El turismo político o como viajar gratis a costa del contribuyente.

Ahora que los españoles están planificando –los que todavía se lo pueden permitir- sus vacaciones de verano mirando con mucho cuidado los euros, me parece que no está de más hacer unas reflexiones sobre el turismo de nuestros cargos públicos, más conocido como “turismo político” .

Porque resulta que no solo el Sr. Divar, felizmente dimitido, o los Consejeros del CGPJ  hacían turismo con dinero de los contribuyentes, sino que se trata de una práctica absolutamente extendida y consentida en un montón de organismos públicos, como bien sabemos los que procedemos de la Administración Pública. Lo que pasa es que mientras Divar prefería destinos nacionales y cenas íntimas, (tan íntimas que llegan a ser de uno si no contamos a los siete guardaespaldas, que en algún sitio cenarán, digo yo ) en Puerto Banús y Marbella por motivos que solo él y  su conciencia saben  hay otros cargos públicos que prefieren ver mundo. Muchos, porque ya se sabe que al final los españoles somos muy viajeros, especialmente si el dinero del viaje no sale del bolsillo propio.

El último escándalo, por ahora, es el de los viajes del Presidente del Gobierno de Canarias.D. Paulino Rivero, que este mismo año de 2012, ya medio rescatados o medio intervenidos, o lo que sea, sigue gastando alegremente  55.000 euros en viajes a Uruguay y a Marruecos, con un objetivo al menos poco definido.

Pero también hemos tenido recientemente los viajes del Sindic de Greuges catalán (ya saben que a las autonomías les privan estos nombres entre medievales y folklóricos, fiel reflejo por otro lado del espíritu que anima a los titulares de estas instituciones)  D. Rafael Ribó nada menos que 50 viajes a cargo del erario público en dos años.  Al parecer, como es Presidente nada menos que del capítulo europeo del Instituto Internacional del Ombusdman él entiende que la cosa está más que justificada y tal y como ha explicado en el Parlament, sin duda más benevolente que la opinión pública, entre otras cosas porque me imagino que los parlamentarios catalanes hacen mucho turismo político ellos también. Y porque además, como el sr. Ribó es nacionalista de toda la vida, ya se sabe que tiene patente de corso, porque siempre se puede decir (de hecho es lo que se dice) que todo sea por construir país, nación o Estado independiente. Total, que al Parlament, faltaría más, estos viajes les parecen lo más natural del mundo, y las críticas -siempre bajo sordina- de los “outsiders” (incluido el PP catalán, aunque aspire a ser insider) pues ya se sabe, ataques contra el nacionalismo, nacionalismo español, troglodismo recentralizador, etc, etc. Lo de siempre, vamos.

Por cierto, que  a cuenta de las excursiones del sr. Ribó nos enteramos que esta venerable institución – no solo en cuanto a la nomenclatura sino también en cuanto al sistema feudal, ya saben, el señor manda y protege a los vasallos, que le pagan a cambio de esa protección- tiene adjudicado un presupuesto de nada menos que 7 millones de euros, con una plantilla de  87 trabajadores.  Recuerden además que este Sindic forma parte del glorioso “lobby” de los Defensores dispuestos a defenderse a sí mismos a toda costa como ya comentamos en este post.

Total, que por lo que se ve, nuestros turistas políticos también se quieren también defender de los asombrados ciudadanos que contemplan perplejos este vagabundear permanente por sitios francamente exóticos, y donde, aún dejando volar la imaginación, parece extraño que se le haya perdido nada a ningún cargo público español, catalán o de Alpedrete, aunque sea muy nacionalista y nada menos que el Sindic de Greuges. Sitios como las Bermudas o Zambia, por ejemplo.

Pues lo que ocurre sencillamente es que el turismo político es otra de las corruptelas absolutamente afianzadas y consentidas en el panorama nacional, y sospecho (por las alegres fotos que ilustran estos viajes “oficiales” llenas de gente contenta) que también en el internacional. Se trata de viajar a sitios apetecibles con excusas más o menos relacionadas con el puesto oficial; claro está que el grado de éxito de la conexión depende mucho del tipo de puesto que se ostente, y del carácter más o menos viajero del cargo en cuestión o simplemente del morro que gaste. También los afortunados tienden a desplazase con la Corte, es decir, con los asesores (que pueden felizmente coincidir con la familia, amigos o novios gracias a la libre designación) por aquello de que viajar solo no es tan  agradable; eso cuando no viajan además con todos sus guardaespaldas. En el caso del Sindic, parece que su jefa de gabinete es también -por una sin duda feliz coincidencia- su pareja, así que todo queda en casa y la economía doméstica no se resiente por tanto deambular.

Por otro lado, habida cuenta del tiempo que exigen estos desplazamientos, dado que se viaja mucho y a sitios muy lejanos, parece también evidente que no se tiene mucho trabajo en el despacho de origen. Lo que, por cierto,  no parece tener consecuencias en la dimensión de la plantilla, ni en el presupuesto ni en nada. Ah, pero es que nuestros turistas políticos “hacen país” y ya sabemos que eso no se puede recortar. En realidad, esto no tiene precio, como los pinganillos de sus Señorías en el Senado, porque ya se sabe que ni las lenguas, ni el país sea cual sea, ni los sentimientos los tienen. Lástima que los billetes, hoteles, comidas y demás sí que lo tengan.  Y lo más gracioso es que muchos de estos turistas oficiales no hablan no ya la lengua del lugar de destino (normal, teniendo en cuenta la variedad y la cantidad) sino ni siquiera un inglés de andar por casa, más conocido como “international english”. Lo que me imagino que debe de dificultar un tanto la parte “oficial” del trabajo, aunque puede que ni siquiera. Son muchos los turistas políticos que no abren la boca en las “reuniones-excusa”, suponiendo que acudan, que es mucho suponer.

Bueno, y para que esto no parezca también un post turístico (aunque esté modestamente escrito desde mi casa) terminaremos con la nota jurídica. Esto de viajar a costa del erario público se denomina, en lenguaje administrativo, indemnización por razón del servicio, al menos en la Administración General del  Estado, y está regulado en el RD 462 462/2002 de 4 de mayo cuyo artículo 3 define las comisiones de servicio con derecho a indemnización como “los cometidos especiales que circunstancialmente se ordenen al personal comprendido en el artículo anterior y que deba desempeñar fuera del término municipal donde radique su residencia oficial, entendiéndose como tal el término municipal correspondiente a la oficina o dependencia en que se desarrollen las actividades del puesto de trabajo habitual, salvo que, de forma expresa y según la legislación vigente, se haya autorizado la residencia del personal en término municipal distinto al correspondiente a dicho puesto de trabajo y se haga constar en la orden o pasaporte en que se designe la comisión tal circunstancia.” Detrás de este lenguaje administrativo y traducido al román paladino lo que hay es algo tan sencillo como que los viajes que se pagan con cargo al dinero de los impuestos son viajes “por razón del servicio” oficial que se presta en el organismo público donde se trabaja, y no por decisión libérrima del que viaja.

Ah pero ¿Quién decide si se viaja o no, o por volver a la terminología administrativa, si hay o no comisión de servicio o turismo privado? ¿Quien decide cuanto tiempo se va y cuanto se gasta? ¿Qué personas van? Esta es la madre del cordero. Pues probablemente los mismos que viajan.

Cierto es que las instituciones públicas solían tener, por lo menos en mis tiempos, una instrucción interna regulando estas cuestiones, es decir, qué viajes se podían hacer y por qué motivos, quien los tenía que autorizar, qué gastos se podían pasar,  qué dietas se podían cobrar, cuantas personas y en calidad de qué podían viajar. Su mera existencia implicaba una serie de controles que por lo menos disuadían un poco del turismo oficial o político, si bien es verdad que su efectividad dependía en último término de la seriedad del “controlador”  de turno. Da la sensación, visto lo visto, que como tantas otras cosas, este tipo de regulación ha caído en el olvido o directamente no se aplica.
¿Control de los gastos, y sobre todo, control de la oportunidad o el carácter oficial de los viajes? Pues a estas alturas, no les sorprenderá saber que ni lo hay ni se le espera, ya sea político o jurídico. La Intervención, si la hay, constata que ha habido un evento del tipo que sea por muy lejano que a primera vista parezca estar del objetivo del organismo público y de las  funciones de los viajeros públicos, y que la documentación esté correcta. Que el evento en cuestión sea una excusa, tenga algún objeto definido, justifique que viajen a todo trapo el cargo y su corte celestial, etc, etc, no es el problema del Interventor o del auditor. Mucho menos de los que se dedican a viajar. Es un problema solo de los ciudadanos que lo pagan de sus impuestos.

Las dietas a percibir, por cierto, sí están fijadas, por lo menos en la AGE y me imagino que en el resto de las Administraciones, aunque a lo mejor en este tipo de organismos tipo Sindic se las “autofijan” también en nombre de la sacrosanta autonomía que impide  al parecer exigir responsabilidades por cómo se gasta nuestro dinero. Si además hay nacionalismo de por medio, pues ya paren de contar.

Tengo entendido que con la austeridad han vuelto a proliferar este tipo de Instrucciones,pero deduzco que en estos años burbujiles o no han existido, o se han hecho por el mismo que iba a viajar, o simplemente se han incumplido. Es la historia de siempre, si quien las elabora es también quien viaja y quien supervisa que se cumplan, ya sabemos lo que ocurre.

Claro que con la que está cayendo, no es de extrañar que estos turistas con cargo al erario público prefieran explicarse ante otros turistas con cargo al erario público, ya se trate de parlamentarios o de altos cargos de Gobiernos regionales o estatales…suelen ser bastante más comprensivos que la perpleja ciudadanía que está haciendo sus numerillos para ver si se puede o no ir de vacaciones a Alicante.

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988

En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia

En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.

En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.

En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.

Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,

de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.

En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.

Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?