La exoneración de deudas es mejor que la dación en pago, pero no así
Comentario inicial de Rodrigo Tena:
Ayer Matilde Cuena y yo publicamos en el diario El País un artículo (“Una segunda oportunidad”) en el que defendemos que el fresh start, o “Ley de Segunda Oportunidad”, es una solución mucho más justa y eficiente que la dación en pago y que las respuestas claramente insuficientes del Gobierno ante este problema. Ayer mismo, en el programa “La Ventana” de la SER, Pepa Bueno citó el artículo y preguntó al Ministro de Justicia por esta solución (minuto 21,30). Pues bien, el Ministro no sabía ni de lo que le estaban hablando. ¿Cómo es esto posible, con todo lo que hay montado ahí fuera sobre este asunto? ¿Cómo es posible que esta propuesta sobre la que se ha hablado largo y tendido en foros, seminarios, conferencias, artículos en revistas (aquí el último de Matilde) y post en diferentes blogs (Nada es Gratis incluido), no haya sido ni considerada por el Gobierno? Porque suponemos que si el Ministro de Justicia (no el de Obras Públicas) no sabe absolutamente nada, ningún otro tiene la menor idea de que va esto. Y eso que está en su programa electoral. ¿Es eso demostrar sensibilidad ante los problemas sociales?
En 7000 caracteres es complicado explicar adecuadamente este tema, con todas las implicaciones que conlleva, así que estamos abiertos a comentarlo con ustedes. Por sugerir algunas cuestiones para un debate más en profundidad: ¿Perjudica el fresh start a los bancos? ¿En qué cuantía? ¿Colapsaría realmente los juzgados de lo Mercantil? ¿Cómo es posible articular una buena mediación para evitarlo? ¿Tendrían realmente los bancos interés en negociar?…..
Por último, queremos agradecer también a Marco Celentani algunas sugerencias al texto y, por supuesto, las ideas que tomamos prestadas de su magnífico post al respecto.
Una segunda oportunidad
Una ley no escrita de la política afirma que cuando las legítimas aspiraciones de los gobernados no se atienden adecuadamente, cabe esperar de estos una reacción que excede de sus necesidades, y que muchas veces se intenta neutralizar a un coste social muy superior al que hubiera sido necesario de haber hecho las cosas bien desde el principio. Algo así está pasando con el tema de los desahucios en España. Ante la inacción del Gobierno frente a las injusticias generadas por la legislación española en sede de ejecución hipotecaria -que permite al acreedor quedarse la finca a un valor muy inferior al que fue tasada en su momento y seguir reclamando al deudor la diferencia con una deuda inflada por unos elevados intereses de demora- se ha consolidado en amplios sectores del país la idea de que el único remedio posible es la dación en pago retroactiva y que cualquier otra alternativa es un mero subterfugio. La respuesta tímida e incoherente del Gobierno no sólo no ha servido para desactivar esa impresión, sino más bien para complicarlo todo mucho más.
Por un lado ha consagrado la dación en pago en algunos casos (RDL 6/2012), pero con un ámbito de aplicación subjetivo tan limitado que en la práctica la hace casi inoperante. Por otro pretende ahora, con ocasión de la proposición de ley de iniciativa legislativa popular, implantar un régimen de exoneración de deudas tras la ejecución, pero de nuevo de forma tan limitada que cabe presumir que su éxito será igualmente nulo. Con todo ello el Gobierno lo único que demuestra es una incomprensible resistencia a plantear la única solución justa y equilibrada posible –la exoneración total de las deudas tras un procedimiento concursal, también llamado fresh start- existente en la mayor parte de los países desarrollados, desde EEUU a Alemania, que permitiría resolver la situación angustiosa por la que atraviesan muchos españoles con ventaja a la dación, y además de manera retroactiva, tal como reclaman los afectados.
Mientras que con el fresh start (o “Ley de Segunda Oportunidad”) el pasivo pendiente quedaría condonado y el deudor podría “volver a empezar” una nueva actividad productiva, la propuesta con la que el Gobierno pretende desactivar este tsunami –la exoneración parcial de las deudas en unos plazos determinados (un 35% si paga la diferencia en cinco años y un 20% si lo hace en diez años)- es un parche que paradójicamente genera los mismos inconvenientes que la dación en pago: discriminación, despilfarro y distorsiones (es decir, injusticia) con el inconveniente de que no resuelve además ningún problema.
Tanto la dación en pago como la exoneración parcial propuesta por el Gobierno son injustas porque pueden beneficiar a personas que no lo merecen (como consecuencia de actuaciones dolosas o irresponsables), o que pueden pagar perfectamente las deudas a las que se han comprometido (porque tienen recursos para ello). Son soluciones que pueden romper tanto el equilibrio entre acreedor y deudor sin justificación suficiente, como con relación a otros deudores (tratando de manera igual a los desiguales), generando de esta manera todo tipo de incentivos perversos para el futuro.
Sólo en el seno de un procedimiento concursal es posible determinar con precisión la causa del sobreendeudamiento, el patrimonio susceptible de ser todavía agredido y las posibles consecuencias de la liberación de las deudas. Pero para que a la persona física le resulte interesante acudir a este procedimiento es imprescindible que, al final del proceso y previa comprobación de los requisitos correspondientes, el juez pueda decretar la liberación total del pasivo pendiente. Por eso el fresh start tiene un alcance retroactivo, porque no sólo se aplica a los ya ejecutados en un procedimiento hipotecario, sino que cualquier deudor en un actual estado de insolvencia puede beneficiarse de él.
Esta propuesta tan supuestamente atrevida se encuentra en el programa electoral del Partido Popular. Allí se decía que “Reformaremos la ley concursal para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable”. Esta ha debido de ser otra de esas propuestas a las que ha sido necesario renunciar por el bien de España, es decir, por miedo en este caso al colapso del sistema judicial y al impacto que esta medida puede tener en los balances de los bancos. Pues bien, ni estos miedos son justos ni están justificados.
No son justos porque no tiene sentido que los inconvenientes del sistema deban ser padecidos siempre por los más desfavorecidos, a veces con nula responsabilidad por su parte. Un fresh start bien diseñado no altera la cultura de pago, porque sólo puede beneficiarse el deudor que tiene una incapacidad no imputable, siendo perfectamente posible establecer mecanismos de control al respecto, tal como ha hecho el legislador estadounidense en la Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act de 2005.
Pero es que además esos miedos no están justificados. El relativo al colapso de los juzgados olvida que la posible exoneración total del pasivo pendiente incentiva la salida convencional de la situación de crisis. En la actualidad el acreedor no tiene ningún motivo para sentarse a negociar. Sin embargo, la amenaza de una exoneración total puede cambiar sus incentivos para hacerlo, y lo mismo en el caso de un deudor cuya buena fe y situación patrimonial deben todavía ser valoradas. Facilitar esa negociación a través de una mediación notarial, tal como han propuesto algunos grupos en el Congreso, sólo tiene sentido si ambas partes son conscientes de que su falta de colaboración puede suponerles un coste. Por eso, aún cuando la negociación no llegue a buen puerto, un proceso de mediación con intervención de administradores expertos puede dejar lo suficientemente preparado el expediente como para que la decisión judicial sea rápida y sencilla.
Es probable, además, que la repercusión de esta medida para los bancos sea escasa. Si la insolvencia es la principal causa de incumplimiento, el hecho de que exista una liberación del pasivo pendiente en los casos en los que se acredite de manera cierta esa insolvencia ni altera la tasa de incumplimientos ni reduce sustancialmente las posibilidades del banco de terminar cobrando (en la práctica ya muy limitadas). Además, no hay que olvidar que un buen sistema de fresh start produce unos beneficios económicos evidentes: incentiva el crédito responsable por parte de los acreedores (siempre que se acompañe de un sistema de ficheros de solvencia positiva que permita la circulación de la información financiera) y, sobre todo, la recuperación de los deudores para la economía productiva, hoy condenados al consumo de prestaciones sociales o a la economía sumergida.
Cuando la justicia y la eficiencia se dan la mano de esta manera, es una irresponsabilidad cerrar los ojos y permanecer en el prejuicio, especialmente cuando no se trata de inventar nada, sino de seguir el camino ya trazado por economías más avanzadas que la nuestra.
Rodrigo Tena Arregui es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario de Madrid por oposición (OEN 1995). Ha sido profesor en las Universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y Juan Carlos I de Madrid. Es miembro del consejo de redacción de la revista El Notario del siglo XXI.
Comparto plenamente lo que se dice en el post y me parece muy llamativa la falta de atención (especialmente la del MInistro) al mal enfoque que se está dando al problema de los desahucios. No obstante, tengo serias dudas con respecto a que la mediación sea un argumento sólido para esquivar el colapso de los juzgados de lo mercantil. Su actual escaso grado de implantación entre personas físicas, lo reticentes que suelen ser las entidades de crédito para mediar y lo poco ágil que suele ser su proceso de toma de decisiones, me hace pensar en la insuficiencia de la mediación; creo que sin una importante dotación economica, a estos juzgados nadie les puede sacar del colapso; máxime si todavía hay capitales donde sus funciones las ejercen juzgados de instancia e incluso de instrucción.
La mediación, en supuestos de insolvencia, podría tener lugar en una fase preconcursal, sin tener que organizarse en un ámbito tan ineficiente como es el de los juzgados. De esa forma podría además salvaguardarse su confidencialidad.
Y la mediación intrajudicial en caso de ejecución hipotecaria podría externalizarse, siguiendo así la experiencia de muchos otros países. Y adoptando las precauciones necesarias para salvaguardar la independencia y neutralidad de los mediadores. A pesar de que ahora los bancos tienen fuertes incentivos para el acuerdo, yo impondría incluso como obligatorio el comenzar esta mediación
La ignorancia del Ministro tampoco me extraña mucho porque la gente del Ministerio está trabajando sobre cuestiones completamente alejadas de las preocupaciones reales de los ciudadanos: como si en el Registro Civil se tiene que inscribir el domicilio o si el Registrador de la Propiedad tiene que consultar el Registro Civil antes de calificar y cosas así. Se supone que la iniciativa en estos tema -y quien tendría que informar al Ministro de las propuestas que se están planteando a nivel general en la sociedad- sería la Dirección General de los Registros, que es el órgano especializado en Derecho privado. Pero parece que están a lo suyo….
Interesantísimo. Yo, como el Ministro, tampoco había prestado atención a esta iniciativa tan pragmática como generadora de esperanza para las situaciones injustas (no quiero compararme con el Ministro, entiéndase).
Es cierto que los acreedores poco van a perder por el reset de las deudas, ya que eran incobrables, y que al deudor se le da la oportunidad de empezar de nuevo, en lugar de negársele el futuro e incentivar la picaresca de la economía sumergida. Bien administrada, esta solución resolvería muchas de las situaciones que hoy se hacen públicas y que, por lo terrible de las circunstancias que concurren, parecen inaceptables en una sociedad civilizada.
La administración de la medida por medio de la mediación y el arbitraje, por otro lado, es necesaria, no para evitar el colapso de los tribunales, sino el colapso de las situaciones a la espera de la sentencia, máxime en una situación como la que se describe en el post, en que, al menos la parte menos asesorada y más visceral del conflicto, no tiene nada que perder pero mucho que ganar.
No obstante, hay otro problema adicional, que creo que es muy complicado, no sé hasta qué punto interesa a las entidades de crédito resolver pronto el conflicto, ya que les supondrá aflorar la pérdida en sus balances, con el correspondiente deber de provisionar. Supone someterse a los test de stress pero no en una simulación, sino con los auditores delante.
Gracias Javier, este tema que planteas es muy interesante. Pensamos, sin embargo, que el incentivo que la medida implica para la negociación puede facilitar acuerdos de quita y espera que minimicen el impacto de la pérdida total y directa en los balances. Es mejor perder 50 ahora que todo más tarde. Es un tema complicado, lo reconozco, pero el incentivo a negociar no existe sólo para el acreedor, sino también para el deudor (pues puede no ser exonerado) con la particularidad de que la información de la situación propia y ajena no es completa. Si eso incentiva a negociar (uno nunca puede estar completamente seguro de que la negativa a hacerlo va a beneficiarle) se puede llegar al efecto de que el fresh start no implique mayor pérdida total para los bancos de la que existe ahora. Un buen análisis económico sobre esto sería de mucha ayuda.
La ignorancia de Gallardón es aun más grave si tenemos en cuenta que UPyD ya presentó un proyecto de Ley de “fresh start” en diciembre de 2011, que yo defendí en marzo de 2013, y el PP votó en contra, claro. Luego he seguido proponiendo fórmulas de segunda oportunidad en el Pleno, la Comisión de Economía y la Ponencia sobre desahucios, tanto de viva voz como en enmiendas, de modo que el PP está perfectamente informado, otra cosa es que se hagan los locos. Y que Gallardón y el Gobierno en general, arrogante, escandalosamente irresponsable y pasivo en todos los asuntos realmente urgentes, no se haya molestado ni en enterarse del debate parlamentario. Claro que si el ministro se informa por los periódicos tampoco hay que extrañarse: han dedicado al debate hipotecario el 5% del espacio dedicado al escrache, y prácticamente 0 al fresh start y fórmulas semejantes.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Me consta que la iniciativa de UPyD causó muy buena impresión entre todos los grupos políticos (me lo han comentado directamente desde el grupo parlamentario socialista), incluso en el grupo del Gobierno. De hecho el PP la rechazó afirmando que aunque en realidad la apoyaba votaban en contra porque iban a presentar su propio proyecto. El problema es que la repercusión en prensa de todo esto fue inexistente, pese a que el drama de los desahucios ya estaba en ebullición. Debe ser por eso por lo que el Gobierno ahora parece no tener ni idea de la medida. Si lo que la prensa mueve apenas existe, imagínate con lo que no mueve.
Definitivamente, intentamos poner parches sin hacer nada para cambiar las cosas. Deberíamos trabajar más y mejor en la raíz de los problemas, y menos de cara a la galería. Sólo espero que el daño que se le esta haciendo a la marca España no sea irreparable.
Se puede decir más alto pero no más claro.
¿Despertará Mariano de la siesta?
Lo de la DGRN tiene nombre pero escribirlo aquí podría implicar el cierre registr… digo, de esta página web.
El problema de fondo es que la presión del sistema ha excedido todos los límites y ha estallado. Los políticos están ahora preocupados simplemente por minimizar el control de daños:
– Financiación “irregular” (bonito eufemismo) de los partidos políticos que han estado o están en el poder.
– Corrupción institucionalizada en el entorno de la Casa Real.
– Relaciones personales y profesionales del Jefe del Estado con atractivas princesas especializadas en la “solución” de asuntos complejos.
– El gasto público desbocado, con multitud de buitres sobrevolando el cadáver del estado en descomposición buscando cómo llevarse la mejor parte. El informe de la Comisión europea que ha llegado hoy es para echarse a temblar.
– El PSOE preocupado de cómo ponerse de acuerdo con el PSC y ocultar el escándalo impresionante de los ERES en Andalucía.
– Los sindicatos a lo suyo: Sus subvenciones, ERES y mamandurrias de todo tipo. Sus dirigentes, batiendo récords de permanencia en sus poltronas.
Se busca líder. Razón: Europa.
-La aprobación de una ley de segunda oportunidad en el sentido que proponéis es urgente y aún inaplazable. La crisis económica y el principio de responsabilidad universal han llenado el país de “muertos civiles” que nunca más van a poder desarrollar una actividad económica transparente y a los que no queda otra salida que la economía sumergida.
Aunque el debate parece centrado en la ejecución hipotecaria de viviendas, la sentencia del TJUE y la normativa de protección de los consumidores ofrecen cierta salida frente a situaciones abusivas. Creo que el problema mayor reside en pequeños empresarios que avalan a sus sociedades y en autónomos que responden a título personal y que no tienen otra protección frente a los bancos que la vieja ley de usura que nuestros tribunales no quieren aplicar a los intereses de demora (me acaban de notificar una sentencia de una APr que no considera usurario un interés moratorio mensual del 3% con pacto de anatocismo).
Me consta que en textos preparatorios de la reforma concursal de 2011 se contempló un mecanismo de “fresh start” que después desapareció en el trámite. No creo que sin embargo fuera difícil de encajar en el texto vigente sin excesivos costurones. Por ejemplo, que el proceso se iniciase con la comunicación preconcursal del 5bis y con ello se designase un mediador que posteriormente propusiera, en calidad en su caso de administrador concursal, bien la homologación de un acuerdo (oponible a acreedores disidentes si se alcanzó acuerdo con mayoría significativa) bien la liquidación con exoneración total o parcial de deudas según criterios legales.Es decir trasladar los mecanismos ya previstos de refinanciación preconcursal, extinción de deudas de personas jurídicas y responsabilidad modulable en la pieza de calificación de administradores societarios. Con ello el peso del proceso recae en el mediador-administrador y no tanto en el Juzgado; y acreedores y deudores tendrían incentivos para pactar frente a un mediador que pudiera castigar su renuencia o mala fe en la propuesta que efectuase al Juzgado; en el caso de los Bancos además el incentivo de evitar el concurso y las dotaciones para insolvencias que les supone, sin olvidar que la ejecución con lanzamiento aparece hoy como socialmente inabordable.
Comparto plenamente lo que se dice en el post y me parece muy llamativa la falta de atención (especialmente la del MInistro) al mal enfoque que se está dando al problema de los desahucios. No obstante, tengo serias dudas con respecto a que la mediación sea un argumento sólido para esquivar el colapso de los juzgados de lo mercantil. Su actual escaso grado de implantación entre personas físicas, lo reticentes que suelen ser las entidades de crédito para mediar y lo poco ágil que suele ser su proceso de toma de decisiones, me hace pensar en la insuficiencia de la mediación; creo que sin una importante dotación economica, a estos juzgados nadie les puede sacar del colapso; máxime si todavía hay capitales donde sus funciones las ejercen juzgados de instancia e incluso de instrucción.
La mediación, en supuestos de insolvencia, podría tener lugar en una fase preconcursal, sin tener que organizarse en un ámbito tan ineficiente como es el de los juzgados. De esa forma podría además salvaguardarse su confidencialidad.
Y la mediación intrajudicial en caso de ejecución hipotecaria podría externalizarse, siguiendo así la experiencia de muchos otros países. Y adoptando las precauciones necesarias para salvaguardar la independencia y neutralidad de los mediadores. A pesar de que ahora los bancos tienen fuertes incentivos para el acuerdo, yo impondría incluso como obligatorio el comenzar esta mediación
La ignorancia del Ministro tampoco me extraña mucho porque la gente del Ministerio está trabajando sobre cuestiones completamente alejadas de las preocupaciones reales de los ciudadanos: como si en el Registro Civil se tiene que inscribir el domicilio o si el Registrador de la Propiedad tiene que consultar el Registro Civil antes de calificar y cosas así. Se supone que la iniciativa en estos tema -y quien tendría que informar al Ministro de las propuestas que se están planteando a nivel general en la sociedad- sería la Dirección General de los Registros, que es el órgano especializado en Derecho privado. Pero parece que están a lo suyo….
Interesantísimo. Yo, como el Ministro, tampoco había prestado atención a esta iniciativa tan pragmática como generadora de esperanza para las situaciones injustas (no quiero compararme con el Ministro, entiéndase).
Es cierto que los acreedores poco van a perder por el reset de las deudas, ya que eran incobrables, y que al deudor se le da la oportunidad de empezar de nuevo, en lugar de negársele el futuro e incentivar la picaresca de la economía sumergida. Bien administrada, esta solución resolvería muchas de las situaciones que hoy se hacen públicas y que, por lo terrible de las circunstancias que concurren, parecen inaceptables en una sociedad civilizada.
La administración de la medida por medio de la mediación y el arbitraje, por otro lado, es necesaria, no para evitar el colapso de los tribunales, sino el colapso de las situaciones a la espera de la sentencia, máxime en una situación como la que se describe en el post, en que, al menos la parte menos asesorada y más visceral del conflicto, no tiene nada que perder pero mucho que ganar.
No obstante, hay otro problema adicional, que creo que es muy complicado, no sé hasta qué punto interesa a las entidades de crédito resolver pronto el conflicto, ya que les supondrá aflorar la pérdida en sus balances, con el correspondiente deber de provisionar. Supone someterse a los test de stress pero no en una simulación, sino con los auditores delante.
La ignorancia de Gallardón es aun más grave si tenemos en cuenta que UPyD ya presentó un proyecto de Ley de “fresh start” en diciembre de 2011, que yo defendí en marzo de 2013, y el PP votó en contra, claro. Luego he seguido proponiendo fórmulas de segunda oportunidad en el Pleno, la Comisión de Economía y la Ponencia sobre desahucios, tanto de viva voz como en enmiendas, de modo que el PP está perfectamente informado, otra cosa es que se hagan los locos. Y que Gallardón y el Gobierno en general, arrogante, escandalosamente irresponsable y pasivo en todos los asuntos realmente urgentes, no se haya molestado ni en enterarse del debate parlamentario. Claro que si el ministro se informa por los periódicos tampoco hay que extrañarse: han dedicado al debate hipotecario el 5% del espacio dedicado al escrache, y prácticamente 0 al fresh start y fórmulas semejantes.
Definitivamente, intentamos poner parches sin hacer nada para cambiar las cosas. Deberíamos trabajar más y mejor en la raíz de los problemas, y menos de cara a la galería. Sólo espero que el daño que se le esta haciendo a la marca España no sea irreparable.
Gracias Javier, este tema que planteas es muy interesante. Pensamos, sin embargo, que el incentivo que la medida implica para la negociación puede facilitar acuerdos de quita y espera que minimicen el impacto de la pérdida total y directa en los balances. Es mejor perder 50 ahora que todo más tarde. Es un tema complicado, lo reconozco, pero el incentivo a negociar no existe sólo para el acreedor, sino también para el deudor (pues puede no ser exonerado) con la particularidad de que la información de la situación propia y ajena no es completa. Si eso incentiva a negociar (uno nunca puede estar completamente seguro de que la negativa a hacerlo va a beneficiarle) se puede llegar al efecto de que el fresh start no implique mayor pérdida total para los bancos de la que existe ahora. Un buen análisis económico sobre esto sería de mucha ayuda.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Me consta que la iniciativa de UPyD causó muy buena impresión entre todos los grupos políticos (me lo han comentado directamente desde el grupo parlamentario socialista), incluso en el grupo del Gobierno. De hecho el PP la rechazó afirmando que aunque en realidad la apoyaba votaban en contra porque iban a presentar su propio proyecto. El problema es que la repercusión en prensa de todo esto fue inexistente, pese a que el drama de los desahucios ya estaba en ebullición. Debe ser por eso por lo que el Gobierno ahora parece no tener ni idea de la medida. Si lo que la prensa mueve apenas existe, imagínate con lo que no mueve.
Se puede decir más alto pero no más claro.
¿Despertará Mariano de la siesta?
Lo de la DGRN tiene nombre pero escribirlo aquí podría implicar el cierre registr… digo, de esta página web.
El problema de fondo es que la presión del sistema ha excedido todos los límites y ha estallado. Los políticos están ahora preocupados simplemente por minimizar el control de daños:
– Financiación “irregular” (bonito eufemismo) de los partidos políticos que han estado o están en el poder.
– Corrupción institucionalizada en el entorno de la Casa Real.
– Relaciones personales y profesionales del Jefe del Estado con atractivas princesas especializadas en la “solución” de asuntos complejos.
– El gasto público desbocado, con multitud de buitres sobrevolando el cadáver del estado en descomposición buscando cómo llevarse la mejor parte. El informe de la Comisión europea que ha llegado hoy es para echarse a temblar.
– El PSOE preocupado de cómo ponerse de acuerdo con el PSC y ocultar el escándalo impresionante de los ERES en Andalucía.
– Los sindicatos a lo suyo: Sus subvenciones, ERES y mamandurrias de todo tipo. Sus dirigentes, batiendo récords de permanencia en sus poltronas.
Se busca líder. Razón: Europa.
‘-La aprobación de una ley de segunda oportunidad en el sentido que proponéis es urgente y aún inaplazable. La crisis económica y el principio de responsabilidad universal han llenado el país de “muertos civiles” que nunca más van a poder desarrollar una actividad económica transparente y a los que no queda otra salida que la economía sumergida.
Aunque el debate parece centrado en la ejecución hipotecaria de viviendas, la sentencia del TJUE y la normativa de protección de los consumidores ofrecen cierta salida frente a situaciones abusivas. Creo que el problema mayor reside en pequeños empresarios que avalan a sus sociedades y en autónomos que responden a título personal y que no tienen otra protección frente a los bancos que la vieja ley de usura que nuestros tribunales no quieren aplicar a los intereses de demora (me acaban de notificar una sentencia de una APr que no considera usurario un interés moratorio mensual del 3% con pacto de anatocismo).
Me consta que en textos preparatorios de la reforma concursal de 2011 se contempló un mecanismo de “fresh start” que después desapareció en el trámite. No creo que sin embargo fuera difícil de encajar en el texto vigente sin excesivos costurones. Por ejemplo, que el proceso se iniciase con la comunicación preconcursal del 5bis y con ello se designase un mediador que posteriormente propusiera, en calidad en su caso de administrador concursal, bien la homologación de un acuerdo (oponible a acreedores disidentes si se alcanzó acuerdo con mayoría significativa) bien la liquidación con exoneración total o parcial de deudas según criterios legales.Es decir trasladar los mecanismos ya previstos de refinanciación preconcursal, extinción de deudas de personas jurídicas y responsabilidad modulable en la pieza de calificación de administradores societarios. Con ello el peso del proceso recae en el mediador-administrador y no tanto en el Juzgado; y acreedores y deudores tendrían incentivos para pactar frente a un mediador que pudiera castigar su renuencia o mala fe en la propuesta que efectuase al Juzgado; en el caso de los Bancos además el incentivo de evitar el concurso y las dotaciones para insolvencias que les supone, sin olvidar que la ejecución con lanzamiento aparece hoy como socialmente inabordable.
Aquí parece que lo único que hay que resolver es el problema de “los desahuciados” y no es verdad. Lo que hay que arreglar es el problema general de la insolvencia de la persona física, ya proceda de la imposibilidad de pagar una deuda hipotecaria o de otras razones (paro, divorcios, enfermedades..). Y ése es el problema que viene a resolver el fresh start y no es una medida específicamente diseñada para el sobreendeudamiento hipotecario. De hecho, con ella no se evita la ejecución de la hipoteca en caso de impago y que el deudor se vaya “a la calle”, sino que tan solo resuelve el problema de la deuda pendiente tras la ejecución y para el deudor de buena fe.
Como ya he dicho en otras ocasiones http://www.elnotario.com/egest/noticia.php?id=3008&seccion_ver=0 solucionar el problema del sobreendeudamiento hipotecario es complejo y afecta a varias normas jurídicas, cuyos cambios pueden tener un impacto económico. Y una de las normas que hay que tocar es la Ley Concursal, pero no la única. También la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El objeto de este artículo ha sido aclarar que la dación en pago retroactiva no es la solución y que el cambio de la LC dando una salida adecuada a la insolvencia de la persona física, puede tener un impacto económico positivo: reducción del gasto público, creación de puestos de trabajo mediante un adecuado estímulo al espíritu emprendedor, y aumento de ingresos del Estado evitando que la única salida del deudor sea acudir a la economía sumergida.
El retraso normativo en España en esta materia es notable y el fresh start hasta los últimos años ha sido una institución prácticamente ignorada en los estudios relacionados con el Derecho Concursal, que ha estado concentrado en la insolvencia societaria. Ha habido una preterición “legal” y también “doctrinal” y de ahí la ignorancia acerca de esta medida y de su alcance. Pero como en todo, tenemos que progresar, primero en el pensamiento y luego en la legalidad. Y ya ha llegado la ahora de entrar en este último terreno, dado que el impacto negativo de “no tener fresh start”, ya lo estamos padeciendo: el índice de actividad empresarial en España es de los más bajos del mundo, los deudores son condenados a la exclusión social reclaman recursos económicos que el Estado está empezando a no poder proporcionar, caída del consumo y cierre de empresas y más paro…….
Y sobre todo tiene un efecto preventivo indudable: supone un estímulo a la salida convencional de la crisis (convenio concursal o mediación obligatoria que a mi juicio debe ser con mediadores juristas bien preparados) que evite el colapso judicial, estimula una adecuada valoración del riesgo crediticio, sin que vuelva a producirse el “desmadre” en la concesión de créditos que nos ha llevado a la situación actual.
A Reino Unido le sobra el agua. Es el ejemplo perfecto de aquello de “llueve a cántaros”. Por su simple posición geográfica -sí, increíblemente sólo por eso- no acabarán nunca tirándose de los pelos en cuanto a trasvases y demás. Sí además le añadimos que tienen grandes deshielos podemos asegurar que tienen agua para siglos.
Pues bien, cualquiera que haya estado por allí viviendo una temporada se habrá percatado de que generalmente su sistema de ducha, curiosamente, no permite regular la cantidad de agua que sale de la alcachofa. Es decir, uno no puede darle más o menos agua, porque sale un chorro lo suficientemente efectivo como para retirar el jabón con facilidad. Ni más, ni menos. El suficiente para su uso cotidiano. Imagino que a cualquier idiota eso no le dice nada, pero lo que ese sistema nos indica es que en Reino Unido tienen un serio respeto por el agua, aunque ésta sobre.
¿Qué nos indica también ésto? Pues que no les hace falta haber llegado a una situación de sequía para haber previsto una buena regulación que les asegure un gasto sostenible. Saben adelantarse a acontecimientos.
¿Qué nos indica ésto? Que el pensamiento colectivo británico tiende a la previsión de sus sistemas y a que esos sean sostenibles, independientemente de su contexto de abundancia o de sequía.
Por un lado, en España, al jurista medio no se le ocurre algo así en dos cientos siglos, porque es un cateto sistemáticamente hablando. Por otro, el usuario medio español sólo se quejaría de que de la alcachofa no sale el agua que él/ella quiere y que eso es clara vulneración a su derecho de sacar el agua que desee de la alcachofa de su casa. Que para eso la paga. Independientemente, de que el agua sea un bien de interés público o no.
Ahora, el que sepa de lo que está hablando, que lleve este ejemplo a por ejemplo las daciones en pago, clausulas bancarias y la situación del mercado inmobiliario español actual,en el que hay millones de pisos vacíos mientras a la gente la echan de sus casas o con 35 años está viviendo con sus padres.
Qué poco nos importaban estos temas de regulaciones cuando “todo iba bien”. Qué poco nos importaba el cómo y por qué, y que interés le ponemos ahora. A diferencia de los británicos, parece ser que aquí sí necesitamos sequías para entender si un sistema puede ser medianamenete sostenible o no. Parece ser que en España, a diferencia del Derecho británico, “previsión” es un concepto que no sale en ningún manual.
Y lo mejor es que todavía hay a quien le sorprende… Es alucinante.
P.D: al abogado de “la marca España”: oiga, esto es una web jurídica, la cómica creo que estaba en la otra URL.
Enhorabuena por el post, Mati y Rodrigo.
Marco y yo, como señalais, hemos defendido propuestas muy similares y basadas en argumentados estrechamente emparentados con los de vuestro artículo. Por razones de comparación internacional, de desapalancamiento de los hogares, de incentivo a actividades emprendedoras o simplemente de trabajo “visible” y no sumergido, de mejor reparto de riesgos entre deudores y acreedores, una liberación de deudas generosa -pero no alocada- en el concurso personal es la mejor opción para casi todos los que se han parado a pensar en la cuestión.
¿Cómo explicar entonces la reticencia de la banca y del Gobierno a su introducción en la legislación española? Por un lado, creo que el Gobierno y la administración no tienen criterio propio, y se limitan a dar expresión a la posición del sector financiero. Es lástima, pero es así, y no es un caso único, pues por desgracia uno de los problemas más serios de nuestro sector público es que nuestros responsables políticos y nuestros altos funcionarios no tienen criterio informado sobre muchas cuestiones fundamentales de política pública. Se limitan a repetir eslóganes, consignas, simplezas de Wikipedia, temas de su oposición u opiniones suministradas por los sectores afectados. lógicamente de parte.
Mi sensación -pero no es más que eso- es que el sector financiero español sigue muy débil y cree que no puede consentir aflorar una pérdida más en el corto plazo. el Gobierno está de acuerdo, porque trata de postergar cualquier mala noticia a tener una unión bancaria medio montada, y a ver si los demás pagan en parte los agujeros financieros españoles (se engañan, eso no ocurrirá, Alemania no lo permitirá).
¿Está justificado el temor ante los efectos de la liberación de deuda en el concurso? En el largo plazo, es evidente que los resultados serían positivos, por las razones apuntadas. Pero en el corto plazo, si gente que ahora está al límite, pero sigue pagando in extremis la hipoteca, porque ir al concurso personal es una opción sin ningún atractivo, ven que pidiendo el concurso se libran de las deudas, aunque pierdan todos sus activos preentes, es posible que se inclinen por la vía del concurso personal. De hecho, nuestras tasas de concurso personal son tan bajas comparadas con las de otros países (p. ej., son 100 veces inferiores a las inglesas) que aunque solo se reduzcan a la mitad o a la tercera parte las diferencias actuales entre las tasas de concurso, su morosidad a corto plazo puede aumentar muy peligrosamente.
Tenéis toda la razón en que habría mediación, e incentivos a la renegociación, y se pueden poner controles para paliar el riesgo moral de los deudores. Pero supongo que muchas de esas variables están fuera de su control en sus resultados finales, y creo que los bancos prefieren no arriesgar.
Solo así puedo explicarme la evidente reticencia de sector financiero y gobierno a adoptar soluciones, obviamente buenas, como las que proponéis.
Fernando, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo efectivamente que el Gobierno no tiene criterio propio en esta materia. El Ministerio de Justicia ni se lo ha planteado y el de Economía se limita a recibir las quejas del sector financiero, que en la duda prefiere que no salga nada. Y digo duda porque seguramente ni los mismos bancos conocen el impacto real de esta medida. Lo que es lamentable es que el Gobierno no haya tomado la iniciativa en esta materia y no haya convocado a especialistas que puedan hacer un serio análisis jurídico y sobre todo económico al respecto.
Al final, como conclusión, lo que este tema corrobora es que en la Administración al más alto nivel político no hay competencia ni capacidad, y que ese el el mejor escenario para los lobbys, entre los que no están, me temo, los deudores sin recursos.
Muchas gracias Fernando. Coincido con tus reflexiones, pero insisto en que ese temor al que haces referencia y que es real, respecto a que se puede alterar la cultura de pago no está justificado, tal y como hemos señalado Rodrigo y yo en el artículo. Hay que dejar claro que una persona que puede pagar sus deudas, aunque sea “in extremis”, no puede beneficiarse nunca de una exoneración del pasivo pendiente por más que acuda al concurso. Éste es de un remedio excepcional y no cabe pensar que, de aprobarse el fresh start, el proceso concursal se vaya a convertir en un “burladero”. Pero claro, para que esto no suceda, hay que regularlo bien
El problema financiero es de máximo calado. Es tan enorme y de tal gravedad que es sencillamente milagroso que la tasa de morosidad esté donde está, aunque oficiosamente su magnitud pueda ser mucho mayor.
Ya no es noticia que los intereses de la deuda pública (ojo, no su amortización) sea la mayor partida de gasto en el presupuesto.
Nos parece razonable una prima de riesgo frente al bono alemán de 340 puntos básicos (es que llegó a estar hace menos de un año en 500.
Nos parece razonable que sean los alemanes quienes paguen nuestros pufos (solidaridad europea le llaman), olvidando que ellos solitos se pagaron la reconstrucción desde 0 de la Alemania “Democrática” mediante un impuesto especial que pagaron todos los alemanes vía IRPF que se llamó precisamente así: Impuesto de solidaridad. Todo mientras pagaban nuestros maravillosas infraestructuras (fondos de cohesión) y eso que a nosotros no tenían que pagarnos reparaciones de guerra ni la retirada de nuestra tropas de su territorio.
Acabo de oir a Sala i Martí hablr de la debacle que se va a producir si los cabezas cuadradas alemanes no ceden y permiten al Banco Central europeo imprimir billetes sin fin. ¿Que es la barra libre de liquidez a los bancos? ¿Acaso no fue precisamente esa la causa de un gravísimo problema económico en Alemania cuando Kohl cometió el histórico error de equiparar el marco alemán a los papelitos del otro lado del Muro?
Por otra parte no deja de sorprenderme que seamos precisamente los españoles quienes estemos en condiciones de dar lecciones de economía a los alemanes.
En todo este contexto se explica la reticencia del Gobierno a adoptar medidas generales de efectos insospechados en el corto plazo. Entre otras cosas porque 340.000 millones de euros en préstamos hipotecarios están sirviendo de colateral a los préstamos “barra libre” del Banco Central europeo al sistema bancario español. ¿Aprenderemos de lo que pasa cuando la demagogia se instala en los círculos de poder y las consecuencias duraderas y gravísimas de nefastas decisiones económicas?
Aventuro una respuesta: NO.
Enhorabuena por el post, muy esclarecedor.
La ignorancia del Ministro de Justicia, con un Ministerio lleno de juristas, alguno de ellos muy competentes (y conste que no es corporativismo) creo que es una muestra más de hasta que punto nuestra clase política está totalmente fuera de la realidad en todos los sentidos. Si encima algunos de esos juristas están entregados a buscar como cobrarle al sufrido ciudadano por unos servicios o hasta ahora inexistentes o hasta ahora gratuitos también podemos pensar que parte de nuestros funcionarios (o profesionales) públicos también vive fuera de la realidad, y les aseguro que desgraciadamente hay bastantes que o no se enteran o no se quieren enterar. Como bien dice algún comentarista, podemos empezar a cuestionarnos también a una parte de la profesión. ¿Se puede ser un buen jurista si se maneja muy bien la técnica pero no se lee nunca nada que no sea el BOE? ¿Se puede ser buen jurista siendo siempre cortoplacista o directamente aprovechado? ¿Se puede ser buen jurista sin pensar un poco en el Derecho y en la Justicia con mayúsculas o simplemente sin pensar? Yo creo que no.
Me parece una gran idea, si se hace bien y se evita la proverbial picaresca patria. Sin embargo, tampoco es del todo cierto que los acreedores no renegocien los préstamos hipotecarios o no tengan incentivos suficientes. La renegociación de hipotecas en mora sucede a diario y, de existir, incluyen otros productos financieros, ya estén o no en morosidad, que el deudor mantenga con la entidad. Por refinanciar, incluso lo hacen sobre asuntos ya en ejecución judicial. Amén de las quitas que llegan a aceptar sobre el remanente si la realidad económica del deudor así lo aconseja.
Por otra parte, hay un cierto fresh start, a la española digamos, que ya se da en la práctica sea por las dificultades de cobrarse lo debido, sea por negligencia de las entidades a la hora de conceder crédito y, seguramente, por la falta de cultura financiera que hay en este país. Me explico: existen no pocas familias a las que les ha pillado con el pie cambiado cada una de las crisis económicas que han atravesado. Tuvieron problemas en los 80 con Banca Catalana, a mediados de los 90 con Banesto y con Barclays a finales de esta década pasada. Ahora, tienen su hipoteca con CatalunyaBank a punto de ejecutarse, junto con pequeños créditos al consumo y tarjetas de un puñado de EFC’s que ni atienden ni podrán atender. Este es el peculiar fresh start español: cuando el dinero vuelve a fluir a las entidades poco les importa que en sus fallidos, ya sean propios o de entidades absorbidas, ese caballero que quiere financiar un vehículo o hipotecarse figure como deudor de un préstamo, una tarjeta de crédito o una línea de descuento desde hace diez, quince o veinte años.
Como destaca el artículo al final, este estado de cosas no promueve una concesión de crédito responsable, ni una eficiencia en la utilización de recursos, ya sea por parte de los bancos intentando el cobro de deudas fallidas antiquísimas cada cierto tiempo, o por parte de los juzgados embargando saldos desde los años 90, y por supuesto, lo que sí promueve es la economía sumergida, ya tan “normalizada” que en algunas entidades financieras se daban estudios de viabilidad para conceder préstamos hipotecarios que sumaban los ingresos en B para poder aprobarlos.
Enhorabuena a los autores por el post. Lo sencillamente alucinante es que estas cosas lleguen al hemiciclo como escribe el diputado Mtnez Gorriarán y se rechacen.
Increíble es que llevemos 3 leyes publicadas sobre lo mismo (RDL 6/2012 medidas urgentes protección deudores hipotecarios sin recursos, RDL 8/2011 protección deudores hipotecarios, RDL 27/2012 medidas reforzar protección deudores hipotecarios), y no parece solucionarse el problema, a la espera de una cuarta, porque no se atreven a coger el toro por los cuernos y hacer lo que hay que hacer.
Y más alucinante es, el que hoy una CCAA, como Andalucía, anuncie, revistiéndola de medida comunista y social propia de república bananera, pero una ley que dará más dinero a los bancos y les solucionará un gran problema. Ese problema financiero mencionado latente. Aquí alguno se habrá extrañado, ¿cómo? ¿qué las expropiaciones ayudan a los bancos?
Pues a expensas del texto de la ley, y si está no impugnada por el 161 CE, hoy se ha anunciado que se va el expropiar el uso de pisos a los bancos para dejarlos en alquiler. Pero toda expropiación constitucionalmente conlleva justiprecio, algo que los comunistas no captan.
Así que por mucho que Gordillo lo celebre esta noche, la realidad es que los españoles han rescatado los bancos, y encima ahora al expropiarles el uso de los pisos, van a volver a pagar lo que previamente habían rescatado. Yo si fuera banquero quebrado estaría encantado. Me salvan de la quiebra y me rescatan y encima todos los pisos que tengo vacíos porque me niego a bajar los precios para no tocar los balances y que se sepa toda la porquería que tengo, pues viene Andalucía y me los expropia durante 3 años y me paga un justiprecio.
Menudo chollo!!
Mientras tanto, el Estado tiene un banco malo con cientos de miles de propiedades, Sareb, y aún así se va a pagar la expropiación de otros tantos cientos de miles por su uso, cuando simplemente podrían utilizarse los ya existentes. Incluso, puesto que las ayudas dudo mucho que los bancos las devuelvan, parte podrían convertirse en capitalización, el Estado se hace con la mayoría y el control, y se dedican los pisos a lo que se quiera sin pagar justiprecio.
¿hasta cuándo vamos a pagar el saneamiento de los balances de los bancos?
Enhorabuena por el post:
Creo que un problema adicional, además de la ignorancia, es el cortoplacismo. Si se permite a los deudores personas físicas acogerse a un proceso parecido al concursal, en un primer momento habrá más “impagos formalizados”. A corto plazo, eso elevará la morosidad hipotecaria. Evidentemente, estos créditos hipotecarios de los bancos acabarán dando problemas, pero se intenta, como sea, que no sea ahora. Creo que tenéis razón, es preferible reconocer los problemas ahora e intentar solucionarlos que confiar en una “mágica” recuperación que resuelva el problema, pero ésa, desgraciadamenta, es la estrategia con bastantes problemas, no sólo el de los desahucios.
Saludos cordiales,
Acabáramos…la solución al problema de los desahucios es…¡la mediación notarial!.Por lo que deduzco, eliminamos (solo a veces) el 1911 del código civil y presionamos a los acreedores para que acepten una mediación(que ya se insinúa obligatoria por el patrono de la fundación notarial constituida para casos similares), con la amenaza de condonación total y retroactiva…eso sí, para deudores de “insolvencia inimputable” , a los que se posibilitará que inicien otra actividad productiva (no se me ocurre quién les va a financiar en esas condiciones, ya tienen el carné de incumplidores no culpables…). El ministro del ramo, como dicen Paco y Elisa de la Nuez, está ocupado en sus cositas registrales, para “cobrarle al sufrido ciudadano por servicios hasta ahora inexistentes o gratuitos”…deduzco que, por coherencia, se propone implícitamente que la posible mediación notarial, hasta ahora inexistente en este ámbito, también sería gratis…también supongo que notarios y registradores no cobrarán sus aranceles a clientes con insolvencia no imputable …jo, como se os ve el plumero. Efectivamente, época propicia para lobbys.
Estimada “Ayloslobbys”,
Sin duda tú preferirás que las cosas queden como están. Que el sistema concursal sea básicamente un cementerio de empresas, por su rigidez. Que las personas con iniciativa empresarial sólo tengan una oportunidad, a pesar de lo difícil que resulta acertar a la primera y de todo lo que se aprende de los fracasos. ¡Como tenemos tanta vocación empresarial! Los últimos de Europa en porcentaje. Pero no importa, para ti sobran y hay que seguir acabando con ellos. En fin, que crees que nuestro sistema es tan bueno que no se deben hacer propuestas. Y si se hacen esconden oscuros egoísmos de Lobby.
Si prefieres regodearte en ese espíritu positivo eres libre. Pero como yo no tengo complejos me parece bien que se planteen iniciativas por las que determinados profesionales y/o funcionarios puedan prestar a la sociedad un servicio realmente útil.
Si se tratara de imponer nuevas obligaciones que no van a redundar en beneficio general, sino sólo en favor de determinado grupo, está bien oponerse. Yo lo hago cuando estas propuestas las hacen ciertos registradores, y lo haría si las hicieran notarios o abogados. Y lo intento hacer con argumentos, explicando por qué no favorece los intereses generales. Mucho más que detenerme en si pueden sacar algún beneficio razonable. Porque no pretendo que nadie trabaje gratis obligadamente.
Sin duda preferirías que los notarios y otros profesionales estuviéramos escondidos en alguna cueva esperando nuestra extinción. Pero yo creo que estamos infrautilizados y somos capaces de prestar muchas más funciones en beneficio de los ciudadanos. Que suponga facilitarles nuevos caminos que supongan mejores resultados y menos costes. Por eso no me duelen prendas en hacer este tipo de sugerencias. Y a los demás notarios que colaboramos en este Blog tampoco.
Un par de cosas para acabar. En este Blog somos bastante alérgicos a las discusiones corporativistas, pues preferimos poner el foco en el interés general. Y en los comentarios preferimos que la discusión se base en argumentos. Y no en la imputación de presuntos intereses mezquinos, sin aportar prueba alguna de ello.
Realmente la ley política que se cita en el primer párrafo excluye la palabra “legítima” y se formula (aproximadamente) así “cuando el sistema no atiende las demandas de los gobernados el sistema…. tiende a su final y antes o después será sustituido por otro”.
Es pues cuestión de “cuántos” gobernados comparten dichas “demandas”.
La primera vez que lo escuché en clase nos indignamos muchísimo porque dijo el profesor que era indiferente si hablábamos de dictaduras con democracia “orgánica” como entonces o democracias “parlamentarias”.
Nos lo acaba de demostrar Corea del Norte que, astutamente, clasifica formalmente a sus ciudadanos entre “leales”, “neutros” y “desleales”. Cada uno de ellos está identificado.
El régimen sabe que hoy el 55% es neutro, el 20% desleal y el 25% leal. Por lo tanto pueden dormir tranquilos por ese lado. El sistema está estable.
Con la propuesta de Matilde y Rodrigo es difícil no estar de acuerdo.
Es elegante, de sentido común, equitativa, está muy bien formulada y sin embargo no hay movimiento por ese lado desde el ejecutivo-legislativo. Tampoco desde la izquierda. Ni desde la de fachada ni la extrema.
¿Por qué?
No lo sé pero sin duda debe haber razones importantes. Se me ocurre la siguiente.
Jurídicamente tendemos a pensar de modo estable y que como las circunstancias del “imperio” mudan con lentitud las leyes se mueven a ritmo pausado. Así nos educamos y los clichés mentales permanecen.
Pero hace mucho que el sistema ha sufrido una profundísima mutación ,o mejor, varias profundas mutaciones con resultados sociológicos importantes.
Estas leyes de “fresh start” arrancan de los códigos de comercio (o de los jubileos mesopotámicos) en tiempos en los que el sistema financiero se sostenía al menos teóricamente en algo exógeno al sistema. Un metal. Mejor o peor esa era la creencia colectiva hasta 1971.
Hoy no. Hoy el sistema se “autosostiene” o, mejor, “se apoya en una de sus partes”, la gente menuda de la antes gran clase media.
Son muchos y tardan en darse cuenta del fenómeno. En las fases iniciales, además, todo va bien y nadie se preocupa.
Pero ya estamos en “Fase Avanzada” hoy ya hay en España algún que otro millón de insolventes reales (sin crédito posible) y el horizonte es que van a seguir creciendo por motivos que exceden este comentario.
Crear una ley que pueda ser usada por tres millones de personas, por ejemplo, destruye el sistema actual.
Exhibir esta debilidad equivale a destruirlo porque esto, hoy, se basa en una cosa: Fe, Confianza.
Y curiosamente el Código Penal comienza a comportarse como la Inquisición por lo que no tardaremos en ver que los ataques a la fe están incluidos en él. (Por ejemplo ya se habla en preámbulos de no debilitar el “bien público” del sistema crediticio)
Quizás, creo, por aquí van las cosas. No sólo en España, claro.
El ceteris paribus se acabó.
Saludos
Aquí parece que lo único que hay que resolver es el problema de “los desahuciados” y no es verdad. Lo que hay que arreglar es el problema general de la insolvencia de la persona física, ya proceda de la imposibilidad de pagar una deuda hipotecaria o de otras razones (paro, divorcios, enfermedades..). Y ése es el problema que viene a resolver el fresh start y no es una medida específicamente diseñada para el sobreendeudamiento hipotecario. De hecho, con ella no se evita la ejecución de la hipoteca en caso de impago y que el deudor se vaya “a la calle”, sino que tan solo resuelve el problema de la deuda pendiente tras la ejecución y para el deudor de buena fe.
Como ya he dicho en otras ocasiones http://www.elnotario.com/egest/noticia.php?id=3008&seccion_ver=0 solucionar el problema del sobreendeudamiento hipotecario es complejo y afecta a varias normas jurídicas, cuyos cambios pueden tener un impacto económico. Y una de las normas que hay que tocar es la Ley Concursal, pero no la única. También la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El objeto de este artículo ha sido aclarar que la dación en pago retroactiva no es la solución y que el cambio de la LC dando una salida adecuada a la insolvencia de la persona física, puede tener un impacto económico positivo: reducción del gasto público, creación de puestos de trabajo mediante un adecuado estímulo al espíritu emprendedor, y aumento de ingresos del Estado evitando que la única salida del deudor sea acudir a la economía sumergida.
El retraso normativo en España en esta materia es notable y el fresh start hasta los últimos años ha sido una institución prácticamente ignorada en los estudios relacionados con el Derecho Concursal, que ha estado concentrado en la insolvencia societaria. Ha habido una preterición “legal” y también “doctrinal” y de ahí la ignorancia acerca de esta medida y de su alcance. Pero como en todo, tenemos que progresar, primero en el pensamiento y luego en la legalidad. Y ya ha llegado la ahora de entrar en este último terreno, dado que el impacto negativo de “no tener fresh start”, ya lo estamos padeciendo: el índice de actividad empresarial en España es de los más bajos del mundo, los deudores son condenados a la exclusión social reclaman recursos económicos que el Estado está empezando a no poder proporcionar, caída del consumo y cierre de empresas y más paro…….
Y sobre todo tiene un efecto preventivo indudable: supone un estímulo a la salida convencional de la crisis (convenio concursal o mediación obligatoria que a mi juicio debe ser con mediadores juristas bien preparados) que evite el colapso judicial, estimula una adecuada valoración del riesgo crediticio, sin que vuelva a producirse el “desmadre” en la concesión de créditos que nos ha llevado a la situación actual.
A Reino Unido le sobra el agua. Es el ejemplo perfecto de aquello de “llueve a cántaros”. Por su simple posición geográfica -sí, increíblemente sólo por eso- no acabarán nunca tirándose de los pelos en cuanto a trasvases y demás. Sí además le añadimos que tienen grandes deshielos podemos asegurar que tienen agua para siglos.
Pues bien, cualquiera que haya estado por allí viviendo una temporada se habrá percatado de que generalmente su sistema de ducha, curiosamente, no permite regular la cantidad de agua que sale de la alcachofa. Es decir, uno no puede darle más o menos agua, porque sale un chorro lo suficientemente efectivo como para retirar el jabón con facilidad. Ni más, ni menos. El suficiente para su uso cotidiano. Imagino que a cualquier idiota eso no le dice nada, pero lo que ese sistema nos indica es que en Reino Unido tienen un serio respeto por el agua, aunque ésta sobre.
¿Qué nos indica también ésto? Pues que no les hace falta haber llegado a una situación de sequía para haber previsto una buena regulación que les asegure un gasto sostenible. Saben adelantarse a acontecimientos.
¿Qué nos indica ésto? Que el pensamiento colectivo británico tiende a la previsión de sus sistemas y a que esos sean sostenibles, independientemente de su contexto de abundancia o de sequía.
Por un lado, en España, al jurista medio no se le ocurre algo así en dos cientos siglos, porque es un cateto sistemáticamente hablando. Por otro, el usuario medio español sólo se quejaría de que de la alcachofa no sale el agua que él/ella quiere y que eso es clara vulneración a su derecho de sacar el agua que desee de la alcachofa de su casa. Que para eso la paga. Independientemente, de que el agua sea un bien de interés público o no.
Ahora, el que sepa de lo que está hablando, que lleve este ejemplo a por ejemplo las daciones en pago, clausulas bancarias y la situación del mercado inmobiliario español actual,en el que hay millones de pisos vacíos mientras a la gente la echan de sus casas o con 35 años está viviendo con sus padres.
Qué poco nos importaban estos temas de regulaciones cuando “todo iba bien”. Qué poco nos importaba el cómo y por qué, y que interés le ponemos ahora. A diferencia de los británicos, parece ser que aquí sí necesitamos sequías para entender si un sistema puede ser medianamenete sostenible o no. Parece ser que en España, a diferencia del Derecho británico, “previsión” es un concepto que no sale en ningún manual.
Y lo mejor es que todavía hay a quien le sorprende… Es alucinante.
P.D: al abogado de “la marca España”: oiga, esto es una web jurídica, la cómica creo que estaba en la otra URL.
Enhorabuena por el post, Mati y Rodrigo.
Marco y yo, como señalais, hemos defendido propuestas muy similares y basadas en argumentados estrechamente emparentados con los de vuestro artículo. Por razones de comparación internacional, de desapalancamiento de los hogares, de incentivo a actividades emprendedoras o simplemente de trabajo “visible” y no sumergido, de mejor reparto de riesgos entre deudores y acreedores, una liberación de deudas generosa -pero no alocada- en el concurso personal es la mejor opción para casi todos los que se han parado a pensar en la cuestión.
¿Cómo explicar entonces la reticencia de la banca y del Gobierno a su introducción en la legislación española? Por un lado, creo que el Gobierno y la administración no tienen criterio propio, y se limitan a dar expresión a la posición del sector financiero. Es lástima, pero es así, y no es un caso único, pues por desgracia uno de los problemas más serios de nuestro sector público es que nuestros responsables políticos y nuestros altos funcionarios no tienen criterio informado sobre muchas cuestiones fundamentales de política pública. Se limitan a repetir eslóganes, consignas, simplezas de Wikipedia, temas de su oposición u opiniones suministradas por los sectores afectados. lógicamente de parte.
Mi sensación -pero no es más que eso- es que el sector financiero español sigue muy débil y cree que no puede consentir aflorar una pérdida más en el corto plazo. el Gobierno está de acuerdo, porque trata de postergar cualquier mala noticia a tener una unión bancaria medio montada, y a ver si los demás pagan en parte los agujeros financieros españoles (se engañan, eso no ocurrirá, Alemania no lo permitirá).
¿Está justificado el temor ante los efectos de la liberación de deuda en el concurso? En el largo plazo, es evidente que los resultados serían positivos, por las razones apuntadas. Pero en el corto plazo, si gente que ahora está al límite, pero sigue pagando in extremis la hipoteca, porque ir al concurso personal es una opción sin ningún atractivo, ven que pidiendo el concurso se libran de las deudas, aunque pierdan todos sus activos preentes, es posible que se inclinen por la vía del concurso personal. De hecho, nuestras tasas de concurso personal son tan bajas comparadas con las de otros países (p. ej., son 100 veces inferiores a las inglesas) que aunque solo se reduzcan a la mitad o a la tercera parte las diferencias actuales entre las tasas de concurso, su morosidad a corto plazo puede aumentar muy peligrosamente.
Tenéis toda la razón en que habría mediación, e incentivos a la renegociación, y se pueden poner controles para paliar el riesgo moral de los deudores. Pero supongo que muchas de esas variables están fuera de su control en sus resultados finales, y creo que los bancos prefieren no arriesgar.
Solo así puedo explicarme la evidente reticencia de sector financiero y gobierno a adoptar soluciones, obviamente buenas, como las que proponéis.
Fernando, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo efectivamente que el Gobierno no tiene criterio propio en esta materia. El Ministerio de Justicia ni se lo ha planteado y el de Economía se limita a recibir las quejas del sector financiero, que en la duda prefiere que no salga nada. Y digo duda porque seguramente ni los mismos bancos conocen el impacto real de esta medida. Lo que es lamentable es que el Gobierno no haya tomado la iniciativa en esta materia y no haya convocado a especialistas que puedan hacer un serio análisis jurídico y sobre todo económico al respecto.
Al final, como conclusión, lo que este tema corrobora es que en la Administración al más alto nivel político no hay competencia ni capacidad, y que ese el el mejor escenario para los lobbys, entre los que no están, me temo, los deudores sin recursos.
El problema financiero es de máximo calado. Es tan enorme y de tal gravedad que es sencillamente milagroso que la tasa de morosidad esté donde está, aunque oficiosamente su magnitud pueda ser mucho mayor.
Ya no es noticia que los intereses de la deuda pública (ojo, no su amortización) sea la mayor partida de gasto en el presupuesto.
Nos parece razonable una prima de riesgo frente al bono alemán de 340 puntos básicos (es que llegó a estar hace menos de un año en 500.
Nos parece razonable que sean los alemanes quienes paguen nuestros pufos (solidaridad europea le llaman), olvidando que ellos solitos se pagaron la reconstrucción desde 0 de la Alemania “Democrática” mediante un impuesto especial que pagaron todos los alemanes vía IRPF que se llamó precisamente así: Impuesto de solidaridad. Todo mientras pagaban nuestros maravillosas infraestructuras (fondos de cohesión) y eso que a nosotros no tenían que pagarnos reparaciones de guerra ni la retirada de nuestra tropas de su territorio.
Acabo de oir a Sala i Martí hablr de la debacle que se va a producir si los cabezas cuadradas alemanes no ceden y permiten al Banco Central europeo imprimir billetes sin fin. ¿Que es la barra libre de liquidez a los bancos? ¿Acaso no fue precisamente esa la causa de un gravísimo problema económico en Alemania cuando Kohl cometió el histórico error de equiparar el marco alemán a los papelitos del otro lado del Muro?
Por otra parte no deja de sorprenderme que seamos precisamente los españoles quienes estemos en condiciones de dar lecciones de economía a los alemanes.
En todo este contexto se explica la reticencia del Gobierno a adoptar medidas generales de efectos insospechados en el corto plazo. Entre otras cosas porque 340.000 millones de euros en préstamos hipotecarios están sirviendo de colateral a los préstamos “barra libre” del Banco Central europeo al sistema bancario español. ¿Aprenderemos de lo que pasa cuando la demagogia se instala en los círculos de poder y las consecuencias duraderas y gravísimas de nefastas decisiones económicas?
Aventuro una respuesta: NO.
Enhorabuena por el post, muy esclarecedor.
La ignorancia del Ministro de Justicia, con un Ministerio lleno de juristas, alguno de ellos muy competentes (y conste que no es corporativismo) creo que es una muestra más de hasta que punto nuestra clase política está totalmente fuera de la realidad en todos los sentidos. Si encima algunos de esos juristas están entregados a buscar como cobrarle al sufrido ciudadano por unos servicios o hasta ahora inexistentes o hasta ahora gratuitos también podemos pensar que parte de nuestros funcionarios (o profesionales) públicos también vive fuera de la realidad, y les aseguro que desgraciadamente hay bastantes que o no se enteran o no se quieren enterar. Como bien dice algún comentarista, podemos empezar a cuestionarnos también a una parte de la profesión. ¿Se puede ser un buen jurista si se maneja muy bien la técnica pero no se lee nunca nada que no sea el BOE? ¿Se puede ser buen jurista siendo siempre cortoplacista o directamente aprovechado? ¿Se puede ser buen jurista sin pensar un poco en el Derecho y en la Justicia con mayúsculas o simplemente sin pensar? Yo creo que no.
Muchas gracias Fernando. Coincido con tus reflexiones, pero insisto en que ese temor al que haces referencia y que es real, respecto a que se puede alterar la cultura de pago no está justificado, tal y como hemos señalado Rodrigo y yo en el artículo. Hay que dejar claro que una persona que puede pagar sus deudas, aunque sea “in extremis”, no puede beneficiarse nunca de una exoneración del pasivo pendiente por más que acuda al concurso. Éste es de un remedio excepcional y no cabe pensar que, de aprobarse el fresh start, el proceso concursal se vaya a convertir en un “burladero”. Pero claro, para que esto no suceda, hay que regularlo bien
Me parece una gran idea, si se hace bien y se evita la proverbial picaresca patria. Sin embargo, tampoco es del todo cierto que los acreedores no renegocien los préstamos hipotecarios o no tengan incentivos suficientes. La renegociación de hipotecas en mora sucede a diario y, de existir, incluyen otros productos financieros, ya estén o no en morosidad, que el deudor mantenga con la entidad. Por refinanciar, incluso lo hacen sobre asuntos ya en ejecución judicial. Amén de las quitas que llegan a aceptar sobre el remanente si la realidad económica del deudor así lo aconseja.
Por otra parte, hay un cierto fresh start, a la española digamos, que ya se da en la práctica sea por las dificultades de cobrarse lo debido, sea por negligencia de las entidades a la hora de conceder crédito y, seguramente, por la falta de cultura financiera que hay en este país. Me explico: existen no pocas familias a las que les ha pillado con el pie cambiado cada una de las crisis económicas que han atravesado. Tuvieron problemas en los 80 con Banca Catalana, a mediados de los 90 con Banesto y con Barclays a finales de esta década pasada. Ahora, tienen su hipoteca con CatalunyaBank a punto de ejecutarse, junto con pequeños créditos al consumo y tarjetas de un puñado de EFC’s que ni atienden ni podrán atender. Este es el peculiar fresh start español: cuando el dinero vuelve a fluir a las entidades poco les importa que en sus fallidos, ya sean propios o de entidades absorbidas, ese caballero que quiere financiar un vehículo o hipotecarse figure como deudor de un préstamo, una tarjeta de crédito o una línea de descuento desde hace diez, quince o veinte años.
Como destaca el artículo al final, este estado de cosas no promueve una concesión de crédito responsable, ni una eficiencia en la utilización de recursos, ya sea por parte de los bancos intentando el cobro de deudas fallidas antiquísimas cada cierto tiempo, o por parte de los juzgados embargando saldos desde los años 90, y por supuesto, lo que sí promueve es la economía sumergida, ya tan “normalizada” que en algunas entidades financieras se daban estudios de viabilidad para conceder préstamos hipotecarios que sumaban los ingresos en B para poder aprobarlos.
Enhorabuena a los autores por el post. Lo sencillamente alucinante es que estas cosas lleguen al hemiciclo como escribe el diputado Mtnez Gorriarán y se rechacen.
Increíble es que llevemos 3 leyes publicadas sobre lo mismo (RDL 6/2012 medidas urgentes protección deudores hipotecarios sin recursos, RDL 8/2011 protección deudores hipotecarios, RDL 27/2012 medidas reforzar protección deudores hipotecarios), y no parece solucionarse el problema, a la espera de una cuarta, porque no se atreven a coger el toro por los cuernos y hacer lo que hay que hacer.
Y más alucinante es, el que hoy una CCAA, como Andalucía, anuncie, revistiéndola de medida comunista y social propia de república bananera, pero una ley que dará más dinero a los bancos y les solucionará un gran problema. Ese problema financiero mencionado latente. Aquí alguno se habrá extrañado, ¿cómo? ¿qué las expropiaciones ayudan a los bancos?
Pues a expensas del texto de la ley, y si está no impugnada por el 161 CE, hoy se ha anunciado que se va el expropiar el uso de pisos a los bancos para dejarlos en alquiler. Pero toda expropiación constitucionalmente conlleva justiprecio, algo que los comunistas no captan.
Así que por mucho que Gordillo lo celebre esta noche, la realidad es que los españoles han rescatado los bancos, y encima ahora al expropiarles el uso de los pisos, van a volver a pagar lo que previamente habían rescatado. Yo si fuera banquero quebrado estaría encantado. Me salvan de la quiebra y me rescatan y encima todos los pisos que tengo vacíos porque me niego a bajar los precios para no tocar los balances y que se sepa toda la porquería que tengo, pues viene Andalucía y me los expropia durante 3 años y me paga un justiprecio.
Menudo chollo!!
Mientras tanto, el Estado tiene un banco malo con cientos de miles de propiedades, Sareb, y aún así se va a pagar la expropiación de otros tantos cientos de miles por su uso, cuando simplemente podrían utilizarse los ya existentes. Incluso, puesto que las ayudas dudo mucho que los bancos las devuelvan, parte podrían convertirse en capitalización, el Estado se hace con la mayoría y el control, y se dedican los pisos a lo que se quiera sin pagar justiprecio.
¿hasta cuándo vamos a pagar el saneamiento de los balances de los bancos?
Enhorabuena por el post:
Creo que un problema adicional, además de la ignorancia, es el cortoplacismo. Si se permite a los deudores personas físicas acogerse a un proceso parecido al concursal, en un primer momento habrá más “impagos formalizados”. A corto plazo, eso elevará la morosidad hipotecaria. Evidentemente, estos créditos hipotecarios de los bancos acabarán dando problemas, pero se intenta, como sea, que no sea ahora. Creo que tenéis razón, es preferible reconocer los problemas ahora e intentar solucionarlos que confiar en una “mágica” recuperación que resuelva el problema, pero ésa, desgraciadamenta, es la estrategia con bastantes problemas, no sólo el de los desahucios.
Saludos cordiales,
Acabáramos…la solución al problema de los desahucios es…¡la mediación notarial!.Por lo que deduzco, eliminamos (solo a veces) el 1911 del código civil y presionamos a los acreedores para que acepten una mediación(que ya se insinúa obligatoria por el patrono de la fundación notarial constituida para casos similares), con la amenaza de condonación total y retroactiva…eso sí, para deudores de “insolvencia inimputable” , a los que se posibilitará que inicien otra actividad productiva (no se me ocurre quién les va a financiar en esas condiciones, ya tienen el carné de incumplidores no culpables…). El ministro del ramo, como dicen Paco y Elisa de la Nuez, está ocupado en sus cositas registrales, para “cobrarle al sufrido ciudadano por servicios hasta ahora inexistentes o gratuitos”…deduzco que, por coherencia, se propone implícitamente que la posible mediación notarial, hasta ahora inexistente en este ámbito, también sería gratis…también supongo que notarios y registradores no cobrarán sus aranceles a clientes con insolvencia no imputable …jo, como se os ve el plumero. Efectivamente, época propicia para lobbys.
Estimada “Ayloslobbys”,
Sin duda tú preferirás que las cosas queden como están. Que el sistema concursal sea básicamente un cementerio de empresas, por su rigidez. Que las personas con iniciativa empresarial sólo tengan una oportunidad, a pesar de lo difícil que resulta acertar a la primera y de todo lo que se aprende de los fracasos. ¡Como tenemos tanta vocación empresarial! Los últimos de Europa en porcentaje. Pero no importa, para ti sobran y hay que seguir acabando con ellos. En fin, que crees que nuestro sistema es tan bueno que no se deben hacer propuestas. Y si se hacen esconden oscuros egoísmos de Lobby.
Si prefieres regodearte en ese espíritu positivo eres libre. Pero como yo no tengo complejos me parece bien que se planteen iniciativas por las que determinados profesionales y/o funcionarios puedan prestar a la sociedad un servicio realmente útil.
Si se tratara de imponer nuevas obligaciones que no van a redundar en beneficio general, sino sólo en favor de determinado grupo, está bien oponerse. Yo lo hago cuando estas propuestas las hacen ciertos registradores, y lo haría si las hicieran notarios o abogados. Y lo intento hacer con argumentos, explicando por qué no favorece los intereses generales. Mucho más que detenerme en si pueden sacar algún beneficio razonable. Porque no pretendo que nadie trabaje gratis obligadamente.
Sin duda preferirías que los notarios y otros profesionales estuviéramos escondidos en alguna cueva esperando nuestra extinción. Pero yo creo que estamos infrautilizados y somos capaces de prestar muchas más funciones en beneficio de los ciudadanos. Que suponga facilitarles nuevos caminos que supongan mejores resultados y menos costes. Por eso no me duelen prendas en hacer este tipo de sugerencias. Y a los demás notarios que colaboramos en este Blog tampoco.
Un par de cosas para acabar. En este Blog somos bastante alérgicos a las discusiones corporativistas, pues preferimos poner el foco en el interés general. Y en los comentarios preferimos que la discusión se base en argumentos. Y no en la imputación de presuntos intereses mezquinos, sin aportar prueba alguna de ello.
Realmente la ley política que se cita en el primer párrafo excluye la palabra “legítima” y se formula (aproximadamente) así “cuando el sistema no atiende las demandas de los gobernados el sistema…. tiende a su final y antes o después será sustituido por otro”.
Es pues cuestión de “cuántos” gobernados comparten dichas “demandas”.
La primera vez que lo escuché en clase nos indignamos muchísimo porque dijo el profesor que era indiferente si hablábamos de dictaduras con democracia “orgánica” como entonces o democracias “parlamentarias”.
Nos lo acaba de demostrar Corea del Norte que, astutamente, clasifica formalmente a sus ciudadanos entre “leales”, “neutros” y “desleales”. Cada uno de ellos está identificado.
El régimen sabe que hoy el 55% es neutro, el 20% desleal y el 25% leal. Por lo tanto pueden dormir tranquilos por ese lado. El sistema está estable.
Con la propuesta de Matilde y Rodrigo es difícil no estar de acuerdo.
Es elegante, de sentido común, equitativa, está muy bien formulada y sin embargo no hay movimiento por ese lado desde el ejecutivo-legislativo. Tampoco desde la izquierda. Ni desde la de fachada ni la extrema.
¿Por qué?
No lo sé pero sin duda debe haber razones importantes. Se me ocurre la siguiente.
Jurídicamente tendemos a pensar de modo estable y que como las circunstancias del “imperio” mudan con lentitud las leyes se mueven a ritmo pausado. Así nos educamos y los clichés mentales permanecen.
Pero hace mucho que el sistema ha sufrido una profundísima mutación ,o mejor, varias profundas mutaciones con resultados sociológicos importantes.
Estas leyes de “fresh start” arrancan de los códigos de comercio (o de los jubileos mesopotámicos) en tiempos en los que el sistema financiero se sostenía al menos teóricamente en algo exógeno al sistema. Un metal. Mejor o peor esa era la creencia colectiva hasta 1971.
Hoy no. Hoy el sistema se “autosostiene” o, mejor, “se apoya en una de sus partes”, la gente menuda de la antes gran clase media.
Son muchos y tardan en darse cuenta del fenómeno. En las fases iniciales, además, todo va bien y nadie se preocupa.
Pero ya estamos en “Fase Avanzada” hoy ya hay en España algún que otro millón de insolventes reales (sin crédito posible) y el horizonte es que van a seguir creciendo por motivos que exceden este comentario.
Crear una ley que pueda ser usada por tres millones de personas, por ejemplo, destruye el sistema actual.
Exhibir esta debilidad equivale a destruirlo porque esto, hoy, se basa en una cosa: Fe, Confianza.
Y curiosamente el Código Penal comienza a comportarse como la Inquisición por lo que no tardaremos en ver que los ataques a la fe están incluidos en él. (Por ejemplo ya se habla en preámbulos de no debilitar el “bien público” del sistema crediticio)
Quizás, creo, por aquí van las cosas. No sólo en España, claro.
El ceteris paribus se acabó.
Saludos
La verdad es que parece una idea bastante interesante. En el caso de las personas que suelen acudir a los grupos de afectados por problemas de desahucio, y cuyo único patrimonio es la vivienda, el efecto es similar al de la dación en pago, en el fondo: se pierde la casa y se condona toda la deuda.
Aunque no consigo imaginar cuáles serían los efectos procesales de esta propuesta, que en la ILP de la PAH son mucho más sencillos: una simple solicitud en el marco de un proceso de ejecución hipotecaria en curso. Cierto que eso no permite diferenciar entre deudores de buena y de mala fe, pero podrían establecerse unos sencillos criterios que el juez podría controlar (en este sentido, creo que lo que establece la disposición adicional segunda del decreto-ley 6/2013 de la Junta de Andalucía es una buena orientación).
Y, por último, una ley de segunda oportunidad no resuelve uno de los grandes problemas que afectan a estas personas, y es que se quedan en la calle. Tanto la ILP de la PAH como el decreto-ley de la Junta buscan crear una situación transitoria (respectivamente, 5 y 3 años) donde, bajo determinadas condiciones, se pueda habitar una casa por una renta no superior a un porcentaje de los ingresos de esta persona. Claro que eso cuesta dinero, pero si hay que gastarlo en algo que sea en dar un techo a la gente.
Estimado Rafa,
Es que el dinero conforme están las cosas, y más en Andalucía es muy importante. Que estamos viendo diariamente los recortes, vamos. Y yo creía que el dinero ya se había gastado en el rescate bancario y para eso se ha aumentado el déficit, y se ha creado un banco malo con cientos de miles de viviendas en toda España. Es que me parece una barbaridad que exista un banco malo a costa del caudal público y encima haya que pagar el justiprecio del usufructo. Encima que todos los españolitos rescatamos a los bancos y no se deja que quiebren como se debería, encima, todos los pisos vacíos que nos tenemos que comer, y vamos y les pagamos el alquiler!!
Pd. El que no se pueda diferenciar entre buena y mala fe, a mí me parece algo muy importante vamos. Fundamental.
La verdad es que parece una idea bastante interesante. En el caso de las personas que suelen acudir a los grupos de afectados por problemas de desahucio, y cuyo único patrimonio es la vivienda, el efecto es similar al de la dación en pago, en el fondo: se pierde la casa y se condona toda la deuda.
Aunque no consigo imaginar cuáles serían los efectos procesales de esta propuesta, que en la ILP de la PAH son mucho más sencillos: una simple solicitud en el marco de un proceso de ejecución hipotecaria en curso. Cierto que eso no permite diferenciar entre deudores de buena y de mala fe, pero podrían establecerse unos sencillos criterios que el juez podría controlar (en este sentido, creo que lo que establece la disposición adicional segunda del decreto-ley 6/2013 de la Junta de Andalucía es una buena orientación).
Y, por último, una ley de segunda oportunidad no resuelve uno de los grandes problemas que afectan a estas personas, y es que se quedan en la calle. Tanto la ILP de la PAH como el decreto-ley de la Junta buscan crear una situación transitoria (respectivamente, 5 y 3 años) donde, bajo determinadas condiciones, se pueda habitar una casa por una renta no superior a un porcentaje de los ingresos de esta persona. Claro que eso cuesta dinero, pero si hay que gastarlo en algo que sea en dar un techo a la gente.
La mediación extrajudicial en Francia está fracasando por su enorme coste.
Personalmente, todo lo extrajudicial me ha parecido siempre eficiente pero ineficaz; y lo judicial eficaz, pero ineficiente. Además, sin una fase común ¿cómo se determinaría con quien se debe negociar, y por cuánto?
Si en España se introduce finalmente otro elemento jurídico-cultural francés, preveo castañazo.
Prefiero de largas algo como el Restschuldbefreiung, al que pueden acudir incluso pequeños empresarios.
En cuanto a la dación en pago, hay que tocar el 115.4 y el 92.3º LC entre otros.
Y finalmente, la limitación de responsabilidad de la persona natural tiene que ser abordada desde el derecho civil. Interesante la teoría francesa de la propersonalité (me trago lo que he dicho antes de los franceses).
Por lo demás, obviando los ataques al gobierno, de acuerdo con casi todo.
He leído y conocido vuestra propuesta en el artículo del diario El País, lego en materia legal y económica, por desgracia en el nivel medio español, sinceramente pensaba que la inteligencia se había exiliado a Alemania.
Os doy mi enhorabuena por difundir y sacar a la luz pública una propuesta que sin tener intención de ser el bálsamo fierabrás solucionaría la situación infrahumana de cientos de miles de españoles que han quedado no solo en la indigencia sino en la exclusión social, abocados a la marginalidad y la ilegalidad.
El sentido común y la supervisión de los jueces podrían evaluar a quién realmente ha quedado en la imposibilidad real de asumir una deuda, que como todos sabemos, fue creada con el incentivo de las entidades crediticias, y tener esa segunda oportunidad. En el pecado bancario también debe estar la penitencia. Esta norma no solucionaría el tema de la vivienda ;este es otro problema que necesita personas inteligentes con soluciones pragmáticas que partiendo de nuestra realidad, cientos de miles de viviendas vacías y cientos de miles de familias en la calle, cumpla con el contrato social firmado en la transición que se llama Constitución. Lo dicho, enhorabuena por vuestra aportación.
He leído y conocido vuestra propuesta en el artículo del diario El País, lego en materia legal y económica, por desgracia en el nivel medio español, sinceramente pensaba que la inteligencia se había exiliado a Alemania.
Os doy mi enhorabuena por difundir y sacar a la luz pública una propuesta que sin tener intención de ser el bálsamo fierabrás solucionaría la situación infrahumana de cientos de miles de españoles que han quedado no solo en la indigencia sino en la exclusión social, abocados a la marginalidad y la ilegalidad.
El sentido común y la supervisión de los jueces podrían evaluar a quién realmente ha quedado en la imposibilidad real de asumir una deuda, que como todos sabemos, fue creada con el incentivo de las entidades crediticias, y tener esa segunda oportunidad. En el pecado bancario también debe estar la penitencia. Esta norma no solucionaría el tema de la vivienda ;este es otro problema que necesita personas inteligentes con soluciones pragmáticas que partiendo de nuestra realidad, cientos de miles de viviendas vacías y cientos de miles de familias en la calle, cumpla con el contrato social firmado en la transición que se llama Constitución. Lo dicho, enhorabuena por vuestra aportación.
Enhorabuena Matilde y Rodrigo por el artículo, que es clarísimo.
El problema de fondo es efectivamente que las normas se hacen con miedo a los poderosos (en este caso los Bancos) y con demagogia (de cara a la galería).
La justicia de las soluciones interesa poco, como se ha puesto de manifiesto en el RD Ley de suspensión de los lanzamientos, que supone una solución ilógica que además se aplica de manera casi aleatoria (dependiendo de si hay compradores o no para tu vivienda…).
El problema, al final, es también de tipo moral: la ética y la justiica no son lujos que los políticos no se pueden permitir sino la base de cualquier solución. A la larga, no hay nada más ineficiente que la injusticia.
¡ Muy bien! Es un magnífico resumen de esa larga cadena de acciones dirigida a lograr el equilibrio de los procedimientos de ejecución y la entrada en nuestro derecho de tratamientos considerados y respetuosos con los derechos constitucionales de la ciudadanía. Ciertamente los argumentos que habéis utilizado se han convertido en patrimonio común de todos los que estamos “empujando” una reforma legal. ¡Enhorabuena!
Os dejo un vídeo para quien dude del tira y afloja de los oligarcas con la sociedad http://youtu.be/Cv27TjjM-JI
Os dejo un vídeo para quien dude del tira y afloja de los oligarcas con la sociedad http://youtu.be/Cv27TjjM-JI