Sobre la proliferación de organismos reguladores
Hace ya unos cuantos meses que el Gobierno anunció su intención de unificar los organismos reguladores independientes sectoriales (a los que se uniría la Comisión Nacional de la Competencia) para crear una institución única: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Una de las motivaciones de la reforma propuesta ha sido la de frenar la proliferación de este tipo de organismos que, aparentemente, se ha producido en los últimos años (véase la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley enviado por el Gobierno a las Cortes). El objeto de este post es, pues, reflexionar sobre este problema de la proliferación de organismos reguladores independientes al que se pretende dar solución.
Cuando se habla de la proliferación de organismos reguladores lo que preocupa en realidad es la proliferación, no de todos los órganos administrativos con funciones regulatorias, sino que preocupa la proliferación de un subtipo determinado: los organismos reguladores independientes. Pues si lo que preocupara fuera la proliferación de órganos administrativos reguladores “a secas”, se podrían haber suprimido/unificado, no sé, el Ministerio de Fomento con el Industria o el de Interior con Sanidad (no me invento nada: hasta 1977, la gestión de la sanidad estaba residenciada en el Ministerio de la Gobernación…). O suprimir otras muchas agencias (algunas de las cuales tienen funciones regulatorias): Aemps, Aesa, Aea, Aeval, Aemet, Aecid, Csic, AAO, etc. etc.
Esta nota de independencia es, de hecho, lo único que acomuna a todos estos organismos llamados a fusionarse; que son un grupo bastante heterogéneo de entidades: desde organismos reguladores sectoriales stricto sensu, como la CNE (energía) y la CMT (telecomunicaciones), hasta agencias como la CNC que son supervisores de la correcta aplicación de las normas de competencia (y que regular, no regula nada); desde organismos con una gran tradición (en España hay autoridad de competencia desde 1963) hasta otros que ni siquiera existen a día de hoy (Comisión Nacional del Juego o Consejo de Medios Audiovisuales, ambos por crear); desde entes formados fundamentalmente por funcionarios hasta los que tienen en principio personal laboral; desde agencias financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, hasta los que se financian con tasas a los operadores que regulan… Como es fácil imaginar, será tarea harto difícil que de esta fusión salga algo coherente.
Pero lo que me interesa destacar aquí son tres ideas que creo son importantes en esta discusión sobre la proliferación de este tipo de organismos. La primera ya la hemos apuntado antes: la única razón que parece estar detrás de esta reforma es la necesidad del Gobierno (voy a ser fino aquí) de “simplificar la gestión o sus relaciones con este grupo de agencias independientes”.
El segundo punto tiene que ver con los costes que puede tener esta reducción del “pluralismo regulatorio” para la independencia de estos entes. Efectivamente, el hecho de que el Gobierno de turno “herede” una pluralidad de administraciones independientes es, en cierto modo, una garantía de la independencia de éstas. Porque, dependiendo de un racimo de leyes en vigor, ese Gobierno se encontrará con una variedad de situaciones en distintos sectores con las que tendrá que convivir (por un tiempo determinado por los plazos y condiciones que dicten las normativas sectoriales correspondientes). Por ejemplo, el Gobierno del PP se ha encontrado con una pluralidad de situaciones en los distintos organismos: en algunos podía empezar casi desde cero (los no creados); en otros, hereda situaciones kafkianas (por ejemplo, en el Consejo de la CNE se sigue sentando tan panchamente Idoia Zenarruzabeitia, cuyo mayor mérito aparente para el cargo es haber sido vicelehendakari con Ibarretxe); algunos, como la CNC, son animales correosos, celosos de su independencia (que algún disgusto gordo le ha acarreado, véase el Gobierno enmendándoles la plana con la fusión Antena3/La Sexta este pasado verano…) y respetados por su prestigio institucional e internacional, por lo que leo últimamente. Pero tiene algo de positivo que el Gobierno entrante no pueda cambiar de golpe todas estas situaciones. Esta preferencia por las independencias (de una pluralidad de organismos) sobre la independencia (de un único órgano) actúa como una suerte de mecanismo de checks and balances que impide el eventual control total del Gobierno de turno sobre sectores enteros de la economía de un país.
El tercer punto tiene que ver con la preferencia por organismos multisectoriales sobre los monosectoriales (en este caso da igual que sean independientes o no). La literatura sobre organización administrativa tiene señaladas desde hace tiempo las ventajas que tiene el que las unidades administrativas tengan una única función. Cuando tienen múltiples funciones aumentan los riesgos de descoordinación interna, pueden surgir luchas por el reparto de los recursos escasos dentro de la organización y, como consecuencia, unas funciones pueden acabar teniendo preferencia en detrimento de otras. Además, la evaluación de los organismos es mucho más practicable (y, si hay buena evaluación, es más fácil que sean organismos con capacidad de mejora en el tiempo). Es muy posible que buena parte de los problemas de los organismos multisectoriales/multifuncionales se den en la nueva CNMC. Pensemos simplemente en el Consejo de la futura CNMC, que es muy difícil que sea capaz de resolver sobre la enorme (y extraordinariamente diversa) cantidad de asuntos que llevan los organismos hoy existentes y los de nueva creación que incorporará. Pensemos, por ejemplo, en el conflicto entre la regulación ex ante (típica de la regulación) y la supervisión de competencia que realiza ahora ex post la CNC.
Por todas estas razones merecería quizá la pena reconsiderar la fusión de estos organismos independientes. Bueno, por éstas y porque, como decía el otro día Gerard Llovet en un magnífico post en Nada es Gratis, los ahorros derivados de la fusión serán muy, muy limitados. En todo caso si, como señalábamos antes, el único motivo real que parece estar detrás de esta reforma es el de “simplificar la gestión de la independencia” de estos organismos (de nuevo, estoy finísimo…), queda como cuestión fundamental dilucidar cuáles son las intenciones del Gobierno sobre esa independencia: si iremos hacia una mayor independencia o, por el contrario, hacia un mayor control e intervención del Gobierno…
He perdido la cuenta de cuántos niveles organizacionales tenemos con «instituciones de control independientes».
El uso del término «independiente» debería suscitar un absoluto rechazo. Un reproche a la clase política y a nosotros mismos.
Esto es así porque ni en los nombramientos, ni en las destituciones, ni las agendas o atribuciones (por no hablar de las presiones) es esto posible en la fase terminal en la que se encuentran sumidas las democracias constitucionales de nuevo cuño (siglos XIX y XX).
Baste recordar que, en España, hay 4500 personas que pertenecen a los Consejos Económicos y Sociales. Noventa personas por provincia.
¿Para qué? Para lo que decía Kuhn: Para que no se desmanden.
El artículo de Critilo, –como el citado de G.Llovet– trae a la luz una de las consecuencia de estas organizaciones que florecen como setas a todos los niveles con un coste y disfuncionalidad inconmensurables.
Se trata de la imposibilidad material de gobernarlas si son independientes.
Es imposible, para Moncloa, tener una idea cabal de lo que se cuece en cada una de ellas y por eso es necesario que dichos puestos los ocupen fieles.
Pero el día tiene 24 horas y las relaciones en red son incontrolables.
¿Y si llama doña Soraya preguntando algo desde el Congreso? ¿Le contestamos que “son independientes y no cogen el teléfono”?
El controlador necesita imperiosamente unificar de modo que pueda tener interlocución, información fiable y mando.
Es un problema sistémico que nos obliga a elegir.
Podemos tener un Gobierno Omnipotente que nos reconforte. Pero entonces no tendremos Instituciones independientes. Como la ley de gravedad.
En este contexto la vía elegida por el Gobierno es lógica: está orientada a satisfacer la pretensión y el ejercicio de la Omnipotencia.
No tienen otra opción que limitar independencia y número de entes.
¿Solución sistémica? Sólo hay una: Reducir el poder. Limitarlo por diseño constitucional. La contrapartida es una ciudadanía adulta, activa y vigilante.
El resto es, en muy buena medida, engañarnos nosotros mismos.
A fin de cuentas…. ¿Qué independencia tiene Bernanke de Obama? ¿Cuál tuvo Greenspan de sus predecesores?
Buenos días
Yo lo pondría de esta forma:
«Sin instituciones independientes, podemos tener un Gobierno Omnipotente. Pero quedaremos entonces a la merced de sus arbitrariedades.»
En realidad, hay muchos más organismos en la Administración que desempeñan el papel de reguladores, aunque no estén considerados del todo como tal. Y la importancia de este papel se aprecia cuando se produce una catástrofe y, entonces, todo el mundo pregunta quién y cómo supervisaba el cumplimiento de las normas. Un ejemplo claro es el de Bankia y las Cajas de Ahorro. Otro el reciente de la fiesta en Madrid saldada con 5 muertos.
La cuestión es saber si esos organismos están realmente preparados para ejercer su función supervisora y reguladora. ¿Nos protege realmente el Estado garantizando el cumplimiento efectivo de las normas que promulga en todos los ámbitos?
Sugiero la lectura de este artículo: http://www.otraspoliticas.com/economia-2/%c2%bfes-bankia-la-punta-del-iceberg
El tema es de lo más interesante y, como finamente menciona Critilo, el objetivo es simplificar la gestión con las agencias, es decir, por la propia lógica de las palabras, impulsar la relación con las abejas para alcanzar la miel que protege el panal.
No podemos olvidar que la existencia de la mayoría de estas agencias independientes viene impuesta desde Europa, que, acostumbrada a ver el resultado de la evolución de los sectores históricamente reservados (es decir, los monopolios estatales) y luego liberalizados por imperativo europeo y las dificultades que sufren las compañías europeas para competir limpiamente en cada uno de esos mercados (esto es, en cada región edl mercado único), priva al gobierno de turno de la posibilidad de intervenir en su propio provecho (desde cualquiera de sus perspectivas) en el sector productivo correspondiente y, para ello, dicta las normas reguladoras y garantiza la independencia de quien haya de aplicarlas.
De este modo, la normativa reguladora es la mera aplicación territorial de una directiva (sistema respetuoso formalmente con la soberanía de cada Estado que en lugar de imponer una norma directamente aplicable, propone una norma de obligatoria aplicación para que se transponga –es decir, se copie literalmente- en el Estado miembro) y su interpretación y aplicación se confía a un ente independiente que cuya actividad y criterios interpretativos se coordina exclusivamente con sus homólogos del resto de los países europeos y un representante de la Comisión Europea.
Esta coordinación suele venir equilibrada por un comité en el seno de la Comisión europea donde participan los representantes de los ministerios afectados de los Estados miembro y el representante de la Comisión, de forma que la Comisión recibe las dos perspectivas para hacer un seguimiento contrastado de la evolución de los mercados o actividades intervenidas.
Así es como funciona en el caso de protección de datos, donde yo he trabajado activamente en esos grupos, y doy por hecho que en el resto de actividades reguladas la organización será semejante.
Este sistema es bastante operativo (al menos en mi experiencia) y. precisamente, los intentos de intervenir por parte de cada gobierno en la designación de la autoridad de control son muestra de ello.
Es más, en aquellos sectores donde las autoridades de control se han desmadrado por entender de forma muy diferente el contenido de las normas y no se consigue una coordinación suficiente y la homogeneización de los diferentes mercados (sin que quepa dudar de la independencia de la autoridad de control, que no es eso lo que digo ni lo que quiero decir), la respuesta desde la Comisión Europea es la de imponer una norma de aplicación directa (reglamento) y “rescatar” las competencias antes atribuidas por la norma de transposición a la autoridad de control. Esto está sucediendo en la materia de protección de datos.
Entonces, ¿a qué se debe la unificación de los entes reguladores? Quizá sea una maniobra para destituir a las autoridades en el cargo antes de su expiración evitando las críticas por el intervencionismo del gobierno de turno y nombrar así a un nuevo superregulador más próximo a gobierno en el poder al tiempo de ejecutar la maniobra. Aunque esto es solo una suposición, naturalmente.
Sí, esta claro que lo que le preocupa al Gobierno es la independencia de estos organismos y no el hecho de que haya muchos. De hecho, este Gobierno también ha empezado ya a crear sus propias agencias y organismos: la Agencia Estatal para la Investigación, el Sareb, el Autoridad Fiscal…
Sobre las intenciones del Gobierno una vez que se apruebe la Ley, preguntad en la CNMV…
Muy interesante reflexión, aunque de la supuesta independencia de muchos organismos reguladores independientes se podría hablar y mucho. Por ejemplo, viendo los cvs de sus Consejeros y sus paso anterior por puestos politicos de confianza, o, para ser todavía más objetivos, viendo la cantidad de veces que sus dictámenes o resoluciones han molestado al Gobierno de turno o/y a las más importantes empresas del sector regulado. O ya puestos,viendo cuales son los resultados de su actividad en términos de efectiva liberalización del sector regulado. Por lo demás, muy interesante también los comentarios anteriores.
Una de las muestras más claras de la búsqueda interminable de poder estatal en las democracias constitucionales es su extensión a la regulación y la consiguiente supervisión de muchas actividades productivas y comerciales privadas. Esa extensión se ha reflejado en la creación de órganos administrativos, algunos parte de la Administración Pública y otros parte del nuevo mundo de los Organos Administrativos Independientes. Por supuesto, esta expansión ha sido caótica al punto que la descripción de la totalidad de los órganos, independientes o no, requeriría un estudio que muy pocos se interesan en realizar (los grandes esfuerzos de algunos profesores de Derecho Administrativo son apreciados por sus colegas en las facultades de derecho y quizás algunos de sus estudiantes luego de graduados, pero por muy pocos más). Si su descripción ha despertado algún interés, su evaluación menos porque requiere un seguimiento durante períodos largos que se vuelve demasiado caro. Su evaluación está marcada por grandes eventos, generalmente negativos donde el órgano en cuestión ha fallado miserablemente y el gobierno de turno no ha podido impedir que se lo investigara.
Si uno se interesa por esa extensión del poder estatal, las preguntas básicas son (1) si tiene justificación alguna más allá de la simple ambición de poder, (2) si esa justificación implica órganos especializados, y (3) si esa justificación implica órganos independientes. En cuanto a (1), la respuesta depende de qué entendemos por interés público y si este interés es servido mejor por la coerción que sólo el Estado puede legítimamente invocar. Antes de los economistas (digamos antes de 1930), el interés público estaba definido por los valores liberales de la elite en sus distintas versiones y adaptaciones a la realidad de cada estado donde el liberalismo era importante. En ese mundo los abogados eran los profesionales que articulaban el interés público definido por los gobernantes, con poco esfuerzo para acomodar las demandas de una masa electoral limitada. La Gran Depresión trajo a escena una primera generación de economistas que tuvieron éxito a nivel mundial (los acuerdos de Bretton Woods que impusieron un nuevo orden monetario) y a nivel nacional con la preocupación por el pleno empleo, la seguridad social y el control de la inflación. Esa primera generación quedó atada a la estabilidad macroeconómica. Poco tiempo después surgió una segunda generación que ya hacia 1960 había conseguido reconocimiento académico (la microeconomía neoclásica pasó a dominar la enseñanza de postgrado) y también algún reconocimiento político con la contratación de microeconomistas para evaluar proyectos y políticas públicas. En los últimos 50 años, los macroeconomistas se encerraron en bancos centrales y ministerios de hacienda como células durmientes esperando que alguna crisis los llamara a la acción, mientras que los microeconomistas se lanzaron a la conquista de mayor espacio en la academia (el imperialismo económico por la extensión del análisis neoclásico a temas monopolizados por otras ciencias sociales) y a la conquista de mayor poder al servicio de su majestad (el paradigma de la Economía Neoclásica del Bienestar reconocía fracasos de los mercados que justificaban la coerción del Estado para avanzar el interés público en la forma de una mayor riqueza material). Hoy no importan los argumentos filosóficos que podrían servir para definir el interés público y la necesidad de la intervención estatal en la economía, pero sí las justificaciones de los micro- y los macro-economistas. Importan no porque tengan sentido (algo muy cuestionable), sino porque los políticos han encontrado argumentos para expandir su poder. El punto es que esta expansión ha sido facilitada por una gran comparsa de economistas que sufren de esa arrogancia fatal que Hayek denunció en su libro póstumo (sobre estos economistas sugiero ver el blog Nada Es Gratis y en inglés la página web http://www.voxeu.org).
En cuanto a (2) y (3), la justificación de esos economistas se basa en unos conocimientos abstractos que deben ser aplicados a situaciones concretas, de igual manera que los jueces aplican el derecho a casos concretos. En (2) la gran variedad de situaciones y casos concretos ha llevado a que, con el paso del tiempo, tanto los conocimientos abstractos como el derecho se vayan “codificando“ en áreas especializadas que justifican tratamientos separados. Esta especialización ha sido clara en el derecho llevando a que primero su enseñanza se vaya separando en varias ramas y luego se ha reclamado tribunales con competencia limitada a una de las distintas ramas. Lo mismo ha pasado con los conocimientos abstractos de la economía, donde la distinción en términos de tipos de bienes y servicios (ya en 1940 aparecieron departamento de economía agraria en las universidades de EEUU) se volvió común pero que con el paso del tiempo se ha vuelto algo más compleja y además ha permitido generar una categoría residual conocida en la academia como Organización Industrial y en el gobierno como defensa de la competencia). La formación de ejércitos de abogados y economistas con conocimientos especializados (no importa si buenos o no) ha promovido la demanda por tribunales y órganos especializados. Mientras que la especialización ha debilitado a la judicatura (los recursos totales dedicados a la judicatura no han aumentado parí passu con la demanda), la especialización de los órganos de regulación y supervisión ha restado coherencia a las políticas públicas y en varios países habría generado distorsiones fuertes en la asignación de recursos (esto es, consecuencias no buscadas ni deseadas).
En cuanto a (3), la independencia judicial ha sido justificada por la necesidad de que las decisiones de los jueces se fundamente únicamente en sus creencias sobre el derecho que han sido llamados a aplicar en casos concretos de manera de que los intereses particulares de las dos partes en conflicto no se sacrifiquen arbitrariamente al interés público y mucho menos a los intereses personales de los gobernantes. El problema de la regulación + la supervisión es que la regulación se parece más a la legislación porque sus normas son anónimas mientras que la supervisión implica aplicar y revisar situaciones concretas de personas identificadas. En otras palabras, la regulación como la legislación se supone que promueve el interés público, mientras que la supervisión como la adjudicación resuelve situaciones concretas. En la regulación no puede haber independencia en el sentido de que el regulador ignore el interés público –por el contrario, la protección del interés público es prioritario si es que efectivamente puede verse afectado por los intereses privados. Por el contrario, en la supervisión sí podría haber independencia en ese sentido para proteger los intereses privados en juego, esto es, para que no sean sacrificados a interpretaciones arbitrarias y corruptas del interés público protegido por las normas ni por los intereses personales de los gobernantes. Por supuesto, la experiencia de los últimos 250 años en todas las democracias constitucionales nos muestran lo difícil que es proteger el interés público y los intereses privados de la amenaza continua que el poder de los gobernantes representa.
Apreciado Quasimontoro,
La reflexión es larga y confusa (de hecho, más larga que el post original, aportando menos)
Yo me quedo con perlas como «la justificación de esos economistas se basa en unos conocimientos abstractos…», y «la formación de ejércitos de abogados y economistas con conocimientos especializados (no importa si buenos o no)…»
Si está intentado argumentar (o vender la convicción) de que la defensa de la competencia no es materia para economistas, le diré: me suena. Así nos va en este país. Será que la defensa de la competencia es cosa de políticos, ¿verdad?
Quasinadie,
Con gusto le contestaré cualquier duda o pregunta que tenga sobre lmi comentario. Lamento que le haya resultado largo y confuso pero recuerde que siempre puede votar con los pies.
Respecto de su único punto específico, el tema de la defensa de la competencia claramente es materia de estudio por juristas y economistas pero su institucionalidad es un problema político. Si usted vuelve a leer mi comentario se dará cuenta que es largo porque intento fijar el contexto político en que se plantea el problema de la regulación y la supervisión de las actividades productivas y que luego analizo el papel de juristas y economistas en ese contexto. Sí, los problemas complejos son difíciles primero de entender y luego de explicar a otros y por eso mismo poca gente se dedica a ellos. Cualquier sugerencia para mejorar la exposición se la agradeceré.
En todo caso, le adelanto que podría –quizás debería– haber ido mucho más lejos en mi comentario pero sólo haré si otros lectores se interesan en profundizar los puntos que claramente que no son expuestos en detalle en mi comentario.
El comentario del Sr. Quasimontoro me ha parecido una lección magistral de las que se escuchaban hace tiempo.
Critilo presenta el tema con brillantez, el Sr. Oquendo lo pone en contexto y el Sr. Quasimontoro nos escribe el libro de texto definitivo. He hecho copia de todo.
Un excelente blog gracias a editores inteligentes.
Creo que se analiza con demasiada bondad la figura de reguladores independientes. A mi como contribuyente, la extraordinaria proliferación en la pasada legislatura de reguladores, todos ellos con su correspondiente consejo, en el que se sientan ahora mismo, no grandes expertos, sino, salvo honrosas excepciones, políticos, una vez más, no me hace nada feliz. el regulador fusionado mantiene los servicios especializados de cada sector (los tecnicos), comparte los comunes (recursos humanos, sistemas, …), y unifica el consejo. Un consejo común va a funcionar peor que uno específico ? Muy discutible.
Es interesante recordar que este modelo funciona desde hace tiempo en Alemania con notable éxito, y tiende a imponerse en muchos otros países. Lo que es singular del caso español es que se incorpore también a Competencia. Fusionar reguladores ex ante y ex post no hay precedentes. Pero fusionar a todos los ex ante, los hay, y no pocos. Creo que muchas de las críticas son gratuitas. Los motivos probablemente son ls que señala Javier, pero el resultado no tiene por que ser peor. Tambien es interesante recordar que es más sencillo para una empresa «capturar» a un regulador específico, que a uno múltiple sectorial. Mucho más fácil. Y el regulador, principalmente de quien tiene que ser independiente es de las empresas. Independiente del gobierno, si, pero después.
Recomiendo esta noticia de hace unos días en a que se da cuenta de la inquietud con el que es visto el asunto Europa.
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/bruselas-amenaza-gobierno-bloquear-fusion-reguladores/20121130cdscdsemp_21/
En lo que respecta al controvertido nombramiento de los directores, que serían nombrados por el Gobierno y, por ende, serían independientes del Consejo de la futura CNMC y «dependientes» del Gobierno, puede ser de interés esta sentencia a Austria, de la que puede colegirse el impacto en la independencia que tendría esa forma de proceder:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128563&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=428030
Finalmente, para quienes no lo conozan, denuncia al gobierno de Hungría por «acortar» el plazo legal del mandato, como se hará aquí con los consejeros de los actuales organismos reguladores: “However, the Commission remains concerned about two other important issues, which were already included in the letter of formal notice of 17 January and which are now the basis for the reasoned opinion: The premature termination of the Data Protection Commissioner’s six-year term. Hungary has not provided any valid arguments as to why there are nointerim measures allowing the former Data Protection Commissioner to stay in office until the end of his term, which ends in 2014. This is a violation of the personal independence of the data protection authority”.
Los enlaces donde se encuentra la información son los siguientes:
Versión corta: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/222
Version larga: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/165&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Recomiendo esta noticia de hace unos días en a que se da cuenta de la inquietud con el que es visto el asunto Europa.
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/bruselas-amenaza-gobierno-bloquear-fusion-reguladores/20121130cdscdsemp_21/
En lo que respecta al controvertido nombramiento de los directores, que serían nombrados por el Gobierno y, por ende, serían independientes del Consejo de la futura CNMC y «dependientes» del Gobierno, puede ser de interés esta sentencia a Austria, de la que puede colegirse el impacto en la independencia que tendría esa forma de proceder:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128563&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=428030
Finalmente, para quienes no lo conozan, denuncia al gobierno de Hungría por «acortar» el plazo legal del mandato, como se hará aquí con los consejeros de los actuales organismos reguladores: “However, the Commission remains concerned about two other important issues, which were already included in the letter of formal notice of 17 January and which are now the basis for the reasoned opinion: The premature termination of the Data Protection Commissioner’s six-year term. Hungary has not provided any valid arguments as to why there are nointerim measures allowing the former Data Protection Commissioner to stay in office until the end of his term, which ends in 2014. This is a violation of the personal independence of the data protection authority”.
Los enlaces donde se encuentra la información son los siguientes:
Versión corta: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/222
Version larga: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/165&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Tras releer mi comentario me doy cuenta de que reflejo en él una fe aparentemente inquebrantable en este sistema, y quiero matizarlo.
Efectivamente, mi experiencia cuando trabajé en la Agencia de Protección de Datos, me permite afirmar que este sistema funciona muy bien, si la autoridad designada tiene amor propio, se siente responsable de lo que resuelve cuando se coordina con sus homólogos, al ponerlo en común, de modo que yo nunca he visto en las reuniones de coordinación ni en las de la Comisión Europea ninguna postura que no fuera medianamente sostenible, aunque no se aceptara. Incluso, durante mi etapa en la Agencia, hace ya bastantes años, vi cómo el Ministerio de Justicia se desvinculaba de la Agencia de Protección de Datos y designaba a su propio representante en la Comisión europea, a fin de hacer valer su postura de forma diferenciada de la del regulador.
Aquí descansa mi fe en este sistema.
Sin embargo, lo que mi comentario no refleja es el hecho de que hay reguladores que manifiestamente han puesto de manifiesto su falta de independencia y de responsabilidad, hasta el punto de justificar su increíble quietud cuando la actividad que regulaban derrapaba de forma injustificable en las presiones que sufrían, los pobres, del poder político y fáctico.
Estos casos ponen de relieve el hecho de que cuando el gobierno designa a una persona que no es capaz de ninguna manera de ser independiente, hasta este sistema falla.
No obstante, sigo teniendo fe en él, a pesar de indignarme cuando se consigue quebrar la independencia que deberían ejercer estos reguladores, porque no se me ocurre ninguno mejor. La tensión que existe en cada una de las actividades que se regulan es tal que no sé de qué otra forma puede conseguirse un equilibrio adecuado.
Tras releer mi comentario me doy cuenta de que reflejo en él una fe aparentemente inquebrantable en este sistema, y quiero matizarlo.
Efectivamente, mi experiencia cuando trabajé en la Agencia de Protección de Datos, me permite afirmar que este sistema funciona muy bien, si la autoridad designada tiene amor propio, se siente responsable de lo que resuelve cuando se coordina con sus homólogos, al ponerlo en común, de modo que yo nunca he visto en las reuniones de coordinación ni en las de la Comisión Europea ninguna postura que no fuera medianamente sostenible, aunque no se aceptara. Incluso, durante mi etapa en la Agencia, hace ya bastantes años, vi cómo el Ministerio de Justicia se desvinculaba de la Agencia de Protección de Datos y designaba a su propio representante en la Comisión europea, a fin de hacer valer su postura de forma diferenciada de la del regulador.
Aquí descansa mi fe en este sistema.
Sin embargo, lo que mi comentario no refleja es el hecho de que hay reguladores que manifiestamente han puesto de manifiesto su falta de independencia y de responsabilidad, hasta el punto de justificar su increíble quietud cuando la actividad que regulaban derrapaba de forma injustificable en las presiones que sufrían, los pobres, del poder político y fáctico.
Estos casos ponen de relieve el hecho de que cuando el gobierno designa a una persona que no es capaz de ninguna manera de ser independiente, hasta este sistema falla.
No obstante, sigo teniendo fe en él, a pesar de indignarme cuando se consigue quebrar la independencia que deberían ejercer estos reguladores, porque no se me ocurre ninguno mejor. La tensión que existe en cada una de las actividades que se regulan es tal que no sé de qué otra forma puede conseguirse un equilibrio adecuado.