El caso Pujol o las leyes son para los demás

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Más allá de la investigación que espero que se lleve a cabo sobre el origen real de la ya famosa “herencia opaca” del patriarca de los Pujol –por cierto, la excusa de la herencia presenta interesantes similitudes con la de los premios en la lotería de Carlos Fabra, condenado cual Al Capone local por delito fiscal – me interesa aquí reflexionar sobre el fenómeno del Estado de Derecho “dual”. Se trata de un Estado de Derecho donde las leyes solo se cumplen por quienes no tienen más remedio, pero no por aquellos que tienen en su mano saltárselas sin sufrir las consecuencias. Resumiendo y simplificando, podríamos decir que en  España hay dos tipos de personas: las  obligadas a cumplir la ley (la ciudadanía de a pie) y las que se la pueden saltar impunemente (las personas con poder, tanto político como financiero o económico). Mientras que las personas pertenecientes a la primera categoría tienen que sujetarse a las leyes no solo por convicción sino porque si no lo hacen pueden sufrir las consecuencias (en forma de sanciones de todo tipo incluidas las penales) las segundas, por lo que se ve, ni tienen la convicción de que las leyes hay que cumplirlas ni sufren ningún tipo de consecuencias si no lo hacen.
Se ve que para personas como el ex presidente de la Generalitat las leyes son para los demás, para el pueblo llano. Al parecer la gente que tiene una gran misión en la vida, ya sea construir una nación, asegurar el bienestar de la familia o levantar un imperio económico o financiero se considera exenta de cumplir con la legalidad vigente. A lo mejor es que ni repara en su existencia. Lo lamentable es que todavía queda quien está dispuesto a comulgar con esas ruedas de molino, ya sea por interés o por fanatismo. 
Resulta interesante comprobar que en España hay personas como la Infanta Cristina o como el clan de los Pujol que se creen por encima de la ley y viven con esa convicción tan felices, cual dioses en medio de los simples mortales. Son personas que no tienen que preocuparse no ya por llegar a fin de mes, sino por saber lo que firman o qué impuestos hay que pagar, aunque sean mayores de edad y con plena capacidad jurídica y de obrar. Hasta que les pillan, claro, y entonces su sorpresa y su disgusto son mayúsculos. Pero ¿cómo? ¿Es que me tengo que ocupar yo también de estas nimiedades? ¿Quién se ha creído que es ese periodista, ese Juez, ese Inspector de Hacienda? ¡Usted no sabe con quién está hablando! Por eso la primera reacción es siempre la de envolverse en el manto protector, ya sea el de la Corona, la bandera, el partido o la empresa y matar al mensajero. Ya saben, se trata de una denuncia política, quieren cargarse la institución, el proceso, la marca España, la recuperación, la familia… Lo que pasa es que como la realidad es tozuda al final hay que acabar dando alguna explicación por surrealista que sea. La ventaja es que en España siempre habrá acólitos dispuestos a creerle a uno acerca de la imposibilidad para una persona muy ocupada de regularizar en 30 años herencias opacas. O aunque no te crean qué más da si al final tu tribu  va a cerrar filas y hará todo lo posible para evitarte contratiempos. Cuestiones personales y pelillos a la mar.
Lo más curioso es que muchas de estas personas  que podríamos denominar “de primera categoría” (aunque solo en términos jurídicos, porque parece claro que desde el punto de vista ético no tienen ninguna) ostentan o han ostentado importantes responsabilidades de Gobierno. Eso quiere decir que, además de tener que cumplir las leyes como todo hijo de vecino, por mucho que les moleste, tienen la responsabilidad de velar por su cumplimiento como recuerda nuestra maltrecha Constitución, en concreto en su art.9. Por esa razón, la deslealtad de un político o un gestor público con el Estado de Derecho es mucho más relevante que la de un simple particular. No es solo una cuestión de ejemplaridad pública, es también una cuestión política y jurídica de enorme gravedad.
Por eso cuando alguien toma posesión de un cargo público lo que promete o jura es cumplir y hacer cumplir la Constitución. De hecho, nuestra normas recuerdan que en el acto de toma de posesión de cargos o funciones públicas en la Administración quien haya de dar posesión formulará al designado la siguiente pregunta: «(Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo… con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado?». La respuesta lógicamente tiene que ser afirmativa. No se trata sólo de una fórmula más o menos retórica de cara a la galería, o de una especie de trámite, sino de la expresión del compromiso que asume quien se dispone a ocupar un cargo al servicio de los intereses generales en el marco de un Estado democrático de Derecho. Por eso el incumplimiento debe acarrear consecuencias  políticas pero también jurídicas.
El caso Pujol es una muestra más –no sabemos cuántas más nos quedan por ver- del estado terminal de nuestro Estado de Derecho, porque un Estado de Derecho “dual”, es decir, un Estado de Derecho que solo es capaz de imponerse a los débiles y no es capaz de controlar a  poderosos sencillamente no es digno de tal nombre. Además está amenazado de ruina porque es más que probable que la convicción de que las leyes han de cumplirse voluntariamente disminuya peligrosamente también entre la ciudadanía al percibir que hay personas que están por encima de la ley. Porque si hay algo que no es tolerable en una democracia son los privilegios. Ya está ocurriendo algo así con las leyes fiscales, pero después pueden venir todas las demás. Si dejamos de creer en nuestras leyes tarde o temprano dejaremos de cumplirlas porque sencillamente no es posible poner un policía, un juez o un inspector de hacienda detrás de cada ciudadano.
En definitiva, que una persona con mucho poder haya estando violando la ley durante muchos años sabiéndose impune denota sencillamente la existencia de una enfermedad política y moral de primera magnitud en Cataluña y en España que puede acabar con nuestra democracia. Un poder descontrolado es siempre un poder no democrático. Un Estado de Derecho implica la existencia de poderes y poderosos limitados por normas y en esa limitación se encuentra su verdadera grandeza. Sinceramente, creo que el que no lo entienda así no puede considerarse un gobernante verdaderamente democrático por muchas elecciones que gane.

Lecturas de verano: el nuevo regeneracionismo

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Reproducimos por su interés el artículo publicado en EP hace dos domingos por Jesús Fernández Villaverde y Luis Garicano sobre el nuevo regeneracionismo y las lecturas recomendadas, entre ellas nuestro libro ¿Hay derecho?
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Nuestra normalmente apática sociedad civil se moviliza periódicamente para exigir cambios institucionales que nos acerquen más a Europa (no hablamos aquí de los que buscan imitar a nuestros arruinados primos venezolanos). Desgraciadamente, estos momentos suelen acabar mal: el primero de ellos, articulado alrededor de los ilustrados y la Constitución de Cádiz, sufrió el exilio tras el regreso de Fernando VII. El segundo, el regeneracionismo de Costa y Ortega, murió con la Guerra Civil.
Una de las pocas cosas buenas de la brutal crisis económica ha sido el renacimiento de estos anhelos en un nuevo regeneracionismo. Los miembros de este movimiento, cada uno con sus propios matices, comparten una idea común: regenerar nuestra nación para construir una España más democrática, más moderna, más próspera y más justa. A diferencia de los movimientos anteriores, los nuevos regeneracionistas disfrutan de una novedosa herramienta, Internet, que les permite llegar a muchos españoles y aspirar a no terminar como sus antecesores. Por ejemplo, varios grupos se han reunido alrededor de blogs colectivos que analizan nuestra realidad con independencia y claridad.
Quizá sea el verano de 2014, ante la eclosión del populismo demagógico, del enconamiento del rupturismo en Cataluña y del desconcierto del partido en el Gobierno (imaginen, ¡hasta el presidente del Gobierno habla de regeneración democrática!), un buen momento para repasar esas ideas y ofrecer una guía de lectura del nuevo regeneracionismo.
Empezamos por los más sorprendentes miembros de este movimiento. El blog Hay derecho y el libro del mismo nombre (Ediciones Península, 2014), firmado con el seudónimo colectivo Sansón Carrasco, analizan el profundísimo deterioro del Estado de derecho en España que subyace a todos nuestros problemas. La sorpresa viene por ser los autores del libro notarios y abogados del Estado. ¿Qué hace un grupo de altos funcionarios en la vanguardia reformista? Parece difícil de creer que autores que podrían vivir tranquilamente ganando mucho dinero puedan tener el valor y la independencia para decir lo que saben a riesgo de perjudicar su carrera profesional. Y, sin embargo, lo hacen. El libro es extremadamente valiente e informado, con brutalmente claros análisis de las causas y consecuencias de la impunidad de nuestros altos cargos y ejecutivos. No leerán ustedes análisis más profundos, por ejemplo, de la escandalosa prescripción del delito de César Alierta, de la corrupción de nuestras instituciones y de la importancia del derecho para tratar de enderezar las cosas. A nosotros, que vemos los toros desde la barrera que concede trabajar en universidades anglosajonas, nos impresiona el valor de los autores que escriben cosas que, desgraciadamente, en España no se pueden decir. Porque una de las características de España es cuánto de lo que todo el mundo sabe (es decir, los cenáculos de Madrid) no se cuenta en ningún sitio en alto, sobre Gowex, sobre Bankia o sobre la financiación de los partidos. El arma secreta del éxito de Occidente durante ya varios siglos ha sido el imperio de la ley, la invención más importante de nuestra civilización. Los autores de Hay derecho explican mejor que nadie cómo este imperio de la ley se ha disuelto en España y cómo debemos de traer nuestro Estado del derecho del exilio en el que vive.
El segundo colectivo importante es el formado por un grupo de jóvenes investigadores y profesionales agrupados en el blog Politikon y que han publicado La urna rota: La crisis política e institucional del modelo español (Debate, 2014). La mayoría de los miembros de Politikon son científicos sociales con intereses en política y sociología. Como tales, escriben un libro analítico y basado en la evidencia empírica, pero ameno y entretenido. Su argumento principal (similar al que nosotros hemos apuntado en otras ocasiones) es que nuestra crisis es el producto de una combinación de malas instituciones y una burbuja inmobiliaria que lo permitió todo. Las malas instituciones vienen de unos partidos cerrados y monolíticos, un sistema electoral que impide el control interno (los miembros de los partidos no quieren perder su puesto en las listas) o externo (el sistema electoral tiene un sesgo mayoritario), una Administración pública muy politizada y de la ausencia de cuerpos intermedios (prensa, asociaciones privadas, etcétera) que sirvan de contrapeso a los partidos. La burbuja trajo crédito fácil que dejó a los políticos hacer y deshacer con total olvido del futuro y sin consecuencias en el corto plazo. Lo que diferencia a Politikon y a La urna rota de muchos otros autores es la claridad en presentar reformas posibles sin caer ni en la tentación de prometer milagros ni en la desesperanza, como le gusta decir a uno de los autores, de culparlo todo a que “España esta llena de españoles”. Los miembros de Politikon entienden muy bien que todo sistema político y electoral encara problemas y contradicciones, pero que existen alternativas a nuestras instituciones que, cuidadosamente diseñadas, traerían mejoras marginales.
El tercer libro del buen regeneracionista, Qué hacer con España (Destino, 2013), es de César Molinas, el pionero del nuevo regeneracionismo. Su artículo del 10 de febrero de 2009 en Expansión presentando una agenda de reformas para España y su influyente artículo en EL PAÍS del 9 de septiembre de 2012 desarrollando una teoría de la clase política española han sido trabajos clave en la gestación del movimiento. El libro es una lúcida exposición de las causas últimas de nuestra aparente incapacidad para crear instituciones modernas al servicio de los ciudadanos. El problema, según Molinas, es la falta de voluntad de nuestras élites. Estas élites, que disfrutan de jugosas rentas extraídas del resto de la sociedad, se resisten a poner en marcha cambios hacia la democracia y la transparencia que limitarían su capacidad de exprimir nuestro capitalismo castizo.
El cuarto libro, quizás el de objetivos más concretos, pero no por ello menos importantes, es ¿Hacienda somos todos?: Impuestos y fraude en España, de Francisco de la Torre (Debate, 2014), un brillante joven inspector de Hacienda que entiende como pocos los entresijos de nuestras cuentas públicas. De la Torre repasa nuestro sistema fiscal, los mitos y leyendas que existen con respecto al mismo, los problemas de recaudación y fraude que sufrimos, y propugna una reforma fiscal que vaya mucho más lejos que el maquillaje de las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno.
Terminamos con una mención breve a nuestro trabajo, pues nos consideramos miembros de este nuevo regeneracionismo. Juntos contribuimos regularmente al blog económico NadaEsGratis, inicialmente bajo el paraguas de FEDEA y ahora gestionado de manera independiente por la asociación Nada es Gratis, cuyos autores somos economistas académicos. Nuestras reflexiones sobre la crisis económica y las reformas necesarias están reflejadas en el libro Nada es gratis (Destino, 2011), bajo el seudónimo colectivo Jorge Juan. Uno de nosotros ha escrito recientemente un libro, El dilema de España (Península, 2014), que refleja en muchos casos ideas que hemos desarrollado conjuntamente y con otros autores del blog, y que presenta una agenda regeneracionista concreta de reformas económicas, políticas y educativas necesarias para hacer de España un país comparable a las sociedades más avanzadas de la Europa del Norte.
Esperamos que esta lista de seis libros sirva a los españoles, incluidos a los más ilustrados de nuestros políticos (que en nuestra experiencia existen en todos los partidos), para plantear una ambiciosa agenda de reformas que transforme a España en la nación que todos soñamos.

El fraude fiscal es asunto de todos…..

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Durante los próximos meses se hablará sobre la Reforma Fiscal presentada recientemente por el Gobierno. Los analistas discutirán la realidad de la bajada de impuestos, sus beneficiarios, su trascendencia social etc… Un sinfín de reflexiones cuyo punto de partida para los ciudadanos es saber si van a soportar menor carga impositiva por el conjunto de tributos.  A nivel general, este proyecto limita con la imposibilidad de una disminución en la recaudación por las exigencias en torno al déficit fijadas para España.
Las opiniones se verán tamizadas por el devenir de las magnitudes económicas y en concreto, por un medidor muy correcto como son los ingresos por autoliquidaciones de impuestos, verdadera piedra angular sobre la que se construye nuestro sistema tributario.
Pero junto al  enfoque de la reforma del sistema impositivo, estamos abocados a la búsqueda de nuevos ingresos sin gravar de forma recalcitrante a los mismos. En ese ámbito compete abordar intensamente  una lacra social como es el fraude fiscal sufrido por todos nosotros y los países de nuestro entorno. El fraude fiscal es la ejemplificación de la falta de cohesión social por el desajuste que produce en las cuentas públicas. Evidencia la insolidaridad y la falta de compromiso de un país.
Periódicamente suelen aparecer informes evaluando su importe en comparación con el PIB y señalando los sectores más proclives.  Muchos  enmascaran una intención de carácter corporativo, económico o político. Sería una labor hercúlea de tiempo y medios aproximarse a una magnitud cierta del fraude fiscal en España debido a que, por su propia naturaleza, es opaco. Se utilizan estadísticas y se extrapolan cifras sobre las que se basan las elucubraciones con mayor o menor rigor. La innegable realidad palpable en el día a día es un incumplimiento de las cargas fiscales repartido entre todos los segmentos sociales. Por su originalidad en el enfoque resulta muy interesante el elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) titulado “El hueco que deja el diablo. Una estimación del fraude del IRPF con microdatos tributarios”  . Utiliza una metodología consistente en rastrear determinadas  pistas que evidencian la verdadera renta en el ámbito de las personas físicas y centradas en unas contingencias.
Sentada la base de la existencia de fraude fiscal en España como en nuestro entorno y a su vez la complejidad de su cálculo, procede ser imaginativo y buscar soluciones al problema. Aquí pueden aparecer cascadas de ideas con mayor o menor fundamento, algunas irrisorias, cuya finalidad es tapar una vía de escape pero que no solucionan el problema, entre otras cosas por su imposibilidad.  La batalla, perdida de antemano, consiste en el intento de ir reduciéndolo sin que se atisbe el fin.
En este conflicto el armazón debe forjarse en tres puntos: la actuación coercitiva de la Administración, la simplificación del sistema y la más importante,  la conciencia ciudadana. El fraude siempre parece ajeno y localizado en grandes empresas, profesionales o deportistas y  patrimonios, tal vez porque son los más mediáticos y a veces las cifras apabullan. Pero no es cierto del todo. Este es un comportamiento practicado por muchos en distintas escalas, pero nunca reconocido y siempre atenuado en el pensamiento de que “otros lo hacen más”.
Si se pudiera dibujar un mapa social de ubicación de las bolsas de fraude señalaríamos, entre otras, a las grandes empresas con un fraude tecnificado mediante el abuso de la norma, la planificación fiscal agresiva o la utilización de los medios de presión para obtener ventajas normativas. Un catalogo de estas prácticas lo recoge el Informe de la OCDE (2012) denominado BEPS, “Informe Lucha contra la erosión de la  base imponible y el traslado de beneficos fiscales” , en el marco internacional apoyado por el G20, así como el Informe sobre el Plan de Acción del 2014. También deberían aparecer los grandes patrimonios pertenecientes de forma directa o indirecta a personas físicas. El asesoramiento altamente especializado permite eludir la carga impositiva así como la planificación atenúa la progresividad. En un cajón cercano estarían los profesionales y Pequeñas y Medianas Empresas, el tejido empresarial de este país. La abundancia de operaciones en efectivo por su dificultad para rastrear, la deducibilidad de gastos improcedentes, las facturas falsas o falseadas en fin,  un catalogo de prácticas extendidas y cuya finalidad es la elusión impositiva. Cualquiera que lea este post, sabrá de la ausencia de facturas en muchas de sus compras, la imposibilidad de pagar con tarjeta de crédito, los gastos personales a nombre de la empresa y un sinfín de prácticas defraudatorias injustificables.
Recientemente en este foro, se público un post titulado “Ironías de la vida, SICAV y dimisiones” de Francisco de la Torre, ,  analizando, ajenos a la banalidad y al oportunismo, la verdadera naturaleza de estos gestores de inversiones colectivas y su problemática. Y viene al hilo, porque un examen sobre el fraude fiscal debe despojarse de prejuicios, verdades a medias y demagogias al uso.
Para intentar erradicar esta contumaz realidad, el sistema tributario debe ser transparente y claro,  con vocación de perdurabilidad y trasladando, tanto en el interior como en el exterior, la impagable seguridad jurídica. Algunos tributos ya están superados y deberían buscarse nuevas figuras con una mayor simplificación en su exacción y cuya gestión y control sea menos costoso para las dos partes de la relación jurídica tributaria.
En la misma medida y no menos importante, se necesita dotar a la Administración de medios materiales y humanos proporcionales al elevado censo de personas físicas y jurídicas. El factor humano y su implicación son vitales para el correcto funcionamiento.  Su organización, estructura, provisión de puestos, nombramientos… debería recogerse en una norma pactado y ajeno a vaivenes políticos. La perdurabilidad de los equipos y la existencia de proyectos huyendo del corto placismo, garantizarían una mayor eficiencia.  Todo ello coadyuvaría al cumplimiento del precepto no escrito en nuestro derecho por el cual “Todos los ciudadanos tienen derecho a que el resto pague sus impuestos”.
Junto a ello, ir sembrando en la sociedad la necesidad de contribuir a los ingresos del Estado como principio básico para poder cuestionar el uso y destino  de los mismos. El cuerpo de instituciones públicas y privadas de este país que abarca desde Colegios profesionales, la Iglesia, Partidos Políticos… no se caracteriza por denunciar el fraude fiscal pese a ser conocedores de esta realidad. Se abanderan cuestiones o procesos candentes por posicionamientos ideológicos o políticos o cualquier motivo, sin que prevalezca el simple cumplimiento de la norma. Como señala el ingeniero Álvaro Guijarro, “todo comienza en la educación”.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y su accidentado acceso a la vía casacional

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En efecto, el pasado mes de noviembre de 2013, una resolución dictada por  este joven  organismo administrativo fue sometida por vez primera al conocimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y, como no podía ser de otra forma en su premiere jurisdiccional, merced a una cuestión de competencia.

Pero vayamos por partes. En cumplimiento de la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras, así como el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dispuso que en el ámbito de la Administración General del Estado, el conocimiento y resolución de los recursos planteados contra decisiones en materia de contratación estaría encomendado a un órgano especializado que actuaría con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias. A estos efectos, el legislador creó el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), órgano no jurisdiccional adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda y compuesto por un Presidente y un mínimo de dos vocales,  designados por el Consejo de Ministros a propuesta conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Justicia, que deberán tener la condición de funcionarios de carrera de cuerpos y escalas a los que se acceda con título de licenciado o de grado y que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado directamente con la contratación pública.

La vocación de este nuevo órgano adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda en palabras de su presidente,  es aportar un elemento de garantía en la aplicación de las normas que regulan la preparación y adjudicación de los contratos, asegurando el trato no discriminatorio y la igualdad entre los contratantes, y velando asimismo por la correcta aplicación de las normas que incorporan tales principios a nuestro ordenamiento jurídico.

Identificadas tanto las coordenadas normativas del TACRC, como los objetivos de su creación, se impone a continuación describir sintéticamente cómo ha sido su polémica arribada hasta el Tribunal Supremo. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional asumió la competencia para conocer sobre la impugnación de la Resolución del TACRC de 10 de octubre de 2011, que acordó inadmitir por extemporáneo el recurso especial en materia de contratación del artículo 310 de la Ley de Contratos del Sector Público interpuesto contra Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra de 4 de octubre de 2011, en materia de adjudicación de un contrato de desmilitarización de munición, recurriendo también de forma directa, dentro de los dos meses desde su notificación, esta última resolución. No obstante, la referida Sección Tercera remitió a la Sección Quinta de la misma Sala los particulares oportunos para que ante ella se siguiera la tramitación del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra. La Sección Quinta resolvió, a su vez, derivar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la impugnación de la Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra, competencia que fue rechazada por la Sala de Madrid, planteando una cuestión negativa de competencia, al considerar que correspondía a la Audiencia Nacional, toda vez que conforme al artículo 11.1.j) de la LJCA, corresponde a este órgano jurisdiccional el conocimiento de los recursos respecto de “Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales” sin que el caso de los presentes autos concurra la “excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.k) LJ.

Toda vez que la referida Junta de Contratación se encuentra regulada por la Orden DEF/2021/2011, no actuando por delegación ni de Ministro y de Secretario de Estado, ostentando su presidencia el Director General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, el Tribunal Supremo, resolviendo la cuestión de competencia planteada, consideró que el acto recurrido debía entenderse adoptado por un órgano directivo central del Ministerio de Defensa, y consecuentemente, la competencia para conocer del recurso contencioso-administrativo correspondería a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En otras palabras, en esta su primera aproximación a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la resolución del órgano de la Avenida General Perón 38, ha quedado extramuros de su conocimiento por motivos competenciales. En febrero de 2014, otro acto administrativo emanado del TACRC, desestimatorio del recurso interpuesto contra el acuerdo de un órgano de contratación por el que se adjudicó a una UTE el contrato de servicios para la “Redacción del proyecto de reparcelación de sector de X”, tenía, a priori, más posibilidades de ser analizado con plenitud en vía casacional, toda vez que en este caso no existían cuestiones de competencia inhabilitantes. Sin embargo, sorteado el obstáculo de la atribución competencial, los rigores de la unificación de doctrina volvieron  a impedir un debate sobre el fondo de la cuestión, ya que la STS de 10 de febrero de 2014 desestimó el recurso de casación interpuesto por inexistencia de contradicción en la interpretación del ordenamiento jurídico entre la sentencia impugnada y la sentencia de contraste. Veremos si a la tercera va la vencida.

El General Picasso : Un ejemplo de lealtad institucional

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Se cumplen en estos días 93 años desde que tuvo lugar el llamado “desastre de Annual”,una cadena de errores militares que llevó al sacrificio de unos 13.000 efectivos, entre soldados y oficiales  del ejército español en Africa, entre el 17 de julio y el 9 de Agosto de 1921, durante  la guerra del Rif, en el norte de Marruecos. El  General Martínez Silvestre, amigo personal del Rey Alfonso XIII, mando militar en la plaza de Melilla, encadenó una serie de decisiones erróneas desde el punto de vista de la estrategia militar, adentrándose en el Rif sin tomar precauciones, estableciendo posiciones defensivas aisladas e inconexas, lo que unido a la ausencia de de suministros básicos en la tropa, que carecía de agua (se bebieron su propia orina para subsistir), alimentos, munición, calzado…etc, generó una masacre , a manos de las cabilas rifeñas,  inexplicablemente dotadas de armamento por el propio ejército español, al mando del antiguo funcionario español en Melilla Abd El Krim, que atacaron en clara  superioridad los enclaves de  Igueriben y  Annual, donde se encontraba el grueso del ejército español.El general Sivestre ordenó que los 5.000 soldados de Annual emprendieran la marcha hacia Melilla. El repliegue fue caótico, y se convirtió en una trágica desbandada. Oficiales y tropa huyeron hacia la fortaleza de Dar Drius, mientras eran acribillados desde las alturas por los rifeños. Alrededor de 2.500 hombres murieron en unas pocas horas. Silvestre, según algunas versiones, se suicidó en su tienda en las primeras horas. No se pudo comprobar porque su cuerpo no apareció nunca.Los cerca de 3.000 supervivientes, a los que se les había unido efectivos de todas las posiciones cercanas en el camino hacia Melilla, llegaron días después,  al fuerte de Monte Arruit, a unos 30 km de Melilla. Tras un nuevo asedio de diez días, el general Navarro, segundo de Silvestre, rindió la posición con la autorización del general Dámaso Berenguer, Alto Comisario de Marruecos y allí mismo  fueron masacrados. Apenas salvaron la vida 60 hombres que fueron hechos prisioneros en su mayoría.
El desastre militar tuvo un eco político enorme en España, entre otras razones, porque los reclutamientos se nutrían de las clases sociales más bajas, ya que se podía evitar el llamamiento a filas mediante el pago de una cantidad de dinero. Se multiplicaron las protestas y manifestaciones.
El general de división malagueño  Juan Picasso González, (primo de la madre del pintor Pablo Ruiz Picasso),  fue designado por el Gobierno  para que investigara en la propia plaza de Melilla los hechos ocurridos, si bien se le impuso la limitación de que los acuerdos, planes o disposiciones del Alto Comisario de España en Marruecos, el General Dámaso Berenguer, estrechamente vinculado al Rey,  quedaran fuera de sus investigaciones, y que debía limitarse a los hechos realizados por los  oficiales y tropa, a lo que se opuso por carta al Ministro de la Guerra,  ofreciendo la posibilidad de que se le relevase de la comisión.
Pero Picasso decidió no dimitir y se trasladó a Melilla, donde, con escasa ayuda, trabajó durante nueve meses, en los que tomó declaración a setenta y nueve personas, e intentó esclarecer los sucedido y delimitar las responsabilidades.
El 18 de abril de 1922, el general entregó un abultado  expediente conocido como el “expediente Picasso”, compuesto de 2.433 folios,  y un resumen final redactado por él mismo al Congreso. El escándalo estaba servido. Los diputados en el congreso mantuvieron agrias polémicas. Se designaron varias comisiones parlamentarias para depurar responsabilidades al más alto nivel, entre las que se incluían las del propio rey Alfonso XIII, amigo íntimo de Silvestre a quien habría animado a avanzar de forma irresponsable para llegar hasta la bahía de Alhucemas,  (aunque no se ha encontrado el telegrama, se cree que le felicitó por este medio con el texto “olé tus huevos”).
Tras diversas  filtraciones a la prensa y la opinión pública en las que se comentaba que pudiera tener responsabilidades el propio rey Alfonso XIII,  el 13 de septiembre, el general Primo de Rivera, con el apoyo del Rey,  dio un golpe de Estado y disolvió las Cortes,  abortando cualquier proceso de depuración. La dictadura enterró así el asunto, salvaguardó la imagen del rey y acabó definitivamente con las campañas de Marruecos en 1925, tras una alianza con Francia, en el desembarco de Alhucemas.

Convencido de que Primo de Rivera quería destruir el expediente, el diputado Bernardo Mateo Sagasta lo rescató guardándolo durante la dictadura en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, de la que era director, entregándolo de nuevo al Congreso en 1.931. Tras vivir en el olvido durante la dictadura franquista, apareció en los archivos del Congreso en 1.998, si bien de forma incompleta, posiblemente mutilado por los responsables.
El expediente puso de manifiesto la caótica situación del Ejército Español en África,  y delimitó la grave responsabilidad de los generales Silvestre y Berenguer (Alto Comisionado de España en Marruecos), ambos estrechamente vinculados al Rey Alfonso XIII, hasta el punto de que  el propio Rey designó a  Dámaso Berenguer jefe de la Casa Real en 1924 y  Presidente del Gobierno en 1930,  tras cesar a Primo de Rivera.
El 20 de noviembre de 1.931, Don Alfonso XIII fue procesado y condenado “in absentia” por el Congreso de los Diputados, por su responsabilidad en los hechos.
Como es fácil de imaginar, la figura del General Picasso ha sido objeto de diversas descalificaciones tan falsas como  interesadas. Se ha dicho que era republicano, protestante, masón…etc,  pero nada de ello es cierto. Era una persona honesta, de gran rectitud, que demostró una enorme lealtad al Ejército y al Gobierno que le designó, al no admitir ningún tipo de presión política. Cuando le propusieron abandonar el expediente para ser ministro declaró “prefiero seguir siendo un  militar honrado que un
El pasado 28 de junio, la viuda de Juan Carlos Picasso  (nieto del General) y sus doce hijos, ( la familia Picasso Martínez de Ubago), han cedido al Archivo histórico de la Ciudad Autónoma  de Melilla, toda la documentación que el General empleó para la formación del expediente, que  hasta ahora obraba en su poder. En el legajo se incluye un resumen del expediente, con anotaciones manuscritas del General,  fotografías, planos, telegramas, informes, declaraciones de testigos…etc, un verdadero tesoro para consulta de los historiadores.
 
 
 

Flash Derecho: Nuestra petición en change.org para la concesión de la orden del mérito civil a Ana Garrido Ramos

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Como muchas veces nos piden los lectores, hemos dado un paso más al frente y hemos iniciado una petición en change.org para que todos los que quieran firmen la petición al Gobierno de la concesión de la Orden del mérito civil para Ana Garrido Ramos, empleada pública del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, denunciante de la trama Gurtel y testigo fundamental del caso. Esta Orden se concede por méritos relevantes para el Estado y nos parece que lo es la defensa del Estado de Derecho que le ha costado muy cara a Ana, como explica en su propia web. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP, fue condenado por “mobbing” laboral contra Ana. La sentencia ha sido recurrida por el Ayuntamiento y está pendiente de apelación. Ya hablamos aquí también de la necesidad de proteger a los whistleblowers, una medida que el Gobierno no tiene ninguna prisa en adoptar pese a que sería muy efectiva para luchar contra la corrupción. O tal vez precisamente por ello.
La petición está aquí y creemos que es una buena ocasión para que los ciudadanos preocupados por su Estado de Derecho apoyen a una persona que ha puesto por delante de su comodidad personal y profesional la lucha por el Derecho y la Justicia, y soliciten para ella esta condecoración.
De esta iniciativa ciudadana están comenzando a hacerse eco otros medios. La noticia en El Mundo puede verse aquí.
 

Sobre los Consejos Consultivos y la (no) racionalización de las AAPP

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Aunque normalmente solo nos acordamos de ellos cuando leemos alguna noticia en los medios de comunicación, no tengan duda de que existen y están aquí, entre nosotros. No me refiero a los extraterrestres, sino a los entes públicos que “habitan” entre las diferentes administraciones y que están capeando la crisis mejor que muchas empresas de otros sectores (en el blog hemos constatado los escasos avances reales que se producen en los procesos de racionalización del sector público, tanto a nivel estatal como autonómico).
Una buena parte de los entes y organismos públicos que existen en los diferentes niveles de la administración tienen picos de fama cuando aparecen en los medios y después caen en el olvido. En las últimas semanas les ha tocado el turno a los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas, que a imagen y semejanza del Consejo de Estado, se han reproducido por todas las CCAA salvo una (Cantabria).
Los Consejos Consultivos, como su propio nombre indica, tienen una función de asesoramiento y como norma general (aunque no siempre) sus dictámenes no tienen carácter vinculante. Vienen a ser los asesores jurídicos de mayor rango que ayudan, desde la objetividad e independencia, a los Gobiernos a legislar mejor.
Echando un vistazo a las memorias que hay publicadas en las páginas web de estos organismos, los presupuestos del año 2013 oscilan entre los 4,3 millones de euros de la Comunidad de Madrid y los 302.309 euros de Aragón. Entre medias, hay de todo: Andalucía 3,5 M€ (el dato es de 2012), Asturias 1,57 millones, etc. En todos los casos, la partida que se come casi todo el presupuesto es la de gasto de personal.
La Comunidad de Madrid tiene el honor de ser la Comunidad con el Consejo Consultivo y la reciente renovación de consejeros de este organismo ha provocado un fuerte revuelo mediático. Y es que ser Consejero mola mucho: una reunión a la semana, un buen equipo de letrados que curra (6 por consejero) y un sueldo mensual de 5.525 euros netos, o lo que vienen siendo 8.400 euros brutos al mes o un salario anual bruto de 100.000 euros, según quieran verlo (a mi madre por ejemplo si le hablas de sueldos tiene que ser el neto mensual). Vamos un chollo o como diría Esperanza Aguirre una mamandurria (según la definición de la RAE, sueldo que se disfruta sin merecerlo, sinecura, ganga permanente). De hecho la Sra. Aguirre conoce bien el Consejo ya que lo creó siendo Presidenta de la Comunidad de Madrid en 2007 (otros Consejos Consultivos autonómicos tienen más solera) y como ex Presidenta ha renunciado a formar parte de él como consejera permanente. El único ex presidente de la Comunidad de Madrid que forma parte del Consejo es Joaquín Leguina y pueden leer aquí su reacción a las noticias publicadas sobre su sueldo.
Por cierto, hablando de la objetividad e independencia que todo Consejo Consultivo debería tener, su actual presidente nombrado en abril (mandato de 6 seis años, renovable 1 vez) es Ignacio Astarloa, exsecretario de Estado de Seguridad, diputado y portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso… Demasiada vinculación quizás con el partido político que gobierna en la Comunidad para garantizar la necesaria independencia del organismo.
El otro Consejo Consultivo que ha tenido repercusión mediática en las últimas semanas ha sido el de Extremadura. En este caso el revuelo no se ha originado por las condiciones de las que disfrutan sus consejeros (una reunión a la semana, 60.000 euros brutos al año aprox) sino porque el anterior Presidente del Consejo (en la actualidad Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Extremadura ) elaboró y cobró informes para otras administraciones y para un despacho de abogados mientras formaba parte del órgano consultivo. La respuesta contundente del Gobierno de Extremadura no se ha hecho esperar: estas acciones son legales y legítimas de acuerdo con la interpretación que hacen de la Ley de incompatibilidades de altos cargos y lo que plantea es modificar la Ley del Consejo Consultivo para aclarar qué actividades pueden realizar su Presidente y Consejeros (así ya no hay dudas para futuras ocasiones).
Volviendo al Consejo Consultivo de Madrid, lanzo unas propuestas para que la Comunidad deje de tener el privilegio de tener el Consejo Consultivo con mayor presupuesto de todos los autonómicos existentes:
1)     Eliminarlo y solicitar los dictámenes más relevantes al Consejo de Estado. No soy el primero en lanzar esta propuesta, ya que el Grupo parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid ha pedido su supresión hasta tres veces y ésta ha sido rechazada por el PP otras tantas. No parece que el Gobierno de la Comunidad de Madrid vaya a suprimir su Consejo pero Cantabria demuestra que se puede vivir sin Consejo Consultivo y además, al menos visto desde fuera, la calidad legislativa de esta Comunidad no parece peor que la del resto de CCAA. Cantabria solicitó 29 dictámenes al Consejo de Estado, según la última memoria publicada en Internet de este organismo (que es el ejercicio del año 2011!!). Está claro que si de repente las CCAA empiezan a eliminar sus Consejos Consultivos, el Consejo de Estado no podría asumir esa carga de trabajo, pero en ese caso se podría reforzar el Consejo de Estado (tendría menos coste que mantener los diferentes Consejos Consultivos). Pero bueno podemos estar tranquilos que no lo verán nuestros ojos.
2)     Como parece que el Gobierno de la Comunidad no está por la labor de suprimir el Consejo, pues que lo mantenga pero reduciendo los gastos de personal. Algunos ejemplos:

  1. Que los Consejeros no tengan dedicación exclusiva, como en el caso del Consejo Consultivo de Aragón. Por tanto, las únicas retribuciones que percibirían son las correspondientes a las dietas por asistencia a las sesiones y a las indemnizaciones por elaboración de ponencias.
  2. Centralizar las labores de gestión administrativa, económica, jurídica e informática de organismos similares. Castilla y León ha puesto en marcha una medida de estas características que afecta a cuatro organismos. En el caso de la Comunidad de Madrid se podría plantear esta medida con el Consejo Consultivo y la Cámara de Cuentas por ejemplo.
  3. Cualquier medida con sentido común para reducir los gastos, solo basta voluntad política para implementarlas.

Ahora tenemos en la picota a los Consejos Consultivos de Madrid y Extremadura pero mañana serán otros (o los mismos u otros entes públicos). Las propuestas anteriores son extensibles a todos los Consejos Consultivos autonómicos y a otros muchos entes porque la racionalización del sector público sigue siendo una asignatura pendiente, aunque nuestros dirigentes políticos nos intenten convencer de lo contrario.

Educar en democracia, respetar la pluralidad. El peligroso asedio nacionalista a la educación.

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Un instituto de Mallorca, febrero de 2011. Se han parado las clases (yo pierdo matemáticas) y bajamos al patio del instituto, al que me he cambiado este año. Desde una ventana preside el patio una bandera no oficial, la independentista catalana. Todos los alumnos del centro, de 12 a 18 años, tenemos la obligación de presenciar el acto y los profesores hacen cordón para que no podamos acceder a otras zonas. Otros docentes, que no comulgan con lo que allí va a tener lugar, se han quedado en los departamentos o en el bar. Hay más pancartas, todas de burla y ofensivas contra una persona. ¿Un asesino? Ni en ese caso sería justificable cargar a los niños con tal odio hacia una persona, con el agravante de suceder en un centro educativo. Pero no, no es un delincuente. Es el candidato a la presidencia de Baleares por el PP, José Ramón Bauzá. ¿Qué habrá hecho? Hay elecciones en pocas semanas y ha anunciado que él y su partido, de ser elegidos, harán respetar el derecho a estudiar en las dos lenguas oficiales de la comunidad (acabarán con la inmersión lingüística) y harán que los libros de texto estén en las modalidades lingüísticas baleares, y no en el ‘catalán de Cataluña’ actual. Las pancartas rezaban diferentes consignas, tales como: ‘por la educación en catalán, fuera el señor Bauzá’ y lucían un mapa de una parte de España, la que reivindican que se independice formando unos “Países Catalanes”: Cataluña, Valencia y Baleares. Entonces diferentes personas: el director, profesores y alumnos, se sucedieron para leer un discurso, como no podía ser de otra manera visto el panorama, contra una persona, un partido y un ideario. Tristemente, lejos de ser un caso aislado, estas ‘jornadas’ se celebraron en diferentes centros de Baleares simultáneamente. Aun así, ese programa electoral ganó las elecciones con mayoría absoluta.
Y entonces uno se queda perplejo, ojiplático y boquiabierto ante el circo que hay montado. Los funámbulos de la educación que hacen acrobacias sobre la delgada línea de la ilegalidad utilizan su privilegiada situación de autoridad sobre las nuevas generaciones para que fichen como marionetas. Por suerte son una minoría de profesores, pero el resto se mimetiza por comodidad o calla por la misma razón. Ante este control ideológico de los alumnos, nuestros gobernantes han seguido sin mover un dedo mientras las quejas eran, aunque numerosas, ahogadas, pues la prensa, copada por la ideología nacionalista, no tenía espacio para hacerse eco de estas denuncias.
La educación en un Estado democrático va acompañada de un requisito inherente: educar en democracia y para la democracia. Ello implica respetar la pluralidad de pensamiento de todas las personas, así como de raza o religión, en beneficio de aquel que ahora es tratado de ‘disidente’ (‘facha’ en su fraudulento lenguaje) y con el fin de que los estudiantes aprendan a convivir con sus semejantes desde el respeto, y no rechacen con la burla y el insulto a quienes tienen ideas diferentes. Como indica nuestra Constitución en su artículo 27.2, la libertad de pensamiento es componente irrenunciable: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Síntoma de la educación autodestructiva que padecemos en Baleares es, por ejemplo, el insulto de profesores a alumnos (durante las clases y con total impunidad) bajo los apelativos ‘facha’, ‘botifler’ o ‘súbdito de Felipe V’ o que el director del centro llame la atención, alertado por una organización de alumnos, a los profesores que dan las clases indistintamente en castellano y mallorquín y que así lo permiten a sus alumnos o que se haya generalizado el ‘no t’entenc’ (‘no te entiendo’) de profesores a alumnos llegados de otras comunidades o países y que no conocen el mallorquín/catalán o que se penalice por presentar un trabajo en castellano o que se lean manifiestos contra un partido político en clase o que haya un cartel a la salida al patio que diga ‘si quiere ser atendido en castellano, lárguese’ o ‘con tus padres, habla también en catalán’.
Así pues, en su día a día, un alumno en Baleares ve vulnerado el preciado artículo 10 de la Constitución que le ampara: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Se le restringe el derecho a estudiar en español en España, se le intenta guiar por la senda nacionalista y, en muchos casos, se le denigra.
Sin embargo y contra todo pronóstico, señal de que todavía estamos en democracia, gente de los diferentes ámbitos de la comunidad educativa ha empezado a disidir con más contundencia. Desde los alumnos, que formamos una asociación estudiantil contra la politización de la enseñanza y a favor del bilingüismo (Estudiantes Libres de Baleares), hasta los profesores, pasando por los padres y por la sociedad civil en general.
Todos estos movimientos cogieron fuerza tras el caos y el descontento que vivimos con una huelga indefinida de profesores que duró finalmente casi un mes contra el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), que introducía el castellano y, en menor proporción, el inglés como lenguas vehiculares de la enseñanza. Ahora ya se anuncia otra huelga indefinida para el mes antes de las elecciones autonómicas en 2015. Quienes lo organizan no se esconden: no sacrifican todo este esfuerzo por mejorar el nivel de sus alumnos ni por ofrecerles mejores prestaciones, esa excusa no les vale y a su forma de protestar me remito, lo hacen por no perder un sistema de educación exclusivamente en catalán que da al castellano trato de lengua extranjera.
Esta situación lleva muchos años, aunque se ha incrementado en los últimos cuatro cursos, desde que el catalanismo ve temblar su establishment ante las promesas del Partido Popular de tumbar una política educativa discriminatoria de la que hasta ahora había sido cómplice. Y es que durante años ningún gobierno, ni central ni autonómico, había hecho cumplir las sucesivas sentencias de los tribunales Supremo y Constitucional. Habían preferido hacer oídos sordos dando la espalda a sus ciudadanos a enfrentarse de lleno contra una trama muy bien organizada y que, además, controla el poder mediático.
Toda persona es digna, única, independiente y autónoma y nadie ha de intentar alterar esas cualidades. Cada niño forja su personalidad, sus creencias, sus sueños y sus miedos según sus vivencias y su propio razonamiento. La educación sistematizada, pública y universal, es uno de los eslabones primeros de la democracia. Pero solo si ésta forma ciudadanos libres; en caso contrario es también puntal de toda tiranía. La diferencia entre ambas radica en el respeto a la pluralidad. Lo que la educación sistematizada en países democráticos, de ciudadanos libres, potencia y protege, la educación sistematizada en países dictatoriales destruye y prohíbe: la libertad.
 

Como una tránsfuga del PSOE colabora con el PP en el engaño de Brunete

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España es un país invadido por la corrupción política. Ayer pude vivirlo directamente en el Pleno del Ayuntamiento de Brunete. Había sido convocado a propuesta de UPyD —y sólo con el apoyo de IU—, para solicitar que se abriera una comisión de investigación sobre el intento de compra por parte del alcalde, Borja Gutiérrez (PP), a la concejala de UPyD. Con el apoyo cómplice de la tránsfuga del PSOE, Silvana Batistelli, el PP consiguió frenarla.
 
El Pleno estaba lleno. El alcalde, al que se veía con nervios contenidos —seguramente, porque su partido acababa de exculparle de cualquier responsabilidad—, dio la palabra al portavoz de UPyD para que explicara su propuesta. Mientras éste hablaba, la clá que se había llevado el alcalde empezó a llamarle “imbécil” y a lanzar otros improperios contra la concejala que había denunciado la corrupción. Entre tanto, el alcalde se permitía sonrisitas y gracietas, como si de lo que se estaba hablando —una investigación sobre comportamiento corrupto— no tuviera importancia, como si no fuera con él.
 
Cuando el concejal de UPyD terminó su exposición, tomó la palabra la concejala tránsfuga del PSOE, a la que en todo el pleno no dejaron de temblarle las manos: expulsada hace unas semanas de su grupo, llevaba ya unos meses votando a favor de las iniciativas del Partido Popular o absteniéndose, para permitir que salieran adelante. Battistelli justificó su conducta afirmando que lo hacía por el “interés del pueblo”. En esta ocasión, además, había hecho varias propuestas para la comisión plenamente coincidentes con la estrategia del PP, que pretendía cuestionar el comportamiento de los concejales de UPyD que han denunciado el intento de corrupción.
 
Tras esta intervención, participaron los portavoces de IU y del PSOE,  para mostrar su apoyo a la creación de la comisión de investigación. Luego vino el PP. Su portavoz –que, obviamente, anunció el rechazo a la investigación- defendió a su alcalde, atacó a quienes habían denunciado la corrupción y trato de confundir, reduciendo el asunto a un tema de denuncias cruzadas; como si la denuncia por un intento de corrupción –apoyada en ocho horas de grabaciones que todo el país ha podido escuchar- fuera igual al intento del alcalde -pillado con las manos en la masa- de defenderse, negando las evidencias.
 
Todo parecía ya claro, pero faltaba un último detalle, que remató la escena berlanguiana: la consumación de la farsa del PP y su acompañante, la concejala tránsfuga del PSOE —unos hechos que ya debería estar investigando la fiscalía anticorrupción—. El alcalde arrancó asegurando que la propuesta de UPyD no era democrática, sino “totalitaria”. Y que no se había negociado con él el contenido de la comisión de investigación. Un absurdo más. Primero, porque la propuesta se había enviado a todos los grupos del Ayuntamiento con muchos días de antelación y todos habían tenido ocasión de proponer cambios, como de hecho hicieron el PSOE y Battistelli —a las órdenes del PP—, pero no directamente el PP. Segundo, porque lo suyo es que quien va a ser  investigado por corrupción no fije el objeto de lo que ha de ser investigado. Con todo, lo concejales de la oposición dieron a Gutiérrez la oportunidad de mencionar allí mismo los cambios que considerara necesarios, para introducirlos en el momento. Sorpresa: se negó. Tenía ya definida su estrategia, que consistía en aprobar una comisión de investigación, pero sin objeto que investigar: algo así como hacer un cocido sin garbanzos o un pan sin trigo.
 
Se consumó la farsa, para lo cual, el PP contó con el apoyo de la exconcejala socialista —aplaudida a rabiar por la clá del PP—, a la que el alcalde llegó a indicar de viva voz cómo debía votar, para que no se equivocase y se ajustara a la estrategia previamente pactada. Ya tenía lo que quería. Podía anunciar que había una comisión de investigación —viva la regeneración, viva la transparencia—, aunque sea una pantomima: una comisión vacía, nula de pleno derecho por carecer de objeto, que no podrá investigar sobre nada. Eso sí: un titular con el que poder seguir engañando a la gente. Más aplausos cerrados de sus fans, que Telemadrid compró, ya que tras el Pleno sólo recogió declaraciones del alcalde.
 
Esta forma soez de engañar y manipular a la ciudadanía sólo es posible porque en España los principales dirigentes amparan la corrupción. Un mal que está pudriendo nuestras instituciones y que a afecta directamente a la sociedad. Hay que preguntarse por qué Esperanza Aguirre e Ignacio González han defendido al alcalde ‘presuntamente’ corrupto de Brunete, por qué permiten que las huestes del PP le aplaudan y le apoyen —y hasta le jaleen—, por qué atacan y desprestigian a quienes denuncian la corrupción. Yo no tengo dudas sobre ese porqué: se han beneficiado durante años de la corrupción impune y de la forma en la que ha corroído la sociedad y ahora ni quieren ni pueden parar el enorme engranaje.
 
En estas condiciones, hay que tener mucho valor para denunciar la corrupción; hacerlo tiene casi siempre un coste muy alto. Ahora, si permitimos que ganen, si a personas como el alcalde de Brunete se les permite seguir en política, si Esperanza Aguirre sigue sin pagar por haberse apoyado durante años en personajes turbios y corruptos… Si esto sigue así, nuestro país terminará mal. Pero no va a ser. Estoy seguro que hay una parte de la sociedad que va a reaccionar. Nos va el futuro en ello.
 
 
 
 
 

Mejor la resistencia pacífica y la no violencia

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Hemos tenido acceso al texto de una desconcertante sentencia de la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo, aún no publicada, en cuyo Fundamento de Derecho Séptimo se señala: “dada la falta de independencia de los órganos superiores de la Justicia, la lentitud de los procesos, el establecimiento de tasas judiciales que menoscaban el derecho a la tutela judicial efectiva y la falta de seguridad jurídica que afrontan los ciudadanos, que no tienen un cauce alternativo para obtener la protección de sus derechos, es comprensible que cometan determinados excesos en sus actuaciones y, por lo tanto, aplicamos la eximente de estado de necesidad al encarcelamiento privado de don T.C.A. por su acreedora doña B.D.J. hasta que la deuda fue saldada por la esposa de aquél”.
La sentencia nos desconcierta, pero deberemos esperar a su lectura íntegra para pronunciarnos sobre la misma. Y ello porque hasta ahora creíamos que el fin del Derecho es la Justicia y que para alcanzarla hay que partir de unos valores y de unos principios, incluyendo el escrupuloso cumplimiento de las normas vigentes y de las sentencias de nuestros Tribunales.  Por esa razón creíamos también que no cabe el recurso a la violencia privada ni la realización arbitraria del propio derecho, puesto que uno de los principios básicos del ordenamiento jurídico de un verdadero Estado democrático de Derecho es la interdicción de toda forma de violencia, con contadas excepciones.
Sin embargo, a veces se conocen sentencias que causan extrañeza. Sentencias con algunos razonamientos que hacen recobrar vigencia a aquella afirmación de Platón Karatajev, el personaje de Tolstoi en “Guerra y Paz”, de que “donde están los tribunales, está la iniquidad”.
El caso de la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 7 de julio de 2014,  sobre los sucesos acontecidos en el Parlamento de Cataluña en junio de 2011 es uno de ellos. El más reciente. No el más grave ni probablemente el último.
Un grupo de ciudadanos (del total que estaban congregados en los alrededores del Parlament) trataron de impedir que los diputados accedieran a la sesión parlamentaria donde se iban a debatir y aprobar los Presupuestos autonómicos, que previsiblemente comportarían recortes, dada la crítica situación económica que se vivía en aquel momento. Y no lo trataron de impedir de manera pacífica sino con violencia, intimidación o amenazas (golpeando por ejemplo coches donde iban parlamentarios, intentando abrir sus puertas, zarandeando o acometiendo físicamente a otros diputados, impidiéndoles su libertad ambulatoria, insultándoles, escupiéndoles…).
Dicha sentencia es un caso notable de lo que los juristas denominan “uso alternativo del Derecho”. Se invocan normas superiores y conceptos genéricos (la Constitución, la libertad de expresión, de manifestación, etc.), se realizan valoraciones subjetivas e improcedentes de carácter político-ideológico  (“ (…) los cauces de expresión se encuentran controlados por medios de comunicación privados…”), olvidando la verdadera trascendencia de otros preceptos constitucionales (art. 66.3 CE: “Las Cortes son inviolables.”; art. 55.3 del Estatuto de Cataluña: “El Parlament es inviolable.”), para no aplicar la norma más específica referible al caso (el art. 498 del Código Penal, delito contra las instituciones del Estado), conforme impone el conocido principio de especialidad en la aplicación de las normas. El Voto particular emitido por el Sr. Grande Marlaska recuerda, con buen criterio, que “se ataca con la conducta enjuiciada la verdadera voluntad popular representada en el Parlamento autonómico y que sale (democráticamente) de las urnas.”
Al final, en la práctica, se terminan disculpando comportamientos de violencia verbal e intimidación con compulsión directa trasladando –aun sin pretenderlo- a la opinión pública el mensaje de que todo vale y de que hay vía libre para los excesos en la “ley de la calle”. La sentencia tan sólo contiene una condena por una falta de daños.
Conviene, sin embargo, recordar que en el Derecho continental se consideró uno de los logros de las revoluciones del siglo XVIII la sujeción del juez a la ley general –al Derecho Positivo- por lo que, pensemos lo que pensemos cada uno de nosotros y, desde luego, los propios jueces y magistrados, al respecto, los jueces están sujetos al imperio de la Ley, aunque pueden proponer su modificación o acudir a los mecanismos previstos en la LOPJ si consideran que alguna norma aplicable pudiera ser inconstitucional. Resulta especialmente claro el art. 1.7 del Código Civil cuando nos recuerda que: “Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido”.
Además, en Derecho no todo es interpretable, no todo es “una escala de grises” porque si no la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) deja de existir y con ella se disuelve la justicia misma. Se evita con ello que tal o cual tribunal se convierta en legislador apócrifo interpretando la norma como considera adecuado según sus particulares criterios ideológicos o metajurídicos, pero no jurídicos y se llega al absurdo (cada vez más frecuente) de que una norma clara no quiere decir lo que dice sino lo que el intérprete de turno (un juez, un tribunal, un “regulador” o una Dirección General de cualquier Administración Pública) considera que debería haber dicho.
Porque los límites a la interpretación de las normas los establece, con carácter general, el art.3 del mismo Código Civil al decir:
“Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.”
Como ha escrito Francesc de Carreras: “El buen juez que imparte justicia según sus propios criterios —en ocasiones muy respetables— pasó a la historia para ser sustituido por la ley general, la única que debe aplicarse sin hacer excepciones. Cualquier caso moralmente bien solucionado pero contrario a la ley crea un precedente que sirve para que en otros supuestos la solución sea aberrante. El derecho es un conjunto de reglas que regulan nuestra convivencia, tanto entre individuos como entre Estados, y saltarnos estas reglas —aun con buena intención— conduce al caos. Una buena solución para un caso concreto, al sentar un precedente, puede ser un grave error para casos futuros. Aplicar el doble rasero, uno para los amigos y otro para los enemigos, es la negación del derecho.”
Nuestro ordenamiento jurídico y nuestro sistema democrático tienen notables deficiencias, formales y materiales. Muchas de las críticas que reciben nuestros políticos y nuestras instituciones son merecidísimas, y el enfado de la ciudadanía totalmente comprensible. Pero la solución no puede ser la quema de contenedores, la agresión a la policía, la coacción a los parlamentarios o los “escraches” (que por más que algún tribunal lo haya dicho nunca serán un mecanismo “normal” u “ordinario” de participación democrática).
Al revés, si se quieren provocar los cambios necesarios, deben cuidarse las formas y el fondo de las protestas, y hacerlas más sutiles, más inteligentes, pues como decía Marañón no es el fin el que justifica los medios sino que son los medios empleados los que justifican -los que dan legitimidad- al fin que se pretende. Los sistemas jurídicos modernos arrancan de la interdicción de la autotutela (de la “justicia privada” que uno “se toma”) y de la violencia, cualquiera que sea el grado de la misma. Y no cabe ante ella la tolerancia, siquiera en sus formas nimias so pretexto de que existan motivos de fondo para estar harto o dificultades para canalizar la expresión de descontento (uno de los motivos de la sentencia para no aplicar rectamente el Código penal).
Todo ello supone desterrar de la vida pública cualquier forma de violencia o intimidación, sea física o simplemente verbal. Y pasar de la democracia de la protesta a la democracia de la razón, de las razones. Pasar de la indignación, tan comprensible pero tan fácil y demagógicamente manipulada por determinados sectores políticos y sociales, a un escalón más exigente, el de la argumentación constructiva.
Potenciar lo que Víctor Pérez-Díaz denomina “competencia cívica” es hoy más necesario que nunca para espolear a buena parte de nuestros políticos, tan renuentes a los cambios y a la regeneración que el país necesita. La “competencia cívica” supone una superación de la “competencia” en algaradas y disturbios callejeros, de las consignas efectistas, de los “mensajes píldora” de corte demagogo o populista en los que algunos están tan entrenados. Urge saber plantear propuestas razonables y realistas. Por contra, sobran planteamientos utópicos, imposibles, propuestas inviables, que nada solucionan salvo contentar a los propios seguidores.
Y es que la “competencia cívica” exige de todos los ciudadanos más esfuerzo, más reposo y reflexión, más exigencia personal y colectiva, que montar barullo o disturbios en la calle. Supone apelar a la capacidad argumentativa y a la responsabilidad individual. Y entender que, en muchas ocasiones, un comportamiento puede ser cívicamente inaceptable, aunque la ley no lo prohíba o los jueces no lo sancionen.
Cada uno sabrá a qué manifestaciones va, y qué prácticas, violentas o no, intimidatorias o no, alienta o excusa con un silencio interesado, mas no cabe invocar el Derecho para defender solo el propio o el de quienes se alinean ideológicamente con uno, y olvidarse de los derechos de terceros afectados.
Hace ya varios años Giovanni Sartori vaticinó que la “videopolítica” y el mal uso de las redes sociales favorecerían la promoción de la democracia de la protesta y la minimización de la democracia de la razón.
Pues bien, frente a ese riesgo cierto, hay que cultivar la virtud cívica de la justicia entendida como el cumplimiento del propio deber, personal y social (Platón, República, IV, 10). Una de cuyas primeras manifestaciones es el principio de no hacer mal a otro, lo cual supone una invitación a canalizar las legítimas reivindicaciones políticas y ciudadanas por métodos pacíficos, sin dañar o intimidar a los demás, respetando sus derechos.
La manifestación es ciertamente un derecho (art.21 CE), la algarada, no. La protesta civilizada es un derecho, pero la coacción, los daños y estragos, no son un derecho de nadie sino un delito contra la libertad (arts.172 y ss. CP), además de delitos contra las instituciones del Estado (art.492  ss CP) o con ocasión el ejercicio de derechos fundamentales (art.510 ss CP)  y la tibieza hacia los mismos en los medios de comunicación, en ciertos “círculos” o “salones” intelectuales y en la sociedad, es un síntoma patente de disolución de los principios elementales de convivencia. La tolerancia judicial de las conductas agresivas, en vez de su sustitución por la resistencia pasiva o activa pero siempre pacífica, no auguran nada bueno. Si “todos somos Gamonal” entonces que se modifique el sistema legislativo vigente, desde la Constitución para abajo, y que todos sepamos a qué atenernos, pues en eso consiste, primariamente, el Derecho, en saber a qué atenerse.
El razonamiento de que “Cuando los cauces de expresión se encuentran controlados por medios de comunicación privados […] resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación” causa repugnancia y sirve de aval a quienes instrumentan en su propio beneficio el legítimo descontento. Esperemos que el Tribunal Supremo, en sede de recurso, desautorice esta forma de razonar y la sustituya por otra que aplique rectamente los preceptos y principios que hemos defendido en este trabajo.