Primeras impresiones de la Ley Orgánica 7/2012 por la que se modifica el Código Penal (I).
Como si de una inocentada de mal gusto se tratara, el BOE de 28 de diciembre se publicó con la ya denominada “avalancha legislativa” en todos los ámbitos: penal, laboral, judicial, presupuestario y energético. En un primer análisis, a falta de otros en mayor profundidad y que seguro aporten una mayor exhaustividad, intentaré abordar de una forma clara y sencilla una visión global sobre esta importante Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, con una breve reflexión que nos sirva a tener en cuenta en los últimos días de 2012 y primeros de 2013.
Pendientes además debemos de estar de otra reforma del Código Penal anunciada en septiembre de 2012 que vendría a incorporar la prisión permanente revisable, la custodia de seguridad, la modificación de la libertad condicional, la supresión de las faltas, y numerosas modificaciones en delitos de violencia de género, hurtos, robos, asesinatos, delitos contra el derecho a la igualdad, contra la intimidad, atentados, resistencia y desobediencia a la autoridad, incendios forestales, delitos económicos o esterilización de incapaces. De llegar a publicarse sería la más importante y amplia reforma desde el 2010. Sobre ésta, una recomendable lectura es la del análisis preliminar en 4 capítulos del Catedrático Cobo del Rosal.
Todavía quizás no hemos podido sentir todos los efectos y consecuencias de la aplicación de la LO5/2010, de 22 de junio, pero en poco menos de dos años y medio tenemos en vigor otra reforma y con otra a la vista que vienen a sumarse a los más de 30 remiendos realizados desde 1995, lo que supone en 17 años más de una reforma al año. Si nos suele parecer un exceso el que cada Gobierno reforme la ley educativa, esto lo excede con creces. Estoy seguro que muchos juristas estarán de acuerdo en que si bien es necesario adaptar la ley penal a la evolución asombrosa que se produce en la sociedad, la necesidad de tipificar nuevas formas criminológicas, el evitar el estancamiento y congelación de la norma e incluso el deber de adelantarse a los tiempos y preveer los problemas criminológicos futuros, se hace necesario un parón legislativo, una mayor reflexión, un estudio global y completo y una posición del legislador que deje de ser impulsiva, irreflexiva, buscando el “cortoplacismo” y dejar de actuar a “golpe de titular”.
El Derecho Penal es algo más que eso, no todo puede girar en torno a reformas legislativas, nuevos tipos penales que rompen muros administrativos y contribuyan a aumentar el “populismo punitivo”, endurecimiento de las penas y otras soluciones insatisfactorias. El problema es mucho más profundo, más costoso, y tiene que ser analizado en profundidad, de forma reflexiva, sosegada, y con audiencia de los sectores jurídicos y sociales afectados, así como dejar participar a los diferentes grupos parlamentarios para llegar a un gran Pacto de Política Criminal. Pero ocurre lo contrario, está ocurriendo ya que son tantas las reformas penales que el ciudadano lego se siente confuso y desprotegido frente a los abrumadores tipos penales provisionales, y el propio especialista no puede realizar el necesario estudio, profundización y aplicación que se merecen. Ya no es raro que los tipos penales aplicables en el momento de comisión de la infracción hayan sido modificados en el tiempo de enjuiciamiento. Las leyes intermedias, el derecho intertemporal, y los problemas de aplicación de la ley penal más favorable pueden dejar de ser excepciones para ser una constante. Ni siquiera pueden en ocasiones llegar a verse los resultados de la aplicación e interpretación de tipos penales por los órganos judiciales superiores, incluso fijar una doctrina legal de normas recientes puede ser harto complicado. La desaconsejable temporalidad de las normas, su consiguiente incertidumbre, y la afectación al principio constitucional de seguridad jurídica es especialmente preocupante en el ámbito penal. En este sentido, el derecho penal pierde su fuerza de necesidad social a marchas forzadas, de instrumento de protección de los valores más básicos y fundamentales, y podría convertirse en un instrumento vacío de contenido, lleno de delitos simbólicos y con escasa trascendencia lo que produciría una fuerza coactiva despreciada por los ciudadanos, un “papel mojado”. Abandonar el principio de ultima ratio, dejar de ser el último recurso para ser la primera opción, adelantar la intervención penalista y llevar la punibilidad hasta límites insospechados sólo puede llevar a una extrema inseguridad jurídica y a que cualquiera de nosotros podamos ser los condenados.
El objetivo de esta reforma según el Preámbulo es el “reforzamiento de la transparencia de la actividad de la administración y del régimen de responsabilidad de partidos políticos y sindicatos”, así como “mejorar la eficacia de los instrumentos de control de los ingresos y del gasto público, que se revela como un elemento imprescindible del conjunto de medidas adoptadas con motivo de la crisis económica”.
Para ello, se reforman 12 artículos, de cinco Títulos, y se derogan tres artículos: el 309 relativo al fraude a los presupuestos generales dela Unión Europea u otros administrados por ésta que se refunde en el 306, y las faltas de los artículos 627 y 628, referentes al fraude ala Hacienda Comunitaria y a los presupuestos generales dela Comunidad Europea en cuantías superiores a 4.000€. Ésta última supresión si bien cobraría sentido nominalmente debido al Tratado de Lisboa y la sucesión en la personalidad jurídica de las CCEE porla UE, el verdadero fin parece ser elevar la falta a categoría de delito de las cuantías defraudadas entre 4.000 a 50.000€ y así la pena pasa de multa de uno a dos meses a pena de prisión de tres meses a un año y multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o dela Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.
(Continúa en este segundo post)
Alfonso,
En relación a otro post, ayer escribí este comentario
Recién leo esto
And then there’s the twofold case for the welfare state. On the one hand, it’s the right thing to do. No person is full master of their own destiny and everyone deserves protection against the vicissitudes on life. On the other hand, as a practical matter a dynamic market economic requires risk-taking. Policies to minimize downside risk facilitate risk-taking and increase rather than reduce the level of dynamism in society and the economy.
fuente: http://www.slate.com/blogs/moneybox/2013/01/21/obama_s_economic_liberalism_second_inaugural_address_mounts_strong_argument.html
Es parte del comentario de un súper-progresista americano al discurso de Obama ayer. Mientras haya gente que piensa que esos dos argumentos son correctos habrá políticos que traten de seguir vendiendo el culto del Estado de Bienestar y organizar un partido para venderlo. Pero no hay que indignarse. Solo hay que discutir por qué esas dos ideas son equivocadas y rezar para que muchos españoles indignados acepten que les habían vendido un “algo“ falso.
Fin del comentario.
La crisis del derecho penal (tanto en su parte substantiva como en la procesal) es reconocida y debatida en EEUU desde hace algún tiempo. Los trabajos publicados ya abundan y bien harían los europeos en prestar atención a ese debate.
Lo importante es entender que esa crisis es prueba de por qué la primera idea de mi cita en el comentario anterior está profundamente equivocada. Esa primera idea dice que ninguna persona es dueña total de su destino y cada uno merecemos protección contra las vicisitudes de la vida. Salvo los anarquistas que consideran que el gobierno ni siquiera es capaz de proteger la integridad física de las personas, los demás aceptamos que la primera responsabilidad de cualquier gobierno es precisamente esa protección. Pero el debate sobre el derecho penal en EEUU ha dejado bien claro que los políticos de las democracias constitucionales encuentran que un terreno fácil para desarrollar su demagogia es la criminalización de muchas conductas –ellos siempre quedan exceptuados por su privilegio de inmunidad– y sus cómplices en las fiscalías y los tribunales abusan de su discrecionalidad para impartir justicia, algo que también es consecuencia del privilegio de inmunidad. Lo fácil para un político cuando se enfrenta a una nueva conducta es gritar y forzar su tipificación como ilícito, y por supuesto mejor ir un poco más lejos y también criminalizar conductas similares que todavía no se han observado. Lo fácil para fiscales y jueces es responder al griterío popular con linchamientos de sospechosos denunciados por el periodismo corrupto, o peor todavía negar justicia en casos relativamente fáciles en que los sospechosos son cómplices o idiotas útiles de los políticos.
Los que piden el Estado de Bienestar deberían primero preguntarse sobre el fracaso del Estado en proteger la integridad física de las personas.
Muchas gracias por su comentario Quasimontoro.
Como refleja, uno de los principios fundamentales de un Estado es serlo de Derecho. El monopolio del uso de la fuerza (ius puniendi) para la protección de los restantes derechos y libertades y el castigo en caso de incumplimiento. El Derecho penal sólo puede depender del Estado, a diferencia de otros servicios, lo contrario nos lleva a la vía de hecho y las venganzas personales. Con lo cual su importancia es máxima.
Y un principio fundamental del Derecho Penal es ser ultima ratio. Como expongo, el expansionismo del Derecho penal puede llevar a una extrema inseguridad jurídica y a que cualquiera de nosotros podamos ser los condenados. No todas las conductas reprochables han de ser castigadas por lo penal. Eso es lo fácil, pero puede llevar a los peligros expuestos.
Me gusta bastante una frase que escuché al Juez Emilio Calatayud, “si la sociedad pone tan fácil cometer un delito, ha de ser la sociedad quien responda”. Se da el caso, que no todos los que delinquen, son ya criminales.
“Los que piden el Estado de Bienestar deberían primero preguntarse sobre el fracaso del Estado en proteger la integridad física de las personas.”
Ah, pero ha fracasado? En que datos empíricos se basa Ud., Sr. Quasimontoro, para asumir tal cosa?
La verdad es que, si bien el Estado no puede asegurar al 100% la integridad física de las personas (y no creo que nadie quisiese vivir en un Estado que persiguiese tal objetivo ante cualquier otro), lo cierto es que los Estados democráticos modernos (y en particular aquellos más apegados al Estado del Bienestar, como son los del Norte de Europa) han sido extremadamente eficaces en ese aspecto, tanto si los comparamos con su pasado como si lo hacemos con el presente de territorios como Somalia en los que no existe el Estado como tal.
RC,
Mi indicador preferido para hablar de fracaso del Estado en la protección del derecho fundamental a la integridad física es el número de reclamos populares por mayor “seguridad“ en relación con amenazas de violencia física y con los peligros de la vida diaria para esa integridad. Por supuesto, esta apreciación es muy distinta que una derivada de series históricas de homicidios en algunas de sus variedades y delitos referidos a lesiones –sobre homicidios ver
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/global-study-on-homicide-2011.html
Tiene usted razón de que la protección estatal jamás implicará seguridad total, algo que ningún estado totalitario ha alcanzado, y por eso siempre se ha dicho que si no puede haber tal seguridad, que por lo menos haya orden. Desde mi perspectiva, la falta de seguridad se origina en las amenazas de violencia y en los peligros de la vida diaria. En cuanto a la primera su eliminación total es imposible por nuestras emociones y respuestas instintivas a ciertas situaciones, pero también por su valor instrumental en la resolución de conflictos. En cuanto a la segunda la situación es peor porque la coexistencia más primitiva nos expone a peligros y mucho más en nuestro mundo actual. El reconocimiento de la imposibilidad de eliminar las dos fuentes porque son parte esencial de la naturaleza humana me lleva a sostener que las pretensiones de un conocimiento suficiente para eliminarlos y de una fuerza moral práctica para hacerlo son falsas. No me extraña que ahora que la gente puede reclamar a viva voz, y tiene mejores y mayores medios para hacerlo, le recuerde a los gobernantes su fracaso en contener y limitar las amenazas de violencia y los peligros de la vida diaria.
Lo anterior no quita a que efectivamente haya diferencias notorias entre países. De igual manera que usted recuerda Somalía, le recuerdo que los anarquistas gustan citar ejemplos de pequeñas comunidades donde la protección no requiere de gobierno –más aún le recuerdo que por siglos no hubo gobierno (ver la historia de S. Finer). Uno de los desafíos inmediatos de la investigación sobre la riqueza y el bienestar de las naciones es precisamente diferenciar entre países para identificar cómo y en qué medida la contención de las amenazas de violencia y los peligros de la vida diaria han sido determinantes importantes (aunque me estoy precipitando, estoy convencido de que se podrá identificar un tipo de países en los que el Estado lejos de proteger ha sido fuente importante de esas amenazas y peligros aún bajo la apariencia de democracia constitucional).
“Mi indicador preferido para hablar de fracaso del Estado en la protección del derecho fundamental a la integridad física es el número de reclamos populares por mayor “seguridad“ en relación con amenazas de violencia física y con los peligros de la vida diaria para esa integridad.”
Lo cual es, por supuesto, un indicador perfectamente irrelevante, aparte de subjetivo e imposible de cuantificar. Por lo demás, piensa Ud. seriamente que hay más “reclamo popular” por mayor seguridad en España que en México o Colombia, por poner ejemplos de culturas muy próximas, pero con distintas circunstancias en lo que concierne al Estado de Bienestar y la seguridad ciudadana?
Ud. intenta probar un pretendido fracaso del Estado con un “clamor popular” inexistente, y que incluso si existiese estaría perfectamente injustificado. No solamente la evidencia estadística reciente lo impugna, sino que cualquier historiador o arqueólogo le podrá proporcionar amplias pruebas de que, como dijo Hobbes, la vida humana ha sido siempre “soez, brutal y breve” en ausencia de un poder estatal centralizado. Incluso si hay ciertamente ejemplos (no solamente históricos) de Estados que son más una amenaza que una protección para sus ciudadanos (por algo me referí yo al “Estado democrático moderno”), llama la atención que, confrontados con el desorden y la inseguridad resultantes del desmantelamiento de incluso las estructuras estatales más crueles (véase el caso de la Unión Soviética), una mayoría muy considerable tiende a preferir una vuelta al autoritarismo estilo Putin a cualquier utopía libertaria.
Es también llamativo que aquellos Estados que objetivamente mejor han sabido asegurar la integridad física de los ciudadanos, es decir, aquellos con mayor esperanza de vida y menores tasas de criminalidad violenta, son también aquellos que hacen más hincapié en el Estado del Bienestar. Y es igualmente llamativo que es la ciudadanía de esos Estados la que está menos dispuesta a acordar a sus Estados poderes excepcionales en la lucha contra la criminalidad, o exigir, por ejemplo, la pena de muerte. Más allá de cualquier titular, esto es prueba de la ausencia de tal “reclamo popular” por más seguridad y del éxito de esos Estados a la hora de proporcionar seguridad física a sus ciudadanos.
RC,
Su planteo del problema me recuerda lo que escribió S. Pinker en su libro The Better Angels of Our Nature –ver
http://stevenpinker.com/publications/better-angels-our-nature
y para una versión resumida por el propio Pinker ver
http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904106704576583203589408180.html
Aun si uno acepta el análisis de Pinker –reducción de la violencia debido a varias causas– uno no puede ignorar la imposibilidad de identificar la contribución relativa de las causas que él menciona, de las cuales sólo una es la aparición del Estado (y sin que haga referencia al Estado de Bienestar).
Más importante, yo considero que el análisis de Pinker deja fuera una causa importante –la creciente riqueza de las naciones. Cuanto más ricos somos, más demandamos protección para nuestra integridad física (= seguridad en lo que sigue), específicamente contra las amenazas de violencia y los peligros de la vida diaria. Hoy dedicamos cuantiosos recursos a nuestra seguridad, la mayor parte recursos privados (es decir, asignados a ese fin por nosotros mismos y no a través del Estado), que nos han permitido comprar nuevas tecnologías y medios que no han disminuido las amenazas de violencia y los peligros de la vida diaria pero que sí han reducido mucho sus consecuencias (el número de muertos y lesionados). Si hoy nos sentimos más seguros es porque nuestra riqueza nos permitió disponer de los medios para conseguirlo, lo que también ha beneficiado a países no-ricos porque esos recursos permitieron desarrollar tecnologías y medios a costos decrecientes que el comercio a puesto a disposición de los que no son ricos y a pesar de sus gobiernos ineptos y corruptos (lo mismo ha pasado con muchas otras cosas cuya demanda ha aumentado fuerte en los países ricos).
Por último, y en relación a su comentario sobre indicadores, hoy en la investigación de las ciencias sociales se usan distintos tipos de “mediciones“ de los fenómenos que interesan. Por supuesto, esas “mediciones“ no tienen la objetividad ni la precisión de las mediciones de las ciencias de la naturaleza muerta. Más importante, los datos de la contabilidad y de los servicios de estadísticas no son objetivos –a veces serán algo más precisos que otros indicadores, pero todas las “mediciones“ de la naturaleza viva están basadas en distinciones discrecionales (razonables y por tanto no arbitrarias) en los fenómenos que analizamos.
“Hoy dedicamos cuantiosos recursos a nuestra seguridad, la mayor parte recursos privados (es decir, asignados a ese fin por nosotros mismos y no a través del Estado)”
Pretende Ud. seriamente que dedicamos más recursos privados a la seguridad de los que dedica el Estado a policía, juzgados y Ejército? Por no decir nada de otras políticas públicas destinadas a defender nuestra integridad física, como son la sanidad pública o las inspecciones de higiene en el trabajo o en la preparación de alimentos, por ejemplo…
En cuanto a la defensa de su “indicador”, completamente inventado, de “reclamo público de seguridad”, me parece que es Ud. un auténtico marxista…entiéndame, de los de Groucho, no de los de Carlos: lo que me está diciendo se puede resumir con la famosa pregunta “¿A quién va a creer, a mi o sus propios ojos mentirosos?” Si leo las noticias, veo bastante más “reclamo público de seguridad” en, por ejemplo, la India (con manifestaciones de mujeres pidiendo la pena de muerte a los violadores, y repartos de cuchillos) que en Estocolmo, lo cual tiende a desmentir la idea de que el Estado fracasa porque nos volvemos más exigentes cuanto más ricos somos (aunque no me cabe ninguna duda de que las mujeres indias tienen bastante más que exigir que las suecas). Por otra parte, el que la riqueza en si no contribuye tanto a reducir el nivel de violencia como la acción estatal (incluyendo, sí, el Estado de Bienestar) se puede ver claramente al comparar las tasas de violencia en EEUU con las de bastantes otros países menos prósperos pero con un Estado más activo (y en particular menos tolerante con la posesión personal de armas de fuego).
RC,
Lamento molestar su tranquilidad intelectual con mis ideas. Todas las mediciones de fenómenos sociales siguen siendo muy imperfectas y buscamos mejorarlas, aun sabiendo cuán difícil es. Usted no cree que los recursos privados para la seguridad (de acuerdo con mi definición, no la suya) sean más importantes que los recursos públicos. Si Groucho Marx viviera, probablemente le recordaría que en EEUU el número de abogados es similar al del personal militar activo y que el número de abogados ha estado creciendo a tasas más altas que el personal militar, y luego le contaría unos cuantos chistes sobre la desgracia de que haya tantos abogados. Le recordaría todos los costos que incurrimos privadamente para mitigar las consecuencias de las amenazas de violencia y los peligros de la vida –mentimos para que otros no se enojen y nos amenacen, compramos todo tipo de perros, armas y remedios, contratamos matones, médicos, ingenieros y abogados, levantamos muros y muralla y alambradas, y por si todo eso fuera poco hemos montado un sistema de seguros privados que nos permiten compartir los costos de los siniestros y que requiere una administración muy costosa.
En relación a los indicadores, por más de 50 años he estado trabajando con los datos de la contabilidad privada, de la contabilidad nacional (esa que se usa en el análisis macroeconómico) y con todo tipo de estadísticas sobre nuestras vidas. Por eso no me sorprende que muy seguido investigadores más jóvenes se desesperen por las graves deficiencias de esos datos. Hoy por ejemplo leo este post
http://econlog.econlib.org/archives/2013/01/government_purc.html
que apunta a una gravísima deficiencia de la contabilidad nacional que implica que buena parte de la investigación macroeconómica empírica (esa que puede leer seguido en Nada Es Gratis) sirva de poco o nada.
Y por cierto que los investigadores han dedicado mucho esfuerzo a desarrollar nuevos indicadores sabiendo de sus limitaciones. Le sugiero consultar trabajos sobre capital social y leer el detalle de cómo los investigadores construyeron sus indicadores y por qué saben que a pesar de todo su esfuerzo siguen siendo deficientes. Sólo los ciegos que no quieren ver prefieren suponer que si un documento de investigación usó un indicador ese indicador es bueno.
Para peor, cuando hay una crisis y se habla de usar datos e indicadores, se olvida que los usuarios no tienen ninguna capacidad para verificar su calidad. Y uno debe lamentar que los abogados y otros profesionales los usen como si fueran correctos.
Ojalá todos fuéramos como Groucho Marx –prudentes y humildes al extremo de reírnos de nuestras limitaciones, pero al mismo tiempo dispuestos a hacer el esfuerzo de hacer mejor lo que nos gusta, por ejemplo, reírnos de los que pretenden ser serios.
Mi “tranquilidad intelectual” se ve bastante más alterada por las noticias que vienen de España que por cualquiera de sus perogrulladas, Sr. Quasimontoro (que por lo vacuo de sus respuestas, empiezo a preguntarme si no será el Montoro del todo, ya sabe, el que juró por sus muertos que su ex-amigo Bárcenas no había podido acogerse a la amnistía fiscal).
Lo cierto es que ha sido Ud. el que, en su primer comentario, afirmó que el Estado ha fracasado a la hora de proteger la integridad física de los ciudadanos. Es su afirmación y debería ser Ud. quien la probase, y sin embargo hasta ahora no ha presentado el menor dato objetivo que sostenga tal barbaridad. En vez de eso se ha salido repetidamente por la tangente con largas parrafadas postmodernas sobre la subjetividad de los datos en las ciencias sociales que hubiesen hecho sonrojar hasta al más descarado de los sofistas griegos. Si Aristófanes viviese hoy en día, no creo que se atreviese a inventar un personaje como Ud.
Alfonso,
En relación a otro post, ayer escribí este comentario
Recién leo esto
And then there’s the twofold case for the welfare state. On the one hand, it’s the right thing to do. No person is full master of their own destiny and everyone deserves protection against the vicissitudes on life. On the other hand, as a practical matter a dynamic market economic requires risk-taking. Policies to minimize downside risk facilitate risk-taking and increase rather than reduce the level of dynamism in society and the economy.
fuente: http://www.slate.com/blogs/moneybox/2013/01/21/obama_s_economic_liberalism_second_inaugural_address_mounts_strong_argument.html
Es parte del comentario de un súper-progresista americano al discurso de Obama ayer. Mientras haya gente que piensa que esos dos argumentos son correctos habrá políticos que traten de seguir vendiendo el culto del Estado de Bienestar y organizar un partido para venderlo. Pero no hay que indignarse. Solo hay que discutir por qué esas dos ideas son equivocadas y rezar para que muchos españoles indignados acepten que les habían vendido un “algo“ falso.
Fin del comentario.
La crisis del derecho penal (tanto en su parte substantiva como en la procesal) es reconocida y debatida en EEUU desde hace algún tiempo. Los trabajos publicados ya abundan y bien harían los europeos en prestar atención a ese debate.
Lo importante es entender que esa crisis es prueba de por qué la primera idea de mi cita en el comentario anterior está profundamente equivocada. Esa primera idea dice que ninguna persona es dueña total de su destino y cada uno merecemos protección contra las vicisitudes de la vida. Salvo los anarquistas que consideran que el gobierno ni siquiera es capaz de proteger la integridad física de las personas, los demás aceptamos que la primera responsabilidad de cualquier gobierno es precisamente esa protección. Pero el debate sobre el derecho penal en EEUU ha dejado bien claro que los políticos de las democracias constitucionales encuentran que un terreno fácil para desarrollar su demagogia es la criminalización de muchas conductas –ellos siempre quedan exceptuados por su privilegio de inmunidad– y sus cómplices en las fiscalías y los tribunales abusan de su discrecionalidad para impartir justicia, algo que también es consecuencia del privilegio de inmunidad. Lo fácil para un político cuando se enfrenta a una nueva conducta es gritar y forzar su tipificación como ilícito, y por supuesto mejor ir un poco más lejos y también criminalizar conductas similares que todavía no se han observado. Lo fácil para fiscales y jueces es responder al griterío popular con linchamientos de sospechosos denunciados por el periodismo corrupto, o peor todavía negar justicia en casos relativamente fáciles en que los sospechosos son cómplices o idiotas útiles de los políticos.
Los que piden el Estado de Bienestar deberían primero preguntarse sobre el fracaso del Estado en proteger la integridad física de las personas.
Sr. Quasimontoro.
“Solo hay que discutir por qué esas dos ideas son equivocadas y rezar para que muchos españoles indignados acepten que les habían vendido un “algo“ falso.”
Yo rezo cada dia para que personas como usted no se conviertan en modelo de nadie.
Arrogancia, posesión absoluta de la verdad y comentarios confusos y con intencion de epatar a los participantes, pero nada más.
Aprenda de las exposiciones del Sr, Tena, el si que nos ilustra sin inculcarnos dogmas, porqué aunque no le conozco personalmente, estoy convencida de que es una persona tolerante y que aprende cada dia de los demás, aunque muchas veces lo hace enseñando.
Usted Sr. continue investigando, y cuando llegue a conclusiones claras y útiles para el mundo, deberia compartirlas con todos, pero no antes, por favor.
Gracias.
María,
Le resumo cosas que he dicho en comentarios anteriores. Sabemos poco, ignoramos mucho, y ojalá aprovechemos bien lo poco que sabemos. Vivimos en un mundo en que unos pocos gozan de grandes privilegios, especialmente los políticos y sus cómplices, y para acceder a y gozar de esos privilegios tienen que aparentar saber mucho y prometer guiarnos a la tierra prometida. Muchos sucumben a los encantos de esos privilegiados, otros somos demasiado racionales y hemos vivido lo suficiente como para saber que la fuerza no nos llevará a ningún lado. El problema de los encantados es que cuando la magia se pierde, su indignación los lleva a gritar.
Si algún día tiene un comentario sobre algunas de mis ideas, con agrado le responderé.
¿Sabe lo que pasa, María? Que, a diferencia de otros, Rodrigo Tena tiene una malísima costumbre: solo habla de aquello que conoce.
Muchas gracias por sus comentarios María y Verónica.
En mi opinión, creo que el expansionismo penal, sus modificaciones constantes y muchas veces irreflexivas y “a golpe de titular” (el link que pongo de David Maeztu creo que es bastante ilustrativo), no es incompatible con cierto estado de bienestar y otros conflictos políticos y sociales que diariamente se están dando.
Una de las novedades de nuestra Constitución es señalar claramente Estado social, democrático y de derecho. Tres aspectos distintos. La discusión podría ser larga. Yo aquí me refiero al tercero.
Sra. Verónica, estoy de acuerdo con usted y agradezco al Sr, Tena que tenga esa malísima costumbre, porqué yo a diferencia del Sr.Quasimontoro sí que tengo mucho que aprender y, salvo excepciones, en este fo oaprendo mucho.
No se puede aprender nada cuando se cree que se sabe todo, no se si lo dijo alguien o es que soy un crack de la fflosofia ( Je , je, es broma).
Gracias
Alfonso, muchas gracias por este primer post, que nos ayuda a entender qué está pasando a una velocidad de vértigo con nuestro Derecho Penal. Como bien dices, y hemos denunciado tantas veces en este blog, no se puede legislar a golpe de titular o de escándalo, y menos en los días que corren, y desde luego el Derecho Penal no puede ser lo primero sino lo último, última ratio como bien dices. SI todo lo ilegal tiene que ser delito, entonces lo llevamos claro. Lo que ocurre sencillamente es que los límites y controles de las conductas ilegales no delictivas están desmontados en nuestro ordenamiento jurídico especialmente cuando se refieren a la partitocracia y afines. Y desde luego, no hay ordenamiento penal que resista este ritmo de modificaciones. Gracias por denunciar esta peligrosa deriva de nuestro maltrecho Estado de Derecho.
Gracias a vosotros por la labor diaria que hacéis en el blog y por hacerme de nuevo un hueco en él.
Alfonso, muchas gracias por este primer post, que nos ayuda a entender qué está pasando a una velocidad de vértigo con nuestro Derecho Penal. Como bien dices, y hemos denunciado tantas veces en este blog, no se puede legislar a golpe de titular o de escándalo, y menos en los días que corren, y desde luego el Derecho Penal no puede ser lo primero sino lo último, última ratio como bien dices. SI todo lo ilegal tiene que ser delito, entonces lo llevamos claro. Lo que ocurre sencillamente es que los límites y controles de las conductas ilegales no delictivas están desmontados en nuestro ordenamiento jurídico especialmente cuando se refieren a la partitocracia y afines. Y desde luego, no hay ordenamiento penal que resista este ritmo de modificaciones. Gracias por denunciar esta peligrosa deriva de nuestro maltrecho Estado de Derecho.
Muy de acuerdo con el autor, y muy clara la exposición. Y esperen ustedes que el proyecto de regeneración democrática no suponga otras tropecientas modificaciones del CP del tipo contratar a parientes en primer grado por una Fundación de partido político subvencionada con dinero público es delito o aferrarse al cargo cuando uno esté imputado es delito, o indultar a kamikazes por tráfico de influencias es delito..o convocar referendums disparatados es delito. En fín, como bien dice el autor, se trata de criminalizar a golpe de titular conductas que son inmorales o/y, disparatadas y llevarían aparejadas la .dimisión o la expulsión inmediata de los autores en cualquier país normal.