Un recordatorio histórico con ánimo de desenredar el debate de las redes sociales
La difusión de palabros, groserías o exabruptos tras el asesinato de la Presidenta de la Diputación de León ha eliminado la sordina a un sentimiento de desprotección existente en muchos ciudadanos ante el mal uso que otros hacen de las redes sociales. Nadie cuestiona las innumerables ventajas de la rápida expresión y el más amplio acceso a la información. Pero también aprovechan esa trepidante comunicación algunos cobardes anónimos que se creen originales por ir enmascarados y, así estimulados, profieren amenazas, insultos, realizan agobiantes acosos, suplantan la personalidad, multiplican campañas de desprestigio y difamación, se dedican a robar datos personales y a traficar con ellos… En fin, sobre la mesa de la actualidad nos han colocado el plato del debate de “regular las redes sociales”.
Habría que evitar que la discusión quedara a su vez enredada por la simplicidad de un falso esquema cuyos ecos empiezan ya a repetirse. A saber, contraponer libertad y seguridad o que una posible regulación signifique el “control de los Gobiernos”.
Mantener una sociedad viva y democrática exige garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas. Pero también, parece mentira que haya que recordarlo, otros derechos fundamentales como el honor, el derecho a la intimidad, la libertad y seguridad reclaman igual atención. ¡Cuánto hemos retrocedido cuando hay que mencionar los palotes tan básicos de nuestra civilización! A veces pienso que en el uso de las redes sociales, en el universo de Internet, casi nos encontramos en el año mil de nuestra era. Por ello me permito recordar una institución jurídica capital que surgió en aquella época.
Los historiadores nos han explicado cómo el desmoronamiento del Imperio Carolingio fue aprovechado en muchas zonas de las marcas por señores que discutían y rompían la fidelidad al rey y que querían consolidar su señorío. Manifestaciones de poder que generaban la ocupación de fincas de los agricultores, la recolección de sus frutos, la reclamación de derechos sobre sus cosechas, constantes luchas entre los señores feudales por tratar de imponerse… Época de gran violencia y de venganza, de muchas zozobras ante los abusos de poder en esas zonas fronterizas.
En medio de ese violento ambiente, la paz de un monasterio acogió en el año 1027 el Sínodo de Toulouges. Allí, la historia atribuye al abad benedictino Oliba, quien iba de peregrinación, la proclamación de la primera “tregua de Dios”, esto es, la obligación de que durante unos días, primero de sábado a lunes y, luego, desde el miércoles al lunes, no hubiera agresiones, ni se practicara la violencia, ni ataque bélico alguno contra personas ni bienes. Declaración de “paz y tregua” que también proclama ese mismo abad ya siendo obispo de Vich en esa diócesis en 1033 y que se reitera de manera sucesiva en los territorios colindantes extendiéndose por muchas zonas de la Marca. “Paz y tregua” que se imponía primero para proteger a los clérigos y monjes. Luego otras declaraciones de paz “especial” se propagaron enarbolando a quienes la transgredieran la pena de excomunión.
La paz se respetaba, en principio, ante los temores de quedar apartado, repudiado.
Paz para los monasterios, paz para las iglesias y su entorno, los sacraria, paz para quienes se acerquen a lugares de culto, paz para los peregrinos y, también, paz para las ferias y mercados…Y para conseguir llegar en paz, que se desenvolviera el comercio y que se nutrieran las arcas feudales, surge la paz del camino. Porque es en el camino donde se necesita más sosiego, seguridad y paz.
Esa paz del camino supuso una importante novedad. Hasta entonces las declaraciones se dirigían a proteger a determinadas personas, a los clérigos, a quienes portaban “conductus” por dirigirse a la Corte, a los peregrinos, a los extranjeros, a los mercaderes… Frente a esas declaraciones personales, la paz del camino suponía una protección objetiva. Se atendía a los propios senderos, a las veredas y vías de comunicación, a esos serpenteantes y largos trayectos. Es el suelo que espera los pasos el objeto específico de consideración. Un singular avance en el pensamiento jurídico medieval.
A partir de ahí, los Usatges acogen las primeras previsiones y luego los Fueros establecen las penas, las caloñas, que se impondrán a quienes quebranten la paz, a los salteadores y ladrones; y también en aquellos tiempos lejanos la muerte para aquellos que también mataren.
Y es que el tránsito exige seguridad. Alrededor de esa paz del camino creció la comunicación y, con ello, el Derecho: había que mantener y cuidar los caminos; surgieron privilegios de portazgo; había que dar sentido a las cosas pérdidas en el camino; los caminos permitían alcanzar los pueblos y ciudades que crecieron, multiplicaron las relaciones y los negocios y con ello el pensamiento se extendió, abatió prejuicios, limpió miradas…
Tal es la importancia de la paz del camino y esa paz es la que ahora, mil años después, ha de reconquistarse para los caminos virtuales, para las redes, para las comunicaciones y servicios de Internet.
Hoy día no contamos todavía con un símil laico al abad Oliba. Es cierto que científicos, como los grandes impulsores de Internet y de la web, y otros muchos, siguen trabajando para conseguir unas comunicaciones seguras defendiendo su esencia, porque la web nació libre y abierta y así debe mantenerse.
Sí es cierto que se está avanzando en protecciones específicas del mismo modo que, en los inicios del primer milenio, se posaba la mirada sobre los monjes o algunos lugares. Por ejemplo, la protección a las infraestructuras “críticas”, lugares que podrían considerarse como los sacraria medievales; así como la posibilidad de que algunas comunicaciones se desenvuelvan totalmente encriptadas (como si contaran con un salvoconducto especial, volviendo a la analogía con la época medieval) o se mantengan en redes internas o reservadas. Algunos pasos se han dado también en la precisión de los delitos informáticos tras el Convenio del Consejo de Europa sobre cibercriminalidad que se suscribió en Budapest el 23 de noviembre de 2001.
En el ámbito público, una labor importante desarrolla el organismo público INTECO y, además, se ha aprobado un “esquema nacional de seguridad” con el fin de que las redes y los sistemas de información que utilizan las Administraciones públicas relativos al ejercicio de derechos por los ciudadanos, el cumplimiento de sus deberes por medios electrónicos, así como el acceso a la información y procedimiento administrativo electrónico ofrezcan la suficiente confianza, resistan acciones ilícitas y garanticen la confidencialidad y la autenticidad de las comunicaciones. Una especie de “tregua” en las relaciones con las Administraciones públicas. (Real Decreto 3/2010, de 8 de enero).
Sin embargo, ese esquema de seguridad no debe trasladarse a las comunicaciones privadas. Tal control permanente nos trasladaría al panopticón de Jeremy Bentham o a la novela 1984 de Georg Orwell. Resulta imposible facilitar el libre desarrollo de la personalidad si se vigila la libre expresión, comunicación o información.
De nuestros actos privados, de nuestras expresiones y comunicaciones debemos responder. Ahí demostramos nuestra personalidad y madurez.
Por ello, para garantizar la paz de los caminos en las redes sociales, deberíamos avanzar, a mi modesto entender, en varios aspectos.
En primer lugar, y lo más importante, en la educación y en la formación de ciudadanos responsables, de conscientes usuarios de las redes. Del mismo modo que se enseñan las normas de circulación vial, debería promoverse una buena educación cívica para el responsable comportamiento en Internet. En segundo lugar, en la propia autorregulación que promuevan esas redes sociales privadas. Son ya muchas las condiciones que “aceptamos” los usuarios al suscribirnos, de ahí que no sería complejo incluir códigos de conducta, mínimas reglas de comportamiento cívico y responsable. Es el reto que tienen ahora muchas empresas de servicios de Internet: saber qué quieren ser y a quién quieren atraer. En tercer lugar, insistir en los medios jurídicos, especialmente penales con los que ya contamos. Las difamaciones, injurias, calumnias, amenazas.., deben perseguirse de manera similar en la calle pública y en las redes sociales. Y del mismo modo que existe la agravante de “disfraz” también debe agravarse la pena a los cobardes que se enmascaran. E igual que se confiscan las armas del delito, las sanciones deben impedir a los delincuentes el acceso a Internet. Ya un juez penal ha incluido esa medida en una sentencia condenatoria. En cuarto lugar, a mi juicio, debería promoverse una identificación personal, resulta insuficiente el IP de la conexión. Cada usuario debe demostrar que es una persona, un ciudadano que responde de sus actos.
Urge aprestar las técnicas con las que contamos para mantener la paz de los caminos de Internet. De ello depende el correcto desarrollo de una sociedad libre y participativa.
Catedrática de Derecho administrativo en la Universidad de León.
Ha publicado diversas monografías: “Asociaciones y sociedades deportivas” (1992); “La Comisión Nacional del Mercado de Valores” (1994); “El contratista y el subcontratista ante las Administraciones públicas” (1997); “Urbanismo y publicidad registral”, que conoce dos ediciones, años 1995 y 2001; “Redes inalámbricas municipales. Nuevo servicio público” (2005), “Grupos públicos de sociedades” (2007); y con Francisco Sosa Wagner “Conversaciones sobre el Derecho, la Justicia y la Universidad” (2009), “El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España autonómica” (2011) y “Bancarrota del Estado y Europa como contexto” (2011). Es coautora de otros libros jurídicos sobre Derecho urbanístico; Derecho ambiental; expropiación forzosa, contratos administrativos y así como de medio centenar de artículos publicadas en revistas jurídicas especializadas.
Ha recibido la primera mención especial del IV Premio “Fermín Abella y Blave” 2004 y el Premio La Ley 2007, junto con el prof. Sosa Wagner por el trabajo “¿Pueden los contratos quedarse en casa? Polémica europea sobre la contratación in house”. También publica colaboraciones en diversos medios de comunicación como El Mundo, Expansión, La Nueva España
Este tema es complejo. En primer lugar los juristas españoles son unos auténticos catetos tecnológicamente hablando. Es más, catetos se queda en poco; y curiosamente -o no- a mayor edad, por lo que he ido viendo, mayor analfabetismo en este ámbito. Pero es que por el otro lado, el lado tecnológico, parece ser que hay unos cuantos “gurús” -así les llaman- que creen ser juristas y se atreven a escribir las mayores burradas que estos ojos han tenido que leer, metiendo con calzador interesado todo tipo de hipótesis sobre la “neutralidad” de Internet y demás. Estos “gurús” parten de una especie de idea en la que lo tecnológico siempre es el mejor camino, por tratarse de innovación. Su lema desde hace ya unos años viene siendo el famoso “adáptate o muere”, una especie de pseudodarwinismo del que Darwin por supuesto se avergonzaría por chapucero, tergiversador y tendencioso. Pero claro, el gurú sabe que tiene toda una legión de veinteañeros que bajo el prisma de la gratuidad, con la que por cierto muchísimas empresas confunden al usuario medio, va a tener una defensa colectiva capaz de apoyar cualquier idiotez supina (pero con lo que nos gusta a los latinos lo gratuito imagino que ya tenemos suficiente). En este mismo blog comentan algunos que saben perfectamente a qué “gurús” me refiero, señores que se dedican directa o indirectamente a lo tecnológico y que, por supuesto, no reflexionan desde la objetividad deseada. Pero es que, volviendo al jurista real, el inocente jurista que cree que puede parar todo un torrente de mensajería mediante la tipificación de cualquier escrito, pues da también bastante vergüenza ajena en el sentido de que parece no entender todas las excepciones que podrían darse en cuanto a muchas cosas. No es tan sencillo y por tanto habría que ponerse unos filtros más allá de la identificación personal directa.
Entonces es cuando se da uno cuenta de que los tecnólogos no tienen ni pajolera del campo jurídico y los juristas no tienen ni pajolera del tecnológico. Y los dos se empeñan en cambiarlo sin entender en qué consiste el otro ámbito. Es bastante curioso este tema. O al menos cómo funciona en España, dónde todo el mundo se mete en campo ajeno con una facilidad pasmosa. Debe ser eso de la cultura.
Yo también voy a hacer un poco de historia, pero de la de andar por casa. Cuando empecé en Internet, a mediados de los 90, tiempos sin blogs (ni foros, ni twitters y demás) el equivalente a las redes sociales o de debate de hoy era, entre otras cosas, Usenet (los “newsgroups”). Especialmente los grupos de política y los de religión.
Aquello era bestial. Insultos continuos, amenazas de todo tipo, humillaciones (¡uy como alguien te pillara en un error!), persecuciones implacables en las que no se olvidaba nada, y todo en la más absoluta impunidad del anonimato. ¿Y que pasaba? NADA. A todos nos daba igual. En el fondo de todo esa basura había debate de verdad (créanme los que no lo conocieron: lo había) y sin censura de ninguna clase. Todavía me sorprendo al recordarlo, pero así era.
Se ponían a prueba todo tipo de ideas, y se machacaban sin piedad en un “todo vale” que intentaba poner en evidencia al que defendía lo insostenible hasta su completa degradación personal. Repito: sin piedad (bendita Wikipedia: ¡cuántos errores has demostrado! ¡cuántas victorias has otorgado! ¡cuántas humillaciones has permitido!) Luego se juraban venganzas, se buscaban duelos a muerte, se amenazaba con violencia sin límites, y por todos lados se olía el odio más inmundo ¿y qué pasaba? NO PASABA NADA. ¿Daba asco leerlo? ¿miedo? Sí, un poco… el primer día. Luego te acostumbrabas, y a debatir. Si no fuera por lo machista de la expresión, se podría decir que aquello “te hacía un hombre (digital)”. O, como mínimo, te procuraba una piel que envidiaban los mismísimos elefantes. PERO NO PASABA NADA.
No quiero decir que las redes sociales serían mejor convertidas en aquel increíble “salvaje-salvaje oeste” porque no sería verdad, pero de ahí a que se hagan leyes “especiales” para que nadie diga cosas feas me parece absurdo. Cuando la gente escribe cosas desagradables, la realidad es que, pasar lo que se dice pasar, NO PASA NADA. Todo esto que se propone acabará siendo otra forma de tirar el dinero persiguiendo gente por palabras necias que leen cuatro gatos y que no tienen la más mínima consecuencia real en la vida real. ¿Quiere entrar en redes sociales? Pues ya se sabe: piel de elefante… que hay mucho cafre suelto. Y si se produce un verdadero exceso, las leyes normalitas siempre están ahí.
Ahora, si lo que la casta política busca es censura de la “buena”… cualquier excusa le valdrá.
El caso es que jurídicamente sí se puede cometer una serie de delitos a través de Internet que no deberían por qué cometerse y no sirve la justificación de “esto pasaba ya hace años”. Eso no tiene lógica jurídica de ningún tipo, y la argumentación es muy chapucera.
Yo también estuve en el principio de Internet y sabía, y entendía -más importante que saber-, que tarde o temprano requeriría cierta regulación especial, no en el sentido de endurecer las penas o tipificar por separado -esto es una somera idiotez-, sino de uso, como comenta la articulista.
No es lo mismo X que J, ni Xs que Jn, por lo que todo debe ser medido como toca. No es lo mismo tener cinco seguidores en redes sociales que dos millones y medio. No es lo mismo decir una cosa que otra. No es lo mismo haber intentado borrar un comentario -aunque esto sea imposible-, que no haberlo hecho (lo primero muestra “arrepentimiento”, aunque sea virtual). No es lo mismo muchas cosas, pero por supuesto lo de la barra libre que el veinteañero español cree sobre Internet no puede ser posible. De hecho, la mayoría de detenidos no pasa de los 25 años, que imagino que son los mismos que defienden al “guru” tecnológico que pastorea con las mismas mieles que de otro tipo de agrupaciones…
Sé que en un país en el que “todo vale” es complicado de entender, pero sinceramente es muy ridículo, y bastante lamentable, que estemos escuchando temas sobre la regulación en Internet y nadie diga ni mu sobre los delitos económicos y financieros, que en España siguen siendo totalmente ridículos (como la mayoría de sus legisladores). Me recuerda al tema de pedir cárcel para quien ha entrado en un supermercado haciendo una performance y se ha llevado unos tomates y unos pañales habiendo visto hasta dónde está infectado el país en base a corruptelas, amiguismos, palurdeces y psicobiología en general (que obviamente no va a entender el paleto, sea banquero, carpintero o juez, ya que eso no le da de comer).
Pues vaya defensores de las libertades tenemos hoy aquí… ¡Ay, los administrativistas, que todo lo quieren arreglar con la exigencia de licencia previa! Acabarán implantando el carnet de peatón.
A ver si resumo lo que ha ocurrido:
1) Se comete un asesinato algo escandaloso.
2) Algunos internautas hacen comentarios NO DELICTIVOS, pero de indudable mal gusto.
3) Como la víctima fue un político, dichos comentarios son analizados hasta la extenuación por predicadores, periodistas y todólogos.
4) Muchos de estos descubren que hay algo que se llama twitter; los más espabilados hasta llegan a conocer la existencia de forocoches.
5) ESTO HAY QUE REGULARLO.
Vale, vale. Añadamos otras diez o doce normas en blanco al Código Penal con remisiones a voluminosos reglamentos que nuestra angélica Administración no tardará en desarrollar. O, al menos, castiguemos la grosería internauta con multas confiscatorias en la Ley de Orden Público (o de Seguridad Ciudadana,que ya no sé muy bien cómo se dice). ¡Y un problema menos! ¿No?
Pues no. Verá usted, profesora Fuertes. A usted le parece que aún estamos poco identificados con la legislación actual. Pues bien, le recomiendo que estudie la STJUE de 8 de abril de 2014 en los asuntos acumulados C 293/12 y C 594/12. Quizás cambie de opinión.
Este tema es complejo. En primer lugar los juristas españoles son unos auténticos catetos tecnológicamente hablando. Es más, catetos se queda en poco; y curiosamente -o no- a mayor edad, por lo que he ido viendo, mayor analfabetismo en este ámbito. Pero es que por el otro lado, el lado tecnológico, parece ser que hay unos cuantos “gurús” -así les llaman- que creen ser juristas y se atreven a escribir las mayores burradas que estos ojos han tenido que leer, metiendo con calzador interesado todo tipo de hipótesis sobre la “neutralidad” de Internet y demás. Estos “gurús” parten de una especie de idea en la que lo tecnológico siempre es el mejor camino, por tratarse de innovación. Su lema desde hace ya unos años viene siendo el famoso “adáptate o muere”, una especie de pseudodarwinismo del que Darwin por supuesto se avergonzaría por chapucero, tergiversador y tendencioso. Pero claro, el gurú sabe que tiene toda una legión de veinteañeros que bajo el prisma de la gratuidad, con la que por cierto muchísimas empresas confunden al usuario medio, va a tener una defensa colectiva capaz de apoyar cualquier idiotez supina (pero con lo que nos gusta a los latinos lo gratuito imagino que ya tenemos suficiente). En este mismo blog comentan algunos que saben perfectamente a qué “gurús” me refiero, señores que se dedican directa o indirectamente a lo tecnológico y que, por supuesto, no reflexionan desde la objetividad deseada. Pero es que, volviendo al jurista real, el inocente jurista que cree que puede parar todo un torrente de mensajería mediante la tipificación de cualquier escrito, pues da también bastante vergüenza ajena en el sentido de que parece no entender todas las excepciones que podrían darse en cuanto a muchas cosas. No es tan sencillo y por tanto habría que ponerse unos filtros más allá de la identificación personal directa.
Entonces es cuando se da uno cuenta de que los tecnólogos no tienen ni pajolera del campo jurídico y los juristas no tienen ni pajolera del tecnológico. Y los dos se empeñan en cambiarlo sin entender en qué consiste el otro ámbito. Es bastante curioso este tema. O al menos cómo funciona en España, dónde todo el mundo se mete en campo ajeno con una facilidad pasmosa. Debe ser eso de la cultura.
Yo también voy a hacer un poco de historia, pero de la de andar por casa. Cuando empecé en Internet, a mediados de los 90, tiempos sin blogs (ni foros, ni twitters y demás) el equivalente a las redes sociales o de debate de hoy era, entre otras cosas, Usenet (los “newsgroups”). Especialmente los grupos de política y los de religión.
Aquello era bestial. Insultos continuos, amenazas de todo tipo, humillaciones (¡uy como alguien te pillara en un error!), persecuciones implacables en las que no se olvidaba nada, y todo en la más absoluta impunidad del anonimato. ¿Y que pasaba? NADA. A todos nos daba igual. En el fondo de todo esa basura había debate de verdad (créanme los que no lo conocieron: lo había) y sin censura de ninguna clase. Todavía me sorprendo al recordarlo, pero así era.
Se ponían a prueba todo tipo de ideas, y se machacaban sin piedad en un “todo vale” que intentaba poner en evidencia al que defendía lo insostenible hasta su completa degradación personal. Repito: sin piedad (bendita Wikipedia: ¡cuántos errores has demostrado! ¡cuántas victorias has otorgado! ¡cuántas humillaciones has permitido!) Luego se juraban venganzas, se buscaban duelos a muerte, se amenazaba con violencia sin límites, y por todos lados se olía el odio más inmundo ¿y qué pasaba? NO PASABA NADA. ¿Daba asco leerlo? ¿miedo? Sí, un poco… el primer día. Luego te acostumbrabas, y a debatir. Si no fuera por lo machista de la expresión, se podría decir que aquello “te hacía un hombre (digital)”. O, como mínimo, te procuraba una piel que envidiaban los mismísimos elefantes. PERO NO PASABA NADA.
No quiero decir que las redes sociales serían mejor convertidas en aquel increíble “salvaje-salvaje oeste” porque no sería verdad, pero de ahí a que se hagan leyes “especiales” para que nadie diga cosas feas me parece absurdo. Cuando la gente escribe cosas desagradables, la realidad es que, pasar lo que se dice pasar, NO PASA NADA. Todo esto que se propone acabará siendo otra forma de tirar el dinero persiguiendo gente por palabras necias que leen cuatro gatos y que no tienen la más mínima consecuencia real en la vida real. ¿Quiere entrar en redes sociales? Pues ya se sabe: piel de elefante… que hay mucho cafre suelto. Y si se produce un verdadero exceso, las leyes normalitas siempre están ahí.
Ahora, si lo que la casta política busca es censura de la “buena”… cualquier excusa le valdrá.
Pues vaya defensores de las libertades tenemos hoy aquí… ¡Ay, los administrativistas, que todo lo quieren arreglar con la exigencia de licencia previa! Acabarán implantando el carnet de peatón.
A ver si resumo lo que ha ocurrido:
1) Se comete un asesinato algo escandaloso.
2) Algunos internautas hacen comentarios NO DELICTIVOS, pero de indudable mal gusto.
3) Como la víctima fue un político, dichos comentarios son analizados hasta la extenuación por predicadores, periodistas y todólogos.
4) Muchos de estos descubren que hay algo que se llama twitter; los más espabilados hasta llegan a conocer la existencia de forocoches.
5) ESTO HAY QUE REGULARLO.
Vale, vale. Añadamos otras diez o doce normas en blanco al Código Penal con remisiones a voluminosos reglamentos que nuestra angélica Administración no tardará en desarrollar. O, al menos, castiguemos la grosería internauta con multas confiscatorias en la Ley de Orden Público (o de Seguridad Ciudadana,que ya no sé muy bien cómo se dice). ¡Y un problema menos! ¿No?
Pues no. Verá usted, profesora Fuertes. A usted le parece que aún estamos poco identificados con la legislación actual. Pues bien, le recomiendo que estudie la STJUE de 8 de abril de 2014 en los asuntos acumulados C 293/12 y C 594/12. Quizás cambie de opinión.
Me aterra usted, profesora Fuertes, en sus propuestas y en su candidez para con los poderes públicos.
Dice KC: “No es lo mismo tener cinco seguidores en redes sociales que dos millones y medio”
Bueno, sin saber gran cosa de leyes (vengo aquí a ver tratar el tema entre expertos) me parece muy discutible que una declaración pública sea más o menos punible según la cantidad de personas que tengan conocimiento de ella. De todas formas el famoso primer detenido por “twitteos” tras el asesinato de León tenía 30 seguidores, y si estamos aquí hablando de ello es por el eco que le dieron grandes medios de comunicación (estos sí que son masivos) y políticos de gran importancia institucional, y no gracias al medio que se quiere “moderar”.
“En cuarto lugar, a mi juicio, debería promoverse una identificación personal, resulta insuficiente el IP de la conexión. Cada usuario debe demostrar que es una persona, un ciudadano que responde de sus actos.”
Este es el eterno debate que los que defienden este tipo de posturas parece no atisbar a comprender. Y más en un blog como hayderecho, donde la óptica del rigor nos ha demostrado que los abusos de poder se cometen impunemente hoy en día sin consecuencia ni responsabilidad política. Responsabilizar al ciudadano otorgando más mecanismos de control al poder sobre el mismo es un error. La diferencia entre la conquista de derechos del ciudadano y la conquista de los derechos políticos es que una de ellas es fácilmente revocable (como bien nos han demostrado) y la otra parece ser eterna. Y usted bien sabe cuál es cuál.
Excelente recordatorio, gracias, Mercedes.
Si comparamos aquel momento histórico con el actual, la primera cosa que llama la atención es cómo ha evolucionado la comunicación y la velocidad de los cambios. Ahora parece que empezamos a asumir que la “revolución tecnológica” ha modificado nuestra vida hasta límites increíbles. Sin embargo continúa la tendencia de evaluar esos cambios de una forma teórica, abstracta, globalizada. No es necesario demonizar ni sacralizar “las redes”. Son múltiples y muy diferentes. Esencialmente son un medio de comunicación masivo que, a diferencia de los tradicionales (periódicos,radio o televisión) permiten al receptor ser también emisor, superándolos en facilidad de acceso (por la gratuidad y simplificación de los procesos), inmediatez y volumen de destinatarios. No dejan de ser una herramienta más, con la particularidad (y eso lo conocen especialmente bien los profesionales del Marketing Digital) de que es posible medir las acciones comunicativas hasta niveles “microscópicos”. Eso ha permitido determinar que el nivel de impacto que tienen, traducido a ventas efectivas, rara vez supera el 1%. Usando ese dato como referencia, ¿Cómo podemos afirmar que la trascendencia jurídica de los comentarios, en cuanto a lesión de derechos, es superior o distinta? Sin contar, claro, con el llamado “Efecto Streisand” (http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/que-es-el-efecto-streisand/)
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No es la única cosa que debe tenerse en cuenta. En el caso de Facebook, por ejemplo, se está cuestionando la validez del número de “me gusta” como criterio de evaluación por la automatización que supone tanto pulsar sin entrar en el contenido como por la aparición de “máquinas de spam”.
¿Existe realmente una diferencia esencial entre los ciberdelitos y los delitos producidos en el “mundo físico”? ¿Hace falta más regulación? Lo que sí hace falta es más consciencia en el uso de las redes, menos banalización de las consecuencias, respeto, educación y sentido común. Pero eso no se puede imponer por ley…¿O sí?