Una política sin metasentimientos

Que el adecuado manejo de los sentimientos de los ciudadanos es un componente imprescindible de la práctica política es algo perfectamente estudiado desde tiempos de Aristóteles. En su Retórica explica que si un político quiere mover a sus oyentes a la ira, ya sea para incitarles a la guerra o por cualquier otra finalidad que considere particularmente conveniente, lo primero que necesita es inculcar en su auditorio una creencia, como que los persas han cometido una grave injusticia con los atenienses. Esa creencia puede ser verdadera o falsa, pero eso es lo de menos con tal de que sea creencia. Aristóteles viene a demostrar así que es imposible inculcar un sentimiento de agravio u ofensa sacándolo de la nada. La mera descripción del sentimiento, por mucho que se invoque, es incapaz de suscitarlo. Se necesita algo más. Pero eso sí, una vez que ese algo más concurre y se da por supuesto, entonces la retórica puede descansar exclusivamente sobre los sentimientos.

 

Esta reflexión es un primer paso imprescindible para afrontar adecuadamente la deriva demagógica a la que tan fácilmente tienden los políticos en España, casi siempre por razones electorales a corto plazo. Cuando el Sr. Mas manifiesta que “Cataluña no sobrevivirá sin Estado propio” está desarrollando una retórica, incomprensible para el resto de España, pero que ha sido trabajada durante mucho tiempo en Cataluña a nivel de creencia. Contestar a esa afirmación desde el sentimiento contrario, con invocaciones a que “fuera de España y de Europa no hay futuro”, es absolutamente inútil, tanto con relación a los ciudadanos de Cataluña, que parten de una creencia contraria, como a los del resto de España, que mayoritariamente no tiene ninguna. Por ello, la única contestación eficaz estriba en entrar en detalle y destruir -o al menos poner en duda- la creencia del “expolio” que subyace a la retórica independentista más radical. Por supuesto siempre habrá atenienses con un odio instintivo a los persas, pero hay que presuponer que la mayoría racional será proclive a moderar su sentimiento de indignación si se les demuestra que los persas no han actuado tan injustamente o que esa injusticia tampoco es tan grave.

 

Por eso, una de los efectos más sorprendentes de la actual deriva soberanista es que el discurso gire casi exclusivamente sobre las ventajas o inconvenientes de una Cataluña independiente, como si eso fuese lo único que estuviese en juego. Se da por supuesto que es perfectamente natural romper un país en el que se ha convivido tanto tiempo si así lo aconseja un simple cálculo utilitarista. Sin duda es ahí donde a algunos les interesa colocar el debate, pero hacerlo implica saltarse de golpe varias fases de la discusión, especialmente la que pone en duda las presuposiciones que justifican dar semejante paso. No obstante, es necesario admitir que tras ese sincero esfuerzo por discutirlas puede ocurrir que todos nos llevemos alguna sorpresa. Que convengamos, por ejemplo, en que no existe efectivamente tal “expolio”, pero sí un trato injusto si comparamos la situación de Cataluña con las de otras Comunidades Autónomas, como Navarra o el País Vasco. Si tal cosa ocurriese sería sin duda algo extraordinariamente positivo, porque en el momento en que todos los ciudadanos españoles lleguemos a compartir las mismas creencias compartiremos también los correspondientes sentimientos, la comunicación será posible y la retórica demagógica tendrá sus días contados.

 

El problema es que nuestros partidos políticos no parecen estar muy interesados en discutir racionalmente esos presupuestos. Quizás porque la solución que resultaría de ello no pasaría por extender a Cataluña los privilegios del País Vasco y Navarra, sino por suprimirlos, diseñando así un régimen fiscal más justo y equilibrado. Es obvio que esta conclusión no interesa ni al PP ni al PSOE (como han demostrado estas elecciones vascas) ni por supuesto a CIU, que, una vez consolidada la correspondiente creencia, espera rentabilizar rápidamente su ganancia en el mundo de los sentimientos. Y si esta actitud es posible y está tan extendida en nuestro país es porque los políticos españoles se mueven siempre por el cálculo utilitarista más pedestre, sin ninguna visión del Estado a largo plazo y pensando exclusivamente en sus intereses particulares. En este aspecto la única diferencia entre los políticos nacionales y los nacionalistas es el número de circunscripciones en las que se presentan, pero eso no implica para los primeros una mayor preocupación por los intereses generales, al menos no por encima de los propios.

 

No existe ningún contencioso digno de ese nombre entre los catalanes y entre el resto de los españoles. Lo que existe es un contencioso entre partidos políticos por mayores cuotas de poder partitocrático, cuyas principales víctimas son los propios ciudadanos a los que se pretende convertir en cómplices por la vía de manejar sus sentimientos. La conclusión es que estas derivas tan ricas en fuegos de artificio son un efecto más del actual malestar de la democracia española. En ese malestar no hay ninguna particularidad nacionalista, puesto que todos lo padecemos por igual, y dado que los vicios son generales las soluciones deberían ser idénticas: modificación de la ley electoral, reorganización territorial, independencia de los reguladores, rendición de cuentas y transparencia. Aspirar a la independencia sin resolver primero estos problemas es como pretender curar una leucemia a base de amputaciones. Los pedazos resultantes portarán el mismo mal, con el agravante de que, más debilitados todavía frente a la enfermedad, serán incapaces de ayudarse entre sí. Por el contrario, comenzar por curar la enfermedad tiene la ventaja añadida de que la amputación pasará a ser cada vez menos interesante.

 

Los sentimientos no son necesariamente malos en política, es más, el verdadero problema es la endémica ausencia en la sociedad española de un tipo especial de ellos: los metasentimientos.  Castilla del Pino se refería con esta expresión a los sentimientos provocados por otros sentimientos, sobre los que Séneca reflexionó también con mucha lucidez. Siento ira, pero la simple conciencia de sentirla me suscita otro sentimiento, el de vergüenza por dejarme llevar por ella sin la suficiente reflexión. Es precisamente ese metasentimiento es el que me lleva a pensar -decía Séneca- que el que no me hayan reservado el sitio de honor en la velada ha sido seguramente sin mala intención, que quizá alguien lo merezca más y que, en cualquier caso, no es tan importante.

 

Ante la clamorosa ausencia de responsabilidad por parte de nuestros políticos, y ante su decidido interés en manejar nuestros sentimientos, deberemos hacer el esfuerzo de proveernos de una gran cantidad de metasentimientos para contrarrestarlos. Valdrá la pena, porque si hay un país que ha demostrado a lo largo de su historia dónde puede llevar una política sin metasentimientos es, sin duda, el nuestro.

El comodato como alternativa al drama del desahucio

Las ejecuciones hipotecarias están conllevando situaciones muy dramáticas de personas que han perdido la propiedad de su vivienda y son desahuciadas, es decir, obligadas legalmente a abandonar la posesión de su inmueble, y en muchos de esos desahucios (no en todos, por supuesto) sin que los propietarios tengan a dónde ir, con pocos recursos económicos, aparte de los casos en los que son familias con personas enfermas, niños pequeños, ancianos, etc., o situaciones tan trágicas como la de la mujer que se ha suicidado el viernes cuando iba a ser desahuciada. Aclaro desde el principio que mis propuestas no se van a referir a todos los casos de desahucio y respecto todos los inmuebles -hay mucha variedad- sino al porcentaje, probablemente importante, de casos graves, en gran parte producto de la crisis económica.

 

Este asunto se encuentra ahora mismo en un lugar totalmente preferente de la agenda política, social y judicial: en estos días, los jueces decanos han expresado la necesidad de modificar la normativa de desahucios, en lo que coinciden con el CGPJ. Por su parte, el Gobierno y la oposición socialista nos acaban de sorprender poniéndose de acuerdo en algo, y han resuelto tramitar de manera urgente una ley “para frenar la ola de desalojos”, iniciando los trabajos por medio de un grupo de trabajo de seis personas, tres del PP y tres del PSOE, cuya primera reunión tiene lugar precisamente hoy lunes. Aparte de las innumerables declaraciones de partidos, asociaciones y colectivos sobre esta cuestión, destacando la del Presidente del Gobierno este fin de semana que comentamos más adelante.

 

La actualidad no acaba aquí, porque el jueves conocimos un dictamen de  la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Juliane Kokott en relación con nuestro sistema de ejecución. Al informar del mismo se ha dicho en los medios españoles que el dictamen concluye que la normativa española de desahucios es ilegal. No es exactamente así, y ha de matizarse. En su dictamen de 8 de noviembre, la Abogado Kokott se plantea lo siguiente: la normativa de ejecución hipotecaria española es como un rodillo, puesta en marcha es prácticamente imparable, el deudor no tiene casi ninguna forma de pararla. Ahora bien, sigue diciendo, hay una normativa europea de protección al consumidor frente a posibles cláusulas abusivas en este tipo de contratos. Si hubiera una posible cláusula abusiva en un contrato de hipoteca, ¿podría el deudor español paralizar la ejecución? La respuesta que obtiene la Abogado, analizando nuestro ordenamiento, es negativa. No podría, tendría que ir a un declarativo posterior. Pero entonces, concluye la Abogado Juliane Kokott,  ya casi no le va a interesar en ese momento interponer el declarativo, porque para entonces ya habrá perdido la propiedad y posesión de la casa y casi le va a dar igual.

 

Por tanto, la Abogada General no opina específicamente que toda la legislación española de ejecución hipotecaria (incluido el desahucio) sea ilegal, es un tema en el que no entra en realidad, lo que dice es que, analizando el caso de que hubiera una cláusula abusiva en la hipoteca ejecutada (por ejemplo, relativa a los intereses de demora o la causa de vencimiento anticipado) el deudor no estaría suficientemente protegido o incitado  para impugnarla, dado que debería poder hacerlo en la propia ejecución y no puede, sino que ha de irse a un declarativo posterior, lo que es exigirle demasiado esfuerzo. Así se entiende el párrafo 52 de su dictamen: “Especialmente cuando el bien inmueble gravado con la hipoteca es la vivienda del deudor, difícilmente es apropiada la sola reclamación de indemnización por daños y perjuicios para garantizar eficazmente los derechos reconocidos al consumidor en la Directiva 93/13. No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el hecho de que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda y la pérdida de la propiedad y el desalojo subsiguientes, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios» (párrafo 52).

 

Habrá que esperar a la sentencia del TJUE, que tardará meses. No obstante y respecto a la forma de combatir las cláusulas abusivas, me permito recordar la solución que hace tiempo propuse en «El abusivo sistema de anulación de cláusulas abusivas», y que no va por la vía judicial, sino por una ágil respuesta legislativa.

 

Ahora bien, Juliane Kokott añade una cosa más, que me parece muy importante y que quizá aún no ha tenido la trascendencia que debiera, como es recordar (párrafo 54) que una sentencia del TJUE de 14 de junio de 2012, contra Banesto, ya dijo que en un proceso monitorio, el juez que conocía de la ejecución debía, de oficio, calificar el carácter de abusivo de una cláusula -por ejemplo los excesivos intereses moratorios o una causa de vencimiento anticipado claramente injusta- y anularla en su caso, lo que podría llevarnos a la posibilidad de que los jueces que ejecuten las hipotecas se plantearan antes de ejecutar si los intereses moratorios son abusivos o no,y rechazarlos en el primer caso. De esta sentencia ya hablamos hace meses en el post  “Armas para el deudor bancario hipotecado. La Justicia Europea agita el sistema de anulación de cláusulas abusivas”.

 

Volviendo ya a la anunciada reforma de la ley para evitar desahucios, es de suponer que en el curso de su tramitación se barajarán diversos sistemas o mecanismos,  a fin de conseguir evitar o al menos reducir en la medida de lo posible los mismos. Voy a proponer un mecanismo no excluyente sino más bien complementario de otros, y que tiene la ventaja de que es sencillo, se basa en conceptos jurídicos claros y puede convenir a todas las partes, si bien es esencialmente provisional.  Se contiene en los siguientes puntos:

 

1.- La medida se aplicaría en principio a los hipotecados que se encontraran dentro de un “umbral de exclusión”, es decir, personas con graves problemas económicos. Ahora bien, este umbral debería ser mucho más amplio que el rácano marco fijado para el fallido “código de buenas prácticas”, aprobado en el RDL 6/2012, del que hemos hablado varias veces.     Este umbral es tan bajo que, como se ha denunciado en el blog,  deja fuera una gran número de personas verdaderamente necesitadas. En definitiva, el umbral a los efectos que propongo, debería ser ampliado para incluir a muchas más familias, todas aquellas que se estime que no pueden, para tener una existencia mínimamente digna, pagar por el momento ni una cuota hipotecaria, ni tampoco un arrendamiento.

 

La ley establecería de manera obligatoria que  los deudores que estén incluidos dentro de ese ampliado y más generoso “umbral de exclusión”, consumada la ejecución de su vivienda por impago, pudieran quedar, si así lo desean, de manera automática como poseedores de la vivienda por título de comodato, hasta el momento que el banco (o la inmobiliaria asociada a él) consiguiera venderlo (aunque con un periodo mínimo, por ejemplo uno o dos años). El comodato es una figura jurídica clásica, regulada en el Código Civil y consiste en un préstamo de uso, esencialmente gratuito para el que recibe en préstamo el inmueble (comodatario). Los gastos de mantenimiento ordinario  de la vivienda, como suministros o comunidad de propietarios, serían de cuenta exclusiva del deudor ahora poseedor-comodatario.

 

El banco (comodante), mantiene por supuesto la propiedad del inmueble prestado, y esta medida que se le impondría de hecho no le sería perjudicial, sino más bien todo lo contrario. La propiedad ejecutada difícilmente va a conseguir venderla, a menos a corto plazo y en muchas ocasiones a medio. El piso vacío se va deteriorando a lo largo del tiempo y además la entidad o la sociedad inmobiliaria correspondiente, ha de pagar el IBI y los gastos de comunidad de propietarios durante todo ese periodo. El mantenerla abierta y en uso, así como el ahorrarse determinados gastos, manteniendo la posibilidad de venderla, es un beneficio objetivo. Sin mencionar el desgaste de imagen para los bancos que suponen las acciones de las organizaciones anti-desahucios intentando impedir el desalojo de viviendas. Creo por tanto que esta propuesta no supone un fomento o premio para el que impaga frente al cumplidor, o una barrera para el crédito futuro.

 

Por su parte, para al antiguo propietario, del que ya se ha dicho el enorme impacto personal que implica en muchos casos abandonar de manera forzosa su casa, permanecer en ella al menos de manera provisional, supone un alivio. Y en caso de venta posterior, probablemente se avendrá con menos resistencia a abandonar la misma.

 

2.-  Si los que están en el umbral de exclusión salen de él porque haya mejorado su situación económica, entonces el comodato se transformaría en un alquiler social con unas cláusulas y renta prefijadas por ley. Y viceversa, si la situación de un arrendatario empeora, pasaría a comodato. Si se trata de ejecutados que sí están por encima del umbral de exclusión, se podría admitir que retuvieran la posesión si lo desearan, con un arrendamiento establecido en la ley en cuanto a condiciones y renta -que habría de ser progresiva en función del inmueble y las condiciones económicas del deudor-  hasta que el banco  lo vendiera.

 

3.-  El “banco malo”, llamado SAREB, y que en realidad es una agencia inmobiliaria, va a disponer probablemente de decenas de miles de inmuebles. Se hablado recientemente de que parte de ellos se van a dedicar al alquiler social, aunque se dice que ha de vender sus activos una parte cada año.  En la medida en que no se van a vender inmediatamente, digan lo que digan, podría arbitrarse un procedimiento de realojo provisional en parte de esas viviendas a las personas que han perdido la suya, utilizando el comodato o el arrendamiento, según ingresos.

 

4.- También cabría pensar en establecer ventajas fiscales (reales, de verdad, no las ridiculeces que a veces se conceden, por ejemplo exenciones en el IBI y las tasas municipales de basuras, rebajas en IRPF o sociedades, etc.) para aquellas personas individuales o sociedades que estuvieran dispuestos a ceder en comodato/arrendamiento viviendas a familias desalojadas, incluso fijando un plazo máximo renovable (un año por ejemplo). Hay aún promotoras con multitud de viviendas, incluso promociones enteras, sin vender, desocupadas y que se están deteriorando. En los sitios de costa, ¿cuántos apartamentos vacíos hay, que no se venden ni alquilan y que podrían utilizarse? Es posible que algunos estuvieran interesados en que se ocuparan, aunque no cobraran renta o fuera pequeña, porque se mantendrían mejor y más en uso, y también, por qué no, por la razón de querer ser solidario con personas a las que la crisis se les ha llevado por delante. Esta es una medida que implicaría en la solución del problema a la sociedad civil y que no he visto que haya sido propuesta por nadie.

 

5.- Estas mismas ventajas fiscales se podrían conceder a los bancos propietarios de pisos que quisieran dedicar una parte de ellos a realojo de desahuciados aunque no fueran sus antiguos deudores.

 

6.- Los que ya han sido ejecutados, pero su antigua vivienda sigue vacía y en poder del banco, podrían pedir la toma de posesión de nuevo a título de comodato/arrendamiento, en las condiciones indicadas antes. Insisto en que esto no constituye perjuicio par el banco, que podría seguir ofreciendo en venta la vivienda, de modo que creo que no sería una barrera para el crédito futuro, peligro que también se ha apuntado estos días.  Hay que tener en cuenta que la esencia de la ejecución no es que el banco se quede con el inmueble, sino que lo venda y se cobre con el precio. Lo que pasa es que ahora no hay compradores.Por eso, esta solución, que no impide al banco vender, no es perturbadora en ese sentido.

 

7.- Mariano Rajoy ha anunciado una moratoria de hasta dos años para familias en situación extrema, y quizá obligar a los bancos a poner en alquiler social parte de sus inmuebles. No es mala medida, de hecho va en la dirección de lo que he comentado, pero parece que sería solamente para personas en extrema necesidad (umbral muy bajo, por tanto) no afecta a los que están siendo ejecutados o lo han sido ya. De modo que corre el peligro de ser como el código de buenas prácticas, algo que beneficiaría a muy pocos, y no estamos para eso. No obstante, hay que esperar en qué se concreta, solamente es un anuncio.

 

8.- Estas medida son por supuesto compatible con otras muchas que se han apuntado, como el «fresh start»,  el aplazamiento de cuotas, la mediación, la  dación en pago, control de intereses abusivos o comisiones de endeudamiento, como en Francia, etc..

 

Todo lo anterior son ideas o sugerencias para meditar, y a lo sumo constituirían formas provisionales de paliar una situación extrema de muchos españoles. Pero todos tenemos que echar una mano, y la mejor forma que se me ocurre para hacerlo yo es pensar soluciones y alternativas, y exponerlas a todos ustedes con la esperanza de que sirvan para algo.

 

La Democracia, tema I

Algunas de las reacciones que ha provocado la lectura del artículo “El Estado de papel” (no las recogidas  en la Prensa Unificada del Movimiento Catalán, liderada por la Vanguardia, que tiene el valor que tiene) sino en amigos catalanes, alguno de ellos juristas, me han llevado a pensar que los ciudadanos españoles democrátas tenemos algunas lagunas importantes en cuanto al concepto mismo de democracia.  Llevamos votando muchos años en unas elecciones libres, bien es cierto, pero parece que se nos escapan algunas cosas esenciales. Y estas lagunas son aprovechadas o/y compartidas por líderes poco escrupulosos o/y poco respetuosos con este concepto, como ocurre ahora mismo con el Presidente de la Generalitat catalana y secesionista “in pectore”, cueste lo que cueste, D. Artur Mas o con el propio Presidente del Gobierno, cuando afirma que le gustan “las mayorías silenciosas”, que sin duda son muy cómodas para los gobernantes, pero muy peligrosas para una auténtica democracia como enseguida veremos.

 

Como tengo que reconocer que yo tampoco soy especialista en el tema, he pedido consejo y me han recomendado unos libros sencillitos sobre la democracia, de los que utilizan los estudiantes de Ciencia Política, “La democracia” de Robert A. Dahl y otro un poco más complejo de Giovanni Sartori «¿Qué es la democracia?» que me han sido de mucha utilidad para escribir este post. Efectivamente, tengo que reconocer que, en el por lo demás muy extenso temario de Derecho público de mi oposición, no había ningún tema sobre la democracia, sino que empezábamos directamente con la Constitución española. Y está claro que si bien la democracia española nace y se asienta en la Constitución española de 1978 creo que entender el concepto de democracia disociado de una concreta fórmula constitucional en un momento histórico determinado es un ejercicio muy necesario en los tiempos que corren.

 

De hecho, en estos momentos lo que está evolucionando a una gran velocidad –lo que no deja de ser un acontecimiento de mucha relevancia histórica- es el concepto mismo de democracia representativa que ha estado vigente durante la segunda mitad del siglo XX. Digamos que los ciudadanos de las democracias representativas del siglo XXI nos hemos vuelto bastante más exigentes frente a nuestros representantes políticos, probablemente por la crisis económica, y les exigimos cada vez mayor transparencia y rendición de cuentas. Y también queremos marcar la agenda política (¿qué es eso de que los políticos nos digan que toca o no toca abordar un tema? Toca cuando los ciudadanos quieren, no cuando los políticos quieren) y participar en los asuntos públicos de manera mucho más activa, reclamando en casos extremos una vuelta a las democracias directas o asamblearias que no parecen posibles aunque sea por una cuestión de escala. Como es sabido, muchas de estas aspiraciones pueden hoy ser realizarse gracias a las nuevas tecnologías, con lo que implican de capacidad de informarse y expresarse por medios alternativos a los susceptibles de ser controlados por el Poder Político y de capacidad para presionar y para participar en los asuntos públicos por medios alternativos a los que decide el Poder Político.

 

Pero volviendo a los requisitos básicos de una democracia, por lo menos desde un punto de vista teórico o ideal (dada que todas las reales existentes solo lo alcanzan en cierto grado) Robert A. Dahl nos recuerda que las instituciones políticas de una democracia “a gran escala” (es decir, de una democracia que requiere de instituciones representativas por no ser posible una fórmula alternativa de participación directa de los ciudadanos) son las siguientes:

 

1. Cargos públicos electos.

2. Elecciones libres, imparciales y frecuentes.

3. Libertad de expresión

4. Fuentes alternativas de información.

5. Autonomía de la sociedad civil

6. Ciudadanía inclusiva.

 

Como puede verse en la lista hay bastantes más cosas que votar. De hecho, en prácticamente todos los países del mundo hay elecciones periódicas -con diversos grados de fiabilidad- o/y plebiscitos y refrendos (Franco también los hacía, por cierto) y no por eso se consideran democracias por la comunidad internacional, por los expertos y, sobre todo, por sus ciudadanos. Estos requisitos son esenciales por la sencilla razón de que en una democracia los ciudadanos tienen que estar en condiciones de gobernarse a sí mismos, y para eso necesitan libertad, educación cívica y también lo que Dahl llama “comprensión ilustrada”, es decir, capacidad de comprender y de decidir sobre los asuntos políticos que se les plantean. Vamos, lo contrario de convocar un referéndum sobre la independencia sin explicar bien a la ciudadanía en qué consiste o qué consecuencias tiene o diciendo que primero decidan y luego ya se enterarán.

 

Y es que, sigue diciendo el autor, la historia ya nos ha demostrado demasiadas veces que si se deja a una elite gobernante, por buena que sea,  y por muy democrática que haya sido su elección, gobernar sin límites y sin control por parte de los ciudadanos “tenderán a convertirse en déspotas antes o después, valiéndose del nepotismo, la corrupción, la promoción del interés individual o de su grupo y mediante el abuso del monopolio sobre el poder para eliminar la crítica, extraer riqueza de los ciudadanos y obtener su obediencia frente a la coerción”.

 

Este es el auténtico dilema de una democracia representativa, ya que nos guste o no, los seres humanos tendemos a abusar del poder cuando lo tenemos. En España creo que es difícil negar que lo que tenemos en la actualidad es un tipo de democracia de baja calidad o partitocracia, donde los representantes políticos dan prioridad a los intereses de los partidos a los que pertenecen sobre los de los ciudadanos a los que representan. En el caso español, además, tenemos el agravante de que se trata de una partitocracia de taifas, como ya señaló en un artículo así titulado nuestro coeditor Rodrigo Tena, cuyo origen está en una Ley electoral enferma, aprobada al inicio de la Transición   y que se encuentra en fase terminal, sometida como está a las derivas del clientelismo y de la corrupción generales  las que ya no son capaces de hacer frente unas instituciones gravemente deterioradas y desprestigiadas y una Administración de Justicia colapsada, y objeto de una creciente desafección de una ciudadanía que ha pasado del asombro a la indignación ante  tanto desgobierno o mal Gobierno.

 

En una situación así, el suponer que los ciudadanos de una parte o todo el territorio español van a ser más libres políticamente si permiten que sus representantes se salten los pocos controles a los que todavía están sometidos, que son básicamente los que establecen las Leyes –Leyes que no se olvide  hacen ellos mismos- me parece un engaño o una trampa en la que no podemos caer los ciudadanos. Como nos recuerda Sartori, si ni siquiera exigimos que el hacedor de las leyes se someta a las leyes que hace, perdemos el último baluarte de las sociedades libres, la libertad dentro de la Ley.

Elecciones en el Colegio de Abogados de Madrid

 

Como supongo que muchos de los lectores de este blog son abogados en ejercicio en Madrid, me imagino que ya tendrán noticia de las elecciones que se van a celebrar para elegir los cargos de  la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid …o a lo mejor no.  Por lo menos, ese era mi caso hasta hace dos semanas, hasta que un buen amigo, gran profesional y colaborador de este blog me pidió que fuese en una de las candidaturas, la de Ignacio Peláez, en concreto, petición a la que he accedido por motivos que tienen que ver con el objeto de este post.

 

Efectivamente, resulta que la participación de los colegiados en las elecciones de los Colegios de Abogados deja bastante que desear, y no digamos ya la participación en la vida colegial. Eso sí, luego los colegiados nos solemos quejar de que los Colegios no hacen nada por nosotros, que viven a espaldas de las necesidades de los abogados, que solo se ocupan de sus propios intereses, que son poco transparentes, que no se sabe si el dinero de los colegiados se gestiona de la forma más eficiente, etc, etc. ¿Les suena?   Pues sí, con estas Corporaciones parece que pasa más o menos igual que con nuestra democracia representativa, que nos quejamos mucho de sus defectos -sin duda con razón- pero que hacemos bastante poco por remediarlos. Y si bien es verdad que mejorar la democracia representativa es complicado y requiere un esfuerzo muy importante de la ciudadanía y de la sociedad civil para presionar a la clase política, que es la que tiene que poner en marcha la reforma integral del agotado sistema partitocrático, afortunadamente mejorar la vida colegial es un poco más sencillo. Por esa razón me he animado a formar parte de una candidatura.

 

Además, en el caso del Colegio de Madrid –y parece que también en el caso de otros Colegios- las buenas noticias es que hay muchas candidaturas que intentarán competir por despertar el interés de los colegiados y sus ganas de participar. Aquí la noticia oficial. Así que los candidatos se lo van a tener que currar  mucho, y van a tener que explicar muy bien cuales son sus programas electorales. A mí particularmente me parece que, en un momento de crisis económica, política e institucional como el actual, la voz de los abogados en defensa del Estado de Derecho se tiene que oír muy alta y muy clara, y hacerlo a través de sus instituciones colegiales me parece esencial. Para que se hagan una idea en Madrid hay nada menos que 64.000 colegiados.

 

En este sentido, muchos candidatos y muchos abogados estarán el lunes 12 de noviembre ante las sedes judiciales a las 12 de la mañana para protestar por el Proyecto de Ley de Tasas Judiciales, del que tanto se ha hablado en este blog. La iniciativa ha partido de la Comisión Permanente del CGAE que ha acordado por unanimidad exigir “la inmediata retirada del proyecto de Ley de Tasas Judiciales, que consagra una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de ciudadanos”. Esta medida se ha adoptado por “la ineficacia de las reformas acometidas hasta ahora y el muy presumible empeoramiento de la situación con gravísimas afecciones al Estado de Derecho”.

 

La Comisión Permanente aprobó asimismo la convocatoria por los Colegios de Abogados de concentraciones de protesta en toda España en las sedes judiciales el lunes 12 de noviembre a las 12 de la mañana.

 

Y es que en los tiempos que corren, como abogados, como juristas o como ciudadanos, nos toca a nosotros defender el Estado de Derecho. Porque supongo que a estas alturas ya saben que nadie lo va a hacer por nosotros.

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Deformación profesional: Posibles soluciones al problema de nuestro modelo de Estado desde la óptica de un asesor financiero

Asumiendo como punto de partida que a corto y medio plazo los Estados seguirán siendo los agentes básicos de la organización política europea y mundial, este artículo pretende aportar conceptos ajenos al derecho político para intentar contribuir al diseño de la solución venidera, una vez constatado el irreversible agotamiento del marco constitucional español actual.

 

El concepto del modelo federal está siendo desempolvado recientemente por quienes ayer no veían ningún problema con nuestro modelo constitucional en vigor. En su absoluta indeterminación, y tal y como han denunciado reiteradamente autores como Francisco Sosa Wagner, estos paladines no aciertan a esbozar las características básicas que, a su juicio, deberían definir su ahora ansiada federación.

 

Intentemos ayudarles partiendo de cero. ¿Qué es lo verdaderamente interesante de una comunidad política para sus protagonistas, los ciudadanos? Asegurar amplios niveles de libertades individuales, la corrección de las desigualdades en el acceso a los recursos primarios, el establecimiento de las condiciones necesarias para poder prosperar social y económicamente, entre otras virtudes.

 

Pero yendo un paso más allá, en lo relativo al establecimiento de un perímetro y una estructura del Estado entre varias alternativas, un profesional de las operaciones de fusión y adquisición, como es mi caso, bien puede señalar algunas fundamentales:

 

  1. Encaje estratégico de las partes.

 

  1. Generación de economías de escala.

 

  1. Obtención de sinergias de coste.

 

  1. Sostenibilidad en el tiempo.

 

Encaje estratégico de las partes.  Los ciudadanos de ese Estado deberían compartir un sustrato cultural razonablemente común –al menos en términos relativos–, que permita alcanzar niveles de cohesión suficientes para poder asegurar el buen funcionamiento de los mecanismos redistributivos de la riqueza.

 

Generación de economías de escala.  El tamaño del Estado debería ser suficiente para asegurar un mercado doméstico de ciertas garantías, que permita un desarrollo inicial de nuevos proyectos empresariales, así como un peso específico en pie de igualdad con el de otros Estados de su entorno.

 

Obtención de sinergias de coste. Unido al punto anterior, el Estado debería racionalizar estructuras para optimizar el coste de absorción por contribuyente del soporte de la administración de ese Estado, especialmente en lo tocante a bienes públicos puros, como es el caso de la diplomacia o las fuerzas de seguridad.

 

Sostenibilidad en el tiempo. El Estado debería dotarse de mecanismos tendentes al equilibrio entre sus distintas subestructuras, huyendo en lo posible de potenciales conflictos larvados que, como hemos visto con el caso de la Constitución de 1978 y su ‘café para todos’, a lo largo de su desarrollo derivan en conflictos progresivamente más difíciles de resolver.

 

Todo ello estaría alineado con sumar España y Portugal, antes que con desgajar una parte de la actual España para crear dos Estados independientes. Y es que construir una verdadera estructura política federal implicaría –debería implicar– redefinir el mapa político-administrativo en base a tres criterios primordiales: escala, equilibrio y racionalidad.

 

Por escala entendemos tamaño, medido por población. El principio de equilibrio apunta la necesidad de que los tamaños relativos de las distintas entidades incorporadas a la federación sean equiparables. La racionalidad impone partir, en la medida de lo posible, de estructuras ya existentes, como Estados, comunidades autónomas o provincias.

 

De la conjunción de estos principios surge el evitar criterios esencialistas (p.e. reclamaciones históricas o criterios lingüísticos), como sustituto de otros más estrechamente ligados a la visión ‘ciudadanista’ de la política a la hora de definir la nueva organización territorial.

 

En este contexto, recuperar el mensaje de integración federal peninsular tendría al menos cuatro beneficios incontestables:

 

1)     Establecer al Estado resultante de la fusión en el mismo plano que el resto de Estados más influyentes en la Unión Europea;

 

2)     Abrir la posibilidad de crear un nuevo equilibrio interno entre las distintas subestructuras integradas en la federación;

 

3)     Neutralizar el discurso de permanente victimismo nacionalista periférico al atraer a millones de nuevos conciudadanos; y,

 

4)     Incrementar el atractivo de la oferta lingüística educativa para los escolares nacionales del nuevo Estado.

 

Una nueva Federación Ibérica podría estar constituida por siete subdivisiones político-administrativas: Insular, Atlántica, Norte, Centro, Sur, Europea y Mediterránea, con cada una albergando una población en torno al 15% del total (excepto la Insular, por motivos obvios).

 

Profundizando en estos aspectos, resulta evidente que un impulso integrador es mucho más fácilmente oponible a uno desintegrador que la mera defensa enrocada del status quo político-territorial actual. El terreno ganado por la marea negra nacionalista a lo largo de los últimos años se explica en gran parte por el indiscutible atractivo de ensalzar–con mayor o menor desfachatez y grado de manipulación sectaria– el sentimiento de pertenencia a un renovado proyecto alternativo.

 

Por el lado geoestratégico, una Iberia integrada se aproximaría lo suficiente a las magnitudes macro de una Italia, un Reino Unido o una Francia –p.e. con más de 57 millones de habitantes, frente a 58, 60 y 62 millones respectivamente–, como para ganar un importante peso relativo en las relaciones intra-comunitarias –p.e. asignación de votos–, por no hablar de su interlocución reforzada frente a iberoamérica.

 

El último aspecto tratado es probablemente el más heterodoxo. En el fondo se trata de plantear una serie de ‘sacrificios aceptables’ a la ciudadanía monolingüe. Y es que, más allá de iniciativas que hoy parecen quiméricas como un resurgir o una reformulación del esperanto, asegurar una convivencia reforzada, un proyecto de futuro en común entre todos los ciudadanos de la comunidad política plurilingüística que puebla la península ibérica, requiere de ciertas concesiones por parte de todos.

 

Imaginemos un único modelo educativo nacional que, en lo concerniente al aspecto idiomático, fuese necesariamente bilingüe –trilingüe si incluimos el inglés– en todo el territorio. Con el español como lengua franca, resulta obvio que añadir al menú un idioma como el portugués, con 240 millones de hablantes en el mundo –siendo la quinta lengua materna más hablada–, supone un importante salto de nivel –no tanto en términos culturales, sino de fría competitividad internacional– frente al abanico lingüístico nacional ofertable en los distintos puntos de la España monolingüe de hoy.

 

A través de estas nociones tomadas prestadas del M&A el ‘ciudadanismo’ se hermanaría con un pan-Iberismo correctamente federal, a través de un nuevo diseño de Estados federados –menos y más equilibrados en sus variables macro– y una nueva arquitectura competencial –delimitación entre dirección política y administración de proximidad–. Esto permitiría dibujar un nuevo horizonte de convivencia. Un horizonte hacia el que caminar porque en él se consignaría por fin al maldito sentimiento identitario –como paradigma de todos los atributos definidos por exclusión– al permanente destierro político que se merece.

 

El misterioso caso de los ipads perdidos y recuperados en el templo (de la ley)

Estos días ha habido noticias tan importantes como la reelección de Obama o la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los matrimonios homosexuales, y yo he hecho esta semana otro post más sesudo, sobre la delación, pero hoy, en este día festivo madrileño, se me va la vista, también festiva, a una noticia menor, pero no por ello irrelevante, como la de que el presidente del Congreso ha dispuesto que ya no se repongan más ipads a sus señorías, porque al parecer ya van por 30 perdidos o destruidos.

 

Es necesario hacer de esta cuestión un análisis riguroso y no dejarnos llevar por la fácil demagogia. Si mis cálculos son correctos, hay 350 diputados y ya se han cargado 30 ipads, o sea, estamos hablando del 8,5 % de los diputados favorecidos con la dádiva. Y como los diputados llevan menos de un año en su cargo, estamos hablando de un porcentaje de pérdida o destrucción de más de un 8,5 % al año

 

Pudiera parecer un porcentaje amplio respecto a las estadísticas de torpicie de la población en general, cierto. Pero no debemos ser excesivamente duros con los diputados. Razonemos. En primer lugar,  sus obligaciones son de tal naturaleza e importancia que les obligan a estar fuera del Congreso en muchas ocasiones, así que el ipad es una herramienta totalmente imprescindible. Piensen cómo si no van a expresar sus profundos pensamientos y ejemplares disquisiciones a través de twitter (aunque a veces meten la pata estridentemente, lo admito). Porque el iphone está bien, sí, pero es un poco impreciso e incómodo para los dedos de algunas señorías y hay un cierto riesgo de error ortográfico al que no deben arriesgarse. Imagen, vamos.

 

Por otro lado, nuestro país ha de ser pionero en la conciliación de la vida familiar y laboral, y la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Por ello no ocurre aquí como en muchos países, en los que la asistencia a los templos democráticos es casi del 100 %, como por ejemplo en Chile, vean ustedes aquí qué niveles, demostrando una total falta de sensibilidad con el concepto de conciliación; no, en España hay muchas cosas que hacer fuera y además es que hace muy buen tiempo y ahora con las calefacciones esas que ponen en las terrazas, se está muy bien al aire discutiendo asuntos importantes, lo que además es más ecológico pues no se gastan las bombillas aquellas del ministro Sebastián, que se colocaron en el Congreso (suponemos). Por todo eso la asistencia al Congreso es menor, claro. Bueno, al menos eso creemos por las fotos del congreso medio vacío, pero en realidad no hay datos ciertos de cuál es la asistencia de los diputados o senadores; debe de ser un gran secreto para que no les tengan localizados por el tema del terrorismo o algo así, porque no quieren decirlo, aunque les sea preguntado, según parece, vean aquí.

 

Y claro, lo normal es que, con el trajín, pues se caigan o se pierdan estos delicados aparatillos. Parece un nivel de torpeza superior al normal el de nuestros diputados, es cierto, pero hay que valorar que se suben al AVE, luego el taxi, meterse en el Palace, cruzar la calle. Es mucho movimiento. Se pueden romper. E incluso perder y no saberse dónde están. Porque pensar que se lo han dado, para así tener dos, al cónyuge o compañero/a (de cualquiera de las orientaciones sexuales posibles y de uno y otro sexo, pues a todos les gusta) es una infamia… y pienso que no está bien que Posada diga que las conexiones de las tabletas que Sus Señorías pierdan de vista “se anularán inmediatamente de forma remota para hacerlas inservibles” y que “se trata, -esa es también la vocación de la Cámara-, de evitar cualquier sospecha”.

 

Vamos, me parece que son muy mal pensados, no creo que eso pueda ser así. ¿Cómo van a hacer esa inmoralidad, hombre? Y no me vengan con lo de la amnistía fiscal, las pensiones vitalicias, las exenciones, menús baratos, etc. No tiene nada que ver. Y además, aunque fuera así; porque, sea sincero, lector, ¿quién no se ha llevado las toallas del hotel? ¿O sisado la propina del restaurante cuando nadie te ve? ¿Quién no ha cogido el periódico de la puerta del vecino que está suscrito,  guardado dinero negro u obtenido una baja falsa? Toooodo el mundo lo hace.

También se ha dicho con mucha mala baba que esos ipad son bienes públicos, y que si lo rompes, lo has de reponer tú. Como si fuera esto una empresa privada, sujeta al Derecho Privado, esa cosa capitalista y globalizadora. Esto no es así, perdonen. Los ipad, como el dinero público, no son de nadie, Carmen Calvo Pixi y Dixit.

 

¡Son los Padres y Madres –o progenitores A y B- de la Patria, leche! No son como usted y yo, no les vamos a hacer un ERE como a los demás y suprimir el cincuenta por ciento de ellos: todos y cada uno son totalmente imprescindibles, con sus correspondientes ipads (al que por cierto habría que añadir ahora el ipad mini porque hay que estar perfecta en cada ocasión y no vas a sacar el aparataco normal en una reunión en el Ritz, digo yo).

 

Lo interesante sería –vean que soy proactivo- que pudieran conectar vía wifi los famosos pinganillos que el PP no ha querido suprimir en el Senado para las traducciones simultáneas (a pesar de que votó en contra de su establecimiento) a dichos ipads para poder seguir las sesiones desde fuera del Congreso o Senado. Eso sí sería aprovechar los recursos públicos de manera eficiente.

 

Perdonen que me extienda, pero es que hay mucha demagogia. Ahora me viene a la memoria lo del 25-S, los revolucionario rodeando el Congreso, ¡precisamente cuando estaban a punto de resolver los diputados sobre sus retribuciones! Claro, con esa presión no tuvieron más remedio que dejarlas como estaban. Y ahora cómo las van a bajar, si les han hecho esta jugada, ¡ni que fueran como Artur Mas, que se va a un hotel de 1600 euros noche, es que España les roba!

 

De verdad, un poquito de por favor.

 

Transparencia, invisibilidad y translucidez (II)

Como decíamos en la primera parte de esta entrega, la transparencia no es maleable. No puede acordarse caso por caso ni es posible establecer condiciones o límites difusos frente a otros derechos. Quien está sometido a ella no puede tener parapeto alguno que le permita ocultar las finalidades, razones o desviaciones que motivan sus actos. La transparencia es un círculo virtuoso, ya que impide el abuso del poder y la corrupción y es la única garantía para los ciudadanos del control sobre sus mandatarios. La fe ciega en que se fundamenta la opacidad de la actuación pública se opone al concepto de la democracia.

 

Pero la LT regula la transparencia como una excepción, determinando los casos y circunstancias en que opera, lo que da lugar a que todo aquello que no se declara terreno transparente continúa siendo zona oscura. Utiliza, para colmo, términos genéricos y discrecionales propios de un paternalismo de otros tiempos, y ordena así que se aplique únicamente sobre «la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública» (art. 4.1). Al final, queda como una potestad discrecional que se concede cuando le parece adecuado al órgano que actúa en nuestra representación y con las potestades que le hemos atribuido los ciudadanos.

 

La LT sólo podía haber partido de la obligación de que toda la información relativa al sector público o a los particulares en su actividad o relaciones con el sector público sea transparente, es decir, que esté al alcance de cualquier ciudadano. Para ello, tendría que exigir que esa información se publique por medio del único canal que actualmente existe en la práctica: Internet.

 

La LT debería exigir además que toda publicación en Internet de información relativa a la actividad pública se haga en un formato compatible o accesible, es decir, indexable.

 

La LT podría, entonces, establecer con cuentagotas los casos en que dicha obligación se exceptúa o condiciona, manifestando además las razones prácticas de interés público que exigen la reserva de esa información (en el fondo, la Ley de secretos oficiales viene a partir de este concepto).

 

Pero, lamentablemente, la transparencia por la que aboga la LT no es tal, sino que se reserva a los poderes públicos las llaves de acceso a la información, exigiendo solicitudes (con identificación del interesado y motivos), resoluciones, recursos y sanciones. Así, la información, en lugar de pública, estará disponible sólo para algunos y en aquellos momentos o circunstancias en que se considere oportuno (el “Portal de la Transparencia” habría que llamarlo Portal de Translucidez Controlada).

 

Y lo gracioso de la situación es que la critica evidente de esto se encuentra en la propia EM, que afirma literalmente que no se puede, por un lado, hablar de transparencia y, por otro,no poner los medios adecuados para facilitar el acceso a la información divulgada.Y habla de la información divulgada, ¿qué harán con la que guarden sin divulgar?

 

Para colmo de males, la LT condiciona su controladísima eficacia a la protección de datos. Esto permite nega definitivamente la transparencia, ya que este principio no va a afectar sólo ala aplicación de la LT, sino también de todas las leyes que regulan desde hace ya lustros la transparencia en ciertos procedimientos administrativos, las que ordenan hacer públicas ciertas resoluciones y actos de trámite.

 

Si la LT, que será la norma principal en la materia, condiciona la transparencia a la protección de datos ¿de qué modo podrán interpretarse las obligaciones de publicación (escrita o manifestación en público) en la actuación administrativa que establecen las leyes que han respetado tradicionalmente la transparencia?

 

Ni la normativa de contratos, ni la de concesiones, ni la de subvenciones, ni la de indultos, ni ninguna otra, ordenan que se respeten los principios de protección de datos al publicarse la convocatoria la lista de concurrentes o la concesión del compromiso público ni cuando ordena que se lean en público las circunstancias de las licitaciones concurrentes. Sin embargo, tras la LT, las dudas que se han ido poniendo de manifiesto sobre los conflictos entre la transparencia y la protección de datos se resolverán, aplicando la regla de la LT, en el sentido de «respétese el principio del consentimiento y el derecho de cancelación» en tales publicaciones.

 

Las leyes que ordenaron que se publicara la información no limitaron en nada su difusión, ni abogaron, desde luego, por escenificar un mero ritual, sino que invitaron a los ciudadanos a participar en los asuntos públicos garantizándoles el acceso a la información. Como poéticamente afirma la EM, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de  buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política.

 

Habría que partir del axioma de que, necesariamente y por el bien de la comunidad, los derechos individuales tienen que ceder frente a los de participación social, los que dan lugar al dialogo democrático y la madurez social, de modo que la concurrencia de un interés público en la información publicada deroga la intimidad y la protección de datos. Este principio ya está vigente y no precisa de confirmaciones ni refuerzos, sino sólo que se dejen de ignorarlo.

 

Por ello, las normas que ordenan la publicación de contenidos que podríamos llamar “oficiales” tienen que interpretarse en el sentido de promover la finalidad que persigue ese mandato de publicidad, que no es otra cosa sino la participación. Es indiferente que la forma de publicidad sea distinta en algunos casos, ya que la única razón que cabe advertir en la diferencia es la de eficiencia de costes frente a la mayor o menor necesidad de conocimiento y control, que justifica que no se publiquen en prensa o en boletines aquellas decisiones más “corrientes” que simplemente se leen en acto público. Esta interpretación exige que todas esas resoluciones tienen que hacerse públicas por medio de Internet y cuando se dice publicidad, evidentemente, no se puede permitir la invisibilidad.

 

Si hay algún conflicto singular relacionado con la intimidad o la protección de los datos, debería resolverse de antemano por el propio interesado, no participando en el concurso o no pidiendo el indulto. Las reglas están claras y no pueden alterarse sobre la marcha en perjuicio del derecho fundamental a la participación ciudadana.

 

Es triste que, después de lanzar los brindis que formula la EM, el proyecto de LT y la filosofía que destilan las actuaciones públicas mantengan el espíritu napoleónico (gatopardesco) que denuncia Elisa en su post, ya que tenemos ante los ojos un caso más de cinismo político: «España no podía permanecer por más tiempo al margen y, tomando como ejemplo los modelos que nos proporcionan los países de nuestro entorno, adopta esta nueva regulación» (…aprovechando la ocasión para enterrar definitivamente la transparencia, habría que aclarar).

 

Para terminar, los conflictos que puedan existir con la propiedad intelectual, que menciona Ana en sus comentarios al post de Juan Luis Redondo, creo que no requieren nuevas leyes ni otra acción que aplicar la normativa ya aprobada. La protección de la propiedad intelectual se basa, precisamente, en su publicidad (publicación del derecho en los registros correspondientes), para permitir al titular que controle su uso y explotación, de modo que su publicidad vinculada a una inversión pública no veo cómo puede perjudicar tales derechos, salvo que se trate de patentes secretas, como apuntaba Sitorg en el post de Juan Luis Redondo. Si alguien quiere impedir que se acceda al contenido, que no participe en el concurso, pero es inadmisible que se otorguen premios, por así decirlo, manteniendo en secreto lo que se valora y se premia.

 

El derecho de acceso a los archivos públicos no tiene nada en común con la participación ciudadana, sino con la defensa de los intereses individuales involucrados en la actuación administrativa y, por ello, creo que no es oportuno compararlos ni mezclarlos con la transparencia. De ahí la crítica del Defensor del Pueblo cuando se denegó el acceso por tratarse de procedimientos aún no conclusos. Es que nada tienen que ver.

 

En relación con las leyes de reutilización, creo que es acertado proteger la intimidad de las personas intervinientes en los procedimientos, al igual que la propiedad intelectual que pudiera estar envuelta en ellos(o que, respecto de esta última, no se reserve la administración derecho alguno sobre ese material, que no por ello queda relicto, sino a disposición de su legítimo titular), ya que la reutilización ampara la participación ciudadana en el valor residual que pueda tener el material administrativo, fundamentalmente histórico o científico, garantizando su reversión a la sociedad, que ha financiado toda esa actividad, para que se beneficie de ellos. No tiene sentido que la reutilización haya de implicar un sacrificio individual en la intimidad o el patrimonio (por la propiedad intelectual) de algún ciudadano concreto. La reutilización no tiene nada que ver con la participación ciudadana y no tiene sentido compararla ni confundirla con ella. Por otra parte, cuando el interés es histórico, la misma LOPD deroga su régimen de protección.

Transparencia, invisibilidad y translucidez (I)

 

«La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de  buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar de una sociedad crítica, exigente y participativa». Es tan bonito que me deja sin palabras, y se trata, ni más ni menos, del primer párrafo de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Transparencia

 

Hoy en día todas las Administraciones Públicas presumen de transparencia: aprueban Leyes que la garantizan, dictan acuerdos permitiéndonos acceder a toda la información que producen, envían camiones con toneladas de documentos que acreditan los hechos que investigan los tribunales y los sacan en el telediario para que no haya dudas, abren «sites» que facilitan el acceso a la información de todos los organismos públicos…En fin, es tal la facilidad con que aparentemente podemos conocer qué se cuece en los pasillos de la Administración y con qué salsas, que estamos cercanos a morir de un empacho.

 

Pero no nos llamemos a engaño, si es mucha y no se cuenta con las adecuadas herramientas de gestión, la información se convierte en basura, porque quien quiera conocerla tendrá que ponerse los mitones y la mascarilla y empezar a rebuscar en las montañas de papeles para seleccionar, si lo encuentra, ese detalle que le permitirá convencerse de que todo es correcto o de que no, que hay que exigir responsabilidades. A este aspecto se refiere también la preclara EM: «Para canalizar la publicación de tan ingente cantidad de información y facilitar el cumplimiento de estas obligaciones de publicidad activa y, desde la perspectiva de que no se puede, por un lado, hablar de transparencia y, por otro,no poner los medios adecuados para facilitar el acceso a la información divulgada, la Ley contempla la creación y desarrollo de un Portal de la Transparencia. Las nuevas tecnologías nos permiten hoy día desarrollar herramientas de extraordinaria utilidad para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley cuyo uso permita que, a través de un único punto de acceso, el ciudadano pueda obtener toda la información disponible».

 

Para valorar correctamente estos dos párrafos refresquemos nuestra memoria sobre el hecho de que las “nuevas” tecnologías incrementaron muchísimo las posibilidades de gestión de la información mediante las bases de datos automatizadas, superando con creces la eficacia de aquellos ficheros manuales y sistemas de catalogación universal que los que somos de la generación analógica tuvimos ocasión de conocer en las bibliotecas públicas y universitarias. Internet ha liberado de la materia a las fuentes de información y nos las pone delante mediante el acceso directo a través de la red. Los documentos ya no dependen del papel, el saber no ocupa lugar ni está distante. Ahora tenemos a nuestro alcance la verdad sin intermediarios ni interpretaciones.

 

A su vez, el ingente volumen de información que existe en Internet no es un obstáculo para encontrar y gestionar la información, pues, partiendo de la tecnología de las bases de datos automatizadas, la industria ha desarrollado el servicio de motor de búsqueda, que nos identifica en fracciones de segundo la fuente de la información que se corresponde con los criterios que determinamos. El tiempo de búsqueda ya no es obstáculo, Internet no es el pajar que esconde la aguja, pues el tiempo necesario para encontrarla ya no es estimable. Se trata de una combinación perfecta, se han superado los viejos condicionantes de espacio y tiempo y la información está ahí, para quien la quiera, dando paso a la “Sociedad de la Información”, la que tiene la información a su permanente e inmediato alcance y, por ello, la existencia de esta sociedad depende de la información.

 

Esta revolución abre también la puerta a un cambio político incuestionable: parafraseando la EM, con un poco de transparencia los ciudadanos podríamos conocer cómo se toman las decisiones que nos afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, ya que podemos recuperar en un instante toda la información que se haya publicado en la red en relación con cualquier asunto público. De este modo, la Sociedad de la Información es crítica, exigente y participativa, con plena capacidad de ejercer la democracia. Es más, dado que, afortunadamente,los buscadores han establecido la neutralidad como sistema de actuación,el servicio que prestan no selecciona las fuentes sobre las que operan, sino que indexan (es decir, buscan en)la totalidad de la información que se publica en Internet, con la única salvedad de aquélla que el editor haya decidido que no se indexe.

 

De este modo, la información que facilitan es objetiva, sobre la totalidad de Internet, y neutra, respetando la decisión del editor, hasta tal extremo que (salvolas  dudas manifestadas sobre los criterios del orden de la lista de resultados para favorecer el propio negocio) lo cierto es que la información que facilitan es siempre completa y aséptica: todo lo que se corresponde con el criterio de búsqueda está en la lista de resultados, y lo que no está en la lista de resultados es por exclusiva decisión del editor del contenido. El respeto a la voluntad del editor se materializa mediante un sistema muy simple, a disposición de éste, que permite impedir que un determinado contenido se indexe por los buscadores.

 

Sin embargo, cuando hablamos de la publicación pública hay un cabo suelto. Las Administraciones empiezan a utilizar las herramientas para obstaculizar el acceso a la información, pero sin dejar de cumplir con el políticamente correcto ritual de la transparencia, y logran así sublimar la transparencia hasta la invisibilidad,generando un pajar, escondite favorito de las agujas y evitando así pincharse con el control.

 

El post de Juan Luis Redondo de hace unos días citaba las quejas que se están formulando frente a páginas web institucionales que impiden la indexación por los buscadores de la información aparentemente incómoda o susceptible de un aprovechamiento más cómodo sin concurrencia o control, haciéndola invisible. Es más, hay entidades públicas que impiden la indexación de la simple doctrina que ellas mismas “publican”voluntariamente, como sucede con la web de la Agencia Española de Protección de Datos.En muchos casos, como el de la Agencia, se ofrece un servicio de buscador cuya capacidad y calidad dista mucho de ser comparable con la de los buscadores abiertos, a los que se impide operar con esa información, dando lugar a una transparencia controlada, o incluso, los criterios de búsqueda se limitan a los del número del expediente, que es prácticamente imposible conocer y nunca tiene relación con el contenido de la doctrina que se busca, como sucede con el Tribunal de Cuentas.

 

Lo peor es que, profundizando en la invisibilidad, se elaboran teorías que tratan de justificarla apelando a la intimidad o a la protección de datos yse propone que la publicación de información sobre las personas (incluida la de los responsables políticos y sus amistades) se haga en algún formato no indexable, incluida aquella que se publica en los boletines oficiales por mandato legal. Así, pueden citarse instrucciones en este sentido de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y la de Cataluña. En definitiva, a pesar de retratarse envueltos en la bandera de la transparencia, la tendencia de moda en el sector público es la invisibilidad.

 

Pero el futuro pinta peor: ya se ha hablado también en este blog del Proyecto de Ley de Transparencia, que no se considera como política pública que exige la democracia, sino como un mero derecho de acceso al procedimiento y documentación administrativa. El Proyecto se opone así a considerar la transparencia como una actitud, un modo de organizar y de actuar (la transparencia se predica de la materia que permite, sin obstáculo alguno ver a través de ella sin ocultar detalle alguno). La transparencia democrática exige que permita conocer a los ciudadanos, no sólo el contenido de las resoluciones públicas, sino la causa remota de su motivación política (los objetivos que se persiguen) y la causa próxima de las razones que han conducido a la adopción de cada medida (por qué se ha decidido hacer precisamente esto frente al resto de alternativas posibles o planteadas)

 

Seguiremos hablando del tema, porque nos jugamos mucho.

La delación, ¿vicio o virtud?

Este verano se ha planteado en los periódicos una interesante polémica en relación al valor moral de la delación. Resulta que la Generalidad de Cataluña adoptó una serie de medidas que, en cierto sentido, tenían como denominador común esa idea. Por ejemplo, el Departamento de Educación decidió que los padres pueden tener acceso a datos de otros padres de quienes sospechen haber falseado información familiar para matricular a sus hijos en los mismos centros que los suyos; también se facilitó en la web del Departamento de Interior la posibilidad de aclarar la identidad de los que habían hecho graves destrozos en la calle; finalmente, se creó la posibilidad de denuncia de los casos de lanzamiento de colillas encendidas en la carretera o el aviso de incivismo en los Ferrocarriles a través de una aplicación para móvil. Aquí se puede ver una referencia a esta polémica.

 

Dejando de lado que resulta curioso que eso haya ocurrido precisamente en Cataluña y en esta época, lo cierto es que la cuestión ha generado una notable polémica. Los hay como Ana María Moix, la escritora catalana, que consideran que esas normas fomentan un vicio moral realmente vergonzante, la denuncia, y recuerda las consecuencias trágicas a las que llevó la denuncia de inocentes en otras épocas, señalando que es a los poderes públicos  a quienes corresponde esa tarea: “Es su trabajo, y cobran por él. Trasladar la responsabilidad y las funciones policiales a la ciudadanía es propio de las dictaduras, de todas las dictaduras habidas y (toquemos madera) por haber”.

 

Salvador Cardús, en cambio, estima que la invasión progresiva de la Administración pública en nuestras vidas y el exceso de tutela a que nos hemos acostumbrado ha conducido a una progresiva desresponsabilización del ciudadano en los asuntos públicos, que siempre encuentra la excusa adecuada –“siempre se ha hecho así”, “los ricos más”, “es inútil denunciar”- para no plantar cara al incivismo. Si hubiera civismo, no harían falta tanto revisores ni tanta invasión administrativa.

 

Desde luego, convengo con Cardús en que la sobrelegislación, de la que hemos hablado varias veces en este blog, y, en general, la invasión de muchas parcelas de la vida por el Estado rebaja el valor de la ley, desincentivando su cumplimiento, y nos induce a ver al Estado como un tercero, más bien enemigo, contra el cual no es irracional aliarse en defensa de las parcelas de libertad que nos quedan. Por otro lado, no hay que desdeñar el argumento de que precisamente se pagan unos impuestos elevadísimos para crear unas instituciones bastante celosas de sus competencias cuya responsabilidad es precisamente reprimir el fraude, lo que nos libera en buena parte de nuestra mala conciencia por no denunciar y de las consecuencias negativas que la delación suele conllevar al denunciante, salvo que el delito denunciado sea de los que están de moda y políticamente correctos.

 

Y lo cierto es que instintivamente el chivato nos repele. Desde niños se nos enseña a despreciar la delación (“acusica, barrabás, al infierno irás”) y de mayores el delator es visto como un sujeto que falta a ciertos deberes de lealtad que nos unen a la persona que delatamos y que se consideran de mayor valor que los deberes de lealtad frente a la norma cuyo incumplimiento se denuncia. Ahora bien, no siempre es así: seguramente veríamos bien delatar al empleado de un amigo al que aquél está robando en su tienda y no vemos igual denunciar al amigo que roba en la tienda donde trabaja. Claro que también  dependerá de lo amigos que seamos y de la cantidad que se robe.

 

O sea, que la bondad o maldad de la delación depende de aquello que se delate y de la relación con la persona a quien se delata y con la persona ante quien se delata. Por poner algunos ejemplos cinematográficos, lealtad es lo que guardan los marines para ni denunciar el Código Rojo –presión física y mental que le llevó a la muerte- a un compañero débil en Algunos hombres buenos”, que el coronel Nathan Jessup (Jack Nicholson) justifica por una necesidad superior: “Yo desayuno a 300 metros de 4.000 cubanos adiestrados para matarme, así que no crea por un segundo que puede usted venir aquí, mostrar su placa, y ponerme nervioso”. Con lo que quiere decir que aunque encubren un delito, en realidad esa presión es necesaria para salvaguardar la seguridad nacional. Cosa que no ocurre con el colaboracionista nazi de “Monsieur Batignole” (de Gérard Jugnot), cuyas motivaciones son crematísticas. Esta ambivalencia de la delación se advierte en el cineasta Elia Kazan que, avergonzado por haber denunciado a compañeros ante el Comité de Actividades Antiamericanas, dirigió  una magnífica película, “La ley del Silencio”, que ha sido considerada como apología de la delación (no de comunistas, pero sí de criminales).

 

La familia puede crear unas relaciones de una fuerza superior a las legales que justifiquen la no-delación, como cuenta Michael Sandel en “Justicia” que hizo William Bulger, presidente del Senado estatal y rector de la universidad de Massachussets, que no quiso colaborar con la detención de su hermano, un conocido gangster, y al que, ante preguntas del fiscal, reconoció debía más lealtad que al Estado de Massachussets. Otra lealtad es lo que le pedía en “El padrino II” Michael Corleone a su hermano Fredo en el asunto de Mou Green (Fredo, eres mi hermano mayor y te quiero bien. Pero no vuelvas a ponerte del lado de alguien que vaya contra la familia. Nunca”): lealtad entre delincuentes, frente a otros delincuentes por supervivencia: la omertà o la ley del silencio carcelaria.

 

Ahora bien, salvo los casos de relaciones familiares, cuando se habla de no delatar a defraudadores fiscales, empleados que no trabajan, padres que mienten para obtener acceso a institutos  o destructores de mobiliario urbano ¿qué lealtad superior protegemos? ¿Estamos en el caso de los marines y el código rojo, en la ley del silencio carcelaria o en un compromiso de la Familia? No, no tenemos deberes de lealtad con ellos y a lo mejor ni les conocemos, pese a lo cual estamos amparando situaciones contrarias a las leyes legítimamente aprobadas y a la debida convivencia, no digo yo que porque estemos de acuerdo –salvo los que lo estén- con esas acciones y seamos solidarios con sus autores, pero sí al menos porque no queremos arriesgarnos a las incomodidades y riesgos que la denuncia supone.

 

Pero sobre todo porque no hemos asumido la idea cívica de que en el cabal cumplimiento de las leyes estamos involucrados todos (ver esta entrada de Jesús Alfaro sobre la cuestión); porque no somos súbditos que debamos confiar toda nuestra vida a un Leviatán todopoderoso, sino ciudadanos que consideran las normas algo propio. En otros países la palabra delator está privada de sus connotaciones negativas y se usa en cambio el término whistleblower, alguien que advierte (“pita“ o “silba”) cívicamente del incumplimiento de las normas y que debe ser protegido (ver aquí). Y, me comenta un amigo, en otros países, como Alemania, no es visto mal que si alguien te raya el coche y no deja los datos se le tome la matrícula o se denuncie un plagio de tesis doctoral a través de un blog anónimo, como le ha ocurrido recientemente a  la ministra de educación alemana, que ha generado una enorme polémica. En España, hay algunas iniciativas pro denuncia como el Programa de Clemencia del que nos hablaba Clara Guzmán en este blog.

 

Vale, comprendo a quienes se ven desanimados a colaborar con un Estado partitocrático en el que las noticias sobre corrupción son diarias y en el que el ejemplo de la clase política no es el mejor; y también con quienes entienden que no se debemos convertirnos en una sociedad de delatores que se acusan unos a los otros, y que la parte importante de la investigación y de la sanción corresponde al Estado. Y también a quienes les cuesta hacerlo (por ejemplo en lo grandes cuerpos de funcionarios) porque se temen que no va a servir para nada.

 

Pero si queremos evitar que España sea un país inseguro, ineficiente; un país en el que unos pagan muchos impuestos y otros defraudan y en el que se trata injustamente a los trabajadores o se maltrata a las mujeres; un país que es número 31 del mundo en nivel de corrupción (ver aquí), debemos hacer dos cosas: primero, no hacer nada de esto nosotros mismos; segundo, no creer que el cumplimiento o no cumplimiento de las normas es una cuestión de libertad individual del otro que a nosotros no nos compete. La ley no puede llegar a todo ni los poderes públicos tienen la exclusiva de hacer cumplir aquella: la presión social puede hacerse sentir fuertemente sobre los incumplidores, a veces mediante la oportuna denuncia, a veces mediante la desaprobación o el vacío de los asociales o incívicos, máxime cuando ejercen cargos públicos (UPyD acaba de pedir que los imputados no puedan presentarse a las elecciones), o impidiendo que sean personajes públicos quienes realicen actividades antisociales.

 

Pues, como decía Joan Baez, “si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre acabarás formando parte de ellas

 

¿Justicia de dos velocidades? Un alegato en contra del Proyecto de Ley de tasas judiciales

 

¿Es el Proyecto de Ley de tasas judiciales una Justicia de dos velocidades? No, en mi opinión es sencillamente una Justicia para quien pueda pagársela, y ninguna para el que no pueda. Simplemente, miles de euros por demandar, miles de euros por recurrir a pagar por toda persona física que gane más de 1.100€ por unidad familiar, sin graduación en función de la capacidad económica. Las personas físicas son tratadas igual que una empresa  multinacional. Y si no se paga se queda uno sin derecho, porque no se dará trámite al escrito sin el justificante del abono.Las tasas son descabelladas e inasumibles para cuantías de litigio altas y medias, y disuasorias para cuantías pequeñas.  Ya he explicado en otro lugar con ejemplos qué va a pasar  y también he expuesto las razones por las que este Proyecto es inconstitucional  en el mismo sentido que otros autores, como Andrés de la Oliva aquí.

 

Y tampoco repetiré obviedades como que que el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución y en los Convenios Internacionales es un pilar del Estado de Derecho, porque es el límite a la arbitrariedad del Estado y de los poderosos. En los desafueros cotidianos hay grados.

 

Pero sí quiero insistir en lo siguiente:

 

Cuando todas las asociaciones de jueces y fiscales incluyen la retirada del proyecto en sus reivindicaciones con amenaza hasta de huelga; los mismos que se verían descargados de trabajo, porque no se puede descongestionar los tribunales a costa de la indefensión de millones de ciudadanos.

 

Cuando los abogados salen a la calle en toda España, y los Jueces Decanos con ellos

 

Cuando todos los presidentes de Audiencias Provinciales de España lo rechazan;

 

Cuando todas las asociaciones de consumidores denuncian que el proyecto es el fin de Derecho del Consumo

 

Cuando los Colegios de Abogados promueven envío masivo de cartas a la Defensora del Pueblo (y quien esto firma aprovecha este foro para pedir al lector que lo haga si está de acuerdo, porque la Defensora del Pueblo puede interponer recurso de inconstitucionalidad).

 

Cuando la oposición abandona la Comisión de Justicia del Congreso porque el rodillo parlamentario impone que no solo no se acepten enmiendas salvo las del PP, insignificantes (análisis de las enmiendas: http://veronicadelcarpio.wordpress.com/2012/10/20/enmiendas-del-pp-al-inconstitucional-proyecto-de-tasas-judiciales-una-burla), sino que también se va por trámite de urgencia para que ni se discuta en Pleno un proyecto de tal relevancia y tachado de inconstitucional por la oposición y todos los operadores jurídicos, y para que entre en vigor ya, el 21 de noviembre

 

Algo muy grave se está intentando perpetrar, algo que ni como juristas ni como ciudadanos podemos tolerar, y todavía podemos evitarlo. Pero reaccionando deprisa, porque esto se echa encima.

 

Las soluciones alternativas como la mediación, sin perjuicio de su necesidad, no pueden dar respuesta a muchos supuestos, como el que exista una parte fuerte que no quiera negociar, sino imponer. Lo que pasa también con el Estado, con el que no  se negocia, y estas tasas se aplican también en la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Fomentar medidas alternativas a los juicios? Sí, sin duda. Pero siempre partiendo de que se retiren estas tasas inconstitucionales, injustas y discriminatorias. Cualquier medida ha de partir de que no haya dejación por parte del Estado de su obligación mínima de impartir justicia, que tiene en monopolio.

 

Las llamadas a la reflexión han sido desoídas. Muchos juristas hacemos lo que está en nuestra mano para que este insensato proyecto no se apruebe, y seguiremos después si la presión social no impide que salga adelante. Nos gustaría también contar con quien esto esté leyendo. Porque hay un límite: el límite es el Estado de Derecho.