El fenómeno Uber: Cuestionando los modelos regulatorios basados en la concesión de licencias

A lo largo de este verano, coincidiendo con diferentes movilizaciones del sector del taxi, se ha hablado mucho sobre empresas tecnológicas que están operando en un sector regulado, como es el sector del transporte, con un modelo de negocio alternativo que unos califican como pirata, otros como economía sumergida, y otros lo denominan innovación.
Nos referimos a aplicaciones como Uber (en concreto su modalidad Uber Pop) que permite que cualquier conductor, aprobado previamente por la compañía, y siguiendo ciertos requisitos, ofrezca su vehículo particular para desplazar a usuarios. Nos referimos también a Blablacar, red social que permite que los usuarios ofrezcan espacio en sus vehículos en los trayectos que realizan, normalmente a cambio de una compensación económica (compartición de gastos). El taxi está contra Uber y los autobuses contra Blablacar, si bien las protestas del sector del taxi están siendo más intensas y su impacto mayor.
Mucho se ha opinado si conforme a la legislación vigente estos negocios se pueden considerar legales o no. Hay cierta unanimidad en el dictamen: Uber Pop es ilegal y Blablacar es legal, con matices, ya que si solo se comparten los gastos de desplazamiento no habría problema, pero si BlablaCar cobra dinero por la intermediación, la respuesta es menos clara. La CNMC así lo ha refrendado recientemente apoyando el modelo propuesto por Blablacar (ver aquí)
Con independencia de los matices, fronteras difusas, actuaciones al margen de la ley o sectores paralelos en los que pueden estar operando este tipo de compañías, lo que podemos esperar del Gobierno es que en el corto plazo haga respetar la legislación vigente (actuando en consecuencia contra las empresas que la incumplan) y en el medio plazo adapte la regulación a la nueva realidad del mercado. También esperamos que, al tratarse de un sector regulado por autonomías y ayuntamientos, el Gobierno asegure que la respuesta del resto de administraciones sea común y se evite, por ejemplo, que Uber tenga un tratamiento diferente dependiendo de la ciudad donde lleve a cabo sus actividades.
Hasta la fecha el Ministerio de Fomento no se ha pronunciado oficialmente sobre si Uber y Blablacar son legales y en caso contrario sobre las medidas que van a adoptar. La Ministra Pastor realizó unas declaraciones en las indicaba que cualquier persona o empresa que quiera entrar a formar parte del sector del transporte tiene que “atenerse a las reglas del juego que hay en este país”. Y añade que en nuestro país hay una norma, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). No es mucha aportación por parte de la ministra del ramo.
En España Uber está, de momento, solo en Barcelona, por lo que no puede darse la situación de que tenga un tratamiento legal diferente en función de la ciudad donde opere. ¿Cómo han reaccionado la Generalitat y el Ayuntamiento?  Según El Mundo, el Ayuntamiento de Barcelona ha elaborado un protocolo para indicar a sus policías locales cómo detectar y sancionar hasta con 4.000 euros a los conductores que operan para empresas como Uber. Por otra parte, la Generalitat ya anunció el pasado mes de junio que multaría con hasta 6.000 euros a los conductores de la empresa Uber. La reacción de Uber no se ha hecho esperar y en un comunicado anuncia que “apelará cualquier decisión que busque limitar la capacidad de Uber para ofrecer su plataforma tecnológica y su aplicación, a sus viajeros en Barcelona”.
El Ministro de Economía Luis de Guindos aseguró hace unos días que el colectivo de taxistas deberá “adaptarse a los nuevos medios tecnológicos” y que “el Gobierno va a favorecer la competencia, pero en igualdad de condiciones”. Estas declaraciones del Ministro de Economía, así como las realizadas por la Comisaria Europea Neelie Kroes (ver aquí),  han incidido en la idea de que no se puede, ni se debe limitar el avance tecnológico y la innovación. Pocas personas discutirían esta afirmación. Lo que sorprende es que las autoridades tienden a realizar estas afirmaciones, refiriéndose al sector afectado. Quizás deberían pensar que la principal afectada con estos avances es la propia administración, y la actual regulación de estos sectores. Sectores como el taxi hace tiempo que introdujeron innovaciones tecnológicas, similares a las planteadas por Uber. Y no son pocas las aplicaciones, que permiten pedir un taxi desde un Smartphone en diferentes ciudades. No parece ser ese el problema.
Lo que realmente cuestiona una aplicación como Uber es el propio concepto de regulación del sector del taxi basado en la concesión de licencias. Y este sector es solo el primero. Hasta ahora los ciudadanos han recurrido a las administraciones para que, vía regulación y licencias, le garanticen que determinados servicios cubren unos requisitos de seguridad, fiabilidad, higiene, etc. La administración fija unas reglas, que todo prestador del servicio debe cumplir. La administración igualmente pone en marcha un sistema de licencias para asegurar que los prestadores con licencia cumplen las reglas fijadas por la administración. El ciudadano usa el servicio, confiado de que se le garantiza el cumplimiento de la normativa. Este es actualmente el escenario en muchos servicios cotidianos: taxis, autobuses, restaurantes, hoteles, apartamentos. Este modelo clásico pretende garantizar tanto la protección del consumidor, como el control de los prestadores del servicio.
Uber prescinde de la supervisión por parte de la administración en la prestación del servicio, y prescinde con ello del concepto de licencia otorgada por la administración. Uber basa el cumplimiento de las exigencias de los usuarios, en una selección realizada por la propia empresa, y en gran medida en las valoraciones de estos mismos usuarios. En las valoraciones se indica si el coche está limpio o sucio, si el conductor es simpático, si conduce bien, etc. Cada usuario, con esta información, elegirá si quiere usar o no ese transporte. El debate que realmente plantea Uber es si las valoraciones de los usuarios, y la capacidad de Internet de poner en contacto demanda y oferta, pueden llegar a sustituir el modelo regulatorio basado en licencias.
Las nuevas tecnologías proporcionan un nuevo equilibrio en la simetría de la información, que es uno de los principales desafíos de un mercado: un usuario de un servicio no tiene información de cómo es quien se lo va a prestar, y por tanto, la administración le tiene que garantizar unos mínimos. Pero, si a través de la valoración de los usuarios se puede acceder a esa información, la regulación por parte de la administración puede llegar a ser innecesaria. Los usuarios de aplicaciones como Uber no cuestionan el servicio de taxi como tal, sino la regulación basada en licencias.
Si el Ministro de Economía, en sus declaraciones, indicó que es preciso favorecer la competencia pero en igualdad de condiciones, tendrá que optar entre dos opciones. O imponer obligaciones similares a todos los actores, y por tanto exigir la obtención de licencias, o bien  cambiar el modelo regulatorio, reduciendo las exigencias para la prestación del servicio a todos los agentes que operan en el mercado.
Es posible que la inclinación natural de muchas personas, al leer estas líneas, sea afirmar que las licencias, y las garantías que ofrecen las administraciones siguen siendo necesarias para poder utilizar estos servicios con seguridad. Lo cierto es que muchas personas, en particular los más jóvenes, confían mucho más en las valoraciones de los usuarios, al seleccionar un taxi, un hotel, un apartamento o un restaurante, que en las garantías que pueda ofrecerle la concesión de una licencia. El futuro parece marcar un camino, en el que se precisa una menor intervención de la administración.
La nueva dinámica de mercado que se abre paso gracias al acceso de la información por parte de los usuarios da motivos para que el Gobierno se plantee modificar la normativa para dar cabida a empresas tipo Uber. En ese caso habría que financiar de alguna forma la reconversión del sector del taxi y demás colectivos afectados, ya que se cambiarían las reglas del juego a mitad del partido (los altos costes de las licencias de los taxis son un claro ejemplo). Las arcas públicas no están para ningún exceso, por lo que una opción que puede llegar a plantearse es que este coste de la reconversión recaiga sobre los “recién llegados”. No pensemos que son “empresitas”. Uber es una empresa multinacional que cerró el pasado mes de junio una nueva ronda de financiación de 1.200 millones de dólares, en la que se valoró a la compañía en 18.000 millones de dólares. De hecho Uber  ya contaba con “ilustres” accionistas como Goldman Sachs y Google (a través de Google Ventures, invirtió 250 millones en la empresa en agosto de 2013).
Estas nuevas iniciativas empresariales han nacido para quedarse. No pensemos que es una moda pasajera. El Gobierno tendrá que actuar. Conviene no retrasarlo. Hoy es el sector transporte pero mañana aparecerán nuevos sectores con la misma problemática. De hecho, el sector hotelero está protestando contra iniciativas como Airbnb, web de alquiler de apartamentos. El Secretario General de Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) asegura que “el sector hotelero es de los más regulados en España, lo que encarece el producto final. Nosotros tenemos que cumplir con cerca de 850 normas distintas como de protección de datos, contra incendios o sanitarias. Sin embargo, hay empresas que están comprando edificios enteros para alquilar sus habitaciones en estas webs, para de esta forma no tener que hacerlos hoteles. La razón es que quieren vivir en la economía sumergida”.
Después del sector transporte y del hotelero ¿cuál será el siguiente?
 

¿Puede un partido regeneracionista tener hoy éxito electoral? (y II): The War Book

La primera entrada en tu libro de guerra es un análisis completo de la situación, sin autoengaños de ninguna especie. A los partidos con recursos económicos estos análisis se los hacen consultoras y empresas especializadas. Los pequeños no pueden pagarlo, por lo menos a escala nacional, así que te lo tendrás que currar tú solo. Tendrás que analizar y comparar los últimos resultados electorales mesa por mesa, y compararlos con otras variables como nivel de renta, índice de población, de edad, índice de paro, etc. Tienes que saber quién te vota y, mucho más importante, quién te puede votar. En qué mesas se ha cambiado más de voto en las últimas elecciones y en qué mesas entra ahora un mayor número de nuevos votantes. Ahí hay que echar el resto. Hay que ser conscientes de que más de la mitad del electorado español (el 53,8%) no se identifica con ningún partido y el 73% consideran que PP y PSOE son fundamentalmente lo mismo. En las últimas elecciones municipales hubo un 4,2% de votos nulos y en blanco. Existe una enorme bolsa de españoles dispuestos a ser convencidos, pero hay que dosificar el esfuerzo donde más incidencia puede tener. Por eso hay que saber dónde están, geográfica e ideológicamente.
La segunda entrada en tu libro de guerra es apuntar tus debilidades. Una a una. No tiene sentido engañarte a ti mismo, máxime cuando el enemigo va a tratar de explotarlas. Por mucho que no quieras hablar de ellas te las sacarán una y otra vez. Por eso analiza detenidamente las cosas que más te echan en cara. Las del partido en general y las tuyas en particular. Apúntalas y busca los mejores argumentos para eliminarlas, disimularlas o rebatirlas.
La tercera entrada son las debilidades del enemigo. Es necesario convertir tus obstáculos principales (la desconfianza y el miedo) en sus obstáculos. ¿Cómo se puede confiar en el PP cuando incumple sistemáticamente todas sus promesas electorales? Prometía no subir los impuestos y lo ha hecho sin reparo alguno (casi 60 subidas); prometía reforzar las instituciones (como el Poder Judicial) y las ha hecho todavía más dependientes del Gobierno, etc. ¿Miedo al caos? La gestión de las Cajas realizada por el PP casi nos hunde en el pozo de forma definitiva; nuestro paro juvenil es el más alto de Europa (56%); el nivel de nuestra educación es tan lamentable (ranking PISA) que deja a nuestros jóvenes sin futuro, etc. Todos estos ejemplos a nivel nacional tienen su correspondiente traducción a nivel local. Para el caso del PSOE tres cuartos de lo mismo.

Esto es lo que los expertos denominan publicidad negativa. Es muy útil, pero hay que tener mucho cuidado con ella, porque todos los estudios demuestran que también perjudica al que la utiliza, pues te identifica como gruñón y ventajista. Solo resulta rentable si se fundamenta en bases sólidas y contrastadas, de tal manera que con ella se refuerce la impresión que ya tiene el elector. La conclusión, entonces, es que resulta ideal en sectores con poca fidelidad a los partidos y en ataques al PP y al PSOE, pero, sin embargo, resulta contraproducente en otros escenarios. Por ejemplo, la publicidad negativa no resulta interesante para atacar a otros partidos de oposición que no han llegado a ejercer el poder. Más bien es desaconsejable, porque esta publicidad nunca es capaz de crear un rechazo al adversario donde no existe ya de alguna manera, sino que solo es útil para reforzarlo. La estrategia inteligente respecto de estos partidos es la ignorancia y que sean los partidos mayoritarios los que se desgasten con ellos.
La cuarta entrada de tu libro debes dedicarla a los mensajes positivos, a tu oferta al electorado: qué has hecho ya y qué te comprometes a hacer si llegas a gobernar; qué cuatro o cinco cosas fundamentales vas a hacer por tu electorado. Por supuesto, esas propuestas se deben poder escribir en una tarjeta de visita, y que al otro lado aparezca tu cara con una leyenda que diga que no te vuelvan a votar si no las cumples.
Pero para completar la cuarta entrada antes tienes que escuchar a tu electorado potencial. No para hacer lo que te pidan, por supuesto, sino para saber lo que les preocupa. El CIS puede darte algunas pautas, pero no es suficiente. Los partidos potentes anglosajones  montan una vez a la semana (y cuando se acerca la campaña seis veces a la semana) los llamados “Focus Groups”. También lo hacen el PP y el PSOE. Reúnen a ocho personas en una habitación seleccionados con arreglo a criterios estadísticos y se pasan dos o tres horas charlando con ellos sobre cuestiones políticas. Escuchándoles y preguntándoles. Los partidos pequeños no tienen dinero para organizar eso, así que habrá que hacerlo en el bar, en el trabajo o en el fútbol. Reúnete con cualquier asociación, club, o simple grupo de amigos que quiera hablar contigo, por muy plúmbea que te parezca la perspectiva y por poco tiempo que tengas. No se trata de hacerles un favor (aunque incluso a ellos se lo parezca): asume de una vez que te lo están haciendo a ti. Por eso hay que escucharles. No te defraudarán: los expertos nos dicen que no hay nada más valioso que esto, con mucha diferencia. Por supuesto tienes que apuntar todo lo que te digan.
La quinta entrada en tu libro exige combinar la primera con la tercera y la cuarta. Existen ciertos mensajes que llegan mejor a un grupo que a otro. No se trata de decir cosas contradictorias a unos y a otros, evidentemente, sino, dependiendo del auditorio, incidir en aquellos temas que en ese grupo pueden tener mayor receptividad (a los jóvenes las subidas de impuestos les importan menos) o escoger aquellos más compartidos cuando el auditorio sea universal. Esto nos conduce al último tema: los medios de comunicación, los nuevos (las redes sociales) y los tradicionales.
Los nuevos medios han facilitado mucho las cosas a los partidos pequeños, siempre que sepan utilizarlos, claro. Pero hay que estar muy atento. Hay que tener en cuenta que un error o una mentira viajan igual de rápido que una verdad, y tienen exactamente la misma eficacia corrosiva si se deja incontestada. Los grandes partidos anglosajones disponen de equipos de ataque y de defensa activos 24 horas al día. Una mentira tiene que ser contestada en minutos, nunca más tarde de tres horas, porque, si no, ya puede ser demasiado tarde. Si no lo haces, terminarás encontrándote un día a tu hermana preguntándote por qué te has aliado con Bildu en el Parlamento europeo. Pero, por supuesto, la mentira no puede contestarse con un simple exabrupto. Hay que denunciarla argumentando por qué es falsa y demostrándolo. Sencillamente porque el elector no es tonto, y menos el que es activo en la red. Tiene gran habilidad para detectar las consignas. Por eso nunca infravalores su inteligencia y nunca sobrevalores su información. La información razonada hay que repetirla y repetirla y repetirla. La inteligencia para procesarla se presupone, y si no lo haces su destinatario se molestará, con toda razón. En las últimas elecciones generales en el Reino Unido el Partido Laborista cometió el error de utilizar twitter como una herramienta para fomentar la agitación y el activismo entre los simpatizantes, mientras que el Partido Conservador lo utilizó como un instrumento para transmitir información seleccionada a la carta dependiendo del grupo de destinatarios (Kavanagh y Cowley, The British General Election of 2010).
En cuanto a los medios tradicionales hay que tratarlos como aliados, no como enemigos o sicarios del adversario político (aunque lo sean). En muchos partidos pequeños existe una cierta tendencia a pensar que les odian por algún motivo. Puede que sea así, pero por encima de ese odio (en el caso de que exista) a los periodistas les preocupa su puesto de trabajo y la viabilidad de su empresa, como es natural. No son un servicio público. No te darán nada si tú no les das algo a cambio, y eso vuelve a ser perfectamente lógico. Pero lo que les tienes que dar no es nada que no te interese darles: son noticias. En los tiempos de crisis que corren, con las plantillas actuales, el periodista apenas puede investigar nada. Si le haces parte del trabajo te lo agradecerá.
En cuanto a las intervenciones en medios (radio y tv) y en la calle, lo aconsejable es elaborar paquetes de no más de 45 segundos que, de una manera u otra, se repitan incesantemente. Lo ideal de este formato ha sido corroborado en multitud de ocasiones. La gente no atiende más que ese periodo de tiempo, como regla general. No tiene sentido elaborar historias largas que, aunque estén bien argumentadas, no serán seguidas hasta el final más que por una minoría. Mucho menos pretender utilizar estos espacios para transmitir largas informaciones. Aquí es donde se aprecia el valor de la caja de cerillas.
Esto nos lleva a la última cuestión: luchar por la iniciativa. Como en el ajedrez, en esta guerra el que tiene la iniciativa gana. Y en una situación de crisis brutal como la que estamos pasando el que no la tengan los partidos pequeños no tiene perdón de Dios. Si lees el periódico local encontrarás decenas de noticias que te la pueden proporcionar. Encuentra una que te de presencia en los medios y explótala. Al igual que a nivel nacional se ha hecho con otros casos (aforamientos, politización de los organismos reguladores, privilegios de la clase política, etc.), la vida local ofrece innumerables oportunidades. Utilízalas como ejemplo de todo lo que quieres transmitir y criticar. El caso de las múltiples Cajas de Ahorro, por ejemplo, es una mina todavía por explotar que, exceptuando en algunos lugares, apenas ha pasado sin pena ni gloria.
Por último, no nos confundamos. La gente quiere que le gobierne gente con principios, pero también que sea competente. Si esos partidos sólo tienen principios pero no los explotan bien están defraudando a nuestro país, comunidad o municipio y ocupando un espacio que podía ser mejor aprovechado por otro. Si actúan de manera profesional (aunque no sean profesionales de esto) generarán confianza en sus aptitudes. Pero, además, el electorado percibirá que se le toma en serio, que se preocupan de él sin por ello considerarle menor de edad. Ahí está la clave de la confianza.
 

¿Puede un partido regeneracionista tener hoy éxito electoral? (I)

Pienso que en los tiempos que corren y a la vista de los últimos resultados electorales esta pregunta resulta muy pertinente. En mi modesta opinión es otra forma de preguntarse si España va a tener o no posibilidad de sobrevivir dignamente en un mundo cada vez más competitivo. En definitiva, un partido pequeño que busca reformar radicalmente el actual sistema institucional, con su clientelismo y su complejo entramado de intereses (crony capitalism), pero jugando conforme a las reglas de ese sistema, a través de propuestas razonables y no demagógicas ni populistas, organizado como un partido tradicional y no como un “frente amplio”, ¿puede hoy aspirar a tener un éxito electoral que le permita influir de verdad en la política nacional?
No parece fácil. Para que un partido pequeño y serio (es decir, no populista) pueda aprovecharse de la erosión del bipartidismo, debe solventar dos barreras formidables: la desconfianza y el miedo.
La confianza es el ingrediente básico de la política moderna, muy difícil de ganar e increíblemente fácil de perder. La gente a estas alturas no confía en los políticos, y con buenas razones. Tampoco confía en los políticos de los partidos que todavía no han gobernado. Puede parecer sorprendente (“eh, que todavía no hemos hecho nada”) pero si reflexionamos tendremos que reconocer que la sospecha del electorado es perfectamente racional (precisamente porque esos partidos todavía no han hecho nada, es decir, no han gobernado nada). Son partidos que funciona conforme a las reglas de la política tradicional, hoy tan absolutamente desprestigiada. ¿Hay que confiar en ellos simplemente porque nos digan que son diferentes, que no van a robar o gestionar en su exclusivo interés, que no mienten y van a cumplir sus promesas? Si es por retórica sus competidores tampoco andan escasos.
La segunda barrera es el miedo. El recurso al miedo del electorado es ya tradicional en la política moderna a escala universal, especialmente por los partidos conservadores (aunque en España fue utilizado durante muchos años por el PSOE, recordemos al famoso doberman). El miedo a lo desconocido, a la inseguridad, al desastre económico y social, es hoy el principal activo estratégico del PP, enormemente reforzado tras la aparición de “Podemos”. Se trata de un balón de oxígeno de primer orden que van a explotar al máximo. “Podemos” amenaza con devorar a los partidos de izquierda y crear una alternativa real de sesgo populista caracterizada por propuestas inviables o directamente desastrosas como la salida del euro o la nacionalización de la banca. Ante tal riesgo, la reacción del electorado tradicional del PP, pese a estar harto de su mala gestión y de sus corruptelas, será enrocarse por puro miedo, desechando posibles alternativas atractivas pero de más incertidumbre, como las regeneracionistas. Si frente a tal espantajo esos partidos se limitan a invocar esperanza e ilusión (es decir, más retórica) estamos perdidos. Si algo ha demostrado el análisis histórico de las campañas electorales de la segunda mitad del siglo XX, es que siempre que se han enfrentado el miedo (actual) frente a la esperanza (meramente hipotética), ha triunfado… el miedo.
¿Cuál sería entonces la estrategia adecuada? Dada mi proverbial tendencia a escribir sobre lo que no conozco bien (únicamente como simple aficionado) me voy a aventurar otra vez en un terreno extraordinariamente profesionalizado: el de la estrategia electoral. Desde el momento en que no procede echar la culpa al electorado por no votarte, pese a la solidez de tus ideas, realizar campañas profesionales resulta muy relevante. Puede parecer una verdad de Perogrullo, pero ha habido a algunos que les ha costado bastante percatarse de ello. Cuenta Philip Gould (“The Unfinished Revolution”), uno de los estrategas políticos más influyentes del mundo –y que fue junto con Peter Mandelson (el llamado “Principe de las Tinieblas”) uno de los creadores del Nuevo Laborismo británico- que cuando llegó al Partido Laborista la gente se quejaba de lo incomprensible que resultaba el que, teniendo las mejores ideas, al menos las ideas que más proyección parecían tener en un momento dado, perdiesen inexorablemente elección tras elección. No entendían que si perdían era simplemente porque el Partido Conservador hacía mucho mejor las campañas electorales. No lo entendían y, además, parecía importarles poco, como si el tener mejores ideas debiese garantizar de por sí la victoria, a la manera de una especie de derecho adquirido. Por el contrario, a él le parecía que perder las elecciones, pese a tener las mejores ideas, era absolutamente imperdonable, un acto de indulgencia con uno mismo sin posible justificación.
Así que se puso manos a la obra. Realmente no fue fácil, pero al menos dispuso de medios materiales que para los partidos pequeños españoles son de absoluta ciencia ficción (aunque en comparación con lo que se estila en EEUU fuesen ridículos). En Millbank, la nueva y moderna sede junto al Támesis, trabajaban a tiempo completo sólo en la preparación de la campaña electoral 310 personas. Es obvio que se trata de otra liga, pero eso no quita para que no se pueda aprender algo de esa experiencia profesional. Al fin y al cabo, si se aspira a ser un partido de gobierno hay que acostumbrarse a pensar a lo grande (Think big), pues hay muchas cosas que, como el pensar, salen gratis. Las ideas que siguen (en este post y en el siguiente) pretenden simplemente esbozar unas pautas de actuación que quizás puedan ser de interés.
Lo primero, sin duda alguna, es dejar de mirar de manera sospechosa el tratamiento profesional de las campañas electorales (y por campaña electoral se entiende el periodo de medio año, como mínimo, anterior a las elecciones). Esta sospecha está bastante generalizada dentro de algunos partidos (especialmente en los que han surgido de iniciativas ciudadanas sinceras y muy ligadas a la defensa de ciertos valores fundamentales) como si la profesionalidad comprometiese de alguna manera los principios. Esta reacción es casi natural, y ocurre en todos los países, pero la verdad es que no tiene mucha justificación. Es cierto que a Mandelson le llamaban “The Dark Lord”, y que Gould titula su capítulo sobre las técnicas de campaña “The Dark Arts”, al más puro estilo Slytherin (o anti Harry Potter), pero ambos se tomaban tal cosa a chota, evidentemente. Si hay una idea que ambos insisten en transmitir, es que para que el mensaje tenga éxito debe apoyarse de manera absoluta en un argumento central: la razón por la cual el electorado debe votarnos. Si el partido no tiene substancia, no hay posible mensaje. La conclusión es que el mensaje no debe jamás traicionar a los principios, sino condensarlos y destilarlos hasta ser capaces de escribirlos en una caja de cerillas. Parece fácil, pero es endiabladamente complicado. A Gould le costó tres años de intenso trabajo.
¿Hay esperanza entonces para el partido pequeño? ¿Qué cabe hacer frente a la desconfianza y el miedo? Afortunadamente la respuesta que nos proporcionan esos especialistas es la misma para los dos obstáculos:
Tú, militante de un pequeño partido regeneracionista: siéntate, coge unos cuantos folios y empieza a escribir tu “War Book”. Sí, efectivamente, esto es una guerra y hay que diseñar una estrategia y una táctica. Pero hay que hacerlo por escrito. Una estrategia que no consta por escrito no merece ese nombre.

Palo y zanahoria en el trato fiscal a los depósitos bancarios

Veinte días después de la presentación de la Reforma Fiscal, el Gobierno ha vuelto a utilizar una herramienta que forma parte de las señas de identidad de su política económica: subir impuestos. Tras casi sesenta subidas de impuestos desde el 30 de diciembre de 2011, ahora son los depósitos los que se verán gravados con un impuesto cuya justificación radica en el mero hecho de la existencia de un depósito bancario.
Según los policy makers del ministerio de Hacienda y, en particular el ministro Montoro, era necesario establecer un gravamen a nivel estatal de los depósitos para armonizar los diferentes tributos que impusieron varias Comunidades Autónomas como Asturias o Extremadura. En este sentido, la capacidad de las Comunidades Autónomas de establecer estos impuestos ha sido ampliamente cuestionada por la quiebra que supone de la unidad de mercado –ya de por sí rota– y la igualdad de los ciudadanos ante la Ley.
El ministro de Hacienda ha insistido en que es un impuesto “muy moderado” y sin afán recaudatorio. Para ello utiliza como argumento el tamaño del tipo impositivo (un 0,03%). Sin embargo, la “moderación” en el tipo impositivo no implica que este impuesto vaya a tener escasa incidencia o que, por el mero hecho de que sea “pequeño”, sea más justificable en términos de política fiscal.
De forma aparente, el sujeto pasivo de este impuesto es la banca, la cual tendrá que dar al Estado una cantidad equivalente al 0,03% del monto de depósitos que tiene. Para determinar la base imponible, Hacienda toma el total de depósitos de los clientes a final de cada mes y, con estos saldos, calcula una media aritmética. Es decir, la base imponible es la media del total de depósitos de cada mes del año.
Según los datos que publica mensualmente el Banco de España, el monto de depósitos medio en los cinco primeros meses del año ha sido de 1,44 billones de euros. De forma aproximada (realizando los correspondientes ajustes de valor) y suponiendo que la media de depósitos se mantiene en este nivel, Hacienda recaudará 432,16 millones de euros en 2014, los cuales tendrá que transferir a las Comunidades Autónomas donde cada entidad bancaria tenga su sede.
Esta medida, en primer lugar, constituye un nuevo coste para la banca, la cual ya está de por sí ciertamente presionada por la regulación y los problemas de capitalización. Con unos tipos de interés reales negativos y falta de incentivos para conceder créditos al sector privado, el nuevo impuesto perjudicará el margen de intereses mientras el margen bruto se mantendrá gracias a la subida de las comisiones que aplicarán los bancos por gestionar los productos de ahorro dirigidos a la clientela. No puede olvidarse que los bancos –como toda persona jurídica– tienen capacidad de repercutir aquellos impuestos que soportan. Por tanto, el sujeto sobre el que recaerá finalmente el impuesto será el cliente bancario, el cual tendrá que pagar más comisiones y verá aún más reducida su capacidad de ahorro.

Gráfico: Evolución del monto de depósitos en entidades de crédito de España (2007-2014)

Fuente: Elaboración propia. Banco de España
En segundo lugar, el Gobierno utiliza una estrategia de “palo y zanahoria” frente a los ciudadanos. Por un lado, propone incentivos fiscales para invertir en depósitos en forma de “plan de ahorro a largo plazo” denominado Plan Ahorro 5, el cual consiste en garantizar un 85% del capital inicial y con límites de aportación anual de 5.000 euros. Mediante este plan, las ganancias patrimoniales obtenidas quedarán exentas de tributación a partir de 5 años.
Sin embargo, por otro lado, el mismo Gobierno que incentiva estos “planes de ahorro a largo plazo” castiga la imposición de depósitos con este nuevo impuesto. Amplios sectores de la población española poseen enormes rigideces a la hora de buscar productos de ahorro en los que maximizar su ganancia esperada, viéndose abocados a los productos financieros –normalmente depósitos– de la sucursal de banco más cercana.
En suma, no sólo el contribuyente final será el depositante y no el banco. También, los ahorradores sufrirán este impuesto de una forma más intensa que en otros casos donde podrían tener más “vías de escape”. En el medio-largo plazo, dado el sesgo de la política fiscal hacia las subidas de impuestos, la alternativa a este tipo de impuestos sobre la riqueza es ampliar la “cultura financiera” de los ahorradores y, por tanto, buscar “vías de escape” al afán recaudatorio de la Hacienda española.
 

El Alcalde de Brunete como síntoma

Mientras desde el Gobierno se insiste en la voluntad de luchar contra la corrupción y regenerar las instituciones, el alcalde de Brunete sigue siendo alcalde de Brunete a pesar de la difusión de una grabación donde intenta sobornar a una concejal de UPYD,  contra la que -ya puestos- se ha querellado por injurias y calumnias nada menos que por haber puesto en entredicho su honor y su honestidad en el ejercicio del cargo. Ciertamente el concepto que tiene este alcalde del honor y de la honestidad en el ejercicio del cargo no se corresponde con el del común de los mortales, pero el problema es que parece ser compartido por muchos otros políticos y no solo dentro de su propio partido. Al fin y al cabo lo que ha intentado hacer tampoco es nada del otro mundo. El alcalde alega también que si algo hizo fue en beneficio de los ciudadanos de Brunete, que sin duda se merecen un alcalde dispuesto a sacrificarlo todo -incluidos unos cuantos preceptos legales- por su bienestar. Pero por si acaso no lo hubieran entendido bien  se lo va a explicar “casa por casa”.
Me imagino que se abrirá también algún tipo de investigación en el Ayuntamiento que llegará a la conclusión de que lo que oímos cuando le damos al “play” de la grabación es una turbia maniobra de la oposición, o mejor todavía, que en realidad comprar concejales de la oposición –normalmente con el dinero del contribuyente de forma directa o indirecta- a cambio de su voto no solo es lo normal sino que es lo democraticamente sano. En definitiva, que violar el ordenamiento jurídico (“las formas” que diría la Vicepresidenta del Gobierno que, por cierto, es jurista) es una cuestión menor. Ya se sabe lo importante es “el contenido”, es decir, volvemos a la tesis clásica tan sugestiva siempre para los que ostentan el poder de que el fin justifica los medios, aunque los medios sean ilegales o inconstitucionales.
El problema es que esta tesis es muy peligrosa para los derechos y libertades de los ciudadanos, como recordamos los autores del libro colectivo ¿Hay Derecho?
sobre la quiebra de las instituciones y el Estado de Derecho en España. Y es que  si algo nos enseña la Historia es que no se pueden menospreciar las formas cuando de democracia se trata. Efectivamente, la democracia no consiste solo en elegir entre varias opciones o entre distintos candidatos o incluso entre distintas políticas. Su esencia última descansa en el proceso formal de la toma de decisiones de acuerdo con ciertas garantías y normas  o, dicho de otra forma, en el respeto del Estado de Derecho sin el cual no hay democracia posible. La idea de que todo poder dentro de un Estado democrático debe de estar controlado por normas jurídicas es una conquista esencial de las democracias avanzadas a la que no podemos renunciar a estas alturas si no queremos volver a la condición de súbditos. En definitiva, por bondadosos que sean los fines que se persigan –y esa es siempre la excusa de los que quieren saltarse las normas, no lo olvidemos- no se pueden dictar decretos-leyes que no respeten lo dispuesto en el art. 86 de la Constitución, no se pueden convocar referéndums ilegales y tampoco se pueden “comprar” concejales a cambio de favores. Si nuestros partidos políticos no son capaces de entenderlo es que no entienden la esencia de la democracia.  Y me temo que eso es lo que está pasando precisamente ahora en España.
Porque en mi opinión que el alcalde de Brunete siga siendo alcalde de Brunete con el apoyo más o menos explícito o vergonzante de su partido –lo que depende, al parecer, no tanto del ordenamiento jurídico sino de otro tipo de factores- no es una anécdota ni un caso aislado sino que revela la forma habitual de funcionamiento de nuestra partitocracia. Sus declaraciones reflejan perfectamente la gravísima enfermedad moral, política e institucional que padece nuestro país. Así hemos pasado de la hipocresía de hace unos años en la que nuestros dirigentes afirmaban sin pestañear que se respetaban las resoluciones judiciales incómodas mientras se hacía todo lo posible por torpedear su cumplimiento a la desvergüenza pura y dura, de forma que nuestros gobernantes admiten francamente que van a incumplir las sentencias que no le gustan porque para eso han sido elegidos por “el pueblo”.  En definitiva, el caso Brunete pone de relieve de forma descarnada el funcionamiento de un Régimen donde todo vale para mantenerse en el poder y donde las normas jurídicas se conciben como molestos obstáculos o “formas” que un gobernante omnisciente y todo poderoso se puede saltar sin ninguna consecuencia ni política ni jurídica porque aquí nunca pasa nada. Y no nos engañemos, cuando un gobernante sea un alcalde, un Presidente de una Comunidad Autónoma o un Ministro prescinde de las formas o procedimientos establecidos su principal objetivo no suele ser el interés general, aunque él tienda a confundir el interés de su partido con el interés público, incluso con buena conciencia.
Quizá a estas alturas convendría recordar que la principal diferencia entre un Estado auténticamente democrático y un Estado autoritario no estriba solo en el carácter electivo de sus gobernantes (al fin y al cabo en Venezuela, Argentina o Rusia también hay elecciones) sino en el hecho de que en un Estado democrático los gobernantes no solo se encuentren sometidos a la Ley, exactamente igual que el resto de los ciudadanos sino que además  tienen el deber específico de hacerla respetar y garantizar su cumplimiento.  Dicho de otra forma, en una auténtica democracia nadie está por encima de la Ley.
Volviendo a nuestro caso puede ser que en la España del siglo XXI los sistemas de compra de votos ligados al régimen clientelar y caciquil sobre el que se sustenta nuestro sistema político sean un poco más refinados que en tiempos de Cánovas y Sagasta, pero la idea subyacente es la misma: nuestros gobernantes piensan que los españoles no estamos maduros para una democracia de calidad. Es urgente demostrarles lo contrario exigiendo el cumplimiento de las reglas del juego. ¿Dónde está el poder de las leyes? se preguntaba Demóstenes. Y contestaba, en ti, si tú las apoyas y las haces poderosas.
 

¿Jurisprudencia gubernativa? A propósito del informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial

El pasado treinta de abril, en el post publicado en este mismo Blog pretendía, en la medida de lo posible, relativizar el alcance del, a priori, anglosojanizante trato que el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (ALOPJ) dispensaba a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pues bien, el pasado tres de junio, la Sala de Gobierno del órgano constitucionalmente encargado de formarla, en un informe muy crítico, ha puesto negro sobre blanco su parecer acerca de ese sistema de jurisprudencia vinculante diseñado por el legislador orgánico. Y ya sabrán que la consideración de la Sala de Gobierno es radicalmente opuesta al modelo contemplado en el ALOPJ. Y lo es, al margen de los reproches que con algo más de detalle se expondrán más adelante, por una cuestión nuclear que impide la asimilación de los mecanismos de configuración de la jurisprudencia derivados de sistemas de Derecho heterogéneos. La función de la doctrina emanada de las cortes supremas en el ámbito del Derecho continental no es la elaboración de normas de naturaleza general, sino la de fijar el sentido que una disposición ostenta ante un concreto y singularizado litigio. Consecuentemente, la aplicación jurisdiccional del ordenamiento jurídico es una tarea tópica, cuyos frutos dependen de los particulares términos del debate entablado por las partes.
Partiendo de esa concepción de la doctrina jurisprudencial en el escenario jurídico continental, la pretendida anglosajonización de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo está, a juicio de su Sala de Gobierno, abocada al fracaso, toda vez que la configuración de esa jurisprudencia vinculante parte de un procedimiento no jurisdiccional, sino normativo, en el que las distintas Salas del Alto Tribunal, trimestralmente, identificarán aquella doctrina vinculante merced a esquemas propios de la producción normativa, en plenos gubernativos y mediante acuerdos publicables en el BOE, que en realidad disuelven la naturaleza de la doctrina jurisprudencial, al alienar de su producción a sus ingredientes básicos: el litigio individualizado y la función jurisdiccional del exégeta.
A esta tara estructural, el informe añade una serie de reproches procedimentales, unos basados en dificultades funcionales derivadas de las necesarias reuniones trimestrales de los plenos de cada una de las Salas; otros, de carácter material, en aquellos supuestos en que no sea posible el entrecomillado que exige el art. 32.2 ALOPJ y se deba formular el contenido exacto de la doctrina, lo que en puridad, exigirá una reinterpretación por parte del Pleno de la doctrina ya establecida por la sección correspondiente. Y en tercer lugar, la injustificable preeminencia que, con respecto a los efectos del carácter vinculante de la jurisprudencia se le concede a la Administración – 32.1 in fine, «Cuando un interesado invocare una doctrina jurisprudencial vinculante ante los poderes públicos, éstos podrán rechazar motivadamente su aplicabilidad al caso concreto, justificando expresamente las razones de su decisión»-,  con la consiguiente merma del propósito que la propia Exposición de Motivos pretendía alcanzar con este expediente, que no era otro que reforzar la supremacía del Tribunal Supremo.
Finalmente, y no sin razón, la Sala de Gobierno advierte del riesgo de devaluación de la mayor parte de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo –art. 31 ALOPJ-, desde el momento en que se anuda la fuerza vinculante a una porción relativamente escasa de la producción del Tribunal, generándose por tanto una jurisprudencia de primera y otra de segunda categoría, con las nefastas consecuencias que esa artificial jerarquización doctrinal acarrearía para la unidad del sistema.
Terminaba el post del que les hablaba al inicio con una llamada a la prudencia, recordando que el iter legislativo es largo y tortuoso. Rectifico, el recorrido informativo y, por ende, prelegislativo, puede dejar ya fatalmente herido al ALOPJ. Veremos.
 

El Manifiesto de los Libres e Iguales

Mientras se va aproximando la fecha en la cual, según todos los indicios, se convocará en Cataluña un referendum de secesión, la cuestión parece misteriosamente ausente del debate político. Tal vez alguien piense que para que un problema desaparezca basta con no afrontarlo, con no reconocerle el carácter de tal. Sin embargo la realidad suele ser muy vengativa con quienes tratan de ignorarla.
El hecho de que se convoque una consulta al margen de la ley no es algo que pueda ser obviado. Pero el problema verdaderamente grave es lo que hay detrás. Todo ese movimiento de desafección impulsado y subvencionado con toda su fuerza por el nacionalismo catalán desde unos poderes locales particularmente intervencionistas y decididos a sobrepasar con la fuerza de los hechos su marco competencial. Dispuestos a provocar un grave enfrentamiento que les sirva para al menos seguir haciendo victimismo. Y que esa descomunal campaña propagandística desde los medios públicos y privados subvencionados no pueda ser ni minimamente contrarrestada por la población no nacionalista. Ni ésta recibir apoyos de un Estado que, gracias a la deriva de nuestro modelo territorial, prácticamente ha desaparecido en Cataluña.
El poliforme mundo nacionalista ha llenado y conquistado el vacío generado con esa retirada. Con el Estado ha desaparecido así también algo que el sentimiento identitario no puede tolerar pues pondría en verdadero peligro su propia subsistencia: la garantía de un debate de ideas en libertad,
En este panorama, y tal vez para compensar esa ausencia de debate en nuestras instituciones, han surgido diversas iniciativas. Una de ellas me parece particularmente acertada. El llamado “Manifiesto de los Libres e Iguales”, que puede leerse en este enlace, promovido por Mario Vargas Llosa y otros reconocidos intelectuales. Fue leído el pasado quince de julio en un lugar muy adecuado: el exterior del Congreso de los Diputados. Si entre otras cosas se reprocha a las élites dirigentes españolas su pasividad y resignación frente al desafío nacionalista, ese sitio está cargado de simbolismo. La respuesta que no existe en el Congreso tenemos que encontrarla fuera del mismo.
En nuestro libro “¿Hay Derecho?” hemos destacado esa situación patológica que el manifiesto también denuncia. Por ello no podemos estar más de acuerdo con muchas de sus ideas. “El nacionalismo antepone la identidad a la ciudadanía, los derechos míticos de un territorio a los derechos fundamentales de las personas, el egoísmo a la solidaridad”. La exaltación de un sentimentalismo muy básico azuzado por un victimismo permanente encubre la realidad e infantiliza, jibariza o hasta anula las posibilidades de un debate contructivo. Por eso el nacionalismo “desprecia el pruralismo social y político”. La tribu en peligro no puede permitirse disensiones frente al enemigo exterior. Los disidentes deben ser tratados como traidores, como “extranjeros en su propio país”.
El manifiesto lamenta que esos planteamientos no hayan recibido la respuesta que merecen. “No existe un auténtico debate público sobre el fondo gravemente reaccionario del nacionalismo ni sobre las consecuencias de su proyecto para la libertad, la igualdad y la seguridad de los ciudadanos”. Y pide a todos los ciudadanos algo que ha escaseado gravemente durante las últimas décadas: “que trabajen organizadamente por la deslegitimación intelectual y política del nacionalismo”.
Efectivamente, durante demasiado tiempo esa batalla intelectual, que lo es también por la libertad, se ha perdido en ciertos territorios por simple incomparecencia de quienes tenían que defender un proyecto común. Los partidos políticos nacionales han preferido pactar su sumisión en ellos a desenmascarar muchas de las mentiras con las que pretende sobrelegitimarse el nacionalismo. Se han resignado a hablar y pensar en voz baja, a no molestar ni disentir en exceso y a expresar sus sentimientos sólo en las catacumbas. Sus líderes han preferido tolerar esta situación a cambio muchas veces de apoyos puntuales parlamentarios que les permitieran conseguir y conservar el poder central. Para conseguir objetivos particulares y cortoplacistas se han sometido a un chantaje permanente que podría haber sido desactivado con pactos de Estado entre los grandes partidos si estos hubieran tenido altura de miras. La primogenitura a cambio de un plato le lentejas.
El resultado está ahí, asomando ya por la esquina. Como ya le pasó a Chamberlain, las estrategias de apaciguamiento sólo han hecho crecer la amenaza a nuestra común convivencia. Pero lo que sorprende es que esos líderes parece que aún no se hayan dado cuenta. Que sigan buscando retrasar el estallido del problema a costa de agravarlo, que sigan moviéndose, como dice el manifiesto, entre “el tacticismo y la resignación”.
Por eso es necesario que voces de tanto peso se unan para pedir que de una vez se abandone un camino que ha resultado tan baldío. Y que de forma tajante exijan a los partidos que quieran preservar las bases de nuestra convivencia democrática que rechacen “cualquier negociación que con el pretexto de evitar el conflicto que plantea el secesionismo catalán limite la soberanía del conjunto de lis ciudadanos y el ejercicio de sus derechos”.
Demasiadas veces el nacionalismo ha jugado a ser a la vez pirómano de conflictos y bombero para calmarlo a cambio de una buena retribución, en dinero o en poder. Demasiadas veces su estrategia, tras conquistar una trinchera de poder, se ha centrado en asaltar la siguiente. El resultado final es un Estado inane, desarmado de intrumentos, incapaz de apoyar o siquiera de proteger a quienes desde Cataluña y País Vasco quieran seguir siendo españoles. La aventura de proyectos como el de Sociedad Civil Catalana, que plantea una alternativa a la aventura secesionista desde el interior de Cataluña, no debería ser una heroicidad enfrentada a un Goliat que acumula todos los medios y recursos.
Una vez más una evidente crisis, esta vez de nuestro modelo territorial, debería servirnos para aprender. Para apartarnos de actitudes y estrategias que no solo no resuelven problemas sino que incluso los agravan. En ese sentido el Manifiesto de los Libres e Iguales debería ser un aldabonazo para nuestra clase política. Ésta, hoy con Rajoy a la cabeza, ya ha perdido demasiado tiempo. Y no le queda mucho más que perder.
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P.D: Los interesados pueden adherirse al manifiesto y contribuir a la plataforma  en http://www.libreseiguales.es/ . Yo animo a ello.
 

El CGPJ ¿Está cambiando la postura de las asociaciones judiciales? El caso de Jueces para la Democracia

El pasado día veinte de junio, el diario digital “La Nueva España”, publicaba esta noticia  en donde, entre otras cosas, informaba a sus lectores que la asociación “Jueces para la democracia”, en una “votación histórica, precedido de un debate histórico”, se mostraba reacia a que los políticos eligieran a 12 Vocales del Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ.)
Como bien conoce el lector, el artículo 122.3 dela Constitución Española sanciona que el CGPJ estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros. Nuestra Carta Magna precisa que de estos veinte, cuatro lo serán a propuesta del Senado, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y doce en los términos previstos por una Ley Orgánica. Hasta 1985, fueron los jueces los que eligieron a esos 12 miembros; no obstante, a partir de aquel año cambiaron las tornas, y fueron los políticos quienes se reservaron la facultad de elegir también a esos otros 12 Vocales del CGPJ, asegurándose de esa manera un evidente control sobre el órgano de gobierno de jueces y magistrados, que no olvidemos, es el encargado de nombrar a los magistrados de las más altas instancias judiciales. Baste recordar para comprender el calado de la reforma dela LOPJ de 1.985, la famosa frase atribuida a Alfonso Guerra “Montesquieau ha muerto”. Ustedes mismos.
Repasemos el mapa de la Carrera Judicial, en lo que a asociaciones y asociados se refiere. Según publicó en un tuit la asociación Jueces para la Democracia en respuesta a una magistrada que forma parte de la Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia, a fecha 1 de julio de 2.013, sobre un total de 5.234 jueces y magistrados, la APM contaría con 1.253 asociados, la Asociación Francisco de Vitoria con 631, Jueces para la Democracia con 514 y Foro Judicial Independiente 303. Por tanto, hasta hace no mucho, se encuentran asociados 2.701 jueces y magistrados, no estándolo 2.533.
Pues bien, con semejante panorama, han sido los magistrados asociados ala Asociación Profesiona lMagistratura (APM), y Jueces para la Democracia (JpD), los más beneficiados con la política de nombramientos, siendo el más claro ejemplo de aquella distribución, la pertenencia a dichas asociaciones de la mayoría de los Vocales del CGPJ. Veamos qué dicen los estatutos de una y otra asociación, que como decimos son las que principalmente se han beneficiado de ese reparto de cargos (o “reparto de cromos”, según terminología de algunos de sus asociados, según podrán comprobar más adelante.)
La APM, que formalmente defiende que esos 12 Vocales sean elegidos por miembros del Carrera Judicial, pero que ha sido la única asociación que le ha seguido el juego al Ministro de Justicia presentando una lista de candidatos tras la última reforma (las otras tres asociaciones se negaron en rotundo, aunque hubo asociados de JpD y AFV que a título particular se presentaron por su cuenta. No así de FJI), sanciona en el artículo 3º. Punto 6º de sus Estatutos, que tiene como finalidad “promover candidatos para el nombramiento de cargos, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable al respecto.” Por su parte, JpD en el artículo 2º H) de sus Estatutos, recoge que “Son fines de la Asociación asegurar la composición representativa y plural del Consejo General del Poder Judicial y en todos los órganos de gobierno del Poder Judicial, y reivindicar el ejercicio autónomo del Poder Ejecutivo de sus funciones constitucionales y su sujeción al control parlamentario.”
Centrándonos en la asociación JpD, probablemente haya llamado la atención del lector, que la misma tiene como finalidad la de asegurar una composición representativa y plural del CGPJ. Ahora bien, ¿Qué se entiende por composición representativa y plural? ¿Acaso que tiene qué haber un equilibrio en sus miembros de Vocales conservadores y progresistas? ¿No debería de no importar dicha cuestión cuando hablamos del CGPJ? Si realmente fuera importante la existencia en el CGPJ de una composición representativa y plural, ¿por qué no exigió el constituyente ese reparto cuando se refirió a los 12 Vocales en el artículo 122.3 CE? En cualquier caso,… ¿cómo se conseguiría llegar a una composición representativa y plural del CGPJ?
Parece evidente, o eso entiende quien esto suscribe, que esa composición representativa sólo puede lograrse garantizando que todos los Vocales sean elegidos por los partidos políticos, toda vez que nadie asegura que si esos 12 Vocales son elegidos por jueces y magistrados, podamos encontrarnos con un CGPJ que no responda a las expectativas de ser un órgano “representativo y plural”, tal y como parece concebirse en los estatutos de la asociación.  Si tenemos en cuenta que JpD es la única de las cuatro asociaciones que se proclama “progresista” (Así puede leerse en su propia biografía en twitter), no debe extrañar a nadie que pese a contar con un número de asociados equivalente al 10% de miembros de la Carrera Judicial, los integrantes de la misma, hayan resultado nombrados para desempeñar funciones de especial responsabilidad. El mejor ejemplo de ello es la información publicada por el diario El País el día 13/02/2010 en su edición digital, y firmado por el periodista José Yoldi, en el que explicaba cómo una Vocal del CGPJ de la referida asociación, tras un Informe crítico de su asociación con la nueva política de nombramientos del CGPJ, se jactaba “de colocar en 18 cargos judiciales a miembros de su asociación.”  Si pueden, consulten el enlace que no tiene desperdicio.
Pues bien, cuando pensábamos que la elección de los 12 Vocales del CGPJ por las Cortes, constituía un axioma innegociable para los compañeros de Jueces para la Democracia, nos hemos encontrado de golpe y porrazo con un comunicado que a muchos nos ha dejado gratamente sorprendidos, y que constituye un rayo de esperanza, toda vez que nadie debe obviar que la postura que en este asunto adopte JpD, puede resultar trascendental, salvo claro está, que imite a la APM. Es decir, que sostenga que esté a favor de que los 12 Vocales sean elegidos por los jueces, pero le haga el juego a Gobierno y oposición, y presente una lista con candidatos. Ya puestos, personalmente prefiero a quienes son consecuentes con aquello que defienden.
En cualquier caso, hemos de ser prudentes sobre la postura que finalmente adopten los compañeros de Jueces para la Democracia. Digo esto por la evolución de sus comunicados al respecto, que a mí al menos, me generan alguna duda. Veamos:
1.- INFORME DE FECHA 07/03/13: Propuesta de JpD en relación con el sistema de elección de Vocales. Punto 3º: “El sistema de elección de los vocales guarda relación con la función del órgano para el que son elegidos. El CGPJ no es un órgano representativo de los Jueces, como lo son las Asociaciones Judiciales, ni es un órgano de autogobierno, es un órgano constitucional que debe desarrollar la política en materia de Justicia como instrumento para garantizar la independencia del Poder Judicial. El sistema de elección parlamentaria hasta ahora seguido ha patentizado el riesgo de transmitir al órgano de gobierno de los jueces las dinámicas parlamentarias de nuestro país, cada vez más radicalizadas y más alejadas del respeto al pluralismo como valor y a la transacción como método; pero el sistema de elección directa por los Jueces supone también un riesgo de corporativismo que traslade a la sociedad una visión de casta cada vez más alejada de la realidad y los problemas de los ciudadanos.
Jueces para la Democracia es consciente de los riesgos de uno y otro sistema y dado que el sistema propuesto en el Proyecto es el de elección mixta, consideramos que debe mejorarse, que el Parlamento debe evitar la tentación de los criterios partidistas, que ha sido en gran medida la causa de falta de credibilidad de la institución, y seguir un verdadero sistema evaluativo de los perfiles de los candidatos.
Se propone la introducción en el art. 578.1 de un último inciso “previa evaluación de los candidatos, en sesión pública”.
2.- DEBATE DE FECHA 19/06/14: En una votación de 29 votos a favor y 27 en contra, según se recogió en el medio de comunicación “La Nueva España”, los miembros que votaron en el marco del 29º Congreso Anual de la Asociación celebrado en Oviedo, acordaron que los 12 Vocales de procedencia judicial que conforman el CGPJ, sean elegidos por los propios jueces.
3.- CORREO ELECTRÓNICO DE LA ASOCIACIÓN ENVIADO EN FECHA 25/06/14: Probablemente a raíz del debate surgido en el seno de la Carrera Judicial a la vista de la información publicada en la edición digital de “La Nueva España”, la asociación remitió el siguiente comunicado: “JPD ya se manifestó totalmente en contra de la modificación de la LOPJ que ha vaciado de competencias el CGPJ y ha fijado un sistema estructural y de funcionamiento totalmente contrario a la norma constitucional que establece la formación de un órgano colegiado de 20 miembros. En estas condiciones legales, dado que 8 vocales del CGPJ son directamente elegidos por el Parlamento, estimamos que los 12 vocales de procedencia judicial de dicho órgano cuya función esencial es proteger la independencia judicial, deben ser directamente elegidos por los jueces.”
Puede inferirse de este último correo que, de no haberse llevado a cabo la reforma de la LOPJ, JpD quizá no hubiese concluido en su Congreso de Oviedo, que los 12 Vocales debieran de ser elegidos por los jueces. Quizá. Puede ocurrir incluso, que si en la próxima legislatura quienes gobiernan vuelven a diseñar un CGPJ con un funcionamiento y competencias similares a las que tenía el CGPJ antes de la reforma, JpD se muestre conforme con que la designación de los 12 Vocales se efectúe por el Parlamento. Pero personalmente, creo que algo ha cambiado “ahí dentro” cuando por vez primera se ha pedido que los 12 Vocales de procedencia judicial sean elegidos por los propios jueces.
Conozco a compañeros de JpD que han participado en iniciativas que exigen dar voz a los jueces en la elección de los 12 Vocales, y creo firmemente que una división de poderes fuerte, no es compatible que con el hecho de que quienes potencialmente pueden ser juzgados por sus excesos como detentadores de poder público, sean quienes determinen en un 100% la composición del órgano de gobierno de jueces y Tribunales. No soy el único. Recuerden que el partido que alcanzó la mayoría absoluta, -probablemente conocedor de la falta de credibilidad de la Justicia-, en el apartado de su programa que llevaba la rúbrica “Una democracia ejemplar”, en el ordinal número 11, prometió exactamente lo contrario de lo que ha hecho. Por eso ahora, cuando algunos miembros del CGPJ se jactan de haber obtenido la confianza de gran parte de las Cámaras, lamentamos que esos mismos Vocales omitan que la mayor parte de quienes les han designado, han hecho lo contrario de lo que prometieron en aras de una Justicia más independiente.
Desde la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, de la que formo parte, consideramos VITAL que una parte del CGPJ, conforme al espíritu de la Constitución, sea elegida por jueces y magistrados. Y no por un interés corporativo, sino porque entendemos que es la mejor manera de fortalecer el principio de división de poderes, imprescindible baluarte del Estado de Derecho.
Que se haya abierto el debate al respecto en JpD, o si ya existía aquél, que se haya adoptado dicha decisión en el seno de la asociación, por las razones explicadas, supone para algunos de nosotros una muy buena noticia. Estaremos atentos.

Reformas, sociedad y corrupción

Hoy presentamos un post  de Ignacio Sánchez-Cuenca, conocido sociólogo y articulista, que plantea unas tesis muy distintas de las regeneracionistas o institucionalistas que se defienden en este blog, con el espíritu de abrir un debate sobre la cuestión del origen de la crisis política que nos atenaza. Esperamos que les interese.
(Los editores)
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Durante estos años de crisis económica y política, la mayor parte de las propuestas que se han defendido en la esfera pública para acabar con los males del país ha consistido en reformas institucionales: reformas que modifiquen las reglas de juego, que operen sobre los incentivos en función de los cuales políticos y ciudadanos actúan. Se ha propugnado el cambio de la ley electoral (fue la propuesta estrella del movimiento 15-M, también la de Cesar Molinas en su aclamado artículo “Un teoría de la clase política española”), la reforma del sistema autonómico (en múltiples direcciones, unas más federalizantes, otras más centralizadoras), la reforma del funcionamiento interno de los partidos, la transformación de España en una régimen republicano, y otras muchas que no añadiré a la lista para no fatigar al lector.
Llama la atención que en un país como España, cuyos principales problemas en estos momentos son una tasa de paro enorme, insuficientes ingresos del Estado, el mayor índice de desigualdad de la UE y un aumento terrible de la pobreza, analistas e intelectuales se hayan centrado, ante todo, en reformas institucionales como las que acabo de mencionar. Creo que la dominancia de este “institucionalismo” es una de las causas de la desconexión que se ha producido entre las élites del país y la opinión pública.
Por lo demás, se depositan grandes esperanzas en las reformas políticas. Sin embargo, contamos con una larga experiencia que nos indica que la ingeniería institucional rara vez consigue los objetivos anhelados. Unas veces, se producen consecuencias no previstas, que desnaturalizan o pervierten el fin original; otras, simplemente, el cambio de las reglas de juego no tiene efecto alguno, ni esperado ni inesperado. Las razones de que esto ocurra así son múltiples y no es cosa de repasarlas todas en una intervención breve como esta. Quisiera centrarme tan solo en una de ellas, e ilustrarla con uno de los problemas más graves que afectan a la política española, la corrupción.
En 1993, Robert Putnam publicó Making Democracy Work, un libro que de inmediato se convirtió en un clásico contemporáneo. Durante años de paciente investigación, Putnam estudió la descentralización territorial en Italia iniciada en el último cuarto del siglo pasado. El cambio institucional afectó a todas las regiones italianas por igual. No obstante, a pesar de que las reglas eran comunes en todos los territorios, el rendimiento de los nuevos gobiernos locales sufrió enormes variaciones entre el Norte y el Sur. Mientras que en el Norte estos gobiernos eran eficientes y atendían a las demandas de la ciudadanía, en el Sur ocurría todo lo contrario. Siendo el sistema institucional idéntico, las causas de estas variaciones no podían residir en las reglas, sino en la sociedad. Putnam encontró la clave en lo que llamó “capital social”, formado por reglas cooperativas de reciprocidad y redes de confianza interpersonal. En las regiones con mayores dotaciones de capital social, la política funcionaba mejor, y viceversa. Las mismas reglas, en medios sociales distintos, generaban resultados muy diferentes.
Del libro de Putnam pueden extraerse lecciones muy valiosas a propósito de las reformas que se defienden en España para acabar con la corrupción política. La corrupción es uno de esos fenómenos que depende de forma esencial de características sociales. Pensar que mediante meros cambios institucionales se pueda conseguir erradicar este vicio político parece puro voluntarismo.
Las investigaciones comparadas sobre el fenómeno de la corrupción coinciden en señalar la importancia de factores sociales (muy por delante de reglas institucionales como puedan ser las electorales). Así, a la hora de explicar las diferencias de corrupción entre países, resulta que el nivel de información política de la ciudadanía (medido a través de la circulación de periódicos por 1.000 habitantes) es una variable fundamental. Sin ciudadanos bien informados, los políticos se sienten impunes cuando abusan de su poder.
En general, la corrupción tiende a darse en países con ciudadanías poco informadas, con altos niveles de desigualdad económica y con bajos niveles de confianza interpersonal. Este tipo de factores (información, desigualdad económica, confianza social) no pueden modificarse fácilmente en el corto plazo. Requieren procesos largos de cambio social y desarrollo económico.
Bo Rothstein y Eric Uslaner han mostrado una asociación, verdaderamente sorprendente, en una muestra de 75 países, entre los niveles actuales de corrupción y los niveles educativos en 1870 (la correlación es -0,70). Resulta asombroso que conociendo el porcentaje de personas con educación secundaria en 1870 podamos anticipar con bastante precisión el nivel de corrupción del país 140 años después. Según los autores citados, un nivel alto de educación secundaria a finales del siglo XIX indica la presencia de un Estado fuerte y una sociedad igualitaria. Este hallazgo parece confirmar que la extensión de la corrupción depende más de variables sociales que de variables institucionales.
Evidentemente, la relación no es determinista. Hay países que escapan de este patrón (de ahí que la correlación no sea perfecta). Por ejemplo, Finlandia tiene hoy muy bajos niveles de corrupción, pero también tenía un nivel educativo muy bajo hacia 1870.
Este tipo de análisis no debería llevarnos al fatalismo. Los países con malas condiciones en el siglo XIX no están condenados a sufrir grandes dosis de corrupción. Ahora bien, los datos nos indican que el combate contra la corrupción es un proceso a largo plazo, que requiere transformaciones sociales además de reformas institucionales. Pensar que la causa y el remedio de la corrupción radican en las instituciones, en las reglas de juego, supone pasar por alto los resultados de los estudios comparados. Hay que enfriar, pues, las esperanzas de que el cambio de las reglas pueda tener efectos inmediatos y profundos sobre la corrupción política.

La posible privatización parcial de AENA: ¿un nuevo caso de falta de transparencia?

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros del pasado 13 de junio compareció la ministra de Fomento Dª Ana Pastor Julián (aquí) para, entre otras cosas, manifestar que el Consejo había tratado el tema de la entrada de capital privado en AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). Como enseguida aclararía ella misma se estaba refiriendo solamente a AENA Aeropuertos y no, por tanto, a AENA Navegación Aérea. Anunció que, tras la entrada del capital privado, el Estado conservaría el 51 % y que, en consecuencia, mantendría la mayoría en el Consejo de Administración.
El principal argumento que utilizó la ministra a favor de dicha entrada de capital privado lo enunció de la siguiente manera:
La presencia de inversores privados, a nuestro juicio, va a fortalecer la gestión de la compañía, garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario español en red. La mayor eficacia de AENA será un estímulo al sector del transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como son, fundamentalmente para nuestro país, el turismo y el comercio; y, sobre todo, algo muy importante que es el desarrollo internacional de la compañía, que es la tendencia en este momento en todos los mercados”.
Por otro lado, añadió: “[…] la estructura de esta operación ha sido preinformada favorablemente por el Consejo Consultivo de Privatizaciones, que supervisará el proceso en su conjunto, y que la operación tiene una autorización legal ya de un Real Decreto Ley del Gobierno anterior, el Real Decreto Ley 13 del año 2010 (aquí), que había ya autorizado esa entrada de capital al 49 por 100”.
En esa rueda de prensa la ministra justificó la oportunidad de acometer esta privatización parcial en los próximos meses debido a las mejoras habidas en los resultados empresariales del ente:
La mejora de la eficiencia en AENA se ha logrado en todas sus áreas: se ha mejorado la política comercial, hemos recortado los gastos superfluos y hemos adaptado los horarios de los aeropuertos. Como ustedes saben, había aeropuertos en los que salía un vuelo y estaba abierto todo el día; eso no es de recibo. Hemos mejorado la generación de caja: teníamos una caja negativa de -511 millones, no podíamos pagar la nómina, y estamos en este momento, al cierre de 2013, en 847 millones y, a día de hoy, en más de 1.000 millones. AENA Aeropuertos ha entrado en rentabilidad por primera vez y ha alcanzado un beneficio neto de 597 millones. Y la relación deuda-Ebitda ha pasado de 13,8 en 2011 a 7,1 en 2013”.
Es evidente que sobre esta decisión del Gobierno de España se pueden esgrimir argumentos, tanto a favor como en contra, desde diversos puntos de vista: político, jurídico, económico, etc. Desafortunadamente no parece posible un análisis riguroso de lo que puede suponer esta decisión en la medida en que el Gobierno no ha facilitado suficiente información. De todas formas, hay que señalar, de entrada, la posible incongruencia de plantear la necesidad de incorporar al capital privado para mejorar la gestión del ente cuando, según la propia ministra, esa gestión ha mejorado muy notablemente en apenas dos años con el actual estatus. Por otro lado, y esa es posiblemente la principal objeción que se podría hacer a priori, el proceso iniciado conducirá a un modelo aeroportuario muy distinto del que conocemos ahora, en el cual, en aras del interés general, se compensan los resultados económicos negativos de los aeropuertos con una menor actividad con los resultados económicos de los aeropuertos que soportan las mayores demandas. En el futuro el mantenimiento inexcusable de determinadas obligaciones de servicio público obligará al Estado a compensaciones por la vía de las subvenciones, lo que implicará sin duda unos mayores costes para el conjunto de los ciudadanos.
La ministra, en la referida rueda de prensa, manejó una presentación en PowerPoint que se puede descargar de la web del Ministerio de Fomento (aquí). Hasta hace unos días era posible descargar también de esa web una nota de prensa (aquí) con la misma información que la proporcionada por la ministra el día 13 de junio. Sin embargo, ni en la web del Ministerio ni en la de AENA se encuentra ningún documento que avale la decisión del Gobierno: dictámenes jurídicos, estudios técnicos y económicos, etc., ni tan siquiera el “preinforme” del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) al que aludió la ministra en su intervención.
En cambio, en la web de este organismo (aquí) se puede descargar un “Informe de Actividades 2012-2013” (aquí) en el que sí hay información, aunque sea limitada y quizás insuficiente. Se indica que con respecto a la privatización de AENA Aeropuertos, S.A. el CCP solo ha elaborado “un informe intermedio sobre una propuesta de diseño y sobre la selección de los asesores. Esta operación está pendiente de la decisión del Gobierno de llevarla adelante así como su posible diseño definitivo. A partir de abril de 2013 se ponen en marcha los concursos para la selección de un asesor jurídico y un asesor financiero. Estos concursos se publican en la página web de AENA y posteriormente en el BOE. El 22 de abril se cerró el plazo para la presentación de ofertas y el 26 del mismo mes se propone la adjudicación de Pérez LLorca Abogados, S.L. como asesor jurídico y de Lazard Asesores Financieros, S.A./NMAS1 Corporate Finance, S.A. como asesor financiero en el proceso de privatización de AENA Aeropuertos”. A pesar de que, como se ha indicado, lo que hace público el CCP es solo un “informe intermedio”, resulta muy aconsejable leer las páginas 185 a 205 del referido “Informe de Actividades 2012-2013”, que tienen fecha de 21 de octubre de 2013, en la medida en que orientan sobre los pasos que puede tener intención de dar el Gobierno en los próximos meses y a los que se refirió la ministra de Fomento en la repetidamente citada rueda de prensa.
La pregunta final es inevitable: si ya nos encontramos en la penúltima fase del proceso de privatización parcial de AENA Aeropuertos, ¿no deberían hacerse públicos y con un fácil acceso los resultados más relevantes de los estudios elaborados por las entidades asesoras, así como los que, con toda seguridad, habrá elaborado la propia AENA, de carácter técnico y referidos específicamente al funcionamiento del sistema aeroportuario estatal? Si el Gobierno ha diseñado una operación que considera positiva para los intereses generales, ¿cuál es la dificultad para hacer públicos los resultados principales de unos estudios que, no se olvide, han sido pagados con dinero público?