Algunas reflexiones sobre el caso Sacyr
Hace unos días hemos tenido noticia del órdago de la empresa Sacyr, que se ha plantado reclamando un sobreprecio en relación a las obras que está realizando en el canal de Panamá. Resulta tremendamente llamativa por lo abrupto de la comunicación, por la envergadura de la obra y porque está ya ejecutada en un 70%. Por esas razones el comunicado ha tenido una enorme repercusión mediática, centrándose el debate en la dicotomía “poyaque”-“tradición española contratación pública” es decir, si nos encontramos en el caso de un reajuste de precio debido a que durante la ejecución de la obra al propietario de la misma se le ocurre una mejora en la misma no prevista (“pues ya que está usted aquí”) o de si más bien se trata de la técnica frecuente y lamentablemente utilizada en la contratación pública española consistente en hacer una oferta temeraria a la baja para superar a los competidores, confiando en que ya se recuperará el dinero con reajustes de precio durante la ejecución de la obra, previsiblemente en connivencia con los mandatarios públicos que han adjudicado la misma.
Aunque este tipo de contratos internacionales tienen sus propias características, quizá convendría recordar los fundamentos últimos iusprivatistas del contrato, a modo de reflexión. De lo que estamos hablando en el fondo es de un contrato de arrendamiento de obra regulado en el 1588 y siguientes del Cc, en virtud del cual una persona se obliga a ejecutar una obra por precio determinado, ya sea proporcionando los materiales o no. Ese es el elemento definitivo, el precio determinado que no se puede alterar. No obstante, es evidente que como la obra puede durar mucho tiempo, es posible que haya una importante variación de costes. Nuestro Código civil, en el art. 1593 establece que “el arquitecto o contratista que se encarga por un ajuste alzado de la construcción de un edificio u otra obra en vista de un plano convenido por el propietario del suelo, no puede pedir aumento de precio aunque se haya aumentado el de los jornales o materiales; pero podrá hacerlo cuando se haya hecho algún cambio en el plano que produzcan aumento de obra, siempre que hubiese dado su autorización el propietario”. En definitiva, estamos ante el tradicional principio de nuestra contratación (pública y privada) según el cual el contrato se ejecuta “a riesgo y ventura” del contratista de forma que los riesgos de la ejecución del proyecto corren en principio de su cuenta, sin perjuicio, por supuesto de los casos de dificultad extraordinaria o imposibilidad sobrevenida de la prestación, o cualquier otra circunstancia excepcional que pueda concurrir y que normalmente estará prevista, máxime en un proyecto de esta envergadura .
No sabemos cuales son las normas que se aplican en este caso, ni lo que ha sucedido exactamente, aunque algo debía barruntarse cuando algunas voces ya señalaban el peligro de que pasara algo parecido hace algunos meses (Juan Ballester, en el Diario de Tarragona) o hasta hace algunos años (Alberto Artero en el Confidencial) Por otro lado, la situación de la propia empresa constructora y las características de su anterior Presidente, Luis del Rivero, dan lugar inevitablemente a especulaciones dadas sus dificultades financieras tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y sus vinculaciones con los partidos políticos, particularmente con el PSOE en la época de Rodriguez Zapatero, tal y como se ha denunciado en diversos medios. En fin, un cóctel explosivo.
En definitiva ¿Estamos ante un nuevo caso de capitalismo castizo, leáse connivencia entre empresa pública constructora privada y Poder político? Cada uno puede formarse su opinión, pero aquí nos centraremos en el aval (o garantía) prestada por CESCE que respaldó al Consorcio del que forma parte Sacyr facilitando a su fiador, la aseguradora Zurich, un contraaval o garantía de 150 millones de euros, en contra del criterio mantenido por los servicios técnicos y saltándose el procedimiento administrativo. CESCE es una empresa pública dado que la mayoría de su capital es del Estado (50,25%) aunque tiene también participación de bancos (45,85%) y compañías privadas de seguros españolas (3,9%). Fue creada nada menos que en 1970 para gestionar el Seguro de Crédito a la Exportación por cuenta del Estado y proporcionar una herramienta de financiación de la expansión internacional de las empresas españolas. Por lo que se ve, también se ha convertido en un instrumento muy oportuno al servicio de las empresas cercanas a los partidos políticos. Según su propia web, los servicios que ofrece esta empresa son el Seguro por Cuenta Propia en que se presta un servicio integral de asesoramiento en la gestión del riesgo comercial mediante soluciones de crédito y de caución, aseguramiento frente al riesgo de impago por ventas de productos y servicios, garantía de responsabilidades económicas por incumplimiento de obligaciones garantizadas y la gestión de la Cuenta del Estado o gestión de la cobertura por cuenta del Estado español de los riesgos comerciales, políticos y extraordinarios asociados a la internacionalización de las empresas españolas. En esta última línea se encuadra la garantía o contraaval prestado al fiador del Consorcio GUPC (Grupo Unidos por el Canal) del que forma parte Sacyr (el denominado seguro a fiadores por riesgo de ejecución de fianzas). Sin esta fianza, no se podía acudir a la licitación, a la que por cierto acudían también otras empresas españolas.
Pues bien, parece que CESCE –cuyo Presidente se nombra por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía- ha realizado una operación inusual saltándose los procedimientos previstos para ello , o por lo menos eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas en su informe sobre el tema que pueden consultar aquí, básicamente en las pags. 26 a 28. Informe que por supuesto llega con unos años de retraso, como es costumbre en este órgano de fiscalización y control que tan poco fiscaliza y controla. No parece que estemos ante una simple irregularidad administrativa, como opina David Taguas, ex director de la Oficina Económica del Gobierno de Rodriguez Zapatero cuando afirma que “el aval de la obra lo aportó el grupo asegurador ZURICH y el Estado español participó en el contra aval en la misma proporción que lo hizo el ‘Cesce italiano’; es una operación completamente normal, otra cosa es que luego hubiera alguna irregularidad administrativa”. Por su parte, la Ministra Ana Pastor que se ha apresurado a viajar a Panamá a mediar en el conflicto señala simplemente que esas irregularidades administrativas deberán discutirse en el Parlamento.
En resumen, aunque el lenguaje es muy técnico, la conclusión de la lectura del informe del Tribunal de Cuentas es sencillamente la siguiente: CESCE se saltó la normativa vigente en cuanto a los procedimientos previstos para otorgar el contraaval al Grupo Zurich, fiador del GUPC . El fiador. como es habitual en estas operaciones, exigía una garantía para prestar su fianza, y por razones que desconocemos, esta garantía no la aportan las empresas del propio Consorcio sino CESCE. CESCE puede hacer este tipo de operaciones, sí, pero no de cualquier manera, sino siguiendo unos procedimientos que permiten comprobar que se otorga la garantía de acuerdo con la normativa vigente y que CESCE no asuma riesgos que no debe. En particular, la Comisión que decidió conceder la garantía no tenía competencias para hacerlo. Es decir, en este caso, el procedimiento no se respeta. ¿Simples irregularidades administrativas sin importancia? Hombre, en último término nombrar a un sobrino para un cargo público sin procedimiento previo de selección o adjudicar un contrato a dedo también puede decirse que también lo son. Lo que es importante destacar es que los procedimientos administrativos son un medio para conseguir un fin. Si te los saltas, ya no puedes estar seguro de nada. ¿Hubiera conseguido otra empresa u otro consorcio esta garantía también de no tratarse de SACYR y Luis del Rivero? Pues lo cierto es que este tipo de garantías no se da todos los días y que había más empresas españolas que licitaban en el mismo concurso y cuyas ofertas económicas eran bastante más “ortodoxas” por así decirlo . Saquen ustedes sus conclusiones.
Lo que es indudable es que el Estado español a través de CESCE está ahora mismo asumiendo unos riesgos por dicho contraaval o garantía prestado al fiador que, si se hubieran respetado las reglas del juego, a lo mejor no hubiera podido asumir, al menos en la forma en que lo hizo. Sí, es verdad que según los acuerdos (privados) alcanzados el Consorcio y SACYR tendrían que responder ante CESCE del pago de la prima y del importe de la indemnización que pague CESCE si al final se ejecuta la garantía, pero de aquí a entonces pueden pasar muchas cosas. Tampoco les extrañará a estas alturas saber que la Comisión de Riesgos por cuenta del Estado que es la que tomó la decisión está integrada por el Presidente de CESCE, los Vocales nombrados en representación del Estado y un solo vocal en representación de las entidades privadas.
Todo esto por no hablar del modelo un tanto curioso que permite que el Estado contraavale en casos como el que nos ocupa. No cabe duda de que si Sacyr obtiene beneficios éstos serán privados, pero si la cosa pinta mal, resulta que es el Estado el que puede terminar pagando, es decir, todos los españoles. Bueno, es un poco más complejo técnica y formalmente en el caso de Sacyr, pero digamos que al final es lo que puede pasar si las cosas se tuercen. En definitiva, parece que el ciudadano tiene que soportar que el Estado ayude de diversas maneras a empresas y entidades financieras “afines” o “estratégicas” sin tener muy en cuenta los criterios técnicos habituales para autorizar este tipo de operaciones, cuyos beneficios –de existir- serán privados pero cuyas pérdidas se convierten en públicas sin ningún problema como por arte de birlibirloque…o de contraaval. Lo que está claro es que al ciudadano desahuciado… a ese no le rescata ni avala nadie aunque es el que paga con sus impuestos todos estas aventuras.
Dicho esto, sin duda conseguir la ampliación de la obra del canal de Panamá, es todo un logro y un auténtico reto, mérito de las empresas adjudicatarias, pero quizá tan magna obra habría requerido una empresa más solvente financieramente por si acaso. En fin, ya veremos cómo se resuelve el problema y quién tiene razón al final. Por ahora el culebrón sigue y la famosa “marca España” se ha visto dañada una vez más, lo que no es bueno en los tiempos que corren, sobre todo porque muchas empresas españolas pueden injustamente padecer las consecuencias.
Editores del blog “¿Hay derecho?”
Y ya que estamos, ¿podría alguien explicarme qué es eso de la “marca España”? Porque ya huele y de lejos el utilizar la “marca España” Si entendemos por “marca España” la asociación del nombre de nuestro país con una serie de atributos, por supuesto.
Me explico: por mi trabajo tengo relación con gente de muchos, muchos países distintos de todo el mundo desde hace más de cinco años. Diariamente hablo con gente de toda Europa, África, América y Asia. Y es normal que a veces (mientras se espera a otros, como cortesía) las conversaciones se salgan de lo estrictamente profesional y se comenten noticias o detalles locales.
Les puedo asegurar que en cinco años nunca jamás he oído ningún comentario que se pudiera asociar a una cualidad específica de producto o servicio por el hecho de ser español. Si acaso como mucho algún éxito deportivo de equipo o individuo español. La Roja, Nadal, o Fernando Alonso son lo único que se conoce fuera de España. Y en el mundo de los negocios, las empresas españolas que operan en el extranjero (concretamente Telefónica -ahora Movistar-, Santander, BBVA, etc) aunque no ocultan su origen español tampoco lo publicitan. Tengo que asumir que es porque simplemente no proporciona ninguna ventaja competitiva para ellas decir “soy español”, porque decir eso no provoca en el cliente o consumidor ninguna asociación positiva.
Me parece a mí que el concepto de la “marca España” simplemente no existe, se lo han inventado para utilizarlo como excusa cuando conviene. Decir que hay que ayudar a Sacyr para proteger la “marca España” es una falacia y una excusa barata que sólo sirve para convencer a los que, por ignorancia, creen que esa marca existe o tiene algún valor diferencial que lo hace distinto y mejor y digno de especial protección. Que casualmente parece que es un segmento de votantes usualmente inclinados a apoyar al actual gobierno, creo.
No somos Italia, ni Francia, ni Alemania ni Japón, no tenemos una imagen como país que podamos aprovechar ni ante clientes ni consumidores, excepto quizá para vender jamón serrano (que en China han empezado ya a copiar, prepárense en diez años) Y por tanto no hay nada que proteger, salvo las ilustres posaderas de los ilustres gestores que aspiran a continuar usando los ilustres sillones de los ilustres consejos de administración.
Alfonso, te lo voy a explicar rápidamente, aunque necesitaría un ensayo:
La marca España es un concepto de cuatro ignorantes, la mayoría auténticos palurdos, cuyo criterio está absolutamente condicionado por una serie de sucesos que daría para otro ensayo. Esa es la marca por la que a determinados personajes les encanta usar ciertos símbolos, que no son más que una forma de comunicación no verbal de asociación grupal mediante la cual sentirse cobijado y “sentirse parte de algo”, que a su vez tiene una finalidad que la Sociología -en sus diversas ramas- explica muy bien. Es un mecanismo totalmente tribal, de auténtico desgraciado mental, pero que obviamente genera cierta tranquilidad-comodidad al individuo. Es el mecanismo por el cual las diferentes agrupaciones humanas se han unido a lo largo de la Hisatoria y que tanto Freud como Le Bon explicaron magistralmente en sus tratados de psicología sobre las masas. Es la misma marca por la que te puedes encontrar a un experto jurista o economista al lado de un estafador de guateque, cuando no son la misma persona. Eso es, más o menos, la marca España (con sus respectivas variantes en Marca Italia, Marca Portugal, Marca Grecia y en definitiva toda una serie de países que no son precisamente los que podríamos llamar “avanzados”). Ah, también podríamos incluir la marca Cataluña y la marca Euskadi. Porque no deja de ser exactamente lo mismo, pero con otros colores y otros desgraciados mentales como protagonistas.
Lo mejor de todas estas marcas es que sus defensores son los primeros en llevarse sus dineros a otras “marcas”. Es como bastante curioso. Digno de estudio, cuanto menos.
Simplemente no es normal lo que se cuenta de CESCE. Si se saltan los controles no es una mera “irregularidad” como si ese hecho de saltarse no tuviera una causa o una finalidad, como si fuera algo que ocurre “por descuido” o por falta de diligencia. Los controles y las nomas se saltan para hacer algo que no se podría hacer con ellas. Para evitar la ley en la mayoría de los casos. Algo tan básico hay que repetirlo muchas veces porque parece olvidarse.
Pues sí, Jaime de Nicolás, esto de las “irregularidades administrativas” ya empieza a pasar de castaño oscuro. Va a haber que escribir un nuevo manual de derecho administrativo recordando a nuestros insignes gestores públicos esto de que los procedimientos no son una especie de yincana que hay que sorteando mejor o peor sino el medio para conseguir un fin, en este caso que no se avale a quien no se debe.
Parece que lo de insistir y escribir manueales y tratados funciona Elisa. El juez Castro escribe un tratado de derecho procesal y por lo menos ya no le recurren una imputación, y por ende no se la revocan, todo ello totalmente anormal.
Tenemos trabajo por delante 😉
Independientemente de las irregularidades administrativas, la frase “si hay beneficios son privados, si hay pérdidas las pagaremos todos” no es correcta y demuestra un total desconocimiento de lo que es la gestión del riesgo y los instrumentos que la permiten como un seguro, aval o garantía. Precisamente, un seguro permite transferir el riesgo (de pérdidas) a cambio de una prima. Todos ganan, porque el asegurador esta diversificado y lo que gana en unos lo compensa en otros. De hecho, CESCE tiene beneficios….
Me tomo la libertad de acabar su frase “tiene beneficios … de momento” (aunque habrá que esperar unos años a que dictamine el Tribunal de Cuentas (que, por cierto, poco puede hacer cuando se le oculta documentación necesaria para su labor de control).
Nuestra Jurisdicción Contable es otra institución más que “nos” ha sido colonizada por cultivos bacterianos. Esos que todo lo corrompen. Vivimos en un verdadero caldo de cultivo de la corrupción. Es la naturaleza del sistema “partidista/partidario”; no hay interés general en el horizonte de nuestros partidistas/partidarios; es esta la verdadera naturaleza que configura la esencia de nuestra administración; y que determina nuestro terrible futuro; o el no future de nuestros hijos.
Menos mal que tenemos una Fiscalía Anti-Anticorrupción. O lo que es lo mismo, corrupta hasta la médula.
Saludos y lágrimas por lo que pudo ser … y no será.
Supongo que la razón por la que CESCE tenga beneficios no será la de compartir riesgos, sino que será infrecuente la ejecucion del AVAL. En principio CESCE era una aseguradora para el comercio exterior: Compañía Española de Seguros de Crédito a la ¡exportación¡,(no a la construcción). Por cierto, a punto de privatizarse..
No es el aval de Sacyr la unica irregularidad:
http://clasica.estrelladigital.es/espana/destileria-filipina-riesgos-bien-pagados_0_1408659251.html
La adjudicación de la ampliación del canal le tocó al consorcio integrado por Sacyr, la empresa italiana Impregilo, la belga Juan de Nul y la panameña Constructora Urbana. Su oferta, había quedado por debajo de los 3.481 millones de dólares que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) había fijado como máximo para realizar esta inmensa obra de ingeniería
. ¿Por qué Sacyr, Impregilo y Juan deNul se habían asociado con la empresa panameña CUSA?. La clave podría estar en que el administrador de la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) entonces, Alberto Alemán Zubieta, había sido el `presidente de CUSA, cargo que dejó cuando en 1.996, fue nombrado administrador de la ACP y que en el momento de la adjudicación ostentaba su primo, Rogelio Alemán. Alberto Alemán, vendió en el 2005 el resto de acciones que le quedaban de CUSA. Cuando fue censurado por elllo, él mismo se defendio alegando que “no debería causar ninguna suspicacia el hecho de haber sido accionista de CUSA y que su primo, Rogelio Alemán, sea el actual presidente de esa empresa”. En el 2012, Alemán fue sustituido por Jorge Luis Quijano
Los cables de la Embajada de EEUU en Panamá, obtenidos por Wikileaks y analizados y publicados por el diario El País en 2010, ya mostraban cómo en opinión de Bechtel, empresa estadounidense que optaba a la obra, la oferta de Sacyr de 3.120 millones de dólares (unos 2.300 millones de euros al cambio actual) no daba ni para “poner el hormigón”. Quizás por eso Sacyr logró como en las Letras del Tesoro “la garantía del Estado” a través de Cesce.
Hace unos dias Sacyr mintió a la CNMV subrayando que las obras “se están ejecutando dentro de los plazos establecidos”.
Sin duda, el tema de Sacyr-Canal tiene muchas aristas, todas ellas relacionadas entre sí. Si desde el punto de vista jurídico se puede debatir acerca de la efectividad o no del sistema de contratación pública a la hora de atajar determinadas prácticas, desde un punto de vista político el asunto es –incluso- más complejo. ¿Debe apoyar el Estado a las empresas a abrirse paso en los mercados internacionales? ¿A qué empresas? ¿En qué términos? Dado que no es una cuestión pacífica, y que está en juego el dinero de todos, parece claro que debe hacerse con todas las garantías. Si esas garantías no se cumplen, ¿quién debe responsabilizarse? En otros países quizá pudieran contestar que la responsabilidad es política y con ello es suficiente. El problema de España es que la responsabilidad política ni está ni se le espera. Por tanto, parece sensato impulsar otros mecanismos de control que conduzcan a la asunción efectiva de responsabilidades. Mientras esos mecanismos no existan o sigan siendo ineficientes (que en la práctica es lo mismo), poco tendremos que hacer.
Evidentemente, el paralelismo no se puede predicar de la Contratación Civil, sino de la Administrativa. No respecto al Código Civil, sino en relación a la Contratación Pública.
Esta es, en derecho interno, la causa de los habituales incrementos de costes de nuestras infraestructuras (por no decir expolio, directamente), con los que se camuflan las Bajas temerarias que imperan en nuestros Contratos Públicos. El equilibrio de las condiciones es causa de nuestra ruina financiera y social. De la moral, mejor no hablar.
Es el caso, significado, del descarrilamiento del Alvia en Santiago de Compostela. Para proyectar y ejecutar la infraestructura ferroviaria en cuestión, se hubo de adjudicar -contratación administrativa- el Proyecto. Se adjudica con la obligación del contratista adjudicatario de, en lo que ahora interesa, garantizar la seguridad del tráfico ferroviario de alta velocidad -o velocidad alta, serán canallas.
Sin embargo, la casualidad hizo que OHL (Villar Mir) entregase -presuntamente- un maletín con 300.000 euros al PP, días antes de las últimas elecciones (a saber lo que pasó en el P$OE; no creo que Pepiño Blanco autorizase en un primer momento (unas pocas semanas) la circulación sin los exigidos sistemas de seguridad (cuya ausencia produjo el terrible descarrilamiento) a cambio de una sonrisa; ni de la foto inaugural, con la que finalizó su trayecto gubernamental.
En fin, que durante un año y medio circularon 450.000 pasajeros sin saber que su vida estaba en grave riesgo; peligro concreto, traducido finalmente en muertes, lesiones y daños espeluznantes. Pero nada se ha investigado en relación al Pliego de Condiciones y la Adjudicación de la trágica infraestructura ferroviaria.
300.000 euros en un maletín. Decenas de muertos y muchas más vidas truncadas. Esa es la realidad de “nuestra” contratación Pública. Impunidad y ocultamiento.
En Panamá, al parecer, no aceptan maletines. Esa es la diferencia.
Saludos cordiales
Me parece que las frases de arranque del artículo no se ajustan mucho a la realidad. Los “reclamos” por sobrecostes llevan planteados bastantes meses dentro del contrato con la ACP, responsable de los «datos de partida». El retraso en la resolución de las peticiones ha drenado la liquidez del “consorcio hispano-italiano” (96%) para avanzar en la obra. Es lo que avisa la famosa carta calificada de “comunicación abrupta”.
Me parece que las frases de arranque del artículo no se ajustan mucho a la realidad. Los “reclamos” por sobrecostes llevan planteados bastantes meses dentro del contrato con la ACP, responsable de los «datos de partida». El retraso en la resolución de las peticiones ha drenado la liquidez del “consorcio hispano-italiano” (96%) para avanzar en la obra. Es lo que avisa la famosa carta calificada de “comunicación abrupta”.
No se lo amigo que será Del Rivero de Zapatero y el PSOE, lo que si se, es que fue candidato de AP por Murcia y que fue citado por el juez del caso para declarar sobre determinados donativos que supustamente hizo al PP. Con esto no quiero decir más que estos señores no son de nadie, sino de su propio interés, o el de sus accionistas, que dirían ellos