La prohibición temporal de las posiciones a corto.

/10 Comentarios/en , /por

 

​El pasado lunes 23 de Julio la CNMV tomó la decisión de prohibir las operaciones a corto, con el propósito de frenar la caída de valores, protegiendo así al pequeño accionista. Se cortó de esta manera el desplome en picado de nuestro parqué que había perdido en poco más de una sesión casi el 7% de su capitalización, 34.600 millones de euros, cayendo el IBEX por debajo de los 5.900 puntos. Una debacle, vaya.

 

​A la medida se sumó también Italia, si bien con alcance reducido solo a los valores financieros, mientras que en nuestro caso se trata de una suspensión total, extensiva no solo a las acciones y su índices, sino también incluyendo el uso de derivados que supongan un incremento en términos netos de las posiciones cortas a la baja, esto es descontadas las apuestas alcistas sobre el mismo valor.

 

​Pero ¿qué son las operaciones a corto? ¿quienes son los bajistas?.

 

​Los inversores a corto son unos señores, no necesariamente de negro, con oficinas elegantemente ubicadas en las proximidades de la City londinense o de Wall Street, que operan a través de fondos de inversión específicos, los llamados Hedge Funds y que dominan la operativa a corto plazo, el llamadotrading, sobre la base por supuesto, de un exhaustivo conocimiento de lo que se llevan entre manos. Son opacos y solo quieren ganar dinero. No son ONGS.

 

​La operatoria a corto, comprar o vender en una misma sesión, una o varias veces incluso, no tiene nada que ver con la inversión tradicional, la del señor que adquiere un valor a medio o largo plazo previendo unos dividendos interesantes y también a lo mejor, una jugosa revalorización futura.

 

​Pero, a corto, las compras no provocan los mismos efectos que las ventas. Cuando se compra a corto los especuladores han escrutado la tendencia de los mercado mundiales -globalización-, las plazas asiáticas primero, Wall Street el día antes, las previsiones de los analistas; y si se ha cerrado con subidas, se lanzan a comprar a primerísima hora con el propósito de vender en seguida, en cuanto su objetivo de razonable beneficio se ha cubierto. Pero eso no le sienta mal a nadie: se trata de que la Bolsa sube, las compañías se ponen contentas y el Regulador y el Ministro de Economía…… pues también.

 

​Pero la especulación a la baja es mucho más traicionera. El especulador en este caso busca títulos que lo tengan feo, y ahí están las entidades financieras españolas a la cabeza. Hace falta también una capitalización del valor fácilmente manipulable (por eso Bankia se ha salvado bastante, con poca capitalización bursátil) y hace falta sobre todo que el pesimismo brille en todo su esplendor, y en eso aquí si que somos campeones del Mundo y de Europa.

​Y entonces los Hedge Funds saltan como depredadores sobre sus presas. Toman a préstamo títulos de la empresa indefensa, venden el valor al precio que tiene en ese momento y lo recompran a corto plazo, con el precio ya más bajo, para devolvérselos a aquel tercero que los prestó. Si el mercado está a la baja por su propia tendencia, el negocio sale redondo. Y la orientación bajista, que es la que interesa al especulador, se acentúa; y unos ganan y otros pierden. Pero la Bolsa es un juego de suma cero: lo que ganan unos es por culpa de los errores de otros, dicen los avispados ganadores.

 

​Pero la decisión de suspender la operatoria ¿tiene sentido? ¿resulta útil? Pues parece que de inmediato sí, pero sólo de inmediato. Se merma desde luego la liquidez del mercado, pero a corto plazo eso solo perjudica, a los brokers y sobre todo a la Sociedad de Bolsas y Mercados que vive de eso, de la operatoria bursátil.

 

​Así, en los días siguientes a la suspensión muchos valores financieros tipo Bankia, Sabadell, Popular o Bankinter, muy acosados por posiciones bajistas, pudieron recuperar algo el resuello; de la misma manera que respiraron otros, como Indra y Abengoa, que tenían cantidades próximas al 10% de su capital apresadas por los bajistas.

 

​Pero el efecto solo es temporal. Ya el año pasado en aquel terrible Ferragosto tomamos la misma decisión (sólo el sector financiero), junto con Francia, Italia y Bélgica, en una estrategia común que duró hasta Febrero. Y los efectos se vieron claros: se atajó la sangría bajista y los valores repuntaron un poco, pero más por razones técnicas de cierre de posiciones que por mejora real.

 

​Sin embargo en el medio plazo las tendencias vuelven a su sitio y, si pintan bastos en la economía, la Bolsa seguirá a la baja. Y en estos momentos las amenazas de rescate no contribuyen desde luego a darle alegría.

 

​Los analistas internacionales lo tienen claro: “las acciones bajan no porque haya un bajista detrás, sino porque no hay confianza en España”; “los desequilibrios macroeconómicos y la amenaza de intervención son de tal envergadura que España está sufriendo más por la huida de inversores a largo que por la especulación de los hedge funds”; “estas prohibiciones en muy raras ocasiones afectan a la tendencia última del mercado, que es bajista”.

 

​La vez pasada al levantar la primera suspensión, la volatilidad del mercado que se había reducido al 18%, se disparó en un 66%. Esa volatilidad¿hunde el precio? Pues no tiene por qué; lo que hunde el precio es facilitar esta volatilidad mediante operaciones a corto, cuando el mercado es bajista, y eso ya no es cosa de la Bolsa. La Bolsa a veces se acerca a un casino, pero solo de refilón. Porque no existe ninguna institución que refleje con mayor transparencia la situación económica y la percepción de los mercados, o sea de los inversores que buscan beneficios….. y seguridad. Y para eso es vital impulsar la liquidez y la liquidez se obtiene multiplicando la oferta, de títulos y de operatoria; y las operaciones a plazo son operatoria.

 

​Se dice que para los bajistas las malas noticias son en realidad buenas noticias. Y se dice también que a lo mejor el origen de tanta posición catastrofista a la baja no hay sino que buscarla en esos mecanismos Hedge Funds, especuladores profesionales como el mítico Soros que casi se carga la libra esterlina. Pero nadie lo tiene claro y nadie tiene la voluntad de atajarlo, en parte porque no se puede y en parte porque en nuestro mundo, la economía exige todo tipo de sacrificios humanos en aras de su sacrosanto principio de la libertad (que a veces conduce al libertinaje, claro).

Sobre IVA, exportaciones, servicios y balanza de pagos: las dos europas

/14 Comentarios/en /por

Ya desde los inicios de la Edad Moderna se observó la importancia para una nación de tener una Balanza de pagos por cuenta corriente positiva y lo pernicioso de los impuestos indirectos sobre el comercio exterior. La Balanza de pagos en sentido propio siempre está equilibrada pues para cada salida habrá una entrada y, para cada entrada, una salida. Hablamos de desequilibrios de la Balanza de pagos refiriéndonos exclusivamente a la Balanza por cuenta corriente: si importamos más de lo que exportamos, para cubrir ese déficit tienen que entrar más capitales de los que salen. La forma más simple será endeudarse con el exterior (entrada de capital) para cubrir el déficit de la Balanza de pagos por cuenta corriente.

 

Ese endeudamiento con el exterior, especialmente si supera ciertos límites prudenciales, es un síntoma de empobrecimiento del país y ese fue el principio doctrinal del mercantilismo, teoría económica predominante en los siglos XVI y XVII. Pero gran parte de esa idea sigue subsistente hoy en día y, por eso, son casi inexistentes en Derecho Tributario comparado los impuestos sobre las exportaciones y generalizados los que gravan las importaciones.

 

El sistema europeo de IVA presenta una asimetría entre el gravamen de los bienes y el de los servicios. La normativa establece como lugar de realización del hecho imponible, en el caso de entregas de bienes, donde éstos se ponen a disposición del adquirente, mientras que, en el caso de servicios, es el lugar donde se prestan éstos. Eso significa que si una empresa exporta electrodomésticos la entrega está exenta en el país de expedición de éstos, tributando en el país de destino. Sin embargo, una empresa hotelera girará el IVA en su propio país (donde se presta y se consume el servicio) con independencia de la nacionalidad del turista. Eso tiene efectos diferentes sobre la Balanza de pagos (endeudamiento con el exterior) de un país fabricante de bienes y de un país prestador de servicios.

 

En los comienzos del Mercado Común el IVA sobre el comercio entre los diferentes países miembros funcionaba igual que el del comercio con países terceros. Si Alemania exportaba un electrodoméstico a Italia, el fabricante alemán quedaba exento de IVA, pero pudiendo deducir íntegramente el IVA soportado por los inputs empleados en la fabricación: el bien se ubicaba en la frontera italiana sin carga impositiva indirecta alguna, tributando íntegramente en Italia. Conviene destacar que el sistema es muy diferente a lo que ocurre en un auténtico mercado único: si un fabricante de Albacete vende sus navajas a un minorista de Zaragoza, el fabricante albaceteño ingresa el IVA por la venta en la Delegación de Hacienda de Albacete, no en la de Zaragoza (en realidad se trata de la misma Hacienda).

 

Lo engorroso de la burocracia aduanera del antiguo sistema determinó que en 1992 se decidiera suprimir los ajustes de IVA en frontera en el tráfico intracomunitario de bienes. Pero no se implantó, como hubiera sido consistente con un auténtico mercado único, un sistema tipo Albacete/Zaragoza, sino lo que se denominó régimen de adquisiciones intracomunitaria de bienes. Se trata de que el fabricante alemán sigue estando exento de IVA (y con derecho a deducción plena del IVA soportado) en Alemania, y el comerciante importador italiano liquidará el IVA en Italia como “adquisición intracomunitaria de bienes”, IVA que podrá deducir después como IVA soportado. Se trataba, en principio, de un régimen transitorio, pues la idea era converger en un plazo de cuatro años hacia un auténtico mercado único; pero esa transitoriedad ya lleva 23 años y sin visos de desaparecer.

 

La Siemens o la Philips colocan en Grecia o España sus productos manufacturados en idénticas condiciones impositivas (abstracción hecha de posibles aranceles aduaneros) que una fábrica japonesa o canadiense. El IVA que grava ambos productos será el mismo, pues el importador español o griego liquidará el IVA por adquisición intracomunitaria en el primer caso y el IVA a la importación en el segundo, con idéntico tipo de gravamen. Pero, sin embargo, si el hotelero español ofrece su destino turístico al consumidor alemán u holandés lo hará al tipo de IVA de España, mientras que el hotelero dominicano, turco o italiano lo hará al tipo de imposición indirecta de su propio país, que será diferente al nuestro. Es decir: el nivel de los tipos de IVA no tiene efectos para la Balanza de pagos de los países productores y exportadores de bienes, pero es importantísimo para la Balanza de pagos de los países cuyas entradas de divisas y fondos del exterior dependen fundamentalmente de la prestación de servicios.

 

Se ha hecho notar que los países del Norte de Europa tienen unas cotizaciones sociales más bajas que las de España, y lo compensan con tipos superiores de IVA. Moderación en los costes laborales de producción que les permite competir en el mercado internacional con otros países fabricantes. Si en España se hiciera lo mismo, sustituir cotizaciones sociales por IVA, lo que sólo era un coste parcial del producto turístico se convertiría en un incremento directo del precio, con efectos demoledores sobre la competitividad de nuestra principal fuente de entrada de dinero foráneo.

 

Lamentablemente el Gobierno de España no parece haber tenido eso del todo en cuenta a la hora de sopesar los nuevos tipos de IVA que entrarán en vigor el próximo septiembre. El servicio hotelero pasará de estar gravado al 8% a estarlo al 10%; dos puntos adicionales que, intentando solucionar un problema (el déficit público) agravarán otro, el déficit de la Balanza de pagos por cuenta corriente, y, a medio plazo, el propio endeudamiento de España frente al exterior, el coste de la deuda (prima de riesgo) y, finalmente, el propio déficit público.

Antonio Jiménez Blanco o la dignidad de la política

/8 Comentarios/en , /por

Hoy la política parece haber quedado reducida a la tarea de un contable. Saber cuadrar el presupuesto como un simple administrador de fincas o un experto en contabilidad, parece bastar. Si es que al menos supieran cuadrarlo bien. Que ni eso, en demasiadas ocasiones.

 

Pero la política es mucho más. Vaya por delante mi respeto a los buenos contables. Pero siempre se ha tenido la imagen del contable como alguien gris, sin ilusión. Diligente con su trabajo, ordenadito, y poco más. Y efectivamente la política precisa de buenos contables, y de buenos juristas y diplomáticos e ingenieros. Pero más allá del funcionario cumplidor y prudentón, la política es liderazgo, ilusión, valentía. Sentido del honor, lealtad a los principios, generosidad, altura de miras y por tanto desinterés personal y partidista. Hombría de bien, arrojo, decisión.

 

Me viene a la memoria estos días un ejemplo simbólico de en qué consiste el ejercicio noble y verdadero de la política. Prudente cuando hay que serlo, pero valiente y decidido cuando el sentido de la responsabilidad y la lealtad a unos valores lo precisa. El caso de Antonio Jiménez Blanco, Presidente del Consejo de Estado al tiempo de los sucesos del 23-F.

 

Hasta poco antes del 23-F, Jiménez Blanco había sido presidente del grupo parlamentario de la UCD en el Congreso. Las luchas internas de ese partido, inducidas de manera singular por la ambición de Herrero de Miñón, propiciaron su salida de ese puesto. Y, para que ésta fuera menos amarga, Suárez le ofreció como premio de consolación el retiro en la presidencia del Consejo de Estado. Pues bien, ya ex diputado, nada más enterarse del intento de Golpe de Estado, se presentó de inmediato en el Congreso para estar juntos a sus antiguos compañeros diputados y correr la misma suerte que ellos (algo parecido hizo también don José Vida Soria, que en esos momentos sí era diputado, del PSOE, y pese a estar fuera del Congreso cuando se enteró de la noticia, pensó que su deber era acudir allí, pese a lo que pudiera pasar, y así lo hizo).

 

“Con más arrojo que prudencia”, dijo años después Herrero de Miñón, que había actuado don Antonio. Lo que para Jiménez Blanco era un ejercicio de lealtad (a los principios y valores democráticos), para Herrero una imprudencia. Cabe deducir que Herrero, en las mismas circunstancias, no habría hecho lo mismo que don Antonio. Lepoldo Calvo-Sotelo dejó bien reflejado en sus memorias que Miguel Herrero, además de un brillantísimo dialéctico, era un gran desleal. Y señalaba la importancia de la lealtad en política, más allá la formación intelectual de los que a ella se dedican. Pero ése es otro tema.

 

 

Hay políticos que nos intentan disfrazar la indecisión y la cobardía con el manto de la prudencia, como si fuéramos tontos. Hay quien puede ser un funcionario ejemplar, pero carece de arrrojo para estar en la primera línea de fuego política, y decide casi siempre tarde y mal. A la parálisis por el análisis, que dicen en la bolsa londinense. De tanto pensar y repensar y sopesar lo que debe hacerse, se te pasa la oportunidad de hacerlo a tiempo y debidamente. Y pese a tus buenas ideas, a tus sesudos análisis, acabas sufriendo en la práctica las consecuencias negativas de la indecisión, uno de los más graves males, como decía Burke. Y es que el político debe jugar con la variable tiempo, pero no en plan partidista, sino con sentido del Estado. Y ello, por ejemplo, supone no aplazar medidas necesarias para tu país porque tengas unas elecciones autonómicas cerca. Eso es dejación de funciones, falta de arrojo, corteza de miras, no velar por el interés general.

 

 

El político se distingue del funcionario en que debe li-de-rar. Dar la cara. Tomar la iniciativa. Y si las circunstancias son adversas, no delegar esa tarea en subalternos, sino al revés: crecerse. Cuando uno ve al Presidente del Gobierno salir por el aparcamiento del Congreso para escabullirse de los periodistas con el fin de no dar la cara  en un día de noticias adversas, lo que ve es a un funcionario en un puesto que le queda grande. Cuando se le ve con aspecto cariacontecido -con voz temblorosa y cara de cordero degollado- implorando comprensión ciudadana, y pidiendo perdón por adoptar unas medidas que considera necesarias y buenas para el país, se da cuenta de que no está a la altura de las circunstancias. No basta con saberse los temas para jugar a la dialéctica -gallega o no- con la oposición o con la prensa. Hay que tomar la iniciativa y la delantera a los problemas, incluso a riesgo de fracasar. Y eso, hasta ahora, no se ha hecho. Todas las medidas se han adoptado a rebufo de Bruselas, de Merkel o de la inquietud de los mercados.

Uno de los nuestros.

/29 Comentarios/en , , /por

En el diario El Mundo de hoy se ha publicado este artículo de nuestra editora Elisa de la Nuez, que reproducimos.

 

SI SE ACUERDAN ustedes de la magnífica película de Scorsese, entenderán el desconcierto y hasta el susto con que oí por primera vez pronunciar en un ambiente que yo creía entonces profesional y tranquilo (sucedió en una empresa pública en el año 2004 cuando llegó el PSOE al gobierno de) una curiosa pregunta referente un profesional de perfil técnico al que se quería nombrar para algún puesto directivo, de muy segundo nivel, por cierto. Literalmente la pregunta era: «Pero ese ¿es uno de los nuestros?». No me acuerdo de la contestación, seguramente porque me quedé prendida en la pregunta, tan sorprendente me pareció. Tampoco me acuerdo de a quién se refería, aunque sí recuerdo perfectamente quién la hizo, un profesional recién nombrado por el nuevo Gobierno para un cargo directivo relevante. Seguro que él no se acuerda, sería me imagino una pregunta casi de rutina.

Como es lógico, según me dijeron más tarde, este mismo directivo, cada vez más suelto, siguió ampliando el círculo de su investigación, haciendo esta misma pregunta, pero ya en relación con proveedores, contratistas, directivos de empresas públicas, directivos de empresas privadas, etc, etc, hasta abarcar al mundo mundial que se dividía, por arte y gracia del sectarismo, entre los afines al PSOE («los nuestros») y los afines a otros partidos. En este contexto, muchos técnicos y profesionales, funcionarios y no funcionarios, al ver lo sencillo que era este mundo en blanco y negro, optasen por revelarse (que no rebelarse) espontáneamente como «de los nuestros» aunque no se les conociera en años anteriores militancia o afinidad de ningún tipo, o incluso se les conociese, pero más bien de la otra parte. Por supuesto, caído el Gobierno del PSOE e incluso ya unos meses antes, estos mismos profesionales decían a quienes los quisieran oír que ellos siempre habían sido técnicos y que como tales habían ocupado sus cargos durante la etapa del PSOE, sin mancharse nunca las manos con nada que oliese a política. Los más caraduras aprovechaban para poner verdes a sus jefes caídos en desgracia y acercarse a los nuevos jefes que se esperaban. Bueno, nada que no pueda esperarse de las bajas pasiones humanas, dirán ustedes.

Pues no. Para embridar las bajas pasiones humanas se supone que tenemos leyes e instituciones. Y recuerden que estamos hablando del sector público y de instituciones, organismos y empresas que se paga con dinero de todos los contribuyentes, de los unos y de los otros. Por eso, a la vista de lo que ha pasado en España, podemos decir que vivimos una auténtica debacle institucional. Que no es sólo responsabilidad de los partidos políticos, aunque ciertamente ellos son los principales responsables.

Para entenderlo, hay que volver a la pregunta que -casi de forma intuitiva- me sorprendió y hasta me escandalizó un poco. ¿Saben por qué? Pues porque quien la hacía era un técnico y porque se refería a otro técnico. Entiendo que si los políticos hablan entre ellos, este tipo de preguntas es más compresible, aunque no sea un lenguaje muy elegante y haga pensar en la película de Scorsese. Hecha en ambientes profesionales, funcionariales o directamente técnicos creo que es para asustarse. Porque revela que hemos llegado a un punto en España en que el técnico o el profesional ya no es simplemente alguien al que se nombra o con el que se cuenta por sus capacidades y competencias profesionales, por su saber hacer, sino alguien cuya cualidad fundamental y más apreciable es la de la lealtad, lealtad que con una cierta facilidad degenera en puro servilismo. Especialmente si la ratio entre competencias profesionales y lealtad está un poco desajustada a favor de la segunda. Piensen que estamos siempre hablando además, de puestos o cargos directivos o no directivos que teóricamente al menos requieren inexcusablemente de una capacidad y solvencia técnica razonable.

PUES BIEN he recordado esta anécdota a raíz de otra conversación, esta de este año, donde se ha planteado la misma pregunta ahora con un Gobierno del PP y hecha de nuevo por un técnico (del PP) en referencia a otro técnico. Así que -como por otro lado nos dejan claro los últimos siete meses- aquí no ha cambiado nada en cuanto a la forma de seleccionar a los colaboradores técnicos que, eso sí, tienen por delante una tarea bastante más complicada que la que hubieran tenido en el año 2004. Coincidirán conmigo en que esto explica bastantes cosas que si no resultarían un tanto inexplicables. Eso sí, estos técnicos del PP tienen mejor curriculum, esto es indudable, pero esto no nos debe ocultar la realidad; no se les escoge por su trayectoria profesional, o por el número de matrículas de honor, por utilizar una expresión periodística, sino por su trayectoria de lealtad. Y la lealtad a quien les ha nombrado vaya si la han demostrado, aún a riesgo de dejar en ridículo a los españoles y a las instituciones a las que se supone que debían representar. Dejo que cada lector elija su ejemplo favorito, porque hay donde escoger.

Por eso, quiero acabar esta reflexión con esta última anécdota. Hace muchísimos años un excelente profesional fue nombrado para un cargo relevante en una importante institución de este país, una de las que hoy andan por los suelos. Felicitándole por su nombramiento me contestó: «Si, estoy muy contento, quiero hacer las cosas lo mejor posible, por supuesto, siendo leal a quien me ha nombrado». Era un gobierno del PP, del año 1996. Lo que me chocó (y entonces no supe por qué) fue que dijo «leal a quien me ha nombrado» y no «leal a la institución». Entre estas dos frases, hay todo un mundo. Porque es más que probable que, en algún momento colisionen las dos lealtades, y que lo que tenga que hacer una institución importante (en cumplimiento de los fines de interés general a los que sirve una institución que esté bien diseñada jurídicamente) desagrade a un partido político importante o a alguno de sus miembros. Si el profesional brillante nombrado para este puesto ya está dispuesto al día siguiente de ser nombrado por un partido político que (hay que decirlo) le nombró en atención a esta trayectoria a supeditar su independencia y su lealtad a la institución a su lealtad a un partido con el que podía simpatizar y al que votaba, pero con el que no tenía mayor vinculación. ¿Qué podíamos esperar?

Los años transcurridos desde entonces nos han demostrado que muchos profesionales valiosos cuando tuvieron que decidir, optaron por ser leales a un partido y no a la institución en la que ocupaban cargos relevantes, fuese el CGPJ, el TC, el Tribunal de Cuentas o un organismo regulador. Después, como es lógico, estos profesionales cuyo principal valor ya no era su competencia técnica sino su lealtad, cuando llegó la hora del recambio, fueron sustituidos por otros que ya eran más leales que profesionales. Y por último, por otros cuya única competencia profesional era la lealtad. Si tienen la paciencia de analizar los nombramientos de las principales instituciones del país durante los últimos 20 o 25 años verán a lo que me refiero. Y todo esto pasó sin que ninguna de las normas que regían estos nombramientos y estas instituciones cambiasen ni un milímetro.

No, los políticos no tienen la culpa de todo. Como me dijo un ex presidente del Tribunal Constitucional «los que no han sido independientes ha sido porque no han querido».

Minipost de agosto. Órdagos catalanes.

/18 Comentarios/en /por

Leo en la prensa que la estructura autonómica de Cataluña cuesta a cada catalán 5.000 € al año. Y que es el doble que a cada alemán cuesta la administración regional de sus landers. Y no cabe duda de que los servicios públicos que reciben los alemanes son bastante mejores que los que recibimos los españoles.

 

Se puede decir, y probablemente es cierto, que no pueden hacerse comparaciones exactas, pues los servicios prestados por las respectivas administraciones en diversas áreas pueden diferir mucho. Pero una cosa sí parece cierta para cualquier observador imparcial: la administración regional catalana, como en general las que han construido el resto de las autonomías, no se ha caracterizado por su prudencia ni por su austeridad en el gasto.

 

En este punto no deja de ser una pena que esas administraciones no hayan sido un poco más “independentistas”, en el sentido de apartarse del modelo previo de la Administración central. Muy al contrario, han reproducido con cuidadosa exactitud todos los vicios de ésta, añadiendo además diversas “peoras”, como la configuración de mecanismos de control y fiscalización mucho menos independientes y eficaces que los de la Administración del Estado. Y el menor rigor en la selección del personal. Lástima que esa búsqueda casi ansiosa de “rasgos diferenciales” en que se han empeñado nuestras regiones no se haya parado en el objetivo de construir una estructura más ligera, honesta y austera. Se ha preferido sin embargo la exaltación de lo lingüístico y folclórico y la persecución más o menos expresa de los signos de identidad comunes. Un capricho bastante más caro y lamentable.

 

En fin, ahora que vienen las vacas flacas sería de agradecer un reconocimiento de errores pasados y un cierto propósito de enmienda. Pero si es raro encontrar esas nobles acciones en los políticos de nuestro sistema partitocrático central, lo es mucho más en un nacionalista. Por eso estamos viendo que siguen con su vieja estrategia: el victimismo, la culpa del perverso Leviatan central, la amenaza y el chantaje. A cualquier observador que desconozca nuestra particular idiosincracia le resultaría chocante que una Administración sobreendeudada que se tiene que declarar insolvente se limite a echar la culpa a un reparto presuntamente injusto de ingresos (¿no conocían las reglas del juego, justas o no, cuando elaboraron sus planes y presupuestos?) y aproveche además para reclamar unos poderes mucho más amplios. Premio al parecer a tan virtuosa gestión.

 

La diferencia es que ahora ya no tienen sólo enfrente a políticos nacionales débiles o acomplejados. Ahora también tienen enfrente a toda la UE, que sabe bien dónde están algunos de nuestros más graves problemas, y que no va a permitir que nuestro sistema territorial ponga  en peligro incluso el Euro. Me parece que veremos al respecto movimientos interesantes en este campo.

 

Los sindicatos de clase ¿un modelo caducado?

/23 Comentarios/en /por

Ahora que tantas cosas están caducando en nuestra democracia, que pese a su juventud se ha dado tan mala vida que parece ya una vieja, y ahora que los sindicatos de clase –aunque un tanto vergonzantemente dado que hasta ellos mismos se pueden dar cuenta que forman parte del “establishment”- vuelven a reivindicar su papel tradicional en protestas, huelgas contra recortes, etc, etc, conviene en estos días de verano hacer unas reflexiones sobre su pasado y sobre todo, sobre su futuro, si es que lo tienen.

 

En el mundo occidental no cabe dudar del papel que jugaron las organizaciones sindicales en los siglos XIX y XX, como defensoras de los derechos de los trabajadores. En España, los sindicatos, surgidos en el año 1830 han constituido un elemento fundamental de modernización, unas veces a través del enfrentamiento y otras mediante la negociación, contribuyendo a la construcción de un sistema en el que la garantía de un creciente bienestar para la clase obrera y la movilidad entre clases terminaron siendo una realidad.

 

Ya en el siglo XX, -y sin entrar a analizar el papel político que cumplieron durante la Guerra Civil- durante el régimen franquista los denominados “sindicatos verticales” colaboraron con el sistema defendiendo a los trabajadores y obteniendo muchas ventajas para ellos, como la seguridad social, las viviendas protegidas o la práctica desaparición del despido libre a costa de la supresión del derecho de huelga y de otras limitaciones de derechos fundamentales.

 

Cuando llegó la democracia a mediados de los años 70 se consideró oportuno por los responsables políticos primar a los sindicatos UGT (en particular, dada su escasa implantación) y CCOO, entonces mucho más fuerte. Esta decisión obedecía a la necesidad de legitimar unos acuerdos que eran imprescindibles para alcanzar la necesaria paz social que permitiese el avance de la democracia en España. Por esta razón se les reconoció un importante peso político  e importantes ventajas económicas.

 

Este modelo ha tenido aspectos positivos y ha coadyuvado a que, salvo excepciones y conflictos puntuales, no hayan existido en nuestro país en los últimos años grandes tensiones sociales. Parte de este éxito fue debido al comportamiento de sus líderes Nicolás Redondo (UGT) y Marcelino Camacho (CCOO), que prefirieron la línea del diálogo a la del enfrentamiento.

 

Alguna de las ventajas económicas obtenidas por los sindicatos fueron las siguientes_

 

a)    Cesión de los inmuebles donde se ubican sus sedes sociales, tanto las centrales como las provinciales con mantenimiento a costa del Estado y exentos de impuestos.

b)    Asignación de unas subvenciones fijas con cargo a los Presupuestos Generales de Estado.

c)    Participación en los programas de formación de los trabajadores subvencionados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

d)    Aceptación de la figura del “liberado sindical” que es un trabajador que no trabaja para la empresa que paga su salario.

e)    Participación en los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorros y de los entes públicos con el cobro de sus correspondientes retribuciones. Algunos casos son bastante llamativos como el de Jose Ricardo Martinez,  pero hay bastantes más y todo ello con independencia de cual sea el destino final de sus sueldos, si su cuenta privada o la del sindicato.

f)     Concesión de subvenciones por parte de las Comunidades Autónomas para programas que no tienen nada que ver ya con los trabajadores,  de las que hay numerosos ejemplos pese a los recortes, por ejemplo subvenciones de la Junta de Andalucía para proyectos en países africanos de casi 2 millones de euros publicadas el abril de este ejercicio, denunciadas por el sindicato CSIF Por cierto que en el año 2012 la Junta de Andalucía ha aumentado el importe de las subvenciones concedidas a estos sindicatos

 

Pues bien, han transcurridos más de treinta años y la evolución de estas organizaciones ha sido, en nuestra opinión, bastante divergente respecto a los intereses de los trabajadores a los que supuestamente representan.  Efectivamente, como es inevitable con la degeneración de este tipo de modelos, carentes básicamente de fiscalización, el objetivo fundamental ya no es tanto –aunque se siga utilizando todavía ”de boquilla”- la defensa del interés de los trabajadores como el mantenimiento de una estructura burocrática sobredimensionada. Estructura que requiere mucho dinero y en la que tienen fácil cabida familiares, amigos y compromisos personales de los dirigentes. ¿Les suena el modelo?

 

En ese sentido, han desatendido los intereses de los trabajadores, hasta el punto de que se ha alcanzado la increíble cifra de casi 6 millones de parados (que lamentablemente no parece haber alcanzado su tope) sin que esto haya supuesto un conflicto laboral de una magnitud paralela a la de la catástrofe producida en el mercado laboral, cuyas causas ya se han analizado en otros posts tanto en este blog como en particular en Nada es Gratis.

 

La creciente brecha entre los dirigentes sindicales y los trabajadores solo tiene paralelo a mi juicio en la que existe entre los políticos y los ciudadanos. De ahí que los primeros no parezcan sensibles al escándalo que suscita su modo de vida  o las numerosas prebendas de las que gozan no al alcance del resto de los mortales .  y lo que es peor, a la deslegitimación que esto entraña no ya de los concretos dirigentes sindicales (en este caso Candido Méndez e Ignacio Fernández Toxo) sino de los propios sindicatos.

 

Para que el lector pueda hacerse una composición real de los fondos públicos que manejan estas organizaciones, estas son las cifras correspondientes al pasado año concedidas por el Gobierno y otras Administraciones.

 

12 millones de euros                      con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

8    millones de euros           “       por su participación en órganos consultivos.

2.300    millones de euros    para financiar la formación de los trabajadores, a               repartir con CEOE y Cepyme.

X      “             “                         subvenciones procedentes de la C.C. A.A.

Y      “             “                            por su participación en la negociación de los EREs.

Z      “              “                        por su presencia en Consejos de Administración.

 

Las cantidades que designo como X, Y y Z se deben al desconocimiento de su cuantía, pues otra de las peculiaridades de la contabilidad de las cuentas sindicales es que son totalmente opacas. El Tribunal de Cuentas jamás ha auditado a estas organizaciones como tales, aunque sí ha realizado alguna auditoría puntual con ocasión de alguna subvención.

 

Por último han proliferado alrededor de estas organizaciones las fundaciones, sociedades de gestión de seguros y despachos de asesoramiento jurídico, directamente vinculados a los sindicatos y que prestan servicios remunerados.

 

A este coste económico directo debemos añadir el indirecto que supone el pago del salario de los 4.800 liberados sindicales que hay en España que abonan sus respectivas empresas sin que aporten una sola hora de su trabajo. Y también los 300.000 delegados sindicales que, con sus horas libres, tampoco trabajan para la empresa en cuya plantilla figuran. Aunque no es fácil hacer estimaciones, de nuevo debido a la opacidad que reina.   En cualquier caso, aquí tienen también la versión de los sindicatos

 

Otra de las peculiaridades de las centrales sindicales es que en pleno siglo XXI mantienen un discurso ideológico muy similar al que tenían en el siglo XIX, al menos en teoría, porque la falta de independencia con respecto al poder político (sea cual sea su signo) derivada de su dependencia económica lastra, si no el discurso, por lo menos su efectividad real del mismo.

 

En fín, en cualquier caso en los momentos actuales en que se nos está exigiendo a los españoles unos sacrificios importantes parece razonable que las organizaciones sindicales los compartan.

 

Pero más allá de la crisis económica, a mí me parece imprescindible un cambio de modelo sindical que puede estar basado en las siguientes ideas:

 

* Las organizaciones deben financiarse con cargo a sus propias cuotas, como hacen los sindicatos alemanes, por ejemplo. Esto les dotaría de una formidable independencia frente al poder político que hoy brilla por su ausencia.

* Eliminación de la figura del “liberado sindical” cuyo salario corre a cargo de la empresa pero que los trabajadores pueden decidir escoger y pagar.

* Liberalización de las partidas existentes a favor de sindicatos y patronal en los Presupuestos Generales del Estado dedicadas a formación de los trabajadores. Libre competencia para dar estos cursos de formación.

* Fiscalización por el Tribunal de Cuentas de estas organizaciones, en la medida en que han recibido y siguen recibiendo importantísimos fondos públicos.

* Supresión de todos los puestos que están asignados a los sindicatos en los distintos Consejos de Administración de los entes públicos y entidades financieras. El último caso

conocido del secretario general de UGT de Madrid (que cobraba 180.000 euros anuales por su pertenencia al Consejo de la nacionalizada Bankia, con independencia del destino final del sueldo) es sintomático

La regulación del derecho de huelga, Incluida la regulación de los servicios mínimos y de los “piquetes informativos” ya reclamada en otros posts en este blog. Para que la negociación de los servicios mínimos con el Poder político no sea una moneda de cambio por otros favores.

Por supuesto, la exigencia, en su caso, de las responsabilidades jurídicas que se deriven de su participación en la mala gestión del dinero público (por ejemplo, ERES fraudulentos).

Exigencia de transparencia en su gestión, indispensable en el caso de que manejen fondos públicos procedentes del dinero de los contribuyentes, pero muy recomendable también aunque solo reciban ingresos procedentes de las cuotas de sus afiliados o ingresos por servicios que puedan prestar.

 

¿Cambios radicales? Desde luego. Un cambio de modelo sin el cual los sindicatos no podrán recuperar la legitimidad perdida para ejercer la función para que fueron concebidos hace casi 200 años: la defensa de los derechos de los trabajadores. Hoy más necesaria que nunca.

La comparecencia en el Congreso de los responsables de la crisis financiera española o el Congreso de los irresponsables

/10 Comentarios/en , , /por

Reconozco que el título de este post puede inducir a error. En primer lugar, porque de la crisis financiera española nadie es responsable. En segundo lugar, porque no han comparecido más que unos pocos, cuando la responsabilidad por este estado de cosas es universal. Reconozco también que estas dos aclaraciones parecen contradictorias, pero no lo son, ni muchísimo menos; son perfectamente armónicas, porque, como afirmó con su habitual agudeza Hanna Arendt al hablar dela Alemanianazi, cuando se dice que “todos somos culpables” -lo que de entrada suena muy noble- lo que en realidad se está diciendo es que nadie es culpable. Al afirmar que nadie se salva por un motivo o por otro, lo que en el fondo se está afirmando es que lo que ha sucedido es un lamentable efecto derivado de la naturaleza de las cosas, tan inevitable como el granizo en primavera.

 

 

Así lo ha dejado meridianamente claro el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández-Ordoñez, al final de su comparecencia: “En una situación así resulta contraproducente buscar chivos expiatorios, a los que endosar todas las responsabilidades. Porque, como he mostrado, no los hay. Es más, esa pretensión ilusoria mina todavía más la confianza en las instituciones y obstruye el diálogo y la cooperación que tanta falta  nos hacen.” En un sentido parecido (aunque con otra letra, claro) se ha pronunciado el Sr. Rato, un verdadero especialista en aceptar y abandonar responsabilidades por capricho y/o interés, sin el más mínimo sentido de la responsabilidad personal (¿se acuerdan de su increíble salida del FMI?, pues en otro país tal cosa le hubiera condenado al ostracismo de por vida, mientras que aquí se le premió con Bankia). Tanto uno como otro han buscado difuminar y extender las culpas hasta hacerlas desaparecer, especialmente de su proximidad. No comento a los ex presidentes de Cajas que afirman que de la gestión se ocupaba el Consejo de Administración (sic.), porque este nivel se aproxima a lo grotesco y carece de precedentes. Durante el nazismo algunos se escudaban en que obedecían órdenes, pero por muy presionado que estuviera a ningún líder se le ocurrió una excusa tan idiota.

 

 

Ocupémonos entonces de los dos primeros, un poco más listos, porque sobre su argumentación se construye el discurso que caracteriza este moderno fenómeno de la huida de la responsabilidad a todos los niveles. Sostienen, en definitiva, que vivimos en un sistema complejo estrechamente interconectado cuyas puntuales disfunciones (la crisis internacional y el excesivo endeudamiento español) –a las que son totalmente ajenos- desencadenaron evoluciones de difícil previsión. En la gestión de esos desarrollos se pueden cometer puntuales errores –los cometen además los otros, por supuesto- pero aún así esos errores apenas marcan la diferencia.

 

 

Es cierto que esta argumentación no se sostiene y que está plagada de contradicciones, especialmente cuando se contraponen los detalles de las diferentes versiones, pero el problema es que nadie tiene interés en apuntar esas contradicciones y rebatir el fundamento sobre las que descansan. Al menos no tienen interés nuestros partidos mayoritarios, cómplices en el actual estado de cosas; aunque quizá habría que denominarles dirigentes últimos, pues ellos son los que se han aprovechado de nuestro sistema financiero poniéndolo a su servicio particular con grave detrimento de su solvencia y buen funcionamiento. La comparecencia, por tanto, estaba diseñada, no para pedir cuentas a estos responsables (perdón por la palabra) sino para permitirles argumentar en contra de su responsabilidad. No me extraña en que insistieran en comparecer, aunque quizá con otro formato se lo hubieran pensado un poco más.

 

 

Pero aquí no se acaba la historia, afortunadamente. A falta de política existen varios procedimientos judiciales en marcha que, si no terminan condenando a prisión a estas personas tan reacias a asumir responsabilidades, al menos servirán para suplir el trabajo que no quieren hacer nuestros políticos. Las cuestiones criminales y las morales no son en absoluto las mismas (tienen una diferencia de grado que no cabe desdeñar) pero tienen en común el hecho de que tienen que ver con personas y no con sistemas. No me resisto a terminar con otra cita de Hanna Arendt que lo explica mucho mejor de lo que yo podría hacerlo jamás:

 

 

“La innegable grandeza del procedimiento judicial radica en que debe centrar su atención en la persona individual, y ello incluso en la época de la sociedad de masas, en que todo el mundo siente la tentación de considerarse a sí mismo como una simple pieza de engranaje en algún tipo de maquinaria, sea en la maquinaria bien engrasada de alguna gigantesca burocracia, social, política o profesional, sea en el casual cúmulo de circunstancias caóticas y mal ajustadas en que transcurren nuestras vidas. El desplazamiento casi automático de responsabilidades que habitualmente se produce en la sociedad moderna se detiene bruscamente en el momento en que uno entra en la sala del tribunal. Todas las justificaciones de naturaleza abstracta y no específica (…) que indican que uno no es un hombre, sino una función de algo, se desvanecen (…) La institución misma desafía todo eso, y debe hacerlo o dejar de existir.”

 

Roguemos porque nuestros tribunales, pese a todos los intentos de nuestra partitocracia, no dejen de existir. Ora pro nobis.

 

PD: Les dejo algunos links a las comparecencias de los no-responsables y a las preguntas de Irene Lozano, diputada de UPYD y periodista de profesión.

 

Ex Gobernador del Banco de España

 

Rodrigo Rato

http://www.expansion.com/2012/07/26/empresas/banca/1343305387.html?a=c0e73b95e6abfa6d62bc4a59a688655a&t=1343562501

 

 

La de la diputada de UPYD Irene Lozano

 

 

 

 

 

 

Defraudadores en impunidad ¿hay solución?

/4 Comentarios/en , /por

 

En un momento de crisis galopante, recortes y subida de impuestos, conviene reflexionar sobre por qué en España no se consigue reducir el fraude fiscal. Uno tiene amigos que trabajan en el sector financiero y en el de la asesoría fiscal y le cuentan cosas, algunas parecen increíbles, más propias de la ciencia ficción o de un país de tercera, otras mueven sin más a la indignación y nos hacen exclamar: ¿cómo puede ser esto cierto? El problema, me cuentan, no es que haya defraudadores (hecha la ley, hecha la trampa) sino la sensación de impunidad y descaro con que se mueven estos sujetos, como si la inspección fiscal no fuera con ellos. Recuerda esto a aquellos casos de corrupción que se siguen produciendo en nuestro país, “con la que ha caído ya”, aunque los jueces aparentemente hayan actuado y estén actuando en principio a bombo y platillo. De esta sensación de impunidad, que probablemente alcanza a otras esferas de la delincuencia mayor o menor (acoso en colegios o en el trabajo, gamberradas en urbanizaciones y nuestras calles) hablaremos tal vez otro día, ahora déjenme que les relate tres casos de fraude que han tenido éxito y luego planteemos algunas soluciones:

 

  1. A.    Tres casos de defraudadores con éxito

 

Caso 1

 

Se puede preguntar alguno si es posible conseguir que Hacienda (que “somos todos”) te financie tus gastos cómo si fuera un banco. La respuesta es sorprendentemente afirmativa: haces una promoción de pisos con un préstamo de un conocido banco y cómo no vendes ninguno ─sabe dios por qué, quizá por las calidades que has metido─, se los entregas al banco a cambio del pago del préstamo que no puedes pagar. Por aquí negocio redondo: no tienes que seguir pagando el préstamo porque no es hipotecario y no es tu vivienda, el banco llega a un acuerdo contigo, etc… Por otro lado, te pegas la vida padre y no reparas en gastos de comidas, viajes, gasolina, etc… (por ejemplo, 3.000 euros al mes de media) porque sabes que Hacienda (eso que “somos todos”) te va a devolver el 18% de todo con el IVA que, obviamente al no vender un piso, te sale a devolver: pongamos, por ejemplo, unos 12.000 euros al año durante los 3 años que has intentado vender la promoción. Todo ello sin olvidarse de que no has contratado oficialmente a nadie porque la obra la has hecho con emigrantes sin papeles a los que has pagado en B

 

Caso 2

 

Supongo que a ustedes les gusta utilizar las facilidades de las numerosas casas rurales que han surgido como setas en España, por cierto todas ellas construidas con generosas subvenciones de las Comunidades Autónomas, y en algún caso de Ayuntamientos. Pues bien: ¿en cuántos casos les han dado factura? Podrá decirse que son negocios pequeños donde el beneficio es reducido, pero me cuentan al menos un caso de una familia que cuenta con once casas rurales que alquila en verano a razón de 1.200 euros a la semana. Consulté el calendario, todas llenas. Haciendo el cálculo aproximado de cuánto pueden generar al año me dicen que puede llegar a los 300.000 euros. Un amigo fue allí unas navidades, y pidió factura, le dijeron que se la enviarían por correo electrónico: todavía la está esperando. ¡Ah!, y además ponen pegas para devolver el dinero de la reserva que deben religiosamente enviar los clientes con antelación y por transferencia. Solo lo hacen si la consiguen alquilar aunque se avise con meses de antelación y tengas causa justificada. Parece que desconocen el “derecho de desistimiento” que le asiste a todo consumidor según la ley de protección de consumidores. A un amigo que amenazó con llevar el asunto a los tribunales le respondieron sorprendidos: “en cuatro años de actividad nadie se había quejado”. Conclusión: el fraude existe porque existen también los que lo permiten/permitimos, y eso que estoy seguro de que algún inspector de hacienda había sido cliente de esas casas.

 

Caso 3

 

Pongamos una Caja rural de las muchas que existen o existían en España. Su Consejo de administración toma una decisión sorprendente: ofrecer préstamos a tipo de interés cero, para devolver en 10-15 años, dirigidos a miembros de dicho Consejo y altos directivos de la Caja. La media de los préstamos fue de unos 15 millones de euros. Estrategia de los hábiles prestatarios: depositar los préstamos en depósitos de algún banco de la competencia (por ejemplo ING) que ofreciera un interés del 4%, mantener la inversión esos 10 ó 15 años. ¿Resultado? Pongamos 10 millones, 10 años al 4%: cuatro millones de beneficio, limpios de polvo y paja. Se devuelve el préstamo original a la caja y se obtiene un sabroso sobresueldo. Ley del silencio, todos afectados, todos protegidos.

 

  1. B.    Soluciones

 

Obviamente en todos esos casos, hay un común denominador: había gente que lo sabía, que lo conocía y no pasó nada. No hubo denuncia, no hubo inspección. ¿Debemos quedarnos resignados a que estas cosas sigan pasando en nuestro país? ¿Solo nos cabe lamentarnos o quedarnos en el tópico “Spain is different”? ¿Hay solución? Pues sí, señoras y señores, “haberlas haylas” (o “las hay” para los puristas del lenguaje), como las meigas. Aunque desconozco las razones que motivan que no se adopten estas medidas que por otra parte son de sentido común. Veamos tres de ellas:

 

Solución 1: Abrir un buzón de correo para denuncias en la Agencia Tributaria donde se garantice la confidencialidad del denunciante

 

Obviamente no bastaría con abrir el buzón sino que la AEAT se debería comprometer a responder al denunciante (si este ofrece sus datos) de las actuaciones que se van a realizar con su denuncia. Un procedimiento parecido existe en la Comisión Europea para las quejas y reclamaciones de los ciudadanos europeos para casos de infracción del Derecho de la UE y ha tenido un notable éxito.

 

Solución 2: ofrecer al denunciante la recompensa del 10% de lo recaudado con su denuncia

 

Esta es la madre del cordero y lo que rompería el actual temor o pasotismo ciudadano a denunciar a un vecino, al comerciante de la esquina o, por qué no, a un familiar o a un cliente. Es un técnica habitual en otros países para favorecer la ejecución de ciertas normas, ¿Por qué no aplicarlas al mundo fiscal?

 

Solución 3: incrementar el número de inspectores y subinspectores

 

Obviamente nada de eso funcionaría si no hay suficientes inspectores fiscales en España. Según datos ofrecidos por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (ver: http://www.gestha.es) tenemos un inspector de Hacienda por cada 1.680 contribuyentes, tres veces menos que la media de los países de la OCDE y cinco veces menos que Francia o Alemania. A ello se añade que la tasa de reposición es solo del 10%, esto es, por cada 10 inspectores que se jubilan solo se contrata uno nuevo.

 

En ese contexto se podría objetar que no están los tiempos para contratar más funcionarios sino para todo lo contrario. Pero yo no estoy diciendo que se convoquen más oposiciones sino que se aplique una estrategia, por cierto muy habitual en el sector privado, pero que en la Administración española parece chocar con diversos intereses que nada tienen que ver con el interés común. La estrategia es muy conocida: me refiero a la redistribución de efectivos, esto es aprovechar funcionarios que ya trabajan en la Administración con el grupo y la titulación requeridos, pongamos con más de cinco años de experiencia, para poder reciclarlos tras el oportuno curso selectivo y dedicarlos a funciones donde falte personal. Una técnica habitual también en otros países de nuestro entorno y que incluso existió su día en España, aunque solo por un breve periodo de tiempo, pero que podría extenderse a prácticamente a todas las áreas de actuación, incluida la del ámbito judicial (¿no sería mejor que contratar jueces sustitutos?). Para ello bastaría simplemente anteponer en interés del servicio público a los de ciertos cuerpos.

 

En resumen, no sé si otro mundo, pero otro país sí es posible, basta con remover obstáculos e introducir los estímulos adecuados que propicien el cambio cultural que he venido defendiendo en otros posts.

¿Cómo salir de la crisis del euro? Una visión desde España

/15 Comentarios/en /por

A finales del junio José Ignacio Torreblanca y José M. de Areilza, que ha colaborado con este blog, publicaron un documento de trabajo que plantea una hoja de ruta para salvar el euro desde España. El análisis y las conclusiones a las que llegaron siguen siendo válidos en este comienzo de agosto en el que nadie sabe lo que puede ocurrir con la moneda común en los próximos meses. Este papel forma parte de una serie titulada “La reinvención de Europa”, un proyecto del European Council on Foreign Relations. Os invitamos a leerlo y comentarlo. Como veréis, Torreblanca y Areilza tratan de ofrecer una visión suprapartidista y centrada en los problemas de diseño del euro, que demanda soluciones europeas de enorme complejidad política y constitucional. Pueden verlo aquí.

 

El Estado y sus ciudadanos viajan siempre en el mismo barco

/39 Comentarios/en , , /por

 

Este artículo de nuestro Editor, Rodrigo Tena, ha sido publicado en El Mundo de hoy.

 

 

Decía Maquiavelo que “las repúblicas bien organizadas deben mantener el erario público rico y a los ciudadanos pobres.” Con ello quería insistir en la importancia de buscar el bien común postergando los intereses particulares, aparte de advertir del riesgo de que las desigualdades de riqueza y poder lleven a la república a su ruina. Hoy día, sin embargo, comprobamos dolorosamente que es imposible distinguir una cosa de la otra. En un mundo globalizado, la pobreza o riqueza del Estado está íntimamente ligada a la de sus ciudadanos, y cualquier intento de separar una de la otra está condenado irremisiblemente al fracaso, como estamos viendo estos días.

 

Durante algún tiempo, al inicio de la crisis, se acudió a la ficción de alegar que el problema de España era su deuda privada, pero que las cuentas públicas estaban perfectamente saneadas y eran un modelo de rigor fiscal. El autoengaño nunca ha sido buen consejero. En realidad, uno de los efectos más perniciosos de la burbuja inmobiliaria fue esconder lo artificioso de nuestras finanzas públicas. Los bancos pedían prestado al exterior miles de millones de euros para introducirlos en el mercado inmobiliario y financiar la burbuja, pero, lógicamente, una cantidad muy importante  terminaba en las arcas de las distintas Administraciones, mediante pago de licencias, tasas e impuestos de todo tipo. Gran parte de ese dinero se ha tirado de manera lamentable en infraestructuras innecesarias, cuando no surrealistas, a mayor gloria de sus promotores. Pero, con mucho, el mayor disparate consistió en crear con esa financiación, como si fuera a durar para siempre, una extensísima red política y administrativa de naturaleza profundamente clientelar, que ahora resulta todavía más difícil desmontar que el aeropuerto de Castellón.

 

Cuando dejó de fluir el dinero de la burbuja nos encontramos con un Estado totalmente inflado, lo que ya de por sí es malo, pero además inflado a conveniencia de las élites directivas de nuestra partitocracia, lo que es mucho peor. Hoy contamos con cientos de organismos de toda forma jurídica cuya finalidad básica no es prestar un servicio público necesario, sino la conservación de la influencia política de sus promotores. Por eso, a la hora de adelgazar ese Estado que ya no podemos pagar, es comprensible que quienes deben hacerlo intenten conservar en la medida de lo posible esas estructuras que han contribuido a apuntalar su poder, aunque sea a costa de adelgazar otros sectores públicos mucho más relevantes, como la sanidad, la educación, la investigación, la dependencia, etc. Además, hay que tener en cuenta que técnicamente no resulta nada fácil liquidar esa compleja estructura, pues todos los mecanismos de control, vigilancia y dirección que facilitarían hacerlo han sido desmantelados, especialmente en el ámbito autonómico. Todo ello sin olvidar que el despedido que protesta hace igual de ruido, ya venga de una televisión autonómica que de un laboratorio.

 

Pero la consecuencia final es que, como el resultado de esta política defensiva es conservar un Estado ineficiente, la deuda pública no sólo no disminuye, sino que incluso sigue aumentando a medida que el parasitismo sobre el sector productivo se agudiza y éste continua contrayéndose. El sector privado se ve obligado a sufragar, vía impuestos cada vez más altos, organismos públicos que destinan la mayor parte de su presupuesto a su propia conservación, mientras se rebaja de manera lineal sueldos a los funcionarios (a los que son productivos y a los que no). De esta manera, se empobrecen simultáneamente el Estado y los ciudadanos, en una espiral que no parece tener fin. El problema, por tanto, no está sólo en que el Estado tenga que salir como valedor de las deudas que los particulares y los bancos no pueden pagar a sus acreedores internacionales, implicando así el riesgo de que aquellos le lleven a la quiebra; sino también en que la ineficiencia del Estado está empobreciendo aún más a sus ciudadanos, incapaces de pagar sus deudas y de sufragar a la vez ese sector público que teóricamente ha de rescatarles.

 

Decía también Maquiavelo que “el peor defecto que tienen las repúblicas débiles es que son irresolutas, de modo que todas las decisiones las toman por la fuerza, y si alcanzan algún bien lo hacen forzados, y no por su prudencia.” Con ello quería destacar un defecto moral más que material: una república que no reflexiona adecuadamente sobre las consecuencias políticas de sus actos y actúa al impulso de lo inmediato, está condenada al desastre. Nuestro Presidente alega que actúa por necesidad, obligado a elegir cada día “entre lo malo y lo peor”, pero de esta manera no hace más que revelar su propia incapacidad. La única solución para romper este círculo infernal consiste, paradójicamente, en mirar al medio y largo plazo, y convencer y a propios extraños que así se está haciendo. Para ello no hay más remedio que elaborar un plan integral de racionalización del sector público, político y administrativo, y comenzar a ejecutarlo de inmediato. Por supuesto, un plan serio y ambicioso que prescinda radicalmente de los intereses de la clientela y no tenga otro objetivo que servir a los intereses generales.

 

En ese cometido los ciudadanos tenemos una grave responsabilidad. No sólo exigirlo incesantemente y, una vez conseguido, vigilarlo, sino también lo que es mucho más difícil, soportarlo. La racionalización del sector público va a suponer muchos sacrificios a demasiada gente. El cierre de las televisiones públicas autonómicas, de las “embajadas” en el exterior, de los “centros de alta tecnología” en lugares recónditos, en definitiva, de los cientos de empresas públicas que deben desaparecer, aparte de privar merecidamente de su bicoca a los enchufados de turno, va a causar muchos dramas personales a quienes no tienen la culpa de nada. Sin embargo, no hay más remedio que hacerlo, y por eso habrá que aprender a distinguir entre el recorte necesario, y el injusto por improcedente y ventajista. No comprenderlo así es cometer el mismo pecado que en este momento se atribuye al Sr. Rajoy: la injusticia del café para todos.

 

Pero, obviamente, ese debe ser el último paso en un esfuerzo colectivo, y el que tiene la responsabilidad de iniciarlo es el Gobierno del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara y gobierna en la mayoría de las CCAA. No obstante, si el actual Presidente sigue reconociéndose incapaz de llevarlo a cabo, como ha confesado hasta ahora, entonces debe activar los mecanismos democráticos de sustitución necesarios para dar paso a  otras personas que puedan abordar esa tarea. El tiempo para tomar decisiones se agota. Es necesario comprender que esas mayorías actuales no pueden constituir un baluarte defensivo duradero frente a la ”verdad factual”, que constituía el punto de apoyo de toda la reflexión de Maquiavelo, y que necesariamente termina siempre por imponerse.