que no es, ni mucho menos, lo mismo, como sabemos, es decir, los funcionarios y demás personas quw tienen ingresos controlados.
    Y los que no, incluyendo estafadores y delincuentes fiscales, pero no solamente eso, sino también profesionales en general, abogados, médicos, dentistas, asesorías, etc pagarían mucho menos, lo cual sería de nuevo algo injusto.
    Puestos a proponer, que pague más por ejemplo el condenado en firme por defraudar a Hacienda (aunque haya sido indultado).

  4. Jaime de Nicolás
    Jaime de Nicolás Dice:

    El copago es un tema siempre polémico porque la demagogia es un terreno que se puede pisar con mucha facilidad. Que pague más el que más tiene no es que sea correcto o incorrecto, es que es imposible. Al final paga más el que más declara, que no es, ni mucho menos, lo mismo, como sabemos, es decir, los funcionarios y demás personas quw tienen ingresos controlados.
    Y los que no, incluyendo estafadores y delincuentes fiscales, pero no solamente eso, sino también profesionales en general, abogados, médicos, dentistas, asesorías, etc pagarían mucho menos, lo cual sería de nuevo algo injusto.
    Puestos a proponer, que pague más por ejemplo el condenado en firme por defraudar a Hacienda (aunque haya sido indultado).

  5. Pere Maneiro
    Pere Maneiro Dice:

    Lo de que la gente abusa del médico porque es gratis es una de las mayores falacias que he escuchado en mi vida. El 100% de la gente que conozco odia ir al médico.

  6. Pere Maneiro
    Pere Maneiro Dice:

    Lo de que la gente abusa del médico porque es gratis es una de las mayores falacias que he escuchado en mi vida. El 100% de la gente que conozco odia ir al médico.

  7. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Bienvenido al blog Manuel y gracias pot la claridad expositiva y el rigor en un tema en el que como de costumbre hay tanta demagogia y tanto ruido Coincido sustancialmente con lo qye dices, primero porque es Derecho positivo y segundo porque es sentido comun. En cuanto a poner un copago en funcion de la renta declarada coincido con Jaime de Nicolas. Tambien me gustaria ver como se gestiona eso. Me parece mas razonable establecer un pequeño pago por receta o visita medica, salvo en casos excepcionales. Por otro lado, por favor que primero empiecen por ordenar el enorme desbarajuste de gestion que hay en la sanidad donde la descentralizacion ha sidp un autentico desastre y ya puestos, que pongan prden tambien en todo lo demas. Y tambiem que miren como se hace en otros paises europeos.

  8. Páradox
    Páradox Dice:

    Creo que el copago en consultas médicas existe en casi toda Europa, incluso en las hiper sociales Noruega y Suecia. No es verdad que todo el mundo odie ir al médico, como sostiene Pere. Yo conozco algunos que tienen verdadera afición. Y no creo que haya nadie que se atreva a decir que no existe un sector de la población que abusa de las Urgencias.
    Por otra parte, si lo que asusta es la falta de progresividad, habría una solución sencilla que no impediría el efecto disuasorio: que lo pagado fuera en parte deducible en el Impuesto sobre la Renta.
    En general, y creo que las encuestas lo demuestran, la mayoría de la población comprendería un copago. Sorprende la resistencia del Gobierno, que prefiere seguir recurriendo a fuertes subidas de impuestos. Cuando probablemente al final vaya a ser una solución inevitable. 

  9. Páradox
    Páradox Dice:

    Creo que el copago en consultas médicas existe en casi toda Europa, incluso en las hiper sociales Noruega y Suecia. No es verdad que todo el mundo odie ir al médico, como sostiene Pere. Yo conozco algunos que tienen verdadera afición. Y no creo que haya nadie que se atreva a decir que no existe un sector de la población que abusa de las Urgencias.
    Por otra parte, si lo que asusta es la falta de progresividad, habría una solución sencilla que no impediría el efecto disuasorio: que lo pagado fuera en parte deducible en el Impuesto sobre la Renta.
    En general, y creo que las encuestas lo demuestran, la mayoría de la población comprendería un copago. Sorprende la resistencia del Gobierno, que prefiere seguir recurriendo a fuertes subidas de impuestos. Cuando probablemente al final vaya a ser una solución inevitable. 

  10. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Ya, pero lo que ocurre es que en España no hay un debate , y menos jurídico, sobre copago, aunque este “post” es muy ilustrativo; lo que hay es un Tesoro público en la situación natural (“sin un duro” y cito literalmente) tras años de despilfarro, pésima administracion y peor control y, por tanto no se trata de administrar mejor y pagar lo correcto, sino de hacer propapaganda sobre el incremento de ingresos sin mejora (y aún posiblemente con empeoramiento) de los servicios públicos, para que los ciudadanos de siempre sigan pagando con su malestar el supuesto estado del bienestar y los supuestamente excelsos servicios públicos. Mientras la sociedad civil no se preocupe seriamente de las Leyes de Presupuestos y de sus datos de aplicación mensual, trimestral y anual, tendremos que “estar y pasar” por lo que digan los injustos preceptos positivos, diseñados para dar pábulo a dos ideas básicas: 1/ El mandatario no tiene que rendir cuentas y 2/ El mandante paga incluso en caso de mala administración, o sea todo caso. Esto sólo es porque el Derecho civil no se aplica a la cosa pública y porque el Derecho público, que, como este blog ha demostrado, sí tiene mecanismos de rendicion de cuentas, simple y llanamente, no se aplica, salvo frente a un ciudadano decente que no tenga “contactos” en los niveles adecuados. Una vez más sugiero que cada mandante lleve su cuenta de lo que ingresa en la caja común por todos los conceptos, lo convierta en tiempo de su vida (el numeral es demasiado numérico, pero convertido a días o meses de trabajo, duele, ya lo veréis) y analice qué servicios recibe a cambio y de este fragmentado, disperso, duplicado o cuadruplicado y derrochador Estado. Lo dijo Hegel: el contacto del alma cándida con la realidad produce melancolía…

  11. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Ya, pero lo que ocurre es que en España no hay un debate , y menos jurídico, sobre copago, aunque este “post” es muy ilustrativo; lo que hay es un Tesoro público en la situación natural (“sin un duro” y cito literalmente) tras años de despilfarro, pésima administracion y peor control y, por tanto no se trata de administrar mejor y pagar lo correcto, sino de hacer propapaganda sobre el incremento de ingresos sin mejora (y aún posiblemente con empeoramiento) de los servicios públicos, para que los ciudadanos de siempre sigan pagando con su malestar el supuesto estado del bienestar y los supuestamente excelsos servicios públicos. Mientras la sociedad civil no se preocupe seriamente de las Leyes de Presupuestos y de sus datos de aplicación mensual, trimestral y anual, tendremos que “estar y pasar” por lo que digan los injustos preceptos positivos, diseñados para dar pábulo a dos ideas básicas: 1/ El mandatario no tiene que rendir cuentas y 2/ El mandante paga incluso en caso de mala administración, o sea todo caso. Esto sólo es porque el Derecho civil no se aplica a la cosa pública y porque el Derecho público, que, como este blog ha demostrado, sí tiene mecanismos de rendicion de cuentas, simple y llanamente, no se aplica, salvo frente a un ciudadano decente que no tenga “contactos” en los niveles adecuados. Una vez más sugiero que cada mandante lleve su cuenta de lo que ingresa en la caja común por todos los conceptos, lo convierta en tiempo de su vida (el numeral es demasiado numérico, pero convertido a días o meses de trabajo, duele, ya lo veréis) y analice qué servicios recibe a cambio y de este fragmentado, disperso, duplicado o cuadruplicado y derrochador Estado. Lo dijo Hegel: el contacto del alma cándida con la realidad produce melancolía…

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