No es que pretendamos, precisamente desde estas páginas virtuales, cuestionar el valor del derecho y de los derechos. A su defensa principalmente va dirigido este Blog y nadie duda de que sin Estado de Derecho no sobreviviría ninguna democracia merecedora de tal nombre. Pero cuando toca a cuestiones complejas donde se mezclan aspectos emocionales, psicológicos, monetarios, históricos y ahistóricos, sociológicos y culturales, es obvio que limitarse a invocar la ley no basta ni puede bastar. Máxime cuando “hábilmente” se opone a la aplicación de un derecho otro derecho, la invocación de una suerte de concepto teológico: “el derecho a decidir”. Que supone tanto como poner los derechos sobre la mesa a ver quién los tiene más grandes.
 Todo esto recuerda también a aquel chiste del humorista catalán Eugenio (cuando se podían tomar las cosas en España todavía con humor) que describía a un hombre dentro de un pozo profundo agarrado a una frágil rama, que ante su petición de ayuda solo recibía una voz misteriosa que le decía que se soltase y que unos ángeles le cogerían en brazos y lo subirían volando a la superficie, a lo que el hombre respondió ¿hay alguien más? Pues bien, ¿hay algo más que hacer que acudir al Tribunal Constitucional o la Fiscalía para defender a una nación (o nación de naciones como prefieren los postmodernos) con más de 500 años de historia?  Mal estaríamos si no lo hubiera.
 Primero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Degenerando, como nos recuerda Savater que decía aquel célebre matador sobre uno de su cuadrilla que había llegado a gobernador civil. Pero también por dejación y por traición. El discurso separatista se lleva preparando desde que muere el general, cosa que ya alertó el propio Tarradellas aunque entonces nadie le hiciera mucho caso. No tocaba. Ha sido una estrategia hábil y arteramente preparada, con el concurso idiotizado de los principales representantes de los partidos nacionales que al parecer, todavía a estas alturas, siguen sin comprender muy bien de qué va esto. ¿En qué consistía esa estrategia? En llegar exactamente al punto que hemos llegado. Para ello había que conseguir algunos objetivos intermedios, todos los cuales han sido satisfechos. ¿Qué cómo se sabe? Digamos que alguien ha encontrado unas copia de un borrador garabateado a mano por alguien que luego mandaría (y también robaría) mucho.
 Veamos seguidamente cuales eran estos objetivos y si todavía se está a tiempo de revertir la situación:
 Objetivo 1: cambiar la sociedad a través de la educación y de medios de comunicación públicos o subvencionados
 Objetivo conseguido.
 ¿Por qué no se reinstauraron en su día los Estatutos de la II República? Principalmente porque no transferían la competencias de educación. ¿Para qué se quería la educación? La excusa era extender el uso del catalán, pero este objetivo se hubiera podido conseguir por otros medios (bastaba pactar un número determinado de horas de catalán mínimas en el sistema educativo catalán). No, eso no bastaba, había que convertir en catalanes a los que no se sentían como tales (o no lo suficiente), y para ello había que transformar su mentalidad. De ahí que no se optara por un modelo bilingüe, que poco a poco se cerrasen posibilidad de que existieran escuelas que ofrecieran educación en castellano. Sobre todo había que seleccionar y formar “adecuadamente” a su propio profesorado y hacer que los libros de texto fueran distintos en cada parte de España. ¿Consecuencia? La educación dejó como objetivo prioritario el de formar buenos ciudadanos, pasando a ser éste la de construir buenos nacionalista, incitando al odio a todo lo que suene a español.
 ¿Por qué no se plantea el derecho a decidir en los años 70? Porque habrían perdido por goleada. Claro que se alude a que ello es causa de la terrible manipulación que habría llevado a cabo el franquismo a través de la educación y los medios de comunicación. Pero ¿cuarenta años después? ¿No ocurre exactamente lo mismo solo que al revés? ¿Por qué se crea TV3 como una de las primeras medidas del gobierno catalán? ¿Por qué las subvenciones a los medios de comunicación en Cataluña no hacen sino subir? ¿Por qué se exigió que las Comunidades Autónomas den las licencias a las radios que operan en su territorio?
 ¿Qué hacer? Existe la alta inspección del Estado pero no funciona, existen sentencias judiciales pero no se aplican. Y existen los arts. 14, 149.1.1ª y 150.3 de la Constitución que permiten que el gobierno abrá centros educativos en aquellas CCAA que no quede asegurado el derecho de todos los españoles a recibir una educación ideológicamente neutral y con al menos algunas materias impartidas en castellano. Por otra parte, cabe reducir el aparato público propagandístico en manos de las CCAA, que además cuesta un pastón a todos los españoles, y prohibirse subvenciones directas e indirectas a medios de comunicación. Si hay que ayudarles a sobrevivir que se les quite el IVA, pero a todos por igual y no a cambio de una determinada cobertura u orientación.
 Objetivo 2: descabezar los partidos nacionales en Cataluña
 Objetivo conseguido.
 Obviamente durante muchos años ETA lo tapaba todo, y permitía aplazar decisiones, porque lo más urgente era conseguir que el terrorismo dejara de matar. Pero de esto también se aprovechó el separatismo de cuello blanco, o ¿alguien encuentra casual que el proceso separatista catalán coja fuerza justo cuando ETA acaba? ¿No será que ETA, como el gregario de lujo o el gran trilero, ha cumplido su misión: desviar nuestra atención mientras nos roban la cartera? Hay al menos un dato importante que corrobora esta tesis: el asesinato de Ernst Lluch en 2000 a manos de ETA.  Se trata de un hecho determinante porque muestra el momento de la definitiva deriva nacionalista del PSC, pasando a pactar y gobernar con ERC poco después (el tripartito empieza en 2003), al tiempo que desaparece el representante intelectual más importante que podía impedir esa deriva. Este hecho marca también la traición del PSOE/PSC no sólo a Lluch sino a su historia.
 La otra traición deriva de otro asesinato, esta vez en el bando del PP y de tipo político. Se lleva a cabo directamente por Pujol, al imponer a Aznar (y aceptar éste) que Vidal Cuadras dejara de dirigir el PP de Cataluña. ¿Por qué se imponía esa condición? Porque había conseguido electoralmente unos resultados excelentes, sin ser nacionalista. Esta es una muestra del íntimo significado que cobra el derecho a decidir. Desde entonces el nivel de los representantes de los partidos constitucionalistas no ha hecho sino descender, primero se buscó perfiles acomodaticios con el nacionalismo (Maragall y Piqué, la obsesión era poder seguir pactando los presupuestos y aplazar los problemas) luego simplemente perfiles sin perfil, casi transparentes: ni se les ve y cuando se les ve mejor sería no haberles visto ni oído. Parece incluso comprensible que cada vez que hablan los representantes actuales del PSC y del PP en Cataluña, den ganas de hacerse nacionalista aunque hayas nacido y vivido en Madrid toda tu vida. En el País Vasco, desde que Nicolás Redondo Terreros y Mayor Oreja se plantearon gobernar juntos (y casi lo logran) ha ocurrido un proceso similar ¿Alguien cree en las casualidades?
 ¿Qué hacer? Muy fácil, volver apostar por la posibilidad de defender un discurso alternativo al nacionalismo en Cataluña y País Vasco. Para ello PP y PSOE (y no solo ellos) deben tomarse en serio la necesidad de encontrar portavoces, intelectualmente, personal y políticamente del máximo nivel y peso.
 Objetivo 3: conseguir que el PP y el PSOE nunca pacten para gobernar juntos en España
 Objetivo conseguido.
 Parece que tanto en el PP y PSOE existe un tremendo miedo a ofender o molestar “los sentimientos” de los catalanes. Han interiorizado el propio discurso nacionalista por dos motivos: por pereza intelectual y por conveniencia; siguen pensando que se puede pactar con ellos para seguir gobernando, y además que “solo” se puede pactar con ellos, y no entre ellos dos. Da igual las traiciones que sembré el camino, no aprenden. Este ha sido el gran éxito del nacionalismo disgregador.
 Antes muertos que unidos frente al separatismo. ¿Cómo se ha logrado que en España, el país de Europa más amenazado por la secesión, los dos partidos mayoritarios nunca se hayan planteado gobernar juntos, a diferencia de otros países donde tal amenaza no existe? Hay dos explicaciones: primero el resentimiento social de la dos Españas que todavía desgraciadamente preside el marco de división izquierdas-derechas. Sobre todo la izquierda española considera deshonroso gobernar con la derecha pues cree que eso alejaría a su electorado, al que a duras penas mantiene a costa de sostener precisamente los malos que son los de derechas  (¿un lastre más del “contra Franco vivíamos mejor”?). No consideran sin embargo políticamente incorrecto gobernar con los secesionistas. ¿Y la derecha? Pues también aquí ocurre algo parecido. Es mejor gobernar con la derecha nacionalista que con la izquierda nacional. Divide y vencerás, y los nacionalistas han vencido.
 La segunda arma que ha favorecido la consecución de este objetivo es la ley electoral. Planteada desde 1977 con el objetivo de “integrar” a los nacionalistas, ha sido utilizada sin embargo por éstos para desintegrar a España. Siempre les han engañado y todavía se fían de ellos: que se lo digan a Arriola y a Serrano cómo un tal Joan Rigol se ha reído de ellos, y eso que la elección de este último ya lo anunciaba ¿Se acuerdan de Joe Rígoli? ¿El humorista argentino famoso por su “yo sigo”? “Erre que erre”, que diría la versión castiza de Paco Martínez Soria.
¿Qué hacer? Muy fácil, dejar complejos ideológicos de otras épocas en el armario y poner a España por encima de los intereses de partidos, presentándose a las elecciones con un programa conjunto de gobierno para hacer frente al nacionalismo. Y de paso cambiar la ley electoral para dejar de premiar a los partidos nacionalistas por encima de otras opciones de carácter nacional con las que poder asimismo pactar el mismo programa.
Objetivo 4: deshilachar la cuerda
 Objetivo conseguido.
Cataluña estaba unida a España por una historia común de al menos cinco siglos, por lazos familiares, emocionales y culturales. Pero todo esto podía romperse fácilmente a través de la manipulación y la intoxicación. El mayor problema era el marco legal y el hecho de que la mayor parte de las competencias residieran en “el gobierno de Madrid”. ¿Cómo romper este lazo legal? ¿De un hachazo? Poco realista. Mejor hilo a hilo. Y así se hizo. Cada año, cada ley de presupuestos, cada legislatura, envolviéndose en la bandera de “hombres que contribuían a la gobernabilidad del Estado”, en realidad deshilachaban la cuerda: competencia a competencia, concesión a concesión, aprovechándose de que los gobernantes de Madrid solo miraban el corto plazo, su pequeña esquina, y que ignoraban cómo estaba quedando el cuadro.
¿Qué más da conceder un poco más del IRPF? ¿Qué más da que la policía y la guardia civil deban marcharse? ¿Qué más da cambiar el nombre al gobernador civil? ¿Qué más da exigir que los jueces hablen catalán? ¿Qué más da transnferir la competencia de tráfico? ¿Qué más da que la infraestructura, la policía judicial y gran parte del personal de la justicia dependa directamente de la Comunidad Autónoma? ¿Qué más da cambiar la competencia en materia de puertos y aeropuertos? ¿Qué más da…? Hasta que no quedaba nada que dar más. Entonces y no antes se plantea el derecho a decidir y el reto al Estado, cuando éste ya ha abandonado de facto el territorio, cuando se ha quedado sin armas para reaccionar…, más allá de amenazar con acudir a los tribunales. Ni siquiera puede o se atreve a intervenir directamente.
¿Qué hacer? Fácil. Replantearse la división de competencias y cerrar en la Constitución un mapa de competencias claro, pensando en los ciudadanos y no en chantajes históricos. Introduciendo no solo el principio de lealtad institucional sino también la sanción clara en caso de vulneración. Pero sobre todo, que el Estado vuelva a Cataluña y el País Vasco, y quitarse el miedo y los complejos.
Objetivo 5: conseguir transformar un conflicto interno en un conflicto internacional
Objetivo conseguido 
En los años 70, para Europa (y también para los españoles) el problema de España se llamaba franquismo. Recuperada la democracia y conseguida una Constitución moderna que reconociera un amplio sistema de descentralización administrativa y política, parecía que TODOS los problemas desaparecerían. Todo ello se logra sobradamente, y ¡oh!, primera sorpresa: ETA no desaparece. Se le da al País Vasco el sistema de financiación más generoso que existe en el mundo (hasta el punto de que los españoles más pobres financian hoya los más ricos) y no dejan de matar. Pero ¿qué quieren estos tíos?, se preguntan ingenuamente algunos políticos de la época.
Pues bien a pesar de ETA (y también gracias a ella pues suponía mantener una atención internacional permanente en el “problema” español) se consigue que en Europa y en los Estados Unidos se extienda el discurso de que los catalanes y los vascos están oprimidos en España y que existe un conflicto político pendiente de resolver. A esta campaña contribuyeron, por cierto, cientos de becarios y profesores en universidades extranjeras financiados con dinero del Ministerio de Educación.
El último golpe maestro en esta estrategia era transformar un problema de reivindicaciones separatistas en el sacrosanto “derecho a decidir”, un derecho metajurídico que se impone a todas las Constituciones (ya que ninguna lo reconoce) y que queda transfigurado en el derecho a opinar y a poner urnas para que la gente diga su opinión. Todos, poco a poco, compran esta mercancía averiada (sobre todo gente del progresismo que quiere quedar bien sin mojarse demasiado), sin preguntarse mucho por qué ahora, y por qué de esta manera. 
¿Qué hacer? Existen 3.500 lenguas en el mundo y 192 países reconocidos en la ONU, ¿cuál es el límite al cuestionamiento de las fronteras nacionales consolidadas durante siglos? ¿Es que ni la UE ni la ONU tienen nada que decir sobre este hecho? ¿Es que el fraccionamiento de fronteras no afecta a la estabilidad política y económica de Europa y del planeta?
La diplomacia española debería dedicarse en cuerpo y alma a defender que se reconozca el principio de “intangibilidad de las fronteras externas e internas” tanto a nivel europeo como internacional. Existen buenos argumentos para ello. SI tal principio fuera reconocido no hablaríamos de una guerra en Ucrania, por ejemplo. Y si los secesionistas catalanes triunfan, ¿qué impide pensar en una Baviera o en una Padania que reclamen lo mismo? ¿Dónde está el límite?
Por ello, frente al derecho a decidir no acabe oponer sin más la ley española y quedarse en esto. Hay que ir más allá y cuestionar la propia base de legitimación de ese pretendido derecho en términos de la propia democracia. En este sentido, por ejemplo, no se ha denunciado suficientemente, tanto en foros internos y externos, el exilio catalán y vasco a partir de 1979, fecha de sus primeros estatutos de autonomía. En el caso vasco debería estudiarse algo antes, pues en este caso la presión contra los no-nacionalistas empieza antes con la actividad de ETA. El exilio producido por el franquismo sí se ha estudiado, y además con una diferencia, estos pudieron volver. Los exiliados catalanes y vascos no podrán volver nunca.
Se trata de un caso de verdadera limpieza étnica no estudiado. Según Drazen Petrovic limpieza étnica es una política definida por un grupo particular de personas para eliminar sistemáticamente de un territorio dado a otro grupo de personas por razones de su origen nacional, étnico o religioso. ¿No se ha producido exactamente esto en Cataluña y País Vasco en los últimos 40 años? Hacer la vida imposible (amenazando con la muerte civil en su caso) a todos los que se sintieran españoles o no comulgaran con el nacionalismo para que se marcharan o se adaptaran bajando la cabeza. Y esto sin hablar de ETA.
 Pues bien alguien tendría que explicarlo por ahí cuando se habla del derecho a decidir, ¿se pretende premiar la política seguida? Resulta sintomático a este respecto que el decreto que convocaba el primer referéndum (el de verdad) se permitiera votar a los catalanes por el mundo, pero no a aquellos que vivieran en otras zonas de España.

Alberto Gil Ibáñez

Miembro del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado y Doctor en Derecho por la IUE de Florencia (Italia)