El tratamiento de los concursos y preconcursos en nuestro Ordenamiento. Un sistema ineficiente de tratamiento de la insolvencia empresarial. Quí prodest? (I)
El viernes tuvimos ocasión de ver este reportaje del Equipo de Investigación de la Sexta . Sin entrar a analizar el rigor de la información ofrecida, en el mismo se puso de manifiesto con claridad que nuestro sistema de tratamiento legal de las insolvencias, de las crisis empresariales, deja mucho que desear. Con algunos jueces que se mueven entre la corrupción y la sospecha, administradores concursales haciendo fortuna con la agonía de las empresas, pícaros diversos sobreviviendo al margen de cualquier responsabilidad o acreedores resignados a la convicción de que les habían tomado el pelo el reportaje refleja todo un fresco del mejor esperpento valleinclanesco.
Cuando España tuvo que ser auxiliada (o intervenida) por los organismos internacionales, una de las preocupaciones de lo que se llamó “la Troika”, de los conocidos “hombres de negro”, fue lo inadecuada que resultaba nuestra legislación para promover algo de lo que andamos tan escasos como el espíritu empresarial.Dentro de esos lastres legales estaba el tratamiento, verdaderamente cruel, que el legislador dispensaba al emprendedor fallido que había actuado de buena fe (tema tratado por Rodrigo Tena y Matilde Cuena), a quien se privaba de una “segunda oportunidad”al excluir cualquier liberación del pasivo pendiente tras la liquidación de su patrimonio en el concurso. Ese tratamiento riguroso sin excepciones resultaba una anomalía en el mundo occidental y no suponía beneficio para nadie, ni para el propio deudor, abocado a la economía sumergida, ni para la sociedad, que perdía la posibilidad de beneficiarse con futuras iniciativas empresariales de éste, ni siquiera para los acreedores, que muy raramente conseguían en realidad recuperar algo de esa deuda pendiente.
Otra preocupación de esas instancias internacionales era la enorme mortandad de empresas en nuestros procesos concursales dado que en más de un 90% de los casos concluyen con su disolución. Es cierto que el mercado resulta un juez implacable en su condena a las empresas inviables. Y que esa condena tenía que ser necesariamente extensa en un tiempo de crisis y cambio de modelo, en el que la supervivencia, por ejemplo, de muchas empresas de promoción inmobiliarias estaba fuera de lugar tras el estallido de la burbuja. Pero también lo es que en nuestro sistema concursal no se diferencia entre tirios y troyanos y empresas perfectamente viables, y como tales creadoras de valor y que sólo sufrían un mero problema de liquidez, acaban también en liquidación. Y con ellas se destruye también innecesariamente una inmensa cantidad de riqueza y de puestos de trabajo.
Ante la presión recibida, nuestro Gobierno hizo algo que sabe hacer bien. Hacer como que hacía algo al respecto, sin verdaderamente hacer nada. Promovió unas reformas en la Ley de Emprendedores que parecía que afrontaban esos problemas… ¡Cuando en realidad no servían absolutamente para nada! Se ejercitó así, de nuevo, en un verdadero “uso alternativo del Derecho”: el uso cosmético o con fines de mera propaganda de una ley que ha conseguido bonitos titulares sin ninguna sustancia real detrás. Con posterioridad, con el Decreto Ley que da nueva regulación a los acuerdos de refinanciación, ha conseguido seguir sin resolver los problemas fundamentales, pero sí al menos disimular su gravedad durante un tiempo. Una verdadera patada hacia adelante.
Dos documentos recientes han puesto en evidencia tanto a nuestro sistema legal de tratamiento de las crisis empresariales como a los pretendidos esfuerzos reformadores de nuestro legislador.
Por una parte, la Recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014 sobre un nuevo enfoque a la insolvencia y al fracaso empresarial, que persigue que las empresas viables con dificultades financieras dispongan de procesos que les permitan reestructurarse en fase temprana. Y también que se dé una segunda oportunidad a los empresarios que lo merezcan. La recomendación contiene todo un catálogo de instrumentos que resultan útiles para alcanzar esos fines. Y que son precisamente los que despreció y desestimó en su día nuestro legislador para montar un sistema preconcursal casi perfectamente inútil. Y no sería porque no se les avisó. En este mismo blog lo hicimos.
Por otra parte, el informe del FMI sobre nuestro sistema concursal. Éste considera que, después de los esfuerzos cosméticos del legislador, se sigue en España sin ayudar a PYMES ni a autónomos en dificultades, sin ofrecerles soluciones eficaces. El informe se centra en el caso de los pequeños empresarios, que encuentran tan pocos incentivos en nuestra legislación concursal que la rehuyen con pavor. Y es especialmente crítico con el rigor que ésta exhibe en el tratamiento de los créditos públicos, básicamente Hacienda y Seguridad social, que condenan a muerte injusta e innecesaria a muchas microempresas en una matanza que no beneficia en definitiva a nadie.
La situación de nuestra legislación de crisis empresarial es hoy, por tanto, tan reconocidamente deficiente que ha sido incluso denunciada por los organismos internacionales y señalada como un factor importante de nuestra crisis. Y no falta un sector de nuestra doctrina que se ha esforzado también en una crítica constructiva que pide a gritos reformas legales efectivas de verdad.
Sin embargo la impresión es que a nuestro estáblisment político, financiero, judicial y hasta educativo el tema parece preocuparle bastante poco. La mortandad de empresas viables en el país campeón del paro es una verdadera tragedia que no parece conmoverles. En esa tragedia muchos parecen haber encontrado además entre los despojos buenas fuentes de recursos. En la administración de la ruina, en los masters de las Escuelas de Negocios, o en los múltiples congresos y jornadas en que se debate de temas concursales con sospechosa sobreabundancia de jueces mercantiles y administradores concursales.
Se trata, por tanto, de un campo abonado de problemas para conseguir malos resultados. Problemas que merecen ser tratados con más detalle en un blog como éste.
Cuando España tuvo que ser auxiliada (o intervenida) por los organismos internacionales, una de las preocupaciones de lo que se llamó “la Troika”, de los conocidos “hombres de negro”, fue lo inadecuada que resultaba nuestra legislación para promover algo de lo que andamos tan escasos como el espíritu empresarial.Dentro de esos lastres legales estaba el tratamiento, verdaderamente cruel, que el legislador dispensaba al emprendedor fallido que había actuado de buena fe (tema tratado por Rodrigo Tena y Matilde Cuena), a quien se privaba de una “segunda oportunidad”al excluir cualquier liberación del pasivo pendiente tras la liquidación de su patrimonio en el concurso. Ese tratamiento riguroso sin excepciones resultaba una anomalía en el mundo occidental y no suponía beneficio para nadie, ni para el propio deudor, abocado a la economía sumergida, ni para la sociedad, que perdía la posibilidad de beneficiarse con futuras iniciativas empresariales de éste, ni siquiera para los acreedores, que muy raramente conseguían en realidad recuperar algo de esa deuda pendiente.
Otra preocupación de esas instancias internacionales era la enorme mortandad de empresas en nuestros procesos concursales dado que en más de un 90% de los casos concluyen con su disolución. Es cierto que el mercado resulta un juez implacable en su condena a las empresas inviables. Y que esa condena tenía que ser necesariamente extensa en un tiempo de crisis y cambio de modelo, en el que la supervivencia, por ejemplo, de muchas empresas de promoción inmobiliarias estaba fuera de lugar tras el estallido de la burbuja. Pero también lo es que en nuestro sistema concursal no se diferencia entre tirios y troyanos y empresas perfectamente viables, y como tales creadoras de valor y que sólo sufrían un mero problema de liquidez, acaban también en liquidación. Y con ellas se destruye también innecesariamente una inmensa cantidad de riqueza y de puestos de trabajo.
Ante la presión recibida, nuestro Gobierno hizo algo que sabe hacer bien. Hacer como que hacía algo al respecto, sin verdaderamente hacer nada. Promovió unas reformas en la Ley de Emprendedores que parecía que afrontaban esos problemas… ¡Cuando en realidad no servían absolutamente para nada! Se ejercitó así, de nuevo, en un verdadero “uso alternativo del Derecho”: el uso cosmético o con fines de mera propaganda de una ley que ha conseguido bonitos titulares sin ninguna sustancia real detrás. Con posterioridad, con el Decreto Ley que da nueva regulación a los acuerdos de refinanciación, ha conseguido seguir sin resolver los problemas fundamentales, pero sí al menos disimular su gravedad durante un tiempo. Una verdadera patada hacia adelante.
Dos documentos recientes han puesto en evidencia tanto a nuestro sistema legal de tratamiento de las crisis empresariales como a los pretendidos esfuerzos reformadores de nuestro legislador.
Por una parte, la Recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014 sobre un nuevo enfoque a la insolvencia y al fracaso empresarial, que persigue que las empresas viables con dificultades financieras dispongan de procesos que les permitan reestructurarse en fase temprana. Y también que se dé una segunda oportunidad a los empresarios que lo merezcan. La recomendación contiene todo un catálogo de instrumentos que resultan útiles para alcanzar esos fines. Y que son precisamente los que despreció y desestimó en su día nuestro legislador para montar un sistema preconcursal casi perfectamente inútil. Y no sería porque no se les avisó. En este mismo blog lo hicimos.
Por otra parte, el informe del FMI sobre nuestro sistema concursal. Éste considera que, después de los esfuerzos cosméticos del legislador, se sigue en España sin ayudar a PYMES ni a autónomos en dificultades, sin ofrecerles soluciones eficaces. El informe se centra en el caso de los pequeños empresarios, que encuentran tan pocos incentivos en nuestra legislación concursal que la rehuyen con pavor. Y es especialmente crítico con el rigor que ésta exhibe en el tratamiento de los créditos públicos, básicamente Hacienda y Seguridad social, que condenan a muerte injusta e innecesaria a muchas microempresas en una matanza que no beneficia en definitiva a nadie.
La situación de nuestra legislación de crisis empresarial es hoy, por tanto, tan reconocidamente deficiente que ha sido incluso denunciada por los organismos internacionales y señalada como un factor importante de nuestra crisis. Y no falta un sector de nuestra doctrina que se ha esforzado también en una crítica constructiva que pide a gritos reformas legales efectivas de verdad.
Sin embargo la impresión es que a nuestro estáblisment político, financiero, judicial y hasta educativo el tema parece preocuparle bastante poco. La mortandad de empresas viables en el país campeón del paro es una verdadera tragedia que no parece conmoverles. En esa tragedia muchos parecen haber encontrado además entre los despojos buenas fuentes de recursos. En la administración de la ruina, en los masters de las Escuelas de Negocios, o en los múltiples congresos y jornadas en que se debate de temas concursales con sospechosa sobreabundancia de jueces mercantiles y administradores concursales.
Se trata, por tanto, de un campo abonado de problemas para conseguir malos resultados. Problemas que merecen ser tratados con más detalle en un blog como éste.
Fernando Rodríguez Prieto nació en Madrid el 10 de febrero de 1962. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario (Oposiciones Madrid 1988). Ha ejercido en Andoain, Bergara y Beasain, las tres localidades situadas en Guipúzcoa, y desde 2006 ejerce en Coslada, Madrid. Es también mediador y árbitro.
Soy titular del Juzgado Mercantil número 1 de Madrid y al decir usted que los Jueces Mercantiles se mueven entre la corrupción y la sospecha, sólo se me ocurre contestarle que usted se mueve entre la ignorancia y la injuria
Sr.Nieto: Lo el Sr.Rodriguez Prieto y así lo leo es que “algunos” Jueces y no “los” Jueces.-
Por tanto y presumiendo que habla con conocimiento de causa como es normal en él no veo la ignorancia ni la injuria.-Francamente.- La Judicatura en los Mercantil no se vé empañada en su imparcialidad y honradez en esa afirmación: “algunos”.- Ni muchos menos”todos”.-
Estimado Don Carlos,
Es evidente que no me refiero a todos los jueces. Pero sí a algunos de ellos.
Si ha visto usted el reportaje de La Sexta se trata el caso de un juez que presuntamente ofrecía a los alumnos de su Master el nombramiento como administradores concursales. Y algo habrá cuando fue sancionado y trasladado. Si eso no es corrupción, me encantará que me lo explique.
Se dice, por personas con conocimiento de causa, que hay unos cuantos jueces de lo mercantil que dedican bastante tiempo a intervenir en jornadas, mesas y demás “bolos”, frecuentísimos, organizados básicamente por administradores concursales (o aspirantes a serlo) o por su entorno. Se dice que es una forma de tenerles contentos, por la retribución que reciben, y tener así más posibilidades de ser nombrados. Estoy seguro de que no es general ni se consigue influir en los jueces. Pero aun así, si eso no es sospechoso me encantaría que me lo explicara.
Por supuesto que no son todos. No se dice eso en mi post. Que no considero, por tanto, que tenga nada de injurioso. En cuanto a mi ignorancia, siempre está dispuesta a ser iluminada.
En realidad, Carlos, más que injuria sería calumnia, de no ser porque al ser una afirmación general, y no concreta -o subjetiva-, pierde toda su fuerza para pasar a ser una simple y llana expresión personal totalmente lícita en base a una documentación (en este caso el reportaje televisivo). Y lo de la ignorancia es bastante relativo también. Le diré una cosa: los mercantilistas y los administrativistas no pueden precisamente ir de ejemplo por la vida. Es posible que usted lo sea, pero yo le digo que si estas dos áreas fueran más controladas, y mejor reguladas, a todos nos iría mejor. Pero claro, lo de las regulaciones en según que cosas algunos no las acaban de llevar del todo bien…
Coincido con el Sr. Nieto; el autor pone en la lupa a todos los jueces; porque al decir “algunos”, no dice “quienes”.
El actual “procedimiento concursal” se inicia con Martinsa-Fadesa, en A Coruña. El Juez de lo Mercantil, Sr. Fojón, en lugar de nombrar al Administrador conforme a la Ley (entre colegiados coruñeses), se lo encarga a una amiga suya valenciana. 1.000 millones. Y no pasa nada; ni siquiera cunado se ve forzado a anular el nombramiento ante la presión de los miembros de la Junta Colegial, que, como en los mejores tiempos de la dictadura, se sienten llamados a adquirir tan gruesos emonumentos. Una vez conseguida la anulación del nombramiento, aqui paz y después gloria.
Esto lo sabe todo el mundo. Y no pasa nada. Pero nada, eh; nada de nada. Salvo para la alegre parejita, que vió como “sus” 1.000 kilos fueron a otro bolsillo.
¿Que no todos los jueces son corruptos? Vale; pero siempre que el encubrimiento no se incluya en el concepto de corrupción.
El tratamiento y regulación de las situaciones de insolvencia es realmente complejo y es imprescindible que se valoren de manera ponderada los diversos intereses en conflicto que son muchos y divergentes.
Coincido con el autor en que la actual situación es insatisfactoria para casi todos -excepto para algunos administradores concursales y su entorno-, así como en la necesidad de que la regulación facilite la supervivencia de las empresas viables con crisis de liquidez, pero tampoco puede abrirse la mano de manera que se facilite la actuación de morosos o defraudadores profesionales para realizar lo que coloquialmente en el sector se denominan “limpiezas de pasivo”, en muchos casos tendentes a eludir las obligaciones fiscales y de Seguridad Social o a perjudicar a consumidores y clientes.
Está claro que hay que buscar los mecanismos para que más concursos acaben con un convenio viable. Los acreedores,a menudo, cobran menos de lo que cobrarían si el deudor tuviese un verdadero incentivo a luchar por su empresa. Si cualquier posible mejora de la situación de una empresa tras un convenio se traslada exclusivamente, o muy mayoritariamente, a los acreedores, el deudor tiene pocos incentivos a luchar por su empresa. En la práctica es como si la empresa, y sus posibles beneficios, fuesen mucho más de los acreedores que del propio deudor. Si no se hace partícipe al deudor de una posible mejoría de la situación de la empresa tras el convenio se le está incentivando a no luchar por el éxito del convenio. Pero, antes de que el deudor tire la toalla con un convenio que sin su esfuerzo no será viable, lo más probable es que todos, acreedores y deudor, se resignen a una liquidación que parece inevitable. En esa liquidación, seguramente los acreedores cobrarán menos de lo que hubiesen cobrado de haber salido adelante un convenio viable.
Existen, por ello, mejores alternativas al concurso puro desarrolladas en otros países. Y que nuestro miope legislador ha desestimado considerar. Espero poder comentarlo en otro post.
De las situaciones de este tipo que he conocido el principal acreedor casi siempre era el Estado. La excepción podrían ser las promotoras inmobiliarias con su desaforada deuda bancaria apoyada en activos inflados.
Para la generalidad de empresas, entre cuotas pendientes de la SS, Retenciones de IRPF’s, IVA’s, etc. es rara aquella cuyo cash-flow no se dirige, en más del 50%, al “socio extractivo silencioso”. Un acreedor privilegiado injustamente y mientras esto no se resuelva el resto de poco sirve.
.
Si añadimos que la mayor parte de las empresas son estructuralmente inviables (de cada 10 que empiezan sólo 1 pasa con beneficios de los 3 años y de cada diez de éstas sólo una pasa de los 10 años) el asunto es cómo evitar que la masacre estadística te pille deuda pendiente de cobro porque siempre estás a la cola tras las administraciones públicas y sus asistentes más solícitos, los bancos con sus circuitos especiales de información.
Esta situación no aparece en nuestra mente de modo espontáneo porque los medios y la publicidad de masas nos ofrecen una imagen deslumbrante de las muy grandes empresas –los mecenas sociales que controlan el “poder del mercado” y nos cobran cash quieras o no– que nos impide ser conscientes de la Normalidad Empresarial.
Por último, el artículo habla de salvar empresas viables. Se supone que han llegado a esa situación porque han estado coyunturalmente mal gestionadas o porque en determinados momentos….el negocio real consiste en hacerlas inviables y llegar a concurso con los detalles bien amarrados.
De esto seguro que conocemos todos porque es mucho más frecuente de lo que se piensa. Recordemos, por ejemplo, lo sucedido en el circuito de la vivienda.
Una buena ley concursal es requisito para la ingeniería jurídica de las burbujas inmobiliarias y ya están los gobiernos necesitando otra burbujita.
Quizás tendríamos que divulgar mejor las causas reales de la mayor parte de las situaciones de insolvencia, las grandes estafas que tras ellas se pueden esconder y la dificultad de, sin protección especial, sacar una actividad empresarial normal adelante.
Una vez reconocido el contexto, abordar los procesos concursales como hace el autor es un ejercicio sin duda valioso y que se agradece deseando que no nos toque por ninguno de sus lados.
Saludos
Absolutamente de acuerdo, señor Oquendo. Lo suscribo punto por punto.
Como he sido indebidamente acusado de imputar conductas penales a jueces honrados quiero hacer algunas aclaraciones .
En primer lugar, que por supuesto no me refiero a los jueces en general, sino a determinados de ellos.
La palabra corrupción no implica necesariamente un comportamiento penalmente tipificado. Existe también una corrupción, más blanda y difusa, que también es preciso combatir como deshonesta.
Creo que la investidura como juez (o como notario, o como policía municipal) no atribuye un manto angelical que impida las tentaciones y los pecados. Por eso tiene que haber sistemas efectivos de exigencia de responsabilidad que impliquen incentivos para un comportamiento impoluto. Yo personalmente lamento que, por ejemplo, en mi propio cuerpo no exista al respecto un sistema disciplinario más eficaz. En cualquier caso, para dejarlo aún más claro, he añadido el determinativo “algunos” en la alusión a los jueces. No creo que la dignidad de ningún juez honrado y trabajador quede en entredicho con esa alusión.
No critico en absoluto la implicación de jueces en la docencia, donde estoy seguro de que tienen mucho que aportar los que sean válidos para ello y estén dispuesto a hacer ese considerable esfuerzo, digno de agradecimiento. Yo me he referido a otro tipo de jornadas, mesas, etc, donde lo de menos es esa docencia, y donde lo que de verdad se busca es influir en algunos jueces que puedan ser sensibles a esos halagos y a lo que le acompaña. Creo que la Judicatura debería ser la primera interesada en disipar esas sospechas. Y si se supera ese inconveniente, yo personalmente soy partidario de que el juez siga teniendo discrecionalidad para elegir el Administrador que le parezca más conveniente. Mucho mejor que el objetivísimo sistema secuencial de nombramiento de mediadores concursales que es un verdadero disparate.
Desde el Blog HayDerecho hemos defendido la dignidad y la importancia del cargo de juez, y hemos denunciado la voluntad de la partitocracia de dominar y domesticar a ese poder, esencial en un Estado de Derecho y que ha de ser independiente para ser tal poder. Mucho más allá de lo que casi nadie ha hecho. Hay que lamentar y denunciar la falta de medios y las duras condiciones de trabajo de muchos jueces, en especial entre los mercantiles. Estoy seguro de que la mayoría de sus titulares no se dejan tentar por esas otras formas de compensación en zonas pantanosas.
Ya no es sólo esto, es que no entiende uno por qué para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado piden test psicotécnicos y no para la Carrera Fiscal o Judicial. Ah, pero espere, que en las oposiciones de dentro de unos años querían implantar el inglés, que eso si es importante para un juez español, oiga. Esto es lo que vendría siendo una idiotez jurídica que imagino a quien se le puede haber ocurrido… La cuestión es mucho más compleja, Fernando, pero no vas mal encaminado…
Como menos en este caso, con su exabrupto no rectificado, D. Carlos nos ha demostrado que tiene, como ha dicho una comentarista, ciertas dificultades en su comprensión lectora. La verdad es que caer en manos de determinados jueces (digo “determinados”, que no no significa “todos” sino sólo unos pocos, que a algunas personas hay que explicarle las cosas como en Barrio Sésamo) debe dar auténtico pánico.
Estimado Fernando y sr Nieto, es una pena que la “acusación de acusar” a los jueces por la cuestión de la enseñanza a los administradores concursales nos distraiga del verdadero tema del post que es el tratamiento de las situaciones concursales en nuestro ordenamiento que, efectivamente, resultan ser un problema más para la reactivación de la economía y para la salvación de muchas empresas. La cuestión de los jueces y la docencia a la que se refiere el Sr. Nieto resulta simplemente del programa de la Sexta cuyas conclusiones se utilizan como medio para introducirse en la verdadera cuestión, fundamentalmente los pocos incentivos que tienen las pequeñas empresas y los desmesurados privilegios de los créditos públicos, lo que no significa, por supuesto, que sea muy deseable que, además de la legislación, la aplicación de la ley sea justa e impoluta, y a nadie en concreto se acusa de lo contrario en este post.
El Sr Nieto debería esforzarse en descender de su pedestal de juez y explicar a los mortales dónde ve ignorancia e injuria. O en otro caso, abstenerse de ese tipo de comentarios. No se puede ser tan agresivo y no explicar los motivos.
Soy titular del Juzgado Mercantil número 1 de Madrid y al decir usted que los Jueces Mercantiles se mueven entre la corrupción y la sospecha, sólo se me ocurre contestarle que usted se mueve entre la ignorancia y la injuria
El tratamiento y regulación de las situaciones de insolvencia es realmente complejo y es imprescindible que se valoren de manera ponderada los diversos intereses en conflicto que son muchos y divergentes.
Coincido con el autor en que la actual situación es insatisfactoria para casi todos -excepto para algunos administradores concursales y su entorno-, así como en la necesidad de que la regulación facilite la supervivencia de las empresas viables con crisis de liquidez, pero tampoco puede abrirse la mano de manera que se facilite la actuación de morosos o defraudadores profesionales para realizar lo que coloquialmente en el sector se denominan “limpiezas de pasivo”, en muchos casos tendentes a eludir las obligaciones fiscales y de Seguridad Social o a perjudicar a consumidores y clientes.
Está claro que hay que buscar los mecanismos para que más concursos acaben con un convenio viable. Los acreedores,a menudo, cobran menos de lo que cobrarían si el deudor tuviese un verdadero incentivo a luchar por su empresa. Si cualquier posible mejora de la situación de una empresa tras un convenio se traslada exclusivamente, o muy mayoritariamente, a los acreedores, el deudor tiene pocos incentivos a luchar por su empresa. En la práctica es como si la empresa, y sus posibles beneficios, fuesen mucho más de los acreedores que del propio deudor. Si no se hace partícipe al deudor de una posible mejoría de la situación de la empresa tras el convenio se le está incentivando a no luchar por el éxito del convenio. Pero, antes de que el deudor tire la toalla con un convenio que sin su esfuerzo no será viable, lo más probable es que todos, acreedores y deudor, se resignen a una liquidación que parece inevitable. En esa liquidación, seguramente los acreedores cobrarán menos de lo que hubiesen cobrado de haber salido adelante un convenio viable.
Sr.Nieto: Lo el Sr.Rodriguez Prieto y así lo leo es que “algunos” Jueces y no “los” Jueces.-
Por tanto y presumiendo que habla con conocimiento de causa como es normal en él no veo la ignorancia ni la injuria.-Francamente.- La Judicatura en los Mercantil no se vé empañada en su imparcialidad y honradez en esa afirmación: “algunos”.- Ni muchos menos”todos”.-
De las situaciones de este tipo que he conocido el principal acreedor casi siempre era el Estado. La excepción podrían ser las promotoras inmobiliarias con su desaforada deuda bancaria apoyada en activos inflados.
Para la generalidad de empresas, entre cuotas pendientes de la SS, Retenciones de IRPF’s, IVA’s, etc. es rara aquella cuyo cash-flow no se dirige, en más del 50%, al “socio extractivo silencioso”. Un acreedor privilegiado injustamente y mientras esto no se resuelva el resto de poco sirve.
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Si añadimos que la mayor parte de las empresas son estructuralmente inviables (de cada 10 que empiezan sólo 1 pasa con beneficios de los 3 años y de cada diez de éstas sólo una pasa de los 10 años) el asunto es cómo evitar que la masacre estadística te pille deuda pendiente de cobro porque siempre estás a la cola tras las administraciones públicas y sus asistentes más solícitos, los bancos con sus circuitos especiales de información.
Esta situación no aparece en nuestra mente de modo espontáneo porque los medios y la publicidad de masas nos ofrecen una imagen deslumbrante de las muy grandes empresas –los mecenas sociales que controlan el “poder del mercado” y nos cobran cash quieras o no– que nos impide ser conscientes de la Normalidad Empresarial.
Por último, el artículo habla de salvar empresas viables. Se supone que han llegado a esa situación porque han estado coyunturalmente mal gestionadas o porque en determinados momentos….el negocio real consiste en hacerlas inviables y llegar a concurso con los detalles bien amarrados.
De esto seguro que conocemos todos porque es mucho más frecuente de lo que se piensa. Recordemos, por ejemplo, lo sucedido en el circuito de la vivienda.
Una buena ley concursal es requisito para la ingeniería jurídica de las burbujas inmobiliarias y ya están los gobiernos necesitando otra burbujita.
Quizás tendríamos que divulgar mejor las causas reales de la mayor parte de las situaciones de insolvencia, las grandes estafas que tras ellas se pueden esconder y la dificultad de, sin protección especial, sacar una actividad empresarial normal adelante.
Una vez reconocido el contexto, abordar los procesos concursales como hace el autor es un ejercicio sin duda valioso y que se agradece deseando que no nos toque por ninguno de sus lados.
Saludos
Estimado Don Carlos,
Es evidente que no me refiero a todos los jueces. Pero sí a algunos de ellos.
Si ha visto usted el reportaje de La Sexta se trata el caso de un juez que presuntamente ofrecía a los alumnos de su Master el nombramiento como administradores concursales. Y algo habrá cuando fue sancionado y trasladado. Si eso no es corrupción, me encantará que me lo explique.
Se dice, por personas con conocimiento de causa, que hay unos cuantos jueces de lo mercantil que dedican bastante tiempo a intervenir en jornadas, mesas y demás “bolos”, frecuentísimos, organizados básicamente por administradores concursales (o aspirantes a serlo) o por su entorno. Se dice que es una forma de tenerles contentos, por la retribución que reciben, y tener así más posibilidades de ser nombrados. Estoy seguro de que no es general ni se consigue influir en los jueces. Pero aun así, si eso no es sospechoso me encantaría que me lo explicara.
Por supuesto que no son todos. No se dice eso en mi post. Que no considero, por tanto, que tenga nada de injurioso. En cuanto a mi ignorancia, siempre está dispuesta a ser iluminada.
Como he sido indebidamente acusado de imputar conductas penales a jueces honrados quiero hacer algunas aclaraciones .
En primer lugar, que por supuesto no me refiero a los jueces en general, sino a determinados de ellos.
La palabra corrupción no implica necesariamente un comportamiento penalmente tipificado. Existe también una corrupción, más blanda y difusa, que también es preciso combatir como deshonesta.
Creo que la investidura como juez (o como notario, o como policía municipal) no atribuye un manto angelical que impida las tentaciones y los pecados. Por eso tiene que haber sistemas efectivos de exigencia de responsabilidad que impliquen incentivos para un comportamiento impoluto. Yo personalmente lamento que, por ejemplo, en mi propio cuerpo no exista al respecto un sistema disciplinario más eficaz. En cualquier caso, para dejarlo aún más claro, he añadido el determinativo “algunos” en la alusión a los jueces. No creo que la dignidad de ningún juez honrado y trabajador quede en entredicho con esa alusión.
No critico en absoluto la implicación de jueces en la docencia, donde estoy seguro de que tienen mucho que aportar los que sean válidos para ello y estén dispuesto a hacer ese considerable esfuerzo, digno de agradecimiento. Yo me he referido a otro tipo de jornadas, mesas, etc, donde lo de menos es esa docencia, y donde lo que de verdad se busca es influir en algunos jueces que puedan ser sensibles a esos halagos y a lo que le acompaña. Creo que la Judicatura debería ser la primera interesada en disipar esas sospechas. Y si se supera ese inconveniente, yo personalmente soy partidario de que el juez siga teniendo discrecionalidad para elegir el Administrador que le parezca más conveniente. Mucho mejor que el objetivísimo sistema secuencial de nombramiento de mediadores concursales que es un verdadero disparate.
Desde el Blog HayDerecho hemos defendido la dignidad y la importancia del cargo de juez, y hemos denunciado la voluntad de la partitocracia de dominar y domesticar a ese poder, esencial en un Estado de Derecho y que ha de ser independiente para ser tal poder. Mucho más allá de lo que casi nadie ha hecho. Hay que lamentar y denunciar la falta de medios y las duras condiciones de trabajo de muchos jueces, en especial entre los mercantiles. Estoy seguro de que la mayoría de sus titulares no se dejan tentar por esas otras formas de compensación en zonas pantanosas.
En realidad, Carlos, más que injuria sería calumnia, de no ser porque al ser una afirmación general, y no concreta -o subjetiva-, pierde toda su fuerza para pasar a ser una simple y llana expresión personal totalmente lícita en base a una documentación (en este caso el reportaje televisivo). Y lo de la ignorancia es bastante relativo también. Le diré una cosa: los mercantilistas y los administrativistas no pueden precisamente ir de ejemplo por la vida. Es posible que usted lo sea, pero yo le digo que si estas dos áreas fueran más controladas, y mejor reguladas, a todos nos iría mejor. Pero claro, lo de las regulaciones en según que cosas algunos no las acaban de llevar del todo bien…
Ya no es sólo esto, es que no entiende uno por qué para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado piden test psicotécnicos y no para la Carrera Fiscal o Judicial. Ah, pero espere, que en las oposiciones de dentro de unos años querían implantar el inglés, que eso si es importante para un juez español, oiga. Esto es lo que vendría siendo una idiotez jurídica que imagino a quien se le puede haber ocurrido… La cuestión es mucho más compleja, Fernando, pero no vas mal encaminado…
Estimado Fernando y sr Nieto, es una pena que la “acusación de acusar” a los jueces por la cuestión de la enseñanza a los administradores concursales nos distraiga del verdadero tema del post que es el tratamiento de las situaciones concursales en nuestro ordenamiento que, efectivamente, resultan ser un problema más para la reactivación de la economía y para la salvación de muchas empresas. La cuestión de los jueces y la docencia a la que se refiere el Sr. Nieto resulta simplemente del programa de la Sexta cuyas conclusiones se utilizan como medio para introducirse en la verdadera cuestión, fundamentalmente los pocos incentivos que tienen las pequeñas empresas y los desmesurados privilegios de los créditos públicos, lo que no significa, por supuesto, que sea muy deseable que, además de la legislación, la aplicación de la ley sea justa e impoluta, y a nadie en concreto se acusa de lo contrario en este post.
El Sr Nieto debería esforzarse en descender de su pedestal de juez y explicar a los mortales dónde ve ignorancia e injuria. O en otro caso, abstenerse de ese tipo de comentarios. No se puede ser tan agresivo y no explicar los motivos.
Conozco de primera mano a y título personal por razones de determinada empresa familiar ,hoy en liquidación,los casos,una parte de la cuestión,expuestos por Fernando:
1º.- Administradores Concursales a quién solo les interesa cobrar sin preocuparles lo más mínimo la salvación de la empresa en crisis por falta de liquidez u otra superable,no estructural.-
2º.- Administradores Concursales “profesionales” que organizan simposios,mesas redondas y demás eventos,en puntos atractivos de la geografía nacional y en las que con frecuencia hay,a gastos pagados obviamente,algún Juez de los Mercantil,directamente implicado en el concurso de determinada empresa de la que un administrador concursal es el organizador del evento junto con el Presidente del Consejo de Administración de la Empresa en cuestión.-
3º.- Créditos singularmente privilegiado en favor de Hacienda por bastantes millones,por causas que ni los Administradores concursales ni los ex-Administradores de la Sociedad se han dignado aclarar en forma entendible y razonable a los socios,entre los que me incluyo.-
Hablo,por supuesto,de un caso que me afecta hasta lo más profundo y ello no significa que ponga en duda la rectitud e imparcialidad del Juez/a de lo Mercantil en cuestión,excelente Juez por lo demás pero “,ya sabemos,”imparciales y parecerlo”.-
Lo de Hacienda actuando como puntilla en la cruceta y causa de la imposibilidad de reflote de la empresa,centenaria en este caso,doy fé como socio muy afectado en sus intereses y en algo más.-
Mira Íñigo: “Un administrador concursal se parece más a un liquidador de empresas que a un profesional que trata de salvar una compañía” ¿Lo digo yo? No, lo dijo ayer el Ministro de Economía, Luis de Guindos.
A ciertos usos poco presentables de algunos jueces, concretamente a su supraprotagonismo en el festival de congresos, jornadas y cursos financiados por despachos interesados en que se nombre a sus miembros como administradores concursales, se han referido noticias publicadas, como éstas:
http://blogs.grupojoly.com/con-la-venia/2013/08/24/la-mafia-de-la-administracion-concursal/
http://www.eldiario.es/economia/Trafico-influencias-despachos-abogados-mercantil_0_166583519.html
Existe incluso una organización que lo denuncia.
Gracias, Fernando, por abordar este tema de manera abierta y didáctica. En mi comentario quiero poner de manifiesto que, sin entrar a valorar la calidad de su texto, lo cierto es que a la Ley se le ha venido la realidad encima. Persigue la continuidad empresarial y más del 90% de las concursadas van a liquidación. La culpa no es de la norma: por lo general, la mayoría de empresas que acuden al concurso lo hacen cuando ya están desahuciadas. Por mi profesión, no considero en absoluto que el privilegio de los créditos públicos sea excesivo, dada su afección. Los jueces interpretan sistemáticamente los preceptos legales -aplicando incluso la analogía sin el menor rubor-, en contra del interés público. Por otro lado, me gustaría que tuvieran Vds. ocasión de comprobar cómo, por lo general, se posterga sistemáticamente el pago de los créditos contra la masa (postconcursales), simplemente para que haya liquidez en la caja cuando lleguen las minutas de los administradores. Los jueces de lo mercantil han acordado otorgarles fecha de vencimiento en el mismo día de declaración del concurso y esto introduce en el proceso un factor de desestabilización (y riesgo) enorme. Lo primero que se paga (a veces, lo único) son los gastos causados por los profesionales intervinientes (administradores, pero también los letrados y economistas asesores del concursado).
Así es.- Totalmente cierto. Y hablo cono conocimiento directo de causa.-
Completamente de acuerdo con su comentario. Los créditos contra la masa son los súper privilegiados y están descontroladas, al libre albedrío de la AC, y son los que frustran la finalidad del concurso. Por otra parte, después de leer muchas resoluciones judiciales compruebo la falta de imparcialidad de los jueces ( en algunas provincias es muy evidente con los créditos públicos), sobre los actos de un colaborador nombrado por ese mismo órgano judicial, pero sobre todo, porque son actos dentro de un proceso cuyo control y vigilancia compete a ese mismo órgano judicial. Lo grave ocurre en la liquidación, incumplimientos en cuanto a plazos, forma.. (un informe trimestral, todos entendemos lo que es un trimestre, una relación detallada de créditos con fecha vencimiento, también), son defectos de forma que incumplen la ley (sobre el contenido también hay mucho de que hablar) que no son vistos por su primer destinatario y quien tiene que vigilar el concurso, sino q son los acreedores en un ejercicio probatorio ímprobo, que tienen que hacer valer unos derechos claramente vulnerados. Todos los jueces y AC no son corruptos, pero tampoco son todos honrados, se equivocan de enemigo, y son ellos los primeros que deben señalar las corruptelas de sus compañeros.
La verdad Fernando es que son lamentables las informaciones publicadas de las que te limitas a hacerte eco en relación con las actuaciones que rodean a los concursos de acreedores.
Es importante que en los cursos de formación y congresos estén presentes miembros de la judicatura, así como administradores concursales y abogados que participan en el día a día de la aplicación de la Ley. También, por supuesto, académicos que aportan aspectos de técnica jurídica indispensables para la interpretación de la normativa, y que muchos de ellos han estado detrás de la elaboración de las reformas. Esa visión desde todas las perspectivas es necesaria y yo de hecho la procuro cuando organizo jornadas o cursos. Quizá sea todo un problema de medida para evitar suspicacias denunciadas en los medios.
La remuneración y nombramiento de administradores concursales son cuestiones que, a mi juicio, deberían revisarse. Se habla de sus altos honorarios, aunque también hay que tener en cuenta que en muchos concursos pueden no cobrar nada. No me parece de recibo que un administrador concursal no cobre por su trabajo, sobre todo con el régimen de responsabilidad civil que tiene. Eso es demencial y de ahí que “haya tortas” para conseguir concursos en los que se cobra y mucho. El sistema está desequilibrado e invita (pero no justifica) a su perversión. Parece que el tema se va a modificar según se anuncia http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-05-21/el-gobierno-regulara-a-los-administradores-concursales-para-controlar-sus-honorarios_134300/
En cuanto al fondo del asunto, aquí ya hemos denunciado muchas veces el fracaso de nuestra normativa concursal concentrada en insolvencia de sociedades, abandonando a su suerte a la persona física y con ella a las PYMES. No hay que olvidar que el 51, 5% de los empresarios en España son personas físicas http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato_PYME_2014.pdf y su tratamiento concursal sigue siendo impresentable. La sola descripción del mismo a los analistas internacionales provoca sonrojo. Un régimen de segunda oportunidad eficaz es imprescindible para el estímulo de la iniciativa empresarial y la recuperación del empleo, principal problema de este país. Nos lo están reclamando a nivel internacional y aquí seguimos temiendo que se altere la “cultura de pago”, cuando en realidad lo que no queremos alterar son los balances de las entidades financieras.
Tienes razón en que se llega tarde al concurso. Y faltan instrumentos alternativos para un tratamiento temprano. Espero tener ocasión de explicarlo en otro post
Matilde, la participación de jueces de lo mercantil en foros y congresos no es un problema de proporción. Sino de motivación. Si pueden participar y a la vez atender el descomunal trabajo de sus juzgados, pues estupendo. Pero de ninguna manera puede ser un mecanismo de influencia que favorezca la elección de determinados administradores concursales sobre otros.
Andá! Qué curioso! Si en las noticias/denuncia linkadas por Paradox aparece el Juez que en el primer comentario acusa al post de ignorante e injurioso!
Es comprensible que se ponga nervioso con este tema…
cito de uno de los enlaces de Paradox:
“Un miembro de la organización del Congreso celebrado en Canarias, Elena Álvarez, señala que “los honorarios de los magistrados son muy bajos para lo que se suele cobrar, no llega a los mil euros por ponencia además de sufragarles todos los gastos”.
Pues va a ser que si, que cobran “poco” … a cambio de “nada”.
Estos “Visitadores” Judiciales, por lo demás, no tienen ni pajolera idea de lo que es y de como y porque está como está la empresa que están “llamados” a administrar; al contrario de lo que ocurre con sus gestores, directivos no consejeros.
A menudo confundimos la “Alta dirección” con la “gerencia”. Es la Alta dirección, el Consejo de Administración, quien suele negarse a invertir; con ello ha de torear el gestor (a menudo con el riesgo de ser penalmente condenado -por ejemplo delito ecológico por dficiencias de depuración de aguas o lavado de gases- por motivos que no está en su mano -y si en la del Consejo- evitar; le queda la opción de irse, pero no veo que tal opción sea en verdad exigible).
Lamentablemente, en todos los países los procesos concursales están cuestionados. En Argentina tenemos una basta experiencia en crisis y en reforma de nuestra ley concursal y siempre, en la práctica, las situaciones de insolvencia giran sobre lo mismo: la aniquilación de la empresa, el empresario que busca sanear sus deudas a costa de los acreedores y los funcionarios del concurso que tratan o no de equilibrar esta dualidad. Y para los funcionarios que ocurran en mal desempeño, para eso están las leyes sancionatorias, incluso penales. Dejo un artículo, para quien le pueda interesar. Un saludo cordial. http://www.academia.edu/2068078/La_responsabilidad_penal_del_sindico_concursal
No soy juez y nunca he pretendido ser tampoco titular de un órgano jurisdiccional.
Pero siempre tomo en cuenta las observaciones de las autoridades públicas, máxime cuándo se aventuran a mezclarse con los meros ciudadanos para recordarnos nuestra menesterosa condición.
La fácil constatación de que si hay injuria no puede nunca hablarse de ignorancia y que la ignorancia por sí misma no va a dar lugar a una injuria no habrá de ocuparme tanto como la confusión (que nunca osaré calificar de ignorante) de un juicio que pretende distinguir en lo general lo particular.
No, don Fernando, en mi opinión usted no debe defenderse ni siquiera darse por aludido al menos en solitario o de forma aislada, después de todo, sólo se limitaba a enumerar una serie de comportamientos reprobables que pueden protagonizar (o no) diversos sujetos, entre ellos los jueces, y desde ahí hace falta recorrer un largo trecho antes de reivindicar tan sólo para éstos últimos y en exclusiva el marchamo de la honorabilidad.
Porque después de todo pretendiendo a efectos meramente dialécticos que hubiera administradores concursales que no hicieran fortuna con la agonía de las empresas, algo que no parece inquietar a su contradictor, ¿qué hacemos con los pícaros?
¿Por qué hemos de aceptar que institución tan hispánica haya de ser de peor condición que administradores concursales y jueces titulares o no del juzgado de lo mercantil nº1?
Parafraseando aquél magistral monólogo que Shakespeare reserva a Shylock : “¿Es que un pícaro no tiene ojos? ¿Es que un pícaro no tiene manos, órganos, proporciones, sentidos, afectos, pasiones? ¿Es que no se alimenta de la misma comida, herido por las mismas armas, sujeto a las mismas enfermedades, curado por los mismos medios, calentado y enfriado por el mismo verano y por el mismo invierno que un titular del juzgado de lo mercantil nº1? Si le pincháis, ¿no sangrará? Si le haceis cosquillas, ¿no se reirá?, Si lo envenenáis, ¿no morirá?
Y además obsérvese que los pícaros se mueven entre la corrupción y la sospecha tan cómodamente como entre la ignorancia y la injuria y siempre con la mayor naturalidad lo que sin duda les evita mayores frustraciones e inoportunos desahogos gremiales. Porque los pícaros, don Fernando, créame, ante todo son individualistas natos y no usan de solidaridades que, como usted conoce muy bien, sólo denotan una actitud carente de lógica económica alguna.
Nunca quise ser juez, pero me temo que se ha notado bastante que siempre quise ser pícaro.
——————
Por lo demás para opinar de su post, me esperaré a cuando tenga a bien concluirlo
Interesante esta semi “revolving door” entre jueces de lo mercantil y grandes despachos que llevan temas concursales…o incluso la “revolving door” final cuando se van definitivamente a esos grandes despachos. Da que pensar. No estoy por supuesto en contra de la docencia pero quizá en estos temas debería extremarse la prudencia. Por otro lado ¿qué mejor clase de derecho concursal que un concurso bien resuelto? Por otro lado el fenómeno, todo hay que decirlo, de las clases y cursos patrocinados a jueces y magistrados no es ni mucho menos exclusiva del ámbito mercantil.
Conozco de primera mano a y título personal por razones de determinada empresa familiar ,hoy en liquidación,los casos,una parte de la cuestión,expuestos por Fernando:
1º.- Administradores Concursales a quién solo les interesa cobrar sin preocuparles lo más mínimo la salvación de la empresa en crisis por falta de liquidez u otra superable,no estructural.-
2º.- Administradores Concursales “profesionales” que organizan simposios,mesas redondas y demás eventos,en puntos atractivos de la geografía nacional y en las que con frecuencia hay,a gastos pagados obviamente,algún Juez de los Mercantil,directamente implicado en el concurso de determinada empresa de la que un administrador concursal es el organizador del evento junto con el Presidente del Consejo de Administración de la Empresa en cuestión.-
3º.- Créditos singularmente privilegiado en favor de Hacienda por bastantes millones,por causas que ni los Administradores concursales ni los ex-Administradores de la Sociedad se han dignado aclarar en forma entendible y razonable a los socios,entre los que me incluyo.-
Hablo,por supuesto,de un caso que me afecta hasta lo más profundo y ello no significa que ponga en duda la rectitud e imparcialidad del Juez/a de lo Mercantil en cuestión,excelente Juez por lo demás pero “,ya sabemos,”imparciales y parecerlo”.-
Lo de Hacienda actuando como puntilla en la cruceta y causa de la imposibilidad de reflote de la empresa,centenaria en este caso,doy fé como socio muy afectado en sus intereses y en algo más.-
A ciertos usos poco presentables de algunos jueces, concretamente a su supraprotagonismo en el festival de congresos, jornadas y cursos financiados por despachos interesados en que se nombre a sus miembros como administradores concursales, se han referido noticias publicadas, como éstas:
http://blogs.grupojoly.com/con-la-venia/2013/08/24/la-mafia-de-la-administracion-concursal/
http://www.eldiario.es/economia/Trafico-influencias-despachos-abogados-mercantil_0_166583519.html
Existe incluso una organización que lo denuncia.
Gracias, Fernando, por abordar este tema de manera abierta y didáctica. En mi comentario quiero poner de manifiesto que, sin entrar a valorar la calidad de su texto, lo cierto es que a la Ley se le ha venido la realidad encima. Persigue la continuidad empresarial y más del 90% de las concursadas van a liquidación. La culpa no es de la norma: por lo general, la mayoría de empresas que acuden al concurso lo hacen cuando ya están desahuciadas. Por mi profesión, no considero en absoluto que el privilegio de los créditos públicos sea excesivo, dada su afección. Los jueces interpretan sistemáticamente los preceptos legales -aplicando incluso la analogía sin el menor rubor-, en contra del interés público. Por otro lado, me gustaría que tuvieran Vds. ocasión de comprobar cómo, por lo general, se posterga sistemáticamente el pago de los créditos contra la masa (postconcursales), simplemente para que haya liquidez en la caja cuando lleguen las minutas de los administradores. Los jueces de lo mercantil han acordado otorgarles fecha de vencimiento en el mismo día de declaración del concurso y esto introduce en el proceso un factor de desestabilización (y riesgo) enorme. Lo primero que se paga (a veces, lo único) son los gastos causados por los profesionales intervinientes (administradores, pero también los letrados y economistas asesores del concursado).
La verdad Fernando es que son lamentables las informaciones publicadas de las que te limitas a hacerte eco en relación con las actuaciones que rodean a los concursos de acreedores.
Es importante que en los cursos de formación y congresos estén presentes miembros de la judicatura, así como administradores concursales y abogados que participan en el día a día de la aplicación de la Ley. También, por supuesto, académicos que aportan aspectos de técnica jurídica indispensables para la interpretación de la normativa, y que muchos de ellos han estado detrás de la elaboración de las reformas. Esa visión desde todas las perspectivas es necesaria y yo de hecho la procuro cuando organizo jornadas o cursos. Quizá sea todo un problema de medida para evitar suspicacias denunciadas en los medios.
La remuneración y nombramiento de administradores concursales son cuestiones que, a mi juicio, deberían revisarse. Se habla de sus altos honorarios, aunque también hay que tener en cuenta que en muchos concursos pueden no cobrar nada. No me parece de recibo que un administrador concursal no cobre por su trabajo, sobre todo con el régimen de responsabilidad civil que tiene. Eso es demencial y de ahí que “haya tortas” para conseguir concursos en los que se cobra y mucho. El sistema está desequilibrado e invita (pero no justifica) a su perversión. Parece que el tema se va a modificar según se anuncia http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-05-21/el-gobierno-regulara-a-los-administradores-concursales-para-controlar-sus-honorarios_134300/
En cuanto al fondo del asunto, aquí ya hemos denunciado muchas veces el fracaso de nuestra normativa concursal concentrada en insolvencia de sociedades, abandonando a su suerte a la persona física y con ella a las PYMES. No hay que olvidar que el 51, 5% de los empresarios en España son personas físicas http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato_PYME_2014.pdf y su tratamiento concursal sigue siendo impresentable. La sola descripción del mismo a los analistas internacionales provoca sonrojo. Un régimen de segunda oportunidad eficaz es imprescindible para el estímulo de la iniciativa empresarial y la recuperación del empleo, principal problema de este país. Nos lo están reclamando a nivel internacional y aquí seguimos temiendo que se altere la “cultura de pago”, cuando en realidad lo que no queremos alterar son los balances de las entidades financieras.
Andá! Qué curioso! Si en las noticias/denuncia linkadas por Paradox aparece el Juez que en el primer comentario acusa al post de ignorante e injurioso!
Es comprensible que se ponga nervioso con este tema…
Tienes razón en que se llega tarde al concurso. Y faltan instrumentos alternativos para un tratamiento temprano. Espero tener ocasión de explicarlo en otro post
Matilde, la participación de jueces de lo mercantil en foros y congresos no es un problema de proporción. Sino de motivación. Si pueden participar y a la vez atender el descomunal trabajo de sus juzgados, pues estupendo. Pero de ninguna manera puede ser un mecanismo de influencia que favorezca la elección de determinados administradores concursales sobre otros.
Lamentablemente, en todos los países los procesos concursales están cuestionados. En Argentina tenemos una basta experiencia en crisis y en reforma de nuestra ley concursal y siempre, en la práctica, las situaciones de insolvencia giran sobre lo mismo: la aniquilación de la empresa, el empresario que busca sanear sus deudas a costa de los acreedores y los funcionarios del concurso que tratan o no de equilibrar esta dualidad. Y para los funcionarios que ocurran en mal desempeño, para eso están las leyes sancionatorias, incluso penales. Dejo un artículo, para quien le pueda interesar. Un saludo cordial. http://www.academia.edu/2068078/La_responsabilidad_penal_del_sindico_concursal
No soy juez y nunca he pretendido ser tampoco titular de un órgano jurisdiccional.
Pero siempre tomo en cuenta las observaciones de las autoridades públicas, máxime cuándo se aventuran a mezclarse con los meros ciudadanos para recordarnos nuestra menesterosa condición.
La fácil constatación de que si hay injuria no puede nunca hablarse de ignorancia y que la ignorancia por sí misma no va a dar lugar a una injuria no habrá de ocuparme tanto como la confusión (que nunca osaré calificar de ignorante) de un juicio que pretende distinguir en lo general lo particular.
No, don Fernando, en mi opinión usted no debe defenderse ni siquiera darse por aludido al menos en solitario o de forma aislada, después de todo, sólo se limitaba a enumerar una serie de comportamientos reprobables que pueden protagonizar (o no) diversos sujetos, entre ellos los jueces, y desde ahí hace falta recorrer un largo trecho antes de reivindicar tan sólo para éstos últimos y en exclusiva el marchamo de la honorabilidad.
Porque después de todo pretendiendo a efectos meramente dialécticos que hubiera administradores concursales que no hicieran fortuna con la agonía de las empresas, algo que no parece inquietar a su contradictor, ¿qué hacemos con los pícaros?
¿Por qué hemos de aceptar que institución tan hispánica haya de ser de peor condición que administradores concursales y jueces titulares o no del juzgado de lo mercantil nº1?
Parafraseando aquél magistral monólogo que Shakespeare reserva a Shylock : “¿Es que un pícaro no tiene ojos? ¿Es que un pícaro no tiene manos, órganos, proporciones, sentidos, afectos, pasiones? ¿Es que no se alimenta de la misma comida, herido por las mismas armas, sujeto a las mismas enfermedades, curado por los mismos medios, calentado y enfriado por el mismo verano y por el mismo invierno que un titular del juzgado de lo mercantil nº1? Si le pincháis, ¿no sangrará? Si le haceis cosquillas, ¿no se reirá?, Si lo envenenáis, ¿no morirá?
Y además obsérvese que los pícaros se mueven entre la corrupción y la sospecha tan cómodamente como entre la ignorancia y la injuria y siempre con la mayor naturalidad lo que sin duda les evita mayores frustraciones e inoportunos desahogos gremiales. Porque los pícaros, don Fernando, créame, ante todo son individualistas natos y no usan de solidaridades que, como usted conoce muy bien, sólo denotan una actitud carente de lógica económica alguna.
Nunca quise ser juez, pero me temo que se ha notado bastante que siempre quise ser pícaro.
——————
Por lo demás para opinar de su post, me esperaré a cuando tenga a bien concluirlo
Existen, por ello, mejores alternativas al concurso puro desarrolladas en otros países. Y que nuestro miope legislador ha desestimado considerar. Espero poder comentarlo en otro post.
Absolutamente de acuerdo, señor Oquendo. Lo suscribo punto por punto.
Interesante esta semi “revolving door” entre jueces de lo mercantil y grandes despachos que llevan temas concursales…o incluso la “revolving door” final cuando se van definitivamente a esos grandes despachos. Da que pensar. No estoy por supuesto en contra de la docencia pero quizá en estos temas debería extremarse la prudencia. Por otro lado ¿qué mejor clase de derecho concursal que un concurso bien resuelto? Por otro lado el fenómeno, todo hay que decirlo, de las clases y cursos patrocinados a jueces y magistrados no es ni mucho menos exclusiva del ámbito mercantil.
Hola a todos:
Yo también ví el reportaje de la Sexta. La verdad es que tan poco rigor, aproximación errática y pretensión pseudoinvestigadora me decepcionaron. Típico formato “caza de brujas”.
Nos quejamos de que el baremo de la retribución del AC gravite básicamente sobre la cifra de activo/pasivo. Durante mil años, las tarifas de honorarios de los abogados han gravitado sobre la famosa “escala”. Y primo ictu es la forma menos errática de relacionar el trabajo con la “cantidad de horas” y la “complejidad”.
Lo que habría que articular legalmente es la seguridad de la retribución, tanto en la cuantía como en la “efectividad del cobro”.
Y modificar profundamente el artículo 1911 CC, para que los concursos no sean loterías de responsabilidad, con independencia de que el deudor sea persona física o jurídica, porque la Sección de Calificación es la que va a llevar al gestor “responsable” de la culpabilidad del concurso de una persona jurídica a no levantarse nunca más. Ni ganas de levantarse… La actividad empresarial, que conlleva un riesgo, tanto en la aportación de capital como en su gestión, no debería ser criminalizada a priori. Porque de facto, lo está.
Nuestra herencia latina, tan proclive a la pillería y al sofisma, engendraron el “café para todos” del artículo 1911 CC. La cultura anglosajona, mucho más eficiente, promueve la iniciativa emprendedora y la actividad empresarial, porque la empresa es eso…just business. Y el que la haga, que la pague…
Primero, creo que debe traerse al caso una tabla de vigencias:
El Libro IV del Código de Comercio de 1885 (arts. 870 a 941) estuvo en vigor de una u otra forma hasta el 1 de septiembre de 2004, al margen de ciertas normas especiales sobre determinadas quiebras y a pesar de la Ley “su misura” de Supensión de Pagos de 26 de julio de 1922, que no se derogó hasta la entrada en vigor de la vigente Ley 22/2003, Concursal, que entro en vigor en septiembre de 2004 y que ha padecido, hasta la fecha la friolera de 19 (diecinueve) novelas de mayor o menor extensión y vamos a por la vigésima, ya anunciada por el Ministro de otro ramo (de Economía y Competitividad). Calidad técnico jurídica ninguna, con todo respeto a los redactores quienes seguro saben más Derecho que quien suscribe.
Ya digo: en una época sin juristas mejor no legislar. Lo bueno de la mala legislación es que permite a los intérpretes construir sobre su feble base una realidad práctica adecuada a las necesidades sociales. Pero en este caso, la necesidad de la reestructuración ( o “resolución” (¡) como ahora se dice con barbarismo-neologismo) de empresas cede a otros intereses con harta frecuencia.
Segundo, al margen de las normas, en la práctica se tiene la triste impresión de que todo depende de tres factores:
1. De la honradez del Juez del Concurso.
2. De la honradez y diligencia de los Administradores Concursales.
3. De los demás intereses en torno a la empresa concursada.
Tengo muchas dudas sobre lo que los editores y otros autores defienden sobre la segunda oportunidad y el “fresh start” porque eso acaba en que el Estado cobra todo, los Bancos que están en la pomada hacen sus enjuagues y el resto de los acreedores se quedan con dos palmos de narices y miren, si eso sucede, pieza de calificación. Si lo que se busca es una protección tipo “Chapter 11” o más próxima a la Ley Uniforme en la materia o a la práctica anglosajona, necesitaríamos un cambio sociológico de mentalidad. En todo caso, si alguien deja a otro impagado debe depurarse la conducta y créanme, no el balance o la cuenta de pérdidas y ganancias, sino el estado de orígenes y aplicaciones, o, para decirlo más claro de dónde vino el dinero y a dónde fue a parar.
Ahí tienen Uds. el caso “Pescanova”: las autoridades públicas salen en su apoyo, luego imputan al Consejo y embargan sus bienes en vía mercantil y penal, se nombra administrador concursal a un auditor de algunos (o varios) de sus acreedores, se pelean los grupos de interés, se llega a un acuerdo y los bancos se quedan con ella con una bonita operación acordeón. Los sindicatos, que hubieran podido hundirla calladitos, y, afortunadamente va a seguir. Luego, se puede cuando se quiere.
Tercero, ¿a quién beneficia? Si algún togado o administrador fuere corrupto y no pudiere demostrarse a ellos, en grave perjuicio de la justicia: segundo, al deudor insolvente y tercero a los abogados, procuradores y peritos y a los adquirentes de activos o acciones a precio de saldo
Como a veces este tipo de foros se presta a que comentarios poco afortunados – o si se quiere, poco elegantes- puedan ser interpretados como una denuncia de corrupción que tiene por destino a los jueces de lo mercantil, me parece de justicia elemental y ciudadana romper una lanza por la inmensa mayoría de los que, calladamente, han evitado con su trabajo el colapso de la jurisdicción especializada. Más aún, cuando la planta judicial no está diseñada para absorber la litigiosidad mercantil y la concursal … Y el arbitraje & la mediación no despegan por razones que a todos se nos alcanzan.
Luis Fernández del Pozo.
Estimado Luis, yo no creo que en entre los comentarios se pueda encontrar una denuncia de corrupción que tenga por destino los jueces de lo mercantil, solo sólo algunos jueces de lo mercantil. Que no es lo mismo, aunque haya quien le interese confundir. A los buenos jueces (que son muchos) no se les debe meter en el mismo saco que a quienes practican esa especie de corrupción light de dejarse influir a cambio de prebendas. Precisamente esa confusión injusta (y que interesa a los vividores) es la que sería poco afortunada y poco elegante.
Para los jueces honestos, todos los respetos.
No he rectificado nada ni pienso rectificar: insultó usted a los Jueces Mercantiles de Espańa llamándonos “corruptos” y luego editó su post limitando el insulto sólo a ‘algunos’, lo que me sigue pareciendo igual de ofensivo. En consecuencia, merece usted cada una de las letras que escribí. Y mi comprensión lectora está perfectamente, tal vez deba usted agudizar la suya la próxima vez que vuelva a leer una escritura hipotecaria con condiciones abusivas, no será difícil encontrar a algún cliente de su Notaría que me dé la razón
Mire, Don Carlos. Yo puedo decir:
Hay europeos que practican la pederastia.
Hay españoles que se dedican al proxenetismo.
Algunas personas de raza blanca son narcotraficante.
Algunos jueces incurren en una forma de corrupción.
Con sus criterios seguramente usted se sentirá insultado cuatro veces. Lo siento, es su problema, no el mío. Si usted se siente aludido e insultado, usted sabrá los motivos. Yo no.
Y no pienso responder a su ataque personal. Este es un Blog en el que se debate con altura.
No he rectificado nada ni pienso rectificar: insultó usted a los Jueces Mercantiles de Espańa llamándonos “corruptos” y luego editó su post limitando el insulto sólo a ‘algunos’, lo que me sigue pareciendo igual de ofensivo. En consecuencia, merece usted cada una de las letras que escribí. Y mi comprensión lectora está perfectamente, tal vez deba usted agudizar la suya la próxima vez que vuelva a leer una escritura hipotecaria con condiciones abusivas, no será difícil encontrar a algún cliente de su Notaría que me dé la razón
Usted escribió inicialmente (luego lo corrigió y ańadió ‘algunos’) que ‘los Jueces Mercantiles se mueven entre la corrupción y la sospecha’. Eso es un insulto en toda regla. Si usted en Estados Unidos publicara que ‘los Jueces federales se mueven entre la corrupción y la sospecha’ probablemente iría a la cárcel y desde luego sería inhabilitado por ello. En cuanto al ataque personal, creo que empezó usted poniendo mi capacidad intelectiva al nivel de Barrio Sésamo y remachando que le da pánico que puedan caer asuntos en mis manos. ¿Es esa su discusión ‘de altura’? Lea usted blogs como los de los profesores Alfaro o Sánchez Calero y aprenderá lo que es un debate de altura. Si quiere usted un análisis científico profundo, extenso y documentado sobre cuestiones actuales del Derecho concursal, lea usted también un artículo como el que el seńor Fernández del Pozo pública en el último número del ADCo que se publica estos días (o ya de paso, lea el mío en el mismo número). Comenzar un post jurídico sobre la Ley Concursal partiendo de una grave, infundada e indiscriminada acusación a todos los Jueces Mercantiles de Espańa a partir de un programa sensacionalista de La Sexta y otros chismorreos varios me parece un comportamiento irresponsable y de extrema gravedad. Por último, permitir posts de acólitos anónimos para seguir ańadiendo más datos basura es algo màs propio de foros de fútbol, tuneo de coches o lumis que de un blog jurídico serio, dedicado a defender la independencia judicial; y debo decir que me decepcionaría que los responsables de esta página no tomen cartas en el asunto y hagan algo para rectificar su mala praxis al respecto.
Don Carlos, decir que hay jueces que se mueven entre la corrupción y la sospecha no es decir que todos lo hagan.
Muchas gracias por sus consejos de lectura. Y no se preocupe usted por la praxis de este Blog, que tiene una merecida credibilidad que otros quisieran.
Y, por cierto, no es cierto que escribiera “los jueces mercantiles se mueven entre la corrupción y la sospecha”. Escribí que en el reportaje salían jueces mercantiles que se movían entre la corrupción y la sospecha. Ante su insistencia le añadí el “algunos”, sobrante pues es obvio que el reportaje no trataba de la totalidad de los jueces.
Atención, aquí escribe un “acólito”. Su Señoría tiene poca correa, eso está claro, y como si estuviera en su Juzgado nos lanza admoniciones con la dura lex. Qué le vamos a hacer. Pero el hecho cierto es que en este pais un Juez de lo Mercantil (no “todos”, ni “muchos”, ni “algunos”, solo “uno”) de Málaga pudo una semana estar fallando pleitos en los que intervenía un conocido despacho de abogados para la semana siguiente pedir la excedencia e incorporarse a ese bufete, sin plazos de espera ni mojigangas. Sin despeinarse. Y el Consejo aplaudiendo. Y todo muy legal, faltaría mas, amigo. Pero con un sistema que permite esas extravagancias no nos extrañemos que surjan “Podemos” con propuestas chavistas. Vayan sus mercedes al bar de cualquier polígono industrial y pregunten a cualquier parroquiano de los que han sido laminados en un concurso (como acreedor o deudor, que tanto da) qué opinión le merece el sistema. Quizá el debate allí no sea “de altura” pero sí ilustrativo de la legitimación social y utilidad de estos procesos tal y como funcionan hoy en dia.
Atención, aquí escribe un “acólito”. Su Señoría tiene poca correa, eso está claro, y como si estuviera en su Juzgado nos lanza admoniciones con la dura lex. Qué le vamos a hacer. Pero el hecho cierto es que en este pais un Juez de lo Mercantil (no “todos”, ni “muchos”, ni “algunos”, solo “uno”) de Málaga pudo una semana estar fallando pleitos en los que intervenía un conocido despacho de abogados para la semana siguiente pedir la excedencia e incorporarse a ese bufete, sin plazos de espera ni mojigangas. Sin despeinarse. Y el Consejo aplaudiendo. Y todo muy legal, faltaría mas, amigo. Pero con un sistema que permite esas extravagancias no nos extrañemos que surjan “Podemos” con propuestas chavistas. Vayan sus mercedes al bar de cualquier polígono industrial y pregunten a cualquier parroquiano de los que han sido laminados en un concurso (como acreedor o deudor, que tanto da) qué opinión le merece el sistema. Quizá el debate allí no sea “de altura” pero sí ilustrativo de la legitimación social y utilidad de estos procesos tal y como funcionan hoy en dia.
Entonces, ya tenemos un principio de acuerdo: si usted no suscribe personalmente la afirmación de que “los Jueces Mercantiles de España se mueven entre la corrupción y la sospecha” sino que exclusivamente pone esa afirmación en boca del reportaje de La Sexta, la cosa cambia considerablemente. Yo también me retracto de mis palabras.
Ahora, pasemos al reportaje de La Sexta. En el programa únicamente aparecen tres Jueces Mercantiles: el Juez titular del JM núm. 8 de Madrid, el JM núm. 1 de Málaga y el Juez Fernando Presencia, que no es a día de hoy Juez Mercantil. Los dos primeros se limitan a enseñar a las cámaras el lamentable estado de sus Juzgados, El tercero fue expedientado en tiempo récord por el CGPJ por DESEMPEÑAR ACTIVIDADES INCOMPATIBLES y fue sancionado también en tiempo récord; y con una celeridad admirable, esa sanción fue revisada y confirmada por el Tribunal Supremo. El sistema funcionó de forma espectacular con la única incidencia detectada, que por cierto no tenía nada que ver con ningún supuesto de corrupción (no se siguió procedimiento penal alguna contra él ni se revisaron sus actuaciones judiciales). En consecuencia, tampoco el reportaje de La Sexta dice (en honor a la verdad) que los Jueces Mercantiles se muevan entre la corrupción y la sospecha. Habla sólo del caso de un Juez protagonista de un único incidente (somos más de 75 en toda España), y el Tribunal Supremo ya ha dicho al respecto lo que tenía que decir.
A día de hoy, Juzgados Mercantiles como los de Madrid llevamos del orden de 400 concursos y 400 procedimientos declarativos. El Juzgado Mercantil tiene 8 funcionarios, contando al Secretario Judicial y al Agente Judicial. Eso quiere decir que 3 funcionarios se encargan de tramitar los expedientes de 400 concursos, algunos de los cuales tienen hasta 500 Procuradores personados y pueden llegar a tener hasta 600 incidentes. En Madrid no hay sistema de notificaciones electrónicas, no hay equipos informáticos de digitalización masiva de documentos y con suerte funcionan las fotocopiadores y el fax antediluviano del que dispone cada órgano. He tenido que comprar y pagar de mi bolsillo estanterías para el Juzgado y el pasado invierno tuve que pagar de mi bolsillo calefactores cuando se estropeó la calefacción y no venían a arreglarla. En esas condiciones, entenderá usted que es muy difícil trabajar y, a pesar de ello, hemos sacado en mi Juzgado adelante los convenios de tres grandes constructoras de Madrid: Detinsa, Seop e Imasatec. Hemos salvado también en el Juzgado la clínica de Los Madroños, con una unidad única de daño cerebral, y vamos adelante con otros convenios importantes que en tiempo próximo verán la luz. Los males del sistema concursal español son muchos y muy complejos. Pero no tengo duda alguna de que todos y cada uno de mis 75 compañeros ponen todo de su parte cada día para salvar todas las dificultades trabajando con gran dedicación, decencia, honestidad y altísima preparación profesional.
Entonces, ya tenemos un principio de acuerdo: si usted no suscribe personalmente la afirmación de que “los Jueces Mercantiles de España se mueven entre la corrupción y la sospecha” sino que exclusivamente pone esa afirmación en boca del reportaje de La Sexta, la cosa cambia considerablemente. Yo también me retracto de mis palabras.
Ahora, pasemos al reportaje de La Sexta. En el programa únicamente aparecen tres Jueces Mercantiles: el Juez titular del JM núm. 8 de Madrid, el JM núm. 1 de Málaga y el Juez Fernando Presencia, que no es a día de hoy Juez Mercantil. Los dos primeros se limitan a enseñar a las cámaras el lamentable estado de sus Juzgados, El tercero fue expedientado en tiempo récord por el CGPJ por DESEMPEÑAR ACTIVIDADES INCOMPATIBLES y fue sancionado también en tiempo récord; y con una celeridad admirable, esa sanción fue revisada y confirmada por el Tribunal Supremo. El sistema funcionó de forma espectacular con la única incidencia detectada, que por cierto no tenía nada que ver con ningún supuesto de corrupción (no se siguió procedimiento penal alguna contra él ni se revisaron sus actuaciones judiciales). En consecuencia, tampoco el reportaje de La Sexta dice (en honor a la verdad) que los Jueces Mercantiles se muevan entre la corrupción y la sospecha. Habla sólo del caso de un Juez protagonista de un único incidente (somos más de 75 en toda España), y el Tribunal Supremo ya ha dicho al respecto lo que tenía que decir.
A día de hoy, Juzgados Mercantiles como los de Madrid llevamos del orden de 400 concursos y 400 procedimientos declarativos. El Juzgado Mercantil tiene 8 funcionarios, contando al Secretario Judicial y al Agente Judicial. Eso quiere decir que 3 funcionarios se encargan de tramitar los expedientes de 400 concursos, algunos de los cuales tienen hasta 500 Procuradores personados y pueden llegar a tener hasta 600 incidentes. En Madrid no hay sistema de notificaciones electrónicas, no hay equipos informáticos de digitalización masiva de documentos y con suerte funcionan las fotocopiadores y el fax antediluviano del que dispone cada órgano. He tenido que comprar y pagar de mi bolsillo estanterías para el Juzgado y el pasado invierno tuve que pagar de mi bolsillo calefactores cuando se estropeó la calefacción y no venían a arreglarla. En esas condiciones, entenderá usted que es muy difícil trabajar y, a pesar de ello, hemos sacado en mi Juzgado adelante los convenios de tres grandes constructoras de Madrid: Detinsa, Seop e Imasatec. Hemos salvado también en el Juzgado la clínica de Los Madroños, con una unidad única de daño cerebral, y vamos adelante con otros convenios importantes que en tiempo próximo verán la luz. Los males del sistema concursal español son muchos y muy complejos. Pero no tengo duda alguna de que todos y cada uno de mis 75 compañeros ponen todo de su parte cada día para salvar todas las dificultades trabajando con gran dedicación, decencia, honestidad y altísima preparación profesional.
Al Sr. Avocat, le contesto aunque sea anónimo, porque me parece muy interesante que pase a analizar casos particulares contrastables: en el régimen estatutario de la carrera judicial no hay ninguna restricción para que un Magistrado pida la excedencia y pase a prestar servicios para un despacho que pudiera haber llevado pleitos que él resolvió. Por otra parte, se supone que si ya los resolvió, la sentencia no puede modificarse y en su caso pudo recurrirse: ergo si el despacho mantiene la intención de contratarlo es porque probablemente en el curso de esos pleitos haya comprobado su valía profesional, pues no parece que pueda ya exigírsele que compense nada. En otro orden de cosas, no tengo ninguna duda de que la crisis económica y los miles de concursos a que ha dado lugar han dejado a incontables familias arruinadas: sin embargo, no se me alcanza ver ningún tipo de enlace causal entre esa situación y ninguna mala praxis de los Juzgados. ¿Cree que si ese Magistrado no hubiera sido contratado por un despacho, la suerte de los concursos en España habría variado? ¿Qué las empresas que en esos procedimientos fueron a liquidación se habrían convertido en viables? ¿Qué habría habido dinero para pagar a todos los acreedores en los concursos que tramitó? La respuesta es obviamente negativa.
Ya hace dos mil años que un emperador romano dijo aquello de la mujer del César. Y a fecha de hoy sigue estando plenamente vigente. Las “puertas giratorias” serán y son plenamente legales, pero eso no les añade ni un gramo de legitimidad “per se”. Me parece perfecto que haya movilidad del sector público al privado y viceversa y de hecho parte de los males de la Justicia (y generalizando, del sector público) creo que provienen de que muchos, algunos o unos pocos de sus integrantes parecen vivir en un mundo aparte y no terminan de comprender como funciona la realidad empresarial y mercantil que les rodea. Pero depende en qué condiciones, cómo y cuando se produce el trasvase. El ejemplo -legalísimo- que he puesto creo que pone a cualquiera los pelos de punta. A Vd. no, ya lo hemos visto. ¿Cree sinceramente que los casos que se enuncian en el post y comentarios contribuyen a prestigiar el sistema? Podemos enrocarnos defendiendo lo que hay pero eso no va a ayudar nada a que la ciudadanía, contribuyentes y profesionales se crean que tienen una Justicia justa. Ahí están las encuestas, que algo de razón deben tener.
Y cuestión aparte (lamento no haberlos separado antes en párrafos diferentes) es la utilidad de estos procesos. Deudores profesionales que se van de rositas y por contra empresas viables abocadas a la liquidación ¿o no es así? No me pida una relación de casos, por favor. Todos (¿bastantes, algunos?) los intervinientes (y son muchos) preocupadísimos por salir airosos perdiendo de vista la finalidad del concurso, haciendo bueno el viejo chascarrillo de que la primera preocupación del juez es no salir procesado del Sumario que instruye. ¿Realmente no envidia Vd. un sistema como el que permitió a Lehman Bros. presentar una quiebra un lunes y que el viernes ya hubiera adjudicado sus activos en Europa? ¿tiene que venir de Guindos, el FMI o el sunsum corda a decirnos lo que todos sabemos? El estado de los eternizados procedimientos concursales es penoso y no ayuda a aliviar sino que coadyuva a empeorar la crisis.
Al Sr. Avocat, le contesto aunque sea anónimo, porque me parece muy interesante que pase a analizar casos particulares contrastables: en el régimen estatutario de la carrera judicial no hay ninguna restricción para que un Magistrado pida la excedencia y pase a prestar servicios para un despacho que pudiera haber llevado pleitos que él resolvió. Por otra parte, se supone que si ya los resolvió, la sentencia no puede modificarse y en su caso pudo recurrirse: ergo si el despacho mantiene la intención de contratarlo es porque probablemente en el curso de esos pleitos haya comprobado su valía profesional, pues no parece que pueda ya exigírsele que compense nada. En otro orden de cosas, no tengo ninguna duda de que la crisis económica y los miles de concursos a que ha dado lugar han dejado a incontables familias arruinadas: sin embargo, no se me alcanza ver ningún tipo de enlace causal entre esa situación y ninguna mala praxis de los Juzgados. ¿Cree que si ese Magistrado no hubiera sido contratado por un despacho, la suerte de los concursos en España habría variado? ¿Qué las empresas que en esos procedimientos fueron a liquidación se habrían convertido en viables? ¿Qué habría habido dinero para pagar a todos los acreedores en los concursos que tramitó? La respuesta es obviamente negativa.
Sr. Avocat: si usted piensa que cualquier cambio de las leyes, sea del tipo que sea, si no va acompañado de un aumento de la inversión en justicia y de una mejora de los medios, va a aproximar a la justicia española a la norteamericana, es usted un ingenuo o un optimista empedernido. Sólo en comparación con Europa, la media de Jueces por cada 100.000 habitantes es de chiste: en España hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes, en tanto que la media de la OCDE es de 19. Y eso que nuestro país es el tercer país que más litiga de Europa. El deterioro de la inversión en justicia en los últimos años no es menos significativo: con las cifras en la mano, el presupuesto dedicado a Justicia, ha pasado desde los 90 euros por habitante que se invertían en 2010 a apenas 25 euros por habitante en el año 2012. En Madrid hay 12 Juzgados Mercantiles y por volumen de entrada debería haber… ¡nada menos que 23!
¿Quiere que le dé yo la solución inmediata para que los concursos funcionen de forma rápida y eficiente en España? Traiga 20 funcionarios de refuerzo para cada Juzgado, ponga un sistema de notificaciones electrónicas (Lexnet), cree un programario de gestión procesal moderno y que tenga todos los modelos actualizados (hasta hace un año en los Juzgados Mercantiles de Madrid el programa que había ¡no era ni siquiera compatible con un ratón!), implante las dichosas unidades de apoyo directo al Juez y por último adquiera equipos de tratamiento digital masivo de expedientes.
Y aunque pudiéramos conseguir todo eso, debe quedar muy claro que todas esas mejoras materiales, sumadas a cambios en el marco normativo de la tramitación de los concursos, de la Administración concursal, de sus funciones, de su nombramiento, etc. no serían tampoco la fórmula mágica que nos garantizaría salir de la crisis económica. ¿Alguien cree honestamente que cualquier tipo de soluciones prodigiosas en el ámbito concursal significará que nuestras empresas dejarán de caer en situación de insolvencia, se dejará de destruir el empleo y en los concursos que hayan de declararse todos los acreedores cobrarán?
Pues cada cual que piense lo que quiera, pero yo me temo que no será así, y si no al tiempo. Una vez escuché a una de las máximas autoridades académicas de nuestro país en materia concursal decir que el Derecho concursal no es un instrumento idóneo de política económica y estoy bastante conforme con esa afirmación.
Incentivos fiscales, flexibilidad laboral, mayor gasto en I+D, una universidad bien relacionada con las empresas… en fin, muchas cosas en las que confieso que no soy experto.
Echar la culpa de la situación presente a los Juzgados o a los Jueces Mercantiles me suena a aquello de “échale la culpa al boogie”… Y desde luego, si quiere responsabilizar de todo eso al Magistrado que se fue a un despacho por la inquina personal que pueda tenerle es usted libre de hacerlo, pero a las personas adultas, maduras y bien informadas no creo que nos convenza de esa vinculación causal.
Nuestros procesos concursales demuestran algún problema cuando todos los años más del 90% de ellos acaban en liquidación. Pero es cierto que el problema (sin ser en general tan grave como en los nuestros) ocurre en muchos países de nuestro entorno. En general, incentivos inadecuados hacen que se llegue al concurso demasiado tarde y cuando la salvación de la empresa es ya difícil. Los sistemas concursales, por ello, no deberían ser la única salida a las empresas con problemas. Otros países han experimentado con éxito otros procesos extrajudiciales a los que pueden acudir las empresas en una fase más temprana de sus dificultades económicas. Nuestro legislador, sin embargo, no ha sabido acoger de forma efectiva esos modelos por la torpe configuración del llamado Acuerdo Extrajudicial de Pagos, instrumento que nace casi inútil.
Otro despropósito más de ese monumento jurídico llamado Ley de Emprendedores.
Pero el tema creo que puede merecer otro post.
Sr. Avocat: si usted piensa que cualquier cambio de las leyes, sea del tipo que sea, si no va acompañado de un aumento de la inversión en justicia y de una mejora de los medios, va a aproximar a la justicia española a la norteamericana, es usted un ingenuo o un optimista empedernido. Sólo en comparación con Europa, la media de Jueces por cada 100.000 habitantes es de chiste: en España hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes, en tanto que la media de la OCDE es de 19. Y eso que nuestro país es el tercer país que más litiga de Europa. El deterioro de la inversión en justicia en los últimos años no es menos significativo: con las cifras en la mano, el presupuesto dedicado a Justicia, ha pasado desde los 90 euros por habitante que se invertían en 2010 a apenas 25 euros por habitante en el año 2012. En Madrid hay 12 Juzgados Mercantiles y por volumen de entrada debería haber… ¡nada menos que 23!
¿Quiere que le dé yo la solución inmediata para que los concursos funcionen de forma rápida y eficiente en España? Traiga 20 funcionarios de refuerzo para cada Juzgado, ponga un sistema de notificaciones electrónicas (Lexnet), cree un programario de gestión procesal moderno y que tenga todos los modelos actualizados (hasta hace un año en los Juzgados Mercantiles de Madrid el programa que había ¡no era ni siquiera compatible con un ratón!), implante las dichosas unidades de apoyo directo al Juez y por último adquiera equipos de tratamiento digital masivo de expedientes.
Y aunque pudiéramos conseguir todo eso, debe quedar muy claro que todas esas mejoras materiales, sumadas a cambios en el marco normativo de la tramitación de los concursos, de la Administración concursal, de sus funciones, de su nombramiento, etc. no serían tampoco la fórmula mágica que nos garantizaría salir de la crisis económica. ¿Alguien cree honestamente que cualquier tipo de soluciones prodigiosas en el ámbito concursal significará que nuestras empresas dejarán de caer en situación de insolvencia, se dejará de destruir el empleo y en los concursos que hayan de declararse todos los acreedores cobrarán?
Pues cada cual que piense lo que quiera, pero yo me temo que no será así, y si no al tiempo. Una vez escuché a una de las máximas autoridades académicas de nuestro país en materia concursal decir que el Derecho concursal no es un instrumento idóneo de política económica y estoy bastante conforme con esa afirmación.
Incentivos fiscales, flexibilidad laboral, mayor gasto en I+D, una universidad bien relacionada con las empresas… en fin, muchas cosas en las que confieso que no soy experto.
Echar la culpa de la situación presente a los Juzgados o a los Jueces Mercantiles me suena a aquello de “échale la culpa al boogie”… Y desde luego, si quiere responsabilizar de todo eso al Magistrado que se fue a un despacho por la inquina personal que pueda tenerle es usted libre de hacerlo, pero a las personas adultas, maduras y bien informadas no creo que nos convenza de esa vinculación causal.
Don Carlos, vaya paciencia tiene usted. Pero no desespere, los que teníamos que entender lo que usted ha dicho magníficamente, ya lo hemos entendido. Lo que ocurre es que en este blog hay algunos editores, no todos, porque los hermanos Gomá se salvan, y algunos blogueros que lo critican todo. Si se hace porque se hace, y si no se hace porque no se hace. Este blog transmite resentimiento, no crítica razonable. Empezó muy bien, pero actualmente es pura demagogia. Reciba don Carlos mi reconocimiento.
¿Cómo que los hermanos Gomá se salvan? ¡Me niego a admitir que sean menos resentidos o demagogos que yo! ¡Aquí todos somos igual de demagogos y resentidos, faltaría más! ¡Esto es un equipo! Por cierto, que si quiere que alguien reciba su reconocimiento no debería firmar como anónimo, porque así no hay manera de reconocerle….
Pues efectivamente, Eduardo, los editores trabajamos en conjunto y el resultado es obra de todos, pero, ¿sabe qué? Si acertamos y nos equivocamos es siempre a cara descubierta, con nombres y apellidos. Nos parece de lo mas honesto y con coste personal a veces. Y es que es muy fácil criticar como usted hace, con el seudónimo por delante, sobre todo si encima los cambia continuamente. El juez don Carlos Nieto que usted elogia ha intervenido también con su nombre y apellidos, perfectamente identificado en su profesión y merece mi reconocimiento por ello. Haga usted lo mismo que él y que todos nosotros; hasta entonces no espere que acepte sus elogios.
Yo soy tan resentido y demagogo como Rodrigo (incluso algo más, que aquí somos muy competitivos), lo que pasa es que disimulo mejor por mi natural donosura. Aunque todavía recuerdo como me dieron con mi post humorístico de Diego Valderas….. 🙂
Don Carlos, vaya paciencia tiene usted. Pero no desespere, los que teníamos que entender lo que usted ha dicho magníficamente, ya lo hemos entendido. Lo que ocurre es que en este blog hay algunos editores, no todos, porque los hermanos Gomá se salvan, y algunos blogueros que lo critican todo. Si se hace porque se hace, y si no se hace porque no se hace. Este blog transmite resentimiento, no crítica razonable. Empezó muy bien, pero actualmente es pura demagogia. Reciba don Carlos mi reconocimiento.
Don Rodrigo, no se enfade. Usted firma sus artículos y no me gustan. Los hermanos Gomá firman los suyos y me gustan. Pero no se preocupe por eso. Me imagino que usted tendrá sus propios admiradores. No tiene por qué gustar a todo el mundo. Por lo demás, déjeme ser un admirador secreto de Don Carlos. No rompa esa tradición de los admiradores ocultos, tan característica de nuestra novela histórica.
Eduardo (antes Antonio, Pedro, Pablo, etc,): es usted un incondicional de este blog, aunque sabemos a ciencia cierta que le hace sufrir mucho. Ese es nuestro cometido y con usted hemos demostrado que podemos hacerlo: que hasta las personas que les revienta leer la verdad no puedan resistirse a hacerlo. Por eso, no podemos menos que agradecérselo. Aquí siempre tendrá las puertas abiertas.
Don Rodrigo, me sobreestima. No merezco que me tenga en tan alta consideración hasta el punto de investigar en mi dirección de ip. Siento decirle que no admite la crítica y ese es un gran problema para quien se dedica a la política. Me gustan los artículos jurídicos que publican, especialmente los de los hermanos Gomá y los de la profesora doña Matilde Cuena. Pero lamento decirle que en mi modesta opinión su pensamiento político es muy totalitario, no acepta jamás la crítica, todo le parece mal en nuestra democracia, tildándola de partitocracia, es usted muy negativo, excesivamente negativo y eso para un político es un grave inconveniente. Sea más positivo. Reciba un cordial saludo y no se preocupe tanto por mí.
La verdad es que en este pais tenemos poco arreglo. Basta leer los comentarios a cualquier noticia en cualquier medio digital para comprobar que a las pocas intervenciones el debate se convierte en un agrio todos contra todos, y que el objeto de discusión se olvida rapidamente para centrarnos en lo que realmente nos divierte, la pelea entre comentaristas. Y hasta aquí ha llegado esa insana costumbre. En este post no hablamos del desastre de los concursos y sus posibles remedios, sino que el juez me arrea (o le gustaría) a mi, el otro zumba, o quisiera, a los notarios, y todo se convierte en un guirigay de resentidos y tu mas, etc. Y eso en un foro de personal “con estudios” y hasta con sus oposiciones sacadas. Vaya tropa estamos hecha, que diría el Registrador. Por lo demás, mi sincera felicitación a todos los editores de este blog, que muchos disfrutamos por su espíritu crítico y respeto al Derecho con mayúsculas.
Y a propósito, Sr. Prieto, la novedad del dia es que parece que les van a aliviar a los jueces de la pesada carga de nombrar administradores concursales. Ya no los criticaremos los maldicentes pues se van a quedar sin la tentación de pecar.
Perdón, Sr. Nieto, no Prieto.
Pues efectivamente, Eduardo, los editores trabajamos en conjunto y el resultado es obra de todos, pero, ¿sabe qué? Si acertamos y nos equivocamos es siempre a cara descubierta, con nombres y apellidos. Nos parece de lo mas honesto y con coste personal a veces. Y es que es muy fácil criticar como usted hace, con el seudónimo por delante, sobre todo si encima los cambia continuamente. El juez don Carlos Nieto que usted elogia ha intervenido también con su nombre y apellidos, perfectamente identificado en su profesión y merece mi reconocimiento por ello. Haga usted lo mismo que él y que todos nosotros; hasta entonces no espere que acepte sus elogios.
Don Rodrigo, no se enfade. Usted firma sus artículos y no me gustan. Los hermanos Gomá firman los suyos y me gustan. Pero no se preocupe por eso. Me imagino que usted tendrá sus propios admiradores. No tiene por qué gustar a todo el mundo. Por lo demás, déjeme ser un admirador secreto de Don Carlos. No rompa esa tradición de los admiradores ocultos, tan característica de nuestra novela histórica.
Eduardo (antes Antonio, Pedro, Pablo, etc,): es usted un incondicional de este blog, aunque sabemos a ciencia cierta que le hace sufrir mucho. Ese es nuestro cometido y con usted hemos demostrado que podemos hacerlo: que hasta las personas que les revienta leer la verdad no puedan resistirse a hacerlo. Por eso, no podemos menos que agradecérselo. Aquí siempre tendrá las puertas abiertas.
Don Rodrigo, me sobreestima. No merezco que me tenga en tan alta consideración hasta el punto de investigar en mi dirección de ip. Siento decirle que no admite la crítica y ese es un gran problema para quien se dedica a la política. Me gustan los artículos jurídicos que publican, especialmente los de los hermanos Gomá y los de la profesora doña Matilde Cuena. Pero lamento decirle que en mi modesta opinión su pensamiento político es muy totalitario, no acepta jamás la crítica, todo le parece mal en nuestra democracia, tildándola de partitocracia, es usted muy negativo, excesivamente negativo y eso para un político es un grave inconveniente. Sea más positivo. Reciba un cordial saludo y no se preocupe tanto por mí.
Yo soy tan resentido y demagogo como Rodrigo (incluso algo más, que aquí somos muy competitivos), lo que pasa es que disimulo mejor por mi natural donosura. Aunque todavía recuerdo como me dieron con mi post humorístico de Diego Valderas….. 🙂
Nuestros procesos concursales demuestran algún problema cuando todos los años más del 90% de ellos acaban en liquidación. Pero es cierto que el problema (sin ser en general tan grave como en los nuestros) ocurre en muchos países de nuestro entorno. En general, incentivos inadecuados hacen que se llegue al concurso demasiado tarde y cuando la salvación de la empresa es ya difícil. Los sistemas concursales, por ello, no deberían ser la única salida a las empresas con problemas. Otros países han experimentado con éxito otros procesos extrajudiciales a los que pueden acudir las empresas en una fase más temprana de sus dificultades económicas. Nuestro legislador, sin embargo, no ha sabido acoger de forma efectiva esos modelos por la torpe configuración del llamado Acuerdo Extrajudicial de Pagos, instrumento que nace casi inútil.
Otro despropósito más de ese monumento jurídico llamado Ley de Emprendedores.
Pero el tema creo que puede merecer otro post.
La verdad es que en este pais tenemos poco arreglo. Basta leer los comentarios a cualquier noticia en cualquier medio digital para comprobar que a las pocas intervenciones el debate se convierte en un agrio todos contra todos, y que el objeto de discusión se olvida rapidamente para centrarnos en lo que realmente nos divierte, la pelea entre comentaristas. Y hasta aquí ha llegado esa insana costumbre. En este post no hablamos del desastre de los concursos y sus posibles remedios, sino que el juez me arrea (o le gustaría) a mi, el otro zumba, o quisiera, a los notarios, y todo se convierte en un guirigay de resentidos y tu mas, etc. Y eso en un foro de personal “con estudios” y hasta con sus oposiciones sacadas. Vaya tropa estamos hecha, que diría el Registrador. Por lo demás, mi sincera felicitación a todos los editores de este blog, que muchos disfrutamos por su espíritu crítico y respeto al Derecho con mayúsculas.
Y a propósito, Sr. Prieto, la novedad del dia es que parece que les van a aliviar a los jueces de la pesada carga de nombrar administradores concursales. Ya no los criticaremos los maldicentes pues se van a quedar sin la tentación de pecar.
Perdón, Sr. Nieto, no Prieto.
Mi agradecimiento al Señor Eduardo por su post. Me deja boquiabierto que ahora se le tiren a la yugular por escribir anónimamente. Desde un punto de vista moral, creo que está mucho más justificado dirigir elogios anónimamente (el autor no espera recibir premios por ellos) que dirigir ataques anónimamente (el atacante actúa cobardemente, tras un velo virtual). En cuanto al Sr. Avocat, yo no he entrado aquí para sacudir a nadie. Me gustaría que al final le quedara a usted una amable impresión del diálogo que particularmente usted y yo hemos mantenido, aunque fuera yo el responsable de crispar inicialmente el ambiente con el primer exabrupto. Si no se ha leído lo que anteriormente dije, me DISCULPO POR SEGUNDA VEZ (y en mayúsculas) con el autor del post.
Se dará cuenta de que le he dado a usted razones y justificaciones, dedicándole tiempo y atención sin recurrir a la descalificación fácil. No he intervenido nunca con anterioridad en esta página, pero lo hice porque creía que tenía que defender, no ya mi dignidad, sino la de todos mis compañeros. He estado en la casa de muchos de ellos y he escuchado, en comidas y eventos privados, sus problemas personales. Son en general personas humildes y trabajadoras, que viven sin lujo y boato, que no merecen que se ponga en tela de juicio su dignidad de forma gratuita. No van a esquiar a Aspen ni tienen un Cayenne. Tampoco viven en un chalet unifamiliar en Prado de Somosaguas. Conozco a bastantes que viven en un piso de alquiler a medio amueblar.
Son las 5 h. de la mañana y a esta hora me pongo a trabajar, como casi cada día. Iré hoy al Juzgado con el pie roto (rotura del quinto metatarsiano), igual que he ido todo el tiempo (mes y medio ya) desde que me lo rompí, desoyendo la prescripción médica que recomendaba, para que no me queden secuelas, por lo menos dos meses de baja. No he suspendido en todo ese tiempo ni un juicio y he declarado en esas semanas casi 30 concursos de acreedores (la mayoría de ellos, empresas con escasos activos, que muy probablemente irán a liquidación, no por mi culpa, ni del pobre Administrador concursal que nombre). Perdonen por este arrebato de confidencias personales, pero con él espero que se entienda mejor por qué pude reaccionar agresivamente (que no con nervios, como dijo uno) cuando se puso la honestidad del colectivo al que pertenezco en entredicho.
Nuevamente al Sr. Avocat (ya ve que cuando hay argumentos y no descalificaciones personales, se les da respuesta), espero que la Ley Concursal funcione mejor con Administradores concursales designados por otro cuerpo o entidad que sepa hacer uso de esa facultad con la honorabilidad y decencia que al final no se nos ha negado a los Jueces Mercantiles. Que España vaya a seguir esa senda apartándose del modelo de casi todos los países occidentales cuya legislación conozco supongo que es el reconocimiento que nos dirige el Legislador. Pues no se preocupe: aquí estamos para eso. Sólo cumplir y hacer cumplir las leyes.
Por supuesto, agradezco las disculpas, Don Carlos, y trataré de que se retiren mis sarcasmos y lo que pueda verse o sentirse como agresivo. Y lamento yo también el tono que la discusión haya podido alcanzar.
Insisto en que a mí me parece bien el confiar en nuestros los jueces mercantiles, bien preparados, y lamentaría que les quitasen la facultad de designar a los administradores. Eso es matar moscas a cañonazos, acabar con la enfermedad (o con la imagen o sombra de enfermedad) matando al enfermo. Simplemente habría que cuidar que no se pudiera producir ni siquiera la apariencia de que el juez pueda recibir beneficios a cambio de designar a ciertos administradores.
Estoy seguro de que el trabajo de los jueces mercantiles, y la inexistencia de mecanismos alternativos al concurso y preventivos del mismo hace su trabajo excesivo, duro e ingrato. Y por supuesto, insuficientemente remunerado para la gran responsabilidad que lleva consigo. Por eso propugno una revisión del sistema, en línea con lo que dice el FMI y la Comisión Europea.
Estoy a punto de llorar. Hagamos una colecta para que los jueces puedan ir de vacaciones sin tener que prevaricar. Para que puedan vivir en la sierra y no en un pisito mal amueblado; para que se compren un cayenne y lo metan en alcanfor.
Pero que pena penita pena, Don Carlos.
Por cierto, si yo como abogado paso a trabajar para la parte contraria a mi cliente a la semana de resolver todos sus pleitos contra … aquel que va a pagarme después, … seguro que mi cliente lo entiende. Seguro que nadie pondrá en duda mi honestidad profesional. Y si lo hace, le cuento lo triste que es mi vida, y ya está.
Es el problema: es legal, es legítimo. Pero hay que saber que lo “LEGAL” lo determinan UNA PANDILLA DE CORRUPTOS, A QUIENES LLAMAMOS PARLAMENTARIOS.
Mi agradecimiento al Señor Eduardo por su post. Me deja boquiabierto que ahora se le tiren a la yugular por escribir anónimamente. Desde un punto de vista moral, creo que está mucho más justificado dirigir elogios anónimamente (el autor no espera recibir premios por ellos) que dirigir ataques anónimamente (el atacante actúa cobardemente, tras un velo virtual). En cuanto al Sr. Avocat, yo no he entrado aquí para sacudir a nadie. Me gustaría que al final le quedara a usted una amable impresión del diálogo que particularmente usted y yo hemos mantenido, aunque fuera yo el responsable de crispar inicialmente el ambiente con el primer exabrupto. Si no se ha leído lo que anteriormente dije, me DISCULPO POR SEGUNDA VEZ (y en mayúsculas) con el autor del post.
Se dará cuenta de que le he dado a usted razones y justificaciones, dedicándole tiempo y atención sin recurrir a la descalificación fácil. No he intervenido nunca con anterioridad en esta página, pero lo hice porque creía que tenía que defender, no ya mi dignidad, sino la de todos mis compañeros. He estado en la casa de muchos de ellos y he escuchado, en comidas y eventos privados, sus problemas personales. Son en general personas humildes y trabajadoras, que viven sin lujo y boato, que no merecen que se ponga en tela de juicio su dignidad de forma gratuita. No van a esquiar a Aspen ni tienen un Cayenne. Tampoco viven en un chalet unifamiliar en Prado de Somosaguas. Conozco a bastantes que viven en un piso de alquiler a medio amueblar.
Son las 5 h. de la mañana y a esta hora me pongo a trabajar, como casi cada día. Iré hoy al Juzgado con el pie roto (rotura del quinto metatarsiano), igual que he ido todo el tiempo (mes y medio ya) desde que me lo rompí, desoyendo la prescripción médica que recomendaba, para que no me queden secuelas, por lo menos dos meses de baja. No he suspendido en todo ese tiempo ni un juicio y he declarado en esas semanas casi 30 concursos de acreedores (la mayoría de ellos, empresas con escasos activos, que muy probablemente irán a liquidación, no por mi culpa, ni del pobre Administrador concursal que nombre). Perdonen por este arrebato de confidencias personales, pero con él espero que se entienda mejor por qué pude reaccionar agresivamente (que no con nervios, como dijo uno) cuando se puso la honestidad del colectivo al que pertenezco en entredicho.
Nuevamente al Sr. Avocat (ya ve que cuando hay argumentos y no descalificaciones personales, se les da respuesta), espero que la Ley Concursal funcione mejor con Administradores concursales designados por otro cuerpo o entidad que sepa hacer uso de esa facultad con la honorabilidad y decencia que al final no se nos ha negado a los Jueces Mercantiles. Que España vaya a seguir esa senda apartándose del modelo de casi todos los países occidentales cuya legislación conozco supongo que es el reconocimiento que nos dirige el Legislador. Pues no se preocupe: aquí estamos para eso. Sólo cumplir y hacer cumplir las leyes.
Una noticia muy relacionada con la materia del post: http://www.elconfidencial.com/economia/2014-06-02/el-gobierno-quitara-a-los-jueces-el-poder-para-nombrar-administradores-concursales_138951/
Una noticia muy relacionada con la materia del post: http://www.elconfidencial.com/economia/2014-06-02/el-gobierno-quitara-a-los-jueces-el-poder-para-nombrar-administradores-concursales_138951/
Gracias al Sr. Rodríguez por su información y sus amables palabras, al final no ha costado tanto entenderse.
Hay una cosa que me llama la atención y es la ofuscación del diario El Confidencial con ese tema. No cuestiono que la información no sea cierta, pero es curioso que no se hagan eco de ella ni los diarios económicos de mayor difusión (Expansión, Cinco Días, El Economista), ni la prensa generalista. Es verdad que ha habido alusiones puntuales a limitar los honorarios de los Administradores, pero el sistema de designación, si no estoy yo equivocado, sólo lo plantea (y lo hace de forma muy combativa) El Confidencial. Se diría que hay detrás alguien que está azuzando el debate sobre esa cuestión instrumentalizando ese medio.
Desde luego hay una cosa en esa información que no es exacta y es que los Jueces Mercantiles quieren inhibirse de ese cometido, haciendo dejación de la función por lo pesada que les resulta. Aunque no tengo un barómetro para medir las sensibilidades de mis compañeros, creo que estos últimos están más cansados de las críticas infundadas que del desempeño de una competencia que es igual de gravosa o no que cualquier otra relacionada con la función jurisdiccional. Y lo que todos están es bastante preocupados por el previsible empeoramiento de la situación que puede derivarse de designaciones por sorteo (como si fuera una tómbola) o bajo las presiones y luchas internas que puedan darse en otras entidades a las que se piense atribuir esa designa.
Por otra parte, si después de un año no hemos conseguido que funcione la designación de mediadores concursales, la creación de un colegio de administradores concursales, la implementación de pruebas para acceder a la colegiación, la clasificación de los miles de profesionales que están hoy en activo en el sector, puede parecer algo deseable en el terreno de la teoría, pero en la práctica no sé si yo lo veré antes de jubilarme…
Gracias al Sr. Rodríguez por su información y sus amables palabras, al final no ha costado tanto entenderse.
Hay una cosa que me llama la atención y es la ofuscación del diario El Confidencial con ese tema. No cuestiono que la información no sea cierta, pero es curioso que no se hagan eco de ella ni los diarios económicos de mayor difusión (Expansión, Cinco Días, El Economista), ni la prensa generalista. Es verdad que ha habido alusiones puntuales a limitar los honorarios de los Administradores, pero el sistema de designación, si no estoy yo equivocado, sólo lo plantea (y lo hace de forma muy combativa) El Confidencial. Se diría que hay detrás alguien que está azuzando el debate sobre esa cuestión instrumentalizando ese medio.
Desde luego hay una cosa en esa información que no es exacta y es que los Jueces Mercantiles quieren inhibirse de ese cometido, haciendo dejación de la función por lo pesada que les resulta. Aunque no tengo un barómetro para medir las sensibilidades de mis compañeros, creo que estos últimos están más cansados de las críticas infundadas que del desempeño de una competencia que es igual de gravosa o no que cualquier otra relacionada con la función jurisdiccional. Y lo que todos están es bastante preocupados por el previsible empeoramiento de la situación que puede derivarse de designaciones por sorteo (como si fuera una tómbola) o bajo las presiones y luchas internas que puedan darse en otras entidades a las que se piense atribuir esa designa.
Por otra parte, si después de un año no hemos conseguido que funcione la designación de mediadores concursales, la creación de un colegio de administradores concursales, la implementación de pruebas para acceder a la colegiación, la clasificación de los miles de profesionales que están hoy en activo en el sector, puede parecer algo deseable en el terreno de la teoría, pero en la práctica no sé si yo lo veré antes de jubilarme…
Estimado don Carlos. No tenga enconsideración las descalificaciones de de lege ferenda. En mi primera intervención ya le comenté que en este foro hay mucho resentido y demagogo. Sin embargo, me causa extrañeza que don Rodrigo no haya amonestado a de lege ferenda por sus descalificaciones, como hizo conmigo cuando le mostré mi admiración. No creo que don Rodrigo se mueve con criterios objetivos y ecuánimes. Reciba, nuevamente, mi admiración, aunque sea anónima y moleste a don Rodrigo.