El discurso del Presidente sobre el estado de la nación: Un discurso impecable

Impecable, claro, si leyéndolo uno quiere tomar clara conciencia del lamentable estado de la nación en general, como consecuencia del lamentable estado de nuestra clase política en particular. Porque, efectivamente, si con la crítica situación institucional que atravesamos y después de todo lo que se ha publicado sobre la imperiosa necesidad de reformas estructurales básicas (incluso por los medios tradicionalmente más “prudentes”), lo único que es capaz de avanzar el Presidente del Gobierno en tres párrafos, es que se va a reforzar el Tribunal de Cuentas, se van a tasar las escalas de retribución de los cargos públicos, se van a endurecer las penas y se va a regular la actividad parlamentaria de los lobbies, entonces, Houston, tenemos un problema.
 
Y ese problema, señor Presidente, es que los dos lobbies más poderosos del país, su partido y el del señor Rubalcaba, están descontrolados, totalmente fuera de madre, y nadie dentro del Parlamento, empezando por usted, según acabamos de ver, tiene el más mínimo interés en ponerles límites. Ni reforma legal para impulsar la democracia interna dentro de los partidos, ni reforma electoral para acabar con la desproporción del valor del voto de los españoles, ni listas abiertas para fomentar la rendición de cuentas de los políticos con sus electores, ni reformas institucionales que garanticen la independencia de nuestras instituciones de control más importantes, ni adelgazamiento de las clientelas vía drástica reducción del sector público, ni nada de nada que perjudique la perniciosa influencia sobre el sistema de las cúpulas de los partidos mayoritarios, es decir, de su influencia, Sr. Presidente.
 
Sabemos que elevar las penas no es suficientemente disuasorio, no sólo porque muchos corruptos terminarán indultados, sino porque gran parte de la lacra de corrupción que atenaza a España no puede ni debe ser sancionada penalmente. Algo se corrompe cuando se traiciona su finalidad. No estamos ya hablando de percibir o distraer dinero de marea ilegal, tampoco de delitos o faltas de carácter penal, sino de la naturaleza de las instituciones y de la razón por la cual han sido creadas. Colocar al amigo, desvirtuar los organismos de control en beneficio del partido, aprovecharse del cohecho del cónyuge o incluso percibir sobres, son prácticas intolerables, pero que no pueden castigarse penalmente. Tampoco plagiar la tesis doctoral, Sr. Presidente.
 
No sirve de nada decir que se va a reforzar el Tribunal de Cuentas cuando no se cambian los incentivos que hagan pensar que de verdad va a hacerse. Lo mismo ocurre con la transparencia, con la reforma de la Administración, con la educación y con todo lo que usted quiera. Ese es el problema clave de la democracia española: abundancia de palabras que no van a ningún sitio porque los que deberían pilotar el proceso no están ni interesados ni incentivados para llegar a la meta anunciada. No hace falta esperar a la letra pequeña, la letra grande ya será lo suficientemente decepcionante. Y lo será porque no habrá posibilidad de SANCIÓN. Porque cuando esas propuestas se concreten en nada no existirá ninguna forma de exigir cuentas y pedir responsabilidades.
 
Las casas no se construyen por el tejado, sino que se construyen por los cimientos. Por eso, para afrontar con garantías cualquier reforma que pretenda solucionar nuestra lamentable situación institucional (y también económica, no lo olvidemos) primero es necesario reformar el régimen de incentivos de los que deben diseñarlas y ejecutarlas. Pues bien, sobre ese tema el discurso ha sido impecable, inmaculado, absolutamente virgen (ah, y sobre los desahucios lo mismo, ni una palabra). Felicitaciones por dejar las cosas tan claras, Sr. Presidente.

Las tasas judiciales, en los Tribunales

Este blog ya ha recogido numerosas entradas, de alta calidad técnica, sobre la inconstitucionalidad de las tasas judiciales implantadas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, contribuciones en las que se ha destacado su incompatibilidad con la jurisprudencia constitucional y europea (señaladamente, con la jurisprudencia del TEDH que citaba, entre otras, la STC 20/2012), en la medida en la que nuestro ordenamiento obvia la posibilidad de que cada justiciable en el caso concreto pueda acreditar que el pago de la tasa dificulta de manera grosera o impide su acceso a la jurisdicción o al recurso correspondiente.
 
La Ley 10/2012, en este punto, remite el tratamiento de la cuestión al régimen de exenciones al pago de la tasa, en el que incluye a “las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora” –artículo 4.2.a)-.
 
Esta exención, entre otras cuestiones a las que aludirá a continuación, es muestra de la muy deficiente calidad técnica de la norma. El desprecio por las categorías jurídicas y por las necesidades inherentes a la ordenada tramitación de las normas y la ajustada inserción de cada una de ellas en el grupo normativo en el que están llamadas a integrarse –en feliz construcción de VILLAR PALASÍ- hacen de la Ley 10/2012 un compendio de malas decisiones y soluciones normativas.
 
El esperpento, como no podía ser de otra manera, se prolonga en la norma dictada en su desarrollo, la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.
 
Muchos son los defectos que cabe imputar a esta orden, heredados de la mala técnica de su norma de cobertura, pudiendo destacarse los siguientes:
 
1. La Orden es nula de pleno derecho por ausencia del dictamen del Consejo de Estado (art. 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril).
 
La exigencia del dictamen del Consejo de Estado no es una cuestión ligada al nomen de la norma reglamentaria, sino a su contenido. Valga de ejemplo el dictamen 576/2012, de 24 de mayo de 2012 (emitido sobre un proyecto de Orden por la que se aprueba el modelo 750, Declaración tributaria especial establecida en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público), en el que se sostuvo la preceptividad del dictamen en atención al contenido de la orden proyectada.
 
Es cierto que la Orden 2662/2012 se ha dictado por el Ministro de Hacienda de conformidad con lo previsto en los artículos 8.1 y 9 de la Ley 10/2012, pero cabe sostener que esas habilitaciones no han sido empleadas dentro de los márgenes que la Ley impone, pues la Orden no se limita a establecer una reglamentación puramente técnica y organizativa, sino que regula la actividad de los sujetos pasivos del tributo, o de quienes presenten los modelos por ellos, imponiéndoles un régimen de cargas y obligaciones que parece exceder de las posibilidades de una mera orden ministerial.
 
La Orden establece el régimen de devengo de intereses de demora del artículo 31.2 de la Ley General Tributaria, regla que por su entidad ha de considerarse sustantiva y no meramente accesoria, ni procedimental.
 
La Orden, además, establece el régimen de “tramitación en la Oficina Judicial del modelo 696”,en el que desarrolla de manera directa y precisa los contenidos del artículo 8.2 de la Ley 10/2012, incluyendo precisiones al régimen de subsanación en caso de falta de presentación del justificante del pago de la tasa.
 
Y en su disposición final segunda (“entrada en vigor”) prevé que todas las disposiciones que contiene sobre el régimen de devoluciones previsto en el artículo 8 de la Ley 10/2012 y el modelo 695 (artículos 2, 4, 5, 9, 10 y 11, 12.3, 13.2 y 14), no entrarán en vigor hasta el 1 de abril de 2013. Es decir, que una orden ministerialpospone la entrada en vigor de una parte esencial del régimen de la Ley 10/2012, esgrimiendo a tal efecto la falta de existencia de una adecuada interconexión informática entre los Tribunales de Justicia y la AEAT, según la nota informativa de la AEAT sobre la entrada en vigor de la nueva tasa judicial, que a día de la fecha puede leerse en la página web de la Agencia Tributaria en el siguiente enlace:
 
En suma, la Orden HAP/2662/2012introduce elementos (como la determinación del momento de nacimiento del derecho ala devolución recogido en el artículo 2.2.b o la completa postergación de la entrada en vigor del régimen de devoluciones, con afectación del derecho a la devolución, que posterga injustificadamente) que, además de poder resultar ilegales, pueden considerarse sustanciales y no meramente accesorios de la Ley 10/2012.
 
Las cuestiones expuestas revelan que la Orden HAP/2662/2012 es una disposición de carácter general, que establece el régimen de desarrollo de ciertos aspectos de las tasas reguladas por la Ley 10/2012, completando el régimen de ésta e introduciendo “ex novo” regulaciones para la ejecución de aquélla con vocación de permanencia y generalidad. Por todos estos motivos, la Orden HAP/2662/2012 debió haber sido sometida a la preceptiva intervención del Consejo de Estado.
 
2. LA Orden es nula por omisión del preceptivo Informe del Consejo Generaldel Poder Judicial (art. 108 de la Ley Orgánica 6/1985,de 1 de julio, del Poder Judicial)
 
Sin duda, determinaban la intervención preceptiva del CGPJ disposiciones de la Orden como las relativas al derecho a la devolución (artículo 2.2.b) o a la tramitación en la Oficina Judicial (artículo 12).
 
3. La Orden infringe la prohibición de la analogía a efectos tributarios.
 
La Ley 10/2012, como ya se ha indicado, tiene una construcción defectuosa, que tiene en la determinación de los elementos esenciales del tributo uno de sus peores indicadores.
 
La articulación entre los hechos imponibles y las exenciones objetivas y subjetivas está generando numerosos problemas prácticos, con la consiguiente aplicación del régimen del artículo 8 de la Ley 10/2012, sobre la falta de presentación del justificante de pago de la tasa y la concesión de un plazo de subsanación por el secretario judicial para que se efectúe dicha presentación.
 
Baste citar, a título de ejemplo, el caos que la Ley 10/2012 está provocando en el orden jurisdiccional civil, en el que incluye en el hecho imponible “la interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos” –art. 2.a)-, y en las exenciones “la interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores” –art. 4.1.a)-.
 
El artículo 14 (“Prohibición de la analogía”) de la Ley General Tributaria dispone que “no se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales”. Como ha señalado el Tribunal Supremo, aunque no siempre sea sencillo trazar la línea divisoria entre la analogía prohibida y la interpretación integradora, no es admisible en la aplicación de los tributos extender el presupuesto objetivo de los mismos de manera que se extienda reflejamente el hecho imponible más allá de los términos definidos por el legislador (STS 8-11-1989, RJ 1989\8498).
 
Por ello, si la Ley define como hecho imponible la interposición de demanda en toda clase de procesos declarativos, ha de acudirse a la LEC para identificar como tales única y exclusivamente a los juicios verbales y ordinarios; y ello porque todos los demás procesos no lo son, como resulta de la propia LEC, que les dedica su Libro IV, en cuanto procesos especiales.
 
Partiendo de esta base, la configuración de la mencionada exención del art. 4.1.a) tiene la virtualidad de configurar un supuesto en el que a juicio del legislador concurren los elementos del hecho imponible (la interposición de demanda y probablemente la entidad del proceso legalmente previsto que asemeja ciertos procesos especiales a los declarativos) y, como elemento diferenciador, la decisión legislativa de exclusión de tributación.
 
En esta situación, no se considera acertada la práctica consistente en entender que todo proceso no incluido de manera expresa en las exenciones lo está en el hecho imponible; semejante proceder obvia la figura tributaria de los supuestos de no sujeción, en los que no concurren los diferentes elementos configuradores del hecho imponible. Así ocurriría con la división judicial de patrimonios o el juicio cambiario, que deberían quedar excluidos.
 
Llama sin embargo la atención cómo en algunos juzgados se utilizan argumentos diferentes según el tipo de proceso (así, en el Acuerdo de la Junta Provincial de Secretarios Judiciales de Santa Cruz de Tenerife, de 24 de enero de 2013, se afirma que en el procedimiento cambiario “se exigirá la presentación de la tasa ya que no está incluido dentro de las exenciones”, para señalar a continuación que en los procedimientos sucesorios y en la liquidación de gananciales no exigirá tasa “al no estar incluidos en los procesos declarativos” [es decir, en el hecho imponible], pues “se inician con una solicitud que no es demanda y la remisión al verbal es un procedimiento incidental”), sin que esos criterios coincidan con los de otros Juzgados (en Madrid, determinados actos en el procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial, como la solicitud de formación de inventario o la solicitud de liquidación, devengarán tasa).
 
4. Indefinición técnica de la Orden, que puede producir indefensión.
 
A diferencia del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que concedía un plazo de diez días para subsanar la falta de presentación del justificante de pago de la tasa, la Ley 10/2012 guarda silencio, limitándose a apoderar a tal efecto a los Secretarios Judiciales. La omisión ha tratado de paliarse a través de la Orden 2662/2012, que remite a lo que en cada caso establezcan las leyes procesales.
 
Pues bien, éstas no establecen regla en la materia (nada precisa el art. 231 LEC), lo que está haciendo de la posibilidad de subsanar una auténtica lotería de plazos de la más variada duración. Si bien con carácter general se ha podido constatar cómo en muchos casos aún se hace referencia al plazo de la Ley derogada, en otros, se conceden sólo cinco días o, incluso dos, por aplicación de la regla de la DA 15ª, regla 7ª, de la LOPJ, en materia de constitución de depósitos. Lo curioso del caso es que esta reducción a la quinta parte se hace por decisión del secretario, sin apoyatura legal directa en las leyes procesales.
 
Y tampoco se ha resuelto de manera adecuada la relación entre la Ley 10/2012 y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996. La primera prevé que la exención del pago de la tasa sólo alcanza a aquellas personas físicas que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita; la segunda prevé (art. 16) que la solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso, si bien “a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el Juez, de oficio o a petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o la designación provisional de abogado y procurador si su intervención fuera preceptiva o requerida en interés de la justicia, siempre que la solicitud del derecho se hubiera formulado en los plazos establecidos en las Leyes procesales”.
 
Una vez más, cada Juzgado interpreta la exención de una manera, primando hasta la fecha la línea en virtud de la cual lo determinante de la exención es la resolución administrativa de reconocimiento del derecho, que de ordinario no se producirá en el exiguo plazo de 10 días que se concede para subsanar la falta de presentación del justificante de pago de la tasa. Puede imaginarse sin especial esfuerzo el devastador efecto que está teniendo esta desafortunada interpretación de la Ley 10/2012 en materia de procedimientos de expulsión de extranjeros del territorio nacional.
 
En suma, la Orden perpetúa el desastre comenzado con la Ley 10/2012; esperemos que la Audiencia Nacional y en su momento el Tribunal Constitucional arreglen el desaguisado

Jornada de huelga convocada por asociaciones de jueces y fiscales

Este miércoles, día 20 de febrero, hay convocada una huelga de jueces y fiscales convocada por cinco asociaciones, tres judiciales (Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial) y dos del ámbito fiscal (Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales).
 
Transcribimos el comunicado de las cinco asociaciones convocantes, que tiene un valor en sí mismo y puede generar un interesante debate:
 
 1.- En el mes de octubre de 2012, la Comisión Interasociativa de Conflicto, constituida por todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales, a la vista de los proyectos que el Ministerio de Justicia ponía en marcha a espaldas de los profesionales, de los ciudadanos y de su propio programa electoral, inició diversas medidas de conflicto solicitando del Ministerio:
 A.- Un incremento de la planta Judicial y Fiscal conforme a las previsiones establecidas por el Consejo de Europa. En España hay 10 Jueces por cada 100.000 habitantes, Moldavia y Albania cuentan con 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad. Es imposible que con ese escaso número de jueces se pueda hacer frente a 9 millones de asuntos anuales.
 B.- La paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ, cuyo objeto poco disimulado era la asunción por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de los Jueces.
 C.- Que se mantuviera el presupuesto de Justicia en las previsiones del año 2013. Somos conscientes de la situación de crisis económica que por desgracia atravesamos. Sin embargo, en España, el presupuesto de Justicia no alcanza el 1% del PIB. La media europea está entre el 3 y el 4%.
 D.- La retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto profesional de Jueces y Fiscales. Dicha reforma no sólo no se retiró, sino que se aprobó por Real Decreto-Ley y se publicó en el BOE de 28 de diciembre. Ello ha supuesto la supresión automática de entre 900 y 1000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y 300 fiscales, con la correlativa obligación para los jueces y fiscales (ya tremendamente sobrecargados) de asumir el trabajo de otros órganos judiciales, lo que ya está provocando suspensiones y agrandando las terribles dilaciones que, por falta de medios, sufrimos hace años.
E.- Que no se establecieran tasas judiciales que impidieran el acceso a la Justicia. Las tasas no sólo se implantaron, sino en unas cuantías de tal entidad que han impedido e impedirán que muchos ciudadanos puedan acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. De hecho, desde la entrada en vigor del “tasazo” hasta el momento presente se ha producido una disminución en torno al 25 % de litigios respecto al año pasado. Tras la convocatoria de la huelga, el Ministro de Justicia ha indicado que se va a proceder a una revisión de la Ley de Tasas Judiciales, sin especificar de forma escrita el alcance que pueda tener esta hipotética modificación. En todo caso, estas manifestaciones demuestran el carácter precipitado, improvisado e injustificado con el que se aprobó la norma, como ya denunciamos en su momento.
 
2.- Lejos de asumir su responsabilidad en la politización del órgano de gobierno de los jueces, el Ministro se ha limitado a culpar públicamente a las Asociaciones de tal politización; y paradójicamente, para justificar ante los ciudadanos el incumplimiento de su programa electoral, ha llegado a afirmar que la elección de los Vocales por las Cámaras despolitizará el CGPJ.
 
3.- Determinados acontecimientos que hemos conocido pueden hacer sospechar el fundamento último de las reformas, el motivo oculto que las guía y el objeto que pretenden conseguir: dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial (que, como la tutela judicial efectiva, se convertirá en una mera declaración carente de contenido) e imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad. Impunidad de la que, por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo.
 
4.- Y es que, siendo el indulto una medida de gracia excepcional, su concesión reiterada por parte del Gobierno en contra del criterio del Juez o Tribunal Sentenciador y Fiscalía a supuestos gravísimos (y especialmente a políticos condenados por corrupción) tiene un alto coste: el escándalo de la ciudadanía, que constata la existencia de esos espacios de impunidad. Precisamente por ello, la apuesta de nuestros gobernantes es reducir el presupuesto de Justicia, asumir el control de su órgano de Gobierno y reducir un 25% el número de jueces y fiscales del país que menos tiene en Europa; y a los pocos que quedan, ponerles a sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todos ellos. Así se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima investigación de los casos de corrupción (y también de todos los demás, aunque estos no importen tanto al Gobierno) y se multiplicará la posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso. El objetivo que perseguimos es crear las condiciones para que la Justicia se aplique por igual para todos los ciudadanos sin excepción.
 
5.- Expresamos nuestra preocupación por el drama social de las ejecuciones hipotecarias y pedimos soluciones efectivas para la protección de los afectados, en el ámbito del trámite parlamentario de las propuestas e iniciativas legislativas que se están abordando.
 
6.- Nos oponemos a la privatización de los Registros Civiles para que se siga manteniendo como un servicio público y gratuito, ya que lo contrario perjudicará a la economía de los ciudadanos.
 
7.- Lamentamos que el sistema preferido para arreglar los problemas de la justicia penal sea el endurecimiento de las penas a través de improvisadas reformas del Código Penal, colapsando así de manera recurrente fiscalías y juzgados.
 
8.- Las Asociaciones de jueces y fiscales llevamos meses intentando negociar con el Ministro de Justicia.Hemos tratado de adoptar medidas que no supongan quebranto alguno para el justiciable (concentraciones, paros de una hora…). Ante la incapacidad del Ministro de Justicia para gestionar la crisis, hemos solicitado ser recibidos por el Presidente del Gobierno, sin respuesta. Y por ello, sin desearlo pero sin tener otra salida, nos vemos obligadas a convocar esta jornada de huelga con las siguientes reivindicaciones:
 
1.Incremento de la inversión pública en Justicia para que los jueces y fiscales dispongan de los medios materiales y personales suficientes para poder desempeñar sus funciones de acuerdo con las elevadas atribuciones constitucionales que tienen asignadas y poder prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus derechos fundamentales.
 2.- Paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional llamado a garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia.
 3.- Derogación de la LO 8/2012, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, y dotación inmediata de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos, hasta que se incremente la planta judicial y fiscal.
 4.- Derogación de la Ley 10/2012, o modificación urgente de la misma, a fin de que las tasas judiciales no supongan vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
 5.- Reforma de la Ley del Indulto, porque en la actualidad incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas.
 
No obstante, los gravísimos acontecimientos recientes hacen preciso, en interés de la Nación y de su imagen internacional, un fortalecimiento del Poder Judicial, como último garante del Estado. Lamentamos que, a pesar de haber expresado nuestra voluntad de desconvocar esta huelga si se hubiera producido una respuesta institucional suficiente, por parte del Ministro de Justicia no se haya adoptado ninguna iniciativa para desbloquear esta situación de conflicto. Pedimos al poder político que abandone toda tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial y que el Ministerio de Justicia empiece a actuar como un gestor competente, dotando realmente a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales imprescindibles, que mejoren la paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con que contamos.
 
No se han sumado a la convocatoria la Asociación Profesional de la Magistratura (ver razones) ni la Asociación de Fiscales (ver razones).
 
 

Iniciativas legislativas populares: una forma legítima de diálogo con el Parlamento

En el último momento, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados votó a favor de la toma en consideración de la Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, paralización de los desahucios y alquiler social, que había  conseguido el respaldo de 1.402.854 personas. La toma en consideración no implica más que la Mesa de la Cámara acordará su envío a la Comisión competente y la apertura del plazo de presentación de enmiendas. Conviene no olvidar lo mezquino que es el sistema constitucional español con las iniciativas ciudadanas.
En primer lugar, no se admiten para la reforma de la propia Constitución y tampoco pueden ejercerse en “materias propias de Ley Orgánica”, con lo que se veda a esta institución el acceso a cuestiones relacionadas con el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, además de todos aquellos ámbitos cuya regulación exige la aprobación de una Ley Orgánica (Defensor del Pueblo, Consejo General del Poder Judicial, sucesión  a la Jefatura del Estado,…).
 
Parece evidente que con todas estas limitaciones lo que se pretende es ahorrarle al Legislador eventuales presiones externas respecto a un conjunto de materias muy sensibles. Pues bien, de lo que se trata en un sistema democrático es, precisamente, de que las personas destinatarias de las decisiones políticas y normas jurídicas puedan dialogar con el Legislador, al menos en la forma de petición legislativa sujeta a reglas sustanciales y formales, y si en algún ámbito deben poder hacerlo, sin que eso suponga presión ilegítima alguna, es en las materias política, social o económicamente más importantes. Lo que parece profundamente antidemocrático es que se excluyan de esa forma mínima de debate materias tan relevantes para la ciudadanía como las normas electorales o derechos fundamentales como la vida, la libertad personal, la tutela judicial, la educación, la huelga, las reuniones y asociaciones,…
 
Por si las exclusiones materiales no ejercieran ya un fuerte efecto disuasorio para las iniciativas legislativas populares, el constituyente añadió otra barrera: la exigencia de que sea respaldada por, al menos, 500.000 firmas ciudadanas. La importancia de esta limitación se evidencia si acudimos al derecho comparado: en Italia, un país con mucha más población que España, el número mínimo requerido son 50.000 firmas y en Polonia, con una población un poco menor que la española, el respaldo se reduce a la quinta parte: 100.000 firmas. Y no deja de llamar la atención que en la reciente regulación de la iniciativa legislativa europea se haya fijado el número total de firmas en 1.000.000, el doble que en España, pero mucho más fácil de alcanzar si se tiene en cuenta el número potencial de firmantes, incluso con las exigencias de que provengan al menos de 7 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y cuenten con un número mínimo de firmantes en cada uno de ellos.
 
Que existan todas estas limitaciones y que una iniciativa con el respaldo y la incidencia social de la relativa a la vivienda haya pasado por tantas dificultades confirma, en mi opinión, la escasavitalidad de nuestro sistema democrático pues si es obvio que se puede rechazar la dación en pago o el alquiler social también lo es que al menos merece que se haga en un debate parlamentario, permitiendo la expresión de otras opiniones y asumiendo ante la opinión ciudadana el consiguiente coste político.
 
Jürgen Habermas recuerda que es esencial a la democracia que los procesos de formación de la voluntad política institucionalizada estén conectados con la opinión pública y esa conexión tiene que  producirse tanto en la actuación general de los poderes del Estado como, en particular, a lo largo del procedimiento legislativo, de manera que no solo a través de los representantes sino también de manera inmediata la ciudadanía pueda colaborar en las fases de iniciativa, debate y, en su caso, ratificación de las normas.
 
Ahora que tanto se habla de regeneración democrática parece tarea imposible que se recupere lo que Hanna Arendt llamó la promesa de la política si lo que parece interesar a los que gobiernan las instituciones no es la implicación de la ciudadanía en el gobierno de los asuntos públicos sino su reducción a la categoría de idiotas e inútiles, al menos en el sentido clásico de despreocupados por los asuntos públicos.
 
Nos recuerda Tucídides lo que decía Pericles en su Discurso fúnebre en honor de los atenienses muertos durante el primer año de guerra: “en la elección de los cargos públicos no anteponemos las razones de clase al mérito personal y tampoco nadie, en razón de su pobreza, encuentra obstáculos debido a su condición social si está en condiciones de prestar un servicio a la ciudad… Nos servimos de la riqueza más como oportunidad para la acción que como pretexto para la vanagloria, y entre nosotros no es un motivo de vergüenza para nadie reconocer su pobreza, sino que lo es más bien no hacer nada por evitarla. Las mismas personas pueden dedicar a la vez su atención a sus asuntos particulares y a los públicos, y gentes que se dedican a diferentes actividades tienen suficiente criterio respecto a los asuntos públicos. Somos los únicos que a quien no toma parte en estos asuntos lo consideramos no un despreocupado, sino un inútil”.
 
Es probable que en la España de hoy el Discurso fúnebre de Pericles fuera por la propia democracia.
 

De mujeres e (o de) imputados

 
A primera vista la única cosa en común que tienen la Infanta Cristina y la todavía Ministra de Sanidad Ana Mato es su relación conyugal presente o pasada (aunque en puridad parece que jurídicamente al menos la Ministra sigue casada con el sr. Sepúlveda al no haberse divorciado) con personas que están imputadas en sendos procesos judiciales. Pero si ahondamos un poco más en el tema, veremos que tienen otras cosas en común.
 
Así llama la atención la sorprendente pretensión ya sea propia (Mato) o ajena (Fiscalía en el caso de la Infanta) de que pese a la existencia de una relación conyugal más (Infanta) o menos (Mato) intensa estas señoras no se enteraban de nada de lo que hacían sus maridos, especialmente cuando estas conductas eran de dudosa legalidad. Más sorprendente todavía cuando parece que en los dos casos se beneficiaban tranquilamente del  “producto” de dichas actividades, ya sea en dinero o en especie, y que en los dos casos, bien por su puesto en un órgano directivo bien por su condición de madre de una familia agasajada por una trama corrupta resulta de sentido común pensar que algo tenían que barruntar.
 
En cualquier caso, si la Infanta se enteraba o no de lo que hacía su marido en el Instituto Noos es una cuestión a dilucidar en el procedimiento de instrucción, aunque esperemos que los jueces tengan presente lo que suele ser habitual en un matrimonio normal y corriente, aunque este no sea –por su relación con la Casa Real-  un matrimonio normal y corriente. Particularmente cuando la Infanta se sentaba en la misma Junta Directiva del Instituto Noos que los otros cuatro imputados en el caso, su marido Iñaki Urdangarín, su secretario personal, Carlos García Revenga, el “socio”  Diego Torres y el cuñado del socio, Miguel Terceiro. Es también interesante destacar que la mujer del socio Diego Torres, Ana María Terceiro, que no formaba parte de la Junta Directiva sí que está imputada en la causa, por alzamiento de bienes.
 
Conviene recordar que, si para dilucidar cual fue su participación o su conocimiento de los hechos hay que llamar a declarar a la Infanta como imputada, así tendrá que hacerse, dado que no goza de ninguna especial inmunidad, a diferencia de lo que ocurre con su padre.  Evidentemente, las consecuencias de esta declaración como imputada para la Casa Real (por mucho que los políticos nos digan que es mucho mejor ir a declarar a un Juzgado en tal concepto por aquello de la tranquilidad que da ir con abogado) son muy relevantes, y es comprensible que el Juez de Instrucción tenga mucho cuidado a la hora de adoptar una decisión así.  Pero la pregunta es si al final no será peor el remedio que la enfermedad, dado que si ella es la única persona a la que no se llama a declarar como imputada cuando ya lo han hecho todos los demás miembros de la Junta Directiva del Instituto Noos,  cunda la opinión (o más bien la certeza) de que esto se debe a la exclusiva razón de ser la hija del Rey.  Lo que no parece muy conveniente en un momento en que todas las instituciones están bajo sospecha, y en que la mayoría de los españoles piensan que la Ley no es igual para todos.
 
El caso de la Ministra, al estar prescritas las posibles responsabilidades penales, por lo menos según esta noticia, es un poco más complejo, dado que estaríamos hablando sencillamente de una responsabilidad política, nada menos que por haberse beneficiado de regalos de una trama corrupta. Lo supiera o no su situación es insostenible, incluso para el nivel de impunidad política existente en España. El que lo supiera supondría que estaba dispuesta a aceptar regalos cuya contrapartida sólo podían ser favores políticos o peor aún, incluso aunque no se pueda demostrar ningún trato de favor (el cohecho impropio, por prescrito que esté). Si no lo sabía, queda en ridículo y no puede desempeñar un cargo como el de Ministra de Sanidad,  por muy devaluado que esté el cargo gracias a alguna antecesora.
 
Los ciudadanos españoles –entre los que me incluyo- hemos preferido “hacerle el favor” de pensar que no es tan limitada intelectualmente como para no saber lo que pasaba en su propia casa ni de donde salía el dinero para coches de lujo, fiestas y viajes que ella y su familia disfrutaba  y que estamos ante un caso más de un político que niega lo evidente simplemente porque ha tenido la suerte de escapar de una condena judicial, normalmente por la lentitud de la Administración de la Justicia. Porque esto es lo que significa que un posible delito esté prescrito.
 
Pero, como ya hemos explicado varias veces, no podemos tolerar de nuevo que nos den gato por liebre y que nuestros políticos limiten la responsabilidad política a la responsabilidad penal. Comparar este caso con otro de Ministros de países de la UE que dimiten por asuntos infinitamente menos graves y por supuesto sin que haya mediado ningún juicio, más allá del muy severo de la opinión pública, produce sonrojo. La única comparación posible es con Ministros acusados de corrupción en países del tercer mundo que se aferran a la silla hasta que no hay una acusación formal o incluso una condena penal y ya ni siquiera en todos los casos, para ser justos, dado que en algunos países ya se dimite mucho antes. El dato de que se haya nombrado a Ana Mato Ministra con pleno conocimiento de estos antecedentes no hace sino reforzar esta sensación de vergüenza y deterioro institucional.
 
En cualquier caso, la responsabilidad política es distinta a la responsabilidad jurídica, ya sea penal o no, y empieza mucho antes en el tiempo y en la intensidad. Si nuestros políticos no dimiten hasta que no están espaciotemporalmente a dos pasos de la cárcel (vean por ejemplo a la alcaldesa de Alicante) apaga y vámonos.
 
Volviendo a las similitudes entre los dos casos, quiero terminar con otra que, como mujer, me parece especialmente preocupante. Es la tendencia a tratar a estas personas como irresponsables o menores de edad, aunque sea con la intención de exculparlas, y no como lo que son o deberían ser, dos mujeres adultas, de mediana edad, con plena capacidad jurídica, con una posición institucional muy relevante y –“a priori”- perfectamente conscientes de sus actos. En el caso de la Ministra, son las palabras de apoyo –a mi juicio ofensivas desde ese punto de vista- de sus propios compañeros de partido o incluso del Presidente del Gobierno que podríamos resumir en la frase “pobre Ana”.  En el caso de la Infanta, quizá no ha sido tan explícito al no haber existido declaraciones públicas similares, pero ciertamente sí ha habido o hay un clima tendente a considerarla como una “pobre Cristina”, una mujer enamorada e inconsciente y una madre de familia que lo está pasando muy mal.
 
A la vista de esta actitud, todavía resulta más curioso el que la Ministra de Sanidad se atrinchere en el puesto alegando, entre otras cosas, su condición de mujer que la sujetaría a este tipo de  “ataques machistas”. El ataque machista consiste, al parecer, en tratarle como si fuera una mujer adulta y responsable y no una menor inconsciente de las idas y venidas del cabeza de familia, varón, por supuesto.
 
Sinceramente, creo que un gesto por parte de estas dos señoras, dimitiendo la Ministra y renunciando la Infanta a la condición de miembro de la Casa Real, condición que sin duda la está protegiendo procesalmente, haría un gran favor a las instituciones que representan, liberándolas de un lastre que puede acabar siendo insoportable. Y, de paso, les devolvería un poco de dignidad.

Conferencia sobre preferentes, swaps y estructurados del editor Fernando Gomá en el Colegio Notarial de Madrid

El día 7 de febrero de 2013  el notario Fernando Gomá, coeditor del blog,  dictó en el Colegio Notarial de Madrid una conferencia sobre preferentes, swaps, estructurados y otros productos financieros que tantos problemas están causando en los últimos años entre los españoles, en un lenguaje claro y accesible para cualquier persona.
 
En ella se responden preguntas que están al cabo de la calle, como  ¿por qué se explicaron tan deficientemente?  ¿por qué estaban tan interesados los bancos en vender este tipo de productos?, ¿a qué tipo de clientes fueron vendidos?, ¿qué reparto de responsabilidades cabría hacer? ¿qué podemos esperar para el futuro? ¿cuál debería ser nuestra actitud?
 
Resumiendo, sus ideas y propuestas son:
 
– Las entidades financieras han comercializado productos, como preferentes y swaps, que les eran extremadamente útiles para ellas mismas, pero que para el cliente minorista en muchas ocasiones eran muy perjudiciales y hasta tóxicos. Lo hicieron sin informar de su verdadera naturaleza. Los clientes delegaron su confianza en los bancos y cajas, los cuales incumplieron sistemáticamente toda la normativa de protección al consumidor, sin que los reguladores Banco de España y CNMV, o el Gobierno o el Parlamento, lo impidieran.
 
– No hay ningún indicio serio de que esta actitud vaya a cambiar en el futuro por parte de los bancos.
 
– La mejor prevención para que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones no son las reformas -sin duda necesarias- tanto en las normas de protección o las instituciones, sino en la propia actitud del cliente, del consumidor. Debe aprender a decir “no” a lo que no le interesa. A no delegar su confianza.
 
– Para ayudar en este cambio de actitud del ciudadano, que en todo caso ha de partir de su propio convencimiento, hace varias propuestas novedosas:
 
* Que en los cursos de bachiller se estudie una asignatura que podría llamarse algo similar a  Derecho Práctico para la vida diaria, en la que se enseñe qué es un préstamo, una hipoteca, la TAE, un crédito, una compraventa, un leasing, qué significa avalar, etc.
 
* Que existan instituciones salidas de la iniciativa privada destinadas a ofrecer claridad y un lenguaje comprensible para todos de los productos financieros. Las preferentes y swaps pueden explicarse sencillamente. Si no se hizo fue para poder venderlos sin que se supiera qué eran realmente. Para ello sugiere la constitución de una Fundación para la Claridad Jurídica y Financiera, de carácter privado, que deconstruya el complejo lenguaje financiero y ofrezca al consumidor la información que necesita y en un formato que pueda entender.
 
* Que se cree un sistema electrónico por medio del cual se pueda impedir el “spam financiero”, es decir que los bancos no puedan ni siquiera ofrecer al cliente productos que a éste no le convengan en absoluto, aunque los disfracen de nombre atrayentes pero muy engañosos. Esta propuesta ya se hizo extensamente en el post: «Un registro de autolimitación del riesgo financiero».
 

¿Por qué los partidos creen que somos tontos?

Esta pregunta me surge a la vista de la reacción de los partidos frente a los casos de corrupción. Uno, el PP, tiene el perjuicio del estado permanente de sospecha y, el otro, el PSOE, del eterno beneficio de la presunción de inocencia: presunción de culpabilidad frente a la presunción de inocencia. Aquél no puede redimirse de esta sospecha. Todo juega en su contra. Las acusaciones de corrupción se le acumulan, pero es un exceso que se publiquen unos papeles de autoría desconocida y se eleven a la condición de documento incriminatorio. Miles de personas se lanzan a la calle acusando, incluso al Presidente del Gobierno, de robar. En cambio, hay un Auto judicial, el de la Magistrada Mercedes Alaya, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en relación con el denominado caso de los ERE, de 24 de abril de 2012 donde se dice:
 
«El diseño de este instrumento [un convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía] pretendería además institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de las ayudas públicas, y por ende, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos, pues al no existir controles y estar las citadas ayudas huérfanas del procedimiento legalmente exigible, podían regalarse las mismas fraudulentamente a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco, afiliación política u otro tipo de interés, actuación bien alejada de los propios principios de actuación de la Junta de Andalucía según el artículo 133 de su Estatuto de Autonomía que recoge entre otros el de servir con objetividad al interés general, el principio de eficacia, de racionalidad, de imparcialidad, de lealtad institucional, de buena fe, de protección de la confianza legítima de los ciudadanos y de no discriminación a los mismos».
 
Hay otras tres referencias directas al PSOE en esta operación delictiva por la que se llegaron a conceder, al menos, casi 500 millones de euros en ayudas. Esta acusación-imputación judicial no es suficiente para romper aquella presunción de inocencia. Al contrario. Tampoco impide que el secretario general del PSOE, en su legítimo y positivo esfuerzo por combatir la corrupción, la limite, desgraciadamente, al partido contrario, al enemigo político, y no comprenda el suyo. La rueda de prensa de PSOE el pasado día 4 en Sevilla pasará a los anales de la historia de España como el mejor síntoma de que algo mal se ha debido hacer después de más de 34 años de democracia. Ya nadie se sonroja. Se ha perdido el sentido del ridículo y de la vergüenza. Es posible exigirle al otro que haga aquello que no vale para el reclamante. Se puede denunciar la corrupción del otro, mientras que nada se dice ni se critica ni se cuestiona sobre la que afecta a los míos. Esta asimetría moral hace un daño terrible a la democracia. Se va asentando el convencimiento de que todos son iguales; todos son igual de corruptos, igual de ladrones, … porque la única directriz contra la corrupción es la de amigo– enemigo. La politización del combate contra la corrupción lo neutraliza aún a costa de generar entre los ciudadanos un hartazgo «sistemático»; un hartazgo hacia el sistema y, por extensión, hacia la democracia. Los ciudadanos observamos con estupor cómo se nos trata como estúpidos, como tontos que nos debemos limitar a depositar el voto y ser engañados una y mil veces por unos políticos que son todos iguales.
 
Nadie se sonroja,… se ha perdido la vergüenza. No sólo se ha perdido la honradez, sino la capacidad para sonrojarse cuando les pillan. Cuando esto sucede, la consigna es ganar tiempo. Enredarlo todo, ensuciarlo todo,… porque los ciudadanos, transcurrido el tiempo, se olvidarán. No se dan cuenta de que los ciudadanos de hoy tienen acceso a mil fuentes de información, las cuales no entienden de tiempo. Hoy en Google podemos revivir perfectamente lo sucedido hace unos meses o años. Basta buscar ERE de Sevilla y se revive toda la podredumbre. Y te vuelven las arcadas. Y éstos son los que luego, en boca del presidente del PSOE, presidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Economía durante el escándalo de los ERE «critica que en el PP piden dimisiones, permanentemente, pero se escandalizan cuando les pedimos a ellos que dimitan». Y añade: ¡¡»No podemos sólo mirar la paja en el ojo ajeno, también hay que mirarla en el propio y ser contundentes contra la corrupción, pero no aceptamos dobles varas de medir ni jerarquías sociales»!!! Y esto lo dice quien ni ha asumido ninguna responsabilidad, ni se la ha exigido a nadie. Nada de nada. Habla bajo la pureza de la santidad. Y la secretaria general del PSOE de Sevilla afirma en el mismo acto que «garanti[za] al secretario general socialista que el PSOE de Sevilla está detrás de nuestro secretario general para que el partido en su conjunto mire a los ojos a los ciudadanos desde la decencia y la honestidad para salir de la crisis.» Un mundo Orwelliano: dos Sevillas, dos Andalucias, dos Españas, dos realidades, … 500 millones de razones de «decencia y honestidad». El sectarismo aplicado a la corrupción es la mejor cortina tras la que ocultarla. Esta politización les interesa porque alimenta las dudas sobre la verdad de las acusaciones.
 
Los ciudadanos estamos hartos de que nos traten como tontos, a los que se les puede mentir, engañar, manipular, … menospreciar y, luego, pedir el voto porque, como los bebés, somos olvidadizos. En esto se ha convertido la política española, en un gran lodazal en la que los partidos juegan tirándose la porquería porque creen que los ciudadanos se olvidan de las cosas; y cuanto más fangoso sea el asunto, más dudas y, ante las dudas, la costumbre,… el autómata que se acerca a la urna con resignación. Hasta que se hartan y dejan de olvidarse, cuando comprenden que la corrupción no es un fenómeno personal o circunstancial sino un rasgo del sistema, es el sistema mismo.
 
La mayoría no hemos perdido, ni la honra, ni la vergüenza. Y nos produce vergüenza que todo valga, que la democracia “popular” practicada por algunos tenga mayor legitimidad: que la calle ponga y quite honras, sentencie y ejerza el poder del Estado. Es una estrategia muy querida por los anti-demócratas. Aún resuena la enfática afirmación del Conseller Puig de CiU que contraponía la “legalidad jurídica”, la de la Constitución, a la “legalidad democrática”, la de democracia popular, la de las manifestaciones. No nos puede extrañar que, para él, ésta tenga mayor legitimidad. El pueblo, su pueblo,… el de los borregos frente a los ciudadanos. Aquél podrá ser manipulado; éste, no. Señores políticos, ¿por qué creen que somos tontos? A lo mejor, les hemos dado motivos,… hasta que nos hartemos. Y estamos hartos. La comparecencia del Griñán y Rubalcaba el pasado lunes en Sevilla denunciando la corrupción del PP a cientos de metros de donde se había cocinado, según el Auto, la que ha afectado a su partido, es la mejor y más intensa demostración de que algo malo, muy malo se ha estado haciendo en esta democracia nuestra. Este proceso de centrifugación que ha sufrido el Estado para creer los micro-Estados llamados Comunidades Autónomas también ha centrifugado la moralidad en el ámbito público. Se ha perdido hasta la vergüenza. Ya nadie se pone colorado.
 

Hacia la ‘inclusividad’ en España

El libro ‘Why nations fail’, de Daron Acemoglu y James A. Robinson, ha suscitado un buen número de interesantes reflexiones tanto en este blog como en Nada es Gratis, Politikon o Sintetia, por citar algunos referentes de pensamiento crítico actual.
 
Si concluimos, como es mi caso, que el diagnóstico de los autores es certero y las instituciones políticas y económicas vigentes –en contraposición con supuestas ‘dotaciones fundacionales’ u otros factores– son el factor principal a la hora de explicar el relativo éxito o fracaso de distintos sistemas de organización política, una de las cuestiones que cobran mayor importancia es de índole eminentemente práctico: ¿cómo avanzar hacia esas benéficas instituciones denominadas ‘inclusivas’?
 
Enfrentarse a esas élites denominadas tan acertadamente como ‘extractivas’ por Acemoglu y Robinson requiere identificar los principales factores de los que éstas se han beneficiado históricamente para la consecución de sus objetivos. Ese, creo, debe ser nuestro punto de partida.
 
Sin ánimo de exhaustividad, en el caso español aquí se sugieren cuatro:
 
1)     La gran opacidad fiscal reinante.
2)     El recelo general hacia la evaluación y fiscalización administrativas.
3)     La inexistencia de incentivos para la denuncia.
4)     El mal funcionamiento de la justicia procesal penal.
 
Vayamos por partes.
 
La gran opacidad fiscal reinante.
 
¿Sabían ustedes que en un país de nuestro entorno como Noruega las declaraciones impositivas de sus contribuyentes –tanto personas físicas como jurídicas– son en gran medida públicas?
 
Pocos presupuestos se me ocurren como más alejados de la cultura política española como esta posibilidad, tan polémica, de que cada contribuyente pueda contrastar libremente la contribución al sostenimiento de la administración y servicios públicos de cada uno de sus conciudadanos.
 
Sin embargo, pocas o ninguna medida resultarían tan efectivas a la hora de dificultarle su operativa a los defraudadores. En los años ochenta del siglo pasado las campañas públicas de concienciación ciudadana popularizaron el lema “Hacienda somos todos”. ¡Hágase pues! Impleméntese, con menores o mayores cautelas, un sistema de control a coste cero –o casi cero– que permita al sufrido asalariado contrastar sus temores, lugar común casi, de ser el hazmerreír del sistema impositivo patrio.
 
Y si en el caso de las personas físicas nuestros reparos culturales, relativos a la seguridad ciudadana o de otra naturaleza nos sugieren cautela, empecemos entonces por las personas jurídicas. ¿Es demasiado pedir que toda persona jurídica que contrate con el Estado tenga que publicitar de forma abierta, clara, completa y accesible sus cuentas con Hacienda?
 
Este podría ser un primer paso hacia la necesaria concienciación de que obras son amores e impuestos pagados la mejor política de RSC que pueden poner en marcha el gran mosaico de pequeñas, medianas y grandes empresas que operan en nuestro país; hacia posicionar los impuestos pagados, en definitiva, como una suerte de badge of honour requerido y altamente valorado por todos los stakeholders y la sociedad en general.
 
El recelo general hacia la evaluación y fiscalización administrativas.
 
Yendo más allá de la transparencia fiscal, también cabe reclamar la acumulación, apertura y explotación de la panoplia de datos relativos al ámbito de actuación de todas las administraciones públicas.
 
Pensemos, por ejemplo, en desterrar viejas nociones de falso igualitarismo hiperproteccionista y profundizar en un análisis abierto de los datos disponibles en ámbitos tan críticos para el progreso como la educación, habilitando así la evaluación competitiva. Pocas medidas podrían tener un impacto de calado similar al servicio de la igualdad de oportunidades –o de recursos de partida, más bien–, pilar fundamental para la construcción de esas instituciones abiertas e inclusivas.
 
Ese recelo generalizado frente a las actuaciones de una administración percibida como no fiable o, peor, sospechosa, también conduce al desaprovechamiento por parte del Estado de numerosas oportunidades de combatir las ilegalidades ligadas al fraude.
 
Por poner algún ejemplo, parece muy poco razonable aceptar hoy la legitimidad de los títulos de propiedad al portador. No hay mejor ‘tecnología’ para habilitar el fraude que unos papelillos –tan frecuentes en cualquier paraíso fiscal que se precie– cuya titularidad puede variar a conveniencia entre su verdadero dueño y el acomodaticio testaferro de turno.
 
También podríamos hablar aquí de inversiones en formación y recursos. ¿Qué peor noticia para un integrante de esas élites extractivas que una policía y una judicatura con los mejores sistemas informáticos interconectados y la formación necesaria para poder comprender la continua y bien financiada evolución de los mecanismos disponibles para eludir la igualdad ante la ley? Esta bandera, sin embargo, nunca ha sido levantada en campaña electoral que se recuerde.
 
Los países que apuestan por la transparencia –y sus primos hermanos, la objetividad y el enforcement, añadiríamos– como base del funcionamiento de sus instituciones aciertan. Aquí el chileno Alejandro Ferreiro lo sintetiza a la perfección: “Si se miran los 20 países más transparentes del mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, 17 coinciden con el listado de los más competitivos según el Competitiveness Index del Foro Económico Mundial. Solo Corea del Sur, Taiwan e Israel aparecen entre los más competitivos sin ser igualmente transparentes.”
 
La inexistencia de incentivos para la denuncia.
 
Componiendo los efectos perversos de la falta de transparencia y los recelos frente a la evaluación y fiscalización administrativas nos encontramos la clamorosa ausencia de whistleblowers nacionales.
 
Hagamos un sencillo test. ¿A cuántas personas conocen cada uno de ustedes, señores lectores, que estén al corriente de flagrantes irregularidades relativas al uso de los dineros públicos? Vamos, piensen. Si la respuesta es ninguna, concluiré que no tienen relación con nadie que haya estado vinculado al mundo de la construcción civil en España en las últimas décadas.
 
Frente a esta realidad, ¿a cuántos conocen que hayan tirado de la manta y hayan acudido a la policía, guardia civil, fiscalía anticorrupción o instancia similar a interponer una denuncia? A ninguno, ¿verdad? Los motivos son tan sencillos como comprensibles: el miedo a poner en peligro el modo de sustento de los posibles denunciantes y sus familias.
 
Si este país y sus gobernantes se tomasen en serio a sí mismos esta sería una de las primeras medidas a implementar: establecer un programa de recompensa, protección y reinserción laboral a aquellos directivos o trabajadores que pongan en conocimiento de las autoridades casos de fraude o corruptelas varias.
 
El mal funcionamiento de la justicia procesal penal.
 
Sigamos. Una vez posicionado del lado de los cotillas, los inquisidores y los chivatos, ¿cabe algún atrevimiento mayor? Sí, lo hay: atacar parte del dogma de tantos buenos profesionales del derecho y hacerlo precisamente aquí, en este blog sobre la actualidad jurídica y política.
 
Uno, que pese a haber estudiado la carrera de derecho nunca ha ejercido labores de abogacía, y desde su simple óptica de ciudadano, no puede dejar de cuestionar la pertinencia de esa institución tan odiosa denominada prescripción.
 
Sí, ya sabemos que la seguridad jurídica es un bien digno de protección y demás. Pero, señores penalistas, ¿de verdad nos quieren convencer de que la prescripción de los delitos ligados al fraude fiscal y a la mala gestión de los recursos públicos es más importante que ponerle coto a tanto desmán?
 
¿Qué gana el común de los ciudadanos avalando un sistema legal que incrementa los incentivos para la comisión de los delitos ligados a la corrupción? Además de intentar dotar de recursos a la administración de justicia para acortar los inaceptables plazos actuales, ¿no podríamos eliminar esta venerable institución procesal de nuestro ordenamiento jurídico, al menos en todo lo relativo a la esfera de lo público?
 
Concluyendo, en la próxima conversación en la que participen sobre los supuestamente incurables males de esta nación nuestra, por favor tengan presente esa frase que quizá no haya marcado lo suficiente la educación de tantas generaciones de españoles: no decidir es decidir. Con todas sus consecuencias.
 
 
 

Iniciativa popular sobre la dación en pago: recopilatorio de posts

Anteayer saltó la noticia: el PP daba su visto bueno a la iniciativa popular sobre dación en pago, cambiando el criterio que hasta entonces había mantenido. Resulta chocante este cambio de criterio, que coincide sospechosamente con la presión popular en este tema, la noticia de un suicidio doble y otro más ayer y el goteo de noticias sobre la corrupción.
 
El primer comentario que debe hacerse es que parece francamente positivo que la iniciativa popular pueda obligar al parlamento a debatir sobre algún asunto. Es un medio de participación democrática que en un sistema tan cerrado como el nuestro es un soplo de aire fresco.
 
El segundo comentario es que muy peligroso tratar temas tan delicados a golpe de sucesos. Ya alertamos sobre este tema cuando hubo el último brote, a mediados de noviembre, en el post «Desahucios: no perdamos los papeles«, señalando el riesgo de reformas radicales pero recomendando el que se abordaran otras que podían ser interesantes y efectivas.
 
Sin embargo, se “parió un ratón”, pues las medidas urgentes de protección a los deudores hipotecarios que se adoptaron en noviembre (comentadas por Fernando Gomá) tenían un ámbito limitadísimo, como ya lo habían tenido las que medidas de protección que se adoptaron en marzo y que recogimos en varios posts: (I). ¿A quién se aplican? de Alfonso Madridejos; (II) ¿Para qué sirven?, de Rodrigo Tena,  y (III) «La carabina de Ambrosio», mío, sobre su poca utilidad.
 
La iniciativa popular que se presenta estos días está patrocinada por diversas instituciones y asociaciones y es muy ambiciosa y se presenta en estos términos:
 
1. Dación en pago con efectos retroactivos
Se llama dación en pago al hecho de entregar la vivienda a la entidad financiera con la que se tiene la hipoteca a cambio de quedar libre de toda deuda.
2. Paralización de los desahucios
Siempre que se trate de la vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a la propia voluntad.
3. Alquiler Social
El ejecutado tendrá derecho a seguir residiendo en la vivienda pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos mensuales por un período de 5 años”.
 
Pues bien, en este tema de la dación en pago pugnan, desde mi punto de vista, dos fuerzas: por un lado, el justo sentimiento de dolor ante el sufrimiento de personas que pierden su vivienda y siguen debiendo parte del préstamo unido a la indignación de la evidencia de que quienes “pagan el pato” de la crisis son los ciudadanos mientras que los bancos son rescatados porque son demasiado grandes para caer y se puede desestabilizar el sistema, sin que ningún responsable bancario haya sido procesado.
 
Por otro, la evidente necesidad de preservar el sistema en sus líneas básicas para evitar que cunda la inseguridad jurídica y, además, seamos vistos como país como alguien en no se puede confiar, con la consiguiente devaluación de nuestro crédito y de nuestros instrumentos financieros, cédulas hipotecarias, etc..
 
¿Cómo resolver la cuestión? Desde luego no es fácil pero, para empezar, creo que sería bueno escuchar a los ciudadanos, no poner parches mediáticos como los de las «normas de protección» y coger el toro por los cuernos.
 
La iniciativa popular es, en mi opinión, una propuesta de máximos, que establece tres vías en cierto modo incompatibles y que podría plantear algunos problemas. Por ejemplo, la cuestión de la retroactividad de la dación.  Desde el punto de vista jurídico, el Código civil se limita a decir en su artículo 2.3 que las leyes “no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario” y la Constitución en su artículo 9.3 señala que no podrán ser retroactivas «las disposiciones sancionadoras no favorables y restrictivas de derechos individuales». Si la norma estableciera expresamente la retroacción respecto a “efectos futuros de relaciones pasadas” (es decir, a ejecuciones que se produjeran a partir de la ley pero de hipotecas anteriores) no se trataría de una -más cuestionable- retroacción máxima (efectos pasados de relaciones pasadas), pero aun así cabría plantearse si tal retroacción sería restrictiva del “derecho individual” de la entidad de crédito a recuperar su dinero al cien por cien (y no a recibir un inmueble que vale menos, que no era lo convenido) o si esa mención de la Constitución a los «derechos individuales» debe limitarse a los derechos fundamentales. Independientemente de esta cuestión jurídica, hay una cuestión económica: el establecimiento de la dación en pago con carácter retroactivo y valga lo que valga el inmueble supondrá una pérdida por el banco de parte de sus derechos lo que sin duda alguna supondrá en el futuro un encarecimiento del crédito y la exigencia de garantías que cubran con exceso la deuda para cubrir este riesgo. Además, éticamente una dación en pago limitada a los préstamos hipotecarios sobre vivienda podría suponer un agravio comparativo respecto a otros deudores no hipotecarios o a proveedores o cualquier otro tipo de deudor y también pondría en mal lugar a los cumplidores frente a los incumplidores ocasionales y, todavía peor, los incumplidores profesionales, incentivando, en general, actuaciones irresponsables a la espera de encontrar soluciones más cómodas.
 
Por ese motivo yo patrociné una propuesta de dación en pago limitada al caso de que el inmueble todavía tuviera un valor superior a la deuda, todo ello al hilo de la modificación de la LEC realizada por el gobierno del PSOE para establecer unas limitaciones a la adjudicación del bien al acreedor: modificación del artículo 1166 del Código civil, para que el deudor pudiera exigir al acreedor que recibiera el inmueble hipotecado en pago total de la deuda realizada cuando, realizada una tasación independiente, el inmueble cubriera la totalidad de la deuda e incluso un cierto porcentaje más, para evitar el perjuicio al acreedor por una tasación inexacta (ver aquí)
 
La segunda propuesta, la de la paralización de los desahucios, es igualmente discriminatoria respecto de los deudores no hipotecarios y, además, la alusión a los «motivos ajenos a la voluntad del deudor» constituye un requisito demasiado general: es un cajón de sastre que puede comprender cualquier incumplimiento y convertir así las obligaciones jurídicas en ilusorias. La tesis técnico-jurídica clásica, por otro lado, limita la extinción de las obligaciones en estos casos a la pérdida de la cosa debida o la imposibilidad de la prestación (arts 1182 a 1186 Cc), entendiendo esta última como una imposibilidad física o jurídica que no se daría en el caso del dinero por su carácter fungible; pero lo cierto es que ha habido tesis que incluyeron también la dificultad extraordinaria o imposibilidad económica debida a circunstancias imprevisibles (subida de precios tras la Primera Guerra Mundial: Brecht, Stoll y Heck), que quizá existen también ahora.
 
Pero quizá estas posibles opciones son demasiado imprecisas y contrarias a la seguridad jurídica, por lo que quizá sería más realista hablar de una posible mediación (la especialidad de Fernando Rodríguez Prieto) en estos casos, o abordar el concurso individual de la persona física incluso con la posibilidad de una «segunda oportunidad» o “fresh start»,  que ha sido tratado reiteradamente en este blog (véase el último post al respecto de Rodrigo Tena, que contiene referencias a los demás, particularmente el de Matilde Cuena, e interesantes comentarios a favor y en contra de estas soluciones) o las comisiones de endeudamiento francesas, comentadas por Nieves Prieto.
 
Y la tercera cuestión, la del alquiler impuesto a las entidades de crédito creo que es superado con ventaja, en equidad y seguridad jurídica, por la propuesta del comodato de mi hermano Fernando en este blog. En todo caso, esta cuestión de los desahuciados podría ser también abordada desde otra perspectiva: una política social de realojo o de promoción de alquileres o viviendas subvencionadas.
 
Conclusión: hay que tratar el tema y debatir sobre él, porque hay mucha gente que está sufriendo; la vía ha de ser la legislativa, pues en nuestro sistema no cabe que los tribunales fuercen la ley para conseguir objetivos que ésta no prevé (ver aquí). Y debe salvaguardarse la seguridad jurídica como base fundamental de la convivencia. Pero creo que, incluso cumpliendo todas estas premisas, se pueden hacer muchas cosas positivas.

¿Podrían los jueces inaplicar la Orden de Tasas por ser un reglamento ilegal?

El post que figura a continuación estaba escrito antes del anuncio que llevó a cabo el pasado día 12 el Ministro de Justicia acerca de la modificación de la Ley de Tasas. Según ha señalado, el cambio traerá consigo una modulación de las tasas en algunos supuestos, la toma en consideración de la capacidad económica de las personas jurídicas y la inclusión de más exenciones.
 
Pero en todo caso, parece que el texto conserva su interés, por lo que -con este añadido inicial- se mantiene el que había preparado. Tal vez cuando este post esté ya dispuesto para su lectura se tengan más datos, pero en este momento únicamente se conoce la petición de la Defensora del Pueblo y ni siquiera se sabe si el Gobierno está dispuesto a introducir todos los cambios que ella le proponía o tan solo algunos.
 
Lo que si parece evidente es que el Ministro se ha rendido al clamor de todo el sector jurídico acerca de la inconstitucionalidad de la Ley de Tasas, en cambio no está claro si la modificación será suficiente. En todo caso, en las redes sociales se está pidiendo la derogación de la Ley, y se pone de relieve la situación de quienes a día de hoy siguen teniendo que pagar tasas escandalosas y la de quienes ya han perdido su derecho a la tutela judicial efectiva por no poder pagarlas.
 
En este contexto, además de destacar que la Ley de Tasas actualmente vigente es abiertamente inconstitucional, y que la modificación anunciada es en este momento una incógnita, cabe poner de relieve asimismo que la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 696 y 95 para autoliquidación y devolución de la tasa judicial, es a su vez ilegal y ha sido objeto de varias impugnaciones ante la Audiencia Nacional por considerarse contraria a derecho, solicitándose que plantee cuestión de inconstitucionalidad, así como la medida cautelar de suspensión. Por cierto que la suspensión de la Orden ha sido ya rechazada por la Sala en varios de los recursos interpuestos contra la misma, por considerar que en la pieza de medidas cautelares no cabe anticipar el fondo del asunto.
 
El Ministro no se ha pronunciado sobre una posible modificación de la Orden, por lo que, al hilo de su abierta ilegalidad, cabe plantearse si podría entrar en juego otro de los medios de control de los reglamentos ilegales: la conocida como excepción o inaplicación judicial. En efecto, los jueces y tribunales no deben aplicar una norma ilegal, a tenor de lo dispuesto por el art. 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Los Jueces y Tribunales no aplicarán los Reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la Ley o al principio de jerarquía normativa.” Y ello porque los jueces y magistrados están “sometidos únicamente al imperio de la Ley” (art. 117.1 CE).
 
En este blog ya se ha discutido sobre la inaplicación por la Administración de los reglamentos ilegales: En el post de Juan José González Fernández se señala que “lo que aquí subyace es una tensión entre los principios de legalidad y de jerarquía normativa, por un lado, y de seguridad jurídica, por otro. Dogmáticamente es indiscutible que la vinculación a la ley –expresión de la voluntad general- es más intensa que la vinculación al reglamento –norma de rango inferior a la ley-. Por ello, en caso de contradicción debe primar la ley e inaplicarse el reglamento. La técnica de la inaplicación de los reglamentos sería, desde esa perspectiva, un primer remedio frente al reglamento supuestamente “ilegal”.”
 
Ahora bien, mientras puede ser discutible la inaplicación de un reglamento ilegal por la propia Administración, no se discute que los jueces y tribunales están obligados a inaplicarlos. El art. 6 LOPJ encomienda a los jueces una función de enjuiciamiento sobre la conformidad de los reglamentos con la Constitución y las leyes, y les ordena, prohibiéndoles lo contrario, inaplicar los que se opongan a éstas. Además no se trata de una simple facultad, sino de un deber que no requiere que se lo soliciten las partes, sino incluido dentro el principio iura novit curia.
 
Distingamos la inaplicación –que está en manos de cualquier juez al que corresponda la aplicación de la norma en cuestión- del control que corresponde al órgano judicial del orden contencioso-administrativo competente (en este caso la Audiencia Nacional por tratarse de una Orden Ministerial), que será quien pueda declarar la norma nula, total o parcialmente.
 
También procede recordar la distinción entre la inaplicación del reglamento ilegal y el supuesto en que el juez considere inconstitucional la ley que tiene que aplicar, porque en ese caso debe necesariamente plantear cuestión de inconstitucionalidad antes de resolver. En cambio, si considera el reglamento ilegal, el juez resuelve sin aplicarlo.
 
Está claro que la inaplicación no es el sistema más eficaz para controlar un reglamento ilegal, pues la norma, aunque no se aplique a un caso concreto, permanece en el ordenamiento jurídico y es susceptible de volver a producir efectos en otros supuestos. Pero en tanto la Audiencia Nacional resuelve los recursos interpuestos, lo que entiendo se demorará varios meses como mínimo, cabe plantearse si en este supuesto procede la inaplicación judicial.
 
Y ello porque, en general, cuando un juez inaplica un reglamento, es porque en su lugar aplica la ley vulnerada por éste. Es decir, lo frecuente es que la ilegalidad de la norma reglamentaria se aprecie por contraste con la ley a la que desarrolla, y se aplique ésta en lugar del reglamento. Pero en el supuesto que nos ocupa, la vulneración no es tanto de la Ley de Tasas, sino de otras leyes – la Ley del Gobierno, que regula el procedimiento de elaboración de los reglamentos de la Administración General del Estado, la LOFAGE, la Ley Orgánica del Consejo de Estado, o la Ley Orgánica del Poder Judicial- por lo que si el juez inaplica la Orden, no aplica en su lugar una ley, sino que se encuentra ante un vacío, y en definitiva, ante la imposibilidad de que se recauden las tasas, al menos a través de la oficina judicial. Lo que se plantea entonces es si cabe en este supuesto que los jueces inapliquen sin más.
 
Llegados a este punto conviene exponer de forma sintética las razones por las que se mantiene que la Orden HAP/2662/2012 es contraria a derecho. Adviértase que son todos ellos defectos propios de la Orden, es decir, no derivados de la inconstitucionalidad de la Ley de Tasas -sobre la que se tendría que pronunciar el Tribunal Constitucional-.
 
Una de las ilegalidades más obvias en que incurre la Orden es que los artículos que se refieren a la tramitación en la Oficina Judicial de los modelos 696 y 695 (artículos 12, 13 y 14) carecen de habilitación en la Ley. Ya resulta llamativo que sea el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el que venga a imponer obligaciones a los Secretarios Judiciales, pues no es competente en esta materia que debería corresponder, en todo caso, al Ministerio de Justicia.
 
Pero es que además el Ministerio de Hacienda entiendo que carece de habilitación, pues la que se contiene en la Ley de Tasas se limita a la recogida en el artículo 8.1, en el que se establece que corresponde al citado Departamento establecer el modelo oficial para el ingreso de la tasa, y a la prevista en el artículo 9.2, según el cual es de incumbencia del mismo regular «los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa».Está claro que con esa habilitación no se puede abordar por el Ministerio de Hacienda todo lo que se establece en los artículos 12, 13, y 14, que hubieran requerido su aprobación por Real Decreto.
 
En efecto, la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno, y únicamente para las materias propias de cada Departamento y mediando una habilitación expresa puede un Ministro entrar a desarrollar directamente una Ley. En este caso la habilitación contenida en los artículos 8.1 y 9.2 de la Ley de Tasas no serían suficientes para que el Ministerio de Hacienda entrara regular cuestiones referidas a la tramitación en los órganos judiciales de la tasa. Por lo tanto se vulnera el art. 4.1.b) de la Ley del Gobierno (Ley 50/1997 de 27 de noviembre), y el artículo 12.2.a) de la LOFAGE (Ley 6/1997, de 14 de abril).
La Ley había convertido a los Secretarios judiciales en poco menos que recaudadores tributarios. Pero desde luego el desarrollo que ha llevado a cabo la Orden carece de habilitación suficiente en la Ley.
 
¿Cabría pues que los órganos judiciales inaplicaran estos preceptos y no exigieran la tasa para tramitar los procesos, considerando que es competencia de la Agencia Tributaria dirigirse al justiciable?
 
El que se ha expuesto no es el único vicio en que incurre la Orden. Destacan también una serie de defectos que afectan a la totalidad de la norma, por no haberse respetado el procedimiento de elaboración de las disposiciones reglamentarias establecido en el artículo 24 de la Ley del Gobierno. Entre estos se encuentran:
a) la Orden no cuenta con el preceptivo Dictamen del Consejo de Estado, a pesar de tratarse de un reglamento ejecutivo, es decir de ser un reglamento que desarrolla directamente una norma con rango de Ley, como reconoce la propia Exposición de Motivos. Con ello se vulnera el artículo 22.3 de la LOCE. Es cierto que suelen ser los Reales Decretos del Consejo de Ministros los que requieren Dictamen del Consejo de Estado, pero si entre la Ley y la Orden no hay un Real Decreto, es la Orden la que necesita Dictamen. La doctrina del Tribunal Supremo es unánime a este respecto.
b) la Orden no ha sido sometida a informe del Consejo General del Poder Judicial, aunque afecta a la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales, con vulneración del artículo 108.1 de la LOPJ.
c) la Orden se ha dictado sin dar audiencia a las Corporaciones representativas de los intereses de los profesionales directamente afectados por la norma: Consejo de Colegios de la Abogacía, Consejo de Colegios de Procuradores, Consejo de Colegios de Graduados Sociales, con lesión de lo dispuesto en el artículo 24 1 c) de la Ley del Gobierno. Es indiscutible la relación directa que guardan estas Corporaciones con el objeto de la disposición, por lo que debió darse audiencia a las mismas, máxime cuando la doctrina del Tribunal Supremo considera imprescindible esta audiencia cuando se trata de entidades a las que es obligatorio pertenecer para ejercer la profesión.
 
Asimismo existen otros preceptos que se pueden considerar contrarios a derecho, como los que obligan a las personas físicas a tener a su disposición acceso a Internet, impresora, y contar con un NIF para poder pagar la tasa. Porque, aunque la Ley en su art. 3.2. establece que el pago de la tasa puede hacerse por el procurador o abogado por cuenta del sujeto pasivo, y sin que sea necesario que éste se provea de un NIF con carácter previo, la Orden no contempla esta opción, obliga a recoger el NIF del contribuyente –aunque sea el del país de residencia-, y tampoco la aplicación informática permite el pago sin este dato. La Orden ignora lo previamente establecido por la Ley, ignora que hay países en que sus ciudadanos no están provistos de NIF, y al parecer también ignora que hay supuestos en que no es preceptiva la intervención de abogado y procurador en el proceso.
 
En síntesis, ante tales vicios de la Orden que son patentes, manifiestos y ostensibles, los Jueces y Tribunales que deban aplicarla tendrían que abstenerse de hacerlo si tienen en consideración lo establecido en los arts. 117 CE y 6 LOPJ. Es cierto que la tasa parece colateral al proceso, que no afecta al fondo del asunto, pero al igual que existen decisiones judiciales que no se refieren al fondo y son recurribles, como un auto de inadmisión, la tasa puede llegar a impedir el acceso al proceso, por lo que podría ser inaplicada por los órganos judiciales.
 
Queda pues planteada esta cuestión, y en todo caso entiendo que la inaplicación podrá ser solicitada por la parte actora o recurrente, bien como otrosí en el escrito procesal que de lugar al devengo de la tasa, o en el recurso de reposición contra la Diligencia dictada por el Secretario Judicial en la que se requiera para su abono.
 
Permítase por último una matización acerca de la intervención del Secretario Judicial, figura a la que no se refiere expresamente el artículo 6 LOPJ. Considero que el demandante o recurrente podrá solicitar, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 178.1 LEC, que el Secretario de cuenta de la solicitud de inaplicación al Juez o Tribunal, por tratarse de un asunto que requiere pronunciamiento de éste. (Un modelo de recurso en el que se recoge este planteamiento puede consultarse aquí). Y será entonces el Juez el que decida si procede o no la inaplicación.