Un año de la tragedia del Madrid Arena

 
Hoy hace un año murieron unas chicas en una fiesta de Halloween en una tragedia no solo previsible, sino probablemente evitable. La vida de sus familias ha cambiado para siempre pero ¿ha cambiado algo la forma de hacer las cosas del Ayuntamiento de Madrid cuyo equipo de gobierno es el responsable político último de esta tragedia? Pues parece que poco.  Aparte de las dimisiones y/o ceses casi siempre ligados a las imputaciones penales (y seguidas normalmente de “recolocaciones” de los cesados o dimitidos afines o afiliados, considerados más como una especie de víctimas de la instrucción que como responsables de nada) la vida política sigue como siempre, en el Ayuntamiento y en otras instituciones. Nadie responde  nada, ya sea –a nivel local- esta tragedia,  la candidatura olímpica, la degradación de las calles de Madrid o el último escándalo de nepotismo o corrupción.  En España no se depuran más responsabilidades que las penales y eso con mucha suerte y muy tarde, aunque eso sí, se montan hasta Comisiones de Investigación supuestamente para depurarlas. Como en este caso.
Aquí tienen un resumen de las comparecencias que se permitieron (el PP vetó muchas otras pedidas por la oposición pero que podían resultarle incómodas)   donde la tónica general fue la autoexculpación y el echar balones fuera. La conclusiones finales también se las pueden imaginar  Aquí tienen el dictamen de la Comisión. 
Por si los lectores no tienen paciencia para leer todo el documento, les copiamos algunos párrafos que no tienen desperdicio: “La causa incuestionable de la tragedia del Madrid Arena puesta de  manifiesto en la Comisión de Investigación ha sido la intolerable e  injustificable conducta del promotor del evento, Miguel Ángel Flores,  propietario de Diviertt, S.L., al vender entradas que superaban el aforo  máximo permitido en el recinto del Madrid Arena. Éste, sin duda, es el desencadenante primero de una tragedia que responde básicamente al mal uso realizado de una instalación que sí estaba preparada para acoger el evento tal y como estaba planificado contractualmente.  Así, se produce una trágica situación que se debió también, de acuerdo con los testimonios recabados en la Comisión, al incumplimiento por parte del personal de la empresa Kontrol 34, contratado por Diviertt, S.L, de su deber a la hora de limitar la circulación de los asistentes entre los diferentes niveles del recinto.”
Es decir, menos mal que hemos encontrado el chivo expiatorio perfecto. El Ayuntamiento dueño de las instalaciones y de la empresa pública que le contrató  no tiene nada que ver, ya nos aclaran que “El pabellón Madrid Arena lleva funcionando más de diez años, y en todo este tiempo se han celebrado eventos muy diversos, muchos de ellos de similares características al del 1 de noviembre objeto de esta Comisión. Estos datos avalan la seguridad de la instalación, pero es obvio que en esta ocasión algo falló.”  Y tan obvio, nada menos que cinco chicas muertas.
Por supuesto, toda la contratación era legal.  “A estas alturas se ha demostrado que las cláusulas del contrato eran las correctas. También sabemos que se habían previsto los correspondientes procedimientos de seguridad, y que los servicios de emergencia del Ayuntamiento desarrollaron su labor con eficacia una vez tuvieron conocimiento de lo sucedido.”
Es decir, todo se hizo dentro de la legalidad más absoluta, pero como es evidente que algo falló –más bien todo- hay que concluir la culpa fue del malvado empresario en solitario.  Claro que entonces no se entienden mucho las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Investigación para que una tragedia así no vuelva a suceder, ni siquiera la de destituir a los gestores de Madridec que, aunque contrataron legalmente a la empresa de Miguel Angel Flores, algo debieron de hacer mal. Hasta tenemos un responsable político, el Concejal D. Pedro Calvo que era el superior de los gestores de Madridec -aunque en realidad no mucho, porque no tenía funciones ejecutivas- pero cuya autoexigencia ética le lleva a dimitir sin que eso tenga nada que ver por supuesto con que el Juez de Instrucción le haya imputado. Suponemos que a estas alturas la música y la letra de este dictamen de la Comisión de investigación ya les sonará, es una especie de cuadratura del círculo muy parecida a la del Gobierno cuando elabora medidas de regeneración para una corrupción generalizada que supuestamente no existe y que tampoco le afecta en absoluto. Resulta bastante esquizofrénico.
Por si creen que estamos exagerando transcribimos literalmente la lectura del apartado de las conclusiones sobre las “responsabilidades políticas” del caso. “La gravísima conducta del promotor del evento como causa de la tragedia no puede ser, en modo alguno, un motivo para sortear la responsabilidad de Madrid Espacios y Congresos, S.A., la empresa municipal que contrató al citado promotor. Responsabilidad asumida sin ambages ni excusas con la dimisión del Delegado del Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, don Pedro Calvo Poch, era el más alto cargo del Ayuntamiento de Madrid – si bien sin funciones ejecutivas ni de gestión- en la citada empresa municipal. Dimisión que responde a la exigencia ética a que nos debemos los responsables políticos en el ejercicio de nuestra misión de servicio a los ciudadanos”  Además de a la autoexigencia ética, la dimisión parece que tiene que ver con su imputación por el Juez de Instrucción  y no le ha costado mucho -dinero al menos- dado que sigue a sueldo del grupo parlamentario municipal.
El dictamen sigue explicando que “Asimismo, las responsabilidades se han sustanciado en la destitución del Consejero Delegado de Madrid Espacios y Congresos,  S.A., don José del Rivero, y del Gerente de la misma empresa municipal,  don Jorge Rodrigo. Independientemente de que los procedimientos utilizados por “Madrid Espacios y Congresos, S.A” fueran legales, que lo fueron a la luz de lo acontecido y declarado en la Comisión de Investigación, este Grupo Municipal entiende que los espacios públicos no deben utilizarse para macroeventos como el de la madrugada del 1 de noviembre. Como ha declarado ya la Alcaldesa, nunca más van a tener ese uso”.
Es decir, el concejal políticamente responsable que dimite por vergüenza torera y no por haber sido imputado no tiene ningún tipo de función ejecutiva ni de gestión en la empresa a cuyos responsables también se les destituye pese a haber respetado escrupulosamente la legalidad vigente y haber firmado un contrato perfectamente correcto con el responsable directo del desastre. Y como corolario, ya no se alquilan más los recintos municipales para este tipo de eventos, que así lo ha decidido la sra. Alcaldesa sin necesidad de modificación normativa, procedimiento o votación alguna, que para eso es la que manda. ¿Alguien entiende esto?
Pero en fin, diga lo que diga una Comisión de Investigación controlada por el partido al que pertenecen los investigados, detrás de lo que ocurrió en el Madrid Arena no hay fenómenos naturales e inevitables, sino una serie de fallos humanos y muy previsibles, incumplimientos flagrantes de la normativa aplicable, amiguismo, desorganización y por tanto muchas responsabilidades de todo tipo, administrativas, judiciales y por supuesto políticas. Las penales ya se están investigando aunque la tradicional lentitud de la Justicia española. Según esta noticia, la causa puede alargarse todavía otros dos años. Hay 24 imputados,  entre ellos una docena de cargos del Ayuntamiento. Las imputaciones se deben a las negligencias municipales, tratos de favor a la empresa de Miguel Angel Flores y el descontrol en el área de seguridad de Madridec como responsable del recinto y en general en el área de Seguridad y policía municipal.  Nada de eso aparece  en el informe elaborado por el Ayuntamiento y en el  dictamen de la Comisión de Investigación tienen como finalidad principal exculpar a los posibles responsables, particularmente a los dirigentes políticos y elegir un culpable, en este caso el muy adecuado “empresario de la noche” Miguel Angel Flores,( que por cierto era íntimo amigo del vicealcalde, cesado a consecuencia de estas amistades peligrosas pero que sigue también como concejal.  No es sorprendente, dado que para esto, para ocultar y no para investigar es para lo que sirven en general las Comisiones de Investigación en España,  
Como comentamos en este post en este caso prácticamente no se cumplió ninguna norma ni de contratación, ni de seguridad ni de espectáculos públicos, ni de urbanismo, ni de nada. Solo de forma secundaria y una vez conseguida la principal finalidad exculpatoria se proponen medidas para evitar que este tipo de sucesos vuelvan a suceder. Lo más curioso es que muchas de estas medidas ya están en la normativa vigente e incumplida, como las que prohíben superar en un recinto un determinado aforo. Da igual, se proponen otra vez. Nunca hay consecuencias graves –salvo las muy lejanas en el ámbito penal- para los que pudieron impedir los hechos por el sencillo expediente de exigir o garantizar que se cumpliera la normativa en vigor. Normativa cuya finalidad es precisamente evitar que se produzcan este tipo de catástrofes. Porque es importante recordar que el cumplimiento de las normas, fundamento básico de un Estado de Derecho también está para impedir desastres como estos. El que haya cargos públicos que incumplan la Ley o permitan que se incumpla a veces tiene también este tipo de consecuencias. Y que una tragedia como ésta salga tan barata en términos políticos en España da mucho que pensar.

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