Flash Derecho: Dos cuestiones sobre la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles

La convalidación del Real Decreto Ley 8/2014 sigue su curso y con ella las disposiciones adicionales que regulan la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles. Sobre este tema ya hemos escrito en este blog (aquí), pero el jueves pasado, durante el trámite de enmiendas en el Congreso, se ha producido una  interesantísima intervención de Irene Lozano, diputada de UPyD. En ella plantea dos cuestiones muy elementales (quién va a pagar esto y cómo se va a ejecutar), pero cuya simple formulación nos indica el asombroso nivel de deterioro que  padecemos  en este país en lo que al proceso legislativo se refiere.
¿Quién va a pagar esto? El DL dice que en el Registro Civil todo será siendo gratis total, pero como llevan años demostrando nuestros amigos de Nada es Gratis, nada es gratis. Pasamos de un Registro Civil sufragado a cargo de los Presupuestos Generales a un Registro Civil sufragado… ¿por los usuarios del Registro Mercantil?, ¿por los emprendedores españoles? ¿Pero en qué cabeza cabe esto? Nos gustaría precisamente que nuestros amigos economistas nos ayudasen a desvelar el sentido económico de esta subvención cruzada, medido en términos de eficiencia económica, porque nosotros no lo vemos por ningún lado.
¿Cómo se va a hacer? Ah! No lo sabemos ni lo sabremos, porque es secreto militar. Como cuando se contrata a la empresa que debe proveernos de nuestros radares de superficie, todo el proceso va a estar muy controladito. Precisamente por eso, estamos ansiosos por comprobar qué empresa termina siendo la adjudicataria del macro contrato de informatización de los registros.
En cualquier caso, vean la intervención, que no tiene desperdicio.
Intervención de Irene Lozano
 

El voto malogrado

​Excluir injustificadamente de su aplicación la totalidad o parte de las promesas electorales hechas por un partido político para obtener el voto por las cuales ese partido logró su éxito, constituye una estafa a los ciudadanos, un engaño por el que se les ha inducido a malograr su voto. El programa con el que se presenta un partido político a las elecciones constituye una oferta de contrato dirigido a la multitud de ciudadanos que han de votar en ellas. La oferta contiene una serie de propuestas que el partido ofertante ha de ejecutar para el caso de que gane las elecciones, por lo que obviamente tiene un carácter condicionado al triunfo en los comicios. Si sucede que, tras el éxito del partido, el programa propuesto no puede ser aplicado por circunstancias imponderables ajenas a su voluntad, entonces tendrá que explicar públicamente y en detalle las razones antes desconocidas que afectan a la realización del programa, y qué partes del mismo pueden gozar de viabilidad. Y es que la oferta de contrato en qué consiste el programa alberga los ingredientes necesarios para su validez: un conjunto de acciones a desarrollar destinadas al mantenimiento, alteración o sustitución de organismos o puesta en marcha o paralización de proyectos que afectan a la vida civil, sean personales, de servicios o de fomento. Además, la oferta suele estar confirmada por una publicidad escrita en folletos, editada en internet y voceada hasta la extenuación y el cansancio en mítines y en toda clase de convocatorias o debates.
Hay tanta ilusión puesta por los ciudadanos en estos proyectos, afectan tanto a la vida de las personas en su nacimiento, su educación, su matrimonio, su economía, su trabajo u otras cuestiones, que decir que los programas de los partidos están hechos para ser incumplidos, como se atribuye a Tierno Galván, supone un desprecio profundo a la trascendencia del hecho colectivo de las elecciones, no mitigado por la torpe intención jocosa con la que tal vez la frase fuera pronunciada. La frescura y el desparpajo de partidos o individuos que desvergonzadamente rechazan aplicar el conjunto o parte de sus promesas electorales no puede considerarse más que como una provocación a las personas que con su voto las alzaron al gobierno de la nación.
Y es que la propagación del proyecto político del partido suscita adhesiones de múltiples ciudadanos que se suman a él, vertebrando una mancomunidad de esperanzas compartidas, no sólo con los directivos o líderes, sino entre toda clase de personas de muy diferente carácter y condición. La alegría desbordada de los vencedores o el sufrimiento de los perdedores en el momento de conocer los resultados electorales nos evidencian los estados psicológicos de las masas alineadas con los partidos, semejantes a la estruendosa algarabía y al jolgorio con que truenan los estadios cuando el equipo propio corona su jugada con un gol o al penetrante silencio con que es acogido el del contrario.
Toda esta comunicación de sensibilidades y aspiraciones tiene lugar con la emisión del voto, porque entre el ciudadano votante del proyecto vencedor y este mismo partido se establece un vínculo moral, racional y apasionado por la convergencia de voluntades en la ejecución de un plan de vida social, el desenvolvimiento de una empresa común a desarrollar por una organización detentadora del poder, lo que constituye, como dijo el historiador José Antonio Maravall, el esquema conceptual de la política, y a ese esquema se llega después de un análisis de la específica realidad social, practicado con el objetivo de resolver el problema de la convivencia con arreglo a un determinado punto de vista.
El incumplimiento de la promesa –incumplimiento de la prestación contractual– conlleva deslealtad hacia sus votantes y hacia los ideales tenidos por comunes, por lo que una actuación consciente del partido contraria a lo convenido en ese programa constituye una imperdonable vileza, sobre todo cuando el compromiso proyectado y no realizado supone el fortalecimiento de tendencias destructoras de la convivencia, como el terrorismo o la fragmentación territorial o social, difícilmente anulables en comicios posteriores y con el riesgo de su consolidación social, lo que causa entre los seguidores defraudados un estupor que oscila entre la protesta indignada o la irritación silenciosa. A pesar de los riesgos que acarrea la juridificación de la política hay que intentar poner coto a la ruptura arbitraria de las promesas realizadas para alcanzar el poder una vez que éste ha sido conseguido.
Junto al incumplimiento consciente y puro, existen estrategias de simulación, que pueden tener infinidad de variantes: puede, por ejemplo, esgrimirse el cumplimiento de una parte del programa como prioritaria y absorbente, lo que sirve de coartada para omitir las restantes; se puede disimular la ejecución de un objetivo odioso para su electorado, bajo la capa de la necesidad de obedecer una decisión internacional no estrictamente obligatoria y tal vez pactada con otras fuerzas políticas; puede persuadirse tal vez a la población de que un enemigo exterior -por supuesto, inexistente y hábilmente elaborado- trata de dañar gravemente los intereses públicos de una región, cuando en realidad los únicos intereses que peligran son los que las oligarquías locales han obtenido mediante sus múltiples delitos.
Sabemos que los pueblos están cargados de mitos y prejuicios; sabemos que las técnicas de simulación, de sugestión, se utilizan en todos los ámbitos de la vida social; sabemos que la opinión tiene interferencias onerosas o acaso coactivas; pero, como dice Hermann Heller: “Desde hace unos doscientos años la opinión pública, al menos en el terreno de la política, rechaza todo género de intervención trascendente en el acontecer causal, toda clase de creencia en lo maravilloso, diabólico o mágico, prefiriendo, cualquiera que fuera su actitud en otros aspectos, las interpretaciones racionales de carácter naturalista, económico o técnico”.
Es más, creo que podemos considerar, con Jovellanos, que la opinión que se diferencia de los rumores y cotilleos “se forma siempre por el juicio desinteresado de los hombres de bien”. Y aunque estas palabras puedan ser calificadas de optimistas e ingenuas en un plano general, sobre la opinión pública emitida en forma de voto en una urna no cabe otra calificación que la estrictamente jurídica de su capacidad para contribuir a la gobernación del estado. Y esa voluntad ha de ser respetada por todo el mundo y, antes que nadie, por el beneficiado con su designación.
​Ahora bien, tratar de establecer sanciones a políticos o partidos por el incumplimiento puro o simulado de las promesas es tarea casi imposible. Los diputados no están jurídicamente obligados a realizar lo prometido en campaña. El artículo 67.2 de la Constitución Española dice que “los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo,” lo que les permite decidir en conciencia sin necesidad de rendir cuenta de su gestión ante los ciudadanos. Otra cosa es que traten de justificar los incumplimientos para evitar que los electores los penalicen negándoles el voto en los siguientes comicios.
​Ese trilero de la política que es Artur Mas escenificó en 2006 ante tres notarios de Barcelona una especial asunción de responsabilidades mediante un llamado “contrato con los catalanes”, que envió a 5,3 millones de electores para que se adhirieran a él reenviando un cupón a una página de su partido o rellenando un formulario. Pues bien, todas estas triquiñuelas desembocaban en que el incumplimiento de sus promesas “podía conllevar implicaciones políticas”, es decir, que los ciudadanos podían no votarle en los comicios posteriores. ¡Una burla más de este tramposo a su electorado que pudo creer que mediante ese supuesto compromiso se le otorgaba algo que no tenía con antelación!
​En fin, como en tantas ocasiones hay que acudir a Roma como unidad histórica en la que cristalizaron variadas experiencias para rescatar de ella una idea que, según Polibio, fue una de las causas del éxito de la Constitución Romana: el poder autocrático de los Cónsules. Con la fundación de la República fueron escogidos dos cónsules que desempeñaban el cargo durante un año y ejercían la mayor parte de las competencias que antes desempeñaba la realeza. Ambos, de igual autoridad y contrapeso el uno respecto del otro, ocupaban el más alto puesto de la república, convocando y presidiendo el Senado, ejecutando sus decretos y levantando y mandando el ejército. Dice Montesquieu en la “Grandeza y decadencia de los romanos” que “Roma estableció cónsules anuales; esto es lo que la llevó a tan alto grado de poder…los jefes se renovaban todos los años, y deseando dejar huella de su paso para obtener otros cargos, no había hora perdida para la ambición …”
Tal vez el ritmo veloz de la tecnología, ahora más que nunca protagonista de la historia, permita establecer un mandato más corto entre los comicios, expulsando de la vida pública a los políticos o partidos incumplidores, y ello  sin perjuicio – si gozáramos de otra judicatura- de castigar imparcialmente y con rapidez a los que delinquen o se enriquecen a costa de los ciudadanos.
 

Flash Derecho: más 144.000 ciudadanos se adhieren a la petición de HD de condecorar a Ana Garrido, la funcionaria que destapó la trama Gürtel

Una sociedad se reconoce por el tipo de personas a las que premia. En la Grecia clásica se honraba el valor guerrero y la excelencia deportiva. Posteriormente, el talento estratégico y la oratoria brillante. Otras sociedades han premiado a artistas-cortesanos, (como a nuestro Velázquez), a genocidas especialmente eficientes (como en la Alemania nazi) o a denunciantes de conductas contrarrevolucionarias en el seno de la propia familia (como en la China de Mao y en la actual Corea del Norte). Y nosotros, ¿a quién premiamos?
El artículo 1 del Reglamento que la regula indica que la Orden del Mérito Civil tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil adquiridos por el personal dependiente de alguna de las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de la Ley 30/92, o por personas ajenas a la Administración que presten o hayan prestado relevantes servicios al Estado, con trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes.
Entre los receptores de las mayores condecoraciones (Collar y Gran Cruz) en los últimos años, podemos destacar (al margen de mandatarios extranjeros), a Pedro Solbes y a Amancio Ortega.
Nos alegramos mucho del éxito empresarial de Amancio Ortega, pero pensamos que, como decía San Agustín de los romanos para negarles el acceso a la vida eterna, “os aseguro que con su éxito terrenal ya tuvieron suficiente recompensa”. Por otra parte nos preguntamos qué “relevante servicio al Estado” prestó Pedro Solbes al dejar que la burbuja inmobiliaria creciese hasta ese nivel espantoso. Quizás no sea ahí, sino en la “constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes”, donde haya que buscar la explicación: seguramente se premie haber protestado en silencio y no hacer ruido al marcharse para no molestar a su señorito.
Pues bien, en base a la propuesta que hicimos aquí, durante estos días de agosto, casi 150.000 españoles han manifestado su deseo de querer ser reconocidos en el futuro por algo mejor: por formar parte de una sociedad que ha premiado a una simple funcionaria que decidió prestar un relevante servicio al Estado, más allá del estricto cumplimiento de sus deberes, asumiendo un coste personal importante por hacerlo.
La petición les honra casi más a ellos que a la propia funcionaria. Y, por eso, en su reconocimiento, procederemos a presentar formalmente esta petición en el Ministerio de Justicia durante el próximo mes de septiembre, con el objeto de que, al amparo del art. 7 del Reglamento, el Sr. Gallardón formule la correspondiente propuesta al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Queremos averiguar de esta manera si nuestro Ministro de Justicia está también interesado en formar parte de una sociedad que se reconozca por premiar estos valores o si, por el contrario, prefiere la de siempre, en la que tan bien le ha ido a tantos integrantes de su partido.
Seguiremos informando.

El postureo legislativo

El presente artículo fue publicado recientemente por el diario El Jurista, según puede verse aquí. El autor nos ha autorizado a su reproducción en este Blog, lo que hacemos encantados dado su indudable interés y calidad. El uso propagandístico de las normas es una costumbre que se extiende y que es preciso denunciar. (Los editores).
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El postureo es una actitud que se basa en el deseo de mostrar a los demás una cualidad, que en realidad no se tiene, con la intención de lograr una apariencia atractiva frente a la gente. Es propio, sin duda alguna, de las tendencias conectadas con el florecimiento que ha existido en los últimos años del empleo de las redes sociales por parte de un gran sector de la población.
Resulta necesario detenerse un momento y entender que el postureo ya ha sido objeto de reproche en el ámbito de lo político en algunas situaciones en las que puede haberse producido, como la de la presunta pasividad por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en el caso de la menor transexual que tuvo que cambiar de centro escolar por ser discriminada, la de la visita de Elena Valenciano a Extremadura antes de las elecciones al Parlamento Europeo, o la de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cuyas bases no fueron respetadas por el Parlamento estatal. La conducta relacionada con la intención de mostrar una apariencia deseable existe en sectores como el legislativo desde hace años, en el que se pueden encontrar normas que fueron promulgadas, más que para cambiar una figura jurídica y con ello un aspecto de la sociedad, para conseguir ocupar los titulares de la prensa en un momento determinado o para obtener una mayor popularidad política, al contrario de lo que pasaba hasta hace más de una década, en un momento en el que se le otorgaba seriedad a la legislación, que se utilizaba, no como instrumento publicitario, sino como una herramienta para lograr, exclusivamente, la alteración efectiva de la vida de la ciudadanía.
El postureo legislativo lleva años siendo practicado por el Parlamento estatal y por los Parlamentos de las distintas Comunidades Autónomas, pero también por el Gobierno estatal y por los Gobiernos autonómicos a través de los Decretos-leyes, sin que se puedan hacer distinciones entre los partidos políticos que controlan los poderes legislativos y los poderes ejecutivos que hay en España, ya que todas las formaciones han empleado en una medida similar la creación de normas para alcanzar una buena imagen de cara a la opinión pública y otros fines de naturaleza mediática. A nivel estatal, el postureo legislativo provocó la promulgación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible según algunos y con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ha sido criticada por la Unión Europea. Además, se ha podido dar algún caso de postureo en lo que se refiere a normas autonómicas que plantean problemas de eficacia en las Comunidades Autónomas, como ya sucedió, según lo que se dice en El Blog Salmón, en Cataluña, con la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, y en Andalucía, con el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, que fue analizado por Ignacio Gomá Lanzón en un interesante artículo.
El caso más claro de promoción política a través del campo legislativo hasta hace unos años era el del Derecho Penal simbólico, constituido por reglas sancionadoras que, únicamente, sirven para conseguir los aplausos de la ciudadanía. El fenómeno de las normas jurídicas simbólicas se ha extendido, desgraciadamente, a los demás ámbitos del Derecho Público y a ciertos aspectos del Derecho Privado desde el campo penal y, además, se han propagado sus devastadoras consecuencias.
Crear leyes pensando únicamente en la propaganda que pueden suministrar es legislar por legislar y provoca, en la mayoría de las ocasiones, que se creen normas jurídicas con demasiada rapidez, que no se emplee la técnica legislativa adecuada y el establecimiento de la inseguridad jurídica, que termina produciendo efectos negativos en el desarrollo de la actividad de los sujetos públicos y privados. Las normas jurídicas tienen que ser las justas y las necesarias y deben ser, necesariamente, eficaces y eficientes.
Lo mejor para todos los ciudadanos y para los operadores jurídicos es que no exista ninguna tendencia relacionada con lo que se puede denominar el postureo legislativo y que se produzca la legislación justa y necesaria de la forma adecuada para reglar de manera efectiva las relaciones que hay entre los distintos sujetos privados y públicos que actúan en la sociedad, garantizándose la seguridad jurídica. De lo contrario, el Estado de Derecho continuará derrumbándose como un viejo edificio cuyos cimientos no han sido correctamente cuidados.

¿Dónde puedo consultar para no invertir en un chiringuito financiero?

Jordi García está preocupado por su futuro. Comienza a ver más cerca la vejez. Su situación es desahogada, tiene un dinero ahorrado y quiere tener cubierta su jubilación. Desea invertir sus ahorros de forma segura. No quiere jugar en Bolsa. Solo quiere mantener su capital con alguna rentabilidad. No comprende las complejidades de los mercados financieros y desconfía de las ofertas agresivas que prometen grandes beneficios sin avisar de los riesgos. Quiere ir por caminos oficiales; no arriesgarse fuera de ruta. Es un padre de familia prudente. No es avaricioso. Tampoco es tonto. No quiere esconder sus ahorros bajo del colchón y sacarlos en su jubilación cuando la inflación se ha comido su valor. Quiere contratar con una entidad financiera oficial, registrada en el Banco de España o en la CNMV. No quiere contratar con un chiringuito financiero. Su padre perdió una fortuna en Sofico. Y todavía recuerda la sentencia del Tribunal Supremo que desestimó la pretensión de indemnización por atender a “unas promesas de «negocios fantásticos» hechas con una publicidad que ostensiblemente carecía de autorización administrativa” (STS 25 abril 1988).
Además parientes y amigos de Jordi han perdido el ahorro de su jubilación por atender a las ofertas de Fórum Filatélico, Afinsa o Nueva Rumasa. En estos casos recuerda Jordi un Dictamen del Consejo de Estado en el que este organismo desestimaba las pretensiones de los inversores porque “prefirieron contratar con esta entidad en lugar de acudir a sociedades de inversión que operaban en los mercados de valores o a entidades de crédito sujetas a supervisión y dotadas de mecanismos de garantía del inversor” (Dictamen del Consejo de Estado de 27 de noviembre de 2008, número 1974/2008). También recuerda Jordi lo que este organismo le dijo a un vecino que había invertido a través de la agencia AVA a quien reprochó no haber acudido previamente a la CNMV “al objeto de verificar si figuraba en sus registros públicos como entidad habilitada para actuar en el mercado de valores correspondiente” (Dictamen del Consejo de Estado de 16 de diciembre de 2004, número 2746/2004).
Con estas experiencias sufridas por personas de su entorno Jordi no quiere invertir en un chiringuito financiero. Quiere comprobar antes de adquirir un producto financiero que la entidad que se lo ofrece está inscrita en los registros oficiales. Pero no sabe dónde hacer la consulta. Jordi fue emigrante y sabe que en Francia hay un portal con un buscador muy simple donde se pone el nombre de la empresa y se puede saber al instante si es una entidad registrada y las actividades que puede desarrollar en el mercado financiero (www.orias.fr).
Jordi es muy prudente, antes de acudir al médico consulta en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España si está colegiado. Es muy sencillo pues hay una ventanilla única con una pestaña en la cual se puede consultar si un médico está colegiado (http://cgcom.vuds-omc.es/). Su familia bromea por lo desconfiado que es. Una vez tuvo que contratar un abogado y lo primero que hizo fue verificar que estaba colegiado. El Consejo General de la Abogacía Española dispone de un Censo General de Letrados en el que se puede comprobar la colegiación de un abogado. Tienen hasta un App para acceder con el móvil.
Del mismo modo que protege su salud y sus derechos, Jordi quiere defender sus ahorros consultando si la empresa que le ofrece los productos financieros es una entidad registrada. Con esta finalidad Jordi visita los portales del Banco de España y de la CMNV pero no encuentra ninguna pestaña que le ofrezca el servicio. En el portal del Banco de España se limitan a reenviarle al de la CNMV, en el que le recuerdan que debe “asegurarse de que la empresa con la que opera está autorizada para ofrecerle los servicios que está demandando”, lo cual acrecienta su preocupación. Sólo encuentra largos listados de uso imposible para un profano y remisiones a otros organismos.
Jordi no entiende que pueda verificar que su médico o abogado están colegiados y que no pueda consultar si su entidad financiera está registrada. Un amigo de la familia le comenta que existe un portal de educación financiera que le puede resultar de utilidad. Sigue esta pista y accede al portal «Finanzas para Todos» patrocinado por el Banco de España y la CNMV. Pero en esta web no hay ninguna pestaña para verificar si una entidad que ofrece servicios financieros está registrada. De nuevo se encuentra con advertencias, en este caso en tono más grave: “Nunca confíe su dinero a un intermediario no autorizado, por muy profesional que parezca o por muy tentadora que sea su oferta. ¡Recuerde! Sólo las entidades autorizadas e inscritas en los organismos oficiales pueden prestar servicios de inversión. Compruebe los registros públicos de la CNMV para evitar ser víctima de intermediarios fraudulentos (“chiringuitos financieros”).” Es un círculo vicioso, le reenvían al portal de la CNMV en el que no hay ninguna facilidad para acceder a las entidades registradas. Además de lo poco que conoce Jordi de finanzas es un mensaje confuso pues reenvía a los registros de la CNMV, cuando  los bancos se registran en el Banco de España y las empresas de seguros en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Jordi recuerda el caso de un pariente que perdió sus ahorros en un producto que llamaban «Unit Linked», comercializado como un seguro.
Jordi no puede creer que el Banco de España y la CNMV con presupuestos específicos para esta tarea a través del portal «Finanzas para Todos» y siendo conscientes de la importancia que tiene para el ahorrador saber si está contratando con una entidad registrada o con un chiringuito financiero, no ofrezcan esta herramienta, ni tengan previsto ofrecerla según el Plan de Educación Financiera 2013-2017. Según puede leer el Plan de Educación Financiera se financia con recursos del Banco de España y la CNMV. Lleva funcionando desde 2008. Pero en estos siete años no ha sido capaz de ofrecer un buscador para que el ahorrador pueda comprobar que contrata con un intermediario con registro oficial. Incluye advertencias sobre lo importante que es esta comprobación, pero no ofrece la herramienta para acceder a la información. ¡Qué poco costaría ofrecer una pestaña en el portal de Finanzas para Todos en el que cualquiera pudiera comprobar si la oferta de un producto financiero procede de una entidad registrada o de un chiringuito!, piensa Jordi.

¿España bolivariana?

En los últimos años se ha hablado, dentro y fuera de este Blog, de la «argentinización de España», para referirse a ese proceso de progresivo deterioro institucional que sufre nuestro Estado de derecho. La desactivación de los controles y equilibrios del poder político, la colonización partitocrática de toda clase de instituciones, incluidas las encargadas de tales controles, la generación de un clima de irresponsabilidad de nuestros dirigentes incluso en casos de corrupción, y la utilización de un aparato burocrático excesivo al servicio de los intereses de las élites gobernantes y de sus redes clientelares, antes que de los generales, serían síntomas que definirían ese proceso.
En los últimos tiempos, con el estallido de la crisis económica y financiera, tan íntimamente ligada también a la institucional, se ha producido además un nuevo fenómeno que parece confirmar esa deriva que nos aleja de las democracias avanzadas: la aparición de un populismo rupturista, con unos planteamientos aparentemente muy naïf, encarnado, sobre todo, en el movimiento político Podemos y en su líder más visible, Pablo Iglesias.
Me ha llamado la atención al respecto un análisis realizado por la periodista hispano-venezolana Yael Farache en su blog Acapulco70, que pueden ver aquí, sobre las importantes analogías de la situación que enfrenta España con las que desencadenaron el proceso que ha seguido Venezuela. Y que ha llevado a este país a la triste situación donde hoy se encuentra.
No es preciso estar de acuerdo con todo el extenso e interesante análisis de Yael Farache. Pero en muchos aspectos lo considero certero. Y, desde luego, es merecedor de una atenta lectura, aunque nos vaya a resultar inquietante. Porque su tesis es que España tiene buenas posibilidades de deslizarse en un futuro inmediato, de la mano de ese movimiento político populista, por un proceso muy semejante al venezolano y de perder en ese camino gran parte de las libertades que aún nos caracterizan como verdadera democracia, por imperfecta que sea. La tesis puede sorprender a muchos, confiados en que esto, en España, en un país en la UE, nunca podría ocurrir. Sin embargo la autora nos desafía al respecto con otra comparación: hace unos cuantos años tampoco en Venezuela podía creer casi nadie que la situación de su país iba a acabar pareciéndose en tantos aspectos a la de Cuba.
¿Vamos con los parecidos?
Chaves partió de una situación muy semejante a la del líder de Podemos. La crisis política y económica que enfrentaba Venezuela tenía en gran parte su origen en la corrupción de los partidos políticos tradicionales, dedicados al gobierno de lo público pensando sobre todo en la satisfacción egoísta de sus propios intereses. En manifiesta complicidad con ellos se había colocado también gran parte del poder económico y financiero. Y la pobreza se había extendido incluso a una clase media que nunca fue allí lo suficientemente extensa y fuerte.
En ese ambiente general de indignación y desafección, llega Chavez con un origen y mensaje distintos al de los políticos tradicionales y explica ese diagnóstico a la gente común en su propio lenguaje, con unas palabras que pueden entender. No es difícil deducir el paralelismo con la campaña que desarrolla hoy en España Pablo Iglesias, dotado de una habilidad dialéctica indudable y bien entrenada. Aunque carezca, al menos todavía, del carisma del fallecido caudillo venezolano. Pero no puede extrañarnos esa semejanza si pensamos que Iglesias y los principales líderes de Podemos no sólo han recibido generosas subvenciones del Chavismo a través de la Fundación Ceres , sino que incluso han residido y recibido formación en Venezuela, contratados allí por su gobierno como «asesores», durante años.
Podemos no ha manifestado nunca tener la intención de implantar un régimen autoritario, populista y caudillista. Pero también es cierto que tampoco lo reconoció Chavez en los comienzos de su asalto al poder. Si vemos la entrevista de este vídeo que nos enlaza la autora, y que merece verse hasta el final, no sabemos de qué sorprendernos más: si de la moderación del talante y de las propuestas del primer Chavez o de lo falso que todo ello resultó. Nuestros propios líderes bolivarianos tampoco quieren aparecer hoy como enemigos del pluralismo político, pero tampoco tienen reparo alguno en defender sin ambages un régimen chavista que lo es.
La periodista nos previene del peligro de las soluciones populistas alternativas que Podemos ofrece. Reseño sus propias palabras. «Cuando un país está pasando por una situación difícil como la que vive actualmente España es fácil aferrarse a una idea bonita. Creer en una promesa que te sugiere que existe una solución para los problemas que estás atravesando y que es tan simple como votar a una persona determinada, funciona como un bálsamo que calma la ansiedad y te permite seguir adelante». Y nos sigue diciendo: «Buscar ilusiones cuando la cosa está mal es un impulso natural, es casi un instinto. Por naturaleza la gente busca todas las evidencias que le confirmen su ilusión y les permita seguir creyendo en ellas. Por eso es tan fácil engañarlos, porque la mitad del trabajo lo hace la víctima. Por eso la gente es más susceptible a tragarse las manipulaciones políticas en épocas de crisis y por eso creen en justificaciones absurdas que no tienen pies ni cabeza».
A su juicio, los objetivos del nuevo movimiento político en España van a ser los mismos que ya ha conseguido el chavismo «bolivariano». Aunque, obviamente, para ello el camino y la estrategia tengan que ser diferentes, y adaptarse a nuestra específica realidad. Su meta fundamental sería la implantación de un nuevo régimen político en España, de corte autoritario, caudillista y populista, empeñado en su propia permanencia sin reparar en límites. Los medios para ello serían una política de agitación permanente («frente al enemigo»), y un intenso control propagandístico de la sociedad. La separación de poderes, y los medios de control del poder político que son característicos de las democracias avanzadas de nuestro entorno y que en España, aun gravemente deteriorados, siguen existiendo formalmente, se anularían bajo la acusación de ser reaccionarios y contrarios a la voluntad del pueblo plebiscitariamente manifestada. Y los que quieran engañarse con la creencia de que un cambio constitucional antiliberal no sería posible en el seno de la UE deberían considerar que ya ha ocurrido en otro país: Hungría.
El desprecio de los dirigentes de Podemos por nuestro marco constitucional, expresado incluso en la forma de prometer sus cargos electos, y su propuesta de abrir un proceso constituyente «que consiga una democracia verdadera» son pistas claves al respecto. Desde el pasado siglo todos los regímenes autoritarios se han empeñado en poner calificativos a la palabra democracia («popular», «nacional», «orgánica»…), como forma de disfrazar su verdadera voluntad de anularla.
Ese objetivo es obvio que no puede desarrollarse en una sociedad que cuente con una información libre y plural. El proyecto requeriría el dominio de los medios de comunicación y su sometimiento a los objetivos propagandísticos del nuevo poder, como ha ocurrido ya en Venezuela. De hecho en el manejo de los medios alternativos e informales, y de la propaganda, los integrantes de Podemos ya se han revelado como grandes expertos. Probablemente han tenido para ello buenos maestros. Su experiencia en las redes les debe haber hecho conscientes de su potencial y, por tanto, de la necesidad de controlarlas
¿Cuánto podría durar un blog crítico como éste bajo un gobierno consolidado de Podemos? Las palabras de Iglesias sobre la necesidad de establecer mecanismos de control público a los medios «para liberarles de los condicionantes de las empresas privadas y partidos políticos» y para que puedan así ejercer lo que sería su particular visión de la «libertad de prensa» no pueden ser, al respecto, más inquietantes.
Ese objetivo de mantenimiento del poder exigiría también el control de la población a todos los niveles, y la transformación de nuestro modelo económico de libre empresa. Y las restricciones afectarían hasta a aspectos de nuestras vidas privadas que hoy nos parecen sagrados. Por ahora simplemente han anunciado en su programa la primera ola de expropiaciones y nacionalizaciones, por cierto a contracorriente de los países socialmente más desarrollados, incluidos los nórdicos. Pero, lo mismo que ocurrió con Chavez, es muy improbable que fuera la última. Y las sugerencias de abandonar el euro para, en su caso, tratar de constituir otra moneda común con los países del sur de Europa dan verdaderos escalofríos si vemos el manejo que el régimen bolivariano ha hecho y sigue haciendo de su moneda, y la inflación de vértigo que ésta ha sufrido.
No me cabe duda de que muchos van a acusar al artículo de Yael Farache, como también a este post, de ser exagerados y tergiversadores. Frente a estas o semejantes acusaciones es previsible que los que están en el nucleo de ese proyecto político se defiendan como lo han hecho hasta ahora: más que con contra argumentos y datos ciertos, con una estrategia de descalificación de sus oponentes, presentados como representantes de las fuerzas oscuras que hoy detentan el poder. Que este análisis se haga desde un blog independiente y crítico y sin pelos en la lengua para señalar y denunciar nuestras deficiencias institucionales y para pedir reformas sustanciales, como es éste, no será obstáculo para ello. Los líderes de Podemos, formados en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complitense y en Venezuela en el dogmatismo y en el desprecio por un debate libre y constructivo, están entrenados en una reducción simplista y maniquea de la realidad en la que sólo ellos y sus cómplices son los buenos.
De hecho, lo mismo que el nacionalismo, el islamismo radical y otros movimientos políticos cultivadores de odio, ese partido necesita imperiosamente un enemigo externo pintado en tintes muy oscuros, tanto para llegar al poder como para poder permanecer en él. Como nos ha enseñado la praxis de los Gobiernos bolivarianos en Venezuela y de otros semejantes, ese enemigo en gran parte imaginario es la gran excusa para justificar las dificultades y la ruina económica que estos regímenes traen consigo. Y también sus tropelías, abusos, represiones y persecuciones.
Para otros, sin embargo, la resistencia a comprender esa realidad puede tener otro origen. Es duro admitir que Podemos, como hicieron en su día sus mentores del otro lado del océano, están desarrollando una estrategia engañosa para tomar un gobierno sesgado que acabe con muchos derechos y libertades fundamentales. Por la sencilla razón de que será el fin de una ilusión, de una esperanza de salir de una situación difícil. Pero los datos están ahí, y no van a desaparecer por matar, o simplemente descalificar, a los mensajeros que los aportan.
El hecho de que el descontento tan justificado de una base social numerosa se esté canalizando hacia un partido de raíces totalitarias y que promete soluciones imposibles, en vez de hacia otros partidos reformistas y regeneracionistas que no son responsables de la situación y la denuncian desde posiciones genuínamente democráticas dice mucho de las carencias en formación cívica de la sociedad española. E incluso de las de nuestro sistema educativo. Un problema que puede dar para muchos posts.
La consolidación de ese movimiento que está devorando rápidamente las bases de los tradicionales partidos de izquierda tiene, sin embargo, entre sus adversarios un posible benefiario en el corto plazo: el Partido Popular. Que precisamente ha sido también uno de los grandes responsables de que haya surgido ese movimiento por su complicidad en el proceso de deterioro de nuestro régimen político. El beneficio podría lograrlo si el nuevo partido le sirve para movilizar a suficientes votantes, con el argumento «del miedo» de ser la única barrera frente a esos nuevos bárbaros, como para poder seguir así en el poder tras las próximas elecciones. Pero sería una maniobra arriesgada y, en todo caso, cortoplacista si no evita que Podemos quede como protagonista fundamental de la oposición.
Si hubiera suficiente conciencia y racionalidad en nuestra clase política, el objetivo debería ser la desactivación de un movimiento tan peligroso de mejor forma, y de la única en que tal vez sea ya posible: exigiendo las responsabilidades que sean precisas, incluso hasta el más alto nivel, y acometiendo esa profunda reforma de la que nuestras instituciones están tan necesitadas. No para acercarnos a los regímenes populistas bolivarianos, sino más bien, en la dirección contraria, a las democracias más avanzadas de Europa occidental. Es cierto que ello les supondría a nuestros políticos notables sacrificios y renuncias en su actual status, en beneficio de la sociedad a la que deberían servir. Pero ya que no lo han querido hacer por generosidad y altura de miras, por sentido de Estado, que lo hagan al menos por un puro y básico instinto de supervivencia. Debemos ser conscientes, con la suficiente perspectiva histórica, de que, como dice Yael Farache, «La libertad es algo frágil. Conquistarla es un proceso largo y duro, pero perderla es muy fácil».

Encuestas, consultas y referendums

Una de las falacias que más se repiten en relación a la consulta prevista para el 9 de noviembre es la de que se trata tan solo de saber lo que piensan los catalanes, sin que eso tenga consecuencias jurídicas. Es decir, se plantea la consulta como si se tratara de una mera encuesta. De este planteamiento falaz se siguen varias consecuencias, tanto en lo que se refiere a la legalidad de la consulta como en lo referente a su legitimación y justificación. Sobre lo primero se mantiene que lo establecido por la Constitución y el Tribunal Constitucional en relación a los referéndums no es aplicable a la consulta. En relación a lo segundo se sostiene que no existe ningún mal en conocer la opinión de los ciudadanos sobre un tema de interés como es éste. Ambas afirmaciones son falsas y consecuencia de una falacia y de una errónea interpretación de lo que son las consultas y los referéndums. Aquí me intentaré ocupar de ello.
El error de partida es asumir que solo las consultas vinculantes son referéndums. Este es un error (o una mentira) repetido por doquier, incluso en la propaganda que Diplocat realiza en el exterior a favor de la consulta (aquí puede verse la respuesta de Societat Civil Catalana a dicha propaganda); pero que carece de base alguna. En España los referéndums son, en principio, no vinculantes cuando se refieren a decisiones políticas (art. 92 de la Constitución: “Las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”). Es claro que el referéndum es consultivo –no vinculante- y que, por tanto, de lo que se trata es de conocer la opinión de la ciudadanía en relación a una cuestión política, aunque sin que el referéndum tenga carácter vinculante (su carácter es meramente consultivo).
Aparte de estos referéndums consultivos, el Derecho español también prevé otro tipo de referéndums que se insertan en determinados procedimientos legislativos o de creación de las Comunidades Autónomas. En concreto, la Constitución prevé dos tipos de referéndums de reforma constitucional, uno en el art. 168.3, en relación al procedimiento agravado de reforma constitucional, y otro en el art. 167.3 para los supuestos de reforma de la Constitución por el procedimiento simplificado. En el art. 152.2 de la Constitución se prevé también un referéndum vinculante para la reforma de determinados Estatutos de Autonomía y en el art. 151.1 también de la Constitución se regula un referéndum en el procedimiento de creación de las Comunidades Autónomas. La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución prevé también un referéndum específico para el caso de que Navarra deseara incorporarse a la Comunidad Autónoma Vasca. Además, algunos Estatutos de Autonomía también prevén que su modificación debe ser ratificada por referéndum (art. 248 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, art. 115 del Estatuto de Autonomía de Aragón o art. 222 del Estatuto de Autonomía de Cataluña). Aquí no trataremos estos referéndums ya que el que nos ocupa ahora en Cataluña es del primer tipo, un referéndum consultivo en relación a una decisión política.
Este tipo de referéndums están regulados en la Constitución y la competencia para la autorización de tales consultas es exclusiva del Estado (art. 149.1.32ª de la Constitución: art. 149.1 de la Constitución: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) 32ª. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”). Es decir, la autorización para celebrar referéndums consultivos es una competencia estatal de carácter exclusivo. Esta competencia no se limita a los referéndums vinculantes, como pretende la propaganda secesionista; sino a todos los referéndums. Esto es, a todos los supuestos a los que se consulte al conjunto del electorado en relación a una decisión política (Sentencia del Tribunal Constitucional 103/2008). La competencia para autorizar el referéndum es, por tanto, estatal y una ley autonómica que permitiera la realización de este tipo de consulta sin la autorización del Estado sería claramente inconstitucional.
No puede dejar de señalarse que la competencia autonómica en materia de referéndums no se ve limitada únicamente por la previsión del art. 149.1.32ª de la Constitución, sino que también ha de tenerse en cuenta que el art. 92.3 de la Constitución prevé que una ley orgánica ha de regular las condiciones y procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución, lo que implica que también la competencia para la regulación del referéndum es estatal, habiéndola ejercido mediante la Ley Orgánica 2/1980. La competencia estatal en materia de regulación del referéndum no solamente deriva, además, de la previsión del art. 92 de la Constitución, sino también de la genérica del art. 81 CE para el desarrollo de los derechos fundamentales, ya que el referéndum es una manifestación del derecho de participación política (art. 23 de la Constitución). Así lo estableció el Tribunal Constitucional en su ya citada Sentencia 103/2008 (Fundamento Jurídico 3). No insistiré, sin embargo, en este aspecto porque creo que ya queda suficientemente claro que una consulta como la prevista por algunos partidos para el mes de noviembre en Cataluña es absolutamente incompatible con las normas fundamentales de nuestro ordenamiento.
El error, por tanto, está en, de manera totalmente injustificada, pretender que la competencia exclusiva del Estado alcanza tan solo a los referéndums vinculantes, siendo el resto meras consultas que podrían ser decididas por las Comunidades Autónomas. Esto, como digo, es radicalmente falso.
El discurso secesionista no descansa solamente en la falsedad que acabo de señalar, sino que, además incurre en una falacia. La falacia, que adelantaba al comienzo, es desvincular la consulta de la decisión política a la que se refiere. Como digo los independentistas y sus aliados plantean con aparente o real ingenuidad que no hay ningún mal en saber lo que piensa la gente. Bien, es que una consulta no se hace para saber cuál es la opinión de la gente, sino para adoptar una decisión. De ninguna forma puede desvincularse la decisión de la consulta. La legalidad de la decisión es parte intrínseca en la valoración de la legalidad de la consulta y parte esencial de ésta.
Esto es claro incluso en la Ley sobre consultas que se está elaborando en el Parlamento de Catalunya en estos momentos. Dicha Ley pretende ajustarse a ese sentido reducido de consulta que buscaría conseguir su encaje constitucional; pero en el propio texto de la Ley (art. 8 de acuerdo con el texto aprobado por la Comisión) se establece que una vez realizada la consulta y en el plazo de dos meses los poderes públicos se han de pronunciar sobre su incidencia en la actuación pública sometida a consulta. Es claro, por tanto, que no estamos hablando tan solo de saber si la gente prefiere la música de Bach o de Beethoven, sino de orientar la actuación política, en este caso en el sentido de crear un nuevo Estado, modificar las fronteras del Estado español y alterar la configuración de la Unión Europea, entre otras consecuencias que se derivarían de que Cataluña deviniera un Estado independiente.
Así pues, no es cierto que se trate solamente de saber “qué piensa la gente”, sino que estamos ante un proceso de secesión para el que, evidentemente, la Generalitat, no tiene competencias. Y si la Generalitat carece de competencias para adoptar las decisiones a las que conduciría la consulta tampoco las tiene para convocar la consulta. Por esta vía también se cierra la posibilidad de que la Generalitat pueda convocar legalmente una consulta como la que se pretende realizar en noviembre.
No estamos ante una encuesta, ni ante una consulta sobre si la Diagonal ha de tener tres o cuatro carriles en cada sentido; estamos ante una decisión política cuya competencia excede las que tiene la Generalitat. Es por eso que la consulta no puede ser convocada y que si se convoca será no solamente sin base legal, sino en un consciente desafío al Estado de Derecho de una gravedad insólita en democracia.

Lecturas recomendadas: «El gobierno de sí y el de los otros», de Michel Foucault

Estos días de estío son idóneos para afrontar lecturas que inviten a una reflexión profunda sobre los principios y los problemas claves de nuestra convivencia democrática. Durante el curso nos asaltan problemas políticos y jurídicos concretos a los que hay que dar una respuesta igualmente determinada. Y esa vorágine es poco propicia para detenerse a meditar sobre los presupuestos profundos que deben guiar nuestra opinión y nuestra acción. Así que, puestos a cargar las pilas en nuestro garaje estival, pocas lecturas me parecen más recomendables que este viejo (y sorprendente) curso impartido por Foucault en el Colegio de Francia entre enero y marzo de 1983, y editado en 2008 por Gallimard (traducción española en Akal, 2011).
Lo primero que sorprende, tratándose de una reproducción casi literal del audio de las conferencias, es la claridad, elegancia y precisión del texto. Sin duda que este hombre debió ser un conferenciante excepcional (al margen de ser un filósofo de primera fila, evidentemente)  lo que merece destacarse, ya que son cosas que, para nuestra desgracia, no suelen ir unidas. Parafraseando a Ortega, habría que recordar lo frecuente que resulta que los filósofos sean “descorteses”.
La segunda sorpresa es comprobar cómo la historia griega de un concepto tan aparentemente marginal como la parrhesía (que podemos traducir como “decir veraz”) es capaz de provocar tanta reflexión sobre los presupuestos y los límites de la democracia, y del papel que en ella debe jugar el político, el filósofo y, a la postre, el ciudadano.
Apoyándose en textos de Eurípides, Tucídides y Platón (entre otros) Foucault nos invita a identificar las notas de la parrhesía y distinguirla de otros conceptos análogos, y luego a ser testigos de su evolución y posterior diferenciación en dos tipos fundamentales: la política y la filosófica.
La parrhesía es el decir veraz, franco, sin tapujos. Pero un decir que se ejerce frente al poder y que precisamente por eso mismo exige coraje, en cuanto conlleva riesgos. Esta nota del riesgo –a veces el riesgo de muerte, otras del exilio, la esclavitud o la cárcel- es una nota esencial del concepto.
La parrhesía era consustancial a la democracia ateniense (ya lo apuntó Polibio) porque el buen gobierno democrático exige que el gobernante (según pone Tucídides en boca de Pericles) sea capaz de ver lo que está bien, sepa decirlo a la gente, y tenga el coraje de hacerlo.
No es nada fácil reunir las tres virtudes. Por ejemplo, la mayor parte de nuestros políticos actuales no tiene ninguna de ellas, pese a que algunos hagan carreras fulgurantes. Entre la minoría, los hay con capacidad para ver lo que está bien, e incluso puede que tengan capacidad para decirlo, pero claramente no tienen el coraje suficiente para ello. Interesante al respecto es este artículo de Félix Ovejero (“Todos eran populistas”) en el que se refiere a las declaraciones de Miguel Sebastián advirtiendo de los peligros de la burbuja inmobiliaria… antes de gobernar, claro.
Pero lo más curioso, y lo que este libro que comento revela de manera muy clara, es por qué los poquísimos políticos que son capaces de ver lo que está bien y disponen del coraje necesario para decirlo, no tienen sin embargo la sabiduría suficiente para saber cómo hacerlo.
Estamos casi tocando las íntimas contradicciones de un régimen democrático (y seguro que nuestros abundantes lectores chinos se están frotando las manos en este momento). La primera pregunta que se formula Foucault, ésta de manera explícita, es cómo, siendo la verdad imprescindible para una democracia, puede ésta tolerarla. De hecho, es que hoy sabemos que no la tolera, pues si bien es cierto que decir la verdad no conlleva en la actualidad el ostracismo o el exilio físico, sí implica el exilio político (en forma de derrota electoral o postergación dentro del partido), lo que para el político profesional es casi peor.
Pero la segunda contradicción, que el autor no formula expresamente pero que se deduce claramente de su tesis, es la enorme dificultad que supone saber cómo decir la verdad con un mínimo éxito en una democracia, aun cuando se cuente con el coraje suficiente para ello. Sencillamente, porque la parrhesía política que aspira a influir de manera real en la vida de la ciudad exige un inevitable uso de la retórica -de algún modo refractaria a la propia verdad- mientras que la parrhesía filosófica –por esencia verdadera- es completamente inapropiada para el combate político (aunque, y esa es otra cuestión, enormemente importante para educar al político).
Aclaremos esto último, porque aquí está el meollo del asunto. Frente al modelo de parrhesía política encarnada por Pericles, encontramos el prototipo de parrhesía filosófica en Platón. Éste último se juega la vida varias veces hablando franco a Dionisio de Siracusa. Diciéndole la verdad con el fin de convertirle en filósofo; lo que implica, por la vía de actuar sobre su alma, aspirar a cambiar radicalmente su forma de ejercer el gobierno. Pero es importante resaltar que Platón no pretende que Dionisio realice una determinada política concreta, cualquiera que ésta sea, sino que su decir veraz va dirigido a cambiar la persona del gobernante, es decir, a cambiar al político con el fin de que, aprendiendo a gobernarse primero a sí mismo, aprenda a gobernar a los demás. Entender La República o Las Leyes como una politeia, o como un programa político concreto, es un grave error de comprensión de la filosofía de Platón que Foucault (al igual que otros ilustres investigadores antes o después, como G. Reale) denuncia con vigor (lo que incidentalmente le sirve de excusa para burlarse de ese engendro de K. Popper llamado La sociedad abierta y sus enemigos que, al menos en lo que hace a Platón, solo revela la oceánica ignorancia del autor al respecto).
Este tipo de parrhesía filosófica es imprescindible en una sociedad democrática, como Foucault se encarga muy bien de destacar, pero no puede sustituir a la política. Porque mientras los filósofos aspiran a convertir al poder, adopte éste la forma de tirano o de demos, en el ámbito de la política hay que tomar decisiones todos los días, y tienen que ser las correctas, lo que implica buscar la adhesión inmediata del electorado a las mismas. Eso requiere ver adecuadamente el problema, tener el coraje de resolverlo, y también cierta capacidad de seducción retórica. Los filósofos pueden aporrear a los ciudadanos con el fin de hacerles entrar en razón, ¡pero el político no puede aporrear a su electorado real o potencial si aspira a ganar las elecciones! Tiene que seducirlo.
Pero, ¡ay!, sabemos desde Platón que la retórica es peligrosa y de muy difícil manejo. Se basa normalmente en intereses, conveniencias, en la psicología “realista” de la seducción: en agasajar los sentidos tal como hace el cocinero y no en provocar dolor como muchas veces exige el médico. Cuando uno aprende a conocer a fondo a la bestia y a prever sus reacciones, la tentación no consiste en reconducirla (menos aún cambiarla en otra cosa distinta por conducto de la filosofía), sino en aprovecharse de ese conocimiento para manejarla a nuestro antojo. De esta manera la parrhesía se pierde, porque ya no es un decir veraz al poder que implique un riesgo, sino una utilización interesada de la bestia para usurpar su poder en propio beneficio, o para ponerse a salvo del mismo: ya no se le dice la verdad, sino lo que ésta quiere oír.
¿Es posible entonces una parrhesía política -una retórica- capaz de escapar de estos riesgos? ¿Una retórica que, pese a ser retórica, diga la verdad? La pregunta es muy importante, porque si la respuesta es negativa –y Foucault parece bastante escéptico al respecto- entonces las democracias modernas tienen poco futuro y los chinos van a terminar teniendo razón.
Lo estamos viendo claramente en nuestro país. Contamos con dos populismos formidables: el del PPSOE y el de Podemos, que demuestran un masivo y competente uso de la retórica no para decir la verdad, sino para decir a cada bloque del electorado lo que éste desea oír. Cada uno quiere manejar a la bestia en su propio beneficio: el PPSOE para apuntalar su poder, y Podemos para sustituirlo no se sabe muy bien para hacer qué. Todos aquellos situados en los márgenes o en la mitad corren el riesgo de ser triturados por ambos rodillos.
Frente a esta amenaza la parrhesía filosófica (enfocada a educar y mutar el alma de los ciudadanos) es muy necesaria, sin duda, pero dejémosela a los filósofos. Que ellos asuman el riesgo de irritar a la bestia, como lo asumió Sócrates y Platón. En España hay algunos cuantos muy competentes, sobradamente capacitados para la tarea. Alguno lo ha demostrado ya con creces, como el Sr. Savater, por ejemplo, pero sería necesario que alguien más le diese algún relevo de vez en cuando. No obstante, el apremiante corto plazo no es tarea de filósofos, sino que para eso se necesitan políticos. Políticos que tienen que adoptar y asumir los métodos de la política –no de la filosofía- sin dejarse contaminar por ellos. ¿Es posible?
En otro libro muy recomendable (aunque en mi opinión de bastantes menos quilates que el anterior) Jacqueline de Romilly (Los grandes sofistas de la Atenas de Pericles, 1988) defiende que sí. Al menos Protágoras estaba convencido de ello: a veces el enfermo encuentra amargos algunos alimentos convenientes, pero el médico puede, con sus remedios, invertir la impresión del paciente, de modo que los mismos le parezcan buenos y lo sean; “el médico produce esta inversión con sus remedios; el sofista, con sus discursos”. Si Platón se mostraba escéptico al respecto, era porque consideraba imprescindible para el éxito duradero que el poder aprendiese primero a gobernarse a sí mismo, objetivo que solo la filosofía podía procurar. Pero, ¿acaso no ha habido casos en donde la política ha conseguido en este sentido resonantes éxitos a corto plazo?
Ha habido, desde Pericles, algunos buenos ejemplos. Gente que, haciendo un uso excelente de la retórica, ha conseguido seducir al electorado para hacer lo que éste no quería hacer y era conveniente para todos que hiciese. Ver el problema, tener el coraje de decir la verdad y saber decirla. Está claro que hoy, en las democracias modernas, sólo con dos no vale.

El artículo de Ignacio García de Leaniz: El nuevo regeneracionismo español

Hace poco más de un año, apelaba desde esta Tribuna (“Pidiendo una Generación del 12”, El Mundo, 11-01-2013) a la necesidad de una constelación de ciudadanos con influencia en la sociedad y conocimientos de la estructura del estado, que conscientes de las causas del colapso institucional, económico y social que nos asola, pudiera enderezar el hundimiento colectivo al que asistimos. Que no es otro que el del régimen del 78, cuya descomposición y corrupción actuales nos recuerdan la caída del sistema caciquil de partidos de la Restauración en 1923, o años más tarde, en 1931, la desaparición de todo un régimen. Y no hay que olvidar que el declive actual ya se ha cobrado una abdicación regia forzada, velis nolis, por una corrupción inherente a la quiebra de la separación de poderes que padecemos.
Mas como en nuestro país hay ciertamente gente muy valiosa-aunque no se hable de ella- y abnegada a la que además le “duele España”, resulta que ante la grave crisis en torno, una serie de personas han aunado esfuerzos y vertebrado sinergias para frente a la desesperanza reinante (“así podemos seguir indefinidamente”) dar paso a una desesperación creadora (“así no podemos seguir más: ¡hay que hacer algo!”). Como asumiendo el lema de “no comulgar con ruedas de molino” frente a un entramado institucional no muy distinto al que Joaquín Costa definió en Oligarquía y caciquismo. Y así de forma espontanea se ha ido acrisolando una minoría vital crítica que siguiendo la estela de nuestros mayores regeneracionistas del siglo XIX y pasado (Ganivet, Costa, Maeztu, Unamuno, Machado y Ortega), se han puesto manos a la obra de hacer frente al fracaso democrático nacional cuanto a la corrupción campante que sucede a un poder tan descontrolado como el que hemos consentido.
Tal movimiento regeneracionista aglutina ya una constelación de profesionales con edades que oscilan entre los cuarenta y cincuenta años, siendo su fecha-eje de nacimiento 1968 y el 2014 la de su toma de conciencia de ser una generación dotada de un proyecto sugestivo en común. Año este en el que han empezado a reunirse para analizar la situación nacional y entreverar varias líneas de acción. Sus perfiles van desde abogados del Estado, hasta notarios, profesionales del Derecho, profesores, altos funcionarios, consultores y directivos de empresa. Y hay en este rasgo de la minoría regeneracionista, un hecho bien insólito por significativo: Cómo el actual establishment encarnado por el PP-PSOE y su anejo “capitalismo castizo”, ha perdido el apoyo de las élites más preparadas y se han ganado, a cambio, su beligerancia en pro de una democracia de usos europeos- con igualdad ante la ley- y del fin de la impunidad. Esto es, devolver a España la categoría de Estado de Derecho que ha ido perdiendo paulatinamente en los últimos veinte años.
Y en poco tiempo, como fruta en sazón, han ido cuajando unas iniciativas regeneradoras que dan cuenta de las energías dormidas que hay en el fondo de nuestra sociedad y que hablan todas ellas de una “imaginación creadora” tan necesaria hoy para la encrucijada española. Veamos algunos ejemplos:
1. El fenómeno de “¿Hay Derecho?”: Lo que comenzó como un reducido blog más fundado por cuatro notarios (Ignacio y Fernando Gomá, Rodrigo Tena y Fernando Rodríguez Prieto) y una abogada del Estado (Elisa de la Nuez), se ha convertido al cabo del tiempo en el blog jurídico-y político- más importante de nuestro país, sostenido por muchas horas de saber y esfuerzo. Y sin ningún ánimo de lucro lo cual resulta siempre aval del regeneracionismo verdadero. En la actualidad cuenta ya con más de 200.000 entradas mensuales y sus reflexiones y denuncias sobre la deriva de las instituciones de nuestro Estado de Derecho, son a mi juicio de lo más lúcido y riguroso que se está escribiendo en nuestro país en estas horas inciertas. Un uso inteligente de Twitter permite, además, un grado de difusión y seguimiento notables. Junto a ello, han tenido la feliz idea de publicar un libro fundamental para entender lo que nos pasa como son las reflexiones que constituyen el tomo “¿Hay derecho?”: La quiebra del Estado de derecho y de las instituciones en España, bajo el pseudónimo colectivo de Sansón Carrasco (Península, 2014). Las diecisiete páginas de su introducción suponen una formidable síntesis de nuestros males, carencias y peligros, siendo su lectura indispensable para saber qué nos estamos jugando.
2. La tecnología al servicio del Regeneracionismo: La Fundación Civio. No menos eficaz y fecunda resulta la andadura que a través del uso de las nuevas tecnologías ha emprendido Jacobo Elosua, que fue alto directivo de un conocido banco de inversión multinacional. Su Fundación Civio desarrolla herramientas informáticas que sacan a la luz datos de gran valor cívico y promueven la transparencia tan necesaria, ayudando al tránsito de mero contribuyente a ciudadano. Lo que supone mucho de investigación y de conocimiento de la gestión pública para mejorar el poder ciudadano y la rendición de cuentas institucionales. Secciones como “Tu derecho a saber”, “El BOE nuestro de cada día”, “Quién manda” o “Dónde van mis impuestos”, tienen como fin tanto el control del poder público cuanto una labor de pedagogía conscientes de que el principal problema político de nuestro país sigue siendo esencialmente “pedagógico”, como anotaba Ortega. Pero, sin duda, la sección más conocida de su web es el “Indultómetro” donde han recopilado, desgranado y clasificado toda la información contenida en el BOE sobre los indultos concedidos en España desde 1996, constituyendo una ingente base de datos a disposición de cualquiera de nosotros. De donde puede sacar el lector lecciones varías sobre el grado de impunidad y arbitrariedad que acompañan al ejercicio de nuestro poder político
3. Una herramienta municipal regeneracionista: Basada en la experiencia del ayuntamiento de Torrelodones, y ante la dificultad de conocer las finanzas de los ayuntamientos nacionales y sus normas básicas de gestión, la regeneradora Sociedad Civil Municipal al frente de la cual se encuentra un consultor como Gonzalo F. Atela, ha creado un “kit”, descargable on line, con los puntos básicos que deben conocer los ciudadanos que quieran repetir la experiencia torredolonense, que supone la dignificación de la vida municipal y terminar con la figura de los ediles “cuneros” de los tiempos de la Restauración. Así a través de una serie de guías y procedimientos, las asociaciones ciudadanas se encuentra desde material jurídico a instrucciones sobre cómo gestionar la estrategia en los medios para poder acceder a un poder local cuyo índice de salud moral resulta el quicio de nuestra entera arquitectura política. Con este planteamiento, la posibilidad de importar la figura del “manager municipal” tan popular en los países escandinavos y en Estados Unidos supone una clara perspectiva regeneracionista.
Se me dirá que al fin y al cabo son experiencias todavía modestas. A lo que respondo que mucho peor que no las hubiera. Y que el nuevo regeneracionismo hace camino al andar, deportiva, abnegadamente. Lo cual no es poco.

¿Gestación subrogada sin fronteras?(III) La limitada eficacia de algunas prohibiciones en nuestro mundo global.

LAS SENTENCIAS DEL TEDH
Las cosas parecían resueltas definitivamente en España con la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014. La misma acababa con las esperanzas de los padres genéticos, que habían acudido a la gestación por sustitución en países que reconocían efectos determinativos de la filiación a la misma, de que ésta fuera reconocida en España. Pero el panorama de nuevo ha cambiado radicalmente.
El 26 de junio de 2014, es decir, poco más de cuatro meses después de la sentencia del Supremo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha dictado dos sentencias, esencialmente idénticas en sus fundamentos, en las que condena al Estado francés por impedir el registro de unos niños nacidos en Estados Unidos con reconocimiento allí de su filiación a través de gestación subrogada contratada por unos padres franceses. Son los llamados casos Mennensson y Labasse, con los que ha sentado una importante doctrina.
El inicial rechazo a ese reconocimiento de la autoridad francesa se fundaba en una norma semejante a la de nuestro artículo 10 de la Ley 14/2006 de 26 de mayo. A dicha norma francesa, como en España nuestro TS, se le había pretendido dar también una eficacia extraterritorial por considerarse de orden público internacional francés. Y por ello en Francia se consideraba también aplicable a esas gestaciones por sustitución conseguidas fuera (en Estados Unidos)
El TEDH, sin embargo, considera que esa pretendida eficacia extraterritorial de tales normas es atentatoria contra el interés superior de los menores. Manifiesta que de esa forma se priva a los mismos de algunos de los contenidos esenciales de su derecho a una vida privada que garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Y afirma que no se les puede dejar en la situación de incertidumbre jurídica sobre aspectos esenciales de su misma identidad, como nacionalidad y filiación, que se derivaría de esa negativa a la inscripción.
El TEDH considera conforme al Convenio el que las legislaciones nacionales prohiban el uso de esa técnica reproductiva en sus respectivos países, o que le nieguen en ese ámbito efectos determinativos de la filiación. Pero considera inaceptable el pretender la extraterritorialidad de esas limitaciones, a la vista de los nocivos efectos señalados que de ello se sigue.
El efecto de esas sentencias se ha hecho sentir rápidamente en España. Un portavoz del Ministerio de Justicia anunció el 10 de julio que se va a cursar de forma inmediata una instrucción a todos los consulados españoles para ordenarles que inscriban en sus Registros Civiles consulares a los niños nacidos por gestación subrogada. Tales inscripciones se encontraban paralizadas desde la indicada Sentencia del TS de 6/2/2014. El Ministerio de Justicia considera, razonablemente, que las sentencias del TEDH vinculan también a España y que ese bloqueo debe levantarse de forma inmediata.
El Ministerio ha anunciado también la intención de promover una reforma legal que resuelva de forma definitiva esta situación. La cuestión es trascendente, pues según la Asociación «Son Nuestros Hijos», defensora de esta esta vía de acceso a la paternidad, se firman unos 800 contratos al año por españoles en Estados Unidos con este fin. En dicho país el proceso es cuidadosamente supervisado por un juez para garantizar que la mujer gestante actúa libremente y no empujada por un estado de necesidad, ni explotada por terceros. Si la práctica de ese instrumento había alcanzado esa extensión a pesar de la inseguridad jurídica existente hasta ahora, no es descabellado pensar que el número pueda aumentar de forma sustancial ahora que las dudas parecen definitivamente despejadas.
Y así las cosas ¿Tiene sentido mantener la norma restrictiva del citado artículo 10 cuando es tan fácil saltar la barrera que establece como acudir para ello a Estados Unidos? En realidad dudas semejantes pueden legítimamente plantearse respecto de muchas otras restricciones, prohibiciones y limitaciones legales en las materias jurídicas más diversas. Así como la revolución digital ha hecho mucho más ineficaces muchos de los tradicionales mecanismos de control (como la censura informativa, por ejemplo), la globalización también va a operar en el mundo jurídico en el mismo sentido. Puede gustar o no, pero ese efecto es imparable.
En esta y en otras muchas materias, por tanto, las limitaciones y prohibiciones pueden ser inútiles para un sector de la población, a no se que haya una perfecta coordinación de todas las naciones, de forma que todas las incluyan en sus propios ordenamientos. Pero eso exige una previo consenso universal sobre lo que es y no es admisible que en muchos casos no va a resultar fácil de lograr. En casos dudosos puede ocurrir que, como ocurre en navegación con las «banderas de conveniencia», algunos países encuentren incluso una vía de negocio en su laxitud.
Son, efectivamente, problemas difíciles de resolver. Y en algunos casos, como en el de la maternidad, sazonados además con una inevitable carga pasional.
Lo cierto es que, mientras esa coordinación no se consiga, el efecto de las limitaciones va a ser necesariamente discriminatorio, pues el sector social más informado y con más recursos va a poder eludirlas. Lo que debe ser considerado por los legisladores. Incluso por unos legisladores tan poco propensos a la reflexión sobre las consecuencias de sus productos como son los nuestros.