Transparencia y ejemplaridad

El filósofo Javier Gomá, hermano de uno de los autores de este post, ha impulsado la idea de ejemplaridad como clave para la regeneración moral de nuestro país.  Para ello, parte de lo que denomina principio de facticidad, el cual postula que vivimos en una red de ejemplos mutuos y que todos somos ejemplos y modelos para los demás, de forma voluntaria o no, lo que significa que somos responsables de la influencia que ejercemos en ellos.  Estos ejemplos pueden ser positivos o negativos (antiejemplos, contraejemplos).
De esta realidad inevitable de nuestra influencia moral nace el imperativo primero y fundamental de toda moralidad: ser ejemplares, es decir, tener ejemplaridad, que es un ideal siempre positivo. Este imperativo se acrecienta obviamente cuando de servicio y servidores públicos se trata, pues de ellos se espera no únicamente la estricta observancia de la ley positiva sino la práctica de valores como la imparcialidad, la independencia, la equidad, la lealtad, la anteposición del interés general al propio o la probidad en ese servicio público. Los políticos son también ejemplos, por tanto, lo quieran o no. Si la ejemplaridad es la fuente de moralidad, el ejemplo público es la fuente de la moralidad pública. La ejemplaridad de los políticos da el tono a la sociedad que gobiernen, crea pautas de comportamiento, define el dominio de lo permitido y no permitido y, sobre todo, crea costumbres cívicas y morales.
La ejemplaridad, más que una idea, un concepto, es una actitud propia y la exigencia de una actitud ajena para dirigirse hacia ese comportamiento ideal, nunca del todo alcanzable. No se trata tanto de creer en la ejemplaridad como de actuar para serlo. Lo mismo puede decirse de la transparencia, que es por supuesto un concepto, una idea, pero sobre todo y antes que cualquier otra cosa es una forma de comportamiento hacia -y dentro de- la sociedad.
El concepto de transparencia, como el de ejemplaridad “suena bien”, parece que su mera invocación es de buen tono y proporciona legitimidad y autoridad moral. Pero no sirve de mucho si no se va más allá, como lo demuestra el que personas muy poco ejemplares lo utilicen con frecuencia como coartada para seguir operando con la misma opacidad de siempre.
Por eso nos parece que una sencilla manera de enlazar la ejemplaridad con la transparencia en el caso de políticos y gestores públicos (pero también de otras personas, presidentes y CEOS de empresas, dirigentes de Corporaciones profesionales, etc.) es facilitar voluntariamente toda la información precisa para que se pueda saber si realmente existe o no esa ejemplaridad en su actividad pública. Sin grandes palabras, sin normas, sin más.
Es decir, sin necesidad de estar obligados legalmente (como ocurrirá en los supuestos que prevé la Ley de Transparencia, que son bastante limitados y además tardarán en entrar en vigor) se puede facilitar información a los ciudadanos, especialmente aquella información  que se considera más sensible desde el punto de vista de la ejemplaridad. Estamos hablando de información acerca de las retribuciones que se perciben, las indemnizaciones o blindajes, los regalos que se reciben, los viajes que se hacen a costa del dinero público (o de los accionistas) y tantas y tantas otras cosas que permiten que las personas nos formemos nuestra opinión de la conducta de una persona con los fríos pero  también útiles y reveladores, datos.  No solo eso, podremos comparar conductas, y sobre todo podremos hacerlo en la esfera pública, que es donde procede. Seguro que todo el mundo, incluidos conocidos delincuentes de cuello blanco que nos dan de vez en cuando charlas de moralidad y regeneración, tienen también una vida privada y unos amigos que pueden defender su ejemplaridad sobre la base de su conducta afectiva y familiar; pero aquí estamos hablando de ejemplaridad pública.
En definitiva, si quieres ser ejemplar dame datos y guárdate (al menor por el momento) tus opiniones y, sobre todo, tus justificaciones. Esa es la actitud que debe esperarse, en primer lugar de los que ocupan cargos públicos relevantes, pero también de nosotros mismos, de todos y cada uno de los ciudadanos. Y, como lamentablemente sabemos, no debemos confundir la información y la propaganda ni creer todo lo que se comunica desde las instancias del poder, de modo que desde la sociedad civil ha de hacerse un esfuerzo para comprenderlos y, sobre todo, para contrastarlos. Dame datos que yo haré el esfuerzo de intentar comprenderlos, y en ese sentido aportaré también mi cuota de ejemplaridad y transparencia al debate público.
No solo eso, cabe concluir (no solo al amparo de la nueva Ley de Transparencia sino que esta es una idea que subyace en los artículos de nuestra Constitución dedicados al Gobierno, Parlamento y al resto de las instituciones del Estado) que quien gestiona dinero de los contribuyentes o quien ocupa un cargo público está obligado a asumir un compromiso reforzado de transparencia hacia la ciudadanía por esta misma razón. Tenemos que estar seguros de que los gestores públicos no confunden los intereses generales, que deben defender, con los intereses partidistas o con sus intereses particulares. Y para eso necesitamos información.
Proponemos desde el blog un compromiso por la transparencia vinculado al puesto o cargo que se ocupa, que consideramos fundamental incluso desde un punto de vista técnico, dado que, como es sabido, la protección de datos personales no puede ir más allá de lo que decida el titular de los datos a proteger. El consentimiento del interesado (por ejemplo de las personas que ocupan cargos públicos) es pues esencial a la hora de facilitar información personal ya se trate de las nóminas que percibe,  sus vinculaciones con empresas privadas o públicas, sus viajes, su perfil profesional, etc.) incluso más allá de lo legalmente exigido. ¿Por qué no exigir a nuestros cargos públicos que asuman públicamente este compromiso de cara a la ciudadanía? Así por lo menos nos evitaremos el vergonzoso espectáculo de servidores públicos escudándose en la protección de datos para no facilitar  retribuciones o viajes con cargo al erario público a los que se los pagan.
Y por supuesto, si la información facilitada (o de la resistencia a darla, con excusas del tipo de que son chismorreos sin importancia, o si se cuentan ciertas cosas la ciudadanía no lo va a entender) permite llegar a la conclusión de que   hay falta de ejemplaridad tiene que haber alguna consecuencia práctica. La falta de ejemplaridad tiene que llevar aparejada consecuencias, en forma de dimisiones o ceses. Quien no es ejemplar no puede ostentar un cargo público. Es más, tiene que tener un coste también en términos reputacionales y sociales. Desengáñense, mientras sigamos dando la mano, yendo a homenajes y comprando libros de personas poco ejemplares avanzaremos poco. Y ha de tener consecuencias prácticas para no quedarse en nada.
En fin, mientras estabamos escribiendo este post nos llega la noticia de que la nueva Ley de supervisión del Banco de España permitirá mantener en secreto las sanciones a los banqueros para no causarles un daño “desproporcionado”.  Sobre la ejemplaridad de los banqueros a raíz del caso Saenz ya escribimos mucho en este blog y no lo vamos a repetir. Pero tengan claro que si se aprueban normas como la que acabamos de citar, todavía tendremos que ser más exigentes los ciudadanos. No queremos una ejemplaridad de pega.  Ya estamos cansados de que en España tantas cosas sean de pega. Asi que, si alguien quiere ser ejemplar, que sea primero transparente. Ya decidiremos nosotros a la vista de la información si lo es o no.
In God we trust, all others must bring data, que dicen los anglosajones. Menos poner manos en el fuego por los dirigentes de los partidos que votamos, por los banqueros, empresarios, sindicalistas y dirigentes de patronales y más ojos y manos en los datos reales, o en las personas y medios que los puedan explicar de manera independiente y comprensible.  Informarse bien no es solamente nuestro derecho como ciudadanos, es también nuestra obligación. No lo olvidemos.
 

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988

En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia

En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.

En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.

En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.

Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,

de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.

En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.

Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?