Caja Segovia, el increíble caso de la caja menguante (IV): Agudíez y los nudos gordianos
En todo gran relato de tipo coral, siempre llega un momento en el que el narrador debe fijar su atención en las peripecias de uno o dos personajes principales. Es precisamente a través de esas experiencias concretas como el lector puede tomar verdadero pulso a la época de que se trata y comprobar, así, la forma en la que la naturaleza humana (con sus inevitables luces y sombras) se desenvuelve en una atmósfera determinada (en nuestro caso en la de la burbuja y su pinchazo).
En las dos primeras entregas de esta novela de no ficción (aquí y aquí) narramos las tribulaciones de los ocho directivos que, afortunadamente para ellos (y sólo para ellos), terminaron con gran éxito. En la tercera (aquí) nos centramos en las festivas aventuras por el ancho mundo de los consejeros y de los miembros de la comisión de control. Pero ahora la serie adquiere un tono más sombrío, más oscuro: nos internamos en las profundidades de la Caja, en su turbia intrahistoria. Como ocurre con las novelas de Harry Potter, todo es mucho más siniestro de lo que parecía en un principio. Amigos, esto no es un juego de niños.
Agudíez y los nudos gordianos: si no puedes desatarlos… endósalos.
En donde se narran las peripecias del vicepresidente Agudíez y de cómo logró solucionar varios graves problemas traspasándoselos siempre a la Caja.
Estamos en 2006, el último año de la Gran Burbuja. Los negocios se hacen rápido y dejan mucho dinero, especialmente si son inmobiliarios. A Manuel Agudíez, (vicepresidente primero de la Caja, ex alcalde de Cantalejo, ex Senador, y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Segovia) le han ofrecido uno de ellos y quiere estar ahí. Se trata –sí, lo han adivinado- del típico pelotazo inmobiliario (tampoco hay que romperse la cabeza, oye). Utiliza a tal fin una sociedad (Promociones Regle) que la Caja tenía al 50% con unos socios andaluces (grupo Navicoas) que se dedican a la construcción.
A Agudíez le explican que la operación es muy sencilla. Consiste en comprar a una sociedad dedicada a los prefabricados (Rubiera Prefabricados) los 83.000 m2 donde está situada su fábrica a las afueras de Gijón, con el objeto de construir nada menos que 1.200 viviendas. A ese fin se constituye la sociedad compradora –Navicoas Asturias SL (en adelante “Navicoas”)- en la que como titulares últimos (directamente o a través de Regle) participan los andaluces, la Caja y posteriormente un grupo de empresarios asturianos (entre ellos la familia Cosmen). El vicepresidente del primer Consejo de Administración es Manuel Agudíez, a título personal y con cargo retribuido, claro. Se cierra la operación de compra de los terrenos por 101 millones de euros (aunque una parte del precio, en torno a los 27 millones, queda aplazado) y se concierta un préstamo sindicado de 80 millones para financiarlo. De la gestión se ocupan los andaluces y se firman los contratos de gestión correspondientes.
Pero al poco tiempo surgen problemas. Es necesario trasladar la fábrica a otro lado y no hay acuerdo entre las partes. Va pasando el tiempo y en 2008 estalla la burbuja. En 2010, cuando la burbuja es absoluta historia y el suelo en España sólo sirve para plantar patatas, los andaluces (que además son los que gestionan la operación) quieren salir como sea de Navicoas (normal). Nadie daría un duro porque lo consigan, pero… esperen un momento… ¡aparece un caballero blanco al rescate! Increíble, ¿qué es?, ¿un pájaro?, ¿un avión? ¡No! ¡Es la propia Caja Segovia!
Efectivamente, como lo leen: en julio de 2010, en el erial que es España y su sector inmobiliario y financiero, Caja Segovia compra un buen porcentaje de una sociedad completamente endeudada (ver cuentas), titular de 83.000 m2 de terrenos inviables (jurídica y económicamente) en Gijón (localidad situada a 402 Km de Segovia). La compra la realiza por varias vías. Primero, comprando la participación (50%) que los andaluces tenían en la sociedad instrumental (Regle, luego denominada “Inversiones y Desarrollos 2069 Madrid”). Segundo, esta sociedad compra a su vez la participación directa que tenían los andaluces en Navicoas. Tercero, se les indemniza por la resolución de los contratos de gestión (¡menuda gestión!) con 560.000 euros. Y cuarto, se les libera de las garantías prestadas al sindicato de bancos financiadores.
No hemos podido averiguar exactamente el precio pagado por esas dos compraventas, pero no debió de estar nada mal (cualquiera hubiera sido mucho, porque recordemos que la sociedad vendida todavía debe parte del precio de unos terrenos que apenas valen ya nada y que el pagado ha sido financiado con un préstamo sindicado del que la esa sociedad es, lógicamente, deudora). En cualquier caso el precio fue tan bueno que la familia Cosmen (los otros socios) quiere también que el caballero les compre en las mismas condiciones, aunque no lo logran para su enorme disgusto e interponen a tal fin una demanda arbitral.
¿Cómo consiguieron salir los andaluces de esta operación ruinosa limpios de polvo y paja? ¿Cómo convencieron a ese caballero blanco? Por mucho que le hemos dado vueltas no lo sabemos. ¿Cómo se lo agradecerían al que facilitó la negociación? Por mucho que seguimos dándole vueltas, tampoco, pero seguro que muy efusivamente.
Bueno, pensará alguno de ustedes, a lo mejor Caja Segovia hizo al final un buen negocio, con estas cosas nunca se sabe. Pues va a ser que no, claro, pero no sólo por lo que ustedes imaginan (es difícil hacer un buen negocio comprando una cosa que no vale nada), ¡sino por algo todavía mucho peor!
Sí, efectivamente, todo es susceptible de empeorar, y mucho. Para comprenderlo adecuadamente hay que precisar que Navicoas no compró en 2006 directamente los terrenos, sino que compra las participaciones de la dueña (la sociedad Rubiera Prefabricados). Se supone que por razones fiscales. Pues bien, en una operación digna de un auténtico genio, el 26 de febrero de 2007, se acuerda la disolución de Rubiera Prefabricados con cesión global de su activo y su pasivo (los terrenos) a su dueña Navicoas. De esta manera, esta última sociedad pasa a ser así la dueña directa del suelo. Todo muy brillante, salvo por un pequeño inconveniente. Hacienda niega la aplicación a esta operación del régimen fiscal especial (recordemos que esto es un pelotazo inmobiliario y no una fusión de empresas) y gira a Navicoas una liquidación de 40 millones de euros, más 24 de sanción: 64 millones de euros del ala. Lo que se ahorró en su momento a la vendedora, se lo traga ahora multiplicado la compradora.
Imagínense el nivel de pánico reinante entre los consejeros de Navicoas, entre los cuales sigue estando Manuel Agudíez. Se negocia duramente con Hacienda y ésta accede a reconocer que en 2007, cuando se hace la operación, los terrenos ya no valen los 100 millones de euros que costaron un año antes, sino 18 (se comprenden ahora las prisas de los andaluces por abandonar el barco) por lo que baja la liquidación a 6.864.611,04 euros. Qué alivio: apenas un poco más de mil millones de las antiguas pesetas.
Pero los consejeros –entre los que sigue estando Manuel Agudíez- no están tranquilos, naturalmente. Navicoas está en concurso desde el 10 de noviembre de 2011, no puede atender sus pagos, y menos aun uno de esta cantidad. Al haberse traspasado el negocio financiero a BFA y luego a Bankia (incluyendo las participaciones de Navicoas) se pretende que sea ésta última la que pague, pero Bankia dice que ni hablar, que pague la sociedad, que para eso es una sociedad con responsabilidad limitada, y si no puede… que se vayan preparando los consejeros.
Como pueden imaginar, esta respuesta deprime bastante a Manuel Agudíez. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes? Pues muy sencillo, existe un interesante artículo en la Ley General Tributaria, que muchos de ustedes conocerán perfectamente (el 43) que declara responsables subsidiarios de la deuda tributaria a los administradores de hecho o de derecho de la persona jurídica en determinadas situaciones que enumera, entre las que se encuentra la actuación negligente. Pónganse ustedes en su lugar: ¿qué les parecería ser consejero de una sociedad insolvente que debe a Hacienda casi siete millones de euros? Como para ponerse un poco nervioso, ¿no?
Agudíez comprende inmediatamente que para liberarse de ese riesgo personal necesita otro caballero blanco que acepte asumir la deuda porque sí. Nadie daría un duro porque lo consiga, pero… esperen un momento… ¡aparece un caballero blanco al rescate! Increíble, ¿qué es?, ¿un pájaro?, ¿un avión? ¡No! ¡Es Caja Segovia! ¡Qué asombrosa casualidad! ¡Y Agudíez sigue siendo vicepresidente de la Caja!
No es una broma. Hace mucho tiempo que esta novela ha dejado de ser humorística para convertirse en un relato de terror. Pero –preguntarán ustedes- ¿cómo lo consigue?, ¿cómo se las ingenia? Pues muy sencillo: pese a que Hacienda todavía no ha comunicado su intención de derivar la responsabilidad fiscal a nadie, se plantea en el Consejo de Administración de Caja Segovia de 17 de julio de 2012 que la entidad –como administrador “de hecho”- asuma el 100% de la deuda y la pague de inmediato, sin esperar ni un minuto, por la vía de pedir un préstamo a Bankia a ese fin e hipotecar en garantía, entre otros inmuebles históricos, el famoso Torreón de Lozoya, emblema de la ciudad de Segovia. El Consejo aprueba la propuesta por unanimidad.
¿Están con la boca abierta? No la cierren, porque seguimos. Caja Segovia no había sido nunca administradora de derecho ni de hecho de Navicoas, simplemente participó de forma minoritaria a través de otra sociedad interpuesta; no había actuado negligentemente en ningún momento, y menos todavía cuando se hace la operación en 2007 (aunque otra calificación puede merecer la actuación en esa época de los consejeros de derecho); cuando decide pagar ya había transmitido la propiedad de las participaciones a Bankia junto con el resto del negocio bancario (por lo que si hubiera alguna responsabilidad pendiente debería ser de Bankia); compra a los andaluces su parte en 2010 por un pico y todavía quedan más socios (los Cosmen); y, por último, Hacienda no se había dirigido contra ella en ningún momento. Y pese a todo esto, “se decide” que debe pagar inmediatamente la deuda íntegra a Hacienda e hipotecar en garantía del préstamo algunos de los inmuebles históricos más importantes de Segovia, que (la actual Fundación Caja Segovia) va a perder irremisiblemente.
Bankia lo recorta y se lo lleva, sin duda
Pero, se preguntarán ustedes de nuevo, quizás aplastados en sus butacas, ¿cómo es posible que el resto de los consejeros aprobase semejante barbaridad? ¿Por qué razón? ¿Qué les iba en ello?
No sólo habría que preguntárselo a ellos sino que se lo hemos preguntado, efectivamente, y su respuesta ha sido (al menos la de diez de ellos) que… no habían aprobado tal cosa. Sí, a finales de 2012 diez ex consejeros denuncian al ya ex presidente Atilano y al ex secretario Fernando Tapias (sí, nuestros viejos conocidos), bajo la acusación de… ¡haber falsificado las actas! (aunque sorprendentemente su alegación se limita a la decisión de constituir las hipotecas, porque según parece el pedir el préstamo para pagar inmediatamente a Hacienda les debió parecer normal). El caso cae en el Juzgado nº 5 de Segovia y el juez, después de leer las actas y escuchar algunas grabaciones, no se cree nada de la falsificación. Al contrario, no sólo desestima lo de la falsedad, sino que imputa a todos los consejeros, incluidos los denunciantes, por posible delito societario del art. 295 del Código Penal. Están citados para el próximo 5 de febrero.
Entonces, si no nos creemos el engaño –en cualquier caso nadie engaña a Atilano y a Tapias- ¿por qué lo aprobaron?
Desgraciadamente, la respuesta no está flotando en el viento, como pensaba Dylan, sino que está… en la pizza. Sí, ¿recuerdan la pizza de la entrega anterior? ¿Recuerdan cómo se la repartían? Si preguntamos entonces por qué Atilano, el prohombre del PP, accede a salvar la cara y la cartera a su vicepresidente del PSOE, la respuesta es muy sencilla: está en Segovia 21, Sociedad Anónima.
Licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Médico forense desde 2003 (con el número uno de su promoción) con destino en los Institutos de Medicina Legal de Sevilla y Toledo. Máster en Derecho Sanitario. Experiencia docente en la Universidad Europea de Madrid y en la Universidad de Sevilla. Actualmente trabaja en el Hospital General de Segovia como médico asistencial. Forma parte del Consejo de Dirección de UPyD.