Artículo de Elisa de la Nuez en Voz Pópuli: Cómo amañar un concurso público: el caso del Gobierno de Aragón y la plataforma logística Plaza de Zaragoza
Amañar un concurso público es algo relativamente sencillo. Para los profanos, tendré que empezar comentando que pese a las innumerables disposiciones del Real Decreto legislativo 3/2011 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público cuya finalidad última es garantizar –de acuerdo con la normativa europea- que la adjudicación de un concurso público respeta los principios de concurrencia, neutralidad y transparencia, eludir las disposiciones de la ley es bastante fácil. Cosa que a estas alturas probablemente ya no les sorprenda. De ahí que casos como el publicado en este periódico sobre la adjudicación de una obra por el Gobierno de Aragón (presidido entonces por Marcelino Iglesias) con un sobrecoste de nada menos que 150 millones de euros para la urbanización de la plataforma logística Plaza de Zaragoza sean desgraciadamente habituales. En concreto para amañar este concurso se dieron instrucciones (por mail) para a los técnicos que tenían que elaborar el informe técnico con la finalidad de adjudicar la obra a Necso Entrecanales, la constructora de Acciona. El que este tipo de instrucciones ya no sean meramente verbales sino se den por escrito da idea de la “normalidad” de este tipo de prácticas, y de la sensación de impunidad de que gozan sus autores. Con razón.
Claro que hay otros métodos más simples para amañar un concurso público. Habrán oído hablar de los famosos contratos menores (de importe inferior a 18.000 euros, como verán no son tan menores, por lo menos en los tiempos que corren) que se dan “a dedo” sin ningún tipo de procedimiento más allá de la aprobación del gasto y la incorporación de la factura, porque la Ley de contratos del sector público así lo permite. Es verdad que dada la lentitud exasperante de la contratación pública –hay que cumplir infinitos trámites burocráticos para garantizar la concurrencia, competitividad y transparencia- puede justificar su necesidad en casos puntuales. Pero como suele pasar en España, estos contratos han servido simplemente para hacer favores o adjudicar contratos a las amistades, o para cosas peores. Efectivamente cuando aparecen “troceados” –es decir, se reparte un contrato de mayor cuantía en varios contratos de 18.000 euros con la misma empresa o con empresas que dependen unas de otras- podemos razonablemente pensar que algo preocupante está pasando.
De hecho, los contratos a través de los que se articulaba la trama Gurtel en Madrid eran en su mayoría contratos menores, controlados por cierto por un Consejero de la Comunidad de Madrid cesado y convertido en cabeza de turco bajo protesta de ignorancia de sus jefes políticos y por supuesto de las Consejerías afectadas, que eran unas cuantas. El problema es que, después de la Gurtel, este tipo de contratos son más sospechosos y en todo caso difícilmente pueden amparar adjudicaciones a dedo de obras o servicios de cuantía muy importante. Así que hay que acudir a otras opciones un poco más laboriosas para garantizar que un concurso público quede en manos de la empresa “que interesa” a los jefes políticos o incluso a los empleados de turno, que de todo hay.
En estos supuestos es imprescindible lanzar un concurso público, procedimiento largo y complejo. Aunque siempre hay “shortcuts”: se puede intentar que la empresa favorita sea la ganadora simplemente intentando que ninguna otra empresa se presente al concurso. Si bien existe la obligación legal de publicar un concurso público en la web de la entidad en cuestión, en la plataforma de contratación pública correspondiente y en diarios oficiales varios -según el ámbito territorial- siempre cabe hacerlo en periodos festivos, fines de semana o fiestas de guardar, con gran preferencia por el mes de agosto. También cabe la opción de conceder un plazo muy breve para presentar ofertas muy complejas incluso con un fin de semana por en medio. Con esto lo razonable es que solo la empresa favorita (avisada convenientemente) pueda concurrir y presentar una oferta razonable que de hecho ya suele tener preparada, eso si no ha redactado los pliegos del concurso para mayor comodidad de los empleados públicos. El riesgo, claro está, es que alguna empresa despistada lea también los boletines oficiales e inocentemente se presente al concurso. A veces hasta puede ganar dado que la empresa favorita puede haberse esforzado relativamente poco en hacer una buena oferta económica o técnica (recuerden que sabe que va a ganar) u olvidarse de presentar algún papel en plazo. En definitiva, con este modelo puede haber sustos con los “outsiders”.
Es verdad que siempre se puede informar –más o menos confidencialmente– a las posibles empresas concurrentes de que “existe un compromiso” de forma que voluntariamente renuncien a presentarse para no perder el tiempo. En definitiva, se deja caer que “este no es para ti” y que “ya te tocará”. Claro que luego está el problema de que tener habitualmente una empresa por concurso, especialmente en concursos importantes, también resulta poco estético.
Así que a veces ya no queda más remedio que amañar el concurso vía informe técnico, es decir, el informe que los funcionarios o empleados públicos competentes realizan sobre los aspectos técnicos de una oferta. Recordemos que en la contratación pública lo habitual es tener que presentar una oferta técnica y una oferta económica. Las subastas –es decir, los supuestos donde solo se valora la oferta económica-son excepcionales por diversos motivos, aunque ciertamente una subasta es más difícil de amañar. Volviendo al supuesto habitual, y simplificando mucho –la regulación es bastante compleja- podemos decir que los aspectos técnicos y económicos de una oferta tienen una ponderación en el resultado final, siendo habitual que los aspectos técnicos d ela oferta pesen más que los económicos. Lógicamente cuanto más alta sea la ponderación otorgada a los criterios técnicos sobre los criterios económicos (el precio) más posibilidades hay de que el concurso pueda ser adjudicado atendiendo a lo que refleje el informe técnico.
¿Y quien hace el informe técnico? Pues los funcionarios o empleados públicos técnicos del organismo en cuestión, que son los especialistas en esas cuestiones, ya sean los ingenieros de ADIF o los arquitectos municipales. El problema es que dependen de los directivos del ente u órgano en cuestión. Basta con que la cúpula directiva de un ente público, ayuntamiento, empresa pública, Consejería, etc exprese un interés en el resultado de un concurso público o para ser más exactos, en una determinada empresa para que sus subordinados (“soldados”, en la jerga) entiendan perfectamente de qué se trata. Bien es cierto que no todos los directivos lo hacen, pero en ciertos ámbitos de la contratación pública es muy frecuente, para que nos vamos a engañar. Otra cosa es que la mayoría de las empresas prefieran no recurrir un concurso por evidente que sean las trampas. Pero esa es otra historia.
Cierto es que aún así estos técnicos pueden hacer una valoración objetiva pero sinceramente ¿Qué ganan oponiéndose a los deseos de los jefes? En cambio está bastante claro lo que pueden perder, desde la promoción profesional pasando por los complementos retributivos hasta el puesto de trabajo en casos extremos. Y tampoco es infrecuente que en pago de los buenos servicios a estos probos empleados se les consientan sus propias corruptelas, normalmente, eso sí, a una escala bastante menor. Otro detalle muy relevante es que estos informes técnicos no son públicos, salvo que se acuda a la vía de los recursos administrativos o judiciales. La falta de transparencia permite que se puedan mover las puntuaciones con una gran libertad, de forma que subiendo las de la empresa “favorita” muy por encima de las de otras empresas concurrentes se puede asegurar prácticamente que sea cual sea la oferta económica el concurso le sea adjudicado.
Conviene también subrayar que algunas de las prácticas más arriba comentadas ya fueron en su momento denunciadas en los informes de la extinta Comisión Nacional de la Competencia por contrarias a la competencia sin que las cosas hayan cambiado sustancialmente.
¿Qué se puede hacer entonces además de animar a las empresas perjudicadas a recurrir primero ante la Administración y después ante los tribunales de Justicia? Pues mucha pedagogía. ¿De verdad creen las empresas españolas, incluso las favorecidas por estas prácticas, que esta forma de contratar no tiene consecuencias? ¿O los ciudadanos españoles que estos concursos no salen mucho más caros a los contribuyentes? ¿O que esta forma de proceder no tiene nada que ver con la corrupción generalizada y el 3%? ¿O con las revolving door? Pues convendría que fuéramos tomando conciencia de lo que mucho que nos jugamos si seguimos tolerando estas prácticas. Y no solo hablo de dinero.
Editores del blog “¿Hay derecho?”
Gracias por el artículo.
Dejando de lado practicas mas mafiosas (hablar con las empresas, amenazarlas etc.), cuando de hecho se sigue un procedimiento de contratación tasado, está claro que cualquier valoración técnica tiene un componente subjetivo muy alto. Eso sí, se me ocurren algunas medidas que irían dificultando cada vez más estas prácticas:
– Obligatoriedad (salvo casos muy muy tasados) de valorar 30% técnica – 70% económica.
– Obligatoriedad de denunciar casos de fraude, mala-administración, etc. Esto ya se hace en la UE. Protección al que denuncia.
– Rotación obligatoria del personal dedicado a la contratación. Esto es muy importante y muchas veces nos olvidamos de ello en España. Es evidente que cuesta más convencer a un equipo cada cuatro años que a un equipo que te dure veinte. Muchas veces olvidamos la importancia de la rotación profesional bajo la estupidez aquella de lo que cuesta formar al nuevo…venga ya…pues no produce desidia ni nada dedicarse veinte años a la contratación pública… con el descenso en la productividad que ello supone.
– Órgano independiente de valoración de contratos modificados.
– Extensión de la subasta. ¿Por qué no? Al final una Administración contrata lo mismo una y otra vez. Tras un examen exhaustivo de la solvencia técnica, por qué no subasta?? Evidentemente hay proyectos complicados pero otros son terriblemente simples y repetitivos.
– Reducción de las posibilidades de acudir a los negociados sin publicidad. Por ejemplo, piensen Vds. en un departamento que contrate temas de seguridad, es mencionar la palabra seguridad e ir inmediatamente a un procedimiento sin publicidad. Pues no, señores, un set de bolígrafos para el departamento de seguridad no implica la no publicidad.
– Vigilancia de la contratación menor. ¿Por qué no un límite por empresa, incluyendo filiales, participadas etc.?
– Y finalmente, como siempre, más vigilancia, por qué no visitar y preguntar en los departamentos de contratación a través de auditorías externas? Más de uno y más de dos acabarían soltando información aunque solo fuera por el queme de ver irregularidades a diario.
Gracias por el artículo.
Dejando de lado practicas mas mafiosas (hablar con las empresas, amenazarlas etc.), cuando de hecho se sigue un procedimiento de contratación tasado, está claro que cualquier valoración técnica tiene un componente subjetivo muy alto. Eso sí, se me ocurren algunas medidas que irían dificultando cada vez más estas prácticas:
– Obligatoriedad (salvo casos muy muy tasados) de valorar 30% técnica – 70% económica.
– Obligatoriedad de denunciar casos de fraude, mala-administración, etc. Esto ya se hace en la UE. Protección al que denuncia.
– Rotación obligatoria del personal dedicado a la contratación. Esto es muy importante y muchas veces nos olvidamos de ello en España. Es evidente que cuesta más convencer a un equipo cada cuatro años que a un equipo que te dure veinte. Muchas veces olvidamos la importancia de la rotación profesional bajo la estupidez aquella de lo que cuesta formar al nuevo…venga ya…pues no produce desidia ni nada dedicarse veinte años a la contratación pública… con el descenso en la productividad que ello supone.
– Órgano independiente de valoración de contratos modificados.
– Extensión de la subasta. ¿Por qué no? Al final una Administración contrata lo mismo una y otra vez. Tras un examen exhaustivo de la solvencia técnica, por qué no subasta?? Evidentemente hay proyectos complicados pero otros son terriblemente simples y repetitivos.
– Reducción de las posibilidades de acudir a los negociados sin publicidad. Por ejemplo, piensen Vds. en un departamento que contrate temas de seguridad, es mencionar la palabra seguridad e ir inmediatamente a un procedimiento sin publicidad. Pues no, señores, un set de bolígrafos para el departamento de seguridad no implica la no publicidad.
– Vigilancia de la contratación menor. ¿Por qué no un límite por empresa, incluyendo filiales, participadas etc.?
– Y finalmente, como siempre, más vigilancia, por qué no visitar y preguntar en los departamentos de contratación a través de auditorías externas? Más de uno y más de dos acabarían soltando información aunque solo fuera por el queme de ver irregularidades a diario.
Me he preguntado muchas veces si es más manipulable la valoración técnica o la económica. Imagino que dependerá del ámbito. Casi siempre he visto que la última palabra la tiene la oferta económica precisamente por la apariencia de objetividad que da aplicar una fórmula. Pero elegir al más barato por encima del que la propia Administración no duda en calificar como más adecuado, chirría. Sobre todo cuando unas ofertas demasiado bajas pueden deberse también a ser empresas asiduas de este tipo de concursos, que compensan las pérdidas con contratos menores o con posteriores modificaciones del propio contrato del concurso. Un profesional o un equipo ajeno a la Administración podrá hacer proyectos muy cuidados en los pocos casos en los que los plazos no son mínimos, pero lo que no va a hacer es asegurar que puede realizar un trabajo por menos dinero del que necesita para cubrir sus gastos. Esto excluye a los profesioales más independientes del mundillo de los concursos, lo que, a la larga, nos perjudica a todos.
Me he preguntado muchas veces si es más manipulable la valoración técnica o la económica. Imagino que dependerá del ámbito. Casi siempre he visto que la última palabra la tiene la oferta económica precisamente por la apariencia de objetividad que da aplicar una fórmula. Pero elegir al más barato por encima del que la propia Administración no duda en calificar como más adecuado, chirría. Sobre todo cuando unas ofertas demasiado bajas pueden deberse también a ser empresas asiduas de este tipo de concursos, que compensan las pérdidas con contratos menores o con posteriores modificaciones del propio contrato del concurso. Un profesional o un equipo ajeno a la Administración podrá hacer proyectos muy cuidados en los pocos casos en los que los plazos no son mínimos, pero lo que no va a hacer es asegurar que puede realizar un trabajo por menos dinero del que necesita para cubrir sus gastos. Esto excluye a los profesioales más independientes del mundillo de los concursos, lo que, a la larga, nos perjudica a todos.
Lo que sí me parece importante es que las valoraciones de los concursos, incluyendo los informes técnicos, se fueran colgando en internet. Comparar entre sí las convocatorias, sus distintas aplicaciones de los criterios técnicos, el trato que reciban ciertas empresas, la evolución del precio de las ofertas ganadoras, etc es fundamental.
Lo que sí me parece importante es que las valoraciones de los concursos, incluyendo los informes técnicos, se fueran colgando en internet. Comparar entre sí las convocatorias, sus distintas aplicaciones de los criterios técnicos, el trato que reciban ciertas empresas, la evolución del precio de las ofertas ganadoras, etc es fundamental.
No es baladí la cuestión apuntada en el post y los comentarios añadidos, por más que pese la publicidad y transparencia garantizarían la objetividad del concurso y además, evitarían comportamientos ilegales.
No es baladí la cuestión apuntada en el post y los comentarios añadidos, por más que pese la publicidad y transparencia garantizarían la objetividad del concurso y además, evitarían comportamientos ilegales.
Aunque no sea la panacea, a mi juicio resulta imprescindible la publicidad total de los concursos públicos, incluyendo:
a) Organismo público que contrata.
b) Personas responsables de la contratación y de la resolución del concurso.
c) Personas responsables de la contratación por el lado de las empresas concurrentes, así como identificación de sus “titulares reales” y de las personas contratadas en puestos directivos con relación personal o profesional con los anteriores.
d) Obligatoriedad de hacer públicas todas las ofertas realizadas, en todos sus términos.
e) Responsabilidad personal de los perjuicios causados a las arcas públicas por las personas que tomen las correspondientes decisiones, incluyendo los mandatos de pago.
Y sobre todo, reconocer que el problema no es de regulación o de falta de ella, precisamente. El problema está en la naturaleza de las cosas, en el enorme tamaño del entramado administrativo y los consiguientes incentivos a apropiarse de la máquina del dinero.
Por experiencias propias he conocido la actitud de muchos “responsables” políticos de que “si se cumplía lo que decía la ley, entonces no se podría hacer nada”. ¿Para qué están entonces? Puedo asegurar por esas experiencias que por “complicado” que parezca un procedimiento concursal puede llevarse a cabo con todas las garantías SIEMPRE QUE NO SE SEA UN INCOMPETENTE O SE TENGAN INTERESES PERSONALES. Todo depende de que los proyectos previstos están preparados con suficiente antelación ya que, en teoría, son los que establecen el presupuesto necesario para su ejecución. También en su momento recibí invitaciones a comer por parte de “interesados” que soslayé diciendo que prefería comer en casa (es más sano). También recibí y rechacé pequeños “detalles sin importancia” desde el calendario con la marca comercial en adelante. También fuí condenado al ostracismo administrativo porque “era demasido legal” o “poco flexible” con lo público. También ví cuando los costes de un proyecto se disparaban al salir de mis manos…. Más de 40 años en las AA.PP. dan para mucho y sobre todo para constatar cómo los controles que eran garantías se iban esfumando desde la llegada del PSOE (el felipismo) al gobierno. ¿Amañados los concursos? ¡Que va! Se trata de contratar a los mejores… eso sí, guardando un poco las formas.
Del mismo modo se convocan oposiciones para optar a plazas de funcionarios públicos en algunos ayuntamientos, se ponen unas condiciones tales que el amiguete al que se va a adjudicar la plaza sale ya con un montón de puntos de ventaja sobre cualquiera que ose intentar arrebatarle el puesto fijo que le corresponde. Por tener el título que casualmente él tiene: 5 puntos, por cada año que ha ocupado interinamente la plaza que le otorgaron a dedo y que es la que sale a concurso: 2 puntos y así sucesivamente, de forma que aunque cualquiera de los otros opositores que se presente haga mucho mejor que él los ejercicios en los que demuestre sus conocimientos, nunca será suficiente. Y luego no podemos decir que no es un funcionario por oposición, hecha a medida eso sí , pero oposición.
Esta práctica que yo he conocido en algún ayuntamiento, supongo que se podrá hacer y de hecho se hará en diputaciones, gobiernos autónomos y demás, recordemos el caso de la asesina de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, que también optaba a una plaza en la diputación.
Y nosotros a trabajar y a segur pagando impuestos.
¡Buen post para el Día del Pilar!.
Estimada Elisa,
Leo tu escrito y no salgo de mi asombro. ¿Cómo se puede demonizar a todo un colectivo, el de los funcionarios, sin pruebas, sólo con sospechas, o algo peor, extendiendo porquería a todos ellos sin aportar más datos que la insidia?
El escrito es lamentable de principio a fin. Si hay sospechas se denuncian en el juzgado pero no se ataca a todo un colectivo de manera tan arbitraria y gratuita.
Esta caza de brujas indiscriminada y porque sí es asquerosa. Es más nos deja a los gestores de la contratación pública a los pies de los caballos y sin posibilidad de defensa porque si defiendo mi gestión o la de mi Ministerio seguro que alguien sospecha que aquí no hay nada, pero que en otro sitio puede haberlo.
Nada se dice, por otro lado, de la responsabilidad que asumen los funcionarios en estos puestos, mal remunerados y completamente horados. Nada se dice de que para cobrar lo mismo, acabaremos marchándonos a puestos cómo esos dónde se puede hacer un informe jurídico sin responsabilidad alguna; puestos en los que se puede hacer y criticar lo que hacen los demás cogiéndosela con papel de fumar o viendo ladrones donde sólo hay gestión, quizá porque en ellos, al final, nadie pide cuentas.
El artículo tiene todos los elementos propios para ser calificado de calumnioso. Desde la barrera se puede insultar gravemente, que nada pasa. Se deja la porquería y se va a otra cosa, creyendo que así se va por la vida como impoluta y respetada. La denunciadora. Un poco más de conocimiento de cómo se hacen los contratos en el Estado, un poco menos de pensar mal, un poco más de pedir información si se desconoce la materia o los procedimientos, un poco más de equilibrio en la crítica, unas cuantas pruebas más y menos equidistancia… y quizá algunos de los gestores de la contratación hubiéramos podido tenerte respeto por este artículo.
Una ocasión fallida.
Como fallido es no hablar de las prácticas colusorias de las empresas que están denunciadas por la Administración ante competencia.
Por experiencias propias he conocido la actitud de muchos “responsables” políticos de que “si se cumplía lo que decía la ley, entonces no se podría hacer nada”. ¿Para qué están entonces? Puedo asegurar por esas experiencias que por “complicado” que parezca un procedimiento concursal puede llevarse a cabo con todas las garantías SIEMPRE QUE NO SE SEA UN INCOMPETENTE O SE TENGAN INTERESES PERSONALES. Todo depende de que los proyectos previstos están preparados con suficiente antelación ya que, en teoría, son los que establecen el presupuesto necesario para su ejecución. También en su momento recibí invitaciones a comer por parte de “interesados” que soslayé diciendo que prefería comer en casa (es más sano). También recibí y rechacé pequeños “detalles sin importancia” desde el calendario con la marca comercial en adelante. También fuí condenado al ostracismo administrativo porque “era demasido legal” o “poco flexible” con lo público. También ví cuando los costes de un proyecto se disparaban al salir de mis manos…. Más de 40 años en las AA.PP. dan para mucho y sobre todo para constatar cómo los controles que eran garantías se iban esfumando desde la llegada del PSOE (el felipismo) al gobierno. ¿Amañados los concursos? ¡Que va! Se trata de contratar a los mejores… eso sí, guardando un poco las formas.
Del mismo modo se convocan oposiciones para optar a plazas de funcionarios públicos en algunos ayuntamientos, se ponen unas condiciones tales que el amiguete al que se va a adjudicar la plaza sale ya con un montón de puntos de ventaja sobre cualquiera que ose intentar arrebatarle el puesto fijo que le corresponde. Por tener el título que casualmente él tiene: 5 puntos, por cada año que ha ocupado interinamente la plaza que le otorgaron a dedo y que es la que sale a concurso: 2 puntos y así sucesivamente, de forma que aunque cualquiera de los otros opositores que se presente haga mucho mejor que él los ejercicios en los que demuestre sus conocimientos, nunca será suficiente. Y luego no podemos decir que no es un funcionario por oposición, hecha a medida eso sí , pero oposición.
Esta práctica que yo he conocido en algún ayuntamiento, supongo que se podrá hacer y de hecho se hará en diputaciones, gobiernos autónomos y demás, recordemos el caso de la asesina de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, que también optaba a una plaza en la diputación.
Y nosotros a trabajar y a segur pagando impuestos.
¡Buen post para el Día del Pilar!.
Estimada Elisa,
Leo tu escrito y no salgo de mi asombro. ¿Cómo se puede demonizar a todo un colectivo, el de los funcionarios, sin pruebas, sólo con sospechas, o algo peor, extendiendo porquería a todos ellos sin aportar más datos que la insidia?
El escrito es lamentable de principio a fin. Si hay sospechas se denuncian en el juzgado pero no se ataca a todo un colectivo de manera tan arbitraria y gratuita.
Esta caza de brujas indiscriminada y porque sí es asquerosa. Es más nos deja a los gestores de la contratación pública a los pies de los caballos y sin posibilidad de defensa porque si defiendo mi gestión o la de mi Ministerio seguro que alguien sospecha que aquí no hay nada, pero que en otro sitio puede haberlo.
Nada se dice, por otro lado, de la responsabilidad que asumen los funcionarios en estos puestos, mal remunerados y completamente horados. Nada se dice de que para cobrar lo mismo, acabaremos marchándonos a puestos cómo esos dónde se puede hacer un informe jurídico sin responsabilidad alguna; puestos en los que se puede hacer y criticar lo que hacen los demás cogiéndosela con papel de fumar o viendo ladrones donde sólo hay gestión, quizá porque en ellos, al final, nadie pide cuentas.
El artículo tiene todos los elementos propios para ser calificado de calumnioso. Desde la barrera se puede insultar gravemente, que nada pasa. Se deja la porquería y se va a otra cosa, creyendo que así se va por la vida como impoluta y respetada. La denunciadora. Un poco más de conocimiento de cómo se hacen los contratos en el Estado, un poco menos de pensar mal, un poco más de pedir información si se desconoce la materia o los procedimientos, un poco más de equilibrio en la crítica, unas cuantas pruebas más y menos equidistancia… y quizá algunos de los gestores de la contratación hubiéramos podido tenerte respeto por este artículo.
Una ocasión fallida.
Como fallido es no hablar de las prácticas colusorias de las empresas que están denunciadas por la Administración ante competencia.
Estimada Mercedes: Si hay un colectivo al que se pudiera aplicar eso de “¡ Dios, que buen vasallo si oviera buen señor!” es a los funcionarios de verdad. Esos que se niegan a “caerle bien” al señorito de turno y son capaces de sacrificar ascensos para servir y defender a los ciudadanos. Dicho esto y después de haber conocido algunas AA.PP. y haber padecido algunos que otros sinsabores por negarme a “conocer” a nadie, fui alejado de mi función después de más de 40 años ejerciéndola. Tú sabes que la Administración ya no es lo que era, pero la mayoría del personal no tiene la culpa de lo que pasa. Ellos se limitan a obedecer y no fastidiar al de arriba más de la cuenta porque no se sienten responsables de las muchas arbitrariedades o incorrecciones administrativas (revestidas de “legalidad”) que pasan por sus mesas. Pocos casos conozco de la aplicación de la antigua (no sé si sigue en vigor) Ley de Régimen Jurídico de las AA.PP. en la que se aplican responsabilidades personales por quebrantos al Estado. El colectivo de funcionarios (con funciones) se ha mezclado con los contratados laborales (que sabes deberían ser excepción) con un régimen jurídico diferente y que, en muchos casos ejercen de “autoridad” (yo he visto resoluciones firmadas por un laboral) con el VºBº correspondiente o simples guardias de seguridad privada requiriendo el DNI a los visitantes e incluso el motivo de su visita. ¡Qué decir del régimen de los directivos de áreas (?) departamentos (?) y otras novedades extrainstitucionales! Todo el asunto se ha ido de las manos y ahora lo difícil es reconducirlo porque ya es habitual lo que debería ser excepcional. Desgraciadamente. Desde mi respeto a los funcionarios de verdad un cordial saludo.
Gracias a todos por los comentarios. Y enhorabuena a Mercedes porque si no sale de su asombro es que debe de trabajar en un organismo o Ministerio donde jamás se ha producido una contratación irregular merced a su esfuerzo y al de gente como ella. Lamentablemente mi experiencia (también muy dilatada, dentro y fuera de la Administración) me hace pensar que lo que cuento en el post -sin ánimo de demonizar a nadie, y menos a un colectivo- está bastante más extendido de lo que a muchos les gustaría creer. Las razones son básicamente las que menciona O´Farrill en el comentario anterior y desarrollamos en el libro colectivo ¿hay derecho? en el capítulo “La administración desencadenada”.
Comenta en su post que los informes técnicos no son públicos, salvo que se recurra, así como se alude a la falta de trasparencia. Mi pregunta es la siguiente.
Con la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se ha modificado los artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992, introduciendo el derecho de todos los ciudadanos al acceso a la información pública, archivos y registros. El artículo 12 de esta Ley 19/2013 establece el derecho de todas las personas a acceder a la información pública; y el artículo 13 define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por su parte, el artículo 18 permite inadmitir a trámite una solicitud de información cuando ésta “tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones, informes internos o entre órganos o entidades administrativas”.
En consecuencia, ¿no sería posible utilizar esta vía para tener acceso a los informes técnicos de valoración cuando el expediente aún no está terminado? Si así fuera, el conocimiento de que esos informes técnicos pueden ser públicos mediante una solicitud quizá sirviera para amedrentar cualquier atisbo de valoración subjetiva o decantada hacia una concreta oferta.
P.D.: los artículos mencionados de la Ley 19/2013 entrarán en vigor el próximo 10 de diciembre de 2014, de conformidad con la DF 9ª de la Ley.
Yo no me baso en creencias. Yo lo veo y certifico que en la AGE el número de corrupciones es muy pequeño. Mucho menos de lo que usted dice creer, Sr. de la Nuez.
Y estoy muy lejos de ser una cándida ingenua.
A veces pensando mal no se acierta. No sé si sus críticas pueden tener algún fundamento en CC.AA o en EE.LL. En la AGE las cosas son francamente limpias.
Gracias por su respuesta.
Evidentemente no todas-todas las contrataciones son fraudulentas…mucho menos cuando los presupuestos eran tan grandes que había para todos, para contentar a los amigos y hasta para hacer procedimientos limpios.
Eso sí, contrataciones fraudulentas hay demasiadas y por todo tipo de motivos. No siempre se ven desde los departamentos de gestión administrativa de la contratación. Estos, a los que dice Vd. pertenecer, muchas veces no se enteran de lo que pasa en los departamentos técnicos…allí quizás no todas las corruptelas sean del tipo embolsarse dinero etc. pero sí del tipo, te contrato pero sí quieres que te vuelva a contratar me enchufas a mi primo, me regalas unas entradas para ver al Madrid, me llevas a comer….las grandes corruptelas están más escondidas como no podría ser de otra manera. Las pequeñas las vemos todos los funcionarios. Y como han dicho otros comentaristas, el que no las ve, es que está ciego, es un ingenuo, no quiere ver, no quiere meterse en problemas o no sabe que hacer porque no hay procedimientos de denuncia eficaces y porque es difícil tener pruebas.
Yo no me baso en creencias. Yo lo veo y certifico que en la AGE el número de corrupciones es muy pequeño. Mucho menos de lo que usted dice creer, Sr. de la Nuez.
Y estoy muy lejos de ser una cándida ingenua.
A veces pensando mal no se acierta. No sé si sus críticas pueden tener algún fundamento en CC.AA o en EE.LL. En la AGE las cosas son francamente limpias.
Gracias por su respuesta.
Supongo que cuando Doña Elisa denuncia estas cosas incluirá en la crítica a sus compañeros Abogados del Estado que forman parte de las Mesas de contratación. En caso afirmativo, ya les habrá dicho a la cara que o son unos corruptos o son unos incautos que se dejan engañar. Porque de su post solamente cabe colegir alguna de las dos opciones.
Lo que no alcanzo a saber es si en sus muchos años en la Administración Doña Elisa formó parte de alguna Mesa de contratación. ¿Qué postura mantuvo entonces?
Para Juan A le contesto: no estuve nunca en mesas de contratación en Ministerios porque por los puestos que ocupé no me correspondía, pero coincido con Sar en que no es ahí donde están los problemas, ni en la AGE ni en ningún otro sitio. Si he tenido un puesto de gestión en una empresa pública y de hecho presidía sus mesas de contratación. Como era bastante estricta no hice muchos amigos, dicho sea de paso. Tambien tengo experiencia como abogada en ejercicio y he llevado unos cuantos pleitos sobre contratació pública, también de organismos públicos de la AGE,, por eso conozco cuales son las “señales de alarma” de un expediente de contratación.
Mercedes pienso también que tradicionalmente la AGE en sentido estricto ha sido más “limpia” que CCAA y Ayuntamientos en contrataciones, pero ya no tengo tan claro que sea así en relación al menos con sus organismos públicos. En todo caso, admito que es un tema a estudiar y que sería interesante tener datos.
Con respecto a la ley de transparencia coincido en que podría utilizarse para hacer la solicitud de publicidad de los informes técnicos, o al menos para que lo hagan los concurrentes en un procedimiento y desde luego saber que se van a conocer sería muy, pero que muy útil. Pero no sé qué interpretación van a hacer las Administraciones, motivos para oponerse van a tener en el texto legal. Ojalá que predomine un principio “pro transparencia”.
Ah, y mis compañeros conocen perfectamente mis opiniones, suelo decir lo mismo en público que en privado.
Las señales de alarma las conocemos todos. Nadie es un ingenuo aquí. Una cosa son las señales de alarma que podamos encontrar en el procedimiento o en la ley y hacer un estudio de ellas, y otra sacar conclusiones muy aventuradas.
Las empresas públicas tienen un problema de falta de fiscalización previa, en muchos de esos entes mantienen sistemas internos de auditoría que suplen, en parte, esa carencia. Es un error estigmatizar a todos. Más aún cuando se reconoce que no se tiene claro.
En todo caso, señalar que es fácil amañar un concurso es una afirmación muy arriesgada para cualquiera. Si no se ha estado en Mesas ministeriales y las de las empresas públicas se conocieron hace tiempo quizás sea más prudente no hacer afirmaciones que pongan en entredicho la honorabilidad de los directivos y trabajadores de esas empresas.
Señalar que en los informes técnicos pueden darse casos de corrupción- como hipótesis- determinaría analizar el procedimiento legal y buscarle soluciones, alternativas. Pero nunca para hacer recaer en los funcionarios “técnicos” el estigma de la corrupción. Si sienta mal cuando se ve el problema en primera persona- Abogados del Estado- en otros técnicos, igual. Si usted era estricta ¿por qué no van a serlo otros muchos, técnicos o no? ¿Acaso es usted la única? No parece un planteamiento muy serio.
Incluir los plazos y las fechas de convocatoria como elemento de apoyo a la corruptela es de órdago a la grande cuando esos plazos deben figurar en los pliegos que informan los servicios jurídicos, es decir, los Abogados del Estado. Si no fueran plazos legales, no los informarían. Si los informan y no son legales o es por error (humanamente comprensible) o es que participan del “tinglado”. En todo caso, esos pliegos serían recurribles y “ganables”.
Los contratos menores alcanzan las cifras que dice la ley y no más. Que se modifique la ley, sin recaer sospechas sobre cada menor que se hace y sobre quien lo hace. Cuando se fraccionan, casi siempre es por una mala planificación no por corruptelas de otro tipo, como se insinúa; y, si bien habrá de todo, como en botica, denúnciese el caso concreto. No al procedimiento en sí. Ahora se publican todos.
Si no todas las Administraciones funcionan igual de mal, sepárese en el comentario, si se pretende ser objetivo.
Que la ley es mala de solemnidad, lo sabemos todos. Recaer la maldad legislativa sobre el lomo de los funcionarios que hacen informes técnicos, sobre los que establecen los plazos, sobre los que los informan, sobre los que pagan…es sobrepasar cualquier signo de prudencia.
No diferenciar la maldad de la ley y, por ende, actuaciones perfectamente legales, de aquellas que son corruptelas. Mezclar los elementos de alarma del procedimiento con las corruptelas o currupciones reales es no querer ser objetivo y ejercer el populismo contra la Adminsitración y sus servidores.
Estimado Juan: Te digo lo mismo que a Mercedes, una cosa son las excepciones y otra la regla. Desde luego la AGE es diferente al resto de las AA.PP. no sólo por su trayectoria, sino porque las competencias a las CC.AA. abrían la posibilidad de crear administraciones “a la medida” de cada zona. Unos -como en el caso de las famosas tarjetas de Cajamadrid- no se habrán aprovechado, pero otros vieron el cielo abierto para hacer toda clase de actuaciones teñidas del “interés político”. Datos: llegada al gobierno de Felipe González y eliminación de controles de gestión pública (aquellos interventores que intervenían de verdad eran molestos porque impedían “dejar a España que no la conociera ni la madre que la parió” (Guerra dixit). Y así fueron desmantelando lo construído. Yo ví llegar a los gabinetes de subsecretarios personas procedentes de sindicatos que en su vida habían olido ni conocían lo que era la Administración Pública pero que se encontraban en disposición de tomar decisiones públicas. Ví dejar en un pasillo al funcionario mejor experto en Derecho Administrativo (que además les sacaba las castañas del fuego) simplemente porque se sentían acomplejados ante él. Insisto: todos mis respetos ante los funcionarios que se oponen a los desmanes de los “jefes” y además son capaces de denunciarlos pero, de eso, muy poquito. Desgraciadamente hay mucho miedo y mucha comodidad. Un saludo.
Sorprende que una persona tan experta en contratación como para denunciar las grietas del sistema a través de las cuales penetra la corrupción, emplee tan mal los términos legales.
La ley actual habla de criterios evaluables bajo fórmula y criterios no evaluables bajo fórmula. Es el informe sobre estos últimos a los que la autora del artículo denomina informe técnico, con un lenguaje poco actualizado.
Todos sabemos que esos criterios guardan una proporción entre sí por mandato legal. Se trata de una proporción abierta y flexible en virtud de una horquilla que siempre favorece a la puntuación bajo fórmula, salvo que se quiera acudir al informe de un grupo externo de expertos. En esa proporción estriba una parte del resultado de la licitación. La esencia del resultado se obtiene, sin embargo, de la fórmula utilizada para dilucidar el reparto de puntos entre ambos conjuntos de criterios.
La fórmula se encuentra publicada en los pliegos, aprobados por los servicios jurídicos y las intervenciones, si las hay, así como por el órgano de contratación. La Mesa tiene capacidad suficiente para analizar el comportamiento de la fórmula y descubrir si distorsiona o no la proporción dada entre los dos conjuntos de criterios ya mencionados.
No hay que ser ingeniero, alguno de letras también alcanzan a comprender, que una fórmula lineal que separe las puntuaciones bajo fórmula y sin fórmula de manera equivalente, no distorsiona el resultado. Una fórmula que describa una curva abierta puede ser muy interesante para evitar las bajas anormalmente desproporcionadas, sin distorsionar en la cúspide. Una fórmula con curva más cerrada o con un punto de inflexión, determina la esencia del concurso en virtud de dónde se coloque ese punto. Del mismo modo que si distribuye muy ampliamente los puntos o los aproxima mucho, el resultado varía.
No hay que echar la culpa de la manipulación al aquí llamado “informe técnico” eso demuestra desconocer por completo el comportamiento de un concurso. La fórmula es la esencia. Muchas mesas estudian las fórmulas y exigen el uso de unas u otras. Esa es la clave. Lo demás son ganas de enredar sin saber.
Por otro lado descubro que algunos viven en una Administración periclitada. Ni mejor ni peor. Antigua sin más.
Hay que actualizarse y olvidarse de los tiempos de Felipe González. Pensemos en los demonios actuales; diferentes, no más.
Por alusiones de nuestro contertulio Delete. Para entender lo que ocurre en la actualidad hay que ir a las raíces, al origen de las cosas. A eso le llaman “ser radical” porque no se conforman (no nos conformamos) con lo que nos quieran decir, sino que buscamos, analizamos y vivimos en directo antes que hablar. No se trata de que individualmente alguien se sienta afectado (las excepciones, que las hay, son respetables). Por otra parte eso de aplicar “fórmulas” a procedimientos de contratación ¿no servirán para complicar más el proceso? La cuestión es mucho más simple: a igualdad de propuestas técnicas, mejor propuesta económica (sin trampas de revisión posterior). Así funcionaron las “administraciones periclitadas” y todo iba bastante mejor. Un saludo.
Ya veo que hay en este foro funcionarios que nunca han visto un concurso amañado, les felicito de nuevo por ello Si nos dicen en qué Ministerios u organismos públicos están lo agradeceremos mucho, especialmente los licitadores que puedan leer este blog.
En cuanto a la aplicación de fórmulas para la valoración de las ofertas conozco el mecanismo de la ley, hablo de “informes técnicos” simplemente por aclarar las cosas y para que me entiendan los ciudadanos que es lo que me interesa aquí. Las fórmulas no se aplican solas, alguien lo tiene que hacer y efectivamente las hay más “cerradas” y más “abiertas”.
Desde luego no soy la única funcionaria que ha sido “estricta” con los procedimientos de contratación ni lo pretendo.
En cuanto a lo de recurrir, hay muchas empresas que no recurren porque se les dice que como lo hagan no vuelven a ganar un concurso en eso organismo, y que eso pesa mucho. Eso lo se porque como abogada en ejercicio he llevado este tipo de casos, lo pueden creer o no.Otras pese a todo, se animan pero decir que la solución cuando hay problemas es irse al contencioso-administrativo si que me parece poco realista, con los plazos que maneja, las tasas y los costes para que cuando llega la sentencia el concurso lleve años ejecutados. . Ah, y a mí me parece que a la ley no le pasa absolutamente nada. Es bastante homologable con la directiva y eso sí, muy formalista y burocrática, como todas las que se suelen hacer por aquí. Creo que el problema no está ahí y creo que eso también es lo que molesta que se diga.
Por mi parte, doy por cerrado este debate sin perjuicio de que volveremos sobre el tema a ser posible con datos. Aunque ya les aviso que la mayoría de los casos no se denuncian ni se recurren.
Si el contrato lo permite, mandé a sus clientes al recurso especial en materia contractual. Muchas empresas lo han ganado.
Por otro lado, si hay organismos que amenazan con no dar más concursos si se recurre. Denúncielos, no en la vía contenciosa, vaya a la penal. Tiene la ventaja añadida de no pagar tasas.
Que la ley no es mala es algo que oigo por primera vez. Todo el mundo que trabaja en esto opina lo contrario. La transposición de las directivas creó un código de contratación en Francia con un número reducido de artículos y claro como el agua clara. En España tenemos más de 300 artículos y no sé cuantas disposiciones adicionales.A ello se une un reglamento sacado a “cachos” dado que no hay manera de enlazar de manera coherente uno completo. Por sí fuera poco, las directivas se acaban de modificar. Ya veremos como sale la nueva ley, si es que sale algún día.
Por último, si quiere que el público la entienda use los términos con rigurosidad. La contratación pública es tan compleja que sólo el público avezado la podrá seguir y a ese no le valen los usos terminológicos anticuados.
Si se denuncia, se denuncia con datos, que los hay. Al buen tun-tun no se gana nada, al contrario, se queda bastante mal.
Si el contrato lo permite, mandé a sus clientes al recurso especial en materia contractual. Muchas empresas lo han ganado.
Por otro lado, si hay organismos que amenazan con no dar más concursos si se recurre. Denúncielos, no en la vía contenciosa, vaya a la penal. Tiene la ventaja añadida de no pagar tasas.
Que la ley no es mala es algo que oigo por primera vez. Todo el mundo que trabaja en esto opina lo contrario. La transposición de las directivas creó un código de contratación en Francia con un número reducido de artículos y claro como el agua clara. En España tenemos más de 300 artículos y no sé cuantas disposiciones adicionales.A ello se une un reglamento sacado a “cachos” dado que no hay manera de enlazar de manera coherente uno completo. Por sí fuera poco, las directivas se acaban de modificar. Ya veremos como sale la nueva ley, si es que sale algún día.
Por último, si quiere que el público la entienda use los términos con rigurosidad. La contratación pública es tan compleja que sólo el público avezado la podrá seguir y a ese no le valen los usos terminológicos anticuados.
Si se denuncia, se denuncia con datos, que los hay. Al buen tun-tun no se gana nada, al contrario, se queda bastante mal.
Creo amigo Delete que tú mismo has respondido con los datos que aportas y la comparación entre el sistema francés y el español. Eso sí, somos modernos …. y un tanto complicadillos ¿porqué?
Creo amigo Delete que tú mismo has respondido con los datos que aportas y la comparación entre el sistema francés y el español. Eso sí, somos modernos …. y un tanto complicadillos ¿porqué?