No es país para energías renovables

 Hubo un tiempo, que ahora parece lejano pero constituye el pasado inmediato, con la crisis presente pero todavía ignorada, en que las energías renovables se sugerían como uno de los objetivos principales en el desarrollo económico.

 

Así, como consecuencia de la nueva Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril, sobre el fomento de las energías renovables, el agotamiento del Plan de Fomento de las Energías Renovables 2005-2010 y la Ley de Economía Sostenible (que se ha visto no alcanzó a sostener mucho), se pretendía dar un nuevo impulso a las renovables.

 

De este modo, la mencionada Directiva fijó los objetivos vinculantes nacionales y el establecimiento de planes de seguimiento, consolidó el principio de subsidiaridad de los Estados Miembros para que puedan elegir sus sistemas de apoyo, propuso la simplificación administrativa de las autorizaciones, incorporó criterios de acceso a la red eléctrica, promulgó un sistema de garantía de origen que aporta una mayor transparencia al consumidor de electricidad e incluyó varios mecanismos de cooperación entre países o de flexibilidad para facilitar el cumplimiento de los objetivos de cada país en el año 2010.

 

En esta línea, la Ley de Economía Sostenible estableció un objetivo nacional mínimo de participación de las energías renovables en el consumo de energía final bruto del 20 por ciento en 2020.

 

Pero, enseguida llegaron los recortes, a través de disposiciones como el Real Decreto 1003/2010, de 5 de agosto, por el que se regula la liquidación de la prima equivalente a las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica en régimen especial, conforme al cual para tener derecho al cobro de la tarifa regulada o prima equivalente, es necesario que las instalaciones solares fotovoltaicas acrediten, incluso con carácter retroactivo, que a fecha 30 de septiembre de 2008 tenían todos los equipos y conexiones necesarios para despachar a la red la totalidad de la potencia instalada, con una interpretación y aplicación de la norma en vía administrativa muy discutible; el Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial; el Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar termoeléctrica y eólica, incluyendo la limitación de las horas equivalentes de funcionamiento con derecho a prima equivalente o prima; y el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
En suma, las primas se recortan o incluso se suprimen con regímenes retroactivos, y hasta se frustran los proyectos en curso, acaso con importantes inversiones e incluso expropiaciones por causa de utilidad pública cuyo justiprecio abona el inversor, pero pendientes todavía de una preasignación que se aplaza sine die.



Este panorama plantea problemas de la retroactividad de las normas y, sobre todo, de seguridad jurídica, que, aun cuando no pueda erigirse en valor absoluto, pues ello daría lugar a la congelación o petrificación del ordenamiento jurídico existente (STC 126/1987), ni deba entenderse tampoco como un derecho de los ciudadanos a la conservación de un determinado régimen (STC 27/1981), sí protege, en cambio, la confianza de los ciudadanos, que ajustan su conducta económica a la legislación vigente, frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles, ya que la retroactividad posible de las normas nunca puede trascender la interdicción de la arbitrariedad (STC 150/1990).

 

La respuesta de la Jurisprudencia es desalentadora. El Tribunal Supremo (ver noticia) ha desestimado una demanda de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anper) en contra del Real Decreto 1565/2010 y, en concreto, de la limitación a 30 años en el tiempo durante el que las instalaciones fotovoltaicas tienen derecho a recibir las primas recogidas en la tarifa regulada, que no daña un principio de “rentabilidad razonable”  pues “no se demuestra que la rentabilidad razonable de las inversiones padezca por la limitación temporal objeto de litigio”. (recurso a la falta de acreditación muy socorrido en las sentencias cuando faltan otros argumentos), aparte de que siempre les queda el precio de mercado (olvidando la realidad de las inversiones, con una base esencial en el régimen primado), ni tampoco se consideran infringidos los citados principios de seguridad jurídica y confianza legítima así como los de igualdad y proporcionalidad de la actuación administrativa, sobre la base (a la que no falta razón pero que no puede aplicarse de forma maximalista) de que los titulares de las instalaciones fotovoltaicas no tienen un “derecho inmodificable” a que se mantenga inalterado el régimen económico que regula sus retribuciones. Además, el Supremo echa en cara a los inversores que han evitado el riesgo empresarial al beneficiarse de un régimen primado (como si eso les pusiera en peor posición, jurídica o moral, algo que parece absolutamente fuera de lugar).

 

La manipulación del LIBOR o el Porky feroz

Las noticias aparecidas en la prensa sobre la manipulación del Libor no han salido en primera plana, como parecería que les corresponde, y considero que la cosa es de tal magnitud que merece al menos un minipost informativo.

 

Parece ser que no solo los PIGS cuecen habas y que hay en los países del norte algún que otro Porky feroz, menos tierno pero más malicioso. La noticia, del  miércoles de la semana pasada, es que el Barclays reveló que iba a pagar el equivalente de 290 millones de libras (360 millones de euros) para zanjar de manera amistosa la investigación de los reguladores británicos y estadounidenses en un caso de manipulación de las tasas interbancarias británica Líbor y europea Euríbor entre 2005 y 2009. Ver aquí.

 

La cosa se complica porque existe un documento interno de la entidad del 2008 en el que se señalaba que un alto ejecutivo había dado a entender que el Banco de Inglaterra y el Gobierno podrían aprobar que Barclays diera estimaciones artificialmente bajas de sus costos para pedir dinero prestado, en el punto más álgido de la crisis bancaria, para evitar dar la impresión de que las entidades financieras británicas estaban en problemas. Esas estimaciones son usadas para establecer la London Interbank Offered Rate, o tasa Libor, un referente global que respalda transacciones financieras valoradas en unos 360 billones de dólares. Fuentes financieras indican que este tipo de manipulación con el Libor era conocida en mercado. Este tipo interbancario, calculado mediante criterios fijados por 16 aportantes como máximo, se ha visto manipulado en función de los intereses de las entidades, todas del mismo sesgo. Cuando querían tomar dinero lo rebajaban, para financiarse barato y cuando querían prestar lo elevaban, para ganar más. Esta homogeneidad no ocurre con el Euribor, donde hay 44 entidades de países como Austria, Finlandia, Italia, Holanda o España. Ver aquí.

 

Ahora, eso sí, los Porkys son más diligentes que nosotros porque de momento ya se han producido unas cuantas dimisiones (presidente del banco, consejero delegado y director de operaciones). Especialmente interesante es la del consejero delegado, Bob Diamond (el mismo que hace un año dijo desafiante que “debía terminar el periodo de remordimiento y contrición de los bancos”), que, el pobre, se ha enterado hace solo un mes de todo este escándalo (culpa a los traders), pero que ha dimitido por su bondad y dignidad intrínseca. Sin duda por ello Moody’s ha rebajado la calificación del banco “ante la creciente preocupación por las dimisiones de varios directivos”, según dice la prensa. Es que son imprescindibles, ya saben, y eso las agencias de calificación lo notan enseguida.

 

Además, parece que los diputados británicos deben pronunciarse el jueves (hoy) sobre una moción presentada por la oposición laborista para crear una comisión de investigación presidida por un juez similar a la llamada ‘comisión Leveson’ sobre las prácticas de la prensa a raíz del escándalo de las escuchas telefónicas en el desaparecido News of the World. Y esto aquí no hemos sido capaces de hacerlo con el caso Bankia.

 

Bueno, me parece muy bien la multa, las dimisiones y las comisiones, allá los Porkys con sus problemas. Pero la verdad es que se te pone la mosca detrás de la oreja sobre si esto no nos afectará también a nosotros, y así me lo ha hecho ver un tuitero en mi twitter personal (@ignaciogoma): ¿cómo se calcula el euribor? ¿ha variado la forma de cálculo respecto al mibor? ¿En este escándalo está implicado también el euribor? La OCU, siempre al quite (no sé si con mucho criterio), ya se ha adelantado.

 

Pero sí será interesante saber si con estas manipulaciones hemos pagado de más en muestras hipotecas y préstamos y estos anglosajones tan cumplidores están dispuestos a devolvernos la diferencia.

 

That’s all, folks.

 

La Carta Abierta al Presidente del Gobierno por la Reconversión del Estado.

En este blog han sido innumerables los llamamientos que muy diversos autores han hecho para una mayor madurez y la consiguiente participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. Como dijo Napoleón respecto a la guerra y los generales, las cuestiones de interés general son demasiado importantes para dejarlas totalmente en manos de los políticos. Esta regla general se hace especialmente necesaria en momentos críticos de profunda crisis económica e institucional, como le ocurre ahora a España. Máxime cuando la clase política se está configurando como una oligarquía demasiadas veces más atenta a sus propios intereses que a los de la nación, y por ello renuente a cualquier reforma que pudiera cuestionar su estatus dentro del sistema.

 

Este mismo domingo, Elisa de la Nuez, recogiendo también ideas de Alberto Gil, nos daba algunas pistas sobre iniciativas que se podrían desarrollar, y los instrumentos a utilizar. Una iniciativa de ese tipo es la que está desde hace pocos días en la red, la carta abierta al Presidente del Gobierno para una Reconversión del Estado (www.reconversion.es), promovida por  varias importantes personalidades de muy diferentes ideologías, y para la que se solicitan adhesiones individuales.

 

Se puede o no estar de acuerdo con el contenido. Pero lo que no es de recibo es ese manto de silencio que, a pesar de la relevancia de los promotores, la mayoría de los medios de comunicación han echado sobre esta iniciativa.

 

Que una clase política partitocrática con tendencia al autismo y a una miope defensa de su condición haya recibido la iniciativa con hostilidad, incluso a veces sobreactuada  puede ser comprensible. Pero que además se ejerzan presiones sobre los medios para que ejerzan esa especie de censura  consistente es el ostracismo informativo resulta intolerable.

 

Esta misma semana Ramón Marcos nos hablaba de la excesiva dependencia entre Administración y empresas, y cómo ganarse apoyos políticos era una práctica habitual para hacer negocios. No queremos pensar que esto les esté ocurriendo también a algunos medios que están pasando apuros económicos, máxime con tanto banco nacionalizado al que se puede acudir en busca de crédito.

 

Tales presiones, sin embargo, no van a ser suficientes. Si en otros tiempos las diversas formas de censura se burlaban con publicaciones clandestinas, ahora este bloqueo se va a eludir con esas potentes armas que las nuevas tecnologías han puesto al alcance casi de cualquiera. Efectivamente, parece que contra viento y marea las adhesiones al manifiesto, gracias a internet y a las redes sociales, continúan de forma creciente.

 

Hoy, no sin advertir que, aunque no he tenido nada que ver con su génesis, yo sí he expresado mi adhesión, me voy a permitir el invitarles a leer el manifiesto. Y, si y solo si están conformes con su exposición y objetivos, les pido también que se adhieran. E incluso, aunque no estuvieran de acuerdo, y como forma de rebeldía social frente a este intento de manipulación del poder político y de los medios a él sumisos, les voy además a sugerir que lo difundan.

 

No falta quien manifiesta reservas por antipatías personales con alguno de los promotores. Frente a ese argumento, creo que lo importante es el contenido y los fines declarados. Otros han aludido al hecho de que entre los promotores hay personas que han formado parte de ese establishment que tan a la defensiva está reaccionando. Pero yo creo que es precisamente la existencia de tales disidentes la mejor prueba de la necesidad de las reformas que se proponen. Sin duda ese elemento “quintacolumnista” puede ser determinante para el éxito de la iniciativa.

 

Como nos ha recordado esta semana Fernando Savater  citando a Paolo Flores d’Arcais, “la ciudadanía no es un derecho adquirido en el que reposar, sino una permanente exigencia de militancia… lo cual contraviene nuestros tiempos abúlicos, en los que muchos despotrican pero pocos están dispuestos a sacrificar algo de su comodidad en informarse a fondo y reunirse con otros para reivindicar los cambios necesarios”.

 

Es preciso que la decepción e incluso la legítima indignación de tantos ciudadanos no les lleve a un fatalismo resignado, sino que pueda traducirse en acciones colectivas, como la referida en este post, que tengan una posibilidad de influir de verdad. Como decía el artículo de Francisco Sosa Wagner publicado también esta semana en El Mundo, que los pocos solistas que hoy tararean se conviertan en un coro que inunde el escenario.

Inauguración del “Centro de Información Estadística del Notariado” (CIEN)

Ayer día 3 de julio, se presentó y puso en marcha el nuevo portal estadístico del notariado, que recoge todos los datos estadísticos derivados de los documentos notariales, desde 2007.  Ver la nota de prensa y más información sobre el acto

 

Para acceder al portal pinche aquí.

 

Todos los notarios de España, cada 15 días, envían un índice electrónico, firmado con su certificado de firma electrónica reconocida, al Consejo General del Notariado, en el que recogen toda la información procedente de sus documentos públicos (escrituras, actas, pólizas, testimonios), y de los negocios en ellos contenidos (compras, préstamos, hipotecas testamentos, poderes, créditos, constitución y extinción de sociedades, requerimientos, etc).

 

Esta información es de un alto interés para analizar la evolución de una parte de la economía, y hasta nuestros amigos de Nada es Gratis van a utilizar este portal para desarrollar un concurso de análisis (ver el post del día 2 de julio).

 

 

La proyectada limitación de pagos en efectivo.

El Gobierno ha remitido a las Cortes un proyecto de ley de medidas contra el fraude . Hoy me ocuparé de la más llamativa de ellas, la que encabeza la nota de prensa del Ministerio de Hacienda  informando del evento: la limitación de pagos en efectivo, que se incluye en el artículo 6 del proyecto.

 

Desde que se reguló en España el acceso de la Inspección tributaria a los movimientos de cuentas bancarias, prácticamente la totalidad del “dinero negro” se moviliza mediante pagos en efectivo metálico, lo que ha hecho recaer sobre ellos la permanente sombra de la sospecha de fraude fiscal.

 

Pero eso no legitima, ipso facto, la restricción de un derecho,  el de elegir los medios de pago de las obligaciones, que pueden estar relacionadas con cierto ámbito de privacidad (¿no puedo pagar a alguien sin que se entere mi banco?). Se hallan aquí en conflicto dos bienes jurídicos protegibles, el de la correcta aplicación del sistema tributario y el de la intimidad de los ciudadanos, lo que exige una cierta mesura legislativa. La nota de prensa aduce simplemente que se ha hecho lo mismo en Francia e Italia. Pero, a sensu contrario, otros países como Alemania, Austria u Holanda, no tienen establecida tal limitación de pago en efectivo, siendo, sin embargo, su fraude fiscal mucho menor que el de los países de referencia, especialmente Italia. Pero las dudas se hacen aún mayores cuando nos adentramos en la lectura del texto

 

La prohibición de pagos en efectivo sólo afectará a ciertos supuestos acotados por: a) un límite cuantitativo (superar 2.500 euros) y b) un requisito subjetivo (que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional). El límite cuantitativo plantea problemas, pues no siempre va a ser fácil determinar cuándo estamos ante un pago único o ante pagos fraccionados (que deberían acumularse para establecer si opera el límite) de un mismo servicio o entrega de bienes. Así, por ejemplo, en un contrato de alquiler, ¿se trata del importe mensual, del importe anual o de toda la duración del contrato?

 

El segundo requisito plantea la dificultad (imposibilidad incluso: tendremos que fiarnos de lo que nos diga la otra parte de la transacción) de conocer no sólo si es empresario o profesional, sino de si actúa o no en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional (ese piso que me venden, ¿se utilizaba o no como despacho profesional?).

 

El texto adquiere tintes kafkianos cuando establece que “los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes de pago durante el plazo de cinco años desde la fecha del pago, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo”. Es decir, parece querer invertirse la carga de la prueba ante la Hacienda Pública, si ésta lo pide, en vez de ser, a la inversa, la Hacienda quien deba probar que el pago se hizo en efectivo; inversión evidentemente inaceptable por ir contra la presunción de inocencia.

 

La sanción será del 25% del importe del pago en efectivo. Pero el texto del proyecto presenta importantes deficiencias que violan nuevamente los principios del Derecho sancionador. Siendo infractor tanto el que pague como el que cobre, además “tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga”. Es decir, que si uno paga en efectivo una cantidad superior a la autorizada, no sólo comete una infracción sancionable con el 25%, sino que responde solidariamente, es decir, sin previa declaración de fallido del responsable principal, también de la sanción de quien cobró dicho efectivo. La Hacienda está facultada para ejercitar la acción de cobro sobre cualquiera de ambos, pudiendo llegar a tener que pagar uno solo de ellos un 50%. Esto, en mi opinión, claramente viola el principio non bis in idem, pues recibiría una doble sanción por una sola acción punible.

 

Finalmente, el proyecto regula la delación, exonerando de “responsabilidad por la infracción” a la parte que denuncie a la otra ante la Hacienda, en los tres meses siguientes a la operación. El denunciante sigue siendo infractor, pero se le exime de “responsabilidad”, pasando ésta íntegramente al denunciado pues, como queda dicho es responsable solidario. Parece que el denunciado correrá a cargo de las dos sanciones del 25%, una como infractor y la otra como responsable, ya que el infractor de ésta queda impune al haber denunciado los hechos.

 

La regulación de la delación presenta también grandes obstáculos prácticos. Teniendo en cuenta que el supuesto de hecho consiste en un pago en efectivo que, por su propia naturaleza, no deja rastro documental, la única prueba será el propio testimonio del denunciante. Si el denunciado niega el hecho que se le imputa, será prácticamente imposible probar la infracción, que quedará impune. Sin embargo, una denuncia falsa bien puede servir al denunciante, a su vez, para blanquear ciertas cantidades de efectivo.

 

En resumidas cuentas, se establecen unas severas limitaciones y prohibiciones a los ciudadanos respecto a su libertad e intimidad y, a cambio, no está claro el resultado efectivo de la medida en la lucha contra el fraude fiscal que, personalmente, me parece que va a ser muy poco. En lugar de actuar sobre las raíces del problema, la moralidad pública y privada de nuestra sociedad, se actúa intentando reprimir los síntomas y utilizando la sospecha y desconfianza de unos ciudadanos con respecto a otros.

Ritos y Susurros. El vascuence en la Universidad del País Vasco.

La noticia de la propuesta de modificación del Plan Director del Euskara en la Universidad pública vasca (UPV) ha sorprendido con diversas medidas. Se propone señalar con un distintivo a los docentes que dominen esta lengua vascuence (¿en forma de medalla por méritos a la patria?), se “ordena” que todas las comunicaciones, e incluso conversaciones habituales entre los trabajadores, se desarrollen preferentemente en esa lengua, y se quiere introducir la figura del “susurrante”, especie de traductor simultáneo de andar por casa para ayudar (¿y señalar?) a los que, descarriados recalcitrantes, no puedan entender la lengua vasca por sí solos. Tal vez de susurrar se pase luego a regañar, o incluso a multar.

 

La cosa sorprende aún más cuando nos enteramos de que, a pesar de todos los esfuerzos de discriminación positiva en favor de los vascoparlantes, nada menos que un 55 % de los docentes, es decir una mayoría de ellos, no puede comunicarse en vascuence. Y eso según estadísticas oficiales, siempre sospechosas dado que declarar tal falta de habilidad hace años que se ha convertido en algo vergonzante.

 

Para entender cómo normativas como éstas son aprobadas y aceptadas por sus destinatarios en diversos sectores de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), me van a permitir hoy una breve excursión metajurídica, para tratar de explicar, de forma necesariamente rudimentaria en estas breves líneas, cuál es el sustrato ideológico y social que produce tales frutos. Tengo para ello algún título, pues he vivido, disfrutado y trabajado muchos años en Guipúzcoa. Aunque ello no excluya el subjetivismo de mi percepción.

 

Una de las cosas que me sorprendieron cuando llegué fue la idea tantas veces repetida, casi como una consigna, de estar en un proceso de “construcción” del país. En ese concepto participaban los partidos nacionalistas, con diversas denominaciones del objeto a construir (nación, Euskalherria, Euskadi, etc), pero también los socialistas. Seguidismo que éstos hacen también en otras materias, tal vez por la confusión (que se resiste a desaparecer) de querer ver una aureola de progresía en todo nacionalismo (excepto el español, claro), o quizá por la también errónea creencia de que para llegar a ocupar una posición de centralidad en la región (empeño nunca logrado por el PSE) es más útil mimetizarse con los adversarios predominantes que desarrollar un discurso diferente y coherente.

 

Si oyéramos a alguien hablar de la “construcción de Madrid”, por ejemplo, uno pensaría en las innumerables obras públicas de Gallardón, que tanto han costado a las arcas de la Villa y Corte. Pero allí ese empeño “arquitectónico” tiene un significado diferente. Como en todo nacionalismo hay una raíz totalitaria, de lo que se trata ya no es de que el poder político dirija a la sociedad para que ésta pueda obtener los mejores servicios públicos, y mejorar su progreso económico. De lo que se trata es de transformarla, de que se vaya pareciendo cada vez más a un determinado modelo ideal, por supuesto fuertemente condicionado por esa ideología mítica. En definitiva, de lo que se trata básicamente no es de adaptarse a la sociedad, sino de adaptar ésta a lo que “debe de ser” según el ideario nacionalista.

 

De ahí ese otro término, tan caro al ideario nacionalista, y que también tiene un significado diferente al usual en otras latitudes: la “normalización”. La misma no supone un regreso o “descenso” a lo normal, a lo que en otros sitios se entiende como cotidiano, sino, muy al contrario, un “ascenso” hacia ese modelo ideal del imaginario nacionalista. Con martillo y cincel en mano, el líder nacionalista arrancará de la roca las partes sobrantes, hasta que su escultura vaya tomando la forma que debe tener. Eso es el proceso de “normalización”.

 

Por supuesto, uno de los campos en que esa normalización es más necesaria es el de la lengua. Si tan solo un tercio de la población es capaz de expresarse correctamente en vascuence, sin que por cierto se encuentren entre ellos gran parte de los políticos incluso nacionalistas, en su explicación ello no ha sido por un proceso histórico y cultural natural, sin perjuicio de la ayuda de las políticas dictatoriales en concretos periodos históricos. La lengua vasca, en ese imaginario nacionalista, no es una lengua “minoritaria”, sino “minorizada” por una persecución histórica que ha de ser reparada. Si, con muy pocas excepciones, a lo largo de los últimos siglos ha sido esencialmente una lengua popular y rústica, no cultivada por la burguesía urbana, eso se debería a que la opresión de “el enemigo” ha llevado a ésta a la traición a este pilar de la nación.

 

Esa reparación y restablecimiento de lo que, a pesar de su carácter minoritario, debe considerarse como la lengua nacional, en contraposición a la enemiga, justifica todo un despliegue de políticas públicas.

 

No es preciso describir aquí el grado de hegemonía que el nacionalismo ha alcanzado en la región a través de diversos instrumentos, entre los cuales el terror y la coacción no han tenido una importancia menor. Una de las consecuencias ha sido la imposición a la generalidad de la población de algunos de los símbolos (bandera e himno entre ellos) que en origen tuvieron un carácter partidista. El vascuence es también un tótem sagrado, al que todos deben devoción, y al que hay que rendir honores en diversas ceremonias, en las que encontramos eso que algunos han descrito como una transferencia de sacralidad hacia esos elementos profanos, en una sociedad en la que el proceso de secularización ha sido especialmente rápido e intenso. No escasean, por ejemplo, los discursos públicos en vasco, frecuentemente pronunciados por alguien que maneja torpemente esa lengua, dirigidos a pacientes grupos ciudadanos que mayoritariamente no la entienden. De lo que se trata es de cumplir con la ofrenda y aparentar normalidad. Matías Múgica, con agudeza, lo ha comparado a esos largos requerimientos que Hernán Cortés dirigía en castellano a indios que no le entendían, para explicarles por qué tenía derecho a conquistarlos.

 

Esa sacralidad dota a la lengua, y a las políticas de apoyo a la misma, de un manto de inmunidad, entre otros atributos. Incluso su denominación correcta en castellano, “vascuence”, que yo siempre utilizo (fuera y dentro de la CAV) se ha vuelto políticamente incorrecta. Lo correcto es precisamente lo incorrecto, es decir, referirse a ella en su nombre vasco cuando se habla en castellano.

 

En ningún lugar puedes ver publicada la idea de que no debe haber políticas lingüísticas públicas, que las personas deben poder expresarse en la que quieran, y que la composición lingüística de la población debe dejarse al resultado de una libre evolución. Esa es una idea tabú y subversiva, y su debate sería perseguido como delito de lesa patria. Sería como predicar contra el Corán en el corazón de la Medina. Todo lo cual no impide, por cierto, que la mayoría de la población, tras mostrar los habituales ritos de respeto, hagan caso omiso a las campañas y se sigan comunicando en la “lengua opresora” sin que las autoridades puedan hacer nada contra ello. Al cabo, es una sociedad al menos formalmente democrática.

 

Sin embargo hay dos ámbitos en que el nacionalismo sí ha podido desplegar su fuerza coactiva para la imposición del vascuence: el educativo y la Administración pública. Como ha señalado Múgica, la enseñanza  siempre es el escenario preferido del reformador social. Los escolares y estudiantes, en efecto, no pueden salir corriendo cuando asoma el reformador, como tienen por costumbre los adultos. Lo que les deja a merced de cualquier experimento sin que haya que pedirles permiso.

 

Las diversas administraciones controladas por ellos han puesto también como requisito casi imprescindible de entrada a la función pública el dominio del vasco. Incluso para desarrollar actividades para las cuales éste no es útil en absoluto. Sin duda que eso no deja de tener influencia en la calidad de los servicios ofrecidos. Como pasa con cualquier discriminación  positiva basada en motivos ideológicos en las que tales requerimientos se anteponen al mérito y habilidades para el puesto. También aquí la inmunidad consigue que estas políticas de ofertas de trabajo público hayan sido suficientemente cuestionadas. Como señaló Múgica, si admitimos esta forma de torcer la voluntad social, podría contarse también el euskera como mérito para la adjudicación de viviendas públicas o cosas similares. ¿Cuál es la diferencia?

 

En la UPV confluyen ambos campos: educativo y función pública. Es verdad que en ella no se ha podido imponer hasta ahora una política lingüística tan eficaz como la que han sufrido la educación primaria y secundaria. Y su cúpula, por supuesto nacionalista, ha debido decidir que es hora de dar nuevos pasos.

 

En realidad en esa Universidad ya venían desarrollándose desde hace muchos años intensas políticas de fomento del vascuence, pero con resultados que supongo que no deben dejar muy satisfechos a los profetas de la cosa. Con la lengua por bandera se han contratado como profesores a auténticos mendrugos, eso sí, perfectamente “normalizados”. Sin embargo, los cursos en la lengua sagrada no tienen, en general y con honrosas excepciones, lo que se dice mucho prestigio científico. En ellos los libros escasean casi tanto como el pensamiento crítico, y alumnos y profesores suelen rivalizar en su grado de intoxicación ideológica. Eso sí, con la ventaja de que, dada la escasez de gente que pueda analizar con fundamento los resultados científicos, las fechorías se quedan en casa.

 

En realidad lo mismo ocurre con otro sector muy relacionado con el universitario, también fuertemente subvencionado, y en el que ha encontrado acomodo mucha gente que lo tendría difícil fuera: la cultura en vascuence. Con unas cuantas excepciones, y como siempre ocurre con la cultura subsidiada, el resultado es tan extenso en producción como pobre en calidad.

 

No cabe duda de que los distintivos a los vascoparlantes y los susurros a los no alfabetizados (pues llamarles así, analfabetos, es una forma allí frecuente y tolerada de dirigirse a ellos) son nuevos instrumentos de imposición. Claro es que con todo ello puede llegar a producirse una huída de talento, una emigración lingüística (¿o política?) de alumnos y profesores. Pero eso, de verdad, en el fondo nunca ha preocupado al nacionalista puro. Una sociedad más homogénea es, en el fondo, su objetivo.

 

 

Esteban Peralta, liberado

 

A la noticia del merecidísimo triunfo de nuestra selección de fútbol en Ucrania añadimos hoy la alegría por la liberación del diplomático español Esteban Peralta, a cuya injusta retención ya nos habíamos referido aquí. Según informa la prensa, después de un mes de detención los cuatro enviados de la Corte Penal Internacional han sido liberados (ver aquí y aquí)

 A todos los que desde las redes sociales e internet habéis ayudado a que se tomara conciencia del caso, injustamente preterido por los medios escritos tradicionales, os queremos hoy dar las gracias.

Eurovegas, o cómo el dinero de nuestros bancos rescatados puede acabar en un casino

En los últimos días, estamos asistiendo a nuevas informaciones sobre el proyecto de Eurovegas –un complejo de casinos, hoteles y lugares de ocio- que el magnate norteamericano Sheldon Adelson dice querer construir en España. Aunque, al parecer, aún no lo tiene decidido. Un proyecto que promete grandes inversiones y creación de empleo, pero cuyo modelo de negocio no es evidente que vaya a triunfar en España. El cual, por otra parte, es por ahora poco transparente, salvo una única evidencia: la búsqueda del favor del poder político para su implantación.

 

Lo primero que llama la atención de estas informaciones es la agresividad con la que están compitiendo la Comunidad de Madrid y Cataluña por llevarse el proyecto. Una competitividad muy bien utilizada por los gestores de Las Vegas Sands para conseguir -en una carrera alocada entre ambas comunidades- favores para su proyecto. Favores que consisten en proporcionar terrenos bien situados y baratos, facilitar la construcción en ellos y realizar caras infraestructuras de transporte, etc. Además, siguen insistiendo en conseguir modificaciones legislativas para implantarse en España. Muchas de ellas, de normativa estatal, como la Ley del tabaco aprobada recientemente, que lógicamente nos vinculan a todos los ciudadanos. Por otra parte, quieren que la financiación de su iniciativa se haga en dos terceras partes por bancos; ellos sólo correrían con el riesgo de un tercio.

 

Pues bien, esta pugna pone de manifiesto gran parte de nuestros problemas políticos. Para empezar, la existencia de un sistema autonómico en el que la cooperación es la excepción y donde la competencia entre comunidades lleva a que cualquier tercero pueda jugar con ellas para sacar mejores condiciones para su proyecto, aun a costa del interés general, y sin que el Estado sea capaz de imponer un mínimo de racionalidad. También refleja la debilidad de ese Estado, que se ve sometido a la presión de los políticos regionales para cambiar Leyes estatales y dar satisfacción a sus intereses locales.

 

Lo que además revela la demagogia de nuestros gobernantes, dispuestos a suspender por intereses privados de cierta gente leyes democráticas de aplicación universal. Por otra parte, enseña que ganarse el favor político es un arma esencial para hacer negocios en España, lo que al final conduce a que se premien decisiones ineficientes frente a otras mejores, pero que no resultan tan espectaculares o tan convenientes políticamente. Y finalmente, indica la irracionalidad de nuestros gobernantes, dispuestos a apoyar aventuras en las que hasta dos tercios de la financiación deben correr a cargo de los mismos bancos que han tenido que ser rescatados con dinero público, y que se hundieron en parte por premiar intereses político-empresariales antes que proyectos empresariales solventes.

 

En el caso Eurovegas, no se trata de evitar que un determinado empresario invierta en España, se trata simplemente de exigir que si lo hace sea bajo las reglas comunes que deben respetar los demás empresarios y que el riesgo del negocio sea a su cargo y no al de los contribuyentes españoles. Algo bastante obvio. Algo que responde al principio de libertad de empresa, del que tanto hablan algunos, pero que tan poco ejercen. Algo que, por cierto, ya han puesto de manifiesto empresarios españoles, quienes según una noticia de El Confidencial dudan de su viabilidad financiera. Así que, si Adelson cree que hay negocio, que arriesgue su dinero.

 

En suma, el caso Eurovegas está poniendo de manifiesto nuevamente que nuestras instituciones no funcionan adecuadamente y que sólo una reforma decidida de ellas podrá evitar que sigamos bailando al compás de ilusionistas. Crecer, crear empleo, no es tarea sencilla. No podemos dejarnos llevar por la riqueza fácil. Normalmente, se acaba mal.

 

La hora de los valientes: siniestro total institucional y ciudadanos

Ahora que tenemos reciente los datos da última oleada del CIS de mayo de 2012,  e incluso las encargadas por medios nacionales, podemos decir que los españoles no solo estamos en estado de shock o crisis económica total, sino también en estado de shock o crisis institucional.

 

Nuestras instituciones, por diversos motivos que se han ido analizando en este blog y en otros muchos similares – y por supuesto también en otros medios- han dejado de funcionar. O por lo menos no nos sirven, tal y como están, para sacarnos de ésta. De ahí la sensación de desamparo y de irritación que cunde en la ciudadanía, que nos lleva incluso a pensar que mejor los hombres de negro de fuera que los nuestros, sea el que sea el color de sus trajes.

 

De la misma forma, se nos recuerda en muchos comentarios a nuestros posts (la mayoría etiquetados como “crisis económica e institucional” por cierto) y en comentarios personales a los editores que lo que decimos  está muy bien, que el diagnóstico está claro y es compartido, pero que damos pocas soluciones y no hacemos propuestas constructivas. Aunque creo que esta crítica resulta un poco injusta, porque sí que intentamos en la medida de nuestras posibilidades hacerlo, me temo que tampoco nosotros, desde este blog, podemos solos reconstituir nuestras instituciones y convertirlas como por arte de magia en lo que se supone que deberían ser, y lo que dicen nuestra Constitución y nuestras leyes que son. Porque –y hay que insistir en esto- a nuestras normas no les pasa nada. O mejor dicho, les pasa algo tremendo; que se han convertido en una Constitución y unas leyes de papel que pueden incumplirse, al menos por nuestro Gobierno y nuestras Administraciones  sin muchas consecuencias, más allá de los escasos y siempre excepcionales procedimientos penales para los casos más sangrantes.

 

También en mis (pocas) intervenciones públicas (en eventos  organizados con ocasión de la promulgación en un futuro cercano de la Ley de Transparencia , acceso a la información pública y buen gobierno en la que tanta confianza tiene depositada la ciudadanía)  la gente se anima a hacer preguntas del tipo ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿qué  puede hacer la sociedad civil? ¿Que podemos hacer todos y cada uno de nosotros si nuestra clase política, nuestras instituciones en general y nuestras Administraciones en particular se han convertido en parte del problema , preocupadas únicamente por su supervivencia y por el corto plazo, y por tanto  incapaces de salvarnos de nada? ¿Cómo exigirles transparencia si no nos la quieren dar? ¿Cómo evitar que se defiendan de nosotros? ¿Cómo conseguir que respondan a nuestros intereses y no a los suyos propios? Y así hasta que se acaba el tiempo.

 

Bueno,  pues se pueden hacer bastantes cosas, pero siempre que nos demos cuenta de que las instituciones somos nosotros. O dándole la vuelta a la frase, que las instituciones sin nosotros no son nada. Y que, con relativamente poco esfuerzo, poco tiempo y poco dinero. se las puede presionar para que empiecen a funcionar, aunque sea a trancas y barrancas, para vuelvan a ser como las definen nuestras leyes. Por eso soy muy poco partidaria de cambios normativos que aclaren cosas del tipo “El Tribunal de Cuentas debe controlar las cuentas de manera efectiva”,  “Los vocales del CGPJ no se pueden dedicar al turismo politico o al pasilleo” ,“los magistrados del TC tienen que ser independientes”, “las televisiones públicas no serán nunca más teles de partido” o “los parlamentarios españoles están para representar a los ciudadanos españoles, y sería conveniente que los plenos no parecieran el patio de un colegio, risitas y pataletas incluidas”.  Si ustedes tienen la santa paciencia de leerse las principales normas de nuestro ordenamiento jurídico que regulan nuestras principales instituciones coincidirán conmigo en que, más allá de una mejor o peor redacción (que también en eso han empeorado con el tiempo) nuestras instituciones, siempre sobre el papel, son más o menos homologables a las de nuestro entorno.

 

En definitiva, hay que molestarse un poco y hay que ser más valiente. Dos cosas a las que la sociedad española  no ha estado dispuesta hasta hace dos días. Pero es que si no las hace la sociedad civil, si no las hacemos nosotros, desengáñense, nadie, ni nuestros Gobiernos estatales o regionales de uno u otro signo, ni la troika, ni los mercados, ni los extraterrestres las van a hacer por nosotros. Nadie nos va a salvar de nosotros mismos, salvo nosotros mismos.

 

El otro día, en una estupenda conferencia en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, D. Victor Pérez- Diez dijo en voz alta algo que yo siempre he pensado: que la sociedad española es muy estoica, es decir, aguanta mucho, y también que tiene un fondo de sensatez y de decencia muy importante. Pues habrá que tirar de este fondo y de este estoicismo, aunque por culpa nuestra hayamos elegido tan mal a nuestras élites que parecen cualquier cosa menos élites, salvo en los privilegios que deberían ir asociados a las responsabilidades (vamos, que si un señor dispone por ejemplo de un avión porque es Presidente del Gobierno no es para actividades que no tengan nada que ver con su cargo).  Y no me refiero solo a los políticos, porque no sería justo. También hay que insistir en que para despertarse como sociedad civil, lo primero es reconocer las cosas que hemos hecho mal como sociedad civil, aunque no seamos los mayores responsables de este siniestro total institucional.

 

Vale, dirán ustedes, todo lo que dice esta señora está muy bien, pero esto ¿Cómo se hace?   Pues el otro día Alberto Gil en este post   daba algunas ideas que me parecen muy interesantes y que están al alcance de todos y cada uno de nosotros. Básicamente, consisten en poner en valor este estoicismo español,  soportando  los necesarios sacrificios que nos va a tocar hacer, pero también esta sensatez y esta decencia,  echándole valor y obligando a nuestros políticos y a nuestras instituciones a adecuarse a lo que dicen nuestras normas que son. Instituciones y políticos de una democracia avanzada, no de un estado bananero de cuarta.

 

Y aquí van algunas sugerencias en la linea de las señaladas por Alberto Gil:

 

a)      Si no nos dicen la verdad nuestros dirigentes o nuestros medios, podemos muy fácilmente informarnos en otro sitio. En la era de Internet incluso sin saber inglés (que es algo que ya deberíamos saber todos a estas alturas) esto es muy fácil. Pero deben de saber que no les creemos ya y  que nos interesa más lo que dice el FT, el WSJ o cualquier blog independiente que sus ruedas de prensa sin preguntas, con preguntas cómodas, o dadas en la intimidad de las sedes de los partidos políticos o en los patios de colegio en que se han convertido nuestros Parlamentos. Muchos de nuestros políticos y periodistas y hasta directores de periódicos están en las redes sociales, y aunque no gestionen ellos mismos sus perfiles (y algunos sí lo hacen) seguro que les llegan los twits o los “no me gusta” especialmente si se cuentan por miles y si tienen nombre y apellidos, es decir, no son anónimos.

 

b)      Siempre que pillemos a nuestros dirigentes o representantes o medios en medias verdades, renuncios, mentiras o directamente cuando digan tonterías sin ninguna base ni soporte documental ni técnico conocido (a lo que están desgraciadamente muy acostumbrados)  se les hace saber rápidamente. Por ejemplo, si alguien calcula así a ojo que una determinada política pública va a crear, no sé, 200.000 empleos pues se les pregunta o se les exige que aporten los informes o los documentos o lo que sea donde se contengan las estimaciones. O se les manda los documentos o los informes que lo desmientan. En fín, les vamos educando. Como he dicho antes, hagánse con una cuenta en twitter, por ejemplo, es facilísimo y permite convertir en “trending topic” asuntos como la querella de Bankia o que el Presidente del Gobierno no comparezca cuando su país sufre un “no rescate”. ¡Y vaya si los políticos y los medios reaccionan a la opinión púbica online! Y no digamos a las peticiones organizadas de la sociedad civil en temas que les afectan directamente. Recuerden que la dimisión de Divar, además del público en general y la opinión pública la pidieron las 4 asociaciones de jueces.

 

c)         Las críticas y denuncias que todos hacemos, cada uno en su entorno, en cafeterías y pasillos, las debemos hacer en voz alta y clara a nuestros jefes, con nuestro nombre y apellidos y DNI,  en todas las oportunidades que tengamos y por todos los medios a nuestro alcance Esto es fundamental. Si no, siempre podrán seguir viviendo con la ilusión de que nos parece bien lo que hacen y dicen hasta que llega la siguiente oleada del CIS.

 

d)       En la línea propuesta por Alberto Gil, no aceptemos cargos,  prebendas o recomendaciones que no nos correspondan por nuestro mérito y nuestra capacidad ya sea en el sector público o en el privado. Tampoco debemos pedirlos.

 

e)      Seamos serios en nuestro trabajo, el que tenga la suerte de tenerlo todavía, paguemos nuestras facturas en plazo, no hagamos trampas.

 

f)       Denunciemos las conductas irregulares, ilegales, inmorales y por supuesto delictivas que nos encontremos con nuestras firmas.

 

g)      Apoyemos a las personas –que las hay- que  defienden lo mismo que nosotros aunque formen parte de las instituciones, incluso si están dentro de un partido político o un sindicato o una organización empresarial. Valoremos la independencia y la honestidad, aunque crezcan en tierra hostil, y agradezcámoslo. Quien sabe, puede que cunda el ejemplo. Y necesitaremos aliados dentro de la fortaleza.

 

h)      Apoyemos a las asociaciones que ya existen y que empiezan a ejercer de sociedad civil o montamos una nosotros si no encontramos ninguna que nos guste. Es muy barato y sencillo.

 

i)        Participemos en las iniciativas que se promueven desde la sociedad civil que nos parezca que defienden nuestros intereses como sociedad –e incluso las iniciativas que se promueven desde dentro del sistema, si ayudan a cambiarlo- ya se trate de plantear o apoyar una petición   o  una querella ciudadana que se presenta en el caso, o la presentada por un partido político  de hacer crowfunding para ayudar a financiar una causa que nos convence, hacer una pregunta incómoda, pero necesaria, colaborar con información o con seguidores para tener información que permita controlar a nuestros representantes asesorando o ayudando técnicamente a quien lo necesite, organizando charlas, conferencias o seminarios, escribiendo documentos  o,  ya puestos a barrer para casa, escribir en este blog o en otros similares para ayudar a entender qué está pasando y proponer soluciones.

 

j)        Si  además pertenecemos o trabajamos en alguna de estas instituciones o entidades que ahora mismo se están desmoronando y no decimos ni hacemos nada sin duda tenemos una responsabilidad adicional sobre el resto de los ciudadanos, no nos engañemos. Nuestra obligación no es con los partidos o los jefes que estén en ese momento dirigiendo la institución, nuestra obligación es con la institución.  Ya sea uno empleado de Caja Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, inspector del Banco de España, periodista, auditor, técnico en la CNMV o trabaje en un Defensor del Menor autonómico o  funcionario raso. Debemos denunciar lo que está mal y proponer medidas para arreglarlo. Porque los que están dentro saben mejor que nadie que es lo que no funciona y como solucionarlo. Así, nosotros en el blog no sabemos arreglar la CNMV o una tele autonómica, pero mis coeditores tienen bastante claro como arreglar la DGRN.  Y yo, por ejemplo, si tengo una idea de lo que se podría hacer en materia de transparencia en España.

 

k)      Y claro, si uno es diputado, senador concejal, alcalde, diputado autonómico, etc, se tiene una responsabilidad muchísimo mayor. La responsabilidad no solo es con las instituciones, sino también con los ciudadanos españoles. Si ya sabemos que también está el partido, pero sinceramente, con la que está cayendo, por usar la famosa expresión del diputado Toni Cantó, lo suyo es denunciar en el partido las prácticas no correctas, los privilegios o directamente la corrupción. ¿Qué si se hace así no se vuelve a salir en la foto? Pues puede que como las cosas no cambien ya no haya ninguna foto en la que salir.

 

l)      Y por último, seamos siempre ciudadanos vigilantes, atentos, exigentes. No como hasta ahora. Hay que pedir siempre transparencia, información  de todo y sobre todo, explicaciones. Recuerden que en el caso de la información pública tenemos derecho a saberlo todo, la pagamos con nuestros impuestos. Pero también en el caso de las empresas privadas, si somos clientes o accionistas ¿por qué no exigirla? ¿Por qué no beneficiar a las empresas más transparentes frente a las que lo son menos? ¿Por qué no dejar de comprar ciertos productos o servicios porque no nos gustan las prácticas de las empresas que los prestan y se lo hacemos saber así? Si somos, con razón, sensibles a las empresas que contaminan o a las que emplean trabajo infantil ¿por qué no serlo con las empresas que contaminan nuestras instituciones o colocan a enchufados y tiran de “revolving doors”?

 

¿Qué hacer todo esto nos puede costar caro? Yo diría que no hacerlo ya nos ha costado pero que muy caro. ¿Qué no sirve para nada? Vaya que si sirve. Ya hemos hablado del caso Divar. O de la querella de Bankia. O de la comparecencia de Rajoy. Y tiene que haber más, muchos más.