La salida del «laberinto Bankia»

Se ha tratado contundentemente en este foro sobre la exigencia pública de responsabilidades en torno a Bankia. No voy a insistir, pues, en ello, sino echar una mirada hacia delante: ¿Y ahora qué?

 

Cabe preguntarse de entrada: ¿y por qué no dejar que Bankia y demás Cajas que parece que la van a seguir se hundan? Pues porque uno puede marcharse del restaurante sin pagar; pero ya no podrá volver a comer en ese restaurante. Si descartamos la opción de dejar caer a Bankia, porque el efecto en términos de deterioro de la credibilidad del sistema financiero español sería inasumible, deberemos buscar otras. Pero los fondos del FROB son manifiestamente insuficientes (unos 5.000 millones) para arreglar el desequilibrio de Bankia. De ahí que deban buscarse otras soluciones.

 

1. Los medios de comunicación publicaron la primera ocurrencia del Gobierno. Si Bankia-BFA necesita aumentar sus fondos propios, pero no tiene credibilidad para acudir directamente al mercado de capitales, entonces sería el Estado quien suscribiría la ampliación de capital de Bankia-BFA, aunque para eso el Estado tampoco dispone de fondos.  Pues bien: emitamos deuda pública, pero no para colocarla entre los inversores a un precio elevadísimo, sino al precio (interés de la deuda) que convenga, porque no se va a acudir al mercado, sino que se va a entregar esa deuda a Bankia-BFA a cambio de las acciones que ésta va a emitir para ampliar su capital  Es decir, un cambio de cromos.

 

Esta fórmula mágica, sin embargo, tiene dos obstáculos que la hacen imposible. Uno, el que enseguida se apresuró a manifestar Draghi, el Presidente del Banco Central Europeo (BCE): los Tratados prohíben a los Estados “monetizar deuda”, es decir, pagar con deuda en vez de con billetes, sorteando así fulleramente las reglas del juego de la Unión Monetaria, que otorga las potestades de emisión de dinero al BCE (y no a los Estados miembros). Es como si el Estado, ante su creciente déficit, pretendiera pagar a sus proveedores, funcionarios y pensionistas con deuda pública en vez de con billetes de euros.

 

El segundo obstáculo es que la normativa comunitaria sobre sociedades de capital prohíbe (artículo 150 Ley de sociedades de capital) anticipar fondos o conceder préstamos o cualquier otro tipo de asistencia financiera para la adquisición de sus acciones por un tercero. Y eso es exactamente lo que estaría haciendo Bankia-BFA: prestar dinero al Estado para que éste adquiera sus acciones. Y esa regla de prohibición de asistencia financiera para adquisición de acciones propias no sólo viene exigida por una Directiva comunitaria, sino que es una regla de sentido común financiero. Sería fácil para cualquier sociedad presentar unos Balances con unos fondos propios elevadísimos (engañando así al público) mediante la triquiñuela de aumentar los fondos propios prestando dinero a los propios accionistas que éstos vuelven a aportar (devuelven) a la sociedad.

 

2. La imposibilidad de la anterior solución, obliga a considerar otras diferentes, como que el Estado suscriba la ampliación de capital de Bankia-BFA, para reponer los fondos propios de ésta, aunque no colocando deuda pública a Bankia, sino en el mercado.

 

Pero con unas necesidades de endeudamiento previstas, si se cumplen las previsiones de déficit del 6% del PIB (cosa más que dudosa), de unos 60.000 millones de euros, anunciar al mercado de capitales que el Estado va a necesitar otros 23.500 millones adicionales para arreglar lo de Bankia (y quizá hasta 50 o 60.000 millones para arreglar lo del resto de las Cajas de Ahorro) dispararía la prima de riesgo hasta extremos insoportables, imposibilitando no sólo pagar la factura del rescate de Bankia, sino incluso la posibilidad de financiar el gasto público ordinario.

 

3. Parece, pues, dada la inviabilidad de las dos soluciones anteriores, que habrá que optar porque el dinero para Bankia-BFA provenga de otros países, a través de las instituciones de la Unión Monetaria Europea, bien el FEEF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera) o su futuro sustituto, el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) que empezará a operar desde el próximo 1 de julio. Esta tercera vía parece la única practicable, pero también tiene sus inconvenientes, algunos de tipo intangible, como es el desprestigio de un país que se presenta internacionalmente como tan incompetente que no es capaz de solucionar sus problemas por sí mismo, lo que merecería una depuración de responsabilidades políticas sobre quienes, por inepcia, por desidia o por carencia de altura política, no han ido adoptando de forma paulatina las medidas que ahora se van a venir encima de forma muy brusca y dolorosa. Porque las condiciones para recibir esta ayuda de nuestros socios en la Unión van a ser muy duras. Los mecanismos sólo se ponen en marcha a solicitud del país necesitado y con la simultánea presentación de un programa de ajuste creíble para que la economía del país vuelva a los cauces normales de financiación de su deuda. Ese programa deberá contener dos tipos de medidas; unas de orden coyuntural para equilibrar las cuentas públicas ajustando el gasto a los ingresos, y otras de orden estructural, removiendo rigideces en los mercados de trabajo y de productos. Es decir, lo que durante estos años no se quería hacer, y ahora ni siquiera se podría sin el soporte financiero y bajo el estricto control de los demás países de la Unión Europea. Que Dios nos coja confesados.

 

Cuatro ideas absurdas sobre regeneración y autoestima

Saldremos, sin duda, pero tan importante como el cuándo, es el de qué manera lo hagamos. Me refiero, por supuesto, a esta crisis, que  no solamente es económica, sino política, social y ética. Y también emocional. En estos momentos los españoles tenemos la sensación de estar siendo señalados por un fantasmal dedo acusador; de ser culpables. Su comportamiento ha sido profundamente erróneo, nos dicen, y la solución le vendrá dada de fuera, haciendo los sacrificios que le sean indicados. Usted no puede influir en su propia cura.

 

Es todo lo contrario, sin embargo. La tarea que los españoles tenemos por delante es ingente: regenerar nuestro sistema político, a nuestra sociedad y a nosotros mismos. Y lo primero es reflexionar, no solamente criticando lo mucho que hay de criticable en el pasado y el presente, cosa que hacemos con frecuencia en este blog (este mismo domingo, la coeditora Elisa de la Nuez se preguntaba si todavía era posible la regeneración de nuestras instituciones), sino también proponiendo soluciones para el futuro. Hace unos días “tuiteaba” el periodista Antón Losada: “Yo es que ya me he cansado de buscar culpables. Estoy más en buscar soluciones”. Creo en esa tarea y dedico tiempo a la reflexión, si bien en mi modestia únicamente pueda ofrecerles una serie de ideas absurdas –en el tercer sentido de la RAE, “chocantes”, aunque admito que también lo sean en el más usual-. Estoy convencido de que usted, amable lector, tiene muchas más y de mejor utilidad. La caja de comentarios está esperándole.

 

Una.- Bankia es un desastre económico, pero es asimismo un pésimo ejemplo ético ¿Qué ha de pasar para que se investigue políticamente? El PP se niega a hacer lo mínimo, como es crear una comisión parlamentaria de investigación, con una argumentación que me siento incapaz de adjetivar: “no conviene” ¿No conviene? ¿Y qué, si fuera cierto, que no lo es? No conviene, ¿a quién? ¿A los que han cometido presuntamente delitos de todos los colores, a la sombra de los partidos y los sindicatos? ¿A políticos amigos del poder actual y del anterior? Porque desde luego a usted y a mí, anónimo inversor en Bankia, cuenta correntista, o simple señor que pasaba por ahí y dado que vamos a tener que copagar el agujero impresentable de la entidad, sí nos conviene. De hecho, nuestra autoestima lo necesita urgentemente.

 

Hay que atajar esta frustración: se podría investigar la posibilidad de utilizar la iniciativa legislativa popular (500.000 firmas) para modificar los reglamentos de las Cámaras en el sentido de que en el caso de que un número concreto de ciudadanos lo solicitara, se constituyera obligatoriamente una comisión.  No creo que la redacción del art. 76 de la Constitución fuera un obstáculo para ello. Y ya puestos, que en la comisión participara obligatoriamente un representante de los promotores. La petición de comisión podría efectuarse muchas veces directamente vía Internet y certificado de firma electrónica.

 

No estoy de acuerdo con el eslógan de no nos representan, los partidos y políticos lo hacen y es una de las bases de la democracia, pero la representación no significa impunidad, sino controles externos y efectivos, rendición de cuentas y consecuencias en su caso. Con el bloqueo de los mecanismos de control, los partidos quieren lo bueno (el poder) pero no lo malo (la responsabilidad que tiene que conllevar si no quiere convertirse en poder injusto e intolerable).  Es en estos casos cuando tenemos que decir: en este tema no hace falta que me represente, ya lo hago yo mismo. E indagar caminos para ello.

 

Dos.- Ah, el periodismo, el cuarto poder, que ha de controlar a los otros tres, barrera frente al Poder. Qué bellas palabras, pero cuando un político convoca una rueda de prensa sin preguntas… allí están todos para tomar apuntes y transcribir el mensaje precocinado del portavoz de turno.  Eso no es informar, es servir de vehículo transmisor a la publicidad del emisor y a la mayor gloria de éste. En estos momentos hay, parece, un tibio movimiento entre los medios para no aceptarlo (en twitter bajo el hastag #sinpreguntasnocobertura), y hacen reuniones entre ellos. Lo que resulta llamativo es que sea tan complicado, y que entiendan que haga falta ponerse de acuerdo en un asunto como éste, que es de transparencia y del derecho a ser informado, pero sobre todo es una cuestión de dignidad. No es preciso ningún consenso. Un periódico, una radio o una TV puede sin más no ir a este tipo de mítines, hagan lo que hagan los demás. Para animarles a dar este paso, propongo que cualquier reseña en una web de una comparecencia de este tipo se inunde de mensajes de los internautas, con un mensaje del tipo: No preguntas, no lectores (hasta podría ser otro hastag, #nopreguntasnolectores). Cuando un político sabe que va a ser objeto de escrutinio, lógicamente ha de esforzarse más, conocer mejor el asunto, en definitiva y sencillamente trabajar mejor. No es lo mismo ir a un examen oral que dar una amable conferencia.

 

A mí me gustaría ver en ciertas ruedas de prensa importantes no a los becarios de turno, sino a Pedro J. Ramírez, Carlos Francino y Ana Pastor, por dar tres nombres. Gente con personalidad, conocimientos y su propia trayectoria, con la que se puede coincidir o no. No se trata de poner en aprietos a los políticos por deporte, se trata de controlarles de cerca y que sientan ese control. Las tertulias y similares les resbalan completamente. Si un periodista súper mediático hace una pregunta en una rueda de prensa, aparece en todas las televisiones, si la hace el sr./sra. García, pasa lo que pasa.

 

También sería magnífico que los artículos y los periodistas tuvieran el nivel intelectual, la independencia y la visión ética que muestra este artículo de ese extraordinario blog que es Politikon. Asistimos en ocasiones a un periodismo de trinchera (combativo y propagandístico) o de tranchette (insípido y plasticoso). Fuentes como ese blog, o Nada es Gratis, ofrecen calidad y sensatez, se esté de acuerdo o -mejor aún incluso- se discrepe. No hay un menú del día a la hora de elegir información, sino una amplia carta. La dieta depende de nosotros. Quédense con esta frase del artículo enlazado: «Personalmente, pienso que los intelectuales, los académicos, los periodistas que deciden contar las cosas de una u otra forma y a quien dan o dejan de dar voz y de forma general cualquier persona con influencia tienen una responsabilidad (moral) de usar esa posición adecuadamente«. No sabría decirlo mejor. Todos tenemos responsabilidad moral en nuestro ámbito de influencia, grande o pequeño.

 

Tres.- Leo hace unos meses que jubilados alemanes están dando clases gratis de alemán a españoles, por mero sentido de la solidaridad.  Nosotros no somos peores que ellos. Sabemos ser solidarios y estoy convencido de que si nos pidieran aportar nuestro trabajo, conocimientos y tiempo para echar una mano a otras personas que lo necesitan lo haríamos. Muchos de nosotros estamos frustrados por varias razones y una de ellas es que sentimos que tenemos el deber y la capacidad para generar valor social, pero que no se nos reclama. No solamente me refiero a labores de voluntariado social, tan imprescindible, sino a formar parte de un movimiento colectivo de regeneración, aportando gratis el valor de su trabajo y haciéndolo por un ideal de mejora social.  Hay mucha gente con capacidad sobrada y con deseo de quitarse la sensación de impotencia que nos atenaza, de que no podemos hacer nada. Falta el impulso, la organización. Pero mucha gente respondería a una llamada así, estoy convencido.

 

Los bancos, después de los swap, las preferentes, los bonos convertibles, van a tardar media hora en sacar el siguiente producto trampa para el consumidor. Seguro que hay expertos que pueden hacer una labor de análisis y deconstrucción de los contratos bancarios para decir lo que son verdaderamente. Es una labor ciudadana de transparencia, porque no cabe esperar al Banco de España, al menos de momento.

 

En estos momentos se están planteando acciones judiciales, incluso penales, contra los responsables de Bankia por parte de U.P.y D, Manos Limpias, y hay un hastag en twitter muy significativo: #nurembergfinanciero. ¿Cuántos asuntos hay que necesitarían un seguimiento similar y cuántas personas necesitarían apoyo en temas como éste? Y atención que, como sabemos, las responsabilidades de los políticos y administradores de lo público no son, no pueden ser solamente penales, están las administrativas, las civiles y las mercantiles, de tipo patrimonial; será dudoso que estas responsabilidades vengan exigidas por los propios políticos,  de modo que es un campo abierto a la sociedad civil, una labor posible es orientar qué tipo de acciones pueden ejercitarse en cada momento.

 

Y cuatro.- De cualquier modo, la labor ingente que tenemos por delante y a la que me refería al principio, incluye también a nuestro propio comportamiento individual, y solamente terminará cuando hayamos aprobado el examen ético al que tenemos el deber de someternos cada uno de nosotros ¿soy una rueda o soy una rémora para la sociedad? ¿Hago bien lo que debo hacer en cada momento? ¿Qué tipo de ciudadano soy? Veintidós premios Nobel nos han recordado ayer el valor del esfuerzo personal. Quizá sea la idea más absurda y menos posmoderna de todas, pero no es la menos necesaria.

 

 

Proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor (II): una mirada crítica

Tras las propuestas de modificación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,  de Responsabilidad Penal del Menor que, a principios de año, se presentó a la sociedad, son muchas las voces que se han expresado a favor y en contra de la misma. El debate está abierto.

 

UNIFICACION DEL PROCEDIMIENTO


Una de las medidas propuestas es la unificación del procedimiento cuando en el presunto delito han participado, junto a menores, mayores de edad. Poner en marcha este planteamiento tiene ciertos inconvenientes procesales, porque cuenta con elementos complejos de compatibilizar, ya que, ante todo y atendiendo a las normas nacionales y supranacionales, el interés superior del menor prima respecto de  cualquier supuesto. Es decir, se podría plantear esa reforma, siempre que se respeten los derechos de los menores que, incluso cuando tengan un amplio expediente delictivo, tienen unos derechos que precisan de una protección que está por encima de la de cualquier adulto.

 

En esta misma dirección surgen otras cuestiones técnicas que hacen difícil conciliar aspectos procesales que son propios y específicos de la jurisdicción penal de menores o la de adultos. Ejemplos como determinar quien instruye la causa, cuando en la jurisdicción de menores es competencia del fiscal (art. 2 y 3 LORPM atiende a la carencia de facultades instructoras del juez; art. 16.2 y 16.3 de la LORPM a partir de la incoación del expediente de reforma por el Fiscal, cuando se inicia el proceso) y en la justicia de adultos, la función instructora corresponde al juez; que la finalidad del proceso penal de menores tiene como objetivos fundamentales la reeducación y reinserción; teniendo en cuenta la necesidad de juzgar al menor a puerta cerrada, y donde los principios de celeridad y flexibilidad son esenciales para el correcto desarrollo del mismo y con la presencia de un equipo psicosocial, mientras que los procesos penales para adultos son públicos. En definitiva, los objetivos buscados en ambos procedimientos son divergentes y difíciles de congeniar.

 

Tenemos que valorar también cuestiones no menos importantes dirimibles en la esfera psicológica, pero que pueden afectar al devenir del proceso, como son la influencia y posible relación de poder que el adulto pudiera ejercer sobre el menor para beneficiarse, y, por ejemplo, hacerle mostrar su falta de implicación en el proceso, o una menor responsabilidad en el mismo. Dilucidar el nivel de influencia o poder que ejerce el adulto sobre el menor, no es tarea sencilla, pero se trata de una variable a tener en cuenta, para entender el comportamiento delictivo. La diferencia madurativa pudiera situar en una posición de desventaja al menor a la hora de juzgar el presunto hecho delictivo, por cuanto su capacidad de comprensión y análisis no es ni siquiera parecida, lo que una vez más implica que no se está teniendo en cuenta la protección que nuestra propia Carta Magna otorga al interés del menor.

 

Sin embargo algunos profesionales del derecho, con el respaldo de la opinión pública, defienden la propuesta de enjuiciar en un único proceso a menores y mayores, cuando hayan participado en los mismos hechos punibles, por cuanto se evitaría la contradicción de sentencias como ha ocurrido recientemente en el célebre caso de Marta del Castillo.

 

Se argumenta que si se han producido reformas al margen del inicial espíritu de la norma, como son la personación en el proceso penal del menor de la acusación particular, aun cuando su intervención parezca a priori contraria al interés del resto de los agentes e instituciones, implicadas en la reeducación del menor infractor, por qué no se van a poder acometer otras, si de lo que se trata es de proteger a la víctima, en ocasiones también menor y tan necesitada de amparo como el infractor.

 

Para estos autores, dado que el proceso es un medio para alcanzar la verdad, y para hacer justicia, y que ofrece mecanismos de educación para una posterior reinserción del menor y también un camino para resarcir a la víctima y proteger a la sociedad, no se entiende la imposibilidad de introducir, en el procedimiento general, las especialidades procesales que concilien los intereses generales de la justicia, con los intereses particulares del menor.

 

REBAJA DE LA EDAD PENAL

 

El otro punto a considerar, en esta propuesta de modificación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, es la de rebajar la edad penal a 12-13 años, cuando en la actualidad la ley establece como penalmente responsables, a aquellos menores de entre 14 y 18 años que cometan un hecho delictivo. Se alega para ello la reducción del riesgo de delitos que resultaría

 

Sin embargo de una respuesta más severa y restrictiva, sin haber probado alternativas más educativas y moderadas que puedan traer excelentes resultados. La respuesta a las carencias del sistema de protección español no tienen que significar medidas restrictivas de derechos elementales.

 

Se quiere modificar la norma penal sin haber establecido un sistema de protección correctamente regulado y sustentado, que trabaje supuestos de menores de 14 años que infringen la ley. Disminuir la edad penal, implica judicializar un ámbito que se podría trabajar en ambientes educativos, sustentado y reforzado por un correcto y bien definido sistema de protección.

 

Puesto que muchos comportamientos etiquetados como delictivos en un menor de 12 años están relacionados con deficiencias educativas, la judicialización de dichas conductas desvían la responsabilidad parental, y por tanto se traslada al menor toda la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, la experiencia nos dice que estas conductas se inician en gran parte de los casos por una falta de supervisión parental, por un sistema familiar de normas laxo o inexistente.

 

Para los progenitores, que sea el sistema judicial el que intervenga es una forma de eludir sus responsabilidades parentales. Y, al no asumir responsabilidad judicial alguna, no realizan el proceso de reflexión sobre la necesidad de cambios educativos. Debería, por el contrario, estar claramente admitido que el incumplimiento de las obligaciones inherentes a la patria potestad tiene consecuencias.

 

Es por ello, que se reitera la necesidad de establecer un marco jurídico, que delimite regule y organice el sistema de protección, para evaluar posibles situaciones de riesgo como esas prácticas educativas negligentes que devienen a posteriori en actos delictivos. Parece clara la necesidad de que, para evitar la inclusión de estos menores en el sistema penal, se afiancen recursos en el sistema de protección y educativo, que se trabaje en la misma dirección y proyecten un protocolo de actuación serio y eficaz, que minimice tales posibilidades. En la misma línea, se insiste en la necesidad de cambiar la filosofía existente para concienciar, a quien corresponda, de la responsabilidad parental y de la posibilidad de adoptar medidas restrictivas (suspensión de la patria potestad), como respuesta al incumplimiento de los deberes inherentes a quienes ostenta la patria potestad.

 

Hay estudios que hablan no sólo de reducir la edad penal de los menores infractores, sino subirla. Desde la humilde perspectiva de quien escribe, se debe intervenir, pero más que por la vía de la imposición de medidas judiciales penales, por el reforzamiento del sistema de protección, y evitar aumentar el rango de edad de los menores penalmente punibles.

 

Los casos dramáticos que en algún momento hemos vivido en nuestro país son muy lamentables y una sociedad avanzada debe buscar todos los mecanismos que los prevengan. Y después, solo si la prevención no es eficaz, buscar alternativas de carácter penal.

 

Hay datos oficiales que confirman que no existen muchos menores en el tramo de edad 12-13 años que estén cometiendo delitos considerados como graves, por lo que es probable que haya que valorar otras alternativas y no tomar en cuenta presiones sociales, que demandan una regulación más rigurosa sin previamente haber puesto en marcha medidas de protección que eviten estos supuestos.

 

No parece justo que estos casos de extrema gravedad y de amplia y justificada repercusión social, definan el panorama de la delincuencia  juvenil de nuestro país.  Desde estas líneas se impulsa la  necesidad de creer en el menor, en la capacidad de los sistemas para reeducar y resocializar, en la conveniencia de extender las buenas prácticas que vienen implementándose, en la necesidad de dar una mayor visibilidad en los medios de comunicación a los buenos datos de reinserción, y en el compromiso de seguir reflexionando sobre la manera de dotar al sistema de instrumentos legales que mejoren la aplicación de la ley. Ello precisa encontrar los cauces para que la rapidez de respuesta, los medios y recursos precisos, y las acciones preventivas de protección que favorezcan una menor aplicación de la respuesta penal, eviten la espiral delictiva de menores que, se encuentran en grave riesgo de exclusión social.

 

 

Reflexiones sobre el Proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor (I)

Ante el anuncio de una nueva reforma de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, se suceden argumentos que, por un lado, solicitan el endurecimiento y modificación de aspectos sustanciales del proceso que emana de la norma y, por otro, se alzan voces que exigen atender de forma prioritaria el interés superior del menor. En este punto, nos encontramos con posturas divergentes que animan a reflexionar sobre el debate social que la noticia plantea.

 

Dicha Ley ha cumplido diez años desde su entrada en vigor, y ello no ha impedido que haya sido objeto de varias revisiones. Cada vez que ha sucedido un trágico suceso relacionado con menores infractores, la sociedad ha clamado justicia en busca de cambios. En ese sentido, no hay que olvidar que ésta norma se ha visto modificada en tres ocasiones, dos de ellas incluso antes de su entrada en vigor.

 

Acordar consensos en un tema tan convulso y delicado no es tarea fácil, y más cuando partimos de la necesidad de coordinar elementos complejos como son, primar el interés superior del menor, el ajuste escrupuloso de los poderes al Estado de Derecho y, por supuesto, la escucha activa de las demandas sociales que en momentos concretos, siempre coincidentes con hechos trágicos en los que se ven implicados menores de edad, se activan en busca de justicia.

 

Es más que comprensible que cuando ocurren hechos de estas características el clamor popular sea tal que se busque de manera urgente un recurso que permita dar respuesta inmediata y eficaz a lo sucedido. Los ánimos se caldean justificadamente, la sociedad brama justicia y seguridad, para que no vuelvan a ocurrir historias de tanto dolor e indignación; ahora bien, si atendemos a la voluntad de la ley, hemos de asegurar el efectivo cumplimiento de la medida impuesta, una vez se haya determinado el autor o autores materiales de tales hechos. Ello ha de hacerse por los cauces establecidos legalmente, y buscando atender al sentido claro de la norma que exige el cumplimiento de la medida, el resarcimiento de los daños ocasionados a la víctima y la reeducación y reinserción del menor infractor.

 

Atender sin reflexionar a la llamada popular que busca una respuesta inmediata y eficaz es, en ocasiones, difícil y delicado por el grado de sensibilidad que requieren los casos, teniendo en cuenta que se habla de asuntos en los que el valor humano está claramente destacado. La repercusión que además los mismos tienen en los medios de comunicación eleva la tensión a cotas insospechadas, que si el legislador no es capaz de esperar a que se apacigüen los más que comprensibles sentimientos y afectos que sobrevuelan el hecho, es fácil caer en el error de legislar, sin mantener el grado de objetividad y serenidad que requiere el tema.

 

En esta línea, la reciente sentencia del trágico caso de la joven sevillana Marta del Castillo movilizó a la sociedad que, espantada por el resultado de la sentencia, suplicó justicia y exigió modificaciones con carácter inmediato.  Aun partiendo de que no se debe legislar en caliente,  es completamente injustificable una contradicción como la que se ha producido en este asunto, con un menor sancionado por colaborar con el adulto, en un crimen que no se ha considerado probado respecto de ese mismo adulto.  Aquí, el problema no ha sido de rigurosidad de la norma, sino de contradicción interna del sistema: dos jueces, dos valoraciones de la prueba perfectamente contradictorias.

 

En este sentido, y para no caer en el pesimismo despiadado que originan determinados casos, diremos que atendiendo a los datos elaborados por la Consejería de Justicia del Gobierno de Madrid (2010), el 89% de los menores que pasan por los centros de reforma, en sus diferentes modalidades, no vuelven a delinquir. Podemos decir que, a pesar de tratarse de un trabajo complejo, se están obteniendo muy buenos resultados. Este es un hecho poco considerado, y que por tanto tiene poco calado social.

 

Que algunos casos, afortunadamente pocos, sean de extremada gravedad y pongan a la opinión pública en pie, es un hecho justificado. Que en estos momentos de gran excitación social se deba de reformar una norma, es poco conveniente. Nada como hacer planteamientos de forma sosegada, desde la distancia, para poder ver con una perspectiva clara las necesidades sociales y para ello, para obtener una respuesta eficaz a tales situaciones, no siempre parece conveniente endurecer y elevar las medidas aplicables. Hay otros mecanismos que se pueden poner en marcha que pueden tener la misma eficacia. Las medidas impuestas en este contexto, tienen como objetivo prioritario reeducar para una posterior inserción social, sin que ello implique que no tengan un efecto sancionador justo y proporcionado al acto delictivo cometido.

 

El tema es de especial sensibilidad. Hablamos de seres humanos. La tragedia emana dura e inmisericorde de cada hecho. Sí, en todos sus protagonistas.

 

¿Es posible todavía la regeneración de nuestras instituciones?

 

Reconozco que nada más escribir el título de este post me ha entrado una cierta congoja. ¿Son todavía recuperables nuestras instituciones? ¿O más bien habría que empezar desde cero, como empiezan a clamar muchos españoles en público y muchísimos más en privado? ¿Podemos salvar algo del desastre? ¿Es mejor que nos impongan medidas desde fuera para hacerlo?  ¿Tenemos todavía margen de maniobra o es demasiado tarde? Muchas preguntas y me temo que las respuestas dependen de muchas variables, y alguna de estas variables se van despejando y no precisamente para bien.

 

Porque efectivamente, creo que la primera y fundamental condición para que podamos regenerar nuestras instituciones  pasa por la exigencia de responsabilidades a quienes han contribuido de una forma u otra a su degeneración. Que son muchos, aunque ciertamente la responsabilidad no es la misma en todos los niveles. Lo que no quiere decir que no haya que exigirla a cada uno en la medida en que la tiene. Volviendo al ejemplo de Bankia, sobre el que ya hemos escrito mucho en este blog, unos tenían la responsabilidad de dirigirla, otras de supervisarla, otros de auditarla,  otros de sancionar las conductas incorrectas, etc, etc.  Recuerden que el Código Penal, tan de moda actualmente, considera responsable de un delito no solo a su autor material sino también a los colaboradores necesarios,  cómplices y  encubridores, dado que sin ellos no se hubiera cometido, o hubiera sido menos grave o habría sido más fácil de descubrir.

 

Así que sin exigencia de responsabilidades ya nos podemos olvidar de nuestras instituciones. Sin restaurar su credibilidad y de su solvencia no hay instituciones que valgan, ya se llamen “Banco de España”, “Parlamento”, “Tribunal Constitucional”, “Consejo General del Poder Judicial” o “Gobierno”. Añadan ustedes las que crean oportuno, porque sinceramente están todas hechas unos zorros.

 

Y desgraciadamente, por lo que estamos viendo estos días, esta primera condición no se va a cumplir, o quizá simplemente –y dada la creciente presión popular, que nos honra- se va a cumplir solo o en parte o de cara a la galería. Pero sin mucha convicción porque sorprendentemente nuestros gobernantes, empezando por el Presidente del Gobierno consideran o que no hay crisis institucional o que si la hay es mejor que no se sepa o no se hable mucho de ella porque esto perjudica a la imagen de España ante los socios, los acreedores y los famosos mercados. Asombroso. La última traca, por ahora, es  la salida de D. Miguel Angel Ordoñez del Banco de España sin explicaciones y eso sí, con todas las prerrogativas del cargo dado que se va por el bien de España y por su propio pie un mes antes de terminar el mandato . Aunque claro está, que si las explicaciones que iba a dar eran como las que ha dado el Presidente del CGPJ, un escarnio para la inteligencia de los españoles y una burla de la institución que representa  mejor casi que no las de, para ahorrarnos al menos la vergüenza.

 

En cuanto a la forma de exigir responsabilidades, no nos cansaremos de repetirlo, están las responsabilidades políticas, que se sustancian en los países normales con ceses o dimisiones (sin llevarse las indemnizaciones y los blindajes, por cierto) y las responsabilidades jurídicas, ya sean administrativas, que están sin estrenar, civiles o penales. Estas últimas son las más socorridas porque entre que si la Fiscalía actúa o no, el colapso de los tribunales penales y el que cuan largo me lo fiais (y en último extremo me indultáis) pues tampoco la cosa es para tanto, especialmente para políticos y gestores muy curtidos. Y en vía penal además no es fácil obtener el resarcimiento patrimonial del daño, conviene no olvidarlo.

 

¿Se puede hacer algo más? Pues sí. Una vez puestos en marcha los mecanismos que procedan para exigir responsabilidades en las vías que correspondan (lo que por cierto contribuiría enormemente a recuperar credibilidad de las instituciones, frente a lo que dice muy interesadamente el Gobierno y la oposición)  hay que ser muy cuidadosos con los nuevos nombramientos. Pero que muy cuidadosos, porque se trata de dar un mensaje diametralmente opuesto, y porque perdida la credibilidad de la institución, lo que va a mirarse con lupa es la credibilidad personal del  designado/a para dirigirlas. ¿Por qué? Pues precisamente porque si en los tiempos de bonanza en que una institución es fuerte y solvente el tener, por ejemplo, un Presidente de primera o de quinta regional (vulgo compañero de pupitre del líder de turno cuyos méritos se cuentan en genuflexiones) puede ser menos crítico, cuando la institución está totalmente desprestigiada la credibilidad personal del llamado a dirigirla es crucial. Es una señal de lo que se quiere hacer. Por resumir, tiene que ser competente profesionalmente, honesto e independiente. Cualidades que, coincidirán conmigo, no suelen proliferar en las personas que hacen carrera a la sombra o en los partidos políticos, por lo menos las tres a la vez. Además, en un momento como el actual  va a necesitar mucho valor, o dicho en castizo,  más moral que el Alcoyano.

 

Y claro está, estos nuevos directivos tienen que romper con el pasado y hacer limpieza en sus casas. Tendrán que seguir contando con los equipos que hay, sus funcionarios,  sus técnicos y hasta los asesores externos. Por ahora no hay otros. Pero seguramente se puede distinguir entre ellos. Unos habrán sido más condescendientes o complacientes que otros. Unos han mirado para otro lado mientras la institución se deterioraba. Otros han sido más valientes y más profesionales. En fin, habrá que tener en cuenta estas conductas a la hora de diseñar los nuevos equipos y de hacer los nombramientos. Este también es un mensaje muy importante que se da a la organización. Y por supuesto, rediseñar los sistemas de incentivos, empezando por el perverso “café para todos” que equipara a incompetentes y a competentes, a vagos y a trabajadores, a responsables y a irresponsables, a honestos y a deshonestos. Cuando no premia directamente la incompetencia, la irresponsabilidad, la deshonestidad y la falta de profesionalidad como ha ocurrido en tantas y tantas instituciones.

 

Y lo último hay que contarsélo todo a los ciudadanos.  Lo que ha pasado y lo que se va a hacer para que no vuelva a pasar. Porque la verdad, pese a lo que dice Victoria Prego en su columna de hoy de «El mundo» no puede esperar.

 

 

 

No es imposible pero cada vez es más difícil.

Cuidado con el discurso económico victimista

Cuentas falsas, administraciones sobredimensionadas, ausencia de responsabilidad de los políticos, opacidad, leyes de cartón piedra… la verdad es que en demasiadas cosas nos hemos parecido a Grecia y, lo que es peor, nos estamos enterando a la vez muchos ciudadanos y nuestros socios y acreedores. Pero en estos días críticos para nuestra economía se aprecia, no solo en las declaraciones de algunos políticos -la mayoría de los que están en el Gobierno, por cierto-, sino también en los medios de comunicación, un nuevo parecido: un creciente recurso a una explicación de la situación en claves de nacionalismo victimista,  una enfermedad muy arraigada en nuestros nacionalismos periféricos. Así resulta que nosotros hemos hecho ya todos los sacrificios posibles, pero los malvados alemanes no nos quieren ayudar y los mercados internacionales nos quieren hundir.

 

Es un recurso cómodo para muchos, porque -de manera muy conveniente- de nuevo evita la asunción de responsabilidades al  trasladarlas a otros culpables, que por suerte  están fuera y con un poco de suerte ni se enteran. Puede ser muy reconfortante, especialmente para los gobernantes que por cierto todavía no han asumido en carne propia ningún tipo de sacrificio. Y puede ayudar a vender muchos periódicos y a ganar en audiencia.  Pero sólo contribuye a exaltar los ánimos, a que no se tomen las medidas necesarias ni se acepten sacrificios, a que se retrase lo inevitable, y a un mayor deterioro, absolutamente inútil, del clima social y económico. Ya sabemos dónde le ha llevado todo eso a Grecia.

 

El que nuestros nacionalismos regionales, tan aficionados a deformar la realidad, recurran con tanta frecuencia a estos trucos debería ponernos en alerta ante ellos. Las responsabilidades de esta situación hay que buscarlas dentro, no fuera. Por eso es muy recomendable este artículo publicado recientemente en El País por algunos de nuestros amigos de FEDEA.

 

Nosotros también creemos que por debajo de esta España oficialista y chillona del «Gibraltar español» existe una España madura, responsable, de buenos, serios y honestos profesionales. Por eso estamos aquí y escribimos lo que escribimos.  Sería conveniente que todos diésemos un paso al frente para demostrar que existimos y que contamos, y mucho, para el futuro de este país.

 

Y no, señores del Gobierno y señor Presidente del Gobierno, no han hecho ustedes bien los deberes. Puede que en la sede del PP y en el Parlamento le digan eso, es el problema que tiene estar rodeado de aduladores y de gente que no quiere decirle la verdad, y eso durante tantos años. Que al final no la saben decir o simplemente ya no saben cual es. Aquì tienen las propuestas de la CE sobre el Plan presentado por España, digamos que esta esta es la nota  que les han puesto. Y les aseguro que a nosotros nos parece que les están corrigiendo con mucho afecto, vamos que la profe les tiene enchufe. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2012_spain_es.pdf

 

Lo que nosotros pensamos que hay que hacer lo hemos escrito en numerosos posts a lo largo de este año y medio  que llevamos con el blog. Nuestros amigos de Nada es Gratis llevan todavía mucho más tiempo. Y algunos pequeños partidos lo llevan en su programa electoral. Vale, también lo llevaba el PP, al menos en parte, pero resulta que el programa electoral que se elabora para salir de una crisis luego cuando la crisis arrecia es papel mojado.

Pero por resumir, acudiremos a los ya famosos 25 puntos del profesor Xala i Martín. http://financialred.com/25-propuestas-para-salir-de-la-crisis-de-xavier-xala-i-marti/

 

Buen fin de semana a todos

 

 

Un soneto a la crisis

Mi querido amigo y esporádico comentarista de este blog, el Fénix de los Ingenuos, me acaba de remitir este soneto (con hipervínculos) dedicado a la crisis por la que atravesamos que, por cierto, me resulta vagamente familiar. No cabe duda de que en estos tiempos de zozobra la poesía tiene la virtud, no sólo de proporcionarnos el consuelo por el que claman nuestras almas atribuladas, sino de recordarnos que siempre hemos sido gobernados (con nuestro cómplice consentimiento) por genuinos irresponsables.

 

Soneto a la crisis

 

 

Miré los muros de la patria mía

de Roses a Gata enladrillada

a golpe de especulación tasada

por públicas Cajas, cual obra pía.

 

Salime al campo, vi que el Plan comía

terrenos como fiera desatada

lucrando a la política instalada

y a su clientela agradecida.

 

Entré en mi casa: vi que, ejecutada,

de mi fiel Banco eran sus despojos

(y aun así le adeudaba una gran parte).

 

Vencida de la edad sentí mi espalda

cargada de gorrones y de enojos,

viejo ya para emigrar a Marte.