La futura Autoridad Fiscal contra el déficit ¿Un brindis al sol?

“Si alguna prioridad hay en algún momento en España es reducir nuestro déficit público”. La frase no es mía, es del Presidente del Gobierno en su entrevista concedida en TVE el pasado mes de septiembre. Y es que la palabra déficit empieza a estar muy presente en nuestras vidas, raro es el día en que no encontremos en los medios alguna noticia sobre el susodicho.

 

Dada su relevancia nos vamos a interesar por la situación en que se encuentra. Para ello, el pasado 19 de septiembre el Ministerio de Hacienda publicó los datos del déficit del conjunto de administraciones públicas correspondiente al primer semestre del año. El resumen sería el siguiente:

–        Administración central y Seguridad Social: Déficit 1er semestre: -3,6%. Objetivo final de año: -4,5%.

–        Comunidades Autónomas: Déficit 1er semestre: -0,77%. Objetivo final de año: -1,5%.

–        Entes locales: Déficit 1er semestre: +0,06% . Objetivo final de año: -0,3%.

–        Total: Déficit 1er semestre: -4,31%. Objetivo final de año: -6,3%.

 

Viendo las cifras, en la primera mitad del año salen mejor paradas las CCAA que la Administración Central, aunque hay algún truco como se explica en este post de Nada es Gratis (básicamente las cifras incluyen anticipos a las CCAA cuyo efecto además se diluirá en la segunda mitad del año). No obstante, es cierto que si por ejemplo lo comparamos con su cifra del déficit del primer semestre del año pasado (-1,64% en el primer semestre de 2011), las CCAA salen mejor paradas en lo que llevamos de 2012.

 

La reciente foto en la Conferencia de Presidentes remarca el mensaje de compromiso con el déficit de los líderes autonómicos y el Gobierno Central. Esta “puesta en escena” (que duró un día porque Artur Mas declaró al día siguiente que el reparto del déficit era injusto y desleal) y el énfasis del Ministro Montoro sobre la correcta senda en la que se encuentran las CCAA cuando presentó los datos del déficit del primer semestre del año no es casualidad, recordemos que los mercados y Bruselas desconfían particularmente de las CCAA y de su capacidad de contención del déficit.

 

Pero al final lo que cuenta es el 6,3% de todas las administraciones y está claro que hay factores que nos hacen dudar sobre su cumplimiento, más allá de las CCAA. Por ejemplo, el gasto en prestaciones por desempleo, que sigue subiendo este año cuando el Gobierno estimó una bajada en torno al 5%, la recaudación por IVA está por debajo de lo estimado, las cuentas de la Seguridad Social siguen sin cuadrar como se esperaba…  La respuesta del Gobierno ante estas incertidumbres es que el efecto de las profundas reformas que se están llevando a cabo se notarán en los últimos meses del año. Ojalá sea cierto, pero desde luego es inevitable que a cualquiera le surjan al menos dudas razonables.

 

En el Consejo de Ministros celebrado el pasado 27 de septiembre se aprobó la Estrategia Española de Política Económica, documento que contiene las principales reformas que se han puesto en marcha y las que se acometerán antes de finalizar el año. Dentro del apartado de consolidación fiscal de la citada Estrategia, se contempla lo siguiente:

 

“Creación de una Autoridad Fiscal Independiente, para velar por el cumplimiento de la normativa presupuestaria y detectar de forma temprana las posibles desviaciones (1er Trim. 2013)”

 

La Vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros resaltó que la intención del Gobierno es que esta institución “sea capaz de anticipar las desviaciones en los presupuestos de las administraciones”. Ante este anuncio no puedo evitar hacerme tres preguntas:

 

¿De verdad hace falta otro organismo? En un periodo en el que sector público está a dieta, cabe pensar que la creación de un nuevo organismo no es quizás la mejor opción (hay muchos que se pueden mejorar y otros tantos desaparecer). Aunque en este caso habrá quien opine que el fin justifica los medios, porque ya se sabe que la contención del déficit es la prioridad número 1.

 

¿Independiente? Esperemos al nombramiento del máximo responsable de la Autoridad para valorar el nivel de (in)dependencia del futuro organismo.

 

¿Cómo lo va a hacer? La finalidad del nuevo organismo me parece más que loable (anticipar las desviaciones en los presupuestos de las administraciones públicas), pero si el Gobierno Central no ha sido capaz de hacerlo hasta la fecha, me pregunto qué tendrá esta Autoridad para que consiga lo que hasta ahora ha sido imposible.

 

En definitiva, sobre el papel esta Autoridad resulta necesaria (de hecho se trata de una de las recomendaciones llegadas desde Europa) pero su puesta en marcha tiene riesgo de quedarse en un brindis al sol o en una medida estética para agradar a Bruselas. Veremos lo que pasa a partir del primer trimestre de 2013 que es cuando está previsto que vea la luz, aunque quizás para esa fecha ya sea demasiado tarde.

 

Las Políticas Fiscales en un entorno de crisis

 

 La crisis según Einstein:

“No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo.

La crisis es la mayor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis tiene progresos”.

 

Partiendo de la difícil situación económica y financiera que atraviesan algunos  países de la Unión Europea, vamos a analizar las medidas fiscales adoptadas por los Estados afectados así como el peso y la presión fiscal soportada hasta el momento por cada uno de ellos.

 

La crisis financiera está poniendo en cuestión el proyecto europeo. El entramado de Tratados, acuerdos, instituciones y voluntades se está tambaleando ante una crisis financiera, económica y social, que ha exigido a los países miembros un comportamiento común que no han sido capaces de articular, ni por consenso propio, ni por cumplimiento de normas previsoras que no existían. La Unión Monetaria se configuró con países en exceso heterogéneos, sin exigir el cumplimiento riguroso de las condiciones de entrada en el área monetaria y bajo el supuesto de que el éxito del euro era incuestionable y no era necesario tener previstas posibles salidas de la Unión monetaria.

 

En la actualidad nadie duda de la fragmentación, lo que nos hace diferenciar los países competitivos, los no competitivos como  Italia y Bélgica y los ya rescatados como Grecia, Irlanda y Portugal que, además de no ser competitivos, han necesitado ayuda para hacer frente a las deudas contraídas, principalmente por las Administraciones Públicas. Mención especial requiere España, que estando dentro de los no competitivos y no habiendo sido rescatada sí va a recibir ayuda para la recapitalización de sus entidades financieras. Además, por primera vez en muchos meses, el Banco Central Europeo ha decidido hacer frente a la inestabilidad financiera que está sufriendo la Eurozona comprando bonos en el mercado secundario de los países con problemas. El propio Presidente del Banco Central, recientemente, se ha referido de forma explícita a la fórmula del rescate total y a la del rescate precautorio, aunque sin mencionar a ningún país. Descartada la primera opción, si España finalmente pide el rescate, la fórmula sería la del rescate precautorio, sujeto a condiciones.

 

La Unión  Monetaria no ha tenido una acción común ante la crisis financiera, no la ha tenido ante la crisis económica y social que le ha seguido, ni ahora la está teniendo ante la crisis fiscal de los países no competitivos.

 

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha anunciado que está preparando un informe junto a los presidentes de la Comisión Europea, el Banco Central y el Eurogrupo para rediseñar la arquitectura de la zona euro: “Centramos nuestros trabajos en construir cuatro bloques que están unidos inextricablemente: una unión bancaria para evitar que los contribuyentes paguen sistemáticamente las facturas de los errores de los bancos; una unión fiscal para evitar los déficits insostenibles; una unión económica para mejorar conjuntamente la competitividad en la eurozona; y una unión política más profunda para garantizar que las medidas son respaldadas por una legitimidad democrática fortalecida”

 

¿Cómo han reaccionado los Estados ante la crisis, qué medidas fiscales han ido adoptando?

 

En los países del entorno de la Unión Europea y por lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, medidas tendentes a incrementar la renta disponible para el consumo (en general, no reducción de tipos sino introducción de bonificaciones / deducciones) o  subida de la fiscalidad en los tramos altos (United Kingdom of Great Britainadn Northern Ireland) – 50%, hasta 49%, Francia). Y en supuestos de rescate financiero, subida generalizada del IRPF.  En el Impuesto sobre Sociedades, no hay subida de tipos impositivos (incluso algunos países bajan los tipos o establecen regímenes especiales para incentivar la economía). Hay un trato más favorable a las empresas de reducida dimensión. Y como medidas temporales (amortizaciones aceleradas, créditos fiscales). Incentivos generales en el área de I+D y medioambiente; en el Impuesto sobre el Valor Añadido, mejora del trato en algunos países para los artículos de primera necesidad (alimentos, energía, etc.) frente al incremento de los tipos generales en países con tipos por debajo de la media (Países del Este y España); e incremento general de los Impuestos Especiales (tabaco, hidrocarburos, bebidas, etc.).

 

En USA se ha experimentado un incremento en obligaciones de comunicación y registro de operaciones con finalidad fiscal, así como restricciones a la deducibilidad de intereses por préstamos con entidades vinculadas, reducción de tipos impositivos unido a la desaparición de ciertas ventajas fiscales.

 

Veamos en el siguiente cuadro, con más detalle y en particular las medidas adoptadas:

 

 

 

                                         IRPF                            SOCIEDADES         IVA                     IIEE

GRECIA Subida tipo bonus banca2% inmuebles valor superior 5 millones € Subida tipos impositivos Subida tipos impositivos
IRLANDA Reduce primer tramo escalaGanancias capital 25%Se eliminan exenciones Potencia I+DRepatriación capitales exterioresElimina incentivos Subida tipos impositivos Mejora energética
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN ADN NORTHERN IRELAND Aumento plazo compensación B.I. negativasRepatriación capitales exteriores Subida tipos impositivos
ALEMANIA Compensación B.I. negativas en reestructuraciones Bajada tipo impositivo del 19 al 7%
FRANCIA

Exención 2/3 partes primer tramo escala del impuesto

Limita deducción primas admones

Devolución I+DRegularización patrimonios exteriores Devolución mensual
ESPAÑA

Sube fiscalidad ahorro

2013 eliminación deducción vivienda y

compensación fiscal de tal deducción

Subida tipo retención a profesionales

Incentivos I+DSubida pagos a cuenta I.S.Eliminada libertad de amortizaciónLimitación educción gastos financierosLimitación compensación BI negativasGravamen dividendos y rentas fuente extranjera Subida tipos impositivos

 

 


En España además, existen proyectos normativos que incidirán sobre la materia, Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, entre las medidas previstas podemos destacar:

 

a) Limitación al pago en efectivo por encima de un determinado importe, medida que existe ya en otros países de nuestro entorno. Con un marcado carácter  preventivo la norma hará más difícil la disposición de dinero en metálico por quien lo pueda generar, así como la utilización de facturas falsas.

 

b) Obligación de informar sobre las cuentas, valores e inmuebles situados en el exterior, a cuyo incumplimiento se anudan importantes consecuencias, un severo régimen sancionador y el gravamen como ganancia de patrimonio no justificada de activos que no se hayan declarado.

 

c) IVA: se propone ampliar los supuestos de inversión del sujeto pasivo en determinadas operaciones inmobiliarias. Y así evitar que un contribuyente pueda generar un crédito contra la Hacienda Pública sin que, como contrapartida, otro ingrese el IVA repercutido en la misma operación.

 

d) Inversión del sujeto pasivo para corregir el fraude en la fase recaudatoria y la inclusión de un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria, por el que se hace responsable de las autoliquidaciones por retenciones o impuestos repercutidos a los administradores de aquellas compañías que sistemáticamente dejan de ingresar sus obligaciones corrientes con grave perjuicio no solo para la Hacienda Pública, sino para la propia competencia del mercado.

 

e) Corregir las disfunciones existentes entre el IVA y la normativa concursal , evitando, como ocurre en la actualidad, que en determinados supuestos la Agencia Tributaria tenga que devolver cuotas por IVA soportado a contribuyentes en concurso que, a su vez, son deudores por IVA a la Hacienda Pública.

 

f) Se refuerzan las actuaciones de embargo. En el ámbito de las cuentas bancarias se amplía la posibilidad de embargo, no sólo de las cuentas que posea un deudor en la sucursal determinada en la que se presenta la diligencia, sino en el banco en cuestión.

 

 

Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica del Código Penal en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social.  Agravando la pena máxima de prisión de dos a seis años en vez de uno a cinco, ampliando el plazo de prescripción (diez años) o el tipo agravado de delito fiscal que se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal.

 

Y como último proyecto normativo, que ya ha tenido repercusión en prensa, limitación al 70% del importe de las amortizaciones (desaparecida ya la libertad de amortización), una nueva actualización de balances, tipos más reducidos microempresas….

 

Pero debemos preguntarnos ¿las medidas adoptadas por todos estos países son suficientes? Sin duda, son imprescindibles en el contexto económico pero insuficientes en el contexto internacional en donde prima la internacionalización de las empresas y la pugna por atraer inversión extranjera. La igualdad de moneda sin un mismo régimen fiscal es igual a la búsqueda del régimen fiscal más favorable.

Educar frente a catalanizar (o españolizar)

 

A raíz de la reciente polémica protagonizada por la máxima responsable de la educación en Cataluña, Dª Irene Rigau y el Ministro de Educación  y Cultura, D. Jose Ignacio Wert acerca de la conveniencia, la modernidad o incluso la legalidad/constitucionalidad de catalanizar o españolizar a los niños  quería mostrarles dos videos que ilustran mejor que muchas palabras por qué esta polémica, una vez más, no trata sobre lo esencial, la educación de nuestros hijos, que es lo que nos interesa a los ciudadanos españoles. Efectivamente, estos señores están debatiendo sobre sobre el conocimiento (o desconocimiento) de la Historia de España, sobre la forma de presentar las relaciones históricas entre Cataluña y España, o  sobre el derecho de los padres a poder educar a sus hijos en castellano aunque residan en un territorio con lengua propia. De hecho,  ahí  tenemos el encomiable esfuerzo del Ministro de hacer cumplir la jurisprudencia del Tribunal Supremo por la sencilla e ingeniosa (aunque un poco sorprendente y de pago) vía lateral de subvencionar centros privados que den las clases de español, dado que ya se sabe que no hay manera que la Consejería de Educación de Cataluña cumpla las sentencias del Tribunal Supremo del Estado al que (hoy por hoy) pertenece. Pero como sobre esto ya escribí en su momento un post, no insistiré en el tema para no aburrir.

 

Porque más allá de los prejuicios, la falta de rigor, y de las ocurrencias, improperios, descalificaciones, etc, con las que nuestra clase política abordan cualquier debate entiendo que, como padres responsables, los ciudadanos españoles lo que quieren es una buena educación para sus hijos. La mejor posible. Una educación además que no solo les permita encontrar un buen trabajo, y ser buenos ciudadanos, sino que haga de ellos hombres y mujeres mejores, los mejores posibles.  Y esto es especialmente importante cuando peores son las circunstancias socioeconómicas y familiares de partida. Sobre la incidencia que la educación y especialmente las actuaciones de educación temprana tiene en niños procedentes de entornos desfavorecidos han escrito reiteradamente nuestros amigos de NeG, y muy en particular mi admirado Antonio Cabrales, ahí va su colección completa de posts, casi todos son sobre educación. Y en concreto, sobre si la enésima reforma educativa anunciada por el sr. Wert va en la buena dirección ya ha escrito un par de posts que se pueden encontrar aquí.

 

Por otra parte, no cabe duda de que la situación de la educación en España es muy preocupante. Como lo es aumento de la desigualdad que se está produciendo en los países desarrollados y que –a mi juicio- está muy relacionado con la pérdida de una educación pública de calidad (el famoso “ascensor social”) vienen alertando diversos informes, entre ellos este muy reciente de la OCDE.

 

En ese contexto, me gustaría que vieran estos dos videos. El primero, más conocido, es el famoso video de los niños de la escola Sant Miquel (Deltebre) convenientemente “catalanizados” gracias a los esfuerzos de la Consejera y sus antecesores (y de su profesora, por lo menos por lo que ve en el video). Eso sí, es larguísimo, así que cuando escuchen a tres o cuatro niños ya se hacen una idea y no hace falta que sigan si no quieren.

 

http://www.youtube.com/watch?v=MDEUV0HeJCM

 

Y este otro, lamentablemente menos conocido, es el tráiler de un documental francés sobre un proyecto con niños 4 años de una “banlieue” parisina, también procedentes de familias no precisamente privilegiadas. Durante dos años (con 4 y 5 años) la profesora les enseña “philo”, filosofía, es decir, a pensar. La película me temo que ya no está en la cartelera,  pero el tráiler es un buen resumen. Básicamente, la profesora, a la manera de un moderno Sócrates, está enseñando a los niños a pensar, a cuestionarse las cosas, a debatir con argumentos.  Este merece la pena verlo entero y es cortito.

 

http://www.youtube.com/watch?v=xyFXZxFiIk4

 

Como nuestros lectores son muy inteligentes no hace falta decir más. Que se imaginen a los dos grupos de niños cuando sean adultos y que entonces les pregunten por la independencia de Cataluña o de Córcega, por la unidad de España o de Francia, por la Unión Europea, por las desigualdades, por la injusticia o por lo que quieran.

 

Pasen un feliz domingo.

Quae tangi non possunt (V): Tria Ivris Praecepta. Officivm.

 

El 18 de enero es frío en Estambul, situada como está en el Bósforo, entre dos mares, el Mediterráneo (o sea, el que estaba en medio de la Tierra de los romanos) y el Ponto Euxino, al que nosotros llamamos Mar Negro. Acaso lo era también en el año 530 siendo todavía Estambul, Constantinopla, la Nueva Roma, cuando Justiniano sancionaba la constitución Deo Auctore que daba orden de recopilar las opiniones de los juristas (Ivra), acabada ya la ordenación de las leyes (“leges”)-aunque, en realidad sólo de las constituciones imperiales – en el Códex que, puesto que el cúmulo de las mismas “desde la fundación de Roma y los tiempos de Rómulo, era de tal modo confuso que se extendía a lo infinito, y no era comprensible a la humana capacidad”. Aproximadamente como ahora. Y seguramente estaban encendidos los braseros de Palacio el 17 de enero del 533 cuando, sólo tres años más tarde, con la misma pasmosa velocidad y perfección con la que se construyó Santa Sofía, promulgaba o confirmaba esa recopilación, el “Digestum” o las “Pandectas” encargando a sus jueces que las cumplieran e hicieran cumplir, mediante una constitución llamada “Tanta”.

 

Esta pasmosa recopilación de más de dos mil libros y tres millones de párrafos  (si son verdad las palabras imperiales) se hizo sin computadoras, pero con una Comisión de jurisconsultos cuyos nombres se escriben en la segunda de las constituciones citadas: Triboniano, Constantino, Teófilo, Doroteo, Anatolio, Cratino, Esteban, Menna, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo, Leónidas, Leoncio, Platón, Jacobo, Constantino y Juan. Hay poca duda de que estos profesores de Beirut y Constantinopla, jueces y abogados, que tienen el honor de ser citados por el Emperador, en efecto, no tenían computadores.  Por no tener, no tenían ni papel ni bolígrafos pues nada de eso existía. Acaso tuvieran escribas (libres, libertos o esclavos, como el gran Tirón de Cicerón, inventor de la caligrafía sin la que su amo no hubiese podido ser quien fue, como él mismo reconocía) e incluso sus alumnos les ayudaran con las fichas de papiro o fresno en las que fueran anotando fragmentos.  Lo que tenían seguro era ciencia para legarnos en Siete Libros las bases del Derecho jurisprudencial romano, o sea, las bases del Derecho expresadas por quienes tenían esa extraña capacidad de hallarlo (“ivracondere”) escudriñando en la realidad social pero sin dejarse vencer por sus vaivenes.  Compárese la labor de estos juristas con la de nuestra excelsa Comisión General de Codificación que debería haber actualizado los Códigos, ya existentes, cada diez años y, desde que existen, si tienen computadores. Bueno, ya vendrá otro Triboniano, acaso en el siglo XXX y codificará lo esencial y por Internet, accesible a todos, como la Lex XII Tabularum en el Foro.

 

En esta serie de “posts”, que hoy terminamos para grande albedrío de muchos seguidores de “¿Hay Derecho?” que ya no tendrán que leer más “latinajos” ni antiguallas, hemos visto como el Digesto no comienza explicando las dignidades palaciegas, sino que sus Proemia, su Pars Prima, Título I contiene los fragmentos que versan sobre la Justicia y el Derecho. Son doce fragmentos sólo pero contienen un saber sin el cual nada legal es jurídico, a nuestro modo de ver. Cinco de esos fragmentos son de Ulpiano (aunque en uno de los que ya hemos comentado, se apoya en Celso (hijo), el resto de Pomponio, Florentino, Hermogeniano, Papiniano, Gayo y Paulo.

 

En el fragmento colocado en décima posición y extraído de las Regularum de Ulpiano, se contienen junto a (o mejor dicho, entre) las definiciones, nada menos, que de la Justicia y la Jurisprudencia, a las que ya nos hemos referido anteriormente, los “preceptos del Derecho”, así  (D.1.1.10.1):

 

“Ivris  praecepta svnt haec: honeste vivere, alterum non laedere, svvm cvique tribvere”.

 

No se sabe de Ulpiano que fuera judío o budista o cristiano y tampoco es probable que Ghandi le inspirase sobre el “respeto” (esa idea tan simple y tan desusada por la especie humana, incluyendo – obvia decirlo – los romanos mismos), pero lo que se dice en tan pocas palabras contiene un manual esclarecedor sobre los principios jurídicos esenciales.

 

Estos son los preceptos del Derecho: vivir honestamente, no dañar a otro, dar a cada uno lo suyo.

 

Un poco más adelante, en otro jugoso título del mismo libro del Digesto, el Tercero, Paulo nos dice que en manera ninguna deben alterarse las cosas que siempre tuvieron una interpretación cierta. Hoy, ya se sabe, las normas jurídicas pueden interpretarse de cualquier manera, o, por mejor decir, de una manera y de su contraria sin sensación ninguna de aberración moral ni científica, pero nosotros deberíamos tratar de interpretar, de entender los preceptos de Ulpiano (no los llama “principia” ni “regulae”) sino preceptos en el sentido recto que él quiso darles. Por tanto, aunque Ulpiano ya vivió en un mundo de Emperadores cambiantes y volubles que sujetaban con el yugo de las legiones un imperio inmenso, seguro que era un hombre leído y que había bebido en las “fontes”, en, como diría mi nunca suficientemente ponderado maestro, D. Juan Iglesias, los hontanares y manaderos del Derecho romano clásico o los veneros, como dice Schulz en sus “Prinzipien”, y, por tanto, quería decir lo que la más excelsa cultura romana clásica significaba con esos significantes, o sea con esas palabras, cada una de las cuales pesa muchas libras o, como ahora diríamos, muchos “megas” o “gigas” de información.

 

Lo primero, en nuestra opinión, dicen exactamente lo que dicen, no necesitan interpretación, como propone Paulo. Acaso porque ya nadie sabe qué quieren decir las palabras (ya no se estudian latín ni griego con lo cual las etimologías quedan para el “Corominas”), merezca la pena sólo aclararlas:

–        Vivir honestamente es vivir con rectitud, haciendo lo que se dice y diciendo lo que se hace. Ya lo dijimos en palabras de Cicerón: “fitquoddict”, haz lo que dices, que no fue lo que siempre hizo el Príncipe del Foro (con permiso de Hortesio, claro).

–        No dañar al otro…¿necesita explicación? Entonces vivimos en una época sin Derecho, eso sí, llena de normas jurídicas.

–        Dar a cada uno lo suyo: no “iussuum”, como en la definición ulpianea de Justicia, sino lo que es suyo. Si uno actúa rectamente y con ánimo de no dañar, dar a cada uno lo suyo no es tarea compleja aunque, como el Prof. Roset preguntaba a sus alumnos al igual que los grandes juristas romanos a los suyos la pregunta clave es “Quid Ivris?”, cuál es del derecho.

 

Dije siempre a mis alumnos en el aula, donde uno se confiesa, que si no digo ya cada ciudadano, sino cada jurista, siguiese estos preceptos cotidianamente, el Derecho todo sería casi innecesario, pero esa no es, obviamente, la posición del jurista africano, que los llamó “preceptos del Derecho” y, por lo tanto, quería indicar que todo acto o decisión jurídica tiene ineluctablemente que estar informada por esas tres “primeras cabezas” o razones, que es lo que etimológicamente significa prae-captum, como caput o capere. Y el significado, no el significante, es lo que realmente importa.

 

Si Ulpiano era un romano de su tiempo y por tanto sometido a una religión formal y pública de dioses plurales ¿a qué otra “religio” se refería con su preceptos? El romano, culto público aparte, ya se sabe que adoraba a sus dioses caseros, como nuestro segundo Don Miguel, y se re-ligaba a una serie de valores cotidianos que formaban una expresión intraducible, el “Officivm”, es decir, un conjunto de obligaciones que el “bonusvir”, señaladamente el “paterfamilias” tiene que cumplir como base de su conducta: “fides, pietas, humanitas, reverentia, amicitia” y una posición en el mundo en el que su libertas y su dignitas son más valiosas que su existencia misma.  Se trata, como dice de nuevo Iglesias (“Espíritu del Derecho romano”, 1980, pág.47; “Arte del Derecho”, 1994, pag.55 ss.) de que el romano verdadero “se tomaba el oficio de ciudadano muy en serio” y que como “civis” tiene inexcusablemente que actuar de una determinada manera:  “ob-facere” hacer algo obligatoriamente, en dirección a algún lugar que, siendo civis no puede ser sino la ciudad, o sea, la civilización.

 

En el libro primero de las Instituciones de Justiniano, el manualito para estudiantes del que ya hemos hablado  (I.1.1.3) se repiten los preceptos de Ulpiano, sin citarle. Ahora que los alumnos de Jurisprudencia (1) empiezan un nuevo curso, ¿oirán alguna vez los tres preceptos?¿Les hablarán del officium y los deberes del ciudadano honesto y virtuoso?

 

Acaso en el siglo VI los alumnos bizantinos y los de los reinos bárbaros de Occidente (recuérdese que hay un año 476 con su Odoacro y su Rómulo Augústulo a quien parece haberle puesto nombre la historia misma) ya no sabían que la “religio” casera y cotidiana del romano le exige cumplir los deberes del officium. En el siglo VI ya estaban más de moda los rituales complejos y las discusiones sobre cuestiones teológicas en las que uno podía perder la vida por no diferenciar (en griego, claro) “sustancia” y “esencia”. Es posible que ya no entendieran lo que escribió Ulpiano y quedó promulgado como Derecho en un frío día de enero del año 533.

 

En el siglo XXI, esta edad de hierro y oro en la que nos ha tocado contradictoriamente vivir, tengo tantas dudas y tanta pena de que nuestros alumnos no escuchen esto como seguridad de que les interesa poco, salvo que sea pregunta de examen o les ayude a rellenar un modelo. A fin de cuentas, todavía sigo esperando que alguno de los “míos” que si oían estas cosas me escriba un billete para decirme que ha puesto, al menos como segundo nombre, a alguno de sus hijos, el de un jurista romano. Y mira que he citado algunos: Tiberio Coruncario y Salvio Juliano, son, por razones de significado y significante, como los tres preceptos del derecho y el oficio que los subyace, mis favoritos.

 

“Vale”, como hubiera dicho un romano.

 

 

(1)Reitero que es prueba de nuestra barbarie jurídica que nuestras facultades se sigan denominando de Derecho y una primera reforma de todo el sistema jurídico español vendrá cuando la primera de ellas decida llamarse de Jurisprudencia y no Derecho o – aún peor y más de moda: “Estudios sociales y jurídicos” – con un cambio, de nuevo, de significado y no sólo de significante. ¿Algún decano se anima a ser el primero?

Transparencia, Gobierno y Realpolitik

 

 

En estos días asistimos con la acostumbrada expectación al desarrollo de la campaña electoral en los Estados Unidos, pues no en vano se trata, todavía, de la nación más poderosa del planeta. Dado que los que no somos ciudadanos norteamericanos no tenemos derecho a participar en la elección del próximo Presidente, pero pese a ello somos en cierta medida sujetos pasivos de sus políticas, es buen momento para retrotraerse a la campaña anterior y hacer un cierto balance de lo que ha sido la Administración Obama; en particular, en lo atinente a sus promesas de regeneración y transparencia.

 

Todos tenemos en mente la promesa de poner fin a esa desdichada ignominia para el Estado de Derecho que era la prisión de Guantánamo, en la que los prisioneros podían permanecer detenidos por tiempo indefinido sin ser puestos a disposición judicial. Igualmente recordamos sus iniciativas de transparencia y gobierno abierto, que actuaron como acicate para que estos conceptos adquiriesen relevancia en las agendas políticas en otras naciones, entre ellas la nuestra.

 

El primer mandato del Presidente Obama se acerca a su final y, como casi siempre, parece que la Realpolitik se ha impuesto. La prisión de Guantánamo sigue siendo un limbo legal para oprobio de las democracias occidentales). Lejos de poner definitivo remedio a esa situación, Barack Obama firmó el 31 de diciembre de 2011 la National Defence Authorization Act, la cual legaliza la detención indefinida, incluso de ciudadanos norteamericanos y en territorio estadounidense. Eso sí, como aquel gobernador romano, Obama se lavó las manos tras firmar la Ley, no ejerciendo su derecho de veto, declarando que “The fact that I support this bill as a whole does not mean I agree with everything in it”…“I have signed this bill despite having serious reservations with certain provisions that regulate the detention, interrogation and prosecution of suspected terrorists.

 

Las promesas de transparencia y gobierno abierto tampoco se han traducido íntegramente en realidades. Así, la información pública, que según la Freedom of Information Act debería estar disponible para cualquier ciudadano, resulta bastante más esquiva en la realidad que sobre el papel . De hecho, tras un prometedor arranque, la Administración Obama fue ralentizando el ritmo de introducción de medidas de transparencia

 

La conclusión parece clara: la organizaciones gubernamentales presentan una gran resistencia a la introducción de medidas de transparencia y gobierno abierto. Incluso en aquellos casos en los que el liderazgo político, al más alto nivel, hace una apuesta personal por la transparencia, las resistencias internas logran, antes o después, revertir el proceso.

 

Y el corolario es igualmente claro: la transparencia ha de ser reclamada, exigida, desde la sociedad civil. Son los ciudadanos los que han de lograr que sus Gobiernos rindan cuentas de sus actos, expliquen en qué invierten los recursos públicos y, en definitiva, pongan a disposición del público cuanta información sea precisa para rendir cuentas de su gestión. No basta con esperar a que los Gobiernos, motu proprio, adopten estas iniciativas.

 

En España, la organización Transparency International ha elaborado un informe, de muy recomendable lectura, sobre la situación en nuestro país, cuyo diagnóstico coincide en gran medida con el de varios posts publicados en este blog. Los problemas de las listas cerradas, la oportunidad de una regulación de los lobbies, la necesidad de una Ley de Transparencia y de un portal en Internet que facilite al ciudadano el ejercicio de los derechos que dicha Ley le otorgue, o la profesionalización de la gestión pública son algunos de ellos.

 

Pero, aunque nos pongamos de acuerdo en el diagnóstico, la solución no va a darse por si sola. Sin una reclamación continuada y consistente por parte de la sociedad civil, es improbable que los gobiernos, sean del signo que sean, adopten medidas que a la postre van a facilitar el control ciudadano y el accountability. Solo la conjunción de una intensa demanda por parte de los ciudadanos y de una decidida voluntad por parte de los poderes públicos sentará las bases para una auténtica cultura de transparencia y gobierno abierto.

Indignación frente a la decadencia

 

Nota de los editores: El presente artículo fué publicado por el autor, colaborador del blog, en el diario El Mundo. Por cortesía del mismo, y dado el indudable interés de su difusión, lo publicamos también aquí como post.

 

Al inicio de nuestra democracia, en los años setenta, España tenía problemas de gran paro, grave crisis económica y un terrorismo constante. Pero había algo que hoy carecemos: confianza en nosotros mismos, esperanza en un futuro mejor y una clase política muy diferente.

 

Este año murieron Fraga y Carrillo, exponentes  de los dos grupos extremos en el Congreso tras las elecciones de 1977. Tuvieron generosidad, patriotismo y capacidad de encuentro. Esa clase política fue sucedida por otras hasta la actual, la más mediocre, que está agrietando los pilares constitucionales de convivencia.

 

Las encuestas reflejan hace tiempo que los políticos son la tercera preocupación. Pero siguen sin darse por aludidos de esas luces rojas. Aunque, en verdad, son el principal problema. Los que le preceden, la situación económica y el paro – ambos muy unidos-, no serían tan graves si no fuese tan nefasta la casta política.

 

Esta crisis global tiene aquí gran hondura por los políticos. ¿Cual es el origen de la burbuja inmobiliaria? La desregulación del suelo, el “todo urbanizable” y lo que no, se recalificaba. Y ello, con unos políticos locales, ávidos de “desarrollo” (¿) urbanístico y de tramas de financiación de sus partidos aunque algo quedaba en sus bolsillos. Muy pocos fueron condenados y varios indultados. Sin los políticos locales insaciables (y quienes les amparaban) no se entiende esa burbuja.

 

También ahondó esa crisis otro lugar donde metían la mano los políticos: las Cajas de Ahorro. Muchos de la nueva casta constructora se financiaba a través de esas corporaciones que okuparon aquellos. El abordaje y control de estas entidades y la gestión  irresponsable generó esa otra burbuja financiera que ha estallado.

 

Otro elemento es el autonómico que creó una nueva casta de políticos despilfarradores, con televisiones propagandistas, autopistas sin tránsito, aeropuertos sin aviones, etc. Para colocar a militantes y familiares parieron abundantes e innecesarios organismos y entidades. Este suflé generaría la bancarrota de muchas autonomías.

 

Otra muestra de la voracidadde los políticos, es el rapto de los órganos constitucionales que deberían ser elementos de control. Todas las instituciones constitucionales están contaminadas, desacreditadas y prima colocar a gente de obediencia o sintonía con el partido.

 

Tenemos un gobierno sin legitimidad moral por actuar en todo radicalmente en contra de lo que prometió. Sus decisiones están creando mucha pobreza, ahondando en una gran brecha social y condenando a millones de españoles al sufrimiento. El Informe de Caritas muestra una realidad pavorosa. Además, quien gobierna tiene siempre un plus de responsabilidad de evitar crispación social. Ahora es enorme. Pero el principal partido de la oposición, en su actual configuración, igualmente carece de legitimidad moral. Son los mismos que contribuyeron en primera línea a esta crisis pero, sobre todo, carecen de programa de futuro y modelo. Perdieron hace tiempo el norte.

 

Quienes lideran los dos principales partidos llevan treinta años en este “oficio”. Representan el pasado. En torno a ellos ha surgido un estilo de dirigentes donde pocos con sentido ético y de convicciones sobreviven. O son fagocitados o tienen que irse. A nadie de afuera, competente y honesto, se le ocurre incorporarse. Ya lo decía Marx (Groucho, el que también fumaba puros): “estos son mis principios. Si no le gustan, no se preocupe, tengo otros”

 

Es una gran crisis económica y política pero, sobre todo, de valores éticos. Pero desde que estalló no han aprendido. Nadie ha pedido perdón. Siguen sin decir la verdadtratando de engañarnos. Continúan sin tener un mínimo atisbo de ejemplaridad. Siguen anteponiendo los intereses de partido a los generales. Estan atrincherados en su bunker de privilegios. Continúan sin recortar sus privilegios. Siguen siendo incapaces de dialogar para trabajar juntos. Continúan viviendo ajenos a la realidadde una población harta.

 

Su actitud esta acelerando una erosión del sistema democrático. Y no son antisistemas subversivos quienes expresan hartazgo. Somos millones quienes desde la derecha, el centro o la izquierda, sentimos indignación. Que la ira contra ellos se traduzca en rechazo de las instituciones es muy peligroso. Eso han engendrado. Quienes tememos al vacío y somos moderados, defendemos la democracia representativa pero detestamos la burbuja en la que siguen instalados. Reaccionen ya y no desprecien a la gran mayoría silenciosa de españoles indignados ante una clase política decadente

De trucos (con buscadores) y Administraciones (poco) transparentes

El pasado 11 de Septiembre un periódico digital gallego (ver aquí) denunciaba que determinados contenidos de la web de la Xunta de Galicia estaban configurados para que no fuese indexados por los motores de los buscadores de Internet, y por tanto no fuesen accesibles mediante consultas en los buscadores mas utilizados, sea Google, Yahoo o Bing. En concreto la denuncia se refería a determinados contenidos sobre empleo público en la Xunta. Una denuncia similar se había producido con anterioridad sobre contenidos de la web de la Junta de Andalucía en Julio de este mismo año, durante la Comisión de investigación de los ERE. Es posible que para muchos esta noticia sea una nimiedad, en el contexto de la actual crisis económica e institucional, pero creo que, de ser cierta la denuncia (y nadie ha dicho lo contrario) puede reflejar muy bien el nivel de pérdida de referentes morales y éticos en el funcionamiento de las Administraciones españolas.

 

Para abordar el análisis de esta denuncia, conviene contextualizarla en el marco del  principio de transparencia que debe presidir el funcionamiento de las Administraciones Públicas, aunque todavía no se haya promulgado la Ley, puesto que España es aún hoy de los pocos países de nuestro entorno que no cuenta con una legislación “ad hoc” que recoja los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de la Administración Pública, en todo lo que se refiere a la transparencia en la gestión de los asuntos públicos y en la información que debe ser pública y accesible para cualquier ciudadano. Pero sí tiene bastante normativa sectorial en materia de contratos, subvenciones…y empleo público.

 

Si la idea de transparencia es un concepto básico en el funcionamiento de un Estado democrático de Derecho, el impulso dado a este concepto en los últimos años ha venido muy ligado al desarrollo de Internet. Si tradicionalmente podía considerarse que –en los casos establecidos por las normas- los ciudadanos tienen derecho a solicitar información pública a una Administración, y ésta debe proporcionarla, lo cierto es que este concepto “reactivo” ha dado paso a un concepto “proactivo”, en el que la Administración debe, sin mediar petición expresa, tener accesible toda la información para que cualquier ciudadano pueda consultarla. La información pública es propiedad de los ciudadanos, y la Administración debe permitirles acceder de forma transparente, fácil y gratuita  a la acción del Gobierno, evaluarla y facilitar la rendición de cuentas. El medio que hará posible que esta información sea fácilmente accesible para cualquier ciudadano es, como en tantos otros órdenes de nuestra vida, Internet.

 

No está de más recordar que el Partido Popular se presentó a las pasadas elecciones generales con el compromiso de aprobar en esta legislatura una ley de transparencia. El proyecto de ley de transparencia acaba de iniciar su tramitación en el Congreso, lo cual es sin duda una buena noticia. Este proyecto ya fue analizado en este post, y no es mi interés volver a analizarlo, sino compartir mi asombro por la capacidad de las diferentes Administraciones Españolas para intentar hacer lo contrario de lo que dicen.

 

Retomando el hilo de la denuncia con la que iniciábamos el post, las Administraciones denunciadas (Xunta de Galicia y Junta de Andalucía), publicaban en sus web la información, pero al mismo tiempo impedían que pudiese localizarse mediante los buscadores. La forma de conseguirlo no es difícil. Sin ánimo de entrar en muchos detalles técnicos, los motores de búsqueda ejecutan de forma continua un programa software que analiza el contenido de todas las páginas web e indexa sus contenidos, para que posteriormente puedan localizarse mediante una consulta en el buscador. Estos programas reciben el nombre de robots, arañas o rastreadores, ya que siguen o rastrean enlaces a través de Internet, recopilando contenido de los sitios web y añadiéndolo a las bases de datos de los motores de búsqueda.  Las arañas siguen los enlaces de una página hacia otra y de un sitio web a otro. El administrador de un sitio web puede condicionar el comportamiento de este programa, indicándole que determinados contenidos de la web, o incluso toda la web no puede ser referenciada en los motores de búsqueda. Para ello es suficiente con dejar un archivo con el nombre robots.txt en un lugar específico del site, con las instrucciones apropiadas de acuerdo con un estándar utilizado por todos los motores de búsqueda. Los que deseen profundizar en los detalles técnicos pueden hacerlo aquí.

 

El comportamiento de estas dos Administraciones plantea dos preguntas interesantes. La primera de ellas se refiere a si la Administración gallega publica en su web un determinado contenido, pongamos que la convocatoria de una plaza de empleo público, pero impide que esta convocatoria pueda encontrarse a través de un buscador, ¿está cumpliendo con la obligación legal de dar publicidad a estas convocatorias, y las obligaciones de transparencia que recogerá la futura ley? Y la segunda pregunta se refiere a ¿qué interés tiene la Administración gallega (o la andaluza, o la que sea) en impedir el acceso desde el buscador?

 

Para responder a la segunda pregunta, que probablemente parezca muy obvia, conviene recordar un poco el contexto. Hoy en día los buscadores son la puerta de entrada a la mayoría de los contenidos de la web. La mayor parte de los usuarios llega a un contenido a través de un buscador. El papel que hoy juega Google en nuestras vidas podría ser suficiente para enfatizar este punto, pero me parece también procedente recordar la trascendencia jurídica que ha tomado la indexación del buscador en referencia al concepto del derecho al olvido. Este tema también fue tratado en este post, pero me gustaría recordar que las peticiones de muchas personas en relación con este derecho no se centran tanto en que un determinado hecho de su vida, sea un delito, una condena, o una multa de tráfico, se borre del Boletín Oficial donde quedó recogido, sino en que ese hecho no sea accesible desde un buscador cada vez que se teclea su nombre. El contenido seguirá existiendo, porque ese pasado no se puede borrar, pero “existirá mucho menos” si el buscador no lo encuentra. Dicho de otra forma, no tendrá publicidad, dado que es poco probable que la gente se dedique (salvo que sean investigadores o detectives) a escudriñar boletines oficiales pretéritos.

 

En definitiva, un contenido es público si se publica en el tablón de anuncios de cualquier organismo público.  Pero será mucho más público si se publica en su web, y lo será todavía mucho más si ese contenido se pueda encontrar a través de un buscador.

 

Responder a la primera pregunta que planteábamos antes supone nuevamente reflexionar sobre el espíritu y el tenor literal de las Leyes. Probablemente pueda defenderse por la Administración en cuestión, con publicar la convocatoria en la web ha cumplido con la letra de la Ley, pero, creo que habrá pocas dudas sobre que no se está cumpliendo con su espíritu. La publicidad y la transparencia exigen la máxima difusión posible, para cumplir precisamente el objetivo de que se conozca una convocatoria de estas características, y esa es la que hoy nos da Internet, y su acceso a través de buscadores. Ah, pero es que ese es el quid de la cuestión. A lo mejor lo que se quiere es ocultar un contenido a un buscador para limitar el número de personas que lo podrán localizar. Si se trata de convocatorias de puestos públicos, de subvenciones o de contratos públicos esta conducta parece ciertamente grave, dado que lo que persiguen las normas que obligan a dar publicidad a estas convocatorias es precisamente la voluntad de conseguir el mayor número posible de solicitantes o concursantes, en aras del buen fin de la convocatoria,  concurso, o convocatoria de subvenciones. Que se entere todo el mundo que pueda resultar interesado. Por eso que por ejemplo convocatorias de contratos públicos se hagan a mitad de agosto, o dando un plazo de 48 horas para presentar ofertas hacen sospechar, que hay algo raro detrás. O, como se dice en el lenguaje popular, que el contrato (o el puesto, o la subvención) tiene “bicho”.

 

Ciertamente, en la era de Internet la estrategia utilizada parece bastante burda, pero también revela el nivel de deterioro ético de nuestra Administración Pública y sus gobernantes. Con este tipo de estrategias lo que se consigue es afianzar aún más la percepción de los ciudadanos de la extensión de la corrupción y el clientelismo en nuestras Administraciones, hasta el punto de que pueda considerarse la regla, y no la excepción como prefieren considerar nuestros políticos. Porque no se trata de que todos y cada uno de los políticos y cargos públicos sea corrupto, basta con que el sistema sea opaco y favorezca la corrupción o/y el clientelismo y el amiguismo (que no dejan de ser corrupción).

 

Es posible que nuestros políticos consideren que las obligaciones legales de transparencia y publicidad se cumplen formalmente si se publica la información en el tablón de la cafetería del organismo público de turno, pero si el concepto de transparencia está llamado a jugar un papel clave en la regeneración democrática de nuestro país, los ciudadanos no podemos tolerar esta burda interpretación.

 

Permisos judiciales (II). Los privilegios judiciales… ¡18 días!

Los jueces han amenazado huelga porque el Sr. Ministro les quiere quitar 18 días que tienen para vaguear y atascar más los Juzgados”, se oye y lee últimamente en los medios de comunicación. Los jueces como cualquier otro profesional -no es algo propio de una casta intocable- tenemos vacaciones, derecho reconocido no sólo a los trabajadores por nuestras leyes sino por las de todo el mundo en general. En el caso de este Poder del Estado que constituyen los jueces se trata de unas vacaciones con una duración de ¡22 días hábiles únicamente!… el equivalente de lo que sería el mes que, con carácter general, tiene cualquier trabajador en España.

 

La carga que comporta el trabajo del Juez, la responsabilidad que conlleva y las condiciones en las que se realiza, ha supuesto que, (como ocurre con el resto de los funcionarios públicos) se le compense dicho trabajo y la falta de remuneración adecuada, remuneración que probablemente tendría si trabajara en una empresa privada, con los famosos 18 días. Y se hace de modo semejante en los países de nuestro entorno, quizás con mayor protección, pues se engloban bajo el concepto de vacaciones, hasta 44 días hábiles (Francia) o dos meses de vacaciones (Italia). En España la regulación es distinta:  hay permisos ordinarios en el caso de los funcionarios, y en el caso de los Jueces, se convierten en seis permisos de singulares características que se pueden tomar de tres en tres días, es decir, fuera de las vacaciones strictu sensu. Este diseño excepcional nace como una compensación a las guardias de duración semanal, sin previsión de descanso alguno ni durante ni después de las 24 horas de cada uno de esos siete días, que afectaban, y afectan, a gran parte de los juzgados diseminados por la geografía española.

 

Normativamente, pues, y visto lo anterior, los jueces españoles no tienen un privilegio, sino tan sólo un mayor número de días de descanso, tal como sucede en otras profesiones de especiales características como, por ejemplo, funcionarios de instituciones penitenciarias. Sin embargo, en la práctica, tal aparente ventaja se convierte en una simple norma que permite dar flexibilidad al trabajo judicial, ya que realmente la mayor parte del trabajo que deja un juez cuando coge uno de esos permisos le está esperando en la mesa cuando, al cuarto día, regresa al Juzgado. Algo parecido ocurre con el tiempo de vacaciones, si bien, sí, es cierto, el mes de agosto es inhábil, salvo para las actuaciones urgentes, que no son pocas, sobre todo en materia penal. Y esta previsión de inhabilidad del mes de agosto, es la que permite, precisamente, a los profesionales de la abogacía y a los procuradores tener unos días de vacaciones y a nosotros no encontrarnos la mesa inundada de papeles al volver del período vacacional. Si no, más de uno renunciaría de hecho a su descanso anual, como ya se viene haciendo por parte de los profesionales de la Justicia con muchos de los fines de semana y festivos del año.

 

Un juez trabaja mucho en casa debido a que las resoluciones de enjundia tipo sentencias, autos, recursos, etc., requieren gran concentración y son muy difíciles de redactar en el despacho en el que continuamente entran los funcionarios, abogados, procuradores o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a plantear sus dudas profesionales. Porque, sí; ese tipo de resoluciones no nacen por generación espontánea en los expedientes judiciales, ni las ponen enanitos verdes que viven en los ordenadores de los jueces… sino que las ponen ellos. Hay que recordar que la ratio judicial en nuestro país llega escasamente a la mitad de la media europea, mientras que la productividad de nuestros jueces es mucho mayor que la de sus colegas comunitarios. ¿Dónde estará esa ciencia infusa que parecen tener los jueces para que existiendo tan sólo uno por cada cien mil habitantes resuelvan en un plazo razonable? Eso es resultado de un trabajo y esfuerzo personal muy importante que se compensa, no en dinero, sino que se complementa con esos 18 días. Y desgraciadamente por muy sabio que sea un juez requiere de tiempo de estudio, reflexión y redacción para solventar esos asuntos de los que dependen los ciudadanos.

 

No olvidemos que, detrás de las montañas de papeles que se amontonan en los juzgados, hay personas, dramas familiares que exigen sosiego y reflexión. Pero aquí se nos hace trabajar a lo estajanovista, como sacando churros ¿A quién se le ocurriría meterle prisa a un cirujano? ¿Se le ocurre a alguien decirle a un médico que se lleve a un paciente a casa o que opere a la vez a dos pacientes que están en distintos quirófanos al mismo tiempo? No es menor la complejidad del trabajo de los jueces, por lo que es justo que, al ser grande la responsabilidad y dificultad de su tarea, dispongan de estos días de permiso, a fin de compensar de alguna manera aquellos fines de semana y festivos que pasan en su casa trabajando, por ser múltiples los asuntos que, por su especial naturaleza y urgencia (no es difícil pensar en muchos casos en los que se ven comprometidos derechos fundamentales de las personas o los derechos de los más desfavorecidos o necesitados de protección) no pueden esperar.

 

Pero los permisos no son sólo para trabajar, sino que tienen su origen en la compensación a los funcionarios públicos por sus menores remuneraciones y estricto régimen de incompatibilidades. Y, también, por la necesidad de conciliar la vida familiar puesto que los jueces, como los empleados públicos en general, al aprobar sus oposiciones deben trasladarse muy lejos de su lugar de origen, (el caso más llamativo es el trayecto Península-Canarias). Si nos empeñamos en hacer cada vez menos atractiva la función pública, que quedaría servida por personal interino sin cualificar como ocurre en la actualidad en numerosos puestos.

 

Visto lo anterior, ¿se sigue pensando que esos 18 días son un privilegio sin sentido, único y extraño para lo que a veces se denomina despectivamente casta judicial? ¿Se sigue pensando que su supresión tiene que ver con una medida de ahorro o de agilización de los Juzgados?

 

Quiero contestar yo misma a esta última pregunta: a diferencia de lo que se hace maliciosamente creer al ciudadano, los permisos no suponen una pérdida de productividad de la justicia. ¿Por qué? Porque el trabajo de los jueces se mide por su resultado, no por el tiempo que pasen en el despacho. Se nos exige resolver casos (y, por desgracia, a veces sólo sacar papel, cantidad en vez de calidad); en cualquier caso, no se trata de estar un mínimo de horas sentados en el despacho. Eso es lo que le interesa al ciudadano, que su caso se resuelva, no dónde se haga. En un país donde más de cinco millones de ciudadanos sufren la tragedia del paro, deberíamos cuidarnos de usar una demagogia tan insultante. Por otro lado, ¿no deberíamos preguntarnos si no sería hora de ir pensando ya en el teletrabajo?, algo para lo cual sería necesaria la inversión en medios que tanto se reclama en Justicia desde hace años y algo que los políticos han ido obviando sucesivamente.

 

Permisos judiciales (I). Los jueces ¿servidores públicos o privilegiados públicos?

A algunos que todavía creemos en el Estado de Derecho nos gusta mantener algunos presupuestos contra viento y marea. Uno de ellos era que la culpa de que la justicia esté hecha unos zorros no es culpa de los jueces sino de los políticos que tratan de manipularla, que no le proporcionan los medios que necesita, que han realizado unas transferencias desastrosas desde el punto de vista de la gestión, etc, etc… Sin embargo, estos días se ha producido un hecho sobre el que conviene llamar la atención. Tras las declaraciones formales de la mayor parte de las Asociaciones Judiciales contra la reforma del Gobierno, porque la consideran negativa para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, resulta que a estas Asociaciones  parece que lo que más les interesa es seguir gozando, con la que está cayendo, de ciertos beneficios en materia de vacaciones y permisos conseguidos en el pasado. De esta forma se continuaría manteniendo la figura de los Jueces Sustitutos para evitar tener que sustituirse entre compañeros “profesionales”  o de carrera, que solo se sustituirían entre sí de forma voluntaria, incluso cuando el juez llamado a sustituir a otro no llegue en su juzgado al mínimo de asuntos establecido. Todo esto según esta noticia.  Una práctica ésta,  por cierto, que en mi opinión puede contravenir el art. 24.2 de nuestra Constitución que reconoce el derecho de todos los ciudadanos al juez predeterminado por la Ley.

 

Gracias a estas noticias nos estamos enterando de que los Jueces, no se sabe bien por qué, venían disfrutando de 18 días de permiso libre al año (parece que reducidos tras al acuerdo alcanzado con el Ministerio a a 12, aunque el Ministerio proponía reducirlos a 3) que se solicitaban al Consejo General del Poder Judicial, el cual a su vez ha emitido un informe en contra, con dos votos particulares en contra del informe, uno el del Vocal Gómez Benitez, que lo considera simplemente un privilegio, según se recoge aquí.

 

Con independencia de lo que ocurra finalmente con estos permisos, lo que parece es que hasta ahora el CGPJ nunca los negaba, de manera que en la práctica los permisos se sumaban a las vacaciones reglamentarias. Esta especialidad de los permisos judiciales viene recogida en el art.  373.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha sido objeto además de una interpretación más favorable vía reglamentaria y Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial  considerando que, aunque la ley nada decía al respecto, los permisos de tres días (uno al mes) deberían considerarse a estos efectos como días hábiles y no naturales, al atribuirles -insisto, vía interpretativa- una naturaleza semejante a los días de permisos por asuntos propios contemplados en el Estatuto Básico del empleado público, por el que no se rigen, en cambio, para el resto de la regulación de permisos, en sus arts. 48 y 49.

 

¿Que es lo que justifica esta especialidad para que no sea realmente un privilegio (que por cierto quieren imitar los fiscales y así lo han previsto en su nuevo Estatuto) respecto al resto de los funcionarios? ¿Por qué deben tener más vacaciones los jueces siendo precisamente la Justicia uno de los sectores de la Administración con más retrasos acumulados? Aquí las Asociaciones judiciales, el CGPJ y las normas proyectadas responden con razones como “conciliar vida familiar y laboral” o lo justifican diciendo que “los Jueces trabajan en sus domicilios por las tardes y los días festivos”. Pero esto no es exclusivo de los Jueces, me parece. Si la justificación es que su trabajo es “especial” cabe preguntarse ¿por qué es especial? ¿Porque necesitan pasarse unos días en casa para poner sentencias?. No dudo que haya Jueces que trabajen en casa, incluso conozco a muchos que ponen las sentencias los fines de semana, pero teniendo en cuenta que los Jueces no están sometidos a control horario (a diferencia de la mayoría de los funcionarios públicos) y que no van normalmente por la tarde al despacho, el argumento se convierte en una mera excusa. Lo cierto es que en la práctica esos días de permiso los jueces los emplean normalmente para sumarlos a sus vacaciones, y cuando necesitan trabajar en casa se quedan “de facto” y nadie lo controla.

 

Entonces, ¿por qué los jueces deben ser diferentes de otros funcionarios incluso con responsabilidad mayor o parecida: médicos, profesores, policía, militares, secretarios judiciales, abogados del Estado, altos directivos…? Creo que se necesita un debate sobre este tema que vaya más allá de  responder diciendo que “somos un poder del Estado”. Una oposición no debe otorgar más derechos que los estrictamente necesarios para desarrollar la función. Tampoco los médicos pueden recibir instrucciones en su trabajo, deben estudiar en casa para estar al día, hacen guardias, etc.. y así muchos otros funcionarios o empleados públicos, que se llevan el trabajo a casa y completan informes o corrigen exámenes entre biberón y biberón.

 

Pero es que además la reducción de los “moscosos” propuesta por el Gobierno con carácter general tiene una razón escondida: se hace para ahorrar. Y ¿dónde se ahorra por reducir días de permiso? Pues no en los Ministerios y Consejerías, donde por cierto nadie ha amenazado con la huelga, sino en aquellos sectores donde hay que contratar sustitutos o interinos para cubrir las bajas durante los permisos. Pues bien los Jueces, por ahora, han conseguido dos cosas: seguir contando con más permisos que nadie y además mantener el mismo número de Jueces sustitutos que antes (es decir Jueces sin oposición) al negarse a suplir “en ningún caso” a los compañeros, como sí hacen por ejemplo los Fiscales y los Secretarios judiciales, aunque seguramente tendrán la tentación de imitar a los Jueces. Es decir, en materia de Justicia el Ministerio de Justicia se ha guiado no por lo que es más justo y eficiente, sino por mantener tranquilo al grupo que más presión puede ejercer. No debe de extrañarnos, por otra parte, dado que esa ha sido siempre la estrategia que los distintos Gobiernos han venido aplicando en la política territorial, sindical, etc, etc… No se da más al que más necesita o lo requiere, sino al que más amenaza o se teme.  Buen ejemplo para la ciudadanía a la que le resulta bastante más difícil organizarse y presionar.

 

¿Y qué pasa con su paga extra? Veremos.

Otra vez a vueltas con el aborto

El anuncio de un proyecto de reforma –o de contrarreforma- de la normativa penal sobre el aborto ha vuelto a poner de actualidad un tema que, como se puede apreciar leyendo los comentarios a un post sobre esta cuestión publicado recientemente en este blog (Aborto, conceptos y dolor), provoca siempre una fuerte controversia, en la que fácilmente se llega al enfrentamiento personal y a la descalificación. Para algunos, esto por sí solo, es decir, la existencia de tanto desacuerdo y contradicción, ya sería motivo suficiente para justificar el absentismo del Estado y en concreto de la ley penal en esta materia.

 

Yo no creo que deba ser así. Por lo menos para mí, la existencia de discrepancia sobre lo que sea correcto o no en una materia tan grave como esta no debería llevarnos necesariamente a la relativización del asunto o a la opción por la tesis más laxa, sino más bien a un esfuerzo adicional de convencimiento, lo que a mi juicio pasa por una clarificación intelectual de los argumentos en liza, tanto de los contrarios como de los propios.

 

Algo de esto ya intenté hace unos años con ocasión de la reforma que por entonces estaba promoviendo el gobierno de Rguez. Zapatero. (Sobre el aborto, El Notario del siglo XXI n.º 23, enero-febrero de 2009).

 

La idea fundamental de ese artículo era que la relación conciencia social-ley no es unidireccional, en el sentido de que las convicciones sociales vigentes son las que determinan lo que debe ser el contenido de la legalidad, sino más bien bidireccional. Y ello porque la legalidad vigente influye y mucho en la configuración de la conciencia social dominante, en la determinación de lo que socialmente se considera correcto y aceptable. Precisamente, lo que ha sucedido en España a partir del año1985 ha sido que la despenalización parcial del aborto justificada en el excepcional conflicto moral que plantean ciertos casos extremos nos ha llevado, gracias a los términos tan vagos en que se formuló alguna de las excepciones (en especial el “grave peligro para la salud psíquica de la embarazada”), a una aplicación cada vez más relajada de la norma, con la consiguiente pérdida de toda noción social de criminalidad, o de simple ilicitud o incorrección moral. Ello ha llevado a su vez a una “normalización” social de las prácticas abortivas y a una progresiva trivialización o banalización de las mismas, con el resultado de unas cifras cada vez más ingentes de abortos practicados cada año. De acuerdo con ello, la promulgación de una ley más permisiva, que despenalizase completamente el aborto practicado durante un determinado plazo, no podía producir otro efecto que un incremento del número total de abortos.

 

Con posterioridad a la publicación de ese artículo, el anuncio de reforma se convirtió en un proyecto de ley, que mereció un dictamen favorable del Consejo de Estado, y que terminaría plasmándose en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, actualmente vigente.

 

Mi reflexión sobre el asunto no terminó con el citado artículo. En el mismo número de la revista se había publicado otro artículo del profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante Manuel Atienza, que sostenía la posición favorable a la reforma. Después de leer nuestros respectivos textos, ambos convinimos que el asunto podía dar más de sí y nos enzarzamos en un debate epistolar primero privado y que luego se colgaría en la web del Observatorio de Bioética y Derecho dela Universidadde Barcelona (http://www.ub.edu/fildt/revista/RByD16_art-atienza.htm.)

 

La reflexión adicional que supuso ese debate me llevó a una reelaboración más extensa de mi posición (ya a la vista del proyecto de ley y del dictamen del Consejo de Estado) que plasmé en el texto de una conferencia (ver aquí esas Reflexiones sobre el aborto) que pronuncié en un foro universitario a finales del año 2009. En este post voy a exponerles sólo algunas de las ideas que desarrollo en ese texto más amplio.

 

En primer lugar, les quiero recordar cómo a la vista del proyecto de lo que luego sería la citada Ley del año 2010 se generó mucho estruendo mediático en relación con una cuestión completamente secundaria: si las embarazadas menores de edad necesitaban o no el consentimiento de sus padres para abortar. Esto hizo que quedase en un segundo plano la cuestión de fondo más relevante, la de más significado jurídico: el paso de un sistema que -al menos en la teoría- era de exención de responsabilidad penal de determinados supuestos excepcionales en un marco general de punición, a un sistema en que la decisión de abortar, por lo menos durante un determinado plazo, se convierte en el ejercicio de un derecho subjetivo de la mujer, como el simple reverso del también derecho subjetivo a la maternidad, el “derecho a la maternidad libremente decidida” (sic en el art. 3.2 de la Ley).

 

Este cambio de óptica legal supone una evidente y radical ruptura con la doctrina que había construido el TC en su sentencia de 11 de abril de 1985 para justificar la constitucionalidad de la primera ley de supuestos.

 

La doctrina sentada hasta la fecha por nuestro TC se condensa en estas tres ideas:

 

1.- Sólo los nacidos son titulares del derecho fundamental constitucional a la vida, pero como la vida humana es un continuo que comienza con la concepción, la vida intrauterina es también vida humana y por tanto es un valor protegido por la Constitucióny en consecuencia el Estado está obligado por la Constitucióna proteger esa vida. “…Si la Constitución protege la vida con la relevancia a que antes se ha hecho mención, no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma; por lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el art. 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional.” (FJ 5).

 

2.- En segundo lugar, este deber de protección supone no sólo que el Estado debe adoptar medidas educativas, asistenciales, de apoyo económico, etc. para que no se produzcan abortos, sino que debe emplear la ley penal para reprimir las prácticas abortivas y disuadir de su realización. “…Esta protección que la Constitución dispensa al nasciturus implica para el Estado con carácter general dos obligaciones: La de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, como última garantía, las normas penales.” (FJ 7).

 

3.- Y en tercer lugar y por último, existen algunos casos en los que, excepcionalmente, ese valor protegido de la vida del concebido puede entrar en conflicto con algún otro valor también constitucionalmente protegido, fundamentalmente la propia vida o salud de la gestante, o la dignidad y autonomía de ésta cuando el embarazo es el resultado de una violación. En esos casos, la continuación o no del embarazo plantea un conflicto tan difícil y delicado que el Estado puede justificadamente abstenerse de intervenir con su ley penal, porque en esos casos la conducta que sería normalmente correcta no resulta, sin embargo, exigible bajo sanción penal. “Las leyes humanas contienen patrones de conducta en los que, en general, encajan los casos normales, pero existen situaciones singulares o excepcionales en las que castigar penalmente el incumplimiento de la Ley resultaría totalmente inadecuado; el legislador no puede emplear la máxima constricción -la sanción penal- para imponer en estos casos la conducta que normalmente sería exigible, pero que no lo es en ciertos supuestos concretos.” (FJ 9).

 

El planteamiento de la ley vigente es completamente ajeno a este tipo de consideraciones. Para esta ley la vida del feto no es un valor a proteger, porque el único valor que cuenta es el de la autonomía de la mujer.

 

La idea de fondo –que supone un verdadero cambio cultural y hasta antropológico- es que la maternidad no es algo que sobreviene por naturaleza, de forma en gran parte azarosa e involuntaria, como sucedía en el pasado, sino que la maternidad, toda maternidad, es el resultado de un acto de voluntad de la mujer. La mujer es madre porque decide libremente que quiere ser madre. Y este acto de decisión o de voluntad no es únicamente previo al embarazo, cuando la mujer decide o no tener relaciones sexuales o emplear o no determinados métodos anticonceptivos, sino que tiene lugar también y sobre todo una vez que ha tenido conocimiento de su situación de gestante. Entonces es cuando la mujer, conocedora de su situación real y actual de embarazo, realiza un acto de autonomía decidiendo si sigue adelante con el embarazo o lo interrumpe. Obsérvese -y esto es muy importante para entender este planteamiento- que tan acto de voluntad es interrumpir el embarazo, como seguir adelante con el mismo. Es decir, la mujer que tiene un hijo no lo tiene porque éste es el resultado de un simple proceso natural incontrolado, sino porque ella positivamente ha decidido tener ese hijo una vez que ha sabido que está encinta.

 

Así, la reproducción y la maternidad son el objeto de un derecho de la mujer que ésta ejerce en el momento en que decide si continúa o no un embarazo. Y como tal derecho, su ejercicio es libre, porque lo que está en juego es la autonomía personal de la mujer, que es lo mismo que decir la dignidad de la mujer. Y lo que se juzga valioso es esa autonomía, esa libertad de decisión, cualquiera que sea el resultado de la decisión, es decir, tanto si se decide continuar la gestación como interrumpirla.

 

Por supuesto que este planteamiento teórico se suele revestir de invocaciones retóricas al heroísmo y al sufrimiento de la mujer que se enfrenta en soledad a esa decisión dramática, a un grave conflicto existencial, en el que nadie debe interferir, porque lo valioso es que lo resuelva ella misma en su propia conciencia sin presiones de nadie, etc.

 

Ahora bien, ¿es compatible semejante visión del asunto con nuestra Constitución vigente? Obsérvese que cuando la sentencia del TC apelaba al valor de la autonomía y dignidad de la mujer lo hacía únicamente en relación con el caso de violación, porque en ese preciso supuesto la violación supone un ataque previo a la autonomía y dignidad de la mujer que la padece. Esta precisión es muy importante, porquela STC no ponderaba en términos generales el valor de la vida del feto en relación con el valor de la dignidad y autonomía de la mujer, como si la libre decisión de abortar en cualquier caso formase parte de esa dignidad y autonomía de la mujer como valor constitucionalmente protegido.

 

¿Cómo se puede justificar entonces la constitucionalidad de una ley como la actualmente vigente que ya no invoca un supuesto límite de conflicto, sino que durante un determinado plazo de gestación somete la vida del feto a la absoluta discrecionalidad de la gestante?

 

Pues bien, les voy a explicar el argumento que empleó una Sentencia del TC alemán de 28 de mayo de 1993 y al que apeló nuestro Consejo de Estado en su dictamen de 17 de septiembre de 2009 sobre el proyecto de la ley de 2010.

 

Una primera sentencia del TC alemán de 25 de febrero de 1975 había rechazado la posibilidad de una ley de plazos, considerando que la protección constitucional de la vida del concebido era incompatible con una ley que dejaba durante un determinado plazo la subsistencia de esa vida a la discrecionalidad de la gestante. Sin embargo, en el año 1993, el TC alemán cambió de criterio y admitió una ley de plazos sobre la base de la siguiente consideración: aunque el feto desde la concepción es un valor protegido porla Constitución, esa protección no tiene por qué asumirla necesariamente el Estado, sino que puede confiar esa protección a la propia mujer gestante, siempre y cuando ésta sea debidamente instruida al respecto. Esto es lo que se va a conocer como principio de autorresponsabilidad de la mujer gestante debidamente informada y asesorada. Dada la estrecha vinculación que existe entre el feto y la gestante, es ella la que está llamada en primer término a proteger la vida del feto, de manera que la ley le puede dar un voto de confianza, entendiendo que la misma actuará responsablemente cuando tome una decisión u otra, siendo suficiente en cuanto al deber de protección del Estado con que éste se cerciore de que esa decisión de la mujer se toma estando suficientemente informada y asesorada acerca de lo que va a hacer y de sus consecuencias.

 

Algo de esta doctrina se refleja en nuestra ley de 2010, que en su art. 17 establece como requisito para la práctica legal de un aborto durante las primeras catorce semanas que la mujer reciba un sobre cerrado con una determinada información (sobre las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto, y sobre los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad, las prestaciones y ayudas públicas para el cuidado y atención de los hijos e hijas, los beneficios fiscales y demás información relevante sobre incentivos y ayudas al nacimiento, y por último sobre los datos de centros de información sobre anticoncepción y sexo seguro y de centros donde pueda recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo).

 

No obstante, la aludida doctrina del TC alemán parte de la idea de que lo que debe promoverse o incentivarse por el poder público es precisamente que la gestante decida continuar con la gestación; mientras que el planteamiento de nuestra ley vigente es mucho más neutro, porque responde no a la idea de que sea la propia mujer la que se encargue responsablemente de proteger la vida del feto, sino de configurar –como decía antes- el aborto libre como una especie de derecho subjetivo, como si tan bueno fuera seguir con la gestación como abortar. En nuestra ley, que la vida del feto sea un valor a proteger de alguna manera, aunque sea en último término encomendando esa protección a la madre, es una idea que uno no encuentra por parte alguna. El feto como valor protegible es el gran ausente de la ley. De hecho, se evita todo lo posible nombrarlo, y cuando se alude a él se emplea una terminología muy abstracta: “la vida prenatal”.

 

En fin, ¿qué podemos decir sobre este planteamiento de la autorresponsabilidad de la mujer gestante debidamente informada y asesorada? Pues, simplemente, que no sé si los Consejeros de Estado realmente se creían lo que estaban diciendo. Porque, si fuera así, su candidez no deja de sorprender en tan egregios juristas. O sea que, aun  siendo la vida del feto durante esas primeras catorce semanas un valor constitucionalmente protegido –según no niega el Consejo de Estado-, la ley penal se puede desentender del asunto porque es suficiente con que la protección de ese valor se encomiende precisamente al sujeto que está planeando o ha decidido ya atentar contra el mismo. El Estado cumple con asegurarse de que se le entrega un sobrecito cerrado con información sobre ayudas a las embarazadas y a las madres y sobre sexo seguro –para que la próxima vez tenga más cuidado-, un sobrecito que abrirá y leerá o no en su casa, porque, ¡ojo!, nada de sermones de palabra, no se vaya a violentar. Es como si el Estado despenalizase los homicidios con arma de fuego bajo la condición de que en las armerías se entregue a todo comprador de una pistola un sobre cerrado con información sobre las ayudas públicas en caso de desempleo y sobre los programas contra la drogadicción.

 

Para terminar, quiero señalar que en este tema del aborto la izquierda política, condicionada por la ecuación feminismo-aborto libre, ha venido haciendo el trabajo sucio a un sector muy amplio, amplísimo, de nuestra sociedad. La realidad que tenemos delante, ante la que no podemos cerrar los ojos, es que a día de hoy la mayor parte de la sociedad española está conforme con la despenalización más amplia del aborto que promovió el Gobierno Zapatero, o al menos no ve ninguna necesidad de dar marcha atrás. Muchos no harán nunca de ello una causa explícita, pero en su fuero interno ya les estaba bien la reciente reforma, como les había venido bien la aplicación absolutamente laxa de la normativa del año 1985. Y ello, simplemente, porque nuestra sociedad se va haciendo cada día más acomodaticia, más floja. Cada vez tiende más a lo fácil y huye de todo lo que supone esfuerzo, compromiso, responsabilidad. Y en esta materia que nos ocupa –embarazos precoces, imprevistos, inoportunos, o de criaturas que vienen con algún problema- la solución más fácil es precisamente el aborto. Lo difícil es educar a nuestros hijos adolescentes, ponerles límites, exigirles una cierta contención, o al menos que asuman las consecuencias de sus actos y hasta ayudarles a sobrellevar una responsabilidad  prematuramente adquirida; lo fácil es que un fármaco o un quirófano nos resuelvan limpiamente el problema, sobre todo si –como se pretendió con la ley del año 2010- no tenemos siquiera que enterarnos. Lo difícil también es comprometerse en una relación de pareja y no marcharse cuando la cosa se complica, alegando que el asunto no nos concierne. Lo difícil es poner en riesgo un puesto de trabajo o una promoción profesional, o simplemente sacrificar un determinado estatus económico, una forma de vida más cómoda, placentera y libre, con viajes, salidas nocturnas y pocas preocupaciones, cuando llega un embarazo antes de lo que habíamos planeado. Y por supuesto, lo difícil, lo verdaderamente difícil es criar y sacar adelante con el esfuerzo y el sacrificio de toda una vida a ese hijo que no nos ha nacido perfecto.

 

Por eso, en el contexto de esta propensión generalizada hacia lo fácil y lo cómodo, a que nada ni nadie comprometa nuestra aspiración a la felicidad individual aquí y ahora, al final -por si acaso- nos viene muy bien a todos que el Estado se relaje en este tema y nos deje abierta esta puerta de emergencia. Y sobre todo, que el paso por la misma sea cada vez menos traumático. A ver si de una vez se hace cargo la Seguridad Social, con sus médicos y equipos estupendos, y no tenemos que ir por esas clínicas cutres donde ejerce lo peor de la profesión médica, donde cualquier día vamos a coger una infección y encima van dejado rastro en los contenedores de basura.

 

Esto último es muy importante, porque necesitamos la máxima asepsia clínica, el más exquisito y discreto tratamiento de residuos, para no ver en ello nada turbio. Y es que lo fundamental, lo que realmente nos procurará la máxima facilidad, comodidad y bienestar, es que entre todos consigamos eliminar para siempre todo vestigio de sentimiento de culpa, toda angustia o malestar, toda mala conciencia por lo que hacemos.