Recomendaciones de lectura para Semana Santa (I): Elisa de la Nuez

Empiezan las vacaciones de Semana Santa después de un trimestre más bien durillo, culminando con unos Presupuestos Generales del Estado que no por austeros dejan de ser más de lo mismo…todavía no se han atacado los graves  problemas estructurales que tiene España, y en particular su trasnochada e insostenible estructura administrativa, con sus más de 8.000 municipios y 17 Reinos (con sus correspondientes cortes, que no Cortes) incluidos. Pero nuestros gobernantes siguen gobernando como si el barco en vez de estar lleno de agujeros y a punto de hundirse estuviera todavía en condiciones de navegar simplemente cambiando el capitán y la tripulación.

En cualquier caso, dado que estos días son para descansar y también para reflexionar en ¿Hay Derecho? hemos pensado que un buen modo de hacerlo es sugerir recomendaciones de lecturas que tienen que ver con las preocupaciones que animan a los editores y colaboradores de este blog. Y de paso les recordamos alguno de los posts que hemos publicado en este casi año y medio de vida y que siguen estando de plena actualidad pese al tiempo transcurrido. Lo que no deja de ser inquietante.

Yo en concreto he leído algunos libros este trimestre (no muchos,me temo, porque es lo que tiene escribir tanto que no te deja tiempo para leer) que me gustaría recomendarles. Se trata del libro de Victor Pérez-Díaz, Doctor en Sociología por la Universidad de Harvard  «El malestar de  la democracia», publicado en 2008, en la editorial Crítica, que sigue de total actualidad. Los que leen mis posts reconocerán muchas de las ideas y reflexiones de este autor, en especial en los dedicados a la crisis política, a la actitud de los ciudadanos en una democracia de calidad, al buen gobierno y a la transparencia.

También muy recomendable el libro «Adios a la Universidad» de Jordi Llovet  con el subtítulo «El eclipse de las humanidades» publicado en el año 2011 en la editorial Galaxia Gutemberg,  de obligada lectura para todos los que se preocupen por el futuro de nuestras Universidades (y no solo de las españolas, aunque como suele ocurrir, estas añaden a los problemas generales los específicos locales) y por la desaparición de las humanidades, tal y como han sido concebidas durante siglos, y su sustitución por una especie de formación en «habilidades» que puede producir trabajadores capaces pero difícilmente  ciudadanos críticos y conscientes. El autor además hace sus reflexiones al hilo de su experiencia personal y docente durante 43 años, desde que era un estudiante de la Universidad de Barcelona hasta su prematura retirada de de la misma, entre otras cosas por la malhadada implantación del «Plan Bolonia».

Si no fuera para llorar, algunos párrafos del libro, como los dedicados a enumerar los «masters» que se pueden estudiar en la Universidad de Barcelona, o los dedicados a las tesis doctorales parecen sacados de una novela de Woodehouse o de un guión de los Hermanos Marx  Tampoco se quedan cortos sus comentarios sobre la preparación con la que llegan los estudiantes de Bachillerato a la Universidad. Interesantes también sus reflexiones sobre las nuevas tecnologías y la educación. Y anécdotas, muchas anécdotas surrealistas. En fin, demoledor y muy entretenido, aunque francamente triste ver como se ha tirado a la basura la oportunidad de educar en condiciones a dos  generaciones de españoles. En cuanto a las obsesiones catalanistas -siendo el autor catalán de pura cepa- resultan sencillamente increíbles para cualquiera que conserve el más mínimo sentido común.

Y por último quería recomendarles también la lectura del libro publicado recientemente (febrero 2012) en la editorial Ariel  de Aurelio Arteta, Catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad del País Vasco, cuyo título ya es bastante significativo «Tantos tontos tópicos».  Aquí de nuevo,  tomando como excusa el análisis de esas frases tópicas que estamos tan acostumbrados a oír, sobre todo de nuestros representantes políticos, el autor va realizando en una serie de pequeños ensayos los prejuicios, el conformismo y las renuncias que encierran. Porque como dice el autor el tópico suele ser hijo de la pereza intelectual y hermano del prejuicio. De nuevo los lectores reconocerán ecos de estas reflexiones en muchos de nuestros posts, especialmente los dedicados a la crisis política, institucional y de valores que sufre España y buena parte del mundo que llamamos «civilizado». Pues o tenemos cuidado o al paso que vamos lo descivilizamos pero que muy rápido.

Animénse, merece la pena y se leen (aunque esto no sea políticamente correcto decirlo)  con mucha facilidad.  Y es que estos autores han demostrado que la claridad es la cortesía del sabio.

Ajustes prioritarios y no prioritarios

El Gobierno de España ha establecido como objetivo central de su política económica en 2012  alcanzar un déficit público para el conjunto de las AAPP del 5,8% en relación al PIB… corregido por Bruselas a un 5,3%.  Tras anunciar que el pasado año no habíamos cumplido el objetivo del 6%, sino que se había acumulado un déficit del 8,51%, casi 90.000 millones de euros de déficit público, se nos pide un esfuerzo ingente para lograr un recorte de aproximadamente 32.000 millones de euros en el año en curso.  Y de mantenerse el objetivo del 3% el próximo año, supondría otro esfuerzo similar, otros 30.000 millones de euros.

Un esfuerzo de estas características es enorme y, de realizarse, costaría sangre, sudor y lágrimas.  Sin embargo, hay poquísimas alternativas, por no decir ninguna. Lamentablemente, alcanzar esos objetivos es absolutamente  necesario ya que nuestro país necesita capital extranjero para cubrir sus gastos.  La cruda realidad es que dependemos y somos vulnerables a la financiación extranjera, y los mercados no están para seguir financiando déficits exteriores sin la contrapartida de un compromiso sólido y creíble de reducción del déficit público.  En esta tarea, el Gobierno ha dejado claro que todas las partidas del gasto público se verán afectadas, con la sola excepción de las pensiones.

Pero el Gobierno no ofrece como prioridad la alternativa de recortar y ahorrar en el gasto superfluo, el ineficiente, el duplicado, y en definitiva en el despilfarro.  No lo ofrece porque simplemente las cifras les bailan y atar corto a quien más gasta parece que no es prioritario, al menos hasta la fecha.  Sin embargo, hace unos días en Sevilla,  UPyD presentó el libro realizado por sus grupos de trabajo de administración pública y de economía, y en el que se pone de manifiesto y cuantifica el efecto del derroche y despilfarro.[1]

El Gobierno quiere que las Comunidades Autónomas realicen un esfuerzo fuerte en el año en curso para contener sus déficits, del orden de 15.000 millones de euros.  Y como el gasto en sanidad y educación representa aproximadamente el 60% del presupuesto de las CCAA, el corolario es que tanto la sanidad como la educación tendrán que verse afectadas.  Esta es la lógica que se nos presenta.

Pero donde se tiene que marcar una clara línea divisora en el esfuerzo que se nos está pidiendo es entre los ajustes prioritarios y los que no lo son.  Los ajustes prioritarios que se deberían implementar antes que cualquier otro, son precisamente los asociados con el despilfarro, o bien el sobrecoste, definido como gasto público excesivo o innecesario para la prestación de los servicios sociales, en todas las instancias administrativas donde ocurra.

Las cifras del despilfarro son un auténtico escándalo.  En el nuevo informe de UPyD se cuantifica el mismo en el último cuatrienio (2008, 2009, 2010 y 2011).  En total, nos podríamos haber ahorrado 72 mil millones de euros, o más del 7% del PIB, de haber seguido prácticas más eficientes en las CCAA (véase Tabla 1).

Es decir, en los últimos cuatro años nos podríamos haber ahorrado más del doble del esfuerzo que ahora se nos pide como un ajuste imprescindible. Lo podríamos haber logrado si las Comunidades Autónomas hubiesen seguido las prácticas más eficientes y sin menoscabar los servicios a los ciudadanos.  La nefasta costumbre de no aprender de las mejores prácticas entre las Comunidades Autónomas más eficientes (en términos per cápita las más eficientes son Madrid, Valencia, y Baleares), ha llevado a incrementar el sobrecoste total anual en un 32% desde el año 2008 al 2011, aunque se detecta un ligero descenso en el año 2011.

En términos absolutos (véase Tabla 2), Cataluña destaca como la autonomía donde se concentra la mayor cantidad de despilfarro o bien gasto público excesivo e innecesario en España, seguido por el País Vasco y Andalucía.  A distancia de estos campeones del despilfarro se encuentra la Comunidad de Madrid que también ha incurrido en un importante sobrecoste de 1.712 millones de euros durante el mismo periodo.

 

La conclusión es meridionalmente clara. El primer paso que se tiene que dar para sacar España del atolladero económico en que se encuentra, el ajuste que a todas luces es prioritario, es racionalizar el gasto autonómico.  Observemos en la siguiente tabla (Tabla 3), que en las CCAA donde el porcentaje del presupuesto es menor para la sanidad y la educación se asocia con mayor despilfarro.  Precisamente son las CCAA, como Cataluña y Andalucía, con mayor sobrecoste, donde la educación y la sanidad representan un porcentaje menor del presupuesto.  Evidentemente, cuando hay más gasto innecesario y superfluo, hay menos presupuesto para las prestaciones sociales que más importan a la ciudadanía.

Por último, si bien el control del déficit público es básico y necesario, también es necesario el control sobre el gasto público.  Quienes confían en que la mera existencia de un tope para el déficit público sea suficiente para poner término al despilfarro autonómico se equivocan. Hace unos pocos años España contaba con superávit en todas sus cuentas públicas y, sin embargo, en esas fechas, se fueron introduciendo todos los gastos superfluos e innecesarios, lo que aquí se llama sobrecoste.  Confiar sólo en topes para el déficit público es no querer ver que el gasto ineficiente, el sobrecoste, siempre quita prestaciones a la ciudadanía. Cuando el sobrecoste es elevado, incluso en situación de equilibrio presupuestario, el pagano somos todos nosotros pues se reduce lo que se nos podría estar dando en educación, en sanidad y en inversiones públicas eficientes y productivas.  Por lo tanto, velemos por el déficit público, por supuesto, pero también en qué nos gastan nuestro dinero.  Si Europa se lo puede exigir a España, nosotros, también se lo podemos pedir a las CCAA, avalados en este caso porla Constitución Española que da enormes facultades de coordinación y control al Gobierno que las quiera ejercer.

 


[1] Véase Grupos de administración publica y de economía de UPyD, “El coste del Estado autonómico II. Administración autonómica y local”, Fundación Progreso y Democracia, 2012.

Leyes con apodo: El caso de la ley del enchufismo andaluz

Los nombres de las leyes suelen ser bastante largos y difíciles de recordar para muchas personas, aunque seguramente no sea el caso de los lectores de este Blog: Ley número barra año, fecha, nombre descriptivo… de ahí que en numerosas ocasiones, sobre todo si la ley en cuestión adquiere presencia mediática, se le pongan apodos o sobrenombres más o menos cariñosos.

 

En este post vamos a analizar uno de los casos en que la ley es más conocida por su apodo que por su nombre real, detallando los motivos por los que se ha llegado a esa situación. Me refiero a la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, que se conoce por la ley del “enchufismo” (como ven en este caso el apodo no es muy cariñoso que digamos).

 

En las últimas décadas ha proliferado en España lo que se conoce como la administración periférica o paralela: organismos, empresas, fundaciones, consorcios y entes públicos con regímenes jurídicos diversos y actividades múltiples. Los motivos principales del crecimiento desorbitado de este tipo de entes, aun en plena crisis económica, son en esencia dos: 1) realizar una supuesta gestión más eficaz y rápida de competencias de las Administraciones (huyendo del derecho administrativo y dando la bienvenida al descontrol) y 2) sortear la normativa sobre déficit y deuda computable en términos europeos, para poder seguir endeudándose sin que lo pareciera.

 

Desde los Gobiernos central y autonómico (los siguientes tendrán que ser los entes locales) se han iniciado procesos de reordenación y racionalización de sus correspondientes administraciones periféricas. Estos procesos están dando sus primeros pasos y los efectos por el momento son muy reducidos. Por ejemplo, las CCAA se comprometieron en 2010 a reducir 514 entes y en julio de 2011 solo se habían suprimido 69 (en este post analizamos el nivel de cumplimiento, digo perdón incumplimiento, de las diferentes CCAA en sus respectivos planes de racionalización del sector público).

 

Uno de los gobiernos autonómicos que en 2010 acordó un plan de racionalización de su administración periférica es el andaluz. Después de un Acuerdo de Gobierno y dos Reales Decretos, a principios de 2011 vio la luz la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía.

 

En virtud de esta Ley se crean 8 Agencias y se eliminan en principio una gran cantidad de entes, que en su mayor parte se fusionan o integran en alguna de las nuevas Agencias. En concreto,  según el plan de la Junta, se alcanzaba una cifra neta de 111 entes suprimidos, número apreciable porque suponía la desaparición de un 29,4% del total de entes que tenía la Junta por aquella fecha.  Por si alguien se lo está preguntado, la “conocida” empresa pública Invercaria no figura entre los entes afectados por el plan de racionalización (para recordar los motivos por lo que saltó a la fama esta empresa pública, recomendable la lectura de este post de Elisa de la Nuez).

 

En efecto, lo primero que llama la atención de los entes que se van a suprimir, es que 96 (de 111) son los Consorcios locales “Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico” (UTEDLT) . Como primer apunte destacar que, a día de hoy, estos consorcios siguen sin suprimirse y están en el “limbo” de los entes “en proceso de extinción” según la información que aparece en el inventario de entes de la Junta de Andalucía.

 

La titularidad de los Consorcios es compartida entre la Junta de Andalucía y diferentes municipios (de ahí el carácter local de estos entes). Lo sorprendente sin embargo es que desde 2009 el personal de estos Consorcios (600 trabajadores aproximadamente) pertenece a una Fundación Pública de la Junta de Andalucía (“Andalucía Emprende. Fundación Pública Andaluza”, AEFPA). Además, para pagar las nóminas de este personal, la Junta ha otorgado diferentes subvenciones a la citada Fundación Pública… Claro ejemplo donde la transparencia desde luego brilla por su ausencia (si alguien está interesado en profundizar sobre la situación de estos peculiares consorcios, puede consultar este informe disponible en Internet elaborado por Luis Escribano).

 

Pero más allá de la peculiaridad de estos Consorcios, ¿de dónde le viene el apodo a la Ley?. En los decretos de constitución de las nuevas Agencias que se crean al albur de la Ley, se contempla la integración del personal laboral que trabaja en los entes que de alguna forma u otra van a acabar siendo absorbidos por las citadas Agencias (entre ellos los “famosos” 96 Consorcios y otros cuantos entes más de diferente índole).

 

Esta integración “directa” del personal laboral estaba prevista en 7 de los 8 Decretos de constitución de las nuevas Agencias. Pues bien, esos 7 Decretos acabaron en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) debido a los recursos presentados por diferentes asociaciones de funcionarios (‘Al Andalus’, ‘Defiendo mi derecho y la gestión pública’ y otras asociaciones).

 

El TSJA ha acabado dando la razón a las asociaciones de funcionarios y ha paralizado o bien directamente los Decretos de las Agencias o bien específicamente los protocolos de integración del personal laboral. Los argumentos judiciales que dieron la razón a las asociaciones denunciantes eran que el régimen de integración de estas entidades no respetaba “los principios básicos de acceso a la función pública de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

 

El problema radica en que la mayor parte de los entes que se suprimen e integran en las nuevas Agencias (como los Consorcios que hemos analizado anteriormente), no respetaron escrupulosamente los principios de concurrencia, mérito, capacidad, etc que rigen la contratación del personal de las nuevas Agencias.  Aquí está el origen del apodo de la ley, el enchufismo, ya que según las asociaciones denunciantes la ley supone que «entren por la puerta de atrás muchísimos empleados en la Administración sin cumplir los principios constitucionales de méritos, capacidad, igualdad y publicidad».

 

¿Lecciones aprendidas? Veamos si el Gobierno autonómico que se forme después de las elecciones celebradas el 25-M trabaja para cambiar el apodo a la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, aunque sinceramente, no vemos ningún elemento que apunte hacia esta dirección…

La amnistía fiscal y la ucronía del hijo pródigo

Siempre he pensado que la parábola del hijo pródigo precisa, para su comprensión en los materialistas tiempos actuales (no pretendo mejorar los Evangelios), que se le añada una coda o estrambote. Ya saben, se trata del hijo menor que había exigido a su padre su herencia por adelantado y que se marcha para “vivir su vida”; cuando se la gasta toda y a consecuencia de una hambruna no tiene más trabajo que cuidar a los puercos, decide  volver con las orejas gachas, pidiendo a su padre que le trate como a uno de sus jornaleros. Pero se encuentra que el padre lo recibe por todo lo alto, matando un ternero y proporcionándole los mejores vestidos. El primogénito, que se había quedado cumpliendo todas las órdenes del padre, se enfada porque por él el padre nunca ha matado nada. Éste, sin embargo, le dice que no se disguste, que todos sus bienes son suyos y se acaba ahí la cosa.

La enseñanza moral de la parábola es que el padre es misericordioso y se alegra de que el pecador se arrepienta de sus pecados (idea que se repite en la de la oveja perdida), y que el hermano mayor, reflejo de los escribas y fariseos que habían reprochado a Jesús que iba por ahí con pecadores, es un tanto soberbio y envidioso.

Sin duda el mensaje es profundo, pero yo me pregunto ¿qué pasó después? Me gustaría saber si el pródigo siguió cuidando cerdos por el salario mínimo interprofesional y el mayor recibió los dos tercios que al parecer le correspondían según la norma de aquellos tiempos (que parece que es lo que se debe deducir) o si, propongo una ucronia (cambiando algún elemento clave de la historia, lo que se llama punto Jonbar,) finalmente el padre, ya un poco senil, al final repartió todos los bienes restantes entre los hijos porque en definitiva el hijo menor era mucho más divertido y alegre que el mayor, un currante más bien aburrido y al que tenía siempre al lado, con los roces correspondientes; lo que, dicho sea de paso, no es infrecuente en la vida real, como sabemos.

Y lo quiero saber porque me incomoda el agravio comparativo, por su injusticia intrínseca y también porque lo que significa de desincentivación de la actuación moral y justa.  Por eso, me parece a mí que la amnistía fiscal concedida por el gobierno por el RDL 12/2012 y publicada en el BOE el sábado 31 de marzo, en cuya virtud (miren la DA 1ª y la DF 1ª) cabe regularizar impuestos impagados abonando ahora un diez por ciento, tiene a mi juicio esta grave tacha moral del agravio comparativo, y supone la consagración de la ucronía del hijo pródigo antes propuesta: uno cumple y paga lo que le corresponda (hasta el cuarenta y tantos por ciento); otro lo oculta y paga el diez.

Sé perfectamente que esto se puede entender como una herramienta de política fiscal y que la situación económica es complicada, por lo que quizá es necesario un cierto pragmatismo que a lo mejor puede justificar cambios de criterio o el incumplimiento de promesas electorales (ni me molesto en entrar en lo que dice el PSOE ahora y lo que dijo el PP en el 2010 cuando se propuso esta medida), pero quiero pensar que hay formas de hacer las cosas y que el principio de igualdad del art. 14 de la Constitución sirve para algo. La secretaria de Estado de Presupuestos Marta Fernández Currás ha dicho que, aunque no les gusta, no había más remedio que tomar esta medida porque la otra alternativa era subir el IVA, que ya se sabe que desincentiva el consumo (aunque, eso sí, lo pagan los que consumen), pero ¿realmente no había otra solución que cometer este agravio comparativo?

No quiero entrar a fondo en aspectos técnicos, porque tampoco los domino. Me remito a los propios inspectores de Hacienda que en una nota de prensa consideran esta amnistía injusta y contraria al art. 31 de la Constitución cuando habla de un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad y estiman paradójico que a los que pagan impuestos se les suban y a los que no, se les perdonen, y entienden que esta medida dificultará enormemente la lucha contra el fraude fiscal y puede provocar un derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos y, en consecuencia, de la recaudación en periodo voluntario. Sobran las palabras.

Y han de añadirse un par de agravios comparativos más, a mi juicio: primero, que tal amnistía no se da cuando se haya notificado por la administración la iniciación de procedimientos de comprobación o investigación (o sea, que “tú, que has tenido mala suerte de ser investigado, te aguantas, porque ya te vamos a sacar lo que sea necesario, esta norma es para no esforzarnos”), y, segundo, que la regularización practicada exoneraría de responsabilidad penal por delito contra la Hacienda Pública (ver DF 1ª) y se ha dicho que incluso cabría que esta amnistía “blanqueara” dinero procedente del tráfico de drogas el terrorismo o la prostitución, aunque según remarcan fuentes oficiales eso no es posible porque el punto 2 de la DA 1ª dice que “junto con esta declaración deberá incorporarse la información necesaria que permita identificar los citados bienes y derechos” y no se exonera de otros delitos como el del blanqueo. No me fío yo mucho, en este país todo lo arreglamos con modelos, pero se nos olvidan los principios. Nos sacan una ley sobre blanqueo estrictísima en la que se te cae el pelo como no tomes mil precauciones y no rechaces al cliente sospechoso, pero cuando viene bien para recaudar miramos a otro lado, siempre que en la casilla correspondiente pongan “origen: legal”.

Independientemente de los aspectos pragmáticos y de los legales, lo que quiero destacar es que de esta norma se deriva un mensaje moral malo, el mismo que hubiera resultado de la ucronia imaginada del hijo pródigo, que finalmente recibe de más herencia que el hijo primogénito: no merece la pena cumplir con tus obligaciones, más vale arriesgarse; o peor, no hay justicia: si no puedes evitarlo, te subirán los impuestos, te inspeccionarán y te crujirán; pero si puedes evadir, a lo mejor te sale a cuenta, si en ese momento conviene por argumentos de razón de Estado.

Ya sé que la lenidad es el signo de nuestros tiempos posmodernos, pero si lo ha de ser, que lo sea para todos.

Amnistía fiscal: Razón de Estado vs. Justicia

La amnistía fiscal propuesta por el Gobierno del Partido Popular en su proyecto de Ley de Presupuestos, gracias a la cual los defraudadores podrán blanquear su dinero pagando sólo un 10% (en clara discriminación frente a lo que han tenido que pagar los contribuyentes cumplidores) plantea, una vez más (como si con los bancos no tuviésemos bastante) este interesante tema del peligroso juego de la razón de Estado en la actualidad. Cómo verá el lector, un tema idóneo para reflexionar en estos días de la Semana Santa. 

La teoría de la razón de Estado se definió en su origen por Botero (1589), Palazzo (1606) y Chemnitz (1647) -en una época en la que las urgencias militares provocaron la centralización del poder político y el crecimiento de la burocracia- como el arte o conjunto de conocimientos cuya finalidad es la preservación, crecimiento y fortalecimiento del Estado. Para esta técnica de gobierno el objetivo a conseguir no es la justicia ni la felicidad de los ciudadanos. Otra cosa es que, como simples medios para garantizar la subsistencia del Estado, tales objetivos sean dignos de consideración, pero lo cierto es que no constituyen fines en si mismos. El fin fundamental es únicamente el Estado en cuanto Estado. 

No cabe duda de que esta teoría supuso en su momento una ruptura radical con la tradición cristiana de formulación tomista, que mantenía que el gobierno era esencialmente justo, o al menos que sólo se justificaba por serlo. Por ser justo no se entendía otra cosa que pretender imitar a Dios en su gobierno de la naturaleza hacia un fin de perfección, lo que, traducido al gobierno de los hombres, suponía ejercer el poder temporal con la finalidad de dirigir a los súbditos hacia su perfección moral, hacia lo que es honestum. No es de extrañar que Francisco Suárez en su De legibus explicase perfectamente, apoyándose en la doctrina de Santo Tomás y en contra de San Agustín, cómo la ley civil vincula a los súbditos en el fuero de la conciencia (III, 21). Obligan moralmente incluso las leyes humanas que no se deducen de manera evidente de los principios de la ley natural (como por ejemplo –cita- la que prohíbe llevar armas de noche), no digamos entonces las vinculadas con la ley natural por vía de determinación, como la que fija un determinado tributo. Por eso, para nuestra tradición escolástica, quien no paga impuestos peca gravemente.

 La ruptura con esta línea de pensamiento, centrada en la moralidad del súbdito, fue tan evidente y radical, que la teoría de la razón de Estado fue asimilada enseguida al puro ateismo. A la razón de Estado la moralidad del ciudadano sólo le importa en cuanto sea interesante para preservar el Estado, pero no tiene reparo alguno en acoger o sancionar los comportamientos inmorales si le resultan útiles a ese mismo fin. Pero ello no debe hacernos confundir esta teoría con el realismo de Maquiavelo. En éste último caso lo que está en juego es la relación entre el gobernante y el territorio, y la mejor manera de preservar el dominio del primero sobre el segundo. Para los teóricos de la razón de Estado éste es casi un problema de mal gusto, y de ahí el rechazo que siempre manifestaron por el pensamiento del genial florentino. Las prioridades del Estado pasan por encima de las del mismísimo príncipe.

Pues bien, la Historia nos ha venido a demostrar que tanto el pensamiento de Santo Tomás, por un lado, como el de Maquiavelo, por el otro, estaban mucho más cerca de la verdad, y que la razón de Estado, por si sola, no se sostiene. Y, sin embargo, sigue teniendo hoy en día un predicamento asombroso. Los políticos nos bombardean continuamente con consignas que parecen sacadas del libro de Botero. Así, últimamente nos han venido machacando con que la preservación del sistema financiero es una prioridad absoluta y, ahora, con que la situación “crítica” o “limite” de las cuentas públicas exige esta amnistía fiscal. 

Pero, ¿por qué Santo Tomás y Maquiavelo tenían razón, y la razón de Estado –pese a determinar nuestra actual racionalidad- no la tiene? 

Muy sencillo: un Gobierno que se olvida de la Justicia para preservar el Estado, fomenta la injusticia y termina condenando al Estado. El contribuyente cumplidor se siente hoy estafado por el mismo Estado que únicamente él ha contribuido a mantener. Es lógico que muchos de esos contribuyentes asuman entonces la nueva “moralidad” que la razón de Estado implica: cumple sólo si hay riesgo de ser descubierto y sancionado, pero no en otro caso. El propio Estado nos ha marcado la pauta al olvidarse de la verdadera moralidad, la que Santo Tomás entendía que constituía su fin esencial. 

Pero también Maquiavelo está en lo cierto, sencillamente porque la razón de Estado es un cuento chino. Todo Estado está controlado por príncipes –léase hoy por partidos políticos- cuya prioridad no es el propio Estado –más que de una manera subordinada- sino la conservación del poder. Si la opción pasa por actuar injustamente (la amnistía) para preservar  los costosos reductos del poder (en su forma de chiringuitos varios y clientela satisfecha), será siempre escogida, aunque el Estado sufra por ello. Primero, el poder personal, y luego, el Estado intemporal. Con su descarnado realismo, Maquiavelo inauguró la época de la sospecha. Yo, evidentemente, me apunto.

Transparencia y buen gobierno (I) Ante el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno

Empiezo con estas reflexiones de Domingo de Ramos una miniserie de posts sobre Transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública al hilo de la reciente publicación del anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Por cierto hay abierta una consulta pública, la tienen en el link por si quieren hacer uso de esta posibilidad.

¿Será este el principio de la vuelta al buen camino? Ojalá. Como nos ha recordado nuestro colaborador Isaac Ibañez el ex premier británico Tony Blair en su libro de memorias escribe lo siguiente sobre el Proyecto de ley inglés de acceso a la información:  “Libertad de Información. Tres palabras inofensivas. Contemplo esas palabras mientras las escribo y me entran ganas de sacudir la cabeza hasta que se me caiga. Serás idiota. Serás ingenuo, insensato, irresponsable, memo. Realmente no existe una descripción de la estupidez, por viva que sea, que valga. Me estremezco ante la estupidez de la idea. Una vez que me di cuenta de toda la enormidad de la metedura de pata…”

A ver si es verdad y nuestro Gobierno mete la pata igual de bien con este Proyecto. Aunque como veremos en esta serie, parece que por ahora solo se mojan un poquito el pie.

Como saben nuestros pacientes lectores una de las preocupaciones constantes de este blog es la defensa de nuestro Estado de Derecho. Pero al escribir este post me he dado cuenta de que también hemos escrito, y mucho,  sobre el mal gobierno. Y es que el mal gobierno tiene mucho que ver con el deterioro del Estado de Derecho y el incumplimiento de las leyes, que es una de las características fundamentales de nuestra crisis política, institucional y de valores. Y además para el ciudadano no hay nada peor que el mal gobierno, como bien describieron los hermanos Lorenzetti en su alegoría sobre el Buen y el Mal gobierno en los frescos murales de la sala del Nove del Palacio Comunal de Siena,  ni nada mejor que el buen gobierno. No por casualidad en su edición Vargas Llosa eligió la pintura del mal gobierno para la portada de la primera edición su magnífica novela “La fiesta del chivo”. 

Y es que, en mi opinión, esta crisis se debe esencialmente al mal gobierno. No al mal gobierno en nuestro país, claro está, también al mal gobierno norteamericano, europeo e incluso mundial. Por eso cuesta tanto salir de ella. Y por eso aparece como elemento fundamental -recogido en las sucesivas y recientes encuestas del CIS en España así como en  datos procedentes de otras fuentes como Transparencia Internacional  (que abarca muchos países) la creciente desconfianza de los ciudadanos en la clase política y en los gestores públicos.

En España, según datos del CIS de enero de 2012, la clase política es ya para los españoles el tercer problema del país, sólo por detrás del paro y de los problemas económicos, seguido por la corrupción y el fraude. Además, el 55,1% de los ciudadanos consideran que la actual situación política es mala o muy mala. El nivel de la confianza en el sistema gobierno/oposición, siempre según el CIS, es el más bajo desde que existen datos (1996)

Como ya hemos denunciado muchas veces en este blog, las principales causas que han llevado a esta situación son los fallos estrepitosos en los mecanismos de exigencia de responsabilidades jurídicas y políticas que han permitido que la clase política y los gestores públicos, por una parte, y los ciudadanos, por otra, hayan olvidado una característica esencial de una democracia representativa de calidad: la de la “accountability” o, en español, rendición de cuentas de los primeros a los segundos.

En ese sentido, han fallado en primer lugar los mecanismos de control que se supone que están para garantizar el buen uso del dinero público, y que se traducen en procedimientos complejos, burocráticos y rigurosos -por lo menos sobre el papel- que, lejos de constituir un fin en sí mismos con el instrumento ideado por el legislador para conseguir el objetivo de una gestión pública eficiente y eficaz, además, de, por supuesto, honesta.

Estos procedimientos están recogidos en una normativa muy abundante, podemos citar solo a nivel estatal  la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo  que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, Ley 47/2003 de 26 de noviembre, ley General Presupuestaria, el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre que aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, La Ley 7/1988 de 5 de abril de funcionamiento del Tribunal de Cuentas etc, etc. Es una normativa, contra lo que pudiera parecer, de obligado cumplimiento. Y el cumplimiento no puede ser puramente formal, “fabricando”  los informes o las resoluciones necesarias para que aparentemente los expedientes de contratación, subvenciones, autorización de gastos, etc,etc, cumplan con la normativa vigente, porque eso no garantiza absolutamente nada, más bien al contrario. Desgraciadamente, esta ha sido la tónica de estos últimos años.

Pero esto, siendo muy grave, no ha sido lo peor.  Han fallado también los famosos “checks and balances” de los anglosajones, el juego de resistencias y equilibrios que persigue la existencia de un Gobierno representativo limitado y sometido al imperio de la Ley, de una sociedad civil fuerte y una economía de mercado digna de tal nombre. En definitiva, de lo que podemos entender a estas alturas del siglo XXI por una democracia representativa de calidad.

Dado que nuestra democracia es representativa y es reciente, casi podríamos decir única en nuestra Historia con breves paréntesis que terminaron en tremendos fracasos de la convivencia colectiva, estos problemas son muy graves. Lo son la falta de transparencia y de rendición de cuentas  dado que los ciudadanos –que somos muchos- perciben, correctamente, que sus representantes –que son relativamente pocos- no han actuado como tales, que les han ocultado cosas, que no han administrado con la debida diligencia su dinero, y que, lo que es peor, han perdido de vista que son mandantes de los ciudadanos que les han elegido no para que representen los intereses de la clase política y de los gestores públicos, o, peor todavía, los intereses de “los poderes fácticos” (los ricos, los poderosos, los influyentes) sino para que les representen a ellos, los ciudadanos comunes y corrientes.  De ahí que sean tan bienvenidas las soluciones penales, que, sin embargo, constituyen a mi juicio una trampa que debemos a toda costa evitar, salvo que queramos desmontar definitivamente nuestro Estado de Derecho que, aunque, maltrecho, todavía está en pie. El derecho Penal, como nos enseñaron en la carrera, es la “ultima” ratio del sistema, no puede penalizarse todo, porque entonces todo lo que no está previsto en un tipo penal es legal y es estimable, y  esto, sencillamente, no es cierto.

Los ciudadanos piensan, con razón, que en una democracia digna de tal nombre esto no debería ocurrir y empiezan a cuestionar no ya la idoneidad de sus representantes –ya que bastaría entonces con cambiarlos, cosa que aún siendo difícil no es totalmente imposible incluso en un sistema electoral y partitocrático como el nuestro- sino del propio mecanismo de la representación. Empiezan a cuestionar la democracia representativa, en suma, y vuelven sus ojos a aquellas ideales democracias participativas que tienen la enorme virtud de haber dejado de existir hace cientos de años, aunque ciertamente el ágora de la Atenas de Pericles no se parece mucho a la Puerta del Sol de Madrid, y muchos de los acampados del 15 M, gracias a nuestro sistema educativo, no hayan oído hablar ni de Pericles, ni del ágora ni de la democracia ateniense ni de casi nada de lo que ha pasado antes de ayer.

Sin embargo, pancartas y eslóganes como “no nos representan” o “sin tu voto no son nada” ponen de manifiesto muy gráficamente ese malestar que revela de forma quizá un poco desordenada, el malestar en nuestra democracia, por citar el título del libro del profesor Víctor Pérez-Díaz. Y es que como señala este autor la democracia, que es un régimen no por deseable menos frágil y precario –más todavía en un país con la historia reciente de España-  depende básicamente del desarrollo de virtudes cívicas y civiles en la clase política, en las élites pero también (o sobre todo añadiría yo) en la ciudadanía. Pero claro para participar hay que entender. Y para entender, hay que conocer, hay que saber.