¿Quiénes son los enemigos de lo público?

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No quiero entrar en polémica, pero sí abrir un debate. Vaya por delante que soy un firme defensor de la idea del servicio público y que me hice funcionario no por ansias de no trabajar mucho o de tener un puesto blindado, sino porque yo “creía” (y en parte sigo creyendo) que era mejor dedicar tu tiempo y esfuerzo a llevar a cabo políticas públicas de mejora de la sociedad o al servicio del interés general, que trabajar para los intereses particulares de otro señor o señora, por mucho que te pagara aquél o aquélla. Obviamente, los deseos no siempre se corresponden con la realidad y hoy aquella visión parece simplemente un sueño algo ingenuo.

 

Y, sin embargo, llevo años observando y reflexionando sobre el creciente deterioro del concepto de servicio y servidor público y estoy cada vez más convencido de que erramos el diagnóstico de causas y soluciones. Hace más de dos años publiqué un artículo en el que entre otras cosas decía: “Si podemos afirmar que el mayor enemigo del capitalismo no es quien quiere someterlo a reglas sino quien lo quiere absolutamente salvaje (pues esto lo llevaría a su auto-destrucción), debemos admitir igualmente que el enemigo más peligroso de lo público en general y del Estado (social) en particular, no son tanto los que proponen reducir su tamaño (pues estos al menos enseñan sus cartas) cuanto quienes, incluso bajo la bandera de su defensa, caen en el gasto excesivo y la mala gestión de las políticas públicas encomendadas, dando así argumentos complementarios a los ‘minimalistas’”. Obviamente hay quien presume de que la prefiere pequeña (“la Administración”, no vayan a pensar mal), pero estos a fin de cuentas no engañan a nadie. El problema sin embargo podría venir de que no vemos el daño que también hacen quienes presumen de desear un gran aparato (“administrativo”, se entiende, y perdónenme la broma navideña), o incluso les gusta trabajar con él, pero lo que en realidad hacen es utilizarlo con forma y fines espurios, lo que a la postre logra poner en peligro la salud de todo el sistema.

 

Como siempre mejor un ejemplo que mil teorías. Imaginemos (hecho real) un hospital de la red pública de la Comunidad de Madrid. Viernes por la tarde-noche. Una gotera en el sótano. Se llama al de mantenimiento. Observa la gotera y dice: “hay un problema, para arreglar la avería hay que romper el techo, pero yo soy fontanero y no albañil hasta el lunes; no se puede hacer nada”. “Vaya, la única solución” ─dice el director─ “es poner un cubo”. Pasa el tiempo, el cubo se llena. Segundo problema: ¿quién es competente para cambiar el cubo? El de mantenimiento dice que obviamente no es él, que será del servicio de limpieza. La señora de limpieza (contrata privada) accede a hacer el cambio, pero hay otro problema: las de la limpieza no van a estar toda la noche. Solución que propone el director: que la contrata ponga una persona toda la noche para cambiar el cubo. El responsable de la contrata se niega aduciendo salvo que se lo paguen y que hay mucha gente en el hospital que puede hacer esa “pequeña” tarea. En esto, el de seguridad (otra contrata privada) que hasta ese momento había ejercido de coordinador de servicios improvisado hablando con unos y con otros, se cabrea, coge la porra, da un golpe al techo, lo rompe, y le dice al fontanero: “¡ahora, a trabajar!”. Lunes siguiente por la mañana. Los sindicatos se enteran de lo ocurrido. Deciden poner una demanda contra el vigilante de seguridad y requerir su despido inmediato por haber puesto en peligro la seguridad de todos (“podía haber habido un cable”) con su intromisión inapropiada.

 

Por supuesto, que las cosas no son blancas o negras sino que están llenas de claroscuros y que los recortes se pueden estar haciendo de forma poco acertada (pudiendo recortar en otros sitios antes que en los servicios esenciales), errando el objetivo y haciendo que al final paguen justos por pecadores. Todo eso es cierto, pero incluso con esas salvedades, el sector sanitario sirve como ejemplo de lo que ha estado pasando con carácter general los últimos decenios y que ha contribuido a llevar al sector púbico a un estado que resulta, en el estado actual de las finanzas públicas, insostenible. Veamos algunos de esos elementos:

 

-unos dirigentes políticos que están de paso y que están dispuestos a ceder a todo tipo de reclamación sindical con tal de asegurar la paz social (es decir, que no le monten follones durante su mandato y que el que venga detrás que arree)

-como consecuencia, unos sindicatos que se aprovechan de la debilidad (e irresponsabilidad) de los máximos dirigentes y se dedican a pedir y conseguir cada vez más prebendas para el personal, bajo el lema, no siempre cierto pero que es el que llega a la calle de: “ganar más y trabajar menos”. Algunos ejemplos de esto sí encontramos: si se cae una esponja en el pasillo de un hospital aunque esté llena de sangre no esperen que la recoja el auxiliar ni mucho menos la enfermera, “no es su competencia”. Hay que esperar a la de la limpieza. Si una persona mayor acompaña a un familiar y se queda a dormir, no espere recibir ayuda ni para hacer la cama (si la hay), “no es su competencia”.

 

-la distribución desigual del trabajo. Por ejemplo, en la sanidad, “gracias” a las nuevas tecnologías el médico hace cada vez más trabajo porque directamente teclea en el ordenador citas, historial, tratamiento, etc… Ello quiere decir que hay otro personal que queda más descargado. ¿Se les aprovecha para otras tareas? Misión imposible: los sindicatos lo prohíben.

 

Podríamos seguir, pero baste con este elenco. La pregunta es por tanto ¿quiénes se están cargando lo público? Pues por lo menos muchos más de los que a veces parece, y algunos se podrían encontrar detrás de las pancartas. ¿Todavía no me creen? Pues ahí va una última paradoja: en ocasiones se olvida que todavía el sector privado no ha superado en eficacia y capacidad de sacrificio a uno de los emblemas de lo público: el ejército. ¿Por qué el ejército es tan eficaz?… No digo que tengamos que militarizar el resto de la Administración pero sí que hay determinadas actividades sindicales que resultan incompatibles con la esencia del servicio público. Por ejemplo, una huelga en una empresa fastidia al empresario (el cliente se puede ir a otra empresa), en el sector público “sólo” perjudica a los ciudadanos y al propio servicio público pues el ciudadano no tiene la opción de acudir a otro servicio alternativo y el dirigente político de turno, que además ha sido votado aunque no se juegue su dinero, encontrará en la huelga una excusa perfecta para privatizar ese servicio.

 

Seguro que en el siglo XXI podemos encontrar entre todos otras fórmulas más imaginativas de canalizar las reivindicaciones labores (justas o no). Bueno, eso, si realmente queremos defender que el servicio público sobreviva en un ambiente de quiebra fiscal y que demuestre que es capaz de equiparar los estándares de calidad y eficiencia con lo privado. Si no lo conseguimos, estaremos dando argumentos a los que quieren cerrar la ventanilla, aunque sea para favorecer a sus “amiguetes”.

Las tasas judiciales y el meridiano de Greenwich

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Situémonos: sistema Heliocéntrico, planeta Tierra, Reino de España. Muestran todos los mass media a muchos magistrados protestando en la puerta de los juzgados contra las nuevas tasas judiciales. El nombre puede confundir, pero las “tasas judiciales” no han de pagarlas los jueces. Como dijo aquel fino parlamentario en el Congreso de los EE.UU.: “No me graves a mí, no te graves a ti, grava a aquel tipo que va por allí”. El contribuyente de estas nuevas tasas es el usuario de la administración de justicia. Excluido el orden penal (el 70% de la litigiosidad), donde no hay tasas, ¿qué pasa cuando vas “por allí”?

 

Si tienes un juicio civil, por ejemplo, en Segovia, y no resides cerca de las sedes judiciales, la primera tasa que vas a pagar es la ORA municipal, que, en zona azul, es de 1,40 € para dos horas, por aparcar tu automóvil. Pero ya verás como sobrepasas ese tiempo: si te pasas hasta una hora, para anular la denuncia pagas 4 €; si te pasas más, la multa que pagas es de 60 €, creo recordar. Como aquí, “justicia” y “puntualidad” son antónimos, pagarás 61,40 €.

 

¿Tienes el deber jurídico de soportar el coste de 60 € de multa por estar en el Juzgado para una vista a las 10:00 horas que terminó a las 13:05 horas (porque empezó a las 12:10) habiendo aparcado tu vehículo a las 09:45 para ser puntual según la cita judicial? No. ¿Existe relación de causalidad directa entre la actuación del órgano judicial y el daño cuantificado en 60 €? Sí. Pues se los pides al Ministerio de Justicia: indemnización por funcionamiento anormal de la administración de Justicia.

 

El Ministerio de Justicia te contesta que no, que “dilaciones indebidas” es otra cosa, que se mide en años, no en horas, que confundes el reloj con el calendario; siendo intrascendente el hecho de que el Meridiano de Greenwich atraviesa España a la altura de Castellón.

 

Puedes ahora interponer recurso contencioso-administrativo contra esa resolución denegatoria del Ministerio de Justicia pero, con la nueva Ley, debes pagar previamente 200 € de tasa para jugar a la “lotería judicial” tal que el premio máximo previsto, si ganas, es de 60 €. Se llama “lotería injusta” a aquella en que ocurre que el precio de la apuesta (200 € como mínimo) es mayor que el “valor esperado” del premio (con una probabilidad de ganar del 50%, el valor esperado del premio es del 50% de 60 €, es decir, 30 €). No es racional pagar 200 a cambio de 30.

 

Si tu contraparte en el pleito principal, tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita porque es mileurista: él está exento de todas las tasas judiciales y tú las pagas todas, él no paga abogado y tú sí, a él le sale gratis llegar hasta el Supremo o el Constitucional, y tú te desangras por el camino.

 

Cada vez hay más residentes que ganan 14 pagas de mil euros o menos, y este colectivo creciente, que recibe la subvención (tributo negativo) de poder pleitear gratis, ve como su subvención crece mucho en términos relativos, al haberse encarecido mucho pleitear para el resto de la población más pudiente. Y, rompiendo el principio presupuestario de unidad de caja, la recaudación de los que pagan tasas judiciales va a financiar la gratuidad de los que no pagan.

 

La nueva ley 10/2012 de tasas forenses, ha incrementado tanto los “precios” de las “loterías judiciales” para los “no beneficiarios de justicia gratuita” que, obviamente, los disuade (relativamente) de pleitear en ciertos casos. Lo cual no es lo mismo que decir que “se impide su derecho de acceso a la jurisdicción” o “se vulnera su derecho de defensa”. Lo que ocurre es que no les trae cuenta pleitear, pero si se empeñan, allá ellos. Hoy tenemos variados tipos de pleitos donde, sin tasas, tampoco trae cuenta pleitear a demasiados usuarios, de forma masiva. Todos hemos comprado alguna vez un billete de lotería (la primitiva, bonoloto, el gordo, etc.) sabiendo que “cuesta más de lo que vale” (es una “lotería injusta”), y muchos apuestan repetida y sistemáticamente. El año pasado, los españoles gastamos 9.722,5 millones de euros en los juegos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado (206,7 € per cápita) y la recaudación prevista por tasas judiciales es de 306 millones de euros al año.

 

No olvidemos que «el Parlamento es un “lex-shop” (que el Gobierno surte cada temporada)», el Poder judicial toma ese producto (ley) y se lo aplica al usuario de la justicia (taponando todo vacío… jurídico). Un juez o magistrado, si cree que la ley 10/2012 es inconstitucional, debe suspender su aplicación en ese caso, elevando cuestión al Tribunal Constitucional; y si la cree contraria a los Tratados de la Unión, la Carta Europea de Derechos Fundamentales o las Directivas, debe suspender su aplicación y enviar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE. Y sin pagar tasas. En fin, Derecho macizo.

 

Rellenar el vacío en la tesorería de nuestras administraciones nos recuerda el dilema económico: o (subes) precios o (alargas) colas. Pero a esta ley de tasas forenses le falta una disposición que diga: “Se procederá a la devolución del 100% de las tasas abonadas en cada proceso, si se produce una demora superior a 15 minutos respecto de la hora de la citación, no imputable al usuario, en sede forense”.