In memoriam: Mariano Martín Peña

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El pasado sábado 29 de junio moría en Madrid nuestro estimado colaborador Mariano Martín Peña.
 
Mariano comenzó a colaborar con ¿Hay Derecho? a los pocos meses de su lanzamiento, aceptando con gran generosidad nuestra propuesta de tratar los problemas regulatorios de la energía en nuestro país. Es, sin duda, un tema crucial, que él desarrolló con su habitual maestría, dando a sus post, desde el primero de ellos, el tono riguroso y crítico que buscábamos.
 
Participó en este blog con dieciséis posts a lo largo de poco más de un año, hasta que su salud se lo permitió. Todos ellos magníficos, pero cabe destacar especialmente algunos, como “La reforma energética: una aventura imposible”,  “El déficit tarifario en el sector eléctrico”, o “La factura de la luz: instrucciones de uso”. Son de lectura muy recomendable por su indiscutible actualidad, porque ya se sabe que el tiempo no pasa para la sociedad española, especialmente en el ámbito de los mercados regulados. Sólo pasa, desgraciadamente, para los españoles, incluidos los mejores de ellos, como Mariano.
 
Mariano había nacido en  Ávila en el año 1936, era Doctor Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid e Ingeniero Geógrafo. Ingresó en el Instituto Geográfico en el año 1966 donde llevó a cabo numerosos trabajos geodésicos y astronómicos. En 1981 fue nombrado Subdirector General de Cartografía y Publicaciones de este Organismo. En 1985 se incorporó al recién creado Centro Español de Metrología como Subdirector Científico y de Relaciones Institucionales. Estaba en posesión de las Encomiendas de la Orden del Mérito Civil y de la Orden de Isabel la Católica.
 
Su funeral se celebrará este miércoles, 3 de julio, en la Iglesia Sta. María de Caná de Pozuelo de Alarcón, a las 21.00. Descanse en paz. Nuestro más sentido pésame para su familia.
 

La reforma de las Administraciones Públicas

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El informe CORA (acrónimo de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) tiene sin duda, el enorme mérito de haber puesto negro sobre blanco las dimensiones del problema del sector público español, tarea que no era fácil ni mucho menos, dado su tamaño y su opacidad. También empieza a manejar datos económicos. Y ha propuesto nada menos que 237 recomendaciones, la mayoría de ellas de puro sentido común, para tratar de poner orden en esta especie de agujero negro donde van a parar tantos y tantos recursos públicos. Porque estamos hablando de más de 21.000 entes públicos según algunas fuentes. Si, han leído bien. Claro está que en esta cifra se computan todos, desde los Ministerios a los Parlamentos autonómicos pasando por los más de 8.000 municipios, pero aún contando todos los organismos imprescindibles para el funcionamiento de un Estado complejo en la segunda década del siglo XXI siguen pareciendo muchos. Es una situación sencillamente insostenible se mire como se mire.
Como es lógico, las recomendaciones que realiza el informe CORA van desde la supresión de organismos duplicados o triplicados hasta el establecimiento de sinergias para el mejor aprovechamiento de recursos públicos escasos entre los que ofrecen funciones similares, sin obviar la supresión de entidades de utilidad desconocida (salvo para los que viven de ellas, claro está). Como suele ser habitual por estos predios se manejan unas cifras de ahorro tremendamente voluntaristas  dado que incluyen las que son consecuencia de reformas anteriores ya en vigor (la reducción de sueldos de directivos en el sector público estatal, por ejemplo) otras que, como la reforma de las Administraciones locales, no está nada claro que vayan a salir adelante o incluso proyectos de Ley (de Transparencia, de Unidad de Mercado, etc, etc) que solo de manera muy indirecta podrán contribuir a este ahorro. Puestos a sumar, incluso se cuentan los ahorros “en colas” o trámites para los ciudadanos gracias a la utilización de la Administración electrónica.
Pero pese a las buenas intenciones de los redactores y responsables del informe CORA, también queda claro que está concebido desde una perspectiva muy conservadora y que, en mi opinión, no va a servir para realizar la cirugía urgente que reclaman a gritos las Administraciones Públicas españolas. El problema fundamental es que el informe no cuestiona el modelo de organización territorial y político que ha convertido en mastodóntico, ineficiente, carísimo, en buena parte inútil y, en definitiva, inviable económica y organizativamente nuestro sector público en apenas dos o tres décadas. No es casualidad que tengamos tantos organismos públicos que queden fuera de los controles administrativos “tradicionales” muchos de ellos previos (intervención previa, presupuestos limitativos, procedimientos de contratación pública, procedimientos de selección de personal, etc, etc) sino que, al contrario, es una consecuencia lógica del sistema clientelar que ha ido colonizando el sector público español, primero en las Administraciones locales, luego a nivel autonómico y que últimamente, como era previsible, se ha extendido también al sector público estatal que era, por motivos históricos, el más profesionalizado y sujeto a controles. Subsisten todavía organismos públicos altamente profesionalizados que funcionan muy bien, por lo menos en los escalones técnicos, pero el reciente episodio de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, “una de las joyas de la Corona” ha dejado bien claro que nadie está a salvo.
Recordemos además que no es la primera vez ni mucho menos que se intenta atajar el problema. Así los intentos por “racionalizar” el sector público autonómico datan del Consejo de Política fiscal y financiera del año 2010 sin que se aprecien avances relevantes desde entonces. Y la razón es muy sencilla: estos organismos son sitios estupendos para colocar gente sin necesidad de superar un proceso de selección mínimamente riguroso. Por tanto, son perfectos para atender “la demanda” de los partidos políticos o/y subcontratar servicios a empresas afines, subcontratación que suele ser imprescindible si -como ocurre con frecuencia- el sistema de selección impide disponer del personal con la capacidad técnica suficiente para prestar el servicio de que se trate, por innecesario que sea. Piensen que hasta para gestionar una televisión autonómica ruinosa se necesitan profesionales. Si además estos organismos pueden facilitar ayudas públicas o financiación a otras personas o entidades la tentación de utilizarlos como mecanismo clientelar resulta irresistible. El caso Invercaria, empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, es un ejemplo perfecto. Pero hay otros muchos.
También hay que tener presente que si se cierran organismos de verdad, y no de mentirijillas  (mediante los trucos habituales de acudir a fusiones, absorciones, cambios de denominaciones, supresión de empresas en liquidación, etc, etc a los que han recurrido en mayor o menor medida las distintas Administraciones para presentar al menos una reducción nominal de su sector público) lo cierto es que hay mucha gente que se tendría que ir al paro. Y se irían al paro no solo los “enchufados” sino muchas personas con un perfil más técnico o más profesional que han podido ser contratadas por necesidades operativas. La reticencia en despedir a los afines es evidente, pero a estas alturas y dado el número de parados también cuesta despedir incluso a los que no lo son, aunque si no hay más remedio, se empezará y terminará por ellos. Por dos razones, porque quienes señalan quienes se quedan y quienes se van son los directivos, que suelen ser los más próximos de todos a los que deciden y porque, en último término, a los más cercanos se les “recolocará” en otros organismos. El ejemplo del ERE de Telemadrid tampoco deja lugar a dudas de cual va a ser el orden de salida.
 
Por tanto, estamos ante un problema político de primera magnitud no ante un problema técnico que se pueda arreglar con mínimas reformas y obviando sus causas principales: los partidos políticos han colonizado también el sector público español y el modelo territorial  descentralizado ha permitido su multiplicación casi exponencial. Esto no se arregla con parches, ni siquiera con los tecnológicos. Sorprende que a estas alturas aparezcan otra vez como grandes remedios la ventanilla única (que se lleva intentando implantar desde los años 90 del siglo pasado) la factura electrónica  (casi una década circulando) u otras herramientas tecnológicas sin duda muy útiles pero que no van a cambiar nada por sí solas. Tienen la enorme ventaja, eso sí, de que permiten prometer (por lo menos a los que no están muy familiarizados con el funcionamiento del sector público) que va a cambiarse todo sin cuestionar el modelo. Pero ¿alguien se cree de verdad que el problema de que no exista una ventanilla única después de 20 años intentándolo es un problema tecnológico? La realidad es tozuda: si no se cambia el modelo de sector público y el sistema de incentivos perversos asociados al mismo generado en estos últimos años no habrá manera de hacer una auténtica reforma de las Administraciones Públicas españolas por muchos informes que se escriban.
 
Seamos serios por esta vez al menos. La primera reacción de la mayoría de las CCAA declarando que defenderán a capa y espada todos y cada uno de sus chiringuitos públicos es muy ilustrativa. No van a tocarlos. El problema es el de siempre: los organismos públicos que sobran desde el punto de vista de los ciudadanos que los pagan con sus impuestos sin obtener beneficios tangibles a cambio (al contrario, pueden resultar muy perjudiciales por ineficientes, burocráticos o corruptos) no sobran desde el punto de vista de la clase política
La cuestión es especialmente grave si se tiene en cuenta que, aún suponiendo que haya voluntad política real, lo que está por ver, resulta que el Estado tiene pocas herramientas jurídicas para poner orden en el sector público autonómico y local, donde es particularmente necesario. Empezando por los blindajes estatutarios de determinados organismos públicos y terminando por los incumplimientos de leyes y sentencias cuando a los obligados no les gustan lo que dicen, lo cierto es que las CCAA y las Administraciones locales se resisten con un grado de éxito notable a cualquier avance en este terreno. Claro está que, en último extremo, estas dificultades técnicas se podrían salvar, pero los procesos serían extremadamente complejos y largos, y no estarían disponibles de forma inmediata. Al final lo que le queda al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es el palo (o la zanahoria) del déficit autonómico. Pero lo que estamos viendo por ahora no es muy esperanzador; el déficit a la carta por razones políticas, ya sea porque las CCAA arruinadas  están en manos de gobiernos del PP como Valencia, o amenazan con la secesión, como Cataluña, o son de otro partido, como Andalucía.
La pregunta es la siguiente ¿quiere de verdad el Gobierno cambiar el modelo del sector público español? ¿Quiere aplicar la cirugía, que es imprescindible y muy dolorosa, o prefiere aplicar un buen maquillaje? El riesgo es que se acabe maquillando un cadáver.

La reforma del Consejo General del Poder Judicial. ¿Un golpe institucional?

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La página 169 del programa electoral del Partido Popular dice que “de una equilibrada distribución efectiva del poder depende el buen funcionamiento de las instituciones”. Y, a su vez, que “del adecuado funcionamiento de las instituciones depende el vigor de la vida democrática, la fortaleza y la credibilidad del compromiso que vincula a representantes y representados”. Por eso considera que “el fortalecimiento del marco institucional es una necesidad permanente para un sistema democrático activo”. Resulta bastante congruente, entonces, que un poco más adelante (p. 179), a la hora de concretar este encomiable espíritu liberal en el fundamental ámbito de la Administración de Justicia, proponga:
 
“11. Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”.
 
Luego, si poder equilibrado = salud institucional = vida democrática,
 
podremos deducir que, conforme al propio programa del Partido Popular aprobado por el Congreso del partido, su órgano soberano:
 
Poder hegemónico =  perversión institucional = ausencia de vida democrática,
 
de ahí que a la pregunta que encabeza este post, el PP conteste, decididamente: Sí.
 
Por eso, debemos ser muy conscientes de que aquí no nos encontramos ante una nueva promesa electoral incumplida, como tantas otras en este año y medio de Gobierno del PP, sino ante algo infinitamente más grave: ante uno de los mayores atentados al Estado de Derecho desde la Constitución de 1978. Como no aspiro a que me crean sin pruebas, vamos a comprobarlo examinando aquello que la nueva Ley Orgánica 4/2013 publicada en el BOE el sábado pasado mantiene, y aquello que modifica.
 
Pero antes es necesario comprender el curioso planteamiento de la Ley, transparente desde su Exposición de Motivos. Consiste en confundir intencionadamente los graves síntomas que afectan al CGPJ (bloqueo en la renovación de los vocales por el Parlamento, bloqueo en la toma de decisiones por el propio Consejo, preponderancia de las asociaciones de jueces, defectuoso funcionamiento interno, etc.) con problemas puntuales que es posible resolver… profundizando aún más en la enfermedad de donde derivan esos síntomas. Es decir, como los políticos no se ponen de acuerdo rápidamente a la hora de repartirse las cuotas dentro del Consejo, dando lugar a prórrogas indeseables, se “soluciona” el problema permitiendo que el partido que tenga mayoría, al menos en una cámara, pueda nombrarlos a todos. Esto es como resolver los problemas de rodilla de Nadal cortándole la pierna. Seguro que ya no le duele, pero intuyo que va a jugar peor al tenis.
 
Con esta reforma, el CGPJ va a jugar todavía peor a lo que la Constitución le encomienda: preservar la independencia judicial, pilar de cualquier Estado de Derecho que aspire a ese nombre. Efectivamente, en contra de la promesa electoral, se mantiene el nombramiento de todos los vocales por el Parlamento, 10 por el Congreso y 10 por el Senado, con la consabida y necesaria mayoría de 3/5 (límite impuesto por la Constitución). Pero, ahora, si un partido tiene mayoría de 3/5 en una Cámara (el PP la tiene en el Senado) puede conseguir poner en marcha el nuevo CGPJ sin necesidad de llegar a un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas de la otra Cámara. Antes, todo el Consejo se renovaba en bloque, de tal manera que o había un acuerdo total o no se constituía. Ahora (art. 570) el PP puede nombrar los diez del Senado y funcionar con estos y con los antiguos diez nombrados por el Congreso para el mandato anterior (entre los cuales habrá nombrado a unos cuantos). Es evidente que los incentivos para la negociación cambian radicalmente. Ahora el partido minoritario (aunque éste sea el PSOE) está completamente “pillado”, pues si se muestra inflexible la mayoría tira para adelante y le tritura por la vía de hecho. El estímulo para obligarle a tragar (“por lo menos te doy algo, chico”) es obvio.
 
Pero esto es sólo el principio. Para que el control sea todavía más férreo, la Ley“soluciona” diligentemente otros problemas. Uno importante era el del bloqueo dentro del Consejo a la hora de tomar determinadas decisiones. La antigua Ley Orgánica exigía una mayoría de 3/5 para todos los nombramientos importantes dentro de la carrera judicial, lo que obligaba de nuevo a la negociación –desgraciadamente a las cuotas- a la hora de realizar las designaciones. Pero la nueva (art. 599) sólo mantiene los 3/5 para el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde designar al Consejo, mientras que para el resto de nombramientos rige el principio general de la mayoría simple. De esta manera, el partido mayoritario (en esta ocasión el PP) se lo lleva absolutamente todo. Ahora sí, eso es verdad, hay que reconocerlo honestamente: soluciona el problema de los bloqueos.
 
La forma de solucionar otro de los “problemas” –la excesiva preponderancia de las asociaciones judiciales- resultaría tierna si, en el fondo, no fuera todo tan dramático. Cuando uno se pone a leer el capítulo II (“Procedimiento de designación de vocales de origen judicial”), que comprende los artículos 572 a 578 (lo recomiendo encarecidamente), le da la impresión de que está tocando el nirvana de los éxtasis democráticos: cualquier juez puede presentar su candidatura con apenas unos pocos avales, se fija el procedimiento para hacerlo, se establece el plazo de presentación de candidaturas, la constitución de la “Junta Electoral”, su régimen de funcionamiento y adopción de decisiones, la proclamación definitiva de las candidaturas, etc., etc. Todo muy, muy democrático. Pero el problema es que… eh, ¿cómo decirlo?: es que no hay elecciones. Sí, no hay elecciones. Vamos, que los jueces no votan. Cuando se ha terminado con ese enorme paripé, el art. 578 dice que transcurridos los plazos correspondientes, el Presidente del Consejo remite las candidaturas admitidas a los Presidentes del Congreso y del Senado, a fin de que ambas Cámaras procedan a la designación de los vocales, es decir, procedan a la designación de los suyos, al modo de aquellas ternas de infausto recuerdo.
 
En definitiva, que como mucho se permite que algún juez pueda levantar el dedo y decir: “¡eh, oye, los del PP, que yo también soy “conservador”, que no sólo lo son los de la Asociación Profesional de la Magistratura! (no veis que me acabo de desafiliar…)”. De hecho así habrá que organizarlo para respetar la proporción entre afiliados y no afiliados. Sin duda es un gran avance respecto de la situación actual. Acabamos con la dependencia respecto de las asociaciones (al menos la teórica) aunque es una pena que agravemos la dependencia respecto de los políticos. Está claro que todo no se puede tener.
 
Pero es que esto sigue. Hay otro “problema” que desde el escándalo Divar conviene “solucionar”, sin duda alguna: el del desbarajuste interno del CGPJ. Pero ese problema de absoluta falta de exigencia de responsabilidades no es un síntoma derivado del reparto partitocrático, no, sino un problema puntual que se soluciona de manera radical fortaleciendo la dependencia del Consejo respecto de su mandante, el Parlamento (o, con mayor precisión, el partido mayoritario). Para garantizar la fluidez de la cadena de mando se cambia la estructura interna del Consejo, creando una serie de nuevos órganos que coadyuvan a ese fin: la ComisiónPermanente, el Vicepresidente, los vocales sin dedicación permanente y el Promotor de la Acción Disciplinaria (no, no es el título de una película de estreno). En este nuevo esquema el órgano absolutamente preponderante es la Comisión Permanente (lo que sin duda causará cierto estremecimiento a los notarios que lean este post, por experiencia propia). En esa comisión es donde reside el verdadero poder judicial (la excusatio non petita de la Exposición de Motivos no hace sino confirmarlo), pues se constituye en órgano vigilante y controlador al que de una manera u otra se someten los demás y en donde reside el poder residual del Consejo (art. 602).
 
Termino ya. Sin duda la designación de más de la mitad de los vocales por los propios jueces plantea también sus problemas, no de independencia del Poder Judicial, claro, pero sí de ineficacia y de falta de asunción de responsabilidades. No obstante, de lo que no cabe duda es que, al margen de que la existencia de posibilidades intermedias (lo hemos tratado en este blog: El Poder Judicial no es propiedad de los jueces ni de los partidos) la “reforma” del PP discurre en un sentido todavía mucho más partitocrático y antidemocrático (según su propio programa) que la reforma del PSOE de 1985, a la que en ese momento los conservadores tanto se opusieron.
 
El Tribunal Constitucional, pese a declarar que el sistema de la primera Ley era mejor y más compatible con la Constitución, avaló la reforma de 1985, siempre, eso sí, “que las Cámaras, a la hora de hacer sus propuestas, no atiendan sólo a la división de fuerzas existentes en su seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos.” No me cabe duda de que no permitirá esta nueva vuelta de tuerca, especialmente en un momento tan delicado, judicialmente hablando, para el partido del Gobierno. Estoy convencido de que esa pléyade de magistrados de reconocido prestigio, liderados por Enrique López, sabrá dar rápida y cumplida respuesta a este abuso. Así que, conciudadanos, tranquilidad y a seguir votando como siempre, todo se arreglará por si solo.