Artículo de nuestro colaborador Ignacio García de Leániz en El Mundo: “Diez negritos” y la catarsis española”

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El pasado lunes 29 de diciembre nuestro colaborador y patrono de la Fundación ¿Hay Derecho?, Ignacio García de Leániz publicó el interesante artículo sobre la situación española en relación a la corrupción que, por su interés, se reproduce a continuación”:
“Hace   setenta y cinco años -el 6 de noviembre de 1939- la editorial  Collins Crime Club publicó por vez primera la más célebre de las  obras de Agatha Christie cuyo título y trama se  inspiraban en una canción infantil, muy popular en la época: “Ten little niggers”. Destaquemos en su honor que es la obra  más leída de su autora (cien millones de ejemplares) figurando entre los diez libros más vendidos en la Historia en séptimo lugar. 
Para quien no la haya leído recordemos el argumento: diez personas desconocidas entre sí reciben una tan  atractiva como afectuosa  invitación para pasar unos días en una mansión en una isla de la costa inglesa. Todos acuden encantados pero ya en la cena una misteriosa voz grabada les acusa y condena por acciones criminales que habían realizado en sus vidas y que habían quedado impunes.  Y así,  rehenes y reos  de la isla incomunicada, los invitados van siendo  asesinados uno a uno según las pautas letales de cada  estrofa de la  canción.
Es muy interesante destacar para nuestros efectos dos aspectos clave que hacen a la obra tan atractiva y sugerente: a) Los imputados  saben por qué se les castiga pero no saben quién los castiga, lo cual añade un elemento  de condena  añadida.  En este sentido,  resultan  evidentes  ciertas resonancias que la obra tiene con El proceso de Kafka. Junto a ello y también kafkianamente  se da que   b) ninguno de ellos puede ya estar tranquilo, pues tarde o temprano saben que no es posible   escapar a la Ley omnipotente que suple  ahora en la isla la impunidad de antaño. El “guardián de la ley” de Kafka y el “guardián de la polis” de Platón se dan así la mano en el misterioso e invisible  Juez  que opera como un “deus ex machina” de principio a fin en una isla que es ratonera.
Y me parece a mí que todo ello, la metáfora y el devenir de la trama, ofrece  un paralelismo bien clarificador  con la catarsis española que  ya ha empezado y que viene a dar una ratio de un imputado cada cinco horas en una dinámica catalizada por, en principio, no se sabe “quién”. Pensemos así  en los últimos casos desde la vuelta del verano: Tarjetas Black (con la caída de Rato, Spottorno y Rodríguez Ponga), Operación Púnica,  Caso Monago, diputado de Teruel, Caso Granados,  imputación  de la Infanta y   de Cotino y muchos otros por llegar, como será  la imputación de Chaves y Griñán a modo de  antesala. Además de ponerse  en evidencia que el Parlamento español no lleva control de los gastos de viaje, entre otras  opacidades.  Y de que la corrupción en España tiene  la índole de entramado criminal.  No es poco en menos de tres meses.
Lo cual  hace que la mayoría de la clase política española –al menos las primeras filas de los dos grandes partidos- estén actualmente en un puro sinvivir, como estaban los nueve invitados restantes a partir de la primera ejecución en la Isla de la novela.  Pues sea por “Gürtel” como por  los Casos ERE-Formación en Andalucía  u otros que aparecerán en Madrid y en el Congreso-Senado, cualquier político español  de los dos grandes partidos sabe que en cualquier momento cualquier juez puede imputarle.  Parece en un primera aproximación como si en España se hubiera puesto en marcha una operación “Mani pulite”  siguiendo la pauta italiana que inaugura el fiscal Di Pietro en 1992 contra una “Tangentopolis”  muy semejante a la nuestra. Recordemos para aviso de navegantes que  la operación italiana acabó con cuatrocientos políticos en la cárcel y el desmoronamiento súbito y desaparición tanto de la DC como del PSI, ciertamente impensable un año antes.  Nosotros a fecha de hoy tenemos cuatrocientos imputados por delitos de corrupción, el desmoronamiento del bipartidismo y más de un político residente en el extranjero que por si acaso no pisa suelo español.
Pero si en  Italia la catarsis se inició por parte de  unos fiscales dotados  por su Constitución de 1948  de unos  poderes que aquí no tiene nuestra fiscalía  en  un movimiento  envuelto en luz y taquígrafos , entonces  la pregunta surge al punto: ¿quién puede ser en nuestro caso el “deus ex machina” que sin rostro- como en la mansión  letal de Agatha Christie- va induciendo tantos procesos que ni las mismas victimas saben por dónde vienen y vendrán los “jaques mates” previstos?
Para responder a este enigma creo que hay que acudir a una variable que  olvidamos  a menudo y que nuestros dirigentes tienden a ocultar. A saber, que España es desde mayo de 2010 un país intervenido “de facto” por la UE, con un rescate que ronda la cifra de setecientos mil millones de euros y la modificación impuesta  de nuestra Constitución en ese mismo verano.   Y la corrupción, anomalías, irregularidades, robos y estafas que las auditorias de Berlín y la Troika detectaron en España escandalizaron profundamente al calvinismo centroeuropeo y escandinavo. Además del grave perjuicio causado a los  fondos de pensiones -especialmente noruegos- en nuestras Cajas.  No por casualidad,  Bruselas  tenía además  en su poder, por los oficios de la inteligencia alemana,   la relación de políticos y empresarios españoles que aparecían en la lista de defraudadores  que Falciani sustrae al HSBC en 2008.
Ante todo ello, el diktat de Berlín al Gobierno  Rajoy fue bien claro al comienzo de su legislatura: Iniciar la catarsis española motu proprio en los  grandes partidos causantes  de la gran corrupción por un motivo de estricta justicia y, por otro,  de cambiar las reglas del juego en pro una mayor transparencia en el mercado español para las empresas  extranjeras.
Pero los “diez negritos” de nuestro “establishment” se han negado durante tres años  a ello, cometiendo un grave error de cálculo: olvidar que habían perdido su habitual impunidad por la intervención, enrocándose  en una negación escapista de la necesidad de una profunda catarsis. No se daban cuenta de que el gobernador de la Isla Negra ya no eran  ellos y que la invitación a la mansión incluía un precio personal bien alto.
La presión centroeuropea pasó, como en la novela que nos ocupa, de las palabras a los hechos: Tras   fuertes presiones, el Rey se ve obligado a abdicar el dos de junio de este año por la corrupción imperante.  Fue el “primer negrito” de nuestro drama.   Y si se terminaba de forma tan expeditiva  con  la impunidad regía, entonces todo sería posible: desde la dimisión de Spottorno hasta la defenestración de Rodrigo Rato o el sindicalista minero Fernández Villa.  Y lo que nos queda por ver en este   fin  de la impunidad.
 El Gobierno –y también el PSOE- han intentado una jugada extrema: presentarse a última hora como  coautores de esta catarsis impuesta. Nada más lejos de la realidad. El Juez Invisible prosigue  su labor fiscalizadora en un ajuste de cuentas histórico en esta   ratonera  Y no parará hasta que las cúpulas –si no los partidos mismos- sean relevadas. Y creo que pronto oiremos un fúnebre estribillo dirigido a nuestro presidente de gobierno, la última víctima  de la obra de suspense:  
 

“Un negrito permaneció solo /.

Salió fuera y se ahorcó /

Y ya ninguno quedó”.

 

No estamos solos en ese escenario catártico tan similar al de Agatha Christie. Aprovechemos la presión  del norte de Europa para terminar con impunidades y acelerar los cambios necesarios ante los enormes desafíos del 2015. Sabiendo que la catarsis es el antídoto único ante la revolución”.

La meritocracia de pega: artículo de Elisa de la Nuez en Voz Pópuli

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En España se está produciendo últimamente un fenómeno muy curioso, y que revela una vez más este fenómeno tan actual de la “disonancia cognitiva”. A mi juicio, esta disonancia cognitiva es el resultado de contemplar la realidad con unas gafas tan mal graduadas -ya sea por el populismo, el fatalismo, el victimismo, la partitocracia o la autocomplacencia según los barrios- que la imagen que se recibe no se parece en nada a la que vemos el común de los mortales
Quizá uno de los aspectos donde es más visible esta distorsión es en el concepto del mérito. Según lo que vamos averiguando buceando en portales de transparencia, tesis doctorales,  departamentos universitarios e incluso instituciones centenarias como las Reales Academias en España el mérito –básicamente el académico y  el profesional- más que tenerlo hay que aparentarlo. Así se explican fenómenos como los plagios incesantes y por supuesto impunes por parte de políticos o de altos cargos que quieren adornar su cv con doctorados a costa de las tesis de los demás como el caso de Federico Trillo, según la noticia publicada aquí  o del actual Director del Instituto de Estudios Fiscales, Jose Antonio Martinez Alvarez, cuya tesis la dirigió nada menos que Juan Iranzo, el de las tarjetas “black” de Caja Madrid. De la misma forma, se manipulan tranquilamente los cvs para hacer constar títulos que solo existen en la imaginación de quien los redacta, aunque sí se les pilla siempre está eso tan socorrido de echarle la culpa a la pobre secretaria por un problema de transcripción, como hizo la vicepresidenta del Parlamento catalán Joanna Ortega cuando se descubrieron los “errores” consistentes en atribuirse un título de licenciada en Psicología pese a que le faltaba alguna asignatura para conseguirlo.
Mejor todavía, en estos casos también se puede atribuir la culpa a unos conspiradores  que pretenden acabar con la carrera del líder ungido por el dedo divino hurgando en sus supuestos masters, como en el caso del candidato del PP a la Junta Andalucía, Moreno Bonilla cuyos misteriosos títulos fueron desentrañados en el blog  con tal éxito de público que se nos cayó el servidor. Tampoco está de más recordar los colaboradores que se prestan a auxiliar en estas lides a políticos y cargos públicos dada la posibilidad de que se devuelva el favor, quizá con un apetecible puesto en el sector público. Ciertamente lo que está muy mal pagado y puede traer “consecuencia desagradables” -que diría el ínclito rector de la Universidad Rey Juan Carlos- es denunciar estas corruptelas o fraudes, aunque sea por parte de las víctimas intelectuales. Dicho en plata: la gente de a pie no se atreve a demandar a la gente de a caballo por un quítame allá unos párrafos fusilados.
Claro que entonces la pregunta es ¿Cómo distinguir entre el mérito verdadero ya sea profesional o académico y el fingido o simplemente aparente? Pues no es nada fácil, ya que requiere una investigación casi detectivesca porque todavía a día de hoy nuestras beneméritas instituciones no distinguen el grano de la paja, y tanto monta, monta tanto, tesis plagiada como tesis original, todas van a tener un “cum laude” por igual, especialmente con un Director de tesis dispuesto a hacer favores a gente importante. De manera que en la España oficial nadie se molesta en analizar si los cvs de los políticos o cargos públicos están o no amañados, ya se sabe que aquí rige el principio de la confianza y que los ciudadanos escépticos que preferimos creer a nuestros propios ojos antes que el papel oficial estamos en minoría.
Pero conviene no olvidar que en otros países más serios se da por sentado que si alguien dice que tiene el título de doctor es porque ha hecho una tesis con rigor y sobre todo con mucho esfuerzo personal, y no en sus ratos libres compatibilizándola con una vicepresidencia del Gobierno o con la Presidencia del Congreso. Por eso le dan tanta importancia –no solo jurídica sino también política- a que alguien presuma de unos méritos que no posee o que  cometa este tipo de fraude. No se trata de excesos calvinistas, contra lo que muchos podrían pensar, se trata pura y simplemente de honestidad intelectual, sin la cual es muy difícil que exista la honestidad pura y simple.
Mientras tanto aquí y ahora en España lo razonable es desconfiar y mucho. Gracias al portal de la transparencia y a la labor de los periodistas vamos enterándonos de algunas cosas interesantes, como que Pilar Platero, subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, prefiere no hacer constar en su cv la etapa que compartió con su jefe el Ministro Montoro en el famoso despacho Equipo Económico, del que también hemos hablado muchas veces, porque lo merece. También averiguamos –con cierto retraso, porque les costó facilitar la información- que el Presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, no tiene titulación superior aunque es el cargo mejor pagado de la Administración General del Estado , aunque sin duda la hoja de servicios al Partido (en este caso al PP) es envidiable, y  ese es al fin y al cabo el cv que realmente cuenta, aunque otra cosa se nos diga.
Otros pueden tener un cv más aceptable (o así se considera al menos en la política española si se tiene una buena oposición, dada la gran cantidad de funcionarios metidos a políticos) pero que puede no ser el más adecuado para el puesto en cuestión; pero pelillos a la mar, que si alguien ha sacado una oposición difícil, aunque sea de jurista o economista, ya ha acreditado que lo mismo vale para presidir RTVE que para presidir Renfe o lo que le echen, especialmente si es “de los nuestros”. Por no hablar de la infinidad de cargos públicos cuyos cvs –sin retocar o incluso retocados-no darían ni para un puesto de dependiente o cajero de supermercado. Eso sí, a ningún político en activo –especialmente del PP- se le cae de la boca la palabra “meritocracia” utilizada como una especie de talismán o “detente bala” . ¿Se acuerdan de aquello del “gobierno de los mejores”? Pues si no se tienen los mejores a tiro, nada como la cosmética para intentar aparentarlo.
Y esto nos lleva a una última conclusión: nos estamos enterando también de que esto de los sueldos públicos es un auténtico desbarajuste, por no decir un disparate total. Pero en una meritocracia de pega ¿Cómo saber si los políticos y altos cargos están bien o mal pagados? Porque al final para entender si un determinado cargo público está bien o mal retribuido sería imprescindible no solo hacer comparativas con puestos similares en países de nuestro entorno, sería hacerlas también sobre la experiencia profesional y la formación que se exige para ocuparlos, las funciones que efectivamente se realizan y ”last but not least” la responsabilidad que se asume por los errores o por la mala gestión. Porque no nos olvidemos que cuando un cargo determinado tiene una retribución importante suele ser porque a) no es fácil acceder al mismo b) las funciones son muy relevantes c) la responsabilidad es muy grande.
Porque la meritocracia será de pega, pero lamentablemente las retribuciones, las funciones y las responsabilidades son muy reales.
 

En defensa de la Universidad: algunas ideas para su regeneración.

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La universidad española languidece. Ha perdido el espíritu y el vigor que requiere la institución. Ninguna universidad española está entre las cien primeras del mundo. El daño es enorme para la sociedad y la economía, sobre todo en momentos de crisis en los que resulta más necesaria que nunca la formación superior y la aportación de buenos científicos. Las universidades se han convertido en fábricas de dar títulos que funcionan por el voluntarismo de unos pocos. Es cierto que los mejores talentos están en la universidad. Pero se ven abocados a luchar para poder investigar y dar clases en un ambiente mediocre en el que reina la endogamia y el amiguismo.
Las escuelas
A mediados del siglo pasado, en un ambiente de desolación, surgen las primeras escuelas dentro de la universidad, grupos de poder que perduran hasta nuestros días. Lo cierto es que no ha habido transición en la universidad española. No hay un problema de politización. Es cierto que hay universidades que han surgido a la sombra del gobierno de turno. Pero las escuelas conviven con los más diversos credos. Las plazas se pactan en buena armonía. No hay selección por el mérito y la capacidad. Las cátedras se nombran por afinidad con honrosas excepciones. Los más románticos se agarran a su vocación académica y no abandonan. Luchan por ganar una plaza hasta la extenuación. No entienden que la ciencia sea patrimonio de unos pocos. El amor a la universidad se abre paso en algunos departamentos aunque el ambiente sea hostil. Pero estos intentos de crear grupos de trabajo de relevancia internacional es raro que fructifiquen. Constituyen una amenaza al status quo de las escuelas quienes tienen la llave de la financiación.
La sucesión de leyes universitarias no ha abordado el problema de fondo, la endogamia que promociona al familiar. Los más realistas abandonan o emigran al extranjero. A pesar de estos obstáculos hay profesores íntegros, vocacionales, que forman excelentes equipos de investigación. También hay buenos docentes, individuos aislados que arrastran la ilusión de los alumnos. Son casos de pura voluntad en lucha contra las circunstancias. A pesar de estos grupos de excepcional valor, las universidades  españolas están en la cola de las universidades europeas y muy por debajo del lugar que corresponde a nuestro desarrollo económico y social. Las diferencias de productividad no son reconocidas en la carrera profesional. Existe poca relación entre productividad y poder dentro de la universidad. Se enseña mal y se investiga peor. Salvo casos puntuales no hay conexión de la empresa con la universidad. Como muestra de esta situación, España carece de mercado laboral para los doctores. Se hace el doctorado para acceder a la carrera universitaria y hay controles para que sólo accedan aquellos seleccionados por las propias escuelas. No hay oferta de doctorados para los outsiders. Con mucho esfuerzo se puede conseguir un director de tesis pero sin el visto bueno de las escuelas es difícil formar tribunal. “A los externos, nada de cum laude, aprobado y a la calle”, es el lema. Ante este panorama surgen escuelas de negocios que satisfacen con éxito esas necesidades de formación.
Selección del profesorado
El sistema de selección de profesorado debería basarse en la renovación generacional en condiciones de transparencia y méritos profesionales. Las contrataciones deberían ser llevadas a cabo por comités de expertos con presencia internacional. En la selección de jóvenes profesores, debería primar la capacidad de trabajar en equipos de diversas universidades, la creatividad, la autonomía y las habilidades de comunicación escrita y oral. La ética profesional debería ocupar un lugar central en la selección de los docentes. Nada de esto se requiere para acceder a las plazas. Basta con conocer una parte del programa y tener padrino o mejor escuela. Los talentos individuales son sacrificados. Muchos quedan en el camino. Son los daños colaterales que se pagan por mantener el statu quo de las escuelas. Sacar una plaza contra la voluntad de la escuela puede llegar a ser un infierno. “Desde que saqué la plaza no he dejado de llorar ni un solo día”, comentaba una profesora que se adentró en terreno vedado. El daño personal es enorme. No hay satisfacción personal ni tranquilidad para los mejores. El consuelo lo encuentran en los alumnos y en los contactos con investigadores de otros países. Pero cuidado con viajar que tras la estancia en el extranjero alguien de la escuela puede haber ocupado la plaza. Son los llamados para la gloria. Actúan como si supieran que va a caer en el examen. En meses se doctoran y en pocos años son titulares. Para la cátedra esperan su turno.  Cuando está mal visto designar al hijo, se permutan con un colega. “Tú haces catedrático a mi hijo y yo al tuyo”. Todo un orden endogámico.
¿Qué hacer?
Necesitamos una redefinición del papel de la universidad en la sociedad y un cambio del sistema de gobernanza.  Hay que recuperar la ética del trabajo. Debería haber leyes de incompatibilidades efectivas para los profesores que trabajan a tiempo completo. Los profesores universitarios deberían ser evaluados por su productividad tanto en docencia como en investigación. También se deberían tener en cuenta sus contribuciones a la gestión interna de las universidades y sus actividades profesionales de difusión científica en la sociedad civil. Estas evaluaciones deberían ser periódicas y en ellas deberían participar todos los estamentos universitarios, incluyendo a los alumnos. Además debería haber evaluaciones públicas de los estudiantes a los profesores y de  los profesores jóvenes a  los mayores. También es importante incentivar el trabajo. Se deberían dar premios a la productividad y periodos sabáticos a los profesores con buenas evaluaciones para mejorar la formación profesional y fomentar nuevos proyectos. Por último se debería exigir la máxima ética profesional. La falta de comportamiento ético, por ejemplo, el plagio o  el abuso de poder con alumnos o jóvenes en formación, deberían ser tramitados con procedimientos eficaces, acabando con la impunidad.  Los planes de estudios deben ser dinámicos, de acuerdo a la realidad y necesidades de la sociedad, y no al gusto de las escuelas. Por último pero no menos importante, los profesores deben estar bien remunerados y contar con los medios necesarios para investigar. Da pena pasearse por las bibliotecas universitarias con estanterías vacías por las bajas en las suscripciones a las revistas internacionales.

Leyes de acompañamiento y seguridad jurídica: novedades

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Este blog ha sido muy crítico con esa forma de legislar tan poco respetuosa con la seguridad jurídica que es la promulgación de las llamadas “leyes escoba”, muy a menudo bajo la modalidad de Decreto-Ley, amparándose para ello el Gobierno en una presunta urgente necesidad que se invoca pero no se justifica. Entre ellas hay que incluir, como una modalidad específica de “leyes escoba” las famosas leyes de Acompañamiento, cuyo nacimiento se debió a varias sentencias del Tribunal Constitucional que pusieron en cuestión que en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado se regularan a manera de cajón de sastre todo tipo de materias ajenas a la cuestión presupuestaria.
Pues bien, aunque la práctica de las leyes escoba fue desapareciendo – quizá porque la mayoría de la legislación se convirtió en escoba- la continua degeneración del Estado de Derecho en nuestro país nos ha abocado a perder también algunos de los pocos logros formales que habíamos obtenido. Y decimos esto porque se anuncia para 31 de diciembre una rediviva ley de Acompañamiento, que además se promulgará bajo la forma de Decreto-Ley, tramitado con el máximo secretismo, y con entrada en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, a las 1,00 horas del 1 de enero.
Pero lo malo del asunto no es sólo la vuelta a esta lamentable técnica legislativa, que tan poco respeto muestra por el ciudadano, y por la seguridad jurídica, sino también su mismo contenido al que hemos tenido acceso por un cúmulo de casualidades: al parecer, un importante miembro del Gobierno se dejó olvidado el texto donde un conocido tuitero (@tevasaenterar), pudo hacerse con él. Y ha ido desgranando las novedades previstas en sucesivos tuits. Su contenido ha podido ser confirmado por ¿Hay Derecho? si bien extraoficialmente merced a la buena relación de sus coeditores y colaboradores con altos funcionarios de la Administración (especialmente del Ministerio de Justicia), seguidores todos ellos del blog (si bien en la intimidad). Creo que merece la pena resaltar algunas de las medidas “escoba” más llamativas:
LA CADUCIDAD PROCESAL PENAL.
Como de todos es sabido, el gobierno quiere limitar la instrucción de las causas a 6 meses (aquí). Pero parece que “con el objeto de lograr la aspiración ciudadana de que no figuren en las listas representantes políticos encausados” (sic, en la Exposición de Motivos) y sólo para la instrucción de procesos por corrupción, se estipula en el art. 47  que si el juez instructor no ha concluido en cinco meses desde la apertura de la causa, el cargo público quedará ¡automáticamente absuelto!. Se ha querido así poner remedio a la preocupación existente en las cúpulas del PP, PSOE, IU, CiU y PNV por la excesiva abundancia de políticos encausados. De hecho parece que oficiosamente todos esos partidos han ofrecido su apoyo a la medida. “En seis meses, para las elecciones, todos absueltos, señor Presidente. No quedará ni un sospechoso encausado”, podrían perfectamente haberle dicho a Rajoy, entre cuyas “70 medidas contra la corrupción” no nos consta que se mencionara este desaguisado.
Probablemente va a haber protestas por parte de quienes consideren esta novedad como un mero atajo hacia la impunidad. Para amortizarlas, la medida quiere combinarse con la promesa de dotar de medios a todos los jueces para que puedan concluir la instrucción en ese breve plazo. Pero nos aseguran que los portavoces elegidos para explicarlo no han sido capaces de aguantar la risa en los ensayos. “No nos pueden pedir que lo hagamos, ni siquiera a través de pantalla de plasma”, se dice que ha protestado uno de ellos, muy conocido y con amplia experiencia en explicar lo inexplicable.
EL CONTROL DE LAS REDES.
Otras de las disposiciones previstas afectan, paradójicamente, a twitter, precisamente el medio por el que hemos podido conocerlas. Se prevé una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  y de la Ley de Seguridad Ciudadana que permitirá intervenir las comunicaciones a través de las redes sociales, y sin previa intervención judicial, en supuestos de extremada gravedad. Señala la Exposición de Motivos que ”habida cuenta de los perniciosos efectos que pueden causarse por medio de la rápida transmisión de información “inexacta o disolvente” (términos por cierto demasiado amplios), se autorizará a la Policía para poder intervenir las cuentas que la generen o divulguen. Además la norma también prevé, “si hubiera urgente necesidad de ello a criterio de la Comisaría de Excesos en Redes ” (organismo que al efecto se crea), el modificar los tuits que se consideren contrarios al orden público, la moral y a las buenas costumbres (de nuevo estos conceptos jurídicos indeterminados con un cierto tufillo a épocas pretéritas) “para su debido ajuste y adaptación a lo admisible”.
El problema, como siempre, está en la interpretación de estos conceptos. ¿Es contrario al orden público, la moral y las buenas costumbres dudar de la recuperación económica? ¿Y manifestar escepticismo ante las manifestaciones oficiales sobre la voluntad de colaborar con la Justicia y acabar con la corrupción? ¿Usar la expresión “en diferido” o “Sé fuerte Zutanito” o “y tú más” en cualquier contexto puede estimarse como burla excesiva? ¿Y hablar de áticos tirados de precio y de jaguares invisibles? En fin, muchas dudas que nos tememos no son fáciles de resolver.
Algunos opinan que no será para tanto, y que se trata simplemente de convertir la desafección en las redes sociales para hacerla ininteligible. Así, si por ejemplo en un tuit alguien se atreviera a poner “Estos del PP son todos unos corruptos” sería posible su modificación para convertirlo por ejemplo en algo como “Estos del PP son todos unos productos”, que como frase carece de sentido, pero ha desactivado toda su carga disolvente, además de desconcertar a los lectores. El problema es que nadie sabe muy bien en qué consiste esto de “modificar”: ¿además de privar de sentido a la frase se puede dotarla de un nuevo sentido, contrario al originario?
La amplitud de las facultades que se otorgan al Comisario de Excesos en Redes supone un riesgo evidente. Sin embargo, portavoces de diversos partidos han quitado importancia al asunto. “No hay peligro”, nos han asegurado algunos de ellos. “Habrá un control del controlador”  y “ya nos hemos repartido por cuotas los cargos de la Junta de Vigilancia contra los Excesos de la Comisaría de Excesos”. Esta estrategia puede garantizar un apoyo parlamentario masivo a la medida. Pero no faltará quien lamente que una vez más el precio del consenso lo acabará pagando el contribuyente. Como siempre.
Alguna sorpresa ha causado que Podemos se haya descolgado de las críticas. Su lider máximo las ha apoyado, pero sólo tibiamente y con cierta ambiguedad. “Esa restricción a la libertad, en este momento, no nos gusta”, ha dicho Pablo. Pero para añadir que “aunque tenemos que decir que esa ley nos vendrá muy, pero que muy bien el día que tomemos el poder”.
MULTAS, MÁS MULTAS Y RECAUDACIÓN.
La norma prevé también cuantiosas multas para los tuiteros reincidentes, y como entra en vigor en plena Nochevieja puede pasar cualquier cosa, teniendo en cuenta que a las tradicionales celebraciones por la llegada del Año nuevo con sus correspondientes libaciones se une ahora el cabreo de la ciudadanía que reflejan de forma consistente los barómetros del CIS. Como las medidas no han sido, además, ni anunciadas ni explicadas, y la Ley va a prescindir de cualquier “vacatio legis”, algunos, cuando lleguen a su casa en la madrugada de Año Nuevo pueden encontrarse con la desagradable sorpresa de que por haberse desahogado a gusto contra el establishment, la casta, o las élites extractivas en general, o contra quienes aspiran a sustituirles en esas funciones, o contra alguno de sus componentes en particular, van a tener que abonar una suma importante de dinero. Como además es previsible que por el consiguiente cabreo estas actuaciones incrementen aún más el nivel de tuits susceptibles de sanción, se dice que el Ministro Montoro se frota las manos al haber descubierto una nueva vía recaudatoria. Incluso se plantea la posibilidad de enjugar por esta vía una parte importante del déficit autonómico, para regocijo de bastantes gobiernos regionales.
En la espera de que se concreten esas medidas, que no faltará quien considere como una nueva forma de censura, no queremos dejar de advertir a nuestros colaboradores y lectores: mucho cuidado, que el tuiter puede arruinarle. Y no nos referimos solo a su vida social. Si quiere opinar de nuestra clase política empiece a aprender a hacerlo “en positivo”.
¿Y EL FUTURO?
Con todo, lo peor está por venir: se dice que en el ministerio de Educación y Cultura y en el de Justicia se prepara una futura ampliación de esta normativa a otras redes sociales, como Instagram, e incluso a redes privadas, como Whatsapp. En la primera para evitar fotos que por las posturas o gestos de los que allí aparezcan pueda deducirse aún de modo meramente indiciario (?) un desprecio a partidos o políticos o a representantes de la soberanía popular. Lo que podría conllevar, como sanción leve, la obligación de modificarlo por medio de Photoshop, y como sanción grave, aparte de la pecuniaria, el sustituir la fotografía por otra proporcionada por la propia Administración. Y en el caso del Whatsapp, la sanción leve sería la desactivación del doble check, pero en otros casos cabría incluso ¡la alteración obligatoria de conversaciones ya producidas! ¡La retroactividad electrónica! El Gran Hermano se acerca…
NICOLASETES ESCONDIDOS.
Existen también otras cosas chocantes. ¿Qué nos dicen de la Disposición Adicional Cuarta?: “Las indemnizaciones que proceda satisfacer al personal laboral y eventual del Centro de Nacional de Inteligencia adscrito al grupo operativo 0009 (división “Charlie”) se abonaran en diferido con un coeficiente multiplicador del 5,37 y con carácter retroactivo al 14 de octubre de 2014”. Pero ¿se creen que no nos damos cuenta de que están ocultando pagos al Pequeño Nicolás? ¿Es tolerable que no sepamos que se oculta detrás de este joven individuo, quiénes le apoyan, quién le financia y nos encontremos ya casi en el BOE, que resulta que es personal laboral de la Administración? ¿Es esto política de transparencia cuando se acaba de aprobar una ley de transparencia?
SAQUEN USTEDES SUS CONCLUSIONES
Nos tememos que el miedo a Podemos y la presión mediática de blogs como este y de los procesos penales abiertos es la que ha propiciado este nuevo atentado contra el Estado de Derecho. Les instamos a que en este día tan señalado hagan como medio de protesta muchos comentarios y tuits en sus perfiles. No sean unos inocentes degollados por el Herodes Leviathanado en que se ha convertido nuestro establishment; sean veraces y encuéntrense a sí mismos pues, como dice el proverbio italiano, “se non è vero, è bene trovato“

Nuestro régimen autonómico: un camino errado

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El proceso de unificación europea obedecía no sólo a razones económicas sino también a políticas y sociales.
Las nuevas tecnologías avanzadas precisan de grandes producciones. Los costes han aumentado vertiginosamente, lo que exige que los productos deban ser colocados rápidamente en un gran mercado para cubrir los gastos y reunir los fondos necesarios para las inversiones de la siguiente ronda de renovación. Y este proceso, en la Europa Comunitaria, quedaba dificultado por las trabas y las políticas nacionalistas de los Gobiernos.
O se actuaba inmediatamente o, como señalaba la OCDE, Europa suministraría cada vez más productos alimenticios, materias primas y bienes facturados de baja tecnología y, con la pérdida de competitividad, la mayor parte de Europa estaría condenada a la decadencia, a la pobreza y el desempleo estructural .Esto afectaría a la calidad de vida y a la siempre difícil armonía social de sus ciudadanos.
Los graves problemas actuales, políticos y económicos, creo que se deben al desconocimiento y por lo tanto, a la falta de preparación de la ciudadanía y de gran parte de los dirigentes sociales y medios de información, ante el enorme reto que nos planteaba este proceso. Lo que ha permitido que la situación se deteriore hasta extremos inimaginables.
Incomprensiblemente, el entusiasmo que provocó en nuestro país la incorporación a la CEE, en 1985 y la firma del Acta Única Europea, en 1986, no generó  una respuesta interna adecuada.
No hubo una segunda transición que cambiara la cultura política popular, reconvirtiera los programas de los partidos políticos, ajustara el marco legal y mejorara la competitividad de nuestro sector productivo, única manera que fuera viable nuestro ingreso en la Unión Europea.
Cuando me invitaban a alguna conferencia sobre este tema, ponía como  metáfora que entrar en la Unión Europea era como ingresar en la N.B.A. Al principio hace mucha ilusión y al presidente lo sacan los aficionados a hombros. Pero si a continuación no amplia los presupuestos, no hace un equipo competitivo, no adapta la manera de entrenar y jugar a una competición de elite y no ficha una dirección técnica competente, mejor sería que nos hubiéramos quedado en casa.
Al unificar el tipo de cambio con los países que mejor competitividad ofrecían y a la vez, eliminar las barreras arancelarias y técnicas que permitían controlar la circulación de bienes, era vital reforzar la maquinaria productiva nacional para no destrozar nuestro futuro.
Si no mejorábamos la calidad y conteníamos los precios de la producción, cada vez tendríamos más dificultades para mantener las ventas en el mercado mundial
Mientras los grandes países europeos pasaban a convertirse en una especie de provincias de un nuevo Estado, para asegurar el futuro económico y social de sus pueblos, nuestro país continuó un proceso contradictorio con las obligaciones que habíamos asumido como socios de un proceso de integración política y económica. Y generó, en paralelo a la creación de nuevos órganos y funciones supranacionales con sus costes correspondientes, una estructura territorial inadecuada e inviable económicamente que desarrolló una fragmentación legal contraria a los fundamentos económicos y al régimen constitucional comunitario.
Si una empresa  decide traspasar una parte importante de sus funciones a otra,  procurará reducir y en la misma proporción, los gastos de la escindida con el objeto de mantener el equilibrio económico y garantizar la viabilidad del proceso.
Como han destacado los organismos internacionales que nos han analizado, el laberinto legislativo suponía un efecto disuasorio para la inversión extranjera y un freno para la competitividad y la creación de empleo.
Si la reducida dimensión de los grandes Estados era una rémora para el futuro de sus ciudadanos, ¿Cómo iba a llevar a la misma meta la fragmentación nuestra? Alguien estaba errando ¿Quienes tendrían razón, los dirigentes democráticos de las naciones de mayor progreso de Europa que habían sacrificado su soberanía y sus atribuciones o nuestros políticos interiores que intentaban ampliarlas? Si han demostrado, hasta la saciedad, su incapacidad para diagnosticar y resolver los problemas sociales y económicos presentes ¿Por qué tienen que gestionar mejor un futuro que desconocen? ¿Cual de estos dos grupos que nos señalan caminos contradictorios, nos está engañando? ¿Tendremos que esperar a que nos visite la decadencia, la pobreza y el desempleo estructural, para despejar nuestras dudas?
El sistema autonómico (que si se reconvierte nos parece tan fundamental como el resto de administraciones), tal como evolucionó, sin orden ni control, se ha acabado convirtiendo en un sistema obsoleto, ineficiente, ruinoso para los ciudadanos y fuente de escándalos continuados al aflorar, sin descanso, todo tipo de casos de despilfarro de recursos, de corrupción y de incompetencia en buena parte de nuestra geografía.

Romper el “candado” constitucional

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En los últimos tiempos no son pocas las voces que desde los púlpitos mediáticos reclaman una reforma, cuando no una ruptura total, de la Constitución de 1978: la crisis económica padecida en los últimos años y el desafío soberanista en Cataluña han alimentado un debate cuyo objeto, por demás, no termina de estar definido. La “opinión publicada”, incluyendo especialmente la expresada en tertulias televisivas, ha pasado a ser oficialmente “opinión pública”, con resultado de que no es extraño oír a parroquianos de mentideros y covachuelas plantearse si un hipotético gobierno rupturista podría materializar sus promesas y dar un giro copernicano a nuestra norma suprema.
El Título X de la Constitución prevé dos procedimientos de reforma constitucional: uno “ordinario”, en el artículo 167, y otro “cualificado”, en el 168. Este último requiere aprobación de la reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara, celebración de elecciones, aprobación del texto de la reforma por las nuevas Cámaras y ratificación del mismo en referéndum. Para hacernos una idea, la Constitución solo se ha modificado en dos ocasiones, y en ambas se siguió la vía del 167 (la última en 2011 con la tan loable como huera limitación al endeudamiento de las Administraciones Públicas que supuso la reforma del artículo 135). El procedimiento cualificado del 168 es preceptivo para una reforma total de la Constitución, y también para cualquier modificación de: elTítulo Preliminar (que establece, entre otras cosas, la indisolubilidad de la Nación); la Sección I del Capítulo II del Título I (Derechos Fundamentales); o el Título II (la Corona). La extrema complejidad de este cauce procedimental ha llevado a muchos a plantearse si la Constitución no es un texto inmodificable en su esencia (un “candado”, como algunos recientemente se han referido a ella). Y es que en la práctica ninguna propuesta de reforma podría recabar el consenso necesario entre grupos parlamentarios y ciudadanos.
¿Pero y el propio Título X? El artículo 168 no lo incluye entre sus materias reservadas. ¿Significa eso que podrían reformarse los artículos reguladores del propio procedimiento de reforma, y más concretamente el 168, por la vía del 167? Autores como De Otto afirman que sería contradictorio que el 168 garantizase la pervivencia de ciertos contenidos constitucionales a través de su procedimiento hiperrígido y que, sin embargo, no se protegiera a sí mismo. A este argumento  se añade una interpretación de la voluntas legislatoris, arguyendo que la intención del constituyente fue garantizar la salvaguarda de instituciones básicas del Estado y Derechos Fundamentales más allá del plano formal, sin que quepa esquivar el procedimiento de reforma de una manera tan burda, calificada de “fraude de Constitución”.
En mi opinión, los razonamientos anteriores carecen de consistencia. El argumento teleológico cae por su propio peso cuando se examinan los diarios de sesiones de las Cortes constituyentes: todas las fuerzas políticas rechazaron introducir “cláusulas de intangibilidad” que impidiesen reformas (al estilo de la Ley Fundamental de Bonn respecto de la forma política del Estado, o las constituciones italiana o francesa respecto de la Jefatura del Estado). De modo que no puede sostenerse que el artículo 168 sea una cláusula de intangibilidad de facto pretendida por los padres fundadores de nuestra democracia. Respecto del “fraude de Constitución” que supondría reformar el 168 por la vía del 167 para acto seguido acometer una reforma en bloque de la Carta Magna, me remito a la opinión expresada por Francisco J. Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho de la UAM, en su artículo Rigor Mortis (El País, 19 de mayo de 2004): “la reforma del Título X mediante el art. 167 no supone un fraude a la Constitución ni una argucia de rábula. En tanto que disposición excepcional, el art. 168 debe ser interpretado restrictivamente, y si no se menciona a sí mismo como objeto de una posible revisión parcial por el procedimiento rígido, ello significa literalmente que no tiene vocación de aplicarse a sí mismo”. Siguiendo esta línea, es preciso acudir a las reglas generales del artículo 3 CC sobre interpretación de las normas: siempre que pueda darse a las palabras un sentido propio, no es necesario buscar la “intención del legislador” o entrar en consideraciones metajurídicas. El 168 contiene un numerus clausus de supuestos en los que se prevé un procedimiento más oneroso, y no existe razón para convertirlo en numerus apertus en sede doctrinal. De igual modo resulta poco convincente la figura del “fraude de Constitución” construida sobre el “fraude de ley” del artículo 6.4 CC. El fraude de ley sólo es predicable de actos y negocios jurídicos entre particulares (o entre particulares y la Administración, en caso de fraude de ley tributaria), y busca evitar que los particulares/administrados burlen una norma imperativa escudándose en otra “de cobertura”. El Título X de la Constitución no es un mandato dirigido a los ciudadanos, sino al propio legislador. Sería por tanto absurdo concebir que el creador de las normas pudiera “defraudarse a sí mismo”, en un ejercicio de esquizofrenia jurídica.
Con todo esto presente, muchos convendrán en que algunos deberían actuar como estadistas (esos que, según Freeman Clarke, piensan en la próxima generación, por contraposición al político, que piensa en la próxima elección), y plantear la conveniencia de blindar el artículo 168 como cláusula de intangibilidad expresa. De lo contrario, es probable que, llegado el momento, quienes buscan romper el candado encuentren para su regocijo las llaves puestas y el pasador descorrido.

 

 

¡Felices fiestas a todos!

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Desde que en el ya lejano mes de diciembre del año 2010 (lejano quizá no tanto por el tiempo transcurrido, sino por la cantidad de cosas que han pasado desde entonces) comenzamos nuestra andadura como blog, ésta es la quinta vez que deseamos felicidad a nuestros lectores, a sus familiares y amigos. Pero, como no podría ser de otra forma, este deseo de felicidad no se circunscribe al periodo navideño, sino a todo el año que viene, y se refiere no solamente a cada uno de nosotros individualmente, sino a todos juntos como sociedad. Llevamos muchos años de crisis no solamente económica, sino también política y ética, y ello ha producido, además de la  previsible infelicidad de muchas personas individuales, un malestar como sociedad que podríamos calificar como de infelicidad social.
Tal y como decimos al final en el libro que hemos publicado este año, ¿Hay Derecho?, el futuro depende en parte también de nosotros mismos, de lo que hagamos o dejemos de hacer, de nuestra propia actitud. Nuestra mayor o menor felicidad como sociedad, en consecuencia depende también al menos en parte de nosotros mismos. Hoy mismo publicamos una referencia a una serie de propuestas sobre regeneración democrática, y hay muchas iniciativas en este sentido en marcha, entre ellas la propia fundación ¿Hay Derecho? que como saben nuestros lectores hemos creado recientemente y que va en esa dirección.
Animamos a todos nuestos amigos a no cejar en el empeño, a seguir informándose y participando en esta difícil y larga tarea que es mejorar la sociedad que tenemos ahora, en definitiva a contribuir cada uno con lo que pueda, a elevar nuestro nivel de felicidad social. Y ningún esfuerzo es pequeño, porque en frase de Burke, que nos gusta mucho a los editores, “el mayor error lo comete el que no hace nada porque sólo podría hacer un poco”.
¡Muchas felicidades a todos!
 
 

Flash Derecho: La sociedad civil se une y propone 50 medidas para la regeneración democrática

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La semana pasada en que se celebró el día mundial contra la corrupción (9 de diciembre) entró en vigor de la Ley de Transparencia (10 de Diciembre), y que el parlamento abordó la tramitación de distintas medidas para la regeneración democrática, varias organizaciones de la sociedad civil han formado una alianza para pasar de la crítica exigente a la propuesta responsable, poniendo sobre la mesa del debate político 50 medidas para la regeneración democrática.
La Fundación ¿Hay Derecho?, CIECODE, PASSIM, FUNCIVA, Transparencia Internacional y +Democracia, urgen a los políticos a abordar este debate con amplitud de miras, desde la convicción de que para regenerar la democracia, se requiere un ejercicio simultaneo en cuatro frentes: reformar la ley de partidos, abordar la reforma de la ley electoral, incrementar las medidas anticorrupción y ensanchar la democracia.
Emilia Sánchez, Presidenta de +Democracia, pone el foco en el sistema de elección de las élites políticas y considera que “los partidos han fallado en su sistema de selección de candidatos y deben incorporar sistemas como las primarias abiertas o una ley electoral que garantice el voto igual, para que todos los ciudadanos podamos participar de manera eficaz en la toma de decisiones”.
La alianza de organizaciones ciudadanas para la regeneración democrática considera crucial que se garantice el acceso pleno de la ciudadanía a la información pública y pide esfuerzos para erradicar la tolerancia social con las formas menores de corrupción. Sin embargo, Elisa de la Nuez, Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?, advierte que “sería una ingenuidad considerar que los problemas se resolverán solo con nuevas y mejores normas. El compromiso que pedimos a los poderes públicos comienza por cumplir y hacer cumplir las existentes. Por ejemplo la obligación de los corruptos de devolver las cantidades que se han apropiado indebidamente”.
Por su parte, Manuel Villoria, del Comité de dirección de Transparencia Internacional, piensa que “la corrupción en España ya era un problema muy importante desde hace bastantes años, pero ahora nos hemos dado cuenta de sus terribles efectos y de su expansión en el ámbito político, aunque por fortuna aún no se ha generalizado en el ámbito funcionarial”. 
En los últimos meses se han propuesto cambios regulatorios en la financiación de los partidos, la transparencia de la actuación pública, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas o la ampliación del delito de apropiación o malversación que, siendo avance, se quedan cortas para abordar el problema de una desafección ciudadana sin precedentes, debida al deterioro de la política democrática y el retraso para hacer las necesarias reformas en el funcionamiento de nuestras instituciones.
Contacto para medios: Nacho Corredor (coordinador +Democracia).   Tel. 616958852
e-mail:prensa@mas-democracia.org

El problema de la responsabilidad civil derivada de delito ¿Para cuando oficinas provinciales de inteligencia económica o recuperación de activos?

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En el procedimiento penal son dos cuestiones esenciales las que se dilucidan: en el caso de que el acusado sea declarado culpable, qué pena se le impondrá y qué responsabilidad civil deberá satisfacer.
La situación actual en delitos de índole patrimonial, que son todos pues o bien se han cometido por el afán de lucro o bien, incluso en los delitos sexuales o contra la vida e integridad física, late el componente económico en el resarcimiento de la víctima.
A la ya consabida lentitud de la administración de justicia penal se une la absoluta desprotección que tienen en este país las víctimas. Se encuentran, habitualmente, con que el culpable no paga la indemnización correspondiente. Es muy difícil llegar a generalizar, porque, tal y como se puede ver en las noticias, puede cometer delitos el más pintado, desde el alcalde al yonki.
Así como existen oficinas de recuperación de activos en el ámbito de las grandes fiscalías, recomendando el vídeo del comandante de la Guardia Civil Vicente Corral Escáriz, que ponemos a continuación, en el ámbito de los delitos de provincias eso no existe. No es nada raro, en absoluto, ver delitos de todo tipo en los que ni se ha abierto por el juez de instrucción la pieza de responsabilidad civil, trabando embargos o lo que proceda, y llegado el juicio y la condena, usualmente años después de cometerse los hechos enjuiciados, la ejecución civil se limita a que el secretario judicial del órgano de enjuciamiento imprime desde la aplicación informática los datos que tienen las administraciones públicas y ante la normal ausencia de los mismos se les declara insolventes a los condenados sin más. En un país como este, tan distinto a otros como Alemania donde todas las propiedades han de estar inscritas, no es demasiado extraño ver casos en los que el condenado va luciendo coches de alta gama mientras sus víctimas no han visto un céntimo. En España lo habitual es ver hasta sumarios o procedimientos del jurado por asesinato donde no se han realizado las más elementales salvaguardas económicas para los huérfanos o familiares dependientes.
La gente se ofusca tratando casos de actualidad cuando este es uno de los males que deben ser corregidos inmediatamente. No hay órgano real para asegurar las responsabilidades civiles a las víctimas años después de cometerse los hechos y es, caso a caso, muchísimo dinero que se pierde a favor de quienes tienen el delito como forma de vida.
El problema, sin embargo, lo tenemos realmente en casa. Desde el momento en que los altos representantes de los distintos órganos relacionados con Justicia te dicen que la media de vida de un asunto penal es de 9 meses se crea un estado de desinformación públicamente generado. Puede que sean 9 meses, pero es que ahí se cuentan los sobreseimientos de plano de cosas que no son delito (p. ej. gente que va a denunciar que ha perdido el DNI) y los juicios rápidos que se solucionan inmediatamente pero porque los hechos son muy sencillos y las posibilidades de defender el asunto son nulas: las alcoholemias y conducciones sin licencia descubiertas en controles preventivos. En cuanto nos salimos de esos supuestos la instrucción necesariamente lleva meses, si no años, hay que cruzar los dedos con que te toque un juzgado de lo penal sin cola de espera (en La Coruña, para hablar con casos reales, la diferencia son de 6 meses desde que se presentó el escrito de acusación del fiscal a 2 años en el peor de los casos, siempre que no haya suspensiones, claro) y a lo que se debe añadir la correspondiente posible segunda instancia.
Llegados al momento de la condena y su ejecución, los juzgados de lo penal carecen de medios reales de investigación de bienes. Es cierto que se puede pedir a la policía local un informe de medios de vida. Sin embargo, la policía poco más puede decir que si le ve entrando a trabajar usualmente en algún sitio, pero al cobrar en negro será imposible ejecutar nada y no tienen posibilidades reales de saber datos esenciales como quién pagas las facturas habituales de la casa (luz, electricidad, etc.), o si el coche que usa, puesto a nombre de otro, proviene de un previo blanqueo o no. Y aquí se acaba todo. No se pueden utilizar a las unidades de élite provinciales de Policía Nacional, Guardia Civil o Vigilancia Aduanera en estos menesteres que, además, salvo en delitos que ellas mismas investiguen, no son sus cometidos.
El problema clave, además de esta falta de unidades de investigación de patrimonio, pasa porque los jueces se pasan la tostada entre sí. Los jueces de instrucción, salvo honrosas excepciones, no hacen u ordenan estas investigaciones patrimoniales, en buena medida porque alargarían aún más la instrucción y porque no hay medios con los que realizarlas, dejándole la tarea a los órganos de enjuiciamiento que son incapaces de hacer nada con los medios que tienen y los años transcurridos, habiendo podido evaporar su patrimonio el acusado con toda la calma del mundo.
Otro problema esencial es el de la instrucción judicial. Los detractores de la investigación por el fiscal, que sólo argumentan con la politización de la cúpula de la fiscalía (y la posible permeabilidad de los de abajo), siguen sin poder explicar el por qué en todo el mundo civilizado investiga el fiscal. Desde el momento en que al fiscal no se le ve el pelo en la instrucción de delitos comunes, pues no es actualmente su función, las defensas no se molestan en llegar a un acuerdo y cerrar el asunto inmediatamente. Dentro de unos años ya se verá. No se puede alcanzar ningún acuerdo con el juez instructor. Tal vez sea una de las explicaciones más verosímiles a la circunstancia de por qué en los países del norte y del ámbito anglosajón los asuntos se enjuician siempre antes de acabar el primer año: o hay acuerdo inmediato de la pena o ya no lo habrá nunca, con unos costes realmente elevados de abogado. Es ciertamente imposible resumir en estas pocas líneas todos los males de la administración de justicia penal, pero sin un fiscal que decida, como un médico de campaña, qué asuntos tienen viabilidad en juicio por la prueba existente (que ahora decide un juez de instrucción que no va a defender su trabajo ante un juez de enjuiciamiento). Un acuerdo inmediato a descubrirse el delito no haría necesario este tipo de oficinas, ya que las conformidades son muy elevadas cuando la prueba está fresca y el abogado defensor sabe que el juicio, en defecto de acuerdo, será en breve. Y si acaba pronto la vía penal es mucho más fácil encontrar los bienes o el dinero para resarcir a la víctima, sea individual o colectiva.
Sin embargo y hasta que la situación cambie, ya que he vivido ya varios gobiernos con mayoría absoluta que han prometido la instrucción por el fiscal y no han cumplido su programa, es necesario asegurar en todo delito, desde el de corrupción al que acaba afectado a un individuo, que no le sea rentable al infractor cometer el delito.
 

La dimisión del Fiscal General

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Fíjense en el libro que lleva en la mano. El detalle me parece muy interesante. Esta foto publicada en El Mundo del viernes está tomada apenas unas horas después de anunciar su dimisión. El libro tiene un par de señales, por lo que parece trabajado. Comprensible, yo me lo he leído y no es de fácil lectura, precisamente. Sí, se trata de Ejemplaridad Pública, el ensayo escrito por Javier Gomá, hermano de dos coeditores de este blog.
Torres Dulce ha manifestado que dimite por causas personales. No es descartable, pero las fuentes mejor informadas alegan que dicho motivo es una excusa para no perjudicar excesivamente al Gobierno que le nombró y abandonar así el cargo de la manera más elegante posible. Según se afirma, la verdadera causa son los constantes desencuentros con ese Gobierno desde casi el comienzo de su mandato, tanto desde el punto de vista estratégico como táctico. Por desencuentro estratégico entiendo la total divergencia a la hora de afrontar algunas de las reformas imprescindibles que necesita la justicia española. Cualquier interesado por su opinión al respecto debería leer el valiente e interesante artículo que publicó en la revista El Notario del Siglo XXI en julio de 2013 con el título La inevitable reforma de la Administración de Justicia y comprobar de esa manera lo alejado que el Gobierno ha terminado por estar de esas propuestas. Por desencuentro táctico entiendo su postura firme frente a las presiones de los dirigentes del PP en determinados casos muy sensibles, especialmente en el caso Bárcenas, pero también su resistencia a hacer los deberes políticos del Gobierno con ocasión de la querella contra Mas. Pedir la prisión incondicional del tesorero causó estupor entre los que le acababan de nombrar, pero su (lógica) lentitud a la hora de presentar la querella, con esos días de ominoso silencio en los que se hizo tan patente la asombrosa incuria y estulticia de nuestros dirigentes políticos, produjo verdadera desazón.
Ya se sabe que nuestros políticos al mando consideran que, puesto que el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la CNMV y el Tribunal Constitucional, por citar algunos órganos irrelevantes de nuestro Estado de Derecho, están casi a sus órdenes, el que un Fiscal General mindundi pueda oponer cierta resistencia a sus interesadas voluntades resulta verdaderamente afrentoso y casi incomprensible. No están acostumbrados. El problema con esta dimisión, sin embargo, es que van a seguir sin estarlo. Y eso, lamentablemente, hay que apuntárselo al debe del ya ex Fiscal General.
Torres Dulce es un hombre honesto e inteligente, sin ningún género de dudas. Se corresponde a un tipo de persona que afortunadamente no ha sido nada infrecuente en el funcionariado español: el que considera que su deber consiste en realizar en todo momento una labor seria, responsable y abnegada, “en el oficio y en la casa”, como dice Javier Gomá en el ensayo arriba mencionado. Seguro que aceptó el cargo ofrecido por sus amigos, ideológicamente próximos, con la mejor intención de aprovechar la oportunidad para impulsar las reformas que la Justicia de nuestro país necesitaba. Pero lo cierto es que, aunque estoy seguro también de que no era tan ingenuo como para  considerar que ingresaba en un mundo de caballeros servidores del interés público, lejos estaba de imaginar el profundo pozo de corrupción en el que se encontraba inmersa la política española, de la Corona para abajo, pero especialmente el partido del Gobierno. Es entonces, al hacerse evidente, cuando sus otrora amigos descubren súbitamente que sus intereses personales a corto plazo se encuentran gravemente amenazados, y que esas reformas tan bonitas sobre el papel, y que esas instrucciones penales contra la corrupción política, empiezan a resultar bastante incómodas y peligrosas.
En este ambiente minado, la labor seria, responsable y abnegada, “en el oficio y en la casa”, se convierte en algo extraordinariamente complicado y lleno de difíciles dilemas, de los que no resulta nada sencillo salir de manera airosa. Baste recordar que la fiscalía estos años ha hecho algunas cosas un poco raras. Por ejemplo, no es frecuente leer en un auto de Audiencia Provincial referido a un escrito del Fiscal la expresión “Termina el Fiscal su alegato defensivo…”, como ocurrió en el caso de la Infanta. Haberse plegado a la razón de Estado hizo un flaco favor a la institución, en un momento, además, muy delicado para nuestro Estado de Derecho, porque aquí lo verdaderamente responsable hubiera sido dar una imagen de absoluta imparcialidad. De ahí que, en este ambiente corrosivo, uno termine por descubrir tarde o temprano que para lo que creyó aceptar el cargo se revela de ejecución imposible. Y  que, a mayor abundamiento, está pagando un precio elevado por ello. Por eso, desde esta perspectiva, cuando el desempeño ordinario del oficio amenaza convertirse en una pesadilla cotidiana sin apenas resultados, cuando en el Gobierno de la nación uno no encuentra colaboradores, sino enemigos, y cuando las propuestas de reforma son ninguneadas de mala manera, parecería que no hay nada más digno y lógico que volver a otros ambientes mucho más propicios para desarrollar un trabajo serio, fructífero, abnegado… y, por eso mismo, ejemplar.
Pues bien, incorrecto. En mi modesta opinión, España ya no se puede permitir que sus mejores elementos sigan respondiendo a este estereotipo, seguro que extraordinario para la normalidad de la historia, pero poco efectivo en tiempos de grave crisis sistémica, como la que atraviesa nuestro país en estos momentos. El tiempo se agota. Y la dimisión de Torres Dulce ni siquiera es un aldabonazo capaz de derribar un edificio corrupto, sino un nimio rasguño en el curtido caparazón del PP. Por contra, la regeneración institucional, absolutamente perentoria si queremos salir adelante con mínimas garantías, sigue esperando siquiera comenzarse, y uno de los que se suponía que podía ayudar en el fundamental ámbito de la Justicia ya está en la reserva.
Hoy no es tiempo de ejemplaridad privada en el oficio y en la casa -bajo el presupuesto cuasi providencialista de que ha de convertirse en pública en el largo plazo- sino de lucha urgente por nuestra supervivencia institucional, que no admite demora de ninguna especie. No es tiempo de ejercicio “ordinario” del oficio, sino de combate en una plaza asediada a la que, desde luego, no se va a hacer amigos ni a respetar fidelidades personales. Hoy la ejemplaridad que necesitamos es la cívica que antepone por encima de cualquier consideración personal, propia y ajena, el interés público, pero el interés de las épocas de crisis, no de las de normalidad. Hacerse enemigos, perder oportunidades y quedarse más solo que la una, suele ser el precio habitual. Desde esa perspectiva la Infanta no merece ningún trato especial, las presiones se denuncian públicamente y en ejercicio pleno de la propia autonomía institucional (consagrada legalmente) se llega hasta el final. Tampoco, por tanto, y salvo que existan efectivamente esas razones personales, se dimite, porque está claro que con el que venga no se van a equivocar otra vez, máxime en un año electoral y con tantos frentes judiciales abiertos. Seré sincero: me alegro por él pero lo lamento por nosotros.