La transparencia y la regla “follow the money”: también vale para sindicatos y organizaciones empresariales
Sigue el Proyecto de Ley de Transparencia su complejísima tramitación en el Congreso, con la confesada intención de convertirse en la ley de transparencia más avanzada del mundo, para asombro de generaciones presentes y futuras, así que, paciencia. Como pese a las declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno proclamando un cambio radical en el enfoque del Proyecto de Ley no tenemos por ahora (o no lo tengo yo, vaya) ningún borrador o texto alternativo al que entró en el Congreso allá por el mes de septiembre no puedo opinar mucho sobre esta anunciada reforma, más allá de lamentar que los grandes partidos se cierren en banda a configurar el derecho a la información pública como un derecho fundamental y a regularlo por ley orgánica. Pero, de nuevo, los grupos nacionalistas se tientan la ropa ante el supuesto ataque a la sacrosanta autonomía, autorregulación, autoorganización, autocontrol y yomeloguisoyomelocomo y el Gobierno prefiere pactar con el establishment antes que dar satisfacción a las expectativas de los ciudadanos. Nada nuevo bajo el sol.
Pero dejémoslo aquí, dado que como jurista anticuada que soy no me gusta opinar sobre declaraciones o ppts. Esperemos por lo menos a que haya algo parecido a un texto normativo o al menos algún informe. En todo caso, lo que sí parece es que se va a ampliar el ámbito subjetivo de la Ley para recoger en la misma a entidades “privadas” que reciben dinero público, al menos en cuanto a ese dinero público. Se trata de la regla “follow the money”.
Oigan, pues ha sido hablar de incluir a organizaciones como sindicatos y organizaciones empresariales, cuya financiación con cargo al erario público es muy importante (como aclara este post de Jose María Pérez sobre financiación de los sindicatos, sobre organizaciones empresariales no hemos publicado nada porque no es nada fácil encontrar los datos) y empezar las declaraciones “a la defensiva” de los afectados
Lo primero es trampear un poco con los datos. Así alegan que realmente estas organizaciones reciben pocos fondos públicos y que casi toda su financiación es privada. Claro que como son organizaciones tan opacas no es fácil saber nada acerca de sus cuentas, pero habida cuenta de que la disminución de las subvenciones públicas ha llevado a algunos ERES por lo menos en los grandes sindicatos (de hecho para justificar estos ERES los sindicatos han dicho precisamente que se les habían reducido subvenciones “finalistas” parece que la financiación pública sí que es muy importante. Tan importante que si se recorta (no digamos ya si se suprime) estas organizaciones tendrían serios problemas de supervivencia, al menos con sus características actuales.
Pero es más, es que los sindicatos también tienen fundaciones como los partidos políticos. Y participan en actividades empresariales Así, CCOO ha constituido diversas Fundaciones (Fundación para la Formación y el Empleo “Miguel Escalera”, Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga, Fundación 1º de Mayo, Instituto Siondical de Trabajo, Ambiente y Salud). Existe una denominada Red Fundaciones http://www.1mayo.ccoo.es/nova/ compuesta porCentre d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES) | Fundación Sindical de Estudios | Fundación Sindicalismo y Cultura | Fundación Juan Muñiz Zapico | Fundación 10 de Marzo | Fundación de Estudios Sindicales. Archivo Histórico de CCOO Andalucía | Fundaciód’Estudis i IniciativesSociolaborals (FEIS) | Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales (FIES) | Fundación Cultura y Estudios | Fundació Cipriano García Por cierto que la web de la FIES está en chino, no es broma. UGT, por su lado ha constituido entre otras las siguientes Fundaciones: Fundación Bernardo Aladrén, Fundació La Fàbrica, Fundación Francisco Largo Caballero, Fundación Pascual Tomás, Fundación Luís Tilve…
Por supuesto todas estas Fundaciones también perciben subvenciones, es más, de no existir las subvenciones cerrarían tal y como se refleja en el Informe de Auditoría sobre la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga (CCOO); esta Fundación se dedica a la cooperación internacional y como la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional) dejó sin efecto en 2012 las subvenciones para cooperación internacional el Informe de Auditoría pone en duda el futuro de dicha Fundación
Nos aclaran no obstante estas organizaciones es que no todo el dinero público es igual. Así diferencian entre las subvenciones “a fondo perdido” o no finalistas (es decir, el dinero público no destinado a alguna finalidad específica) de las subvenciones “finalistas” donde –al menos teóricamente- hay que gastarse el dinero precisamente en la finalidad para cuya consecución se otorga la subvención. Al parecer estas últimas no cuentan. Pero resulta que representan un dineral. El caso es que las subvenciones (finalistas o no) como gasto público, deben ajustarse a los principios de eficiencia y economía (artículo 31.2 CE y 8.3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones). Ello implicaría comprobar si los gastos justificados cumplen esos requisitos (por ejemplo si los sueldos de los que trabajan en los sindicatos o en las organizaciones empresariales pueden considerarse como normales o son elevados, si el procedimiento de adquisición de bienes y servicios respeta los principios normales de mercado en operaciones similares, etc etc).
Eso sin olvidarnos de la formación a cargo de la cuota de formación profesional de los sindicatos. Conviene recordar que la cuota de formación profesional es el resultado de aplicar el tipo de 0,70% a la base de cotización por contingencias profesionales a la Seguridad Social. De ese 0,70%, un 0,1% es la parte que se detrae de la nómina del trabajador y un 0,60% es la parte que soporta la empresa. Una parte de este dinero es gestionado por la denominada Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en la que participan el Ministerio de Trabajo e Inmigración por la Administración, la CEOE y CEPYME como representantes de la empresa y CCOO, UGT y CIG como organizaciones sindicales más representativas. ¿Y qué decir de los cursos para pymes y empresas de la patronal, también subvencionados? Pues lamentablemente poco, porque poco sabemos. Eso sí, algún día querríamos escribir sobre este tema –ya nos lo han sugerido- si es que algún amable lector o colaborador es capaz de proporcionarnos información suficiente, dado que no nos gusta hablar de oídas.
No hace falta que les diga que el Tribunal de Cuentas español nunca ha auditado las cuentas ni de los sindicatos ni de las organizaciones empresariales. No es que la fiscalización del Tribunal sirva de gran cosa, pero supongo que al menos la necesidad de mandárselas introduciría algún tipo de control. La excusa, ya la saben: es que son entidades privadas. Pero claro, entidades privadas que reciben muchísimo dinero público. Y, por supuesto, como tampoco son sociedades mercantiles olvídense de los mecanismos habituales de control que se aplican a las cuentas de las empresas. Pero es que tampoco se controlan las subvenciones que reciben. Total, que el Tribunal de Cuentas no ha fiscalizado nunca las subvenciones percibidas por los sindicatos destinadas al ejercicio de su actividad sindical. Sí ha fiscalizado subvenciones destinadas a programas de formación continua (FORCEM) dónde descubrió numerosos fraudes (El último Informe al respecto es de 2002 Informe de fiscalización sobre los fondos públicos destinados a la formación continua de trabajadores, ejercicios 1996, 1997 y 1998), tales como facturas de cursos inexistentes, costes falsos, etc, de los que se beneficiaron las organizaciones empresariales y los sindicatos. Ello provocó la extinción de FORCEM y que se creara la llamada Fundación Tripartita. Probablemente por ese motivo, desde el Informe de 2002 no se ha vuelto a fiscalizar ninguna subvención de cursos de formación. percibida por sindicatos. La Sindicatura de Cuentas de Cataluña si ha fiscalizado las subvenciones percibidas por los sindicatos con fondos de entidades del sector público catalán (autonómicos y locales) desacando el otorgamiento de subvenciones de forma directa, sin convocatoria ni publicidad previa. Parece que esto de otorgar subvenciones directamente sin publicidad alguna debe ser bastante común en el ámbito autonómico y, sobre todo, en el local.
Pero no acaba aquí la cosa. Para evitar ser transparentes han invocado también desde la libertad sindical –que al parecer quedaría muy mermada si se exige saber qué se hace con el dinero público- a la libertad de empresa, pasando por la competitividad, la protección a la intimidad y, como no, la capacidad de autoorganización. eufemismo que permite preservar la opacidad y la falta de control que habitualmente reinann en estas organizaciones. ¿O creen ustedes que es casualidad, por ejemplo, que el anterior Presidente de la CEOE esté en la cárcel o que el vicepresidente actual tenga unos problemillas de nada con la Seguridad Social pero siga siendo uno de los proveedores favorito del PP especialmente en la CAM? ¿O que el secretario general de UGT lleve 20 años al frente del sindicato y gane las elecciones con el 86% de los votos? A mí me parece que es más probable que este tipo de situaciones sea el resultado de una situación interna donde prima el secretismo, las camarillas, el clientelismo, la falta de democracia interna y de rendición de cuentas, donde la cúpula lo controla todo y donde se ha producido una “selección adversa” de los dirigentes.
¿Les suena? Pues sí, porque nuestros grandes sindicatos y organizaciones empresariales se parecen mucho a nuestros partidos políticos, no en vano fueron diseñados (o rediseñados) de forma parecida al comienzo de la Transición y han sido también colonizados o mediatizados éstos. Va a ser también muy difícil reformarlos desde dentro. La suplantación de la voluntad de afiliados y empresas por las cúpulas es también similar. En definitiva, son instituciones esenciales para el buen funcionamiento de la economía de mercado cuyo impresionante deterioro exige una reforma urgente. Pero los que están al mando no lo van a hacer, porque no les interesa. Obligarles a ser transparentes puede ser un buen comienzo. Es urgente someter a estas organizaciones “privadas” tan generosamente regadas por nuestros impuestos a las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia. Al menos hasta donde llega la regla “follow the money”, en este caso nuestro money.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
Elisa, cuando yo vea q los INGRESOS del rey ajenos a Presupuestos Generales del Estado, quedan sometidos a Transparencia me creeré esta historia.
No tengo tiempo de responder tanta información sesgada. Sí puedo enlazar la comparecencia de CCOO y UGT en el Congreso para que los lectores del blog puedan conocer de primera mano lo que dijeron sobre la ley de transparencia y contrastarlo con las afirmaciones que se hacen en el post. http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-336.PDF
Un saludo,
Pues es una verdadera lástima. Siendo tan sesgada la información de la Sra. de la Nuez, debería ser fácil rebatirla, incluso con un corta-pega que resumiera el argumentario para defender lo indefendible. No se puede pretender defender las bondades de un sistema generosísimamente financiado con recursos públicos cuando el beneficiario se resiste como gato panza arriba a su debida fiscalización.
Se podría resumir en: Transparencia, SÏ, pero para los demás.
después de leer la comparecencia en el enlace, comparto la opinión de Elisa de la Nuez.
La comparecencia anuncia un “compromiso” de transparencia, pero que “también lo hagan otros”. Total respeto al relevante papel que tienen en la sociedad, al respeto a los principios de libertad sindical y cualesquiera otros, pero ¿qué tiene que ver que representen esos principios con el hecho de que deban dar cuentas de los fondos públicos que reciben en cualquier concepto? No se trata de cuestionar el fin, sino de dar explicaciones por la gestión de un dinero que no es del Gobierno de turno, es de todos, es de la sociedad, a la que hay que rendir cuentas.
La realidad es la que es: si hay voluntad de transparencia, póngase ya a disposición de cualquier ciudadano toda la documentación a que hace referencia el artículo.Hágase ya, tanto la de los sindicatos como la de los empresarios. Es muy sencillo: YA
Juan, déjate de milongas si los “sindicatos” son preceptores de subvenciones públicas tienen que dar cuenta de lo que hacen con las mismas, desde el primero al último céntimo. Yo he estado afiliado durante más de 40 años a UGT, y jamás he visto una “comisión de cuentas” constituida para un análisis detallado de las mismas. Los “sindicatos de clase” y las “organizaciones empresariales” han medrado y continúan medrando del dinero público -que en Andalucía- no son precisamente migajas. Tienen unas sedes y estructuras que a todas luces, resultan excesivas para los servicios que prestan y que deberían prestar -no lo hacen- al conjunto de los trabajadores. Así las cosas, lo tienen muy fácil: dinero público (subvenciones) = TRANSPARENCIA con mayúsculas. Hoy por hoy se han transformado en un conglomerado de “chiringuitos” para el solaz, recreo y buen vivir de sus dirigentes. Sé perfectamente lo que digo.
Yo lo que quiero saber es por qué una fundación dedicada a la “dinamización del debate educativo en España” (sea lo que sea eso) tienen su página web en Chino. Alguna razón tiene que haber ¿no?.
Me llamó poderosísimamente la atención la intervención del representante de la CEOE en el Congreso en el que exigió quedar exentos de la Ley de Transparencia al tiempo que la pedía entre otros, “para los notarios” (sic).
Tal exigencia no puede causar sino perplejidad, por cuanto los aranceles son públicos (BOE), el importe de los honorarios de cada documento debe reflejarse en el mismo, la actividad notarial es rogada y no está subvencionada en modo alguno por ningún poder público (más bien unos documentos subvencionan otros cuya retribución es claramente inferior a su coste). Incluso hay actuaciones notariales gratuitas, en las que es el notario quien subvenciona totalmente al Estado y no al revés, como la toma de juramento o promesa de los nacionalizados.
La relación económica entre el notario y su cliente es estrictamente privada, aún fuertemente regulada. El notariado no es una ONG ni en sentido propio ni en el comúnmente aceptado.
Curiosamente los notarios sí formamos parte de la CEOE, al menos formalmente a través de una asociación, al único objeto de poder suscribir convenios colectivos con los sindicatos más representativos. Para esto no hace falta poder expreso a favor de los representantes colectivos.
Los pájaros (en sentido figurado) disparando a las escopetas (también en sentido figurado).
Señor Juan AV, publiquen las cuentas y se acabará la “información sesgada”. En vez de la comparecencia en el Congreso, enlácenos por favor sus cuentas de forma pública para que todos los ciudadanos que contribuimos tan generosamente con nuestros impuestos a la financiación de los sindicatos mayoritarios podamos conocer en qué se gasta nuestro dinero. O renuncien al dinero público y financiense con las cuotas sindicales o como puedan. Entonces sí que me va a importar un pimiento en qué se gastan el dinero.
Enhorabuena a la autora por el post. Hay que tener la cara como el hormigón armado para decir que son empresas privadas.
Elisa, cuando yo vea q los INGRESOS del rey ajenos a Presupuestos Generales del Estado, quedan sometidos a Transparencia me creeré esta historia.
No tengo tiempo de responder tanta información sesgada. Sí puedo enlazar la comparecencia de CCOO y UGT en el Congreso para que los lectores del blog puedan conocer de primera mano lo que dijeron sobre la ley de transparencia y contrastarlo con las afirmaciones que se hacen en el post. http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-336.PDF
Un saludo,
Yo lo que quiero saber es por qué una fundación dedicada a la “dinamización del debate educativo en España” (sea lo que sea eso) tienen su página web en Chino. Alguna razón tiene que haber ¿no?.
Pues es una verdadera lástima. Siendo tan sesgada la información de la Sra. de la Nuez, debería ser fácil rebatirla, incluso con un corta-pega que resumiera el argumentario para defender lo indefendible. No se puede pretender defender las bondades de un sistema generosísimamente financiado con recursos públicos cuando el beneficiario se resiste como gato panza arriba a su debida fiscalización.
Se podría resumir en: Transparencia, SÏ, pero para los demás.
Me llamó poderosísimamente la atención la intervención del representante de la CEOE en el Congreso en el que exigió quedar exentos de la Ley de Transparencia al tiempo que la pedía entre otros, “para los notarios” (sic).
Tal exigencia no puede causar sino perplejidad, por cuanto los aranceles son públicos (BOE), el importe de los honorarios de cada documento debe reflejarse en el mismo, la actividad notarial es rogada y no está subvencionada en modo alguno por ningún poder público (más bien unos documentos subvencionan otros cuya retribución es claramente inferior a su coste). Incluso hay actuaciones notariales gratuitas, en las que es el notario quien subvenciona totalmente al Estado y no al revés, como la toma de juramento o promesa de los nacionalizados.
La relación económica entre el notario y su cliente es estrictamente privada, aún fuertemente regulada. El notariado no es una ONG ni en sentido propio ni en el comúnmente aceptado.
Curiosamente los notarios sí formamos parte de la CEOE, al menos formalmente a través de una asociación, al único objeto de poder suscribir convenios colectivos con los sindicatos más representativos. Para esto no hace falta poder expreso a favor de los representantes colectivos.
Los pájaros (en sentido figurado) disparando a las escopetas (también en sentido figurado).
después de leer la comparecencia en el enlace, comparto la opinión de Elisa de la Nuez.
La comparecencia anuncia un “compromiso” de transparencia, pero que “también lo hagan otros”. Total respeto al relevante papel que tienen en la sociedad, al respeto a los principios de libertad sindical y cualesquiera otros, pero ¿qué tiene que ver que representen esos principios con el hecho de que deban dar cuentas de los fondos públicos que reciben en cualquier concepto? No se trata de cuestionar el fin, sino de dar explicaciones por la gestión de un dinero que no es del Gobierno de turno, es de todos, es de la sociedad, a la que hay que rendir cuentas.
La realidad es la que es: si hay voluntad de transparencia, póngase ya a disposición de cualquier ciudadano toda la documentación a que hace referencia el artículo.Hágase ya, tanto la de los sindicatos como la de los empresarios. Es muy sencillo: YA
Señor Juan AV, publiquen las cuentas y se acabará la “información sesgada”. En vez de la comparecencia en el Congreso, enlácenos por favor sus cuentas de forma pública para que todos los ciudadanos que contribuimos tan generosamente con nuestros impuestos a la financiación de los sindicatos mayoritarios podamos conocer en qué se gasta nuestro dinero. O renuncien al dinero público y financiense con las cuotas sindicales o como puedan. Entonces sí que me va a importar un pimiento en qué se gastan el dinero.
Enhorabuena a la autora por el post. Hay que tener la cara como el hormigón armado para decir que son empresas privadas.
A mi me pasa como a algunos comentaristas, que a estas alturas prefiero hechos que palabras, aunque sean bellas palabras y dichas en el seno de una Comisión constitucional, sobre todo cuando sería tan fácil ser transparente si se quiere. No solo no hay nada que lo impida, sino que la transparencia de lo que se hace con el dinero público aunque no se trate formalmente de subvenciones (que esa es otra, porque entonces la obligación está muy clarita en la Ley de Subvenciones) es uno de los principios esenciales de un régimen democrático de calidad. En cuanto a la fiscalización, no se entiende tampoco porqué estas organizaciones quedan fuera del ámbito del Tribunal de Cuentas por lo menos en lo que a recursos públicos se refiere. En la práctica, como digo en el post, no se fiscalizan las subvenciones que reciben. Y cuando se han fiscalizado, ha salido de todo. En fin, me ocurre como con los partidos: creo que los sindicatos y las organizaciones empresariales son esenciales, pero necesitan una regeneración urgente. Solo pueden negarlo los que viven muy cómodamente instalados en el establishment…que no es solo el de los políticos.
Amén, amén, amén.
Gracias por el post.
Por una vez, me alegraría que el PP usara su mayoría absoluta como una apisonadora, si con ello se consigue que se aplique la Ley de la Transparencia sin excusas ni paliativos a sindicatos, organizaciones patronales, partidos, Casa Real, Iglesia, congreso, senado, fundaciones mil, etc., etc. En fin, a TO-DOS los que reciben dinero público. Los que no quieran, que renuncien al mismo y se dejen de excusas y argumentos insostenibles. ¿Tanto tienen que esconder?
A mi me pasa como a algunos comentaristas, que a estas alturas prefiero hechos que palabras, aunque sean bellas palabras y dichas en el seno de una Comisión constitucional, sobre todo cuando sería tan fácil ser transparente si se quiere. No solo no hay nada que lo impida, sino que la transparencia de lo que se hace con el dinero público aunque no se trate formalmente de subvenciones (que esa es otra, porque entonces la obligación está muy clarita en la Ley de Subvenciones) es uno de los principios esenciales de un régimen democrático de calidad. En cuanto a la fiscalización, no se entiende tampoco porqué estas organizaciones quedan fuera del ámbito del Tribunal de Cuentas por lo menos en lo que a recursos públicos se refiere. En la práctica, como digo en el post, no se fiscalizan las subvenciones que reciben. Y cuando se han fiscalizado, ha salido de todo. En fin, me ocurre como con los partidos: creo que los sindicatos y las organizaciones empresariales son esenciales, pero necesitan una regeneración urgente. Solo pueden negarlo los que viven muy cómodamente instalados en el establishment…que no es solo el de los políticos.
Pues a mí me ha gustado mucho el post, y eso que no se ha metido en el tema de todo el entremado empresarial de los sindicatos, que también lo tienen por ejemplo en el sector inmobiliario (UGT en Habitatge Social S.A) del asesoramiento (CCOO en Grupo de Proyectos Sociales de Gestión) o en el sector asegurador (Atlantis).
Claro, esto me parece como lo del Doctor Jekyll y Mister Hyde, unas veces soy una pieza fundamental de la arquitectura constituicional y represento intereses colectivos superiores por los que debo percibir subvenciones y otras veces pues me dedico a ganar pasta gansa, a costa -o mejor dicho, bajo el paraguas- de esos mismos intereses superiores.
Yo no soy contrario a que los sindicatos reciban subvenciones, siempre que se ofrezcan cuentas claras a los ciudadanos y de fácil acceso a las mismas. Por cierto, me he ojeado el Informe que cita Elisa de la Nuez de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y la verdad es que se limita a señalar si se cumplió la Ley en las convocatorias de las subvenciones (por ejemplo no concediéndolas directamente y sin publicidad) si presentaron los justificantes y si esos justificantes son adecuados.
Pero no dice nada de si el gasto es el adecuado, si se hizo en condiciones de mercado, de los gastos de personal, etc. En fin, esas cosillas que nos permitirían tener un buen conocimiento sobre el destino de nuestros impuestos.
Pues a mí me ha gustado mucho el post, y eso que no se ha metido en el tema de todo el entremado empresarial de los sindicatos, que también lo tienen por ejemplo en el sector inmobiliario (UGT en Habitatge Social S.A) del asesoramiento (CCOO en Grupo de Proyectos Sociales de Gestión) o en el sector asegurador (Atlantis).
Claro, esto me parece como lo del Doctor Jekyll y Mister Hyde, unas veces soy una pieza fundamental de la arquitectura constituicional y represento intereses colectivos superiores por los que debo percibir subvenciones y otras veces pues me dedico a ganar pasta gansa, a costa -o mejor dicho, bajo el paraguas- de esos mismos intereses superiores.
Yo no soy contrario a que los sindicatos reciban subvenciones, siempre que se ofrezcan cuentas claras a los ciudadanos y de fácil acceso a las mismas. Por cierto, me he ojeado el Informe que cita Elisa de la Nuez de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y la verdad es que se limita a señalar si se cumplió la Ley en las convocatorias de las subvenciones (por ejemplo no concediéndolas directamente y sin publicidad) si presentaron los justificantes y si esos justificantes son adecuados.
Pero no dice nada de si el gasto es el adecuado, si se hizo en condiciones de mercado, de los gastos de personal, etc. En fin, esas cosillas que nos permitirían tener un buen conocimiento sobre el destino de nuestros impuestos.
Además hay otra cosa que me gustaría apuntar. El artículo 20 de la Ley 38/2003 de Subvenciones creó una base de datos nacional sobre las subvenciones otorgadas. La gestiona la Intervención General del Estado, a efectos meramente estadísticos e informativos de dicho organismo, pero los datos tienen carácter reservado.
Me pregunto, si las subvenciones se rigen por los principios de publicidad y transparencia (art. 8.3a de la Ley) y son una manifestación de gasto público, porqué no se facilita el acceso de los ciudadanos a esa base de datos para mejor conocer y agradacer a sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales su buena gestión en pro de los altos intereses públicos que defienden?.
Además hay otra cosa que me gustaría apuntar. El artículo 20 de la Ley 38/2003 de Subvenciones creó una base de datos nacional sobre las subvenciones otorgadas. La gestiona la Intervención General del Estado, a efectos meramente estadísticos e informativos de dicho organismo, pero los datos tienen carácter reservado.
Me pregunto, si las subvenciones se rigen por los principios de publicidad y transparencia (art. 8.3a de la Ley) y son una manifestación de gasto público, porqué no se facilita el acceso de los ciudadanos a esa base de datos para mejor conocer y agradacer a sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales su buena gestión en pro de los altos intereses públicos que defienden?.
Mientras en este blog se analizan cosas tan serias como estas, me cuentan que varios cargos ministeriales con rango de subsecretario para arriba están movilizados en el
Menú de inauguración del Ave Madrid Alicante el próximo 17 junio. Va Rajoy y resulta que a nuestro presidente la tortilla de patata le gusta sin cebolla. Y esta gente debe considerar esa cuestión como una prioridad nacional no sea que si la tortilla tiene cebolla acaben siendo cesados.
En fin…
Mientras en este blog se analizan cosas tan serias como estas, me cuentan que varios cargos ministeriales con rango de subsecretario para arriba están movilizados en el
Menú de inauguración del Ave Madrid Alicante el próximo 17 junio. Va Rajoy y resulta que a nuestro presidente la tortilla de patata le gusta sin cebolla. Y esta gente debe considerar esa cuestión como una prioridad nacional no sea que si la tortilla tiene cebolla acaben siendo cesados.
En fin…
La verdadera realidad es que ni los partidos políticos ni los sindicatos, organizaciones empresariales, etc (todos están afectados por la misma gangrena) creen en la transparencia.
Llevan ya más de un año mareando la perdiz. Zapatero, en su último Consejo de Ministros (donde disolvió las Cámaras), tuvo la caradura de aprobar un proyecto de ley de transparencia, cuando el más tonto de todos los políticos de este país conoce que no se puede tramitar un proyecto de ley con las Cortes disueltas.
No obstante, como señala Elisa, al final de este tortuoso camino vamos a tener la mejor ley de transparencia del mundo. Y, añado yo, se va a aplicar de la mejor forma, también del mundo. Vamos, de Champion, como si estuviera Zapatero.
La verdadera realidad es que ni los partidos políticos ni los sindicatos, organizaciones empresariales, etc (todos están afectados por la misma gangrena) creen en la transparencia.
Llevan ya más de un año mareando la perdiz. Zapatero, en su último Consejo de Ministros (donde disolvió las Cámaras), tuvo la caradura de aprobar un proyecto de ley de transparencia, cuando el más tonto de todos los políticos de este país conoce que no se puede tramitar un proyecto de ley con las Cortes disueltas.
No obstante, como señala Elisa, al final de este tortuoso camino vamos a tener la mejor ley de transparencia del mundo. Y, añado yo, se va a aplicar de la mejor forma, también del mundo. Vamos, de Champion, como si estuviera Zapatero.
Se me olvidaba, como Zapatero aprobó una ley para que todos los expresidentes del Gobierno entraran en el Consejo de Estado y así cobrar otra mamandurria, creo que Rajoy debería proponer que también los expresidentes del Gobierno sean miembros del órgano que finalmente se constituya para el control de la transparencia. Y que conste el sueldo en la página web, por simple transparencia.
Se me olvidaba, como Zapatero aprobó una ley para que todos los expresidentes del Gobierno entraran en el Consejo de Estado y así cobrar otra mamandurria, creo que Rajoy debería proponer que también los expresidentes del Gobierno sean miembros del órgano que finalmente se constituya para el control de la transparencia. Y que conste el sueldo en la página web, por simple transparencia.
En mi anterior comentario no he defendido nada. Simplemente he enlazado unas comparecencias en el Congreso. En el post se dice que al incluir a los sindicatos en la ley de transparencia han empezado las declaraciones a la defensiva de los afectados. Quien lea las declaraciones en el Congreso del representante de CCOO verá que eso no es cierto. Todo lo contrario, se manifiesta rotundamente a favor de que se incluya a los sindicatos en la citada ley. Lo curioso es que lo que se ha trasladado a la opinión pública es todo lo contrario.
La disminución de subvenciones ha llevado a tener que realizar ERE. No entiendo que eso extrañe a nadie. Si se reciben subvenciones para hacer algo y se contrata gente para hacerlo, cuando no hay subvención ese algo no se hace y a la gente no se le puede pagar.
“Nos aclaran no obstante estas organizaciones es que no todo el dinero público es igual.” Esto es evidente y me extraña que a gente tan solvente como la que aquí escribe se le tenga que explicar. Lo explicó el representante de CCOO en el Congreso: “No se debe confundir la financiación pública a la que acceden las organizaciones sindicales a través de los Presupuestos Generales del Estado con los programas públicos de gestión sindical, que tienen objetivos finalistas”. Y éstas últimas sí cuentan y están todas fiscalizadas: todas las subvenciones finalistas se han de justificar. Y no nos olvidamos de la formación porque es la subvención finalista por excelencia que han estado recibiendo los sindicatos.
CCOO se comprometió en el último Congreso a hacer públicas sus cuentas. Creo que estamos tardando.
Un saludo,
En mi anterior comentario no he defendido nada. Simplemente he enlazado unas comparecencias en el Congreso. En el post se dice que al incluir a los sindicatos en la ley de transparencia han empezado las declaraciones a la defensiva de los afectados. Quien lea las declaraciones en el Congreso del representante de CCOO verá que eso no es cierto. Todo lo contrario, se manifiesta rotundamente a favor de que se incluya a los sindicatos en la citada ley. Lo curioso es que lo que se ha trasladado a la opinión pública es todo lo contrario.
La disminución de subvenciones ha llevado a tener que realizar ERE. No entiendo que eso extrañe a nadie. Si se reciben subvenciones para hacer algo y se contrata gente para hacerlo, cuando no hay subvención ese algo no se hace y a la gente no se le puede pagar.
“Nos aclaran no obstante estas organizaciones es que no todo el dinero público es igual.” Esto es evidente y me extraña que a gente tan solvente como la que aquí escribe se le tenga que explicar. Lo explicó el representante de CCOO en el Congreso: “No se debe confundir la financiación pública a la que acceden las organizaciones sindicales a través de los Presupuestos Generales del Estado con los programas públicos de gestión sindical, que tienen objetivos finalistas”. Y éstas últimas sí cuentan y están todas fiscalizadas: todas las subvenciones finalistas se han de justificar. Y no nos olvidamos de la formación porque es la subvención finalista por excelencia que han estado recibiendo los sindicatos.
CCOO se comprometió en el último Congreso a hacer públicas sus cuentas. Creo que estamos tardando.
Un saludo,
Mucho me ha gustado el post de Elísa, pues despues de ver la comparecencia de los sindicatos y de la patronal me he queadoe planchada, atónita y perpleja. Con la bandera de la libertad sindical me envuelvo y me envuelvo hasta hacerme opaco.
Además de las subvenciones y transferencias para la formación continua, hay que añadir el ejercito de liberados sindicales que legalmente dejan su puesto de trabajo para trabajar para el sindicato. En el caso de las Administraciones públicas ese puesto que deja el sindicalista liberado se cubre con una nueva contratación de esta forma un puesto de trabajo supone dos sueldos: el del liberado y el del sustituto.
En la ley de transparencia debe reflejarse este gasto de personal, se hace con dinero público
Mucho me ha gustado el post de Elísa, pues despues de ver la comparecencia de los sindicatos y de la patronal me he queadoe planchada, atónita y perpleja. Con la bandera de la libertad sindical me envuelvo y me envuelvo hasta hacerme opaco.
Además de las subvenciones y transferencias para la formación continua, hay que añadir el ejercito de liberados sindicales que legalmente dejan su puesto de trabajo para trabajar para el sindicato. En el caso de las Administraciones públicas ese puesto que deja el sindicalista liberado se cubre con una nueva contratación de esta forma un puesto de trabajo supone dos sueldos: el del liberado y el del sustituto.
En la ley de transparencia debe reflejarse este gasto de personal, se hace con dinero público
Las subvenciones finalistas, hasta donde alcanza mi experiencia, hay que justificarlas en el marco de su programa correspondiente (y eso en principio alcanzaría a las Fundaciones, que al fin y al cabo son personas jurídicas). Asi que el problema con respecto a estos dineros estaria en otros sitios, a mi parecer estos:
– En que se justifican ante la burocracia correspondiente… vamos a suponer que suficientemente, lo que es bastante cierto hasta donde yo sé, de las que no son especiales o afines… pero nadie más se entera, es decir, esa burocracia que concede y que luego fiscaliza no publica suficientemente sus datos: de a quien concede, cuanto concede, cuales son las justificaciones que ha recibido del año anterior, a quien se lo ha denegado y por qué… sí, hay convocatorias públicas y resoluciones públicas, pero ni están todas, ni son sistemáticas, ni son fáciles de encontrar y de seguir, ni se publica jamás la justificación presentada. Si eso se hiciera como es debido, las sospechas, al menos respecto a ese tipo de subvenciones, sobrarían (o se convertírían en certezas), y de paso, no sospecharíamos también de las otras Fundaciones y entidades oscuras (porque Noos no era de un sindicato, ¿verdad?)
– Las subvenciones no finalistas otorgadas a organizaciones en mérito a su representatividad social, a su pàpel público o vete a saber a qué, deberían ser efectivamente públicas y la contabilidad adonde van a parar suficientemente pública también.
Y además de los sindicatos y las patronales, hay muchas más. La más grande de todas, con mucha diferencia, es la Iglesia católica. ¿Por qué no se incluye en la discusión, ni en la de esta entrada ni (hasta donde sé) en el Parlamento, ni en ninguna parte?
– Lo más importante que no está en el proyecto de ley tal como se conoce a mi me parece que no es quien entra o no entra… sin hacernos muchas ilusiones, sus carencias a este respecto son relativamente fáciles de enmendar después (y mucho quedará para enmendar, eso seguro). Lo más importante es en qué va a consistir la famosa transprencia.
Si son unas cuantas cositas tasadas, que parezca por quedar bien pero dando lo menos posible, como parece deducirse del proyecto, estamos casi como estábamos. Mientras no partamos de que todo lo que hacen las Administraciones Públicas debe ser público, con las excepciones tasadas que son razonables (porque son investigaciones en curso, porque afectan a la LOPD, o porque deben ser secreto de Estado) vamos mal.
¿Podremos encontrar on line fácilmente y en tablas organizadas todos los datos contables, todas las ejecuciones de Presupuesto, todas las contrataciones, todos los pliegos, todos los pagos… de cualquier Administración, del Estado a un municipio, de una Universidad a una Agencia pública? ¿Podré enterarme por fin de las condiciones de la contrata de limpieza del colegio de mis hijos, digamos?
Y ¿le pasará algo al mandamás que no cumpla… o como siempre?
Aloe, la Iglesia ya ha dicho que DESEA ser incluída en este asunto. ¿Vale con eso? Caramba, con lo feliz que serían algunos si se opusiera… ¿a que sí, Aloe?
¿O que pasa, que cómo sea hay que ir a “chincharla” ¿Precisamente a la Iglesa? ¿Y otra confesiones, que también reciben?¿ Esas no te importan?
Toma nota: Cáritas logra empleo para un ocho por ciento de los que acuden a ella a tal efecto. ¿Se acerca ni de lejos el INEM a eso?
Ojalá todo el dinero público se gastara de la forma que la Iglesia gasta el que percibe. Por cierto… ¿donde está la casillita en la declaración de IRPF para indicar si quieres que parte de tus perras vaya a los Partidos y Sindicatos, o no quieres? Porque para la Iglesia es optativo, mientras que para estos es obligatorio.
Podría seguir y seguir, pero es ya cansado… Para algunos la Iglesia es culpable hasta de la muerte de Manolete.
Sí, señor Arriola, cansa usted mucho.
La iglesia no necesita que ninguna ley le obligue para hacer públicas sus contabiidades y demás documentos, tanto financieros como de otro tipo con importancia pública. No lo ha hecho nunca, y ha tenido mucho empeño en exigir quedar fuera de la Ley de Asociaciones y de cualquiera de sus obligaciones, así como de cualquier otra fiscalización, siquiera la teórica a la que están sujetos partidos y sindicatos o la insuficiente que exige la ley de las asociaciones privadas. Ellos sabrán por qué.
Otras confesiones reciben también algo de dinero, sí, parece ser. Que no debe acercarse ni al uno por mil. Y que no está apantallado por un Concordato ni privilegios de ninguna especie. Pero santo y bueno lo que dice: igual que del resto de las subvenciones, aunque sean al Club Filatélico de Sant Bohí.
Cáritas suponemos que administra bien nuestro dinero, pero no lo sabemos (“suponemos”, porque está adherido al mismo paquete de privilegios legales que los obispados y no se fiscalizan sus cuentas, y “nuestro”, porque la Iglesia pone creo que el uno por mil del dinero y el resto lo pone el Tesoro Público y otros donantes, privados y públicos). A mi Cáritas me parece muy bien. Lo que no entiendo, lo mismo que del resto de organizaciones, es que no esté sujeta a controles y transparencia suficiente. Las reglas debieran ser otras (de eso va esta entrada). Para todos.
El dinero de la casilla del IRPF lo pago yo lo mismo que usted, ponga o no la cruz en la casilla. NO hay diferencia en eso con el resto de las subvenciones, porque ese dinero sale del fondo común recaudado, no es un recargo que pagan los de la casilla y los demás no. Por otra parte ese dinero es solo una pequeña parte del que subvenciona a la Iglesia, cuyo montante total es objeto de especulaciones sin fin… por lo mismo que se ha escrito esta entrada. Por falta de transparencia de las partes implicadas. Porque no hay cuentas claras.
Las subvenciones finalistas, hasta donde alcanza mi experiencia, hay que justificarlas en el marco de su programa correspondiente (y eso en principio alcanzaría a las Fundaciones, que al fin y al cabo son personas jurídicas). Asi que el problema con respecto a estos dineros estaria en otros sitios, a mi parecer estos:
– En que se justifican ante la burocracia correspondiente… vamos a suponer que suficientemente, lo que es bastante cierto hasta donde yo sé, de las que no son especiales o afines… pero nadie más se entera, es decir, esa burocracia que concede y que luego fiscaliza no publica suficientemente sus datos: de a quien concede, cuanto concede, cuales son las justificaciones que ha recibido del año anterior, a quien se lo ha denegado y por qué… sí, hay convocatorias públicas y resoluciones públicas, pero ni están todas, ni son sistemáticas, ni son fáciles de encontrar y de seguir, ni se publica jamás la justificación presentada. Si eso se hiciera como es debido, las sospechas, al menos respecto a ese tipo de subvenciones, sobrarían (o se convertírían en certezas), y de paso, no sospecharíamos también de las otras Fundaciones y entidades oscuras (porque Noos no era de un sindicato, ¿verdad?)
– Las subvenciones no finalistas otorgadas a organizaciones en mérito a su representatividad social, a su pàpel público o vete a saber a qué, deberían ser efectivamente públicas y la contabilidad adonde van a parar suficientemente pública también.
Y además de los sindicatos y las patronales, hay muchas más. La más grande de todas, con mucha diferencia, es la Iglesia católica. ¿Por qué no se incluye en la discusión, ni en la de esta entrada ni (hasta donde sé) en el Parlamento, ni en ninguna parte?
– Lo más importante que no está en el proyecto de ley tal como se conoce a mi me parece que no es quien entra o no entra… sin hacernos muchas ilusiones, sus carencias a este respecto son relativamente fáciles de enmendar después (y mucho quedará para enmendar, eso seguro). Lo más importante es en qué va a consistir la famosa transprencia.
Si son unas cuantas cositas tasadas, que parezca por quedar bien pero dando lo menos posible, como parece deducirse del proyecto, estamos casi como estábamos. Mientras no partamos de que todo lo que hacen las Administraciones Públicas debe ser público, con las excepciones tasadas que son razonables (porque son investigaciones en curso, porque afectan a la LOPD, o porque deben ser secreto de Estado) vamos mal.
¿Podremos encontrar on line fácilmente y en tablas organizadas todos los datos contables, todas las ejecuciones de Presupuesto, todas las contrataciones, todos los pliegos, todos los pagos… de cualquier Administración, del Estado a un municipio, de una Universidad a una Agencia pública? ¿Podré enterarme por fin de las condiciones de la contrata de limpieza del colegio de mis hijos, digamos?
Y ¿le pasará algo al mandamás que no cumpla… o como siempre?
El documento del congreso enlazado no tiene ningún desperdicio, por ej. el Sr. Monell (UGT):
“Al principio he intentado situar que somos organizaciones que en alguna medida representamos o somos portadoras —creo que así lo dice la doctrina del Constitucional— de un cierto interés general. Ya he dicho que estamos dispuestos también a responder a una exigencia respecto de nuestras organizaciones para atender a ese requerimiento adicional que tenemos de representación o de función —lo han expresado muy bien también— por lo que
se refiere a nuestra aportación a la negociación colectiva, es decir, negociamos para todos, etcétera. Habrá que verlo, pero por nuestra parte hay disponibilidad a que nuestras exigencias o las que se nos planteen en ese terreno reflejen el hecho de que somos unas organizaciones de esta naturaleza. Somos unas organizaciones que tenemos esas características especiales, no tenemos una regulación completa respecto de las previsiones constitucionales. Es un terreno que se puede recorrer y se puede hacer al mismo tiempo.”
Da igual representación que función, todo es un teatrillo para amorrarse a la teta pública. Son sindicatos estatales que se autoorganizan privadamente, o sea renuentes a reinterpretar el interés general con transparencia sueca y contrarios a la financiación alemana.
Vaya perla, vaya enjuague y vaya tropa.
El documento del congreso enlazado no tiene ningún desperdicio, por ej. el Sr. Monell (UGT):
“Al principio he intentado situar que somos organizaciones que en alguna medida representamos o somos portadoras —creo que así lo dice la doctrina del Constitucional— de un cierto interés general. Ya he dicho que estamos dispuestos también a responder a una exigencia respecto de nuestras organizaciones para atender a ese requerimiento adicional que tenemos de representación o de función —lo han expresado muy bien también— por lo que
se refiere a nuestra aportación a la negociación colectiva, es decir, negociamos para todos, etcétera. Habrá que verlo, pero por nuestra parte hay disponibilidad a que nuestras exigencias o las que se nos planteen en ese terreno reflejen el hecho de que somos unas organizaciones de esta naturaleza. Somos unas organizaciones que tenemos esas características especiales, no tenemos una regulación completa respecto de las previsiones constitucionales. Es un terreno que se puede recorrer y se puede hacer al mismo tiempo.”
Da igual representación que función, todo es un teatrillo para amorrarse a la teta pública. Son sindicatos estatales que se autoorganizan privadamente, o sea renuentes a reinterpretar el interés general con transparencia sueca y contrarios a la financiación alemana.
Vaya perla, vaya enjuague y vaya tropa.
Ya no siento ni pena.
Siempre he pensado que en esta “democracia” los políticos (lato sensu, incluyo a los sindicalistas y a los de la CEOE) se metían en política con un objetivo muy sencillo: forrarse.
Las ideologías son pura fachada; los partidos están atentos solo a conseguir votos. No creen en nada. A través de los votos acceden al poder. Y a través del poder acceden al dinero. A forrarse, que es lo único que buscan.
Los sindicatos ya se ve que es más directo: a través de sus fábulas acceden directamente a forrarse. A costa del erario público. Subvenciones.
¿Pena? Risa, da esto.
Para forrarse en más eficaz hacerse Consiliario del OD que enlace sindical. Ya te lo digo yo. Y para adquirir inmuebles sin pagarlos, obispo. Y para manejar millonadas sin control, estar en la dirección de Caŕitas.
Muy tristes las tres cosas, y supongo que a las personas religiosas les disgustan, pero es lo que hay. Y lo que ha habido siempre.
Pues nada Aloe; como se enteren nuestros políticos y sindicalistas se van a hacer todos monaguillos… por ahí se empieza, ¿no?
No, no lo creo. La Iglesia se vanagloria de no ser ni una democracia ni una meritocracia. Por donde habría que empezar para hacer carrera es por hacerse numerario (es decir, célibe con votos viviendo en comunidad religiosa) del OD para luego escalar puestos en su jerarquía e intentar llegar a “adscrito” (los componentes del círculo interior) o ingresar en el Seminario, ordenarse presbítero y postularse para obispo trabajándose a los obispos afines y al Nuncio.
Las dos carreras se parecen en muchas cosas a la de político profesional de hoy en día: es decir, se asciende por cooptación y el mérito principal es la obediencia y el encefalograma plano.
La diferencia con los políticos es la renuncia a tener una familia propia y una pareja estable, que es una exigencia que hoy en día poca gente está dispuesta a considerar. La mayor parte de la gente le da mucho más valor hoy que antiguamente a lo de la familia. Es un efecto del laicismo y la pérdida de influencia de la Iglesia, que siempre consideró lo de la familia como muy de estar ahí abajo, en el barro y con la clase de tropa.
Ya no siento ni pena.
Siempre he pensado que en esta “democracia” los políticos (lato sensu, incluyo a los sindicalistas y a los de la CEOE) se metían en política con un objetivo muy sencillo: forrarse.
Las ideologías son pura fachada; los partidos están atentos solo a conseguir votos. No creen en nada. A través de los votos acceden al poder. Y a través del poder acceden al dinero. A forrarse, que es lo único que buscan.
Los sindicatos ya se ve que es más directo: a través de sus fábulas acceden directamente a forrarse. A costa del erario público. Subvenciones.
¿Pena? Risa, da esto.
Gracias a todos por los comentarios. Claro que me parece bien que la regla follow the money siga también a la Iglesia católica y a cualquier otra institución que reciba dinero público aunque sea “no finalista”. En cuanto a las subvenciones finalistas efectivamente el problema es ante quien se justifican, como y quien se entera de esas justificaciones que supongo que existen formalmente. Pero si luego nada se sabe de las mismas, y si hay irregularidades ni hay responsabilidades, ni devoluciones, ni se dejan de cobrar al año siguiente ¡que más da que las haya o no? En fin, por lo menos se trata de dejar bien claro que ya no comulgamos con ruedas de molino y que si alguien quiere ser transparente, lo que es muy de agradecer en los tiempos que corren, que lo sea, no hace falta esperar a ninguna Ley.
Gracias a todos por los comentarios. Claro que me parece bien que la regla follow the money siga también a la Iglesia católica y a cualquier otra institución que reciba dinero público aunque sea “no finalista”. En cuanto a las subvenciones finalistas efectivamente el problema es ante quien se justifican, como y quien se entera de esas justificaciones que supongo que existen formalmente. Pero si luego nada se sabe de las mismas, y si hay irregularidades ni hay responsabilidades, ni devoluciones, ni se dejan de cobrar al año siguiente ¡que más da que las haya o no? En fin, por lo menos se trata de dejar bien claro que ya no comulgamos con ruedas de molino y que si alguien quiere ser transparente, lo que es muy de agradecer en los tiempos que corren, que lo sea, no hace falta esperar a ninguna Ley.
La respuesta sindical y la de la patronal son de coña. Directamente piden “pasta” adicional porque “este imprevisto no estaba en la constitución”.
La Insumisión autonómica es otra señal de que esta estructura de Estado es Inviable. No están dispuestos a ser controlados. Ahí arranca el “problema catalán”. Y otros.
Pero la estrategia misma del legislador es de pena.
Al paso que vamos van a pedir Transparencia a la UE a la ONU y a la UNESCO. Ahora incluirán a la parroquia, la sinagoga y la mezquita. Que todo cambie, que nada cambie.
El 80% de un problema se concentra siempre en el 20% de las causas posibles. ¿Hemos olvidado a Pareto?
Empecemos por el Estado: Gobierno, Autonomías y sus Empresas públicas: Mismo tratamiento que a personas físicas y jurídicas privadas.
En tres meses cuentas auditadas y comprensibles, con el mismo plan contable y terminología. Responsabilidades personales por incumplimiento.
Estos días todas las personas físicas y jurídicas privadas de OCCIDENTE vemos que el Estado dispone –al céntimo– de nuestras rentas. En el caso español también de nuestros patrimonios.
Auditadas y entregadas con un lacito por nuestro banco “privado”. Simples lacayos a las órdenes implacables de quien de verdad legisla, obliga y manda.
Con nosotros pueden. Pero nosotros con ellos… no podemos. Y mira que es sencillo reportar con puntualidad y bien.
Si no sucede es porque no quieren. No va a suceder como ya dejó entrever Elisa en su intervención hace un par de meses,
¿Cómo van a querer?
¿Para que se vea el tinglado de compra de voto, creación y mantenimiento de clientelas que es en lo que en realidad consiste esto?
¿Puede sostenerse el sistema español con transparencia? Yo creo que no. Tendría que ser algo muy diferente.
Y la solución no son más controles (pagados por nosotros, como todo el resto).
La solución es menos poder en sus manos, mucha menos fiscalidad, límites de gasto y de figuras impositivas insuperables y responsabilidad personal del político por sus actos.
La estrategia de reformar el sistema, de imponerles un remedio a su poder total, realmente es un autoengaño. Mientras esto no lo tengamos claro seguiremos “cooperando y lamentando”.
Buenos días
Sr. Manu Oquendo, en su querida Guipúzcoa (ahora Gipuzkoa) la Hacienda Foral se plantea “ahorrar” más de 300 millones de euros manuales, lo que a escala nacional serían aproximadamente 15.000 millones de euros.
¿Cómo se consigue este milagro?, me preguntará usted. Pues allá va la respuesta.
Resulta que según la “ex”proetarra Helena Franco, que vive en Hendaya y tributaba como no residente en Gipuzkoa (no se sabe si lo sigue haciendo), la tributación conjunta supone “una discriminación por razón de género” al incentivar a las mujeres a realizar las tareas domésticas, en beneficio de los hombres.
La solución a este “problema” es suprimir la tributación conjunta y de este modo la Hacienda Foral “se ahorraría” 300 millones de euros anuales en “deducciones” fiscales. Con un par.
Por supuesto, el Diario (V)asco, que altavocea (perdón por el palabro, que merecería ser escrito con “b”) no hace ningún comentario crítico a tan bárbaro disparate y se traga el sable del “ahorro” sin pestañear, cuando de lo que se trata es de una auténtica confiscación en toda regla. Aún estamos esperando que informe de que la Sra. Franco tributa(ba) como no residente, ahorrándose toda la progresividad del IRPF.
Hay evidencias de que el pago de las pensiones futuras va a implicar problemas para el sistema público. Una solución razonable sería “implicar” a las empresas y a los particulares para que fueran constituyendo fuentes complementarias de ingresos para los futuros pasivos. Solución Bildu: Reducir los incentivos fiscales a empresas y a medio plazo, cargarse los de las EPSVs (planes de pensiones rescatables a los 10 años de su constitución, si bien la cantidad rescatada tributa por IRPF como rendimiento de trabajo).
Nada extraño en quienes pusieron la bandera de Venezuela en el Palacio Provincial el día que Chavez nos abandonó.
Hay que reconocer que los nuevos sátrapas han eliminado un monopolio: El de la ingeniería fiscal. En esto, PP y Bildu no se diferencian más que en pequeños matices.
Con independencia de sus filias y fobias personales, ¿tiene razón o no tiene razón la señora Franco? No he visto la argumentación.
Sobre la “solución razonable”: es una opinión basada más en un tal vez que de análisis económico.
La respuesta sindical y la de la patronal son de coña. Directamente piden “pasta” adicional porque “este imprevisto no estaba en la constitución”.
La Insumisión autonómica es otra señal de que esta estructura de Estado es Inviable. No están dispuestos a ser controlados. Ahí arranca el “problema catalán”. Y otros.
Pero la estrategia misma del legislador es de pena.
Al paso que vamos van a pedir Transparencia a la UE a la ONU y a la UNESCO. Ahora incluirán a la parroquia, la sinagoga y la mezquita. Que todo cambie, que nada cambie.
El 80% de un problema se concentra siempre en el 20% de las causas posibles. ¿Hemos olvidado a Pareto?
Empecemos por el Estado: Gobierno, Autonomías y sus Empresas públicas: Mismo tratamiento que a personas físicas y jurídicas privadas.
En tres meses cuentas auditadas y comprensibles, con el mismo plan contable y terminología. Responsabilidades personales por incumplimiento.
Estos días todas las personas físicas y jurídicas privadas de OCCIDENTE vemos que el Estado dispone –al céntimo– de nuestras rentas. En el caso español también de nuestros patrimonios.
Auditadas y entregadas con un lacito por nuestro banco “privado”. Simples lacayos a las órdenes implacables de quien de verdad legisla, obliga y manda.
Con nosotros pueden. Pero nosotros con ellos… no podemos. Y mira que es sencillo reportar con puntualidad y bien.
Si no sucede es porque no quieren. No va a suceder como ya dejó entrever Elisa en su intervención hace un par de meses,
¿Cómo van a querer?
¿Para que se vea el tinglado de compra de voto, creación y mantenimiento de clientelas que es en lo que en realidad consiste esto?
¿Puede sostenerse el sistema español con transparencia? Yo creo que no. Tendría que ser algo muy diferente.
Y la solución no son más controles (pagados por nosotros, como todo el resto).
La solución es menos poder en sus manos, mucha menos fiscalidad, límites de gasto y de figuras impositivas insuperables y responsabilidad personal del político por sus actos.
La estrategia de reformar el sistema, de imponerles un remedio a su poder total, realmente es un autoengaño. Mientras esto no lo tengamos claro seguiremos “cooperando y lamentando”.
Buenos días
Sr. Manu Oquendo, en su querida Guipúzcoa (ahora Gipuzkoa) la Hacienda Foral se plantea “ahorrar” más de 300 millones de euros manuales, lo que a escala nacional serían aproximadamente 15.000 millones de euros.
¿Cómo se consigue este milagro?, me preguntará usted. Pues allá va la respuesta.
Resulta que según la “ex”proetarra Helena Franco, que vive en Hendaya y tributaba como no residente en Gipuzkoa (no se sabe si lo sigue haciendo), la tributación conjunta supone “una discriminación por razón de género” al incentivar a las mujeres a realizar las tareas domésticas, en beneficio de los hombres.
La solución a este “problema” es suprimir la tributación conjunta y de este modo la Hacienda Foral “se ahorraría” 300 millones de euros anuales en “deducciones” fiscales. Con un par.
Por supuesto, el Diario (V)asco, que altavocea (perdón por el palabro, que merecería ser escrito con “b”) no hace ningún comentario crítico a tan bárbaro disparate y se traga el sable del “ahorro” sin pestañear, cuando de lo que se trata es de una auténtica confiscación en toda regla. Aún estamos esperando que informe de que la Sra. Franco tributa(ba) como no residente, ahorrándose toda la progresividad del IRPF.
Hay evidencias de que el pago de las pensiones futuras va a implicar problemas para el sistema público. Una solución razonable sería “implicar” a las empresas y a los particulares para que fueran constituyendo fuentes complementarias de ingresos para los futuros pasivos. Solución Bildu: Reducir los incentivos fiscales a empresas y a medio plazo, cargarse los de las EPSVs (planes de pensiones rescatables a los 10 años de su constitución, si bien la cantidad rescatada tributa por IRPF como rendimiento de trabajo).
Nada extraño en quienes pusieron la bandera de Venezuela en el Palacio Provincial el día que Chavez nos abandonó.
Hay que reconocer que los nuevos sátrapas han eliminado un monopolio: El de la ingeniería fiscal. En esto, PP y Bildu no se diferencian más que en pequeños matices.
Pero ahí no acaba la cosa. El Gobierno quiere que los autónomos aumenten sus bases de cotización. Recordemos que pueden elegirla con ciertos límites máximo y mínimo, que carecen de protección por desempleo y que normalmente eligen destinar parte de su renta (cuando la hay) a planes individuales de pensiones, ante las dudas razonables de los “derechos” sobre las pensiones futuras.
Para apoyar el emprendimiento, el Gobierno ha decidido “hacer pedagogía” “animando” a aumentar las bases de cotización. Y si los autónomos nos negamos, no hay problema, subirán las bases mínimas en lo que sea necesario.
Luego se extrañarán de que aumente la economía informal. Recordemos que la sumergida es la oficial, sepultada por toneladas de regulaciones asfixiantes y un sistema fiscal-“social” extractivo hasta la confiscación pura y dura.
Pues nada Aloe; como se enteren nuestros políticos y sindicalistas se van a hacer todos monaguillos… por ahí se empieza, ¿no?
Ahora me entero que los obispos compran bienes gratis. Yo pensaba que este privilegio estaba reservado a los sindicatos obreros y patronales que recibieron gratis et amore la propiedad o uso de un enorme número de edificios públicos de gran valor, a cuenta del “patrimonio sindical histórico” (justo) y el “acumulado” (esto es de coña, pues supuso reconocer ex lege la condición de herederos a beneficio de inventario de los sindicatos verticales franquistas, puesto que los trabajadores fueron reconvertidos a funcionarios del estado).
La Iglesia, compra, es decir paga el precio, de los inmuebles que adquiere y goza de determinadas exenciones fiscales. Los sindicatos “de clase” adquieren gratuitamente y además libres de impuestos, una ingente cantidad de inmuebles pagados con los impuestos de todos los ciudadanos.
La propiedad (de los demás) es un robo.
Creo que se refiere a la voracidad episcopal por bienes comunales:
http://elpais.com/diario/2011/07/11/sociedad/1310335203_850215.html
No “compran bienes gratis”. Se apuntan a su nombre, certificándose a sí mismos como propietarios/notarios, diversos bienes inmuebles que no estaban en el registro de la propiedad, y se consideraban bienes comunales, por ejemplo del municipio.
El argumento es que son iglesias y sus anexos, dependencias y demás (viviendas rectorales incluidas), pero es un curioso argumento, porque no se exige justificar ni el título de propiedad del suelo ni el pago del coste de las construcciones. Dada la devoción religiosa tradicional de muchos españoles, y dada sobre todo la inexistencia de separación entre la iglesia y las instituciones públicas, los pueblos y vecindarios han contruido, cedido y mantenido edificios de uso eclesiaśtico gastando de lo suyo propio. Y ahora… deslindamos pero por la ley de Juan Palomo: ¿es de uso eclasiastico (o fue)? … pues es mío porque yo lo valgo.
Estas cosas no son buenas para la iglesia y mucho menos para la religión. La última vez que la iglesia católica tuvo tirón entre los increyentes sin blandir el garrote del Estado ni llevar delante la espada del ejército, fue cuando apenas tenía bienes ni dinero. A la larga estas conductas son mortales. Pero ellos sabrán.
A muchos fieles tampoco les ha gustado. Los obispoos creen que no necesitan la buena voluntad de la gente, que les basta la generosidad del Estado y los privilegios legales. Gran error. Eso vale cuando va acompañado de Estado autoritario y catolicismo obligatorio. Y hoy no es el caso, ni lo va a ser en los próximos cincuenta años.
No, no lo creo. La Iglesia se vanagloria de no ser ni una democracia ni una meritocracia. Por donde habría que empezar para hacer carrera es por hacerse numerario (es decir, célibe con votos viviendo en comunidad religiosa) del OD para luego escalar puestos en su jerarquía e intentar llegar a “adscrito” (los componentes del círculo interior) o ingresar en el Seminario, ordenarse presbítero y postularse para obispo trabajándose a los obispos afines y al Nuncio.
Las dos carreras se parecen en muchas cosas a la de político profesional de hoy en día: es decir, se asciende por cooptación y el mérito principal es la obediencia y el encefalograma plano.
La diferencia con los políticos es la renuncia a tener una familia propia y una pareja estable, que es una exigencia que hoy en día poca gente está dispuesta a considerar. La mayor parte de la gente le da mucho más valor hoy que antiguamente a lo de la familia. Es un efecto del laicismo y la pérdida de influencia de la Iglesia, que siempre consideró lo de la familia como muy de estar ahí abajo, en el barro y con la clase de tropa.
Me apunto a las propuestas que realiza Manu Oquendo. Creo que una de las básicas que deberían cumplir partidos, sindicatos, patronal, etc … es la de auditoría de sus cuentas 3 meses después del cierre del ejercicio, como cualquier empresa. Lo del Tribunal de Cuentas ya ha mostrado suficientemente ser una tomadura de pelo que no sirve para nada. Yo aprobaría también la suspensión de sueldo de todos los miembros del Tribunal de Cuentas mientras no demuestren que su trabajo sirve para algo.
Falso de toda falsedad o al menos, gravemente incorrecto eso que dices, Aloe.
La Iglesia puede inmatricular bienes en el Registro de la Propiedad mediante certificación eclesiástica (del obispo, normalmente) por muy diversas razones que resumo aquí:
1º.- El tratamiento histórico de los bienes eclesiásticos fue, respecto del Registro de la Propiedad, el mismo que el del Estado y los demás entes públicos. Al igual que muchos bienes públicos de municipios, fueron afectados por las desamortizaciones del siglo XIX.
2º.- Esto no se debe como dicen usted y la propaganda, a la confesionalidad del Estado franquista sino a la notoriedad del hecho de la pacífica propiedad y posesión de dichos bienes, acreditada por la exactitud no cuestionada de los registros eclesiásticos a lo largo de la historia, muy anteriores a los propios registros del Estado en muchos casos. La posibilidad de inmatriculación de bienes de la Iglesia por simple certificación de dominio ya existía desde el siglo XIX y sólo afecta a los bienes respecto de los cuales no tiene un título público de adquisición, lo cual es bastante lógico en bienes inmuebles de que es dueña desde tiempo inmemorial.
3º.- El problema se plantea cuando como consecuencia de la secularización y la despoblación de los ámbitos rurales, muchos bienes eclesiásticos ya no se utilizan para el culto y están “abandonados” (no jurídicamente), de manera que muchos municipios o asociaciones vecinales, generalmente ligadas al mundo radical (batasunos) los han ocupado y luego intentado hacerse con la propiedad “para el pueblo”, sin título alguno o con títulos hartamente discutibles, motivo por el cual los obispados han reaccionado inmatriculando todos los bienes respecto de los cuales había problemas de este tipo.
4º.- En los lugares donde la Iglesia tenía los bienes debidamente inmatriculados, no se ha planteado problema alguno.
5º.- La inmatriculación no implica ninguna adquisición a non domino en favor de la Iglesia Católica. Simplemente le permite disfrutar de la misma protección extrajudicial derivada del hecho de la inscripción que a cualquier otra persona física o jurídica, pero si el título de propiedad alegado para la inmatriculación fuera discutido en la esfera judicial, dicha inscripción no le daría privilegio procesal ni sustantivo alguno, lo mismo que ocurriría con cualquier otra finca inmatriculada. En España, en caso de disputa acerca de la propiedad de un bien resuelven los tribunales, no la Ley Hipotecaria, la cual establece una sólida protección a quien adquiere a título oneroso del titular registral pero no a quien inscribe por primera vez.
En definitiva, quien plantee una acción reivindicatoria contra la Iglesia por una apropiación indebida (en sentido civil) de ésta, simplemente tiene que alegar y acreditar un título de dominio mejor que el de aquella y con independencia de que el bien esté o no inscrito en el Registro de la Propiedad. Como ocurre con cualquier otro bien inmueble.
Con independencia de sus filias y fobias personales, ¿tiene razón o no tiene razón la señora Franco? No he visto la argumentación.
Sobre la “solución razonable”: es una opinión basada más en un tal vez que de análisis económico.
Las Haciendas del País Vasco y Navarra bajaron impuestos a las empresas, y el Tribunal Constitucional les obligó a subirlos. Por comentar.
La polémica y las razones de política fiscal respecto a la tributación conjunta o individual vienen de muy lejos y tienen buenos argumentos en los dos sentidos (o en los varios sentidos, porque hay otras opciones, como el split y alguna más).
En otros tiempos, hasta hace no muchos años, la tributación conjunta era obligatoria, y eso sí que era discriminatorio para las mujeres, normalmente las perceptoras de las rentas menores o más precarias, puesto que castigaba fiscalmente lo que ganaban gravándolo al tipo marginal (y de ahí para arriba) de los ingresos del perceptor principal, normalmente el marido.
Que la tributación conjunta obligatoria se eliminase era de justicia. Que se dejase como opcional (no solo para los cónyuges, sino premiando la existencia de hijos menores que no ganen nada, que son casi todos y justamente no los más pobres) no deja de ser permitir la ventaja de una economía de opción fiscal arbitraria, y tratar bastante mejor la existencia de hijos de 17 que de hijos de 18 (¿por qué?).
El argumento a favor es principalmente que en las familias con un solo perceptor de renta hay que tener en cuenta que esa renta mantiene a más personas que la misma renta cuando el cónyuge gana también. Es cierto, pero sería más equitativo y graduaría mejor entre los diversos casos familiares ser más generoso con las deducciones por personas dependientes (de la base como ahora o, mejor, de la cuota como antes) que permitir dos tarifas distintas porque sí, a quien le convenga y solo para algunos.
Pero ahí no acaba la cosa. El Gobierno quiere que los autónomos aumenten sus bases de cotización. Recordemos que pueden elegirla con ciertos límites máximo y mínimo, que carecen de protección por desempleo y que normalmente eligen destinar parte de su renta (cuando la hay) a planes individuales de pensiones, ante las dudas razonables de los “derechos” sobre las pensiones futuras.
Para apoyar el emprendimiento, el Gobierno ha decidido “hacer pedagogía” “animando” a aumentar las bases de cotización. Y si los autónomos nos negamos, no hay problema, subirán las bases mínimas en lo que sea necesario.
Luego se extrañarán de que aumente la economía informal. Recordemos que la sumergida es la oficial, sepultada por toneladas de regulaciones asfixiantes y un sistema fiscal-“social” extractivo hasta la confiscación pura y dura.
Ahora me entero que los obispos compran bienes gratis. Yo pensaba que este privilegio estaba reservado a los sindicatos obreros y patronales que recibieron gratis et amore la propiedad o uso de un enorme número de edificios públicos de gran valor, a cuenta del “patrimonio sindical histórico” (justo) y el “acumulado” (esto es de coña, pues supuso reconocer ex lege la condición de herederos a beneficio de inventario de los sindicatos verticales franquistas, puesto que los trabajadores fueron reconvertidos a funcionarios del estado).
La Iglesia, compra, es decir paga el precio, de los inmuebles que adquiere y goza de determinadas exenciones fiscales. Los sindicatos “de clase” adquieren gratuitamente y además libres de impuestos, una ingente cantidad de inmuebles pagados con los impuestos de todos los ciudadanos.
La propiedad (de los demás) es un robo.
Creo que se refiere a la voracidad episcopal por bienes comunales:
http://elpais.com/diario/2011/07/11/sociedad/1310335203_850215.html
No “compran bienes gratis”. Se apuntan a su nombre, certificándose a sí mismos como propietarios/notarios, diversos bienes inmuebles que no estaban en el registro de la propiedad, y se consideraban bienes comunales, por ejemplo del municipio.
El argumento es que son iglesias y sus anexos, dependencias y demás (viviendas rectorales incluidas), pero es un curioso argumento, porque no se exige justificar ni el título de propiedad del suelo ni el pago del coste de las construcciones. Dada la devoción religiosa tradicional de muchos españoles, y dada sobre todo la inexistencia de separación entre la iglesia y las instituciones públicas, los pueblos y vecindarios han contruido, cedido y mantenido edificios de uso eclesiaśtico gastando de lo suyo propio. Y ahora… deslindamos pero por la ley de Juan Palomo: ¿es de uso eclasiastico (o fue)? … pues es mío porque yo lo valgo.
Estas cosas no son buenas para la iglesia y mucho menos para la religión. La última vez que la iglesia católica tuvo tirón entre los increyentes sin blandir el garrote del Estado ni llevar delante la espada del ejército, fue cuando apenas tenía bienes ni dinero. A la larga estas conductas son mortales. Pero ellos sabrán.
A muchos fieles tampoco les ha gustado. Los obispoos creen que no necesitan la buena voluntad de la gente, que les basta la generosidad del Estado y los privilegios legales. Gran error. Eso vale cuando va acompañado de Estado autoritario y catolicismo obligatorio. Y hoy no es el caso, ni lo va a ser en los próximos cincuenta años.
Me apunto a las propuestas que realiza Manu Oquendo. Creo que una de las básicas que deberían cumplir partidos, sindicatos, patronal, etc … es la de auditoría de sus cuentas 3 meses después del cierre del ejercicio, como cualquier empresa. Lo del Tribunal de Cuentas ya ha mostrado suficientemente ser una tomadura de pelo que no sirve para nada. Yo aprobaría también la suspensión de sueldo de todos los miembros del Tribunal de Cuentas mientras no demuestren que su trabajo sirve para algo.
Falso de toda falsedad o al menos, gravemente incorrecto eso que dices, Aloe.
La Iglesia puede inmatricular bienes en el Registro de la Propiedad mediante certificación eclesiástica (del obispo, normalmente) por muy diversas razones que resumo aquí:
1º.- El tratamiento histórico de los bienes eclesiásticos fue, respecto del Registro de la Propiedad, el mismo que el del Estado y los demás entes públicos. Al igual que muchos bienes públicos de municipios, fueron afectados por las desamortizaciones del siglo XIX.
2º.- Esto no se debe como dicen usted y la propaganda, a la confesionalidad del Estado franquista sino a la notoriedad del hecho de la pacífica propiedad y posesión de dichos bienes, acreditada por la exactitud no cuestionada de los registros eclesiásticos a lo largo de la historia, muy anteriores a los propios registros del Estado en muchos casos. La posibilidad de inmatriculación de bienes de la Iglesia por simple certificación de dominio ya existía desde el siglo XIX y sólo afecta a los bienes respecto de los cuales no tiene un título público de adquisición, lo cual es bastante lógico en bienes inmuebles de que es dueña desde tiempo inmemorial.
3º.- El problema se plantea cuando como consecuencia de la secularización y la despoblación de los ámbitos rurales, muchos bienes eclesiásticos ya no se utilizan para el culto y están “abandonados” (no jurídicamente), de manera que muchos municipios o asociaciones vecinales, generalmente ligadas al mundo radical (batasunos) los han ocupado y luego intentado hacerse con la propiedad “para el pueblo”, sin título alguno o con títulos hartamente discutibles, motivo por el cual los obispados han reaccionado inmatriculando todos los bienes respecto de los cuales había problemas de este tipo.
4º.- En los lugares donde la Iglesia tenía los bienes debidamente inmatriculados, no se ha planteado problema alguno.
5º.- La inmatriculación no implica ninguna adquisición a non domino en favor de la Iglesia Católica. Simplemente le permite disfrutar de la misma protección extrajudicial derivada del hecho de la inscripción que a cualquier otra persona física o jurídica, pero si el título de propiedad alegado para la inmatriculación fuera discutido en la esfera judicial, dicha inscripción no le daría privilegio procesal ni sustantivo alguno, lo mismo que ocurriría con cualquier otra finca inmatriculada. En España, en caso de disputa acerca de la propiedad de un bien resuelven los tribunales, no la Ley Hipotecaria, la cual establece una sólida protección a quien adquiere a título oneroso del titular registral pero no a quien inscribe por primera vez.
En definitiva, quien plantee una acción reivindicatoria contra la Iglesia por una apropiación indebida (en sentido civil) de ésta, simplemente tiene que alegar y acreditar un título de dominio mejor que el de aquella y con independencia de que el bien esté o no inscrito en el Registro de la Propiedad. Como ocurre con cualquier otro bien inmueble.
Por matizar dos “tonterías”: la desamortización de los bienes de la Iglesia no fue a cambio de nada, sino que recibieron diversas contraprestaciones; y el régimen de algunos de los bienes de culto (no todos los de la Iglesia) era el mismo que el de los bienes de dominio público (no el de todos los bienes públicos), es decir, equiparados al dominio púb´lico (bienes de todos, no de una persona jurídica privada -o Estado vaticano, en el ámbito del Derecho internacional-)
Por cierto, no sabía que en Galicia también había “batasunos” (en todo caso, la fobia no es argumento para desacreditar sus razones).
Añado a lo anterior que el hecho de cuidar a título de fidelidad religiosa, altruismo o por simple vocación de conservar el patrimonio histórico-cultural no es título de adquisición del dominio en ningún sitio civilizado.
Pero vamos, que el debate no es si debería suprimirse la facultad de inmatricular bienes eclesiásticos por certificación diocesana del dominio, sino la resistencia numantina de los sindicatos patronales y “obreros” herederos a beneficio de inventario de los sindicatos verticales franquistas y beneficiarios de un sinfín de subvenciones públicas finalistas o no de todo orden, de las que viven estupendamente, a someterse a las disposiciones de la Ley de Transparencia, por otra parte bien mojigatas y con múltiples vías de escape.
Al menos desde el punto de vista de las palabras, los malvados obispos han pedido expresamente someterse a la ley de transparencia, mientras que los magnánimos y nunca lo suficientemente ponderados sindicatos de clase, obreros y patronales, se niegan con todas sus fuerzas.
Con un par.
Los obispos no son malvados, hombre. O no más que cualquier otro político, que es lo que en definitiva son, aunque de una clase peculiar.
En cuanto a que la transparencia en las cuentas y los demás elementos de su administración les guste mucho, sería una noticia excelente, de las que andamos tan escasos.
Y una novedad estupefaciente y nunca vista antes, pero no hay que perder la fe, milagros más extraordinarios han sucedido.
Sus argumentos respecto a por qué yo no puedo inmatricularme por mi cuenta una finca y los obispos sí (porque tienen potestad pública como el Estado) se comentan solos.
Añado a lo anterior que el hecho de cuidar a título de fidelidad religiosa, altruismo o por simple vocación de conservar el patrimonio histórico-cultural no es título de adquisición del dominio en ningún sitio civilizado.
Pero vamos, que el debate no es si debería suprimirse la facultad de inmatricular bienes eclesiásticos por certificación diocesana del dominio, sino la resistencia numantina de los sindicatos patronales y “obreros” herederos a beneficio de inventario de los sindicatos verticales franquistas y beneficiarios de un sinfín de subvenciones públicas finalistas o no de todo orden, de las que viven estupendamente, a someterse a las disposiciones de la Ley de Transparencia, por otra parte bien mojigatas y con múltiples vías de escape.
Al menos desde el punto de vista de las palabras, los malvados obispos han pedido expresamente someterse a la ley de transparencia, mientras que los magnánimos y nunca lo suficientemente ponderados sindicatos de clase, obreros y patronales, se niegan con todas sus fuerzas.
Con un par.
La familia –para la Iglesia- es “muy de estar ahí abajo”… 😮
Aloe, si por familia entiende Ud los “diversos modelos” que actualmente se ofrecen (y esto no ha heho más que empezar, desde luego, ya verá qué cosas aparecen) no me extraña nada de lo que escribe. Para la Iglesia esas familias es que ni siquiera son familias, sino algo distinto. Pero si entiende mamá, papá y los hijos… pues sencillamente se equivoca. No hay cosa más cuidada por la Iglesia que la familia. Lo sé por experiencia personal y dilatadísima. Nací en una familia, formé otra con seis hijos, llegó hasta buen puerto (la muerte de mi primera esposa), he formado otra… y SIEMPRE he encontrado el mejor y más exquisito apoyo en cualquier circunstancia, de la Iglesia, para mis familias. ¡Nada de “ahí abajo”!
Creo que sería inútil cortapegarle textos oficiales de la Iglesia… seguirá Ud en su postura. Obispos que “se adueñan de bienes comunes” (el hecho de que fueran previamente regalados a la Iglesia da igual, claro); el Opus como vía para hacer dinero (le recomiendo – por cierto subvencionada generosamente con el dinero de mis impuestos sin consultarme vía crucecita- seguro que le hará disfrutar mucho).
Le ofrezco, por si tiene bien añadir a su lista, antiguas acusaciones que se dirigían contra la Iglesia hace ya siglos: canibalismo, incesto… venga, no se corte. ¡Hay sólida base! Las cristianos comemos carne y sangre humanas, y nos casamos entre hermanos… (No es broma: estas acusaciones llevaron muchísimos mártires a la muerte. Cuando la Iglesia era paupérrima, sí).
Aloe…mala gente la hay en todas partes, en la Iglesia también, desde luego. Pero… ¿de verdad cree Ud lo que escribe sobre el requisito del “electroencefalograma plano”? ¡Venga, Aloe! Ud sabe que no es así, ni esto ni muchas otras cosas. ¡Está Ud exagerando! ¡Parece Ud yo!
Vaaaalee… que sí, Que yo también he exagerado cuando he dicho que ningún político tiene ideales; lo hay que sí que tienen. No todos van a forrarse. Mea culpa.
Un saludo.
No, yo por familia estoy entendiendo la familia de toda la vida, esa cuyo núcleo es fundado por una pareja estable que convive públicamente y que a veces tiene hijos.
Esa es la familia que los presbíteros y los numerarios no pueden fundar. Las familias informales, raras, heterodoxas o mediopensonistas sí que pueden tenerlas, si se lo montan bien y no dan escándalo.
En cuanto a que tener esposa y famiia es para la clase de tropa y las categorías de almas inferiores, a los Padres y Doctores de la Iglesia me remito, y, por la parte que le toca, a los escritos del fundador del OD. El tema y la posición son tan continuados, manidos y abundantemente expuestos que no hay discusión posible.
(Tener esposo no lo menciono porque ni siquiera se plantea la posibilidad para las mujeres de ser otra cosa que clase tropa, con celibato o sin él)
Por supuesto, hoy las cosas han cambiado un poco, y la doctrina al respecto, en consecuencia, se ha hecho ambigua.
La familia y la vida familiar tienen mucho más prestigio y están más arriba en la valoración de la gente (mucho más que la vida monacal o en cualquier clase de comunidad colectiva, a diferencia de otros tiempos), y por otro lado, la Iglesia siempre consideró, naturalmente, que el second best, después de la vida consagrada en celibato, era la vida en matrimonio cristiano como Dios manda: clase de tropa pero con disciplina, oiga.
Por tanto, denigrar el matrimonio como algo inferior ha dejado de ser una opción vendible. Ahora la familia, de ser el destino de la gente de poco pelo, ha pasado a ser lo que se pone en el mejor lugar del escaparate.
El problema es, naturalmente, vender a la vez que el celibato es lo más de lo más y seguir exigiéndolo a la tropa de éiite. Por eso cada vez tiene menos candidatos a entrar en su élite.
Por supuesto, ya lo resolverán, cuando el problema les acucie más. Pero soltar lastre patrimonial, de bienes raíces y de bienes de representación les ayudaría bastante en el camino.
Las iglesias evangélicas (e históricamente, los protestantes no conformistas, metodistas, etc.) se las han arreglado mucho mejor con menos parafernalia y menos privilegios legales, y dejando que los pastores tuvieran familia y frecuentemente ejercieran una profesión. Como los apóstoles, digamos. Y, sin ejército, ni garrote, ni estar incrustadas en el Estado, están comiéndole la tostada al catolicismo en Latinoamérica, desde abajo y por conversión genuina. Para pensarlo.
Publicar todas sus cuentas, tener criterios públicos y bases inclusivas en cuanto al nombramiento de cargos de poder, y apegarse menos al Registro de la Propiedad, al Presupuesto y a los privilegios legales serían una buenísima cosa para su renacimiento. Pero les pasa lo mismo que a los partidos mayoritarios y la casta de políticos profesionales. Y por lo mismos motivos.
La clave de nuestros desacuerdos, Aloe, está en una expresión suya, irónica como muchas otras (ojo, la ironía me gusta, ¿eh?):
“la vida en matrimonio cristiano como Dios manda”
¡Vélay! La Iglesia, en efecto, quiere actuar “como Dios manda”. Muy en serio. De ahí que el 99 por ciento de lo que hace sea incomprensible, absurdo, y hasta hipócrita, “para los ojos del mundo”.
Normal. Estábamos avisados desde el primer momento.
Saludos.
No lo creo, señor. Yo no soy una lumbrera, y comprendo perfectamente a la Iglesia, sus razones y su conducta. En realidad, no es más difícil que comprender a cualquier concejal de urbanismo o a cualquier vendedor de seguros, por poner el ejemplo de dos honrosas profesiones.
En cuanto a las motivaciones religiosas en sí mismas, eso pertenece a la conciencia de cada uno, el cual es, o debería ser, señor absoluto en ella. De lo que “Dios manda” usted, yo y el obispo de Calahorra tenemos cada uno nuestras opiniones, pero ninguno de nosotros la autoridad o la certeza acerca de ello, ni el derecho a que otros se comporten en vista de nuestra opinión. Las cosas públicas como la propiedad, los estatutos legales y las obligaciones civiles son las que importan aquí, y no deberían depender en ninguna medida de las opiniones de alguna parte interesada respecto a lo que “Dios manda”.
Quizá hacer lo que “Dios manda” les llevaría a exigirse a sí mismos más de lo que la ley exige a otras organizaciones. Difícilmente les puede llevar a exigirse menos que a estas.
La familia –para la Iglesia- es “muy de estar ahí abajo”… 😮
Aloe, si por familia entiende Ud los “diversos modelos” que actualmente se ofrecen (y esto no ha heho más que empezar, desde luego, ya verá qué cosas aparecen) no me extraña nada de lo que escribe. Para la Iglesia esas familias es que ni siquiera son familias, sino algo distinto. Pero si entiende mamá, papá y los hijos… pues sencillamente se equivoca. No hay cosa más cuidada por la Iglesia que la familia. Lo sé por experiencia personal y dilatadísima. Nací en una familia, formé otra con seis hijos, llegó hasta buen puerto (la muerte de mi primera esposa), he formado otra… y SIEMPRE he encontrado el mejor y más exquisito apoyo en cualquier circunstancia, de la Iglesia, para mis familias. ¡Nada de “ahí abajo”!
Creo que sería inútil cortapegarle textos oficiales de la Iglesia… seguirá Ud en su postura. Obispos que “se adueñan de bienes comunes” (el hecho de que fueran previamente regalados a la Iglesia da igual, claro); el Opus como vía para hacer dinero (le recomiendo – por cierto subvencionada generosamente con el dinero de mis impuestos sin consultarme vía crucecita- seguro que le hará disfrutar mucho).
Le ofrezco, por si tiene bien añadir a su lista, antiguas acusaciones que se dirigían contra la Iglesia hace ya siglos: canibalismo, incesto… venga, no se corte. ¡Hay sólida base! Las cristianos comemos carne y sangre humanas, y nos casamos entre hermanos… (No es broma: estas acusaciones llevaron muchísimos mártires a la muerte. Cuando la Iglesia era paupérrima, sí).
Aloe…mala gente la hay en todas partes, en la Iglesia también, desde luego. Pero… ¿de verdad cree Ud lo que escribe sobre el requisito del “electroencefalograma plano”? ¡Venga, Aloe! Ud sabe que no es así, ni esto ni muchas otras cosas. ¡Está Ud exagerando! ¡Parece Ud yo!
Vaaaalee… que sí, Que yo también he exagerado cuando he dicho que ningún político tiene ideales; lo hay que sí que tienen. No todos van a forrarse. Mea culpa.
Un saludo.
Lo que se discute es el privilegio que otorga la ley al obispo, ‘normalmente’ para poner a su nombre -y sin demostrar que le pertenecen- bienes que nunca tuvieron propietario registrado, a veces solo para poder mercadear con ellos. Vamos, un procedimiento totalmente transparente.
Además el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, aprobada en 1946 en pleno estado confesional franquista, que concede a la Iglesia el privilegio de inmatricular mediante la propia certificación del Diocesano, está bajo clara sospecha de inconstitucionalidad.
http://plataforma-ekimena.org/?p=149
De lo que se trata es de tratar de jorobar a la Iglesia. Están ustedes en su derecho. No olvide que el “privilegio” de la Iglesia también los tienen las corporaciones locales, algunas de las cuales no han dudado en falsificar documentos para inmatricular bienes de la Iglesia a su nombre.
Por otra parte ha habido alguna sentencia del TS que ha negado a la Iglesia el derecho de propiedad alegado. En los países serios las cuestiones litigiosas acerca de la propiedad se dirimen en los tribunales, no mediante okupaciones amparadas por instituciones públicas.
Para un estudio detallado de la cuestión:
http://www.academia.edu/730752/La_inmatriculacion_de_fincas_de_la_Iglesia_catolica_por_medio_de_certificacion_diocesana_First_Registration_of_Immovable_Properties_of_the_Catholic_Church_through_diocesan_certification
Comparar la Iglesia católica (y solo esa Iglesia, no otras, aunque todas entidades privadas) con las Corporaciones locales (de carácter público y democrático) creo que está fuera de contexto.
Citar un documento desde la perspectiva del Derecho canónico tiene cierto tufo, pero bueno.
Existen otros análisis, por ejemplo en:
http://plataforma-ekimena.org/
Eh tranquilidad, que la Iglesia ya se joroba sola. Del documento:
“la constitucionalidad [..] requiere alejarse de la interpretación literal o gramatical del artículo 206 LH y, al mismo tiempo, justificar por razones históricas y teleológicas el precepto tal y como está redactado.”
Respeto las razones históricas, pero tanta o más tiene el derecho comunal que el canónico. Razones teleológicas, se me escapa sinceramente, no soy escolástico, ¿no querrá decir teológicas o teocráticas o divinas?.
Saludos
Lo que se discute es el privilegio que otorga la ley al obispo, ‘normalmente’ para poner a su nombre -y sin demostrar que le pertenecen- bienes que nunca tuvieron propietario registrado, a veces solo para poder mercadear con ellos. Vamos, un procedimiento totalmente transparente.
Además el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, aprobada en 1946 en pleno estado confesional franquista, que concede a la Iglesia el privilegio de inmatricular mediante la propia certificación del Diocesano, está bajo clara sospecha de inconstitucionalidad.
http://plataforma-ekimena.org/?p=149
Hola, Ennecerus.
La semana pasada estuve tres días en Guipúzcoa y lo que se ve es que, poco a poco, el factor bildutarra se manifiesta como lo que es: sectario, torpe, a veces inaudito.
A mi modo de ver ya han visto sus días mejores electoralmente.
Comenzaron con la clasificación individualizada de las bolsas de basura en Hernani y Urnieta y se les ha echado la gente encima. Primero llevándose la basura a otros ayuntamientos y últimamente con enfrentamientos directos. Si no tienen pistola es otra cosa.
La propuesta que comentas “se imputa” a Helena Franco, bildutarra al frente de la Hacienda Foral provincial a las órdenes de Garitano, y está en la línea clásica de los ideólogos de género más extremistas: hacen caja al dividir a la sociedad y debilitar aquellas instituciones que como la familia se les pueden resistir aunque sólo sea porque de alguna forma protege a sus miembros. También Rubalcaba acaba de decir que “la igualdad de género a la Constitución” como si no supiese leer. Por si cuela. Entre nosotros, para mi que esta idea no es de Helena, es más propia de Garitano en noche de copas. Sembrar cizaña para dividir es una táctica electoral que no nos cuestionamos lo suficiente
Pero no llegará la sangre al río.
En primer lugar porque la declaración conjunta beneficia –un poquito– a ambos y a la unidad familiar, niños incluidos. La gente normal no es masoquista.
La propuesta de Helena ya se encuentra con la repulsa generalizada, como está sucediendo, por parte del resto de partidos y en la calle.
No se puede tomar a la gente por idiota porque cualquiera sabe usar el lápiz para hacer números. Vale la pena leer los comentarios de los lectores en el DV.
Saludos
Hola, Ennecerus.
La semana pasada estuve tres días en Guipúzcoa y lo que se ve es que, poco a poco, el factor bildutarra se manifiesta como lo que es: sectario, torpe, a veces inaudito.
A mi modo de ver ya han visto sus días mejores electoralmente.
Comenzaron con la clasificación individualizada de las bolsas de basura en Hernani y Urnieta y se les ha echado la gente encima. Primero llevándose la basura a otros ayuntamientos y últimamente con enfrentamientos directos. Si no tienen pistola es otra cosa.
La propuesta que comentas “se imputa” a Helena Franco, bildutarra al frente de la Hacienda Foral provincial a las órdenes de Garitano, y está en la línea clásica de los ideólogos de género más extremistas: hacen caja al dividir a la sociedad y debilitar aquellas instituciones que como la familia se les pueden resistir aunque sólo sea porque de alguna forma protege a sus miembros. También Rubalcaba acaba de decir que “la igualdad de género a la Constitución” como si no supiese leer. Por si cuela. Entre nosotros, para mi que esta idea no es de Helena, es más propia de Garitano en noche de copas. Sembrar cizaña para dividir es una táctica electoral que no nos cuestionamos lo suficiente
Pero no llegará la sangre al río.
En primer lugar porque la declaración conjunta beneficia –un poquito– a ambos y a la unidad familiar, niños incluidos. La gente normal no es masoquista.
La propuesta de Helena ya se encuentra con la repulsa generalizada, como está sucediendo, por parte del resto de partidos y en la calle.
No se puede tomar a la gente por idiota porque cualquiera sabe usar el lápiz para hacer números. Vale la pena leer los comentarios de los lectores en el DV.
Saludos
Manu, si eres tan amable indícame una dirección electrónica de contacto, perdí la que me facilitaste en su momento.
Un saludo.
Si el Congreso “trabaja” como lo ha hecho este año, mal vamos en que salga una “buena” Ley de transparencia.
Los Sindicatos buscan hacerse su “corralito” a costa de dinero Publico y, si como Vds dicen jamás el Tribunal de Cuentas les ha auditado (para que opinar), ya sabemos como acabará.
Realmente..¿porque no se inscriben como Partidos Politicos a los sindicatos? pues su función como Sindicatos deja muchísimo que desear. Descaradamente se nota la afinidad entre el PSOE y estos.
Acertada la recriminación del Grupo Popular sobre las cuentas de los sindicatos, pero este grupo también debería se más transparente y dejar de mirar al cielo y a la banca.
Realmente creo que no tienen intención de aclarar nada y si de hacer esta ley a Medida. Todos deberian estar, todos inclusive SM.
Si el Congreso “trabaja” como lo ha hecho este año, mal vamos en que salga una “buena” Ley de transparencia.
Los Sindicatos buscan hacerse su “corralito” a costa de dinero Publico y, si como Vds dicen jamás el Tribunal de Cuentas les ha auditado (para que opinar), ya sabemos como acabará.
Realmente..¿porque no se inscriben como Partidos Politicos a los sindicatos? pues su función como Sindicatos deja muchísimo que desear. Descaradamente se nota la afinidad entre el PSOE y estos.
Acertada la recriminación del Grupo Popular sobre las cuentas de los sindicatos, pero este grupo también debería se más transparente y dejar de mirar al cielo y a la banca.
Realmente creo que no tienen intención de aclarar nada y si de hacer esta ley a Medida. Todos deberian estar, todos inclusive SM.
Para Aloe: Dice Ud sobre Caritas:
“… la Iglesia pone creo que el uno por mil del dinero y el resto lo pone el Tesoro Público y otros donantes, privados y públicos”.
La PRINCIPAL fuente de ingresos de Caritas (141 millones de euros de un total de 250 en 2011) son donaciones de particulares. El resto es público (incluyendo la UE). Tiene que ver la tan denostada “crucecita” en el IRPF.
Naturalmente, entre los donantes habrá de todo. Supongo que no faltarán ateos, masones, capitalistas, comunistas, nazis, y gente que no hace otra cosa en su tiempo libre que sacarle punta a cualquier tema para con él atacar a la Iglesia. Seguro que sí. El ser humano es así de paradójico: puede estar todo el día refunfuñando contra la Iglesia y hasta atacándola todo lo que pueda, y a la vez reconocer que no hay institución mejor para atender a los necesitados que ¡oh casualidad! la de la Iglesia. Y darle dinero. Sí. Los habrá anticatólicos. Pero…¿cuántos?
Es evidente que la parte principal de ese dinero sale de los católicos. Del conjunto de los católicos. es decir: de la Iglesia. De colectas, de donaciones, de legados. De mil maneras ingeniosas con que en las parroquias los VOLUNTARIOS de Caritas, tras la Misa, se las apañan para que demos todavía “ese poquito más” que tanta falta les hace.
Si total la Iglesia no da sino el uno por mil que Ud dice… ¿por qué no suprimimos Caritas y creamos Solidaritas? Laaica a tope, naturalmente. Habría tanta gente tan feliz con el cambio. ¡E irían TAN bien las cosas! Un Comité paritario a su cabeza: Sindicatos, CEOE y Partidos. Y Comisiones y subcomisiones… Voluntarios… ¿Ud iría de voluntario, verdad Aloe?
Un saludo.
“
Hombre, instituciones mejores sí hay, pero están en Suecia y otros países protestantes.
Y sí, todos mis parientes creyentes donan bastante dinero a Caritas, aunque de la Iglesia institucional no hablan bien. Acierta usted bastante.
Y sí, yo he trabajado de voluntaria en asociaciones, y cumplido a rajatabla la Ley de 2002 cuando he tenido alguna responsabilidad. Y no nos ha pasado nada ni nos han salido granos.
Para Aloe: Dice Ud sobre Caritas:
“… la Iglesia pone creo que el uno por mil del dinero y el resto lo pone el Tesoro Público y otros donantes, privados y públicos”.
La PRINCIPAL fuente de ingresos de Caritas (141 millones de euros de un total de 250 en 2011) son donaciones de particulares. El resto es público (incluyendo la UE). Tiene que ver la tan denostada “crucecita” en el IRPF.
Naturalmente, entre los donantes habrá de todo. Supongo que no faltarán ateos, masones, capitalistas, comunistas, nazis, y gente que no hace otra cosa en su tiempo libre que sacarle punta a cualquier tema para con él atacar a la Iglesia. Seguro que sí. El ser humano es así de paradójico: puede estar todo el día refunfuñando contra la Iglesia y hasta atacándola todo lo que pueda, y a la vez reconocer que no hay institución mejor para atender a los necesitados que ¡oh casualidad! la de la Iglesia. Y darle dinero. Sí. Los habrá anticatólicos. Pero…¿cuántos?
Es evidente que la parte principal de ese dinero sale de los católicos. Del conjunto de los católicos. es decir: de la Iglesia. De colectas, de donaciones, de legados. De mil maneras ingeniosas con que en las parroquias los VOLUNTARIOS de Caritas, tras la Misa, se las apañan para que demos todavía “ese poquito más” que tanta falta les hace.
Si total la Iglesia no da sino el uno por mil que Ud dice… ¿por qué no suprimimos Caritas y creamos Solidaritas? Laaica a tope, naturalmente. Habría tanta gente tan feliz con el cambio. ¡E irían TAN bien las cosas! Un Comité paritario a su cabeza: Sindicatos, CEOE y Partidos. Y Comisiones y subcomisiones… Voluntarios… ¿Ud iría de voluntario, verdad Aloe?
Un saludo.
“
La deriva del este blog cada día me sorprende más. Ya no es sólo en el tema de los comentarios (ejemplo: la Iglesia dice que quiere estar dentro de la ley de transparencia -> que buenos que son! ; dicen los mismo los sindicatos -> menuda panda de ladrones) sino que ahora hasta los propios creadores de blog están en esos mismos posicionamentos de inquina. Para muestra un botón, se empieza a hablar de la ley de transparencia y la posibilidad desechada de que sea Ley Orgánica y directamente se le da el palo a los nacionalistas ¿por qué?
Para regular la transparencia mediante Ley Orgánica los nacionalistas ni pinchan ni cortan, no son necesarios, basta con que voten todos los diputados del PP. Dirán que los nacionalistas se han pronunciado en contra de esta ley de transparencia proque les invade competencias ¿y? O es que lo que molesta no es lo que digan o hagan los nacionalistas sino su mera existencia.
Estos juicios y razonamientos los espero en los comentarios, pero cada vez son más frecuentes en los editores y francamene ya hasta es aburrido
La deriva del este blog cada día me sorprende más. Ya no es sólo en el tema de los comentarios (ejemplo: la Iglesia dice que quiere estar dentro de la ley de transparencia -> que buenos que son! ; dicen los mismo los sindicatos -> menuda panda de ladrones) sino que ahora hasta los propios creadores de blog están en esos mismos posicionamentos de inquina. Para muestra un botón, se empieza a hablar de la ley de transparencia y la posibilidad desechada de que sea Ley Orgánica y directamente se le da el palo a los nacionalistas ¿por qué?
Para regular la transparencia mediante Ley Orgánica los nacionalistas ni pinchan ni cortan, no son necesarios, basta con que voten todos los diputados del PP. Dirán que los nacionalistas se han pronunciado en contra de esta ley de transparencia proque les invade competencias ¿y? O es que lo que molesta no es lo que digan o hagan los nacionalistas sino su mera existencia.
Estos juicios y razonamientos los espero en los comentarios, pero cada vez son más frecuentes en los editores y francamene ya hasta es aburrido