Sobre la nueva gestión indirecta de la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid
La Asamblea de la Comunidad de Madrid, a pesar de la presión sindical, social y política, ha incluido en la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, las reformas legales que permiten la viabilidad jurídica de que la gestión de la prestación del servicio público de asistencia sanitaria, tanto en lo que se refiere a la atención primaria como a la asistencia especializada en determinados Hospitales, pueda realizarse de manera indirecta por cualquiera de las formas previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Con estas reformas se superan los obstáculos legales que, por la ausencia de una previsión normativa específica parecían derivarse tanto de la Ley 15/1997, de 25 de abril, como de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid y se acomete una reforma ambiciosa que profundiza en la utilización de estas técnicas de gestión indirecta de una forma hasta ahora desconocida en nuestro sistema sanitario público.
Así, por una parte se prevé la reordenación de la asistencia sanitaria en los Hospitales Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo estableciendo que:
“1. De acuerdo con lo que establece el artículo único de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, se habilita al Servicio Madrileño de Salud para adjudicar contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada en los Hospitales Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo, que garantizarán los adecuados niveles de calidad, atención y derechos de los usuarios.
2. La Unidad Técnica de Control de los servicios de explotación de las obras públicas de los Hospitales de la Comunidad de Madrid indicados, creada por Orden 2073/2007, del Consejero de Sanidad, de 12 de septiembre, realizará las funciones de vigilancia, seguimiento y control de la ejecución de los nuevos contratos.
3. Se habilita al Servicio Madrileño de Salud para dictar las instrucciones de funcionamiento que sean necesarias para garantizar la correcta prestación y niveles de calidad de los servicios, a cuyos efectos podrá establecer los órganos y procedimientos de coordinación oportunos o asignar a cada sociedad las funciones que a estos efectos resulten adecuadas.”
Por otra, se introduce una modificación parcial de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, reformando el artículo 88 que pasa a tener la siguiente redacción:
“1. Los centros y establecimientos que integran el Servicio Madrileño de Salud se podrán configurar como instituciones sanitarias del citado ente sin personalidad jurídica propia, o bien como entidades sanitarias dependientes del mismo, de titularidad pública y con personalidad jurídica propia. En este caso, las mismas podrán adoptar cualquiera de las figuras organizativas previstas en el ordenamiento jurídico y su creación se realizará mediante Decreto del Consejo de Gobierno.
2. Cuando la gestión de los centros de atención primaria se realice por cualquiera de las formas de gestión indirecta previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, podrá ofrecerse la gestión de los centros preferentemente a las sociedades de profesionales con personalidad jurídica propia, que estén constituidas total o mayoritariamente por los profesionales sanitarios que presten sus servicios en el Servicio Madrileño de Salud, con la finalidad de promover un mayor grado de implicación de los profesionales en el proceso de desarrollo, racionalización y optimización del sistema sanitario público madrileño.
Establecida la preferencia, en caso de que la gestión de los centros no se asigne a cualquiera de las sociedades de profesionales creadas al efecto, podrán concurrir para su gestión el resto de personas físicas o jurídicas legalmente constituidas.
3. El Consejo de Gobierno mediante decreto, determinará los requisitos necesarios para acreditar las sociedades profesionales a que se refiere el apartado anterior.
4. El Consejo de Gobierno mediante decreto podrá definir el estatuto jurídico que dé cobertura a la autonomía económica, financiera y de gestión de los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud.
5. Los centros y establecimientos que integran el Servicio Madrileño de Salud deberán contar con un sistema integral de gestión que permita de acuerdo con su planificación estratégica, implantar técnicas de dirección por objetivos, sistemas de control de gestión orientados a los resultados y sistemas de estándares de servicios, delimitar claramente las responsabilidades de dirección y gestión, y establecer un adecuado control en la evaluación de los diferentes parámetros que influyen en los costes y la calidad de la asistencia.
6. De acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente, los centros y establecimientos deberán confeccionar y remitir al Servicio Madrileño de Salud periódicamente, cuanta información sanitaria y económica le sea requerida”.
Además, entre otras medidas en materia de recursos humanos, como la relativa al endurecimiento de la jubilación forzosa por razón de edad, se flexibiliza la movilidad funcional del personal sanitario al configurar organizativamente a todo el Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid como una única Área de Salud, lo que se tendrá en cuenta a efectos de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que prevé en su párrafo segundo que “el personal podrá ser cambiado de puesto por necesidades imperativas de la organización sanitaria, con respeto de todas las condiciones laborales y económicas dentro del área de salud” y en el artículo 36 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud que, asimismo establece que “El personal estatutario, previa resolución motivada y con las garantías que en cada caso se dispongan, podrá ser destinado a centros o unidades ubicadas fuera del ámbito previsto en su nombramiento de conformidad con lo que establezcan las normas o los planes de ordenación de recursos humanos de su servicio de salud, negociadas en las mesas correspondientes”. Con ello, se abre la posibilidad, a través de los correspondientes planes de empleo, a concentrar al personal estatutario fijo o de carrera en aquellos centros que permanezcan bajo la gestión directa de la Consejería de Sanidad a costa del muy abundante personal temporal, para evitar que en los centros afectados por la externalización cohabiten personal sometidos a distintos regímenes jurídicos.
Según sus promotores, la reforma introducida constituye un nuevo intento de mantener un imprescindible equilibrio entre la calidad en el servicio y el coste de los mismos introduciendo de manera relativamente novedosa en nuestro Sistema Nacional de Salud la modalidad de la concesión administrativa como forma indirecta de gestionar este servicio público. En este sentido, lo primero que es necesario precisar es que, dicha reforma no constituye tanto una privatización de la sanidad como, erróneamente, se ha argumentado, sino una nueva manera en la que la gestión de los servicios sanitarios se realiza a través de la colaboración con entidades de naturaleza privada, introduciendo nuevas formas de contratación con terceros además de los tradicionales conciertos y convenios usados tradicionalmente. La diferencia no es baladí y, desde mi punto de vista, su invocación como argumento en el debate suscitado, si bien puede calar en el público poco informado, a la larga, su falsedad puede mermar la legitimidad de quienes lo alegan.
En el mismo sentido podemos señalar que aventurar que la calidad del servicio se resentirá o que la asistencia se encarecerá en el futuro es una mera conjetura y se trata de algo que puede suceder tanto si se introducen estas técnicas de gestión como si se acuden a otro tipo de soluciones para resolver la insuficiente financiación disponible para hacer frente a los gastos que comporta mantener el servicio tal y como actualmente está dimensionado. Cómo solía decir un Gerente de Hospital que conocí en mis años gallegos, no es tan importante que el modelo de gestión sea uno u otro, como que quienes los llevan a cabo sean buenos gestores.
Pero en cualquier caso, es evidente que esta reforma constituye un cambio organizativo que genera notables resistencias internas pues, como hemos visto, abre la puerta a una redistribución de efectivos entre el personal estatutario sin precedentes y afectará al personal contratado en régimen temporal de manera dramática. También es cierto que, en cierto modo, rompe con un “tabú” de nuestro Sistema Nacional de Salud abriendo sus puertas a un sector privado al que, hasta ahora, solo se acudía en supuestos muy concretos y contados. En este sentido, cabe realizar algunas consideraciones, tanto respecto a las circunstancias que nos han llevado a tener que recurrir a esta medida, como respecto a las cautelas con las que debe llevarse a cabo el proceso.
Así, no se puede ocultar que la Administración sanitaria madrileña no hace sino intentar resolver un problema que ha contribuido a crear. Si en su momento se hubieran realizado mejores previsiones en las que hubieran primado los criterios técnicos sobre los electorales y se hubieran tenido en cuenta los costes estructurales que, a largo plazo, iba a suponer la gran expansión del sistema sanitario madrileño, se hubiera configurado éste de una manera más realista y ahora no sería tan necesario recurrir a soluciones extraordinarias para poder mantener operativas todas las infraestructuras construidas.
Pero también sería justo reconocer que si las posiciones de los diferentes colectivos de personal estatutario, tanto facultativo como no facultativo, no hubieran sido en su día tan maximalistas y hubieran permitido un mejor aprovechamiento de las infraestructuras preexistentes (por ejemplo, introduciendo un sistema de trabajo por turnos en los hospitales que permitiera la utilización intensiva de los quirófanos y otras instalaciones), tal vez la presión para construir nuevas infraestructuras hubiera sido menor.
En otro orden de cosas, a mi juicio es criticable la adopción de una reforma de tanto calado de manera unilateral por parte de una Comunidad Autónoma. Efectivamente, la adopción de una solución tan novedosa, polémica y, hasta cierto punto, rupturista con la práctica precedente, tiene una dimensión nacional más que autonómica. Con independencia de si se trata o no de un ámbito auto-organizativo propio de las competencias de la Comunidad Autónoma lo que, con arreglo al lamentable desarrollo constitucional de nuestro Estado autonómico, parece poco discutible en términos jurídicos; introducir de manera singular estos sistemas indirectos de gestión del servicio contribuye a fracturar aún más la unidad del Sistema Nacional de Salud y, en términos políticos, es claramente cuestionable. En este punto, al igual que sucede respecto a la decisión de establecer la tasa de un euro por receta, se echa de menos un mayor liderazgo del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales para ser capaz de aunar criterios a través del Consejo Interterritorial y establecer pautas de actuación uniformes para todo el Sistema Nacional de Salud.
Es innegable que la incorporación de entidades privadas al proceso asistencial introduce una variable que debe ser muy tenida en cuenta: el ánimo de lucro de las entidades privadas que van a participar en este proceso. Por eso, no podemos concluir este artículo sin realizar una consideración respecto a la necesidad de reforzar tanto los servicios técnicos de contratación administrativa como los relativos al ejercicio de las funciones de inspección de la Consejería de Sanidad a la dimensión que va a adquirir esta nueva forma de gestión.
En este sentido, los precios determinados por la prestación de servicios ofertados por los licitantes deben ser cuidadosamente ponderados por el poder adjudicador teniendo en cuenta tanto las inversiones ya realizadas por la Administración en las infraestructuras que se van a gestionar, como el coste real de prestar el servicio en condiciones de calidad y un razonable beneficio industrial, pero sin perder de vista la aplicación del principio de “riesgo y ventura” del licitante.
Al mismo tiempo, será necesario supervisar de manera exhaustiva el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y establecer un sistema de penalizaciones eficaz, para evitar que los adjudicatarios maximicen su beneficio a costa del servicio prestado. Si no se articula este instrumento con la suficiente eficacia, no es aventurado presagiar que la calidad de la asistencia sanitaria prestada, tanto respecto a los recursos materiales utilizados, como respecto a la formación del personal, tenderá a degradarse. Además habrá que hacer particular hincapié en el seguimiento de la prescripción de medicamentos financiados por el SNS en los centros de salud gestionados de esta manera, para evitar que el gasto farmacéutico vuelva a dispararse.
El legislador parece que ha sido consciente de esta necesidad y atribuye a una ya existente unidad técnica de control estas funciones. Sin embargo, según informan los medios de comunicación, gran parte de las competencias de esta unidad administrativa están a su vez externalizadas. En mi opinión, la función inspectora de la actividad asistencial en los centros sanitarios cuya gestión se adjudica a un concesionario es una cuestión que afecta directamente a la salvaguardia del interés público y que debe ser realizada directamente por la Administración que, además, dispone de cuerpos de funcionarios facultativos especialmente formados para realizarla.
Abogado. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece, por oposición al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, y a la Escala de Letrados de la Xunta de Galicia. Ha participado como autor o coautor en más de una treintena de publicaciones jurídicas entre monografías, artículos y obras colectivas. Desde el año 2005 es Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Por tanto, el nuevo sistema es consecuencia de vicios antiguos, pero podría funcionar con dos condiciones: que haya buenos gestores y, tan importante como eso, que haya una supervisión adecuada. El problema es que ambas cuestiones son las que de manera más general suele fallar en España. la primera no solamente porque sean malos, politizados a veces, sino porque cuando son buenos no les dejan trabajar. Y la segunda porque precisamente el descontrol es la marca de fábrica de las administraciones españoles, especialmente las autonómicas. Y cuando se mueve dinero por medio, el peligro de corruptelas está siempre presente: bajar la guardia, hacer la vista gorda, ir al beneficio y no a la atención… La sanidad es uno de los servicios públicos esenciales, el control debería ser férreo y encomendado a funcionarios independientes de la propia administración, interventores e inspectores autonómos. Pero ese tipo de cuerpos se los ha ido eliminando, sistemáticamente, son contrarios a los Pallarols Gurtel y Eres
Por definición prefiero que un servicio público se gestione desde una lógica no privada: pero esto, lo asumo, es una afirmación de carácter ideológico (imagino que respetable). La gestión privada tiene un coste seguro y una ventaja eventual. El coste es que una parte del presupuesto público va a bolsillos privados (la gestión hay que pagarla, y no será a funcionarios, sino a una sociedad con directivos y trabajadores), y que en toda decisión se incorporará esta dimensión de costes (prestacionales) – beneficios (pecuniarios). La ventaja eventual es que quizás asignen más eficientemente los recursos. Pero si esa asignación eficiente sólo repercute en el beneficio empresarial, no me resulta atractiva: prefiero una dosis asumible de ineficiencia si es el dique que protege profesionalmente el servicio público. También en la Universidad hay despilfarro, y tenemos claro que debe gestionarse públicamente. También en el ejército hay disfunciones de gasto, y no se nos ocurriría una gestión privada de la compra de armamento. En la Administración de Justicia, ¿aceptaríamos que una sociedad mercantil organizase la oficina judicial? Desde el punto de vista de mi opinión sobre la medida, la carga de la prueba de su oportunidad corresponde a quien ha decidido un cambio tan sustancial.
Parece ser el signo de los tiempos. Vamos a una progresiva externalización de los servicios públicos, que no es exactamente lo mismo que privatización. Ya no quedan ayuntamientos con barrenderos o basureros que sean personal laboral del propio ayuntamiento, sino que los servicios de limpieza o de recogida de basuras se adjudican a una empresa externa. Lo mismo pasa con los vigilantes de seguridad, dándose el caso de que en los edificios públicos (incluso del Ministerio de Defensa o del Interior) no vigilan guardias civiles ni policías, sino vigilantes de seguridad de una empresa adjudicataria o concesionaria. O sea, que la prestación de los servicios públicos se hace mediante contratas, adjudicaciones o externalizaciones (outsourcing). La adjudicación de la prestación sanitaria a empresas privadas es un paso más. Habría que plantearse por qué las empresas privadas resultan ser más eficientes que las públicas en la prestación de estos servicios (limpiezas, seguridad) y si realmente pueden también serlo en la prestación de la asistencia sanitaria, donde no puede primar una consideración estrictamente economicista, sino de verdadera calidad asistencial como servicio básico de un Estado social.
Por tanto, el nuevo sistema es consecuencia de vicios antiguos, pero podría funcionar con dos condiciones: que haya buenos gestores y, tan importante como eso, que haya una supervisión adecuada. El problema es que ambas cuestiones son las que de manera más general suele fallar en España. la primera no solamente porque sean malos, politizados a veces, sino porque cuando son buenos no les dejan trabajar. Y la segunda porque precisamente el descontrol es la marca de fábrica de las administraciones españoles, especialmente las autonómicas. Y cuando se mueve dinero por medio, el peligro de corruptelas está siempre presente: bajar la guardia, hacer la vista gorda, ir al beneficio y no a la atención… La sanidad es uno de los servicios públicos esenciales, el control debería ser férreo y encomendado a funcionarios independientes de la propia administración, interventores e inspectores autonómos. Pero ese tipo de cuerpos se los ha ido eliminando, sistemáticamente, son contrarios a los Pallarols Gurtel y Eres
Por definición prefiero que un servicio público se gestione desde una lógica no privada: pero esto, lo asumo, es una afirmación de carácter ideológico (imagino que respetable). La gestión privada tiene un coste seguro y una ventaja eventual. El coste es que una parte del presupuesto público va a bolsillos privados (la gestión hay que pagarla, y no será a funcionarios, sino a una sociedad con directivos y trabajadores), y que en toda decisión se incorporará esta dimensión de costes (prestacionales) – beneficios (pecuniarios). La ventaja eventual es que quizás asignen más eficientemente los recursos. Pero si esa asignación eficiente sólo repercute en el beneficio empresarial, no me resulta atractiva: prefiero una dosis asumible de ineficiencia si es el dique que protege profesionalmente el servicio público. También en la Universidad hay despilfarro, y tenemos claro que debe gestionarse públicamente. También en el ejército hay disfunciones de gasto, y no se nos ocurriría una gestión privada de la compra de armamento. En la Administración de Justicia, ¿aceptaríamos que una sociedad mercantil organizase la oficina judicial? Desde el punto de vista de mi opinión sobre la medida, la carga de la prueba de su oportunidad corresponde a quien ha decidido un cambio tan sustancial.
Parece ser el signo de los tiempos. Vamos a una progresiva externalización de los servicios públicos, que no es exactamente lo mismo que privatización. Ya no quedan ayuntamientos con barrenderos o basureros que sean personal laboral del propio ayuntamiento, sino que los servicios de limpieza o de recogida de basuras se adjudican a una empresa externa. Lo mismo pasa con los vigilantes de seguridad, dándose el caso de que en los edificios públicos (incluso del Ministerio de Defensa o del Interior) no vigilan guardias civiles ni policías, sino vigilantes de seguridad de una empresa adjudicataria o concesionaria. O sea, que la prestación de los servicios públicos se hace mediante contratas, adjudicaciones o externalizaciones (outsourcing). La adjudicación de la prestación sanitaria a empresas privadas es un paso más. Habría que plantearse por qué las empresas privadas resultan ser más eficientes que las públicas en la prestación de estos servicios (limpiezas, seguridad) y si realmente pueden también serlo en la prestación de la asistencia sanitaria, donde no puede primar una consideración estrictamente economicista, sino de verdadera calidad asistencial como servicio básico de un Estado social.
José María,
Gracias por denunciar la falsedad en que se basa el debate público sobre la reforma sanitaria. Lamentablemente esa falsedad se da en los debates públicos sobre todas las reformas anunciadas por el gobierno y además también hay falsedad en la presentación de las reformas por parte del gobierno. Por supuesto, esa falsedad implica la imposibilidad de un análisis serio de cualquier tema y el debate se transforma –deliberadamente por la acción de quienes pretenden manipular a la gran masa de espectadores– en una competencia sin reglas. Pero no es competencia para la Liga y mejor uno se queda con el fútbol.
Como bien dice el artículo es difícil hacer una critica fundada de un modelo que privatiza la gestión de los servicios sanitarios que no ha entrado en funcionamiento y la falta de comparables fiables en los que basarnos. Mi preocupación deriva, como dice en su comentario Jaime de Nicolas, de la captura del regulador tan frecuente en estos lares y que constituye un modelo apropiación de rentas de todos conocidos con efectos de incrementar las desigualdades no sólo economicas sino del bienestar de los ciudadanos. Un modelo puramente privado máximiza los costes de transacción, el ejemplo de EEUU es preclaro, aumentando el gasto, tambien el PIB, pero produciendo un modelo discriminatorio e ineficiente. Además para que cualquier sistema de mercado funcione, el mercado debe funcionar (como bien dice perogrullo), que es algo que no se suele producir ya que se intenta que sea siempre el gasto publico el que pague los errores de gestión privados (rescate de bancos, concesionarias de autopistas). Introducir la competitividad (de verdad) en un modelo no es malo, todo lo contrario, pero sabemos que en España se suele enmascarar lo que es una mera captura de rentas con palabras como gestión privada para mejorar la competencia y reducri costes que la final suelen salir muy caros al contribuyente.
Está demostrado que se encarece y empeora el servicio, tenemos el ejemplo en sanidad en Inglaterra y de telefonía y electridad aquí. Ahora ya no cuela decir que lo privado funciona mejor, hemos visto que el sueño de los adoradores de la libre competencia es el monopolio . Se establecen contratos garantizando beneficios, que paga el estado, esto ya ocurre en autopistas e incluso en hospitales externalizados. Quedan el estado y el pueblo de rehén. En un momento de crisis se le rebaja el salario a los funcionarios, pero a los pagos a las empresas no se les puede descontar el 10%, ni pagar menos en navidades, por tanto la administración queda atada de pies y manos.
y por último lo que es peor es la adjudicación: no se le concede a un particular sino a alguien muy poderoso, que puede silenciar a todos: una negligencia médica en la SS tiene repercusión y se miden,a una empresa privada potente le sale gratis. Lo se por experiencia, una residencia la de 3ª edad dependiente de una Caja intoxicó a mi pobre madre con benzodiazepinas, la contrata se la había adjudicado la Xunta de Galicia, así que lo silenció para no reconocer su error, en la prensa ni una nota, en cambio por esas fechas unos niños fueron intoxicados en una guardería y fue noticia de primera plana, la guardería era de un par de cuidadanas corrientes.
Que la liberalización de la telefonía ha empeorado el servicio??? Quiere usted volver a la época en que se tardaba varios meses en dar de alta una línea??? Quiere usted volver a la época donde se dejaba uno una fortuna para hacer una llamada de Cuenca a Teruel??? De qué encarecimiento me habla, por favor?
El problema de la liberalización de las telecomunicaciones no es el haber liberalizado, sino el haber liberalizado mal. Queda mucho por hacer, sobre todo si nos comparamos con otros países europeos (tenemos las tarifas más altas en relación a nuestro entorno) pero creo que la situación actual es infinitamente mejor a aquella por la que usted con su comentario parece añorar (i.e, la anterior a 1998).
Dicho esto, mantengo mis dudas respecto a las derivas de la política sanitaria en la CAM.
Creo que la reforma que han emprendido presenta importantes problemas. A mi juicio uno esencial es la falta de datos económicos que avalen su conveniencia y oportunidad. Datos que atiendan al gasto sanitario global y no meramente al gasto hospitalario y que tengan en cuenta las facturaciones intercentros (los pacientes que esos hospitales derivan a los grandes de Madrid). Cuando se adoptan decisiones políticas complejas es necesario cargarse de razones y hacer un trabajo previo. En este caso se ha tramitado la normativa mediante simples artículos a la Ley de Acompañamiento a la de Presupuestos, sin memoria económica alguna, sin estudios del impacto normativo sobre el sector y de su real nivel de competencia, sin análisis de los riesgos de captura del regulador que presenta o del riesgo moral alto -como hemos visto con las radiales de Madrid, ejemplos de colaboración público-privada mal diseñada- en que pueden incurrir las empresas adjudicatarias.
Otro problea es el de la inspección. Como bien dice el artículo la inspección del cumplimiento de los contratos está ahora parcialmente externalizada en una empresa que gestiona hospitales en régimenes de colaboración público-privado similares en otras comunidades autónomas. Lo que creo no es la mejor garantía de que los actuales contratos o los futuros que se hagan van a ser inspeccionados exhaustivamente.
José María,
Gracias por denunciar la falsedad en que se basa el debate público sobre la reforma sanitaria. Lamentablemente esa falsedad se da en los debates públicos sobre todas las reformas anunciadas por el gobierno y además también hay falsedad en la presentación de las reformas por parte del gobierno. Por supuesto, esa falsedad implica la imposibilidad de un análisis serio de cualquier tema y el debate se transforma –deliberadamente por la acción de quienes pretenden manipular a la gran masa de espectadores– en una competencia sin reglas. Pero no es competencia para la Liga y mejor uno se queda con el fútbol.
Como bien dice el artículo es difícil hacer una critica fundada de un modelo que privatiza la gestión de los servicios sanitarios que no ha entrado en funcionamiento y la falta de comparables fiables en los que basarnos. Mi preocupación deriva, como dice en su comentario Jaime de Nicolas, de la captura del regulador tan frecuente en estos lares y que constituye un modelo apropiación de rentas de todos conocidos con efectos de incrementar las desigualdades no sólo economicas sino del bienestar de los ciudadanos. Un modelo puramente privado máximiza los costes de transacción, el ejemplo de EEUU es preclaro, aumentando el gasto, tambien el PIB, pero produciendo un modelo discriminatorio e ineficiente. Además para que cualquier sistema de mercado funcione, el mercado debe funcionar (como bien dice perogrullo), que es algo que no se suele producir ya que se intenta que sea siempre el gasto publico el que pague los errores de gestión privados (rescate de bancos, concesionarias de autopistas). Introducir la competitividad (de verdad) en un modelo no es malo, todo lo contrario, pero sabemos que en España se suele enmascarar lo que es una mera captura de rentas con palabras como gestión privada para mejorar la competencia y reducri costes que la final suelen salir muy caros al contribuyente.
Está demostrado que se encarece y empeora el servicio, tenemos el ejemplo en sanidad en Inglaterra y de telefonía y electridad aquí. Ahora ya no cuela decir que lo privado funciona mejor, hemos visto que el sueño de los adoradores de la libre competencia es el monopolio . Se establecen contratos garantizando beneficios, que paga el estado, esto ya ocurre en autopistas e incluso en hospitales externalizados. Quedan el estado y el pueblo de rehén. En un momento de crisis se le rebaja el salario a los funcionarios, pero a los pagos a las empresas no se les puede descontar el 10%, ni pagar menos en navidades, por tanto la administración queda atada de pies y manos.
y por último lo que es peor es la adjudicación: no se le concede a un particular sino a alguien muy poderoso, que puede silenciar a todos: una negligencia médica en la SS tiene repercusión y se miden,a una empresa privada potente le sale gratis. Lo se por experiencia, una residencia la de 3ª edad dependiente de una Caja intoxicó a mi pobre madre con benzodiazepinas, la contrata se la había adjudicado la Xunta de Galicia, así que lo silenció para no reconocer su error, en la prensa ni una nota, en cambio por esas fechas unos niños fueron intoxicados en una guardería y fue noticia de primera plana, la guardería era de un par de cuidadanas corrientes.
Creo que la reforma que han emprendido presenta importantes problemas. A mi juicio uno esencial es la falta de datos económicos que avalen su conveniencia y oportunidad. Datos que atiendan al gasto sanitario global y no meramente al gasto hospitalario y que tengan en cuenta las facturaciones intercentros (los pacientes que esos hospitales derivan a los grandes de Madrid). Cuando se adoptan decisiones políticas complejas es necesario cargarse de razones y hacer un trabajo previo. En este caso se ha tramitado la normativa mediante simples artículos a la Ley de Acompañamiento a la de Presupuestos, sin memoria económica alguna, sin estudios del impacto normativo sobre el sector y de su real nivel de competencia, sin análisis de los riesgos de captura del regulador que presenta o del riesgo moral alto -como hemos visto con las radiales de Madrid, ejemplos de colaboración público-privada mal diseñada- en que pueden incurrir las empresas adjudicatarias.
Otro problea es el de la inspección. Como bien dice el artículo la inspección del cumplimiento de los contratos está ahora parcialmente externalizada en una empresa que gestiona hospitales en régimenes de colaboración público-privado similares en otras comunidades autónomas. Lo que creo no es la mejor garantía de que los actuales contratos o los futuros que se hagan van a ser inspeccionados exhaustivamente.
Jose María, muchas gracias por el post, muy claro y muy riguroso como siempre, en una cuestión donde la claridad y el rigor han brillado por su ausencia. Me temo que estoy más con los comentaristas que esperan que esto no sea más que disfrazar con un bonito lenguaje de eficiencia, buena gestión, etc, etc, lo que puede llegar a ser otra historia de captura de reguladores, falta de inspección y riesgo y ventura no del contratista sino del contribuyente. La falta de datos económicos rigurosos que avalen una decisión política de tanto calado, como bien denuncia Ramón Marcos, es una muy mala señal. Será díficil evaluar después si esta fórmula es mejor o peor si no sabemos qué es lo que había antes. Esto no es ideología, es lo mínimo que hay que pedirle a unos gestores y a unos políticos responsables. Lo demás es que creamos en sus propuestas y palabras en base a un acto de fe, y creo que a estas alturas no lo pueden esperar de la sufrida ciudadanía.
De acuerdo también en que este tipo de planteamientos no deberían hacerse por una CAM por libre, y de acuerdo también los comentarios que apuntan a la responsabilidad de políticos anteriores (del PP por cierto) y también de personal estatutario en haber llegado a esta situación.
Jose María, muchas gracias por el post, muy claro y muy riguroso como siempre, en una cuestión donde la claridad y el rigor han brillado por su ausencia. Me temo que estoy más con los comentaristas que esperan que esto no sea más que disfrazar con un bonito lenguaje de eficiencia, buena gestión, etc, etc, lo que puede llegar a ser otra historia de captura de reguladores, falta de inspección y riesgo y ventura no del contratista sino del contribuyente. La falta de datos económicos rigurosos que avalen una decisión política de tanto calado, como bien denuncia Ramón Marcos, es una muy mala señal. Será díficil evaluar después si esta fórmula es mejor o peor si no sabemos qué es lo que había antes. Esto no es ideología, es lo mínimo que hay que pedirle a unos gestores y a unos políticos responsables. Lo demás es que creamos en sus propuestas y palabras en base a un acto de fe, y creo que a estas alturas no lo pueden esperar de la sufrida ciudadanía.
De acuerdo también en que este tipo de planteamientos no deberían hacerse por una CAM por libre, y de acuerdo también los comentarios que apuntan a la responsabilidad de políticos anteriores (del PP por cierto) y también de personal estatutario en haber llegado a esta situación.
El eufememismo del título ya era suficientemente expresivo del contenido.
El eufememismo del título ya era suficientemente expresivo del contenido.
Es el tema infinito de la gestión pública en España. ¿Como puede entenderse que un gestor se mantenga en el puesto, con el único mérito de haberse deshecho de la materia a gestionar?. ¿Es aceptable poner un general al mando de unas tropas, y que las medidas que adopte consistan en entregar la gestión de esas tropas a otras manos?. Si el defecto de la sanidad pública es la gestión, ¿porqué hemos de aceptar que sean esos gestores incapaces quienes decidan la privatización?. De verdad, nunca entenderé como en este país se puede estar manteniendo una clase política tan numerosa, cuando uno de sus “méritos” consiste en vaciarse las manos de responsabilidades. Supongo que una vez “externalizada” la sanidad, no tendrá sentido mantener dirigentes políticos dedicados a gestionarla, sobre todo habiéndose declarado incapaces de hacerlo. Evidentemente el comentario es un poco radical, pero siempre me despierta la curiosidad el saber que se esconde detrás de un acto como este, en el que una persona a la que se le ha atribuido un poder de gestión, lo cede “graciosamente” a otras.
Es el tema infinito de la gestión pública en España. ¿Como puede entenderse que un gestor se mantenga en el puesto, con el único mérito de haberse deshecho de la materia a gestionar?. ¿Es aceptable poner un general al mando de unas tropas, y que las medidas que adopte consistan en entregar la gestión de esas tropas a otras manos?. Si el defecto de la sanidad pública es la gestión, ¿porqué hemos de aceptar que sean esos gestores incapaces quienes decidan la privatización?. De verdad, nunca entenderé como en este país se puede estar manteniendo una clase política tan numerosa, cuando uno de sus “méritos” consiste en vaciarse las manos de responsabilidades. Supongo que una vez “externalizada” la sanidad, no tendrá sentido mantener dirigentes políticos dedicados a gestionarla, sobre todo habiéndose declarado incapaces de hacerlo. Evidentemente el comentario es un poco radical, pero siempre me despierta la curiosidad el saber que se esconde detrás de un acto como este, en el que una persona a la que se le ha atribuido un poder de gestión, lo cede “graciosamente” a otras.
No comparto apriorismos contra lo privado ni tampoco contra lo público, pero la gestión privada de servicios públicos (incluyendo los sanitarios) puede ser positiva y tampoco es algo totalmente nuevo. Por tanto, a mi juicio, los reparos y críticas deberían dirigirse al cómo (que no se haga mal, que no se adjudique a los amigos, que no salga más caro, que el servicio no sea peor) que a la supuesta infracción de una línea roja que no existe. Y menos demagogia, por favor. En este sentido, la entrada de José María me parece excelente, si bien también son interesantes en general los comentarios a la misma que me preceden.
No comparto apriorismos contra lo privado ni tampoco contra lo público, pero la gestión privada de servicios públicos (incluyendo los sanitarios) puede ser positiva y tampoco es algo totalmente nuevo. Por tanto, a mi juicio, los reparos y críticas deberían dirigirse al cómo (que no se haga mal, que no se adjudique a los amigos, que no salga más caro, que el servicio no sea peor) que a la supuesta infracción de una línea roja que no existe. Y menos demagogia, por favor. En este sentido, la entrada de José María me parece excelente, si bien también son interesantes en general los comentarios a la misma que me preceden.
Gracias por el post. El problema es que se quiee introducir un modelo sobre el que no hay consenso. Se dice que es por criterio economico, pero los medicos argumentan que al final sale mas caro. Como paso en Alzira que hubo que rescatarla. Hoy tambien se demuestra que a la Fundacion Jimenes Diaz (Capio) la tienen que dar al final de todos los años una cantidad extra porque no llega a cubrir el presupuesto con la cantidad inicialmente programada.
Tampoco esta demostrado que desde el punto de vista médico sea mas eficiente. Y aqui no vale lo de las encuestas a la salida del hospital porque en la mayoria de las ocasiones los pacientes no sabemos si nos han dado lo mejor o no. El problema es que en la Comunidad de Madrid y en España en general no hay indicadores medicos de calidad. Sabemos cuantos medicos hay por cama en cada uno de nuestros hospitales? y cuantas enfermeras? y cuantas cirugías que se infectan? y cual es la mortalidad de cada servicio?
La gran duda es si la gestion privada va a lograr detraer dinero de la asistencia para tener beneficio y mantener la misma calidad que hasta ahora. Desde luego fijandonos en el modelo de la Fundacion Jimenez Diaz da la sensación de que se pierde calidad calidad. De ser el hospital de toda España en la que se cogian los primeros numeros de MIR, ha pasado a ser de los que mas tarde se cogen (y los residentes saben muy bien donde quieren formarse). Ha pasado de ser un hospital con un indice de impacto bibliografico muy alto (esto refleja la calidad de su investigación) a uno con los indices de impacto mas bajos entre los grandes hospitales de España.
Creo que antes de lanzarnos a esta aventura tiene que haber una reflexion mucho mas profunda y un analisis de lo que pasa en otros paises, algunos de los cuales estan volviendo hacia atras.
Gracias por el post. El problema es que se quiee introducir un modelo sobre el que no hay consenso. Se dice que es por criterio economico, pero los medicos argumentan que al final sale mas caro. Como paso en Alzira que hubo que rescatarla. Hoy tambien se demuestra que a la Fundacion Jimenes Diaz (Capio) la tienen que dar al final de todos los años una cantidad extra porque no llega a cubrir el presupuesto con la cantidad inicialmente programada.
Tampoco esta demostrado que desde el punto de vista médico sea mas eficiente. Y aqui no vale lo de las encuestas a la salida del hospital porque en la mayoria de las ocasiones los pacientes no sabemos si nos han dado lo mejor o no. El problema es que en la Comunidad de Madrid y en España en general no hay indicadores medicos de calidad. Sabemos cuantos medicos hay por cama en cada uno de nuestros hospitales? y cuantas enfermeras? y cuantas cirugías que se infectan? y cual es la mortalidad de cada servicio?
La gran duda es si la gestion privada va a lograr detraer dinero de la asistencia para tener beneficio y mantener la misma calidad que hasta ahora. Desde luego fijandonos en el modelo de la Fundacion Jimenez Diaz da la sensación de que se pierde calidad calidad. De ser el hospital de toda España en la que se cogian los primeros numeros de MIR, ha pasado a ser de los que mas tarde se cogen (y los residentes saben muy bien donde quieren formarse). Ha pasado de ser un hospital con un indice de impacto bibliografico muy alto (esto refleja la calidad de su investigación) a uno con los indices de impacto mas bajos entre los grandes hospitales de España.
Creo que antes de lanzarnos a esta aventura tiene que haber una reflexion mucho mas profunda y un analisis de lo que pasa en otros paises, algunos de los cuales estan volviendo hacia atras.
Leo esto en cadenaser.com:
La empresa de la que es consejero Juan José Güemes se queda con la gestión de los análisis clínicos que él mismo privatizó
El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid forma parte desde agosto del consejo de administración de la empresa sanitaria Unilabs, integrada en el grupo Capio
Unilabs acaba de comprar el 55% de la Unión Temporal de Empresas a la que el propio Güemes, siendo Consejero de Sanidad, adjudicó el servicio público de análisis en seis hospitales madrileños. Son los seis centros cuya gestión sanitaria quiere privatizar próximamente la Comunidad de Madrid.
Votar
El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid forma parte desde agosto del Consejo de Administración de la empresa sanitaria Unilabs, integrada en el grupo Capio-
“Oportunidades de negocio” en la sanidad
“Esta operación refuerza nuestra presencia y compromiso con la sanidad madrileña y forma parte de un proyecto de inversión mucho más amplio” dijo el presidente de Unilabs España, Daniel de Busturia, al anunciar la operación. Una optimista declaración habitual en el sector pero que adquiere un cariz bien distinto al provenir de una empresa que tiene a Juan José Güemes (consejero madrileño de Sanidad entre 2008 y 2010) sentado en el consejo de administración.
Unilabs España, filial española de la multinacional suiza del mismo nombre, contrató a Güemes, que hasta entonces trabajaba en el Instituto de Empresa, el pasado mes de agosto. Poco más de tres meses después, el pasado 21 de noviembre, Unilabs anunciaba la compra del 55% de la UTE BR Salud, compuesta por el grupo Balagué y Ribera Salud. Una UTE adjudicataria, desde al año 2009, del servicio público de análisis clínicos de seis hospitales madrileños (Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Hospital del Tajo). Una adjudicación que fue aprobada por el propio Güemes en 2009 , cuando ocupaba el cargo de consejero de Sanidad.
(seguir leyendo en
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/empresa-consejero-juan-jose-guemes-queda-gestion-analisis-clinicos-mismo-privatizo/csrcsrpor/20130111csrcsrnac_2/Tes
Leo esto en cadenaser.com:
La empresa de la que es consejero Juan José Güemes se queda con la gestión de los análisis clínicos que él mismo privatizó
El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid forma parte desde agosto del consejo de administración de la empresa sanitaria Unilabs, integrada en el grupo Capio
Unilabs acaba de comprar el 55% de la Unión Temporal de Empresas a la que el propio Güemes, siendo Consejero de Sanidad, adjudicó el servicio público de análisis en seis hospitales madrileños. Son los seis centros cuya gestión sanitaria quiere privatizar próximamente la Comunidad de Madrid.
Votar
El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid forma parte desde agosto del Consejo de Administración de la empresa sanitaria Unilabs, integrada en el grupo Capio-
“Oportunidades de negocio” en la sanidad
“Esta operación refuerza nuestra presencia y compromiso con la sanidad madrileña y forma parte de un proyecto de inversión mucho más amplio” dijo el presidente de Unilabs España, Daniel de Busturia, al anunciar la operación. Una optimista declaración habitual en el sector pero que adquiere un cariz bien distinto al provenir de una empresa que tiene a Juan José Güemes (consejero madrileño de Sanidad entre 2008 y 2010) sentado en el consejo de administración.
Unilabs España, filial española de la multinacional suiza del mismo nombre, contrató a Güemes, que hasta entonces trabajaba en el Instituto de Empresa, el pasado mes de agosto. Poco más de tres meses después, el pasado 21 de noviembre, Unilabs anunciaba la compra del 55% de la UTE BR Salud, compuesta por el grupo Balagué y Ribera Salud. Una UTE adjudicataria, desde al año 2009, del servicio público de análisis clínicos de seis hospitales madrileños (Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Hospital del Tajo). Una adjudicación que fue aprobada por el propio Güemes en 2009 , cuando ocupaba el cargo de consejero de Sanidad.
(seguir leyendo en
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/empresa-consejero-juan-jose-guemes-queda-gestion-analisis-clinicos-mismo-privatizo/csrcsrpor/20130111csrcsrnac_2/Tes
Interesante revolving door el de Guemes..supongo que primero haces favores con el dinero público y luego te los hacen a tí. Por cierto, que como dato relevante, Guemes está casado con Andrea Fabra, la hija del cacique de Castellón. Seguramente el suegro ya le habrá espabilado a estas alturas.
Interesante revolving door el de Guemes..supongo que primero haces favores con el dinero público y luego te los hacen a tí. Por cierto, que como dato relevante, Guemes está casado con Andrea Fabra, la hija del cacique de Castellón. Seguramente el suegro ya le habrá espabilado a estas alturas.
Después de la nota Españistán, quería también felicitar al autor del post por su riguroso y mesurado análisis, tan poco frecuente por estos lares. Aún así me sumo a los comentaristas que se temen lo peor de un Gobierno presidido por un señor de la catadura moral de D. Ignacio Gonzalez. Y no digo más porque de nuevo respeto la sabia política de comentarios de este gran blog.
Después de la nota Españistán, quería también felicitar al autor del post por su riguroso y mesurado análisis, tan poco frecuente por estos lares. Aún así me sumo a los comentaristas que se temen lo peor de un Gobierno presidido por un señor de la catadura moral de D. Ignacio Gonzalez. Y no digo más porque de nuevo respeto la sabia política de comentarios de este gran blog.
Resulta obvio que esta cuestión suscita opiniones encontradas. El hecho de que, conceptualmente, pueda defender que, a priori, nos encontramos ante un instrumento legítimo para la realización de un servicio público, no me impide compartir lo expuesto por Ramón en el sentido de que hubiera sido necesario un mayor debate público y parlamentario acerca de los análisis e informes que pueden justificar esta medida.
En estos tiempos, cuando el “piensa mal y acertarás” es casi una apuesta segura, resulta dificil aceptar de manera acrítica la bondad de estas medidas y noticias como la de la participación de Güemes en estos negocios pocos años después de haber sido consejero de la “cosa” no ayudan.
Quien ha resumido en pocas lineas el espíritu de mi artículo ha sido Jaime de Nicolas al señalar que “…el nuevo sistema es consecuencia de vicios antiguos, pero podría funcionar con dos condiciones: que haya buenos gestores y, tan importante como eso, que haya una supervisión adecuada. El problema es que ambas cuestiones son las que de manera más general suele fallar en España…” No se puede decir mejor con menos palabras.
En el último párrafo de este comentario de José Mª Pérez está la razón de mi anterior comentario:
“…el nuevo sistema es consecuencia de vicios antiguos, pero podría funcionar con dos condiciones: que haya buenos gestores y, tan importante como eso, que haya una supervisión adecuada. El problema es que ambas cuestiones son las que de manera más general suele fallar en España…”
Si en este párrafo existe verdad y razón, el problema reside en la mala gestión y la falla de la supervisión, entonces no es un problema de privado-público, es un problema de incompetencia en la gestión.
Alguno en un mal uso del diccionario, tachará esto de “demagogia”, y tal vez hasta explique porqué, incluso facilitando el significado de la dichosa palabrita que tanto se escucha cuando alguien contraría a un pólítico.
Disculpe usted, estos modelos de gestión rompen algo más que un tabú, concretamente en las áreas de referencia de nuevos hospitales de gestión privada (Torrejón, Valdemoro) ya han roto Servicios de Salud Mental y el Modelo de Atención en Salud Mental Comunitaria que venía siendo eficaz para el tratamiento de las personas con enfermedades mentales crónicas.
Para más información sobre el tema, pueden consultar la web de la Asociación Madrileña de Salud Mental.
Comentarles también que allá donde no se implementan o se deterioran los Servicios de Salud Mental Comunitaria, los enfermos mentales crónicos suelen acabar, en el mejor de los casos, institucionalizados en unidades de larga estancia, y en el peor: formando el mayor porcentaje de personas sin techo, como es el caso de las ciudades de San Francisco y Nueva York.
Quizá resulte también oportuno que acudan a los indicadores médicos empíricos y no sólo económicos y teóricos y lean ustedes acerca de los resultados de la gestión privada de la Sanidad en Gran Bretaña.
Por lo demás sólo decir que al igual que un profesional sanitario tiene una responsabilidad civil y penal, una vez puesta en marcha la externalización de los servicios sanitarios, que ojalá vaya tan bien como defienden, deberían revaluarselos resultados tanto sobre la deuda pública como sobre la morbilidad y mortalidad, revaluar el modelo y en caso de que no funcione exigir responsabilidades legales a quienes lo pusieron en marcha.
Respecto al modelo previo que se preguntan por qué defendemos y queremos mantener, la respuesta es muy sencilla: estaba considerado como de los mejores del mundo. Concretamente en 2007 ocupaba el séptimo lugar (no sólo en calidad, sino como ustedes dirían en razón calidad/precio) mientras EE.UU. donde la gestión es predominantemente privada, ocupaba expuesto 34.
Gracias por su atención.
Enhorabuena por el blog y, sobre todo, por la calidad (formal y de contenido) tanto de la entrada, como especialmente de las respuestas. Es la oposición informada de la sociedad civil, la única que puede detener este expolio sanitario
Respecto a la propia entrada, lo mejor el análisis de la norma. Su mayor limitación, no haber llegado a discutir la impertinencia de la misma ni las consecuencias de su aplicación. Se trata de una norma impertinente porque no existen ni siquiera indicios de que vaya a conseguir lo que dice que persigue -disminución de costes (Léase El Mundo ayer http://cort.as/39R_) y mantenimiento de calidad sanitaria objetiva-. “La Comunidad de Madrid sabe como abaratar todavía más uno de los sistemas sanitarios que menos recursos sanitarios consume en España, que es uno de los países sanitariamente más baratos de la OCDE” http://youtu.be/3OWZTaHeCWg. Respecto a sus consecuencias, va a profundizar en la descapitalización de la Sanidad Pública Pública restándole recursos (la clásica estrategia hacer que un Servicio Público funcione peor) para facilitar una mamás extensa privatización.
Podrán entender la intensidad de la protesta de los médicos si se plantean estas 10 preguntas:
1. Los nuevos hospitales de gestión privada ¿tienen que dar BENEFICIOS a sus INVERSORES?
2. El BENEFICIO obtenido por el hospital de gestión privada ¿PROVIENE de los IMPUESTOS de los ciudadanos
3. El BENEFICIO de un hospital de gestión privada ¿será TANTO MAYOR CUANTO MENOS SE GASTE por paciente atendido?
4. ¿Hay algún LÍMITE a los BENEFICIOS de las empresas concesionarias? ¿y al sueldo de sus gerentes?
5. Si las empresas concesionarias tienen PÉRDIDAS (como ya ha ocurrido): ¿quién las RESCATARÁ?
6. ¿Por qué NINGUNO de los 10 mejores hospitales de USA están gestionados por empresas con ÁNIMO DE LUCRO?
7. ¿Por qué los ciudadanos vamos a pagar 441 euros/pac en 2013, cuando en 2012 nos ha costado 347?
8.¿Por qué los presupuestos de 2013 recortan en hospitales d gestión pública(-18%) y aumentan en los de gestión privada(+9%)?
9 ¿Qué piensa de los potenciales conflictos de interés del Director General de Hospitales y de los 2 anteriores Consejeros de Sanidad?
10. ¿Por qué dicen que hay que ahorrar 533 millones de euros cuando recortan 60? ¿Para qué los 473 millones restantes?
Les ruego que se las planteen y si no son capaces de responderlas, por favor hagánselas ustedes mismos, como nosotros hemos hecho, al Sr. I. González aquí. http://cort.as/39lt
Muchas gracias
Perdón, se me olvidaba preguntarles como expertos en la materia:
¿Qué puede hacer la sociedad civil cuando lo inmoral no es ilegal?
Preguntan ustedes qué puede hacer la sociedad civil en esta situación.
Poca cosa.
Porque esta situación se produce porque la sociedad civil ni ha estado ni se la espera. Se ha entregado estúpidamente a partidos políticos constituidos en casta que controlan todos los resortes de poder.
La sociedad civil ha dejado comprar su voto por platos de lentejas –con gorgojo–, ha permitido que estos partidos la dividan, la degraden moralmente en su fibra humana, la debiliten totalmente y enfrenten a unos ciudadanos contra otros y, lógicamente, se ha quedado a verlas venir y sin capacidad de actuación. Ahora toca lo que toca.
En estas circunstancias lo más inteligente y rentable es integrarse en la estructura partidaria más cercana al ejercicio del poder real, hacer la pelota mientras se trepa y ayudarles a estrujar lo que vaya quedando para salir corriendo antes de que el último en hacerlo cierre la puerta.
Para “hacer”, lo que se dice hacer, ya no queda tiempo ni ventana de oportunidad porque ni siquiera se trata de entrar en política como partidos.
Se trata de que la propia clase media, ese 80%+ de la población de España, sea capaz de articularse y caer en la cuenta de que si no se participa cultural y organizativamente es inevitable que quienes se toman el trabajo de hacerlo nos lleven del ronzal.
Por supuesto que la gran mayoría de manis y kaleborroka ayudan justo a lo contrario de lo que pretenden porque alejan aún más a ese 80% de ciudadanos indignados.
Esto es lo que hizo el 15M: Alejar a los indignados de verdad a base de sentarse en el suelo moviendo las manitas como papanatas.
¿Quién con dos dedos de frente va a sentarse en el suelo cuando está pagando las salas y los salones de todos los ayuntamientos de España y tiene derecho a usarlas?
La ciudadanía tiene que comenzar por serlo y darle un sopapo al primero que se atreva a llamarla eso de “pueblo” destinado a pagar el viaje de los profetas-pastores.
Es decir, tiene que estar organizada, dispuesta a trabajar y con un poco de autoestima.
Y esto significa soltar pasta, pensar con la cabeza y currar.
Bienvenidos.
Bueno, Manu, nosotros todavía no ponemos dinero en esto de la sociedad civil pero sí mucho tiempo..:-) Por lo demás totalmente de acuerdo en lo que dices.
Por otro lado, ya he firmado la petición para hacer las preguntas (muy pertinentes) al sr. Gonzalez sobre la privatización de la sanidad madrileña. A ver si hay suerte, pero vamos, para que se molesten en contestar habrá que seguir molestándoles bastante con este tema.
En cuanto a la pregunta de que pasa cuando lo inmoral es legal, pues miren, es que yo creo que la mayoría de nuestras leyes no son inmorales en absoluto. Lo que pasa es que se estrujan y se tergiversan para favorecer a unos pocos de manera inmoral, lo que es bien distinto. El caso de Unió, sobre el que prometemos post, es un caso claro. Las sentencias de conformidad existen y no son inmorales. El uso para el caso de Unió si lo es. Lo mismo cabe decir de la amnistía fiscal para unos pocos, de los indultos para amiguetes, etc, etc. Pero gracias por traer a colación este asunto, porque es muy grave. La disociación entre legalidad y moralidad es propia de Estados no democráticos o directamente de plutocracias, aunque formalmente sean democracias.,
Resulta obvio que esta cuestión suscita opiniones encontradas. El hecho de que, conceptualmente, pueda defender que, a priori, nos encontramos ante un instrumento legítimo para la realización de un servicio público, no me impide compartir lo expuesto por Ramón en el sentido de que hubiera sido necesario un mayor debate público y parlamentario acerca de los análisis e informes que pueden justificar esta medida.
En estos tiempos, cuando el “piensa mal y acertarás” es casi una apuesta segura, resulta dificil aceptar de manera acrítica la bondad de estas medidas y noticias como la de la participación de Güemes en estos negocios pocos años después de haber sido consejero de la “cosa” no ayudan.
Quien ha resumido en pocas lineas el espíritu de mi artículo ha sido Jaime de Nicolas al señalar que “…el nuevo sistema es consecuencia de vicios antiguos, pero podría funcionar con dos condiciones: que haya buenos gestores y, tan importante como eso, que haya una supervisión adecuada. El problema es que ambas cuestiones son las que de manera más general suele fallar en España…” No se puede decir mejor con menos palabras.
Disculpe usted, estos modelos de gestión rompen algo más que un tabú, concretamente en las áreas de referencia de nuevos hospitales de gestión privada (Torrejón, Valdemoro) ya han roto Servicios de Salud Mental y el Modelo de Atención en Salud Mental Comunitaria que venía siendo eficaz para el tratamiento de las personas con enfermedades mentales crónicas.
Para más información sobre el tema, pueden consultar la web de la Asociación Madrileña de Salud Mental.
Comentarles también que allá donde no se implementan o se deterioran los Servicios de Salud Mental Comunitaria, los enfermos mentales crónicos suelen acabar, en el mejor de los casos, institucionalizados en unidades de larga estancia, y en el peor: formando el mayor porcentaje de personas sin techo, como es el caso de las ciudades de San Francisco y Nueva York.
Quizá resulte también oportuno que acudan a los indicadores médicos empíricos y no sólo económicos y teóricos y lean ustedes acerca de los resultados de la gestión privada de la Sanidad en Gran Bretaña.
Por lo demás sólo decir que al igual que un profesional sanitario tiene una responsabilidad civil y penal, una vez puesta en marcha la externalización de los servicios sanitarios, que ojalá vaya tan bien como defienden, deberían revaluarselos resultados tanto sobre la deuda pública como sobre la morbilidad y mortalidad, revaluar el modelo y en caso de que no funcione exigir responsabilidades legales a quienes lo pusieron en marcha.
Respecto al modelo previo que se preguntan por qué defendemos y queremos mantener, la respuesta es muy sencilla: estaba considerado como de los mejores del mundo. Concretamente en 2007 ocupaba el séptimo lugar (no sólo en calidad, sino como ustedes dirían en razón calidad/precio) mientras EE.UU. donde la gestión es predominantemente privada, ocupaba expuesto 34.
Gracias por su atención.
Enhorabuena por el blog y, sobre todo, por la calidad (formal y de contenido) tanto de la entrada, como especialmente de las respuestas. Es la oposición informada de la sociedad civil, la única que puede detener este expolio sanitario
Respecto a la propia entrada, lo mejor el análisis de la norma. Su mayor limitación, no haber llegado a discutir la impertinencia de la misma ni las consecuencias de su aplicación. Se trata de una norma impertinente porque no existen ni siquiera indicios de que vaya a conseguir lo que dice que persigue -disminución de costes (Léase El Mundo ayer http://cort.as/39R_) y mantenimiento de calidad sanitaria objetiva-. “La Comunidad de Madrid sabe como abaratar todavía más uno de los sistemas sanitarios que menos recursos sanitarios consume en España, que es uno de los países sanitariamente más baratos de la OCDE” http://youtu.be/3OWZTaHeCWg. Respecto a sus consecuencias, va a profundizar en la descapitalización de la Sanidad Pública Pública restándole recursos (la clásica estrategia hacer que un Servicio Público funcione peor) para facilitar una mamás extensa privatización.
Podrán entender la intensidad de la protesta de los médicos si se plantean estas 10 preguntas:
1. Los nuevos hospitales de gestión privada ¿tienen que dar BENEFICIOS a sus INVERSORES?
2. El BENEFICIO obtenido por el hospital de gestión privada ¿PROVIENE de los IMPUESTOS de los ciudadanos
3. El BENEFICIO de un hospital de gestión privada ¿será TANTO MAYOR CUANTO MENOS SE GASTE por paciente atendido?
4. ¿Hay algún LÍMITE a los BENEFICIOS de las empresas concesionarias? ¿y al sueldo de sus gerentes?
5. Si las empresas concesionarias tienen PÉRDIDAS (como ya ha ocurrido): ¿quién las RESCATARÁ?
6. ¿Por qué NINGUNO de los 10 mejores hospitales de USA están gestionados por empresas con ÁNIMO DE LUCRO?
7. ¿Por qué los ciudadanos vamos a pagar 441 euros/pac en 2013, cuando en 2012 nos ha costado 347?
8.¿Por qué los presupuestos de 2013 recortan en hospitales d gestión pública(-18%) y aumentan en los de gestión privada(+9%)?
9 ¿Qué piensa de los potenciales conflictos de interés del Director General de Hospitales y de los 2 anteriores Consejeros de Sanidad?
10. ¿Por qué dicen que hay que ahorrar 533 millones de euros cuando recortan 60? ¿Para qué los 473 millones restantes?
Les ruego que se las planteen y si no son capaces de responderlas, por favor hagánselas ustedes mismos, como nosotros hemos hecho, al Sr. I. González aquí. http://cort.as/39lt
Muchas gracias
Perdón, se me olvidaba preguntarles como expertos en la materia:
¿Qué puede hacer la sociedad civil cuando lo inmoral no es ilegal?
Preguntan ustedes qué puede hacer la sociedad civil en esta situación.
Poca cosa.
Porque esta situación se produce porque la sociedad civil ni ha estado ni se la espera. Se ha entregado estúpidamente a partidos políticos constituidos en casta que controlan todos los resortes de poder.
La sociedad civil ha dejado comprar su voto por platos de lentejas –con gorgojo–, ha permitido que estos partidos la dividan, la degraden moralmente en su fibra humana, la debiliten totalmente y enfrenten a unos ciudadanos contra otros y, lógicamente, se ha quedado a verlas venir y sin capacidad de actuación. Ahora toca lo que toca.
En estas circunstancias lo más inteligente y rentable es integrarse en la estructura partidaria más cercana al ejercicio del poder real, hacer la pelota mientras se trepa y ayudarles a estrujar lo que vaya quedando para salir corriendo antes de que el último en hacerlo cierre la puerta.
Para “hacer”, lo que se dice hacer, ya no queda tiempo ni ventana de oportunidad porque ni siquiera se trata de entrar en política como partidos.
Se trata de que la propia clase media, ese 80%+ de la población de España, sea capaz de articularse y caer en la cuenta de que si no se participa cultural y organizativamente es inevitable que quienes se toman el trabajo de hacerlo nos lleven del ronzal.
Por supuesto que la gran mayoría de manis y kaleborroka ayudan justo a lo contrario de lo que pretenden porque alejan aún más a ese 80% de ciudadanos indignados.
Esto es lo que hizo el 15M: Alejar a los indignados de verdad a base de sentarse en el suelo moviendo las manitas como papanatas.
¿Quién con dos dedos de frente va a sentarse en el suelo cuando está pagando las salas y los salones de todos los ayuntamientos de España y tiene derecho a usarlas?
La ciudadanía tiene que comenzar por serlo y darle un sopapo al primero que se atreva a llamarla eso de “pueblo” destinado a pagar el viaje de los profetas-pastores.
Es decir, tiene que estar organizada, dispuesta a trabajar y con un poco de autoestima.
Y esto significa soltar pasta, pensar con la cabeza y currar.
Bienvenidos.
En el último párrafo de este comentario de José Mª Pérez está la razón de mi anterior comentario:
“…el nuevo sistema es consecuencia de vicios antiguos, pero podría funcionar con dos condiciones: que haya buenos gestores y, tan importante como eso, que haya una supervisión adecuada. El problema es que ambas cuestiones son las que de manera más general suele fallar en España…”
Si en este párrafo existe verdad y razón, el problema reside en la mala gestión y la falla de la supervisión, entonces no es un problema de privado-público, es un problema de incompetencia en la gestión.
Alguno en un mal uso del diccionario, tachará esto de “demagogia”, y tal vez hasta explique porqué, incluso facilitando el significado de la dichosa palabrita que tanto se escucha cuando alguien contraría a un pólítico.
Bueno, Manu, nosotros todavía no ponemos dinero en esto de la sociedad civil pero sí mucho tiempo..:-) Por lo demás totalmente de acuerdo en lo que dices.
Por otro lado, ya he firmado la petición para hacer las preguntas (muy pertinentes) al sr. Gonzalez sobre la privatización de la sanidad madrileña. A ver si hay suerte, pero vamos, para que se molesten en contestar habrá que seguir molestándoles bastante con este tema.
En cuanto a la pregunta de que pasa cuando lo inmoral es legal, pues miren, es que yo creo que la mayoría de nuestras leyes no son inmorales en absoluto. Lo que pasa es que se estrujan y se tergiversan para favorecer a unos pocos de manera inmoral, lo que es bien distinto. El caso de Unió, sobre el que prometemos post, es un caso claro. Las sentencias de conformidad existen y no son inmorales. El uso para el caso de Unió si lo es. Lo mismo cabe decir de la amnistía fiscal para unos pocos, de los indultos para amiguetes, etc, etc. Pero gracias por traer a colación este asunto, porque es muy grave. La disociación entre legalidad y moralidad es propia de Estados no democráticos o directamente de plutocracias, aunque formalmente sean democracias.,
Dos preguntas: ¿No llamamos televisiones privadas (también lo hace su ley reguladora) a los canales del servicio público de la televisión objeto de gestión indirecta? Entonces, ¿Por qué no llamar las cosas por su nombre, y hablar de privatización de la sanidad?
Dos preguntas: ¿No llamamos televisiones privadas (también lo hace su ley reguladora) a los canales del servicio público de la televisión objeto de gestión indirecta? Entonces, ¿Por qué no llamar las cosas por su nombre, y hablar de privatización de la sanidad?
Muchas gracias por los comentarios. De nuevo, alto nivel. La sociedad civil somos todos y como dice Elisa, dinero no ponemos, pero tiempo el que haga falta.
Como sabéis que nos gusta preguntar, hemos intentado entrevistar al doctor Gregorio Marañón al respecto de la situación actual y aquí podéis comprobar lo que nos ha contestado http://wp.me/s2WgnY-352
Da la impresión que los lectores de ¿hay derecho? sois conscientes de la degradación de nuestro sistema. Sois parte relevante de la sociedad civil ¿Qué podéis hacer vosotros? Nosotros tenemos algunas ideas, pero nos gustaría conocer vuestra opinión
Gracias otra vez por este foro
Estimado amigo, no le puedo responder con carácter general, pero como coeditor del blog sí le puedo indicar qué pautas seguimos nosotros o intentamos cumplir al menos al crear hace dos años y mantener este blog, pautas que consideramos son las que mejor actúan para cumplir una función como sociedad civil.
Rigor en el análisis y la información: se trata de que lo que se diga tenga criterio, sensatez, profundidad. No necesariamente que convenza a todo el mundo, pero sí que sea una opinión que pueda respetarse.
Matizar. Algo tan difícil y poco español quizá como es no usar la brocha gorda sino el pincel más fino. Es menos gratificante desde el punto de vista emocional o de reafirmación, pero es mucho más efectivo y provechoso al final.
Dice usted en el enlace que cita que su web no es de derechas o izquierdas, que es lo mismo que decir aséptica o apolítica y por eso pueden citar un texto de la república. Yo no creo que eso sea así, todos somos o deberíamos ser profundamente políticos, implicados en el gobierno de la polis, la división derechas izquierdas es salvo casos extremos, algo del pasado.
Defensa del Estado de Derecho, lo que significa seguridad jurídica, contrapeso de poderes,controles independientes, respeto a la ley, limitación de los poderes de los partidos a su justo término, asunción responsabilidades políticas pero también judiciales cuando procede, etc. Dentro de eso, admitimos todas las opiniones porque todas pueden aportar algo, siempre que sean matizadas, rigurosas y de calidad obviamente.
Respeto en el debate. Admitimos como editores opiniones críticas y contrarias a lo que ese expone en cada post y ello suele generar conversaciones interesantes en las que todos aprendemos algo. De hecho, no siempre estamos los cinco editores de acuerdo al 100% en lo que se expone en un post concreto, pero si nos parece una opinión sólida lo publicamos; lo que no admitimos son comentarios de trolls, o que sean insultantes o absurdos.
Huir de etiquetas en la medida de lo posible. Intentamos ser independientes no en el sentido de apolíticos sino de no ser en absoluto la voz de alguien, pero el mismo tiempo como antes dije, tener rigor. No vale opinar, el fundamento de la opinión es lo importante.
Tenemos comprobado que con estos parámetros que intentamos seguir -seguro que no siempre acertamos- nos lee mucha gente de todo tipo incluidos partidos e instituciones, y lo que es muy importante, respeta y valora lo que contamos y la independencia con la que lo hacemos. En estos momentos no hay un defecto de información sino un exceso, no hay pocas voces, hay muchísimas, y lo que la sociedad necesita son voces que le den confianza y una perspectiva seria aunque no sea exactamente la del lector.
Saludos.
Muchas gracias por los comentarios. De nuevo, alto nivel. La sociedad civil somos todos y como dice Elisa, dinero no ponemos, pero tiempo el que haga falta.
Como sabéis que nos gusta preguntar, hemos intentado entrevistar al doctor Gregorio Marañón al respecto de la situación actual y aquí podéis comprobar lo que nos ha contestado http://wp.me/s2WgnY-352
Da la impresión que los lectores de ¿hay derecho? sois conscientes de la degradación de nuestro sistema. Sois parte relevante de la sociedad civil ¿Qué podéis hacer vosotros? Nosotros tenemos algunas ideas, pero nos gustaría conocer vuestra opinión
Gracias otra vez por este foro
Abundando en lo que dice Fernando Gomá, el blog está concebido como un instrumento de y para la sociedad civil, tanto para escribir posts (pueden mandarse colaboraciones y si tienen el nivel de calidad exigible se van a publicar) como por supuesto para comentar lo que se quiera con total libertad. Se pueden sugerir temas y también facilitar a los coeditores documentación para las posibles colaboraciones. Con carácter general pedimos que se firmen las colaboraciones, pero en alguna ocasión y excepcionalmente se puede recurrir a Critilo, nuestro autor del siglo XVII que ampara y da cobijo a las personas que no pueden firmar sin un cierto riesgo. Además algunos colaboramos habitualmente con periódicos y con periodistas, de manera que tenemos una cierta capacidad de mover temas para el debate en prensa generalista. También colaboramos con otros blogs especialmente con NeG. Y además estamos abiertos a las sugerencias de todos para hacer todavía más cosas,en la medida de nuestras posibilidades.
Abundando en lo que dice Fernando Gomá, el blog está concebido como un instrumento de y para la sociedad civil, tanto para escribir posts (pueden mandarse colaboraciones y si tienen el nivel de calidad exigible se van a publicar) como por supuesto para comentar lo que se quiera con total libertad. Se pueden sugerir temas y también facilitar a los coeditores documentación para las posibles colaboraciones. Con carácter general pedimos que se firmen las colaboraciones, pero en alguna ocasión y excepcionalmente se puede recurrir a Critilo, nuestro autor del siglo XVII que ampara y da cobijo a las personas que no pueden firmar sin un cierto riesgo. Además algunos colaboramos habitualmente con periódicos y con periodistas, de manera que tenemos una cierta capacidad de mover temas para el debate en prensa generalista. También colaboramos con otros blogs especialmente con NeG. Y además estamos abiertos a las sugerencias de todos para hacer todavía más cosas,en la medida de nuestras posibilidades.
Y muchas gracias por el link a las palabras de D. Gregorio Marañón!
Y muchas gracias por el link a las palabras de D. Gregorio Marañón!
La Consejería de Sanidad quiere aumentar la eficiencia: La Navaja de Ockham
Los abogados y los médicos nos parecemos: nuestros pacientes clientes nos cuentan cosas que no contarían a nadie, estamos cerca del dolor humano y disponemos de un lenguaje frío e indescifrable. Por eso antes de seguir, aclararé que “eficiencia” es la relación entre costes y salud obtenida. Siempre hay que determinar bajo qué perspectiva se analiza: lo que para unos son costes, para otros son beneficios. Cuando se dice que un modelo es más eficiente hay que preguntarse ¿Para quién? No sabemos si la Consejería quiere mejorar la eficiencia bajo la perspectiva social o bajo la privada. No sabemos si la conclusión “Es necesario externalizar 6 hospitales” responde a la necesidad de ahorrar manteniendo la calidad; o ese no es el objetivo real, solo la excusa. Analicemos las dos posibles explicaciones:
Teoría A: La Consejería quiere mejorar la eficiencia bajo la perspectiva social
Si se quiere ahorrar manteniendo la calidad, esperaría que hubieran obtenido información exhaustiva de profesionales y gestores, antes de tomar una decisión ¿Cómo se explicaría en tal caso que los hospitales a externalizar se presupuesten en 2013 a 441 euros/paciente si en 2012 costaron solo 347 (sobrecoste 120 millones/año)?¿Por qué reducir un 18% el presupuesto de los hospitales públicos bajando innecesariamente la calidad (¡el presupuesto de 2013 es igual al de 2012!: solo un 0.8% menor) para derivar dinero a los externalizados, sin un ahorro global?
Teoría B: La Consejería quiere mejorar la eficiencia bajo la perspectiva privada.
La externalización parece aumentar la eficiencia bajo la perspectiva de las concesionarias: un beneficio inmediato por sobrepresupuesto de 120M/año, aún mayor recortando gastos y, en caso de quiebra un rescate público manteniendo la eficiencia.
Por disciplina científica, no puedo descartar la Teoría A o confirmar la B. La Ciencia positiva, como el Derecho, se basa en las pruebas y el rigor del procedimiento. Para llegar a una conclusión necesitamos la respuesta a 10 preguntas que aclare si los datos y su interpretación son correctas, ya que se pueden haber pasado por alto explicaciones legítimas (http://lavozdelhulp.wordpress.com/2012/12/25/obtendremos-respuestas-de-ti-depende/) Además, debería ser inconcebible que la Consejería (que gestiona un servicio público) quisiera mejorar la eficiencia bajo la perspectiva privada a costa de empeorarla para la Sociedad. Aún así, también por disciplina científica, hay que admitir posibilidad que creo que no sería lícita. No sé si legal. Para terminar, pido disculpas por no haber llegado a una conclusión e invito a que os unáis a esta petición a la Consejería para tener la información que nos falta: Hasta entonces hay que conformarse con la navaja de Okham (el filo donde termina la ciencia): En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta.
La Consejería de Sanidad quiere aumentar la eficiencia: La Navaja de Ockham
Los abogados y los médicos nos parecemos: nuestros pacientes clientes nos cuentan cosas que no contarían a nadie, estamos cerca del dolor humano y disponemos de un lenguaje frío e indescifrable. Por eso antes de seguir, aclararé que “eficiencia” es la relación entre costes y salud obtenida. Siempre hay que determinar bajo qué perspectiva se analiza: lo que para unos son costes, para otros son beneficios. Cuando se dice que un modelo es más eficiente hay que preguntarse ¿Para quién? No sabemos si la Consejería quiere mejorar la eficiencia bajo la perspectiva social o bajo la privada. No sabemos si la conclusión “Es necesario externalizar 6 hospitales” responde a la necesidad de ahorrar manteniendo la calidad; o ese no es el objetivo real, solo la excusa. Analicemos las dos posibles explicaciones:
Teoría A: La Consejería quiere mejorar la eficiencia bajo la perspectiva social
Si se quiere ahorrar manteniendo la calidad, esperaría que hubieran obtenido información exhaustiva de profesionales y gestores, antes de tomar una decisión ¿Cómo se explicaría en tal caso que los hospitales a externalizar se presupuesten en 2013 a 441 euros/paciente si en 2012 costaron solo 347 (sobrecoste 120 millones/año)?¿Por qué reducir un 18% el presupuesto de los hospitales públicos bajando innecesariamente la calidad (¡el presupuesto de 2013 es igual al de 2012!: solo un 0.8% menor) para derivar dinero a los externalizados, sin un ahorro global?
Teoría B: La Consejería quiere mejorar la eficiencia bajo la perspectiva privada.
La externalización parece aumentar la eficiencia bajo la perspectiva de las concesionarias: un beneficio inmediato por sobrepresupuesto de 120M/año, aún mayor recortando gastos y, en caso de quiebra un rescate público manteniendo la eficiencia.
Por disciplina científica, no puedo descartar la Teoría A o confirmar la B. La Ciencia positiva, como el Derecho, se basa en las pruebas y el rigor del procedimiento. Para llegar a una conclusión necesitamos la respuesta a 10 preguntas que aclare si los datos y su interpretación son correctas, ya que se pueden haber pasado por alto explicaciones legítimas (http://lavozdelhulp.wordpress.com/2012/12/25/obtendremos-respuestas-de-ti-depende/) Además, debería ser inconcebible que la Consejería (que gestiona un servicio público) quisiera mejorar la eficiencia bajo la perspectiva privada a costa de empeorarla para la Sociedad. Aún así, también por disciplina científica, hay que admitir posibilidad que creo que no sería lícita. No sé si legal. Para terminar, pido disculpas por no haber llegado a una conclusión e invito a que os unáis a esta petición a la Consejería para tener la información que nos falta: Hasta entonces hay que conformarse con la navaja de Okham (el filo donde termina la ciencia): En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta.
Me van a permitir que haga un comentario sobre un término que se ha utilizado varias veces en esta discusión, y que en mi opinión resulta incorrecto: el “rescate” de los prestatarios.
Comunmente denominamos “rescate” a la aportación de fondos para que una entidad no se vea forzada a la quiebra, al menos a corto plazo (hay una definición más detallada en . El término se ha popularizado gracias a los rescates que se han realizado por parte del Estado a entidades financieras durante la crisis.
Sin embargo, en el ámbito de un contrato de prestación de servicios, no es apropiado decir que una parte “rescata” a la otra. Intentaré poner un ejemplo: alguien contrata unos pintores para pintar un piso de 60 m2 con dos dormitorios: los pintores dan un presupuesto y, cuando llegan al piso, resulta ser un duplex de 60m2 “por planta” y con un despacho, un salón y dos sala de estar además de los dos dormitorios. El contratante tendrá que pagar más a los pintores, pero eso no será un rescate, sino una renegociación necesaria del contrato, dado que las condiciones del primer acuerdo claramente no se están cumpliendo.
Los contratos de cesión de servicios sanitarios son extraordinariamente complejos, y no es difícil que se produzcan desajustes entre las condiciones iniciales del servicio y la ejecución real del mismo. Por supuesto, también se pueden dar situaciones de abuso, engaño o conflicto de intereses, pero, sea cual sea el caso, no creo que “rescate” sea un término adecuado; es más, creo que induce a confusión a una población que ya está bastante confundida en este tema.
Eduardo. Entiendo tu aclaración y me parece oportuna, pero no cambia el fondo del asunto. Creo que hay que diferenciar: Sobrepresupuesto y Renegociación (o rescate). Me apropio del ejemplo de los pintores (me ha encantado) para contar “La alegoría del pintor” en dos partes: I EL SOBREPRESUPUESTO: Imagina que contratas un pintor para pintar tu piso por 350 euros (lo que le costó a tu vecino pintar uno idéntico). Al cabo de unos días, el pintor confiesa que, en realidad, no sabe pintar y que ha subcontratado a otro colega; pero no debes preocuparte porque te va a salir más barato: costará 440 euros. Te sorprendes porque sabes sumar y restar y te das cuenta de que te va a salir 90 euros más caro no más barato. Pides explicaciones, pero él insiste en que lo hace por tu bien sin ningún otro argumento. II EL RESCATE (O RENEGOCIACIÓN): Cuando la casa aún está a medio pintar, el pintor subcontratado dice que se le ha acabado la pintura y exige 200 euros más. Te toca pagar otra vez. Estás bastante cabreado porque te va a salir casi el doble de caro que a tu vecino pintar el piso. A modo de desahogo, se lo cuentas a todos tus vecinos y amigos, para que al menos nadie vuelva a contratarle. Y ahí es cuando el pintor te acusa de ser un agitador de la extrema izquierda radical en una campaña orquestada para desacreditar al gremio de los pintores (Aclaro que no tengo nada en contra de los pintores)
Me van a permitir que haga un comentario sobre un término que se ha utilizado varias veces en esta discusión, y que en mi opinión resulta incorrecto: el “rescate” de los prestatarios.
Comunmente denominamos “rescate” a la aportación de fondos para que una entidad no se vea forzada a la quiebra, al menos a corto plazo (hay una definición más detallada en . El término se ha popularizado gracias a los rescates que se han realizado por parte del Estado a entidades financieras durante la crisis.
Sin embargo, en el ámbito de un contrato de prestación de servicios, no es apropiado decir que una parte “rescata” a la otra. Intentaré poner un ejemplo: alguien contrata unos pintores para pintar un piso de 60 m2 con dos dormitorios: los pintores dan un presupuesto y, cuando llegan al piso, resulta ser un duplex de 60m2 “por planta” y con un despacho, un salón y dos sala de estar además de los dos dormitorios. El contratante tendrá que pagar más a los pintores, pero eso no será un rescate, sino una renegociación necesaria del contrato, dado que las condiciones del primer acuerdo claramente no se están cumpliendo.
Los contratos de cesión de servicios sanitarios son extraordinariamente complejos, y no es difícil que se produzcan desajustes entre las condiciones iniciales del servicio y la ejecución real del mismo. Por supuesto, también se pueden dar situaciones de abuso, engaño o conflicto de intereses, pero, sea cual sea el caso, no creo que “rescate” sea un término adecuado; es más, creo que induce a confusión a una población que ya está bastante confundida en este tema.
Cuesta entender cómo ha calado tan acríticamente la idea de que el gasto sanitario español es insostenible y que los métodos de gestión deben ser modficados. La realidad es que la sanidad española, la suma de la asistenia de la red pública y de las prestaciones privadas, es una de las más eficientes del mundo si comparamos el resultado en esperanza de vida de los españoles -la tercera más alta del mundo- y el gasto total generado -aproximadamente el 10% del PIB-. La mayoría de países desarrollados presenta menor esperanza de vida y mayor gasto. USA llega al 18% del PIB. Además, el gasto sanitario público es sólo el 60% del total, es decir ya existe un copago privado del 40%. No parece que la sanidad sea la causa ni la solución a los problemas fiscales del estado. Reformar porque sí algo que ya es excelente no es muy inteligente.